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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 85001-23-31-000-2011-00186-01

Acción de reparación directa

Fecha
12 de agosto de 2019
Consejero ponente
Marta Nubia Velásquez Rico

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 85001-23-31-000-2011-00186-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A : PRIMERO: REVOCAR la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo de Casanare, el 13 de marzo de 2014, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda. TERCERO: Reconocer personería adjetiva al abogado Marco Antonio Carvajal Pelayo, portador de la Tarjeta Profesional No. 276.577 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como apoderado del municipio de Paz de Ariporo. CUARTO: Sin costas. QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría REMITIR el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 85001-23-31-000-2011-00186-01

Consejero ponente: Marta Nubia Velásquez Rico

12 de agosto de 2019

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO DERIVADO DE VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS Y AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO / DAÑOS SUFRIDOS POR SERVIDORES ESTATALES / DESAPARICIÓN FORZADA / DAÑO CAUSADO EN EL MARCO DE UN CONFLICTO ARMADO INTERNO / CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA / FALLA DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN - No acreditada / COSA JUZGADA MATERIAL

[E]l señor, (…) quien se desempeñaba como secretario de Desarrollo Económico del municipio de Paz de Ariporo, se encontraba supervisando unas obras de la administración municipal en las veredas Rincón Hondo y Valdivia de esa localidad, cuando fue víctima de desaparición forzada. (…) [U]na comisión de la Fiscalía General de la Nación encontró sus restos, los cuales fueron sometidos a estudios genéticos y (…) se identificó plenamente a la víctima.

CONCEPTO DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA DE HECHO / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA MATERIAL / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA

La legitimación en la causa tiene dos dimensiones, la de hecho y la material. La primera surge de la formulación de los hechos y de las pretensiones de la demanda, por manera que quien presenta el escrito inicial se encuentra legitimado por activa, mientras que el sujeto a quien se le imputa el daño ostenta legitimación en la causa por pasiva. A su vez, la legitimación material es condición necesaria para, según corresponda, obtener decisión favorable a las pretensiones y/o a las excepciones, punto que se define al momento de estudiar el fondo del asunto, con fundamento en el material probatorio debidamente incorporado a la actuación. Así, tratándose del extremo pasivo, la legitimación en la causa de hecho se vislumbra a partir de la imputación que la demandante hace al extremo demandado y la material únicamente puede verificarse como consecuencia del estudio probatorio, dirigido a establecer si se configuró la responsabilidad endilgada desde el libelo inicial.

EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA / CONFIGURACIÓN DE LA COSA JUZGADA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE COSA JUZGADA / COSA JUZGADA MATERIAL - Respecto de algunas demandantes

En cuanto a las demandantes (…), el a quo declaró probada la excepción de cosa juzgada propuesta por la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, dado que, mediante sentencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Yopal, (…) se resolvió un proceso con identidad de partes y de pretensiones, aspecto que no fue apelado por la parte demandante en este proceso. (…) Advierte la Sala que esta Subsección ya se pronunció sobre estos hechos en sentencia del 25 de marzo de 2015, con ocasión de la demanda promovida (…) contra la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y Policía Nacional y el departamento de Casanare, a fin de que se declarara su responsabilidad administrativa por la desaparición del señor (…). NOTA DE RELATORÍA: En relación con el antecedente jurisprudencial proferido por el Consejo de Estado respecto de los hechos que aquí se demandan, consultar providencia de 25 de marzo de 2015, Exp. 35491, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

CONFLICTO ARMADO INTERNO COLOMBIANO / DAÑO CAUSADO POR GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY / INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DESAPARICIÓN FORZOSA / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR HECHOS DE TERCEROS - Improcedente / FALLA DEL SERVICIO SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL ESTADO - No se acreditó omisión de deberes de la Policía ni del Ejército Nacional / DEBER DE PROTECCIÓN DEL ESTADO / DEBER DE PROTECCIÓN DE LA FUERZA PÚBLICA / DEBER DE PROTECCIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL / FALLA EN EL SERVICIO DE PROTECCIÓN - No se probó que le victima estuviera en peligro o hubiera solicitado protección

[N]o se probó que la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y Policía Nacional hubieran conocido de algún modo que la libertad personal, la integridad o la vida del señor (…) se encontraba en peligro, o que este hubiera solicitado protección para su desplazamiento (…) hacia la zona rural del municipio de Paz de Ariporo, por lo que no se comprobó una omisión del servicio de seguridad y protección que les correspondía a dichas entidades y que provocara la realización de un riesgo concretado en su desaparición y posterior muerte. (…) No existen (…) pruebas distintas que permitan establecer la imputación del daño a las demandadas Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y Policía Nacional, razón por la cual les asiste razón a las apelantes en que el daño no les resulta imputable.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá D.C., doce (12) de agosto de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 85001-23-31-000-2011-00186-01(51237)

Actor: NUBIA CHÁVEZ Y OTROS

Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL Y OTROS

Referencia: APELACIÓN SENTENCIA - ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: FALLA EN EL SERVICIO DE PROTECCIÓN – no se acreditó omisión de deberes por parte de la Policía Nacional ni del Ejército Nacional / COSA JUZGADA MATERIAL – operó respecto de algunas demandantes quienes ya obtuvieron un pronunciamiento definitivo en firme por los mismos hechos.

Procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y Policía Nacional contra la sentencia proferida el 13 de marzo de 2014 por el Tribunal Administrativo de Casanare, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda en los siguientes términos (se trascribe de forma literal):

“PRIMERO: Declarar probada la excepción de cosa juzgada interpuesta por la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional respecto de Nubia Chávez Narváez, Paula Valentina Ortiz Chávez y Hermelinda del Carmen Hernández.

“SEGUNDO: Declarar a la Nación-Ministerio de Defensa, Ejército Nacional - Policía Nacional patrimonialmente responsables por omisión de los deberes de garante respecto de la desaparición y posterior asesinato del señor Alberto Ortiz.

“TERCERO: Condenar a la Nación-Ministerio de Defensa, Ejército Nacional - Policía Nacional a pagar perjuicios morales a los siguientes demandantes:

“a) Luis Orlando Ortiz Hernández el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la ejecutoria de la sentencia.

“b) Nelly Stella Ortiz Hernández el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la ejecutoria de la sentencia.

“c) José Rubiel Ortiz Hernández el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la ejecutoria de la sentencia.

“d) Omar Ortiz Hernández el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la ejecutoria de la sentencia.

“e) Rosendo Ortiz Hernández el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la ejecutoria de la sentencia.

“CUARTO: Condenar a la Nación-Ministerio de Defensa, Ejército Nacional - Policía Nacional a pagar por concepto de daño a la vida de relación el monto de 100 SMLMV a favor de Nelly Stella Ortiz Hernández.

“QUINTO: Denegar las demás pretensiones de la demanda.

“SEXTO: Sin costas.

“SÉPTIMO: Ordenar remitir copias al Consejo Seccional de la Judicatura, Sala Disciplinaria para lo de su competencia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del fallo.

“OCTAVO: Si el fallo no fuere apelado por la parte pasiva, remítase al Consejo de Estado para que se surta el grado jurisdiccional de consulta.

“NOVENO: Previa ejecutoria, líbrense las comunicaciones legales (art. 173 del C.C.A.), en particular la que debe dirigirse al Procurador General para control de cumplimiento del fallo; expídase primera copia con las constancias del art. 115 del C.P.C. con destino a la parte actora para ejecución y archívese el expediente”.

I.- SÍNTESIS DEL CASO

El 14 de diciembre de 2000, el señor Alberto Ortiz Hernández, quien se desempeñaba como secretario de Desarrollo Económico del municipio de Paz de Ariporo, se encontraba supervisando unas obras de la administración municipal en las veredas Rincón Hondo y Valdivia de esa localidad, cuando fue víctima de desaparición forzada. En junio de 2009 una comisión de la Fiscalía General de la Nación encontró sus restos, los cuales fueron sometidos a estudios genéticos y el 3 de marzo de 2010 se identificó plenamente a la víctima.

II.- ANTECEDENTES

En escrito presentado el 16 de noviembre de 2011, la señora Nubia Chávez Narváez, quien actúa en su propio nombre y en el de su hija menor de edad Paula Valentina Ortiz Chávez; así como los señores Hermelinda del Carmen Hernández Barahona, Luis Orlando Ortiz Hernández, Nelly Stella Ortiz Hernández, José Rubiel Ortiz Hernández, Omar Ortiz Hernández y Rosendo Ortiz Hernández, por conducto de apoderado judicial, interpusieron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional - Policía Nacional y el municipio de Paz de Ariporo, con el fin de que se les declarara administrativamente responsables por la privación ilegal de la libertad, muerte y desaparición de que fue víctima el señor Alberto Ortiz Hernández en hechos ocurridos el 14 de diciembre de 2000, entre las veredas Rincón Hondo y Valdivia “a manos de las autodefensas pertenecientes al bloque centauros que opera en la región”.

1.1.- Las pretensiones

Como consecuencia de la declaración anterior, por concepto de perjuicios morales se solicitó la cantidad de 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los demandantes.

Igualmente, a título de “daño a la vida de relación” se solicitó la cantidad de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los demandantes.

Asimismo, se solicitó el reconocimiento del lucro cesante en suma de $1.071’200.000 en favor de los demandantes, desde la fecha de desaparición del señor Alberto Ortiz Hernández hasta el día probable de su vida laboral, tiempo durante el cual no pudo contribuir con la asistencia alimentaria de su núcleo familiar.

1.2.- Los hechos

En la demanda se narró, en síntesis, lo siguiente:

El 14 de diciembre de 2000, el señor Alberto Ortiz Hernández desapareció en una zona ubicada entre las veredas Rincón Hondo y Valdivia “a manos de las autodefensas pertenecientes al bloque Centauros que operaba en la región”.

En el momento de su desaparición, el señor Alberto Ortiz Hernández se desempeñaba como secretario de Desarrollo Económico del municipio de Paz de Ariporo y se encontraba supervisando unas obras que la administración municipal realizaba entre las veredas Rincón Hondo y Valdivia, acompañado de su escolta y del conductor del vehículo oficial adscrito a ese municipio.

Las autoridades departamentales y municipales tenían conocimiento de la grave situación de orden público y del inminente riesgo que corrían los funcionarios del municipio de Paz de Ariporo, como constaba en las actas de los consejos de seguridad y reuniones de los comités de desplazados.

Pese al conocimiento notorio de las autoridades sobre la alteración del orden público, no prestaron el apoyo necesario para garantizar la seguridad personal del señor Alberto Ortiz Hernández y de la comisión que lo acompañó en misión de trabajo el día de su desaparición.

Prueba de la grave situación de orden público fue que el 25 de abril de 2001 también desapareció la secretaria de Asuntos Internos del departamento del Casanare y el 24 de septiembre siguiente fue víctima del mismo flagelo un técnico de la División de Desarrollo Comunitario de ese departamento.

El 16 de marzo de 2005, el Juzgado Promiscuo de Paz de Ariporo declaró la muerte presunta del señor Alberto Ortiz Hernández y ordenó la inscripción y expedición del registro civil de defunción.

En junio de 2009, la Fiscalía 184 adscrita a la Subunidad de Apoyo a la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz se dirigió al posible lugar en donde se encontrarían los restos del señor Alberto Ortiz Hernández.

Luego de la exhumación y realización de pruebas y cotejos con el ADN de su hija, Paula Valentina Ortiz Chávez, el 12 de julio de 2010 se logró la plena identificación de los restos óseos del señor Alberto Ortiz Hernández y estos fueron entregados a la madre de la víctima.

2.- El trámite de primera instancia

2.1. La admisión de la demanda y su notificación

Mediante auto del 19 de enero de 2012, el Tribunal a quo admitió la demanda, decisión de la cual fueron notificados en debida forma el Ministerio Público, la Nación-Ministerio de Defensa- Ejército Nacional, la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional y el municipio de Paz de Ariporo.

2.2.- Contestación de la demanda

2.2.1.- La Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional contestó la demanda y se opuso a las pretensiones.

Señaló que la desaparición forzada del señor Alberto Ortiz Hernández no se debió a una falla del servicio, sino a la acción de grupos armados ilegales.

Sostuvo que no se encontraba acreditado que la señora Nelly Stella Ortiz Hernández hubiera sido la compañera permanente de la víctima.

Formuló las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de falla en el servicio y el hecho de un tercero.

2.2.2.- El municipio de Paz de Ariporo también se opuso a las pretensiones de la demanda y señaló que no hubo descuido de la administración frente a la seguridad del señor Alberto Ortiz Hernández ni se probó que este hubiera solicitado protección.

Indicó que no se allegó prueba de la unión marital entre la señora Nelly Stella Ortiz Hernández y el señor Alberto Ortiz Hernández.

Formuló la excepción de caducidad de la acción con fundamento en que desde el 27 de julio de 2005 fue confirmada la sentencia que declaró la muerte presunta del señor Alberto Ortiz Hernández, razón por la cual la demanda se presentó de forma extemporánea.

Igualmente, propuso la excepción de ausencia de responsabilidad.

2.2.3.- La Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional presentó igual escrito en el que se señaló que los hechos demandados fueron causados por un grupo al margen de la ley, sin que para ello mediara acción u omisión estatal.

Asimismo, planteó la excepción de cosa juzgada y argumentó que por los mismos hechos y con identidad de partes se tramitó una demanda de reparación directa en el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Yopal, que el 27 de agosto de 2008 dictó sentencia por la cual negó las pretensiones de los demandantes y que esta se encontraba ejecutoriada.

2.3.- La etapa probatoria y de alegatos de conclusión

A través de auto del 30 de agosto de 2012, adicionado mediante auto del 1 de noviembre del mismo año, el a quo decretó las pruebas solicitadas por las partes.

Vencido el período probatorio, por auto del 11 de julio de 2013 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para lo de su competencia.

La Nación-Ministerio de Defensa - Policía Nacional presentó escrito en el que señaló que no existía prueba de que el señor Alberto Ortiz Hernández hubiera solicitado un esquema de protección de su integridad personal. Consideró que la víctima conocía de la situación de orden público en el municipio de Paz de Ariporo por la presencia de grupos armados al margen de la ley y asumió su propio riesgo al no solicitar servicio de escolta para su desplazamiento a la zona rural.

La parte demandante presentó igual escrito, en el que sostuvo que se probó el hecho de que, el 14 de diciembre de 2000, el señor Alberto Ortiz Hernández se encontraba entre las veredas Rincón Hondo y Valdivia del municipio de Paz de Ariporo, supervisando unas obras de la administración, cuando fue plagiado por “paramilitares” que delinquían en la región. Aseguró que se demostró la desaparición y muerte de la víctima por la acción de grupos armados ilegales “promovidos desde el Estado”.

El municipio de Paz de Ariporo señaló que no se tuvo claridad de si el vehículo en el que se movilizaba el señor Alberto Ortiz Hernández era oficial ni cuál fue el motivo por el cual este se encontraba entre las veredas Rincón Hondo y Valdivia. Consideró que el hecho sufrido por la víctima fue imprevisible e irresistible.

Por su parte, la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional insistió en la excepción de cosa juzgada y en el hecho de un tercero, para lo cual señaló que no podía atribuírsele el daño cuando no se probó la inminencia de un ataque ni amenazas contra la víctima.

El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Tribunal Administrativo de Casanare, en sentencia del 13 de marzo de 2014, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda en los términos señalados al inicio de esta providencia.

Respecto de la excepción de caducidad formulada por el municipio de Paz de Ariporo, consideró que la demanda no se presentó de forma extemporánea, pues solo hasta el 12 de julio de 2010 se tuvo certeza de la muerte del señor Alberto Ortiz Hernández, previa verificación de sus restos mediante estudios genéticos y antropológicos y el libelo se radicó el 16 de noviembre de 2011.

Frente a la excepción de cosa juzgada propuesta por la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, señaló que se satisfacían plenamente los presupuestos establecidos para su ocurrencia, toda vez que en el proceso de reparación directa promovido por Nubia Chávez Narváez, Paula Valentina Ortiz Chávez y Hermelinda del Carmen Hernández Barahona, que se tramitó ante el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Yopal, se pretendió la responsabilidad de la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional - Policía Nacional y otro, por los daños derivados de la desaparición y posterior muerte del señor Alberto Ortiz Hernández.

Dicho proceso se resolvió mediante sentencia del 27 de agosto de 2008 y se evidenció que las pretensiones y las partes eran idénticas a las del proceso de la referencia, razón por la cual declaró probada la excepción de cosa juzgada respecto de las demandantes Nubia Chávez Narváez, Paula Valentina Ortiz Chávez y Hermelinda del Carmen Hernández Barahona y ordenó la expedición de copias a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Casanare, para lo de su competencia.

El a quo encontró probado que el señor Alberto Ortiz Hernández se desempeñaba como secretario de Desarrollo Económico del municipio de Paz de Ariporo cuando fue secuestrado por el “bloque central centauros”, entre las veredas Rincón Hondo y Valdivia de ese municipio y que, años después, por información suministrada por la compañera permanente de la víctima, fue encontrado su cuerpo.

Para el Tribunal a quo se evidenció que el funcionario secuestrado y posteriormente asesinado no solicitó protección ni informó sobre amenazas a las autoridades competentes, lo cual hizo que su secuestro fuera un hecho imprevisible e imposible de evitar, por lo que concluyó que las entidades demandadas no incurrieron en responsabilidad por ese hecho.

Sin embargo, consideró que se debía analizar si las demandadas desplegaron actividades tendientes al rescate de la víctima.

Señaló que, a pesar de que no obraba en el expediente prueba que acreditara que la familia del occiso hubiera acudido a la Policía Nacional o al Ejército Nacional a solicitar ayuda para el rescate del señor Alberto Ortiz Hernández, sí se tuvo certeza de que fue el mismo Ejército Nacional el que instauró la denuncia por el secuestro ante la Fiscalía General de la Nación, lo que evidenció su conocimiento del hecho y, por tanto, debía tomar las medidas necesarias para rescatar o al menos buscar al secuestrado.

Indicó que el 16 de diciembre de 2000 se llevó a cabo un consejo de seguridad por el secuestro del entonces funcionario Alberto Ortiz Hernández y el alcalde del municipio de Paz de Ariporo le informó lo sucedido al grupo Gaula, este consejo concluyó con la creación de una comisión humanitaria conformada por la Cruz Roja, el párroco del municipio y la personera municipal, quienes intentarían rescatar al secuestrado.

Aseguro que, adicionalmente, el alcalde del municipio de Paz de Ariporo informó al Presidente de la República sobre el secuestro del señor Alberto Ortiz Hernández y solicitó protección para él y para sus funcionarios, a lo que el Ministerio de Defensa respondió que había dado traslado de dicha petición a la Policía Nacional.

Por lo anterior, consideró demostrado que tanto el Ejército Nacional, el Gaula como la Policía Nacional tuvieron conocimiento del secuestro del señor Alberto Ortiz Hernández y no realizaron ninguna actividad para lograr su rescate, pues pasaron más de diez años y no se desplegó ningún operativo tendiente a su búsqueda.

Señaló que, si bien para la época de los hechos el país estaba viviendo una situación en la cual las autoridades no se encontraban en capacidad de repeler todos los ataques ni de liberar a todos los secuestrados, ello no constituía una excusa cuando el Estado había asumido deberes de garante.

Sostuvo que el municipio de Paz de Ariporo no contaba con la presencia permanente del Ejército Nacional, hecho que evidenciaba el abandono en el que se encontraba esa zona del país. Además, los consejos de seguridad realizados en los meses siguientes a los hechos demostraron la situación de inseguridad que vivían los habitantes de la región y que el Estado se desbordó por el conflicto armado.

Concluyó que el reproche a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y Policía Nacional no era por causar el secuestro del señor Alberto Ortiz Hernández o por no haberlo evitado, sino por haber abandonado al secuestrado y a su familia, dado que pasaron más de diez años para que se conociera la suerte de la víctima.

No se refirió a la imputación del daño respecto del municipio de Paz de Ariporo, pero no lo condenó.

Reconoció los perjuicios morales solicitados por los demandantes hermanos de la víctima, el “daño a la vida de relación” en favor de la señora Nelly Stella Ortiz Hernández y negó las demás pretensiones.

III. LOS RECURSOS DE APELACIÓN

3.1.- La Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional interpuso recurso de apelación en contra del fallo de primera instancia, con el fin de que se revocara dicho proveído.

Sostuvo que estaba plenamente demostrado que el señor Alberto Ortiz Hernández fue sometido por parte de actores armados ilegales a desaparición forzada y posterior muerte, pero el Ejército Nacional no tenía conocimiento de las posibles amenazas contra su vida, razón por la cual no se probó la falla en el servicio.

Aseguró que la entidad tampoco abandonó al secuestrado y a su familia a su suerte, pues, una vez tuvo conocimiento del suceso, instauró la denuncia penal correspondiente.

Señaló que la décimo sexta brigada del Ejército Nacional realizó innumerables esfuerzos, junto con la red de cooperantes, para desplegar operativos de control territorial en los distintos municipios del departamento de Casanare, incluido Paz de Ariporo, para detectar y neutralizar la presencia de grupos armados ilegales.

Consideró que la actividad de la fuerza pública era de medio y no de resultado y que la omisión como elemento de imputación debía medirse de acuerdo con las condiciones, dificultades, limitaciones y crudeza del conflicto armado que vivía el país, pues el Estado no era omnipresente.

Manifestó su desacuerdo en cuanto al reconocimiento del “daño a la vida de relación”, pues consideró que no se probó la alteración de las condiciones de vida de la señora Nelly Stella Ortiz Hernández, como consecuencia de la muerte de su hermano Alberto Ortiz Hernández.

3.2.- La Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional también apeló la sentencia de primera instancia, a fin de que esta fuera revocada.

Señaló que, según los testimonios recibidos, para la época de los hechos, grupos al margen de la ley habían citado a varios funcionarios del municipio de Paz de Ariporo a la zona rural de ese municipio, de modo que si el señor Alberto Ortiz Hernández se encontraba cumpliendo una de estas citaciones lo hizo bajo su propia responsabilidad y sin informar a las autoridades.

Sostuvo que no se demostró si el día de su desaparición el señor Alberto Ortiz Hernández se encontraba acompañado de escoltas o había solicitado ese servicio. Tampoco se probó que la víctima hubiera solicitado apoyo o protección para su desplazamiento a la zona rural del municipio de Paz de Ariporo.

Aseguró que el señor Alberto Ortiz Hernández no denunció amenazas ni puso en conocimiento de las autoridades que fuera víctima de algún tipo de presión por parte de actores armados ilegales, aunque él sabía de la situación de orden público de la zona.

Se opuso al reconocimiento del “daño a la vida de relación”, pues consideró que este no se configuró, dado que este solo se reconocía por las lesiones o limitaciones de la víctima para ejercer las actividades cotidianas y en este caso la víctima falleció.

1.- El trámite de segunda instancia

Mediante auto del 15 de mayo de 2014, el Tribunal a quo concedió los recursos de apelación interpuestos por la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y Policía Nacional.

En auto del 27 de junio de 2014, esta Corporación ordenó la devolución del expediente al Tribunal Administrativo de Casanare, para que realizara la audiencia de conciliación prevista en el artículo 70 de la Ley 1395 de 2010.

A través de auto del 14 de agosto de 2014, el a quo señaló fecha para realizar la audiencia de conciliación prevista en el artículo 70 de la Ley 1395 de 2010, la cual se celebró el 2 de septiembre de 2014 y se declaró fallida, mismo acto en el cual el a quo concedió los recursos de apelación interpuestos por la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y Policía Nacional.

En auto del 7 de octubre de 2014, esta Corporación admitió los recursos de apelación interpuestos por la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y Policía Nacional contra la sentencia de primera instancia.

2.- Los alegatos de conclusión en segunda instancia

A través de auto del 6 de noviembre de 2014, se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto, si así lo consideraba pertinente.

La Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional presentó escrito en el cual reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y en el recurso de apelación.

Las demás partes y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.

IV.- C O N S I D E R A C I O N E S

1.- Competencia

Esta Corporación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con el artículo 198 de la Ley 1450 de 2011, en concordancia con el artículo 157 de la Ley 1437 de 2011, por tratarse de un proceso de doble instancia en razón de la cuantía, dado que la pretensión mayor por concepto de lucro cesante a la fecha de la presentación de la demanda (16 de noviembre de 2011) es de $1.071’200.000.

2.- Oportunidad de la acción

Los demandantes fundan sus pretensiones en la “privación ilegal de la libertad”, desaparición forzada y muerte del señor Alberto Ortiz Hernández.

El artículo 7 de la Ley 589 de 2000 adicionó un inciso al numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo del siguiente tenor:

“Sin embargo, el término de caducidad de la acción de reparación directa derivada del delito de desaparición forzada, se contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que tal acción pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición” (negrillas de la Sala).

En la demanda se afirma que, el 14 de diciembre de 2000, el señor Alberto Ortiz Hernández desapareció sin que volviera a saberse de su paradero.

En sentencia del 16 de marzo de 2005, el Juzgado Promiscuo de Familia de Paz de Ariporo declaró la muerte presunta por desaparecimiento del señor Alberto Ortiz Hernández, la cual fue confirmada en grado de consulta por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, Sala Única de Decisión, mediante providencia del 27 de julio de 2005.

No obstante, en junio de 2009, luego de las labores investigativas, exhumación y estudios especializados adelantados por el CTI de Villavicencio y de Bucaramanga y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se estableció la plena identificación de los restos óseos de quien en vida respondía al nombre de Alberto Ortiz Hernández.

El 12 de julio de 2010, la Fiscalía 184 adscrita a la Subunidad de Apoyo a la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz entregó a la madre de la víctima sus restos óseos.

De modo que solo hasta el 12 de julio de 2010 - en los términos de la norma antes citada - la víctima apareció, pues se tuvo certeza de su paradero y sus restos óseos plenamente identificados fueron entregados a su madre, fecha a partir de la cual se debe contar el término de caducidad.

Siendo así, los actores tenían hasta el 13 de julio de 2012 para ejercer la acción de reparación directa y presentaron la demanda el 16 de noviembre de 2011, esto es, dentro del plazo indicado en el artículo 136, numeral 8, del C.C.A.

3.- Legitimación en la causa

La legitimación en la causa tiene dos dimensiones, la de hecho y la material. La primera surge de la formulación de los hechos y de las pretensiones de la demanda, por manera que quien presenta el escrito inicial se encuentra legitimado por activa, mientras que el sujeto a quien se le imputa el daño ostenta legitimación en la causa por pasiva.

A su vez, la legitimación material es condición necesaria para, según corresponda, obtener decisión favorable a las pretensiones y/o a las excepciones, punto que se define al momento de estudiar el fondo del asunto, con fundamento en el material probatorio debidamente incorporado a la actuación.

Así, tratándose del extremo pasivo, la legitimación en la causa de hecho se vislumbra a partir de la imputación que la demandante hace al extremo demandado y la material únicamente puede verificarse como consecuencia del estudio probatorio, dirigido a establecer si se configuró la responsabilidad endilgada desde el libelo inicial.

3.1.- Legitimación en la causa de los demandantes

Los señores Luis Orlando Ortiz Hernández, Nelly Stella Ortiz Hernández, José Rubiel Ortiz Hernández, Omar Ortiz Hernández y Rosendo Ortiz Hernández son los demandantes en este asunto, en cuanto promovieron el proceso de la referencia, de ahí que se encuentre probada su legitimación en la causa de hecho.

Se encuentra probado que los actores acuden a esta jurisdicción en calidad de hermanos de la víctima, como consta en las copias auténticas de sus registros civiles de nacimiento allegados al proceso, razón por la cual les asiste legitimación material en la causa por activa.

En cuanto a las demandantes Nubia Chávez Narváez, Paula Valentina Ortiz Chávez y Hermelinda del Carmen Hernández, el a quo declaró probada la excepción de cosa juzgada propuesta por la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, dado que, mediante sentencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Yopal del 27 de agosto de 2008, se resolvió un proceso con identidad de partes y de pretensiones, aspecto que no fue apelado por la parte demandante en este proceso.

3.2.- Legitimación en la causa de los demandados

La Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional - Policía Nacional y el municipio de Paz de Ariporo se encuentran legitimados en la causa por pasiva de hecho, pues de lo narrado en la demanda se concluye que es a dichas entidades a las que se les imputa el daño objeto de la controversia.

En relación con la legitimación material de la demandada, se aclara que esta, por determinar el sentido de la sentencia -denegatoria o condenatoria-, no se analizará ab initio, sino al adelantar el estudio que permita determinar si existió o no una participación efectiva de las accionadas en la producción del daño antijurídico alegado por la parte actora.

4.- El alcance de la apelación

En el sub judice la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional apeló la sentencia de primera instancia para plantear los siguientes aspectos: i) actores armados ilegales sometieron a la víctima a desaparición forzada y posterior muerte; ii) el Ejército Nacional no tenía conocimiento de las posibles amenazas contra la vida del señor Alberto Ortiz Hernández; iii) la actividad de la fuerza pública era de medio y no de resultado y; iv) no se probó el “daño a la vida de relación” sufrido por la demandante Nelly Stella Ortiz Hernández.

A su turno, la demandada Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional impugnó la decisión de primera instancia con los siguientes argumentos: i) si el señor Alberto Ortiz Hernández se encontraba en zona rural del municipio de Paz de Ariporo cumpliendo una cita de un grupo armado ilegal, lo hizo bajo su propia responsabilidad y sin informar a las autoridades; ii) no se demostró que la víctima hubiera solicitado apoyo o protección para su desplazamiento a la zona rural del municipio de Paz de Ariporo o que se encontrara acompañado de escoltas; iii) el señor Alberto Ortiz Hernández no denunció amenazas ante las autoridades; iv) no se encontraba configurado el “daño a la vida de relación”.

La parte demandante no apeló la sentencia de primera instancia.

5.- Hechos probados
5.1.- El señor Alberto Ortiz Hernández desapareció el 14 de diciembre de 2000 y aproximadamente 10 años después sus restos fueron encontrados y plenamente identificados

En virtud de demanda presentada por la señora Nubia Chávez Narváez, el 16 de marzo de 2005, el Juzgado Promiscuo de Familia de Paz de Ariporo declaró la muerte presunta por desaparecimiento del señor Alberto Ortiz Hernández, la cual fue confirmada mediante providencia del 27 de julio de 2005, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, Sala Única de Decisión.
El 29 de mayo de 2009, en una entrevista realizada por un investigador de criminalística de la Subunidad de Apoyo a la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz, la señora Nubia Chávez Narváez señaló que era la compañera permanente del señor Alberto Ortiz Hernández y que ambos trabajaban para el municipio de Paz de Ariporo, él como secretario de obras públicas.
Señaló que, el 14 de diciembre de 2000, el señor Alberto Ortiz Hernández salió aproximadamente a las once de la mañana a las veredas Rincón Hondo y Valdivia del municipio de Paz de Ariporo para realizar la entrega de unas obras y, como a las siete de la noche, advirtió que aquel no había regresado.
Agregó que pasaron dos días y el señor Alberto Ortiz Hernández no llegaba, fue cuando apareció el conductor del municipio, de nombre Miguel -hoy fallecido según la entrevistada- quien narró que, cuando regresaban de la zona rural con el señor Alberto Ortiz Hernández, fueron abordados por hombres armados que se lo llevaron.
La entrevistada indicó que emprendió la búsqueda del señor Alberto Ortiz Hernández, pero no supo nada de él hasta el 15 de marzo de 2009, cuando una señora se le acercó y le dijo que ella sabía dónde habían enterrado al señor Alberto Ortiz Hernández. La señora Nubia Chávez Narváez se dirigió al lugar indicado con su abogado y luego acudió a la Fiscalía General de la Nación – donde le realizaron la entrevista - para solicitar la exhumación.
El 3 de junio de 2009, la Fiscalía 184 adscrita a la Subunidad de Apoyo de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz realizó la inspección al lugar denunciado como de ubicación de los restos del señor Alberto Ortiz Hernández – vereda La Chapa del municipio de Hato Corozal -, en donde se encontró el cuerpo “esqueletizado” incompleto, con múltiples fragmentos erosionados, así como algunas prendas -fragmento de pantalón, marquilla de camisa y fragmento de correa -.
El cuerpo se encontraba en una fosa individual, bajo un hormiguero, en un suelo arenoso con vegetación de mediana altura, en una zona de clima lluvioso. Los restos óseos encontrados fueron llevados al laboratorio de policía judicial del CTI en Bucaramanga para el análisis de ADN y para determinar la manera, causa y mecanismo de muerte.
En la misma fecha se realizó la diligencia de exhumación de los restos óseos de quien posiblemente respondía al nombre de Alberto Ortiz Hernández.

El 16 de septiembre de 2009, en el informe sobre análisis de restos óseos realizado en el laboratorio del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de Bucaramanga, se estableció la causa, mecanismo y forma de muerte en los siguientes términos (se trascribe de forma literal):
“Se lograron evidenciar lesiones traumáticas ocurridas en época perimorten que afectaron el cráneo con orificios de entrada producidos por proyectil de arma de fuego, son lesiones consistentes en trauma craneoencefálico severo, como evento relacionado con el deceso de esta persona.
“Por lo expuesto anteriormente se establece:
“Causa de muerte: proyectil de arma de fuego.
“Mecanismo de muerte: trauma craneoencefálico severo.
“Manera de muerte: violenta – homicidio”.

En el informe pericial de genética forense realizado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, luego de un cotejo de ADN del individuo analizado con el de Hermelinda del Carmen Hernández Barahona y Paula Valentina Ortiz Chávez, se determinó en un 99.9999% la identidad de Alberto Ortiz Hernández, por su relación de hijo y de padre con cada una de ellas, respectivamente.

El 12 de julio de 2010, el fiscal 184 adscrito a la Subunidad de Apoyo a la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz hizo entrega de los restos óseos del señor Alberto Ortiz Hernández a su madre en los siguientes términos (se trascribe de forma literal):
“previamente haberse llevado a cabo labores de policía judicial por parte de funcionarios adscritos al Cuerpo Técnico de Investigación CTI – Villavicencio y diligencias de exhumación apoyadas por funcionarios de policía judicial adscritos al Cuerpo Técnico de Investigación CTI – Villavicencio, se procedió a adelantar los estudios y análisis especializados así: necropsias y estudios bioantropológicos, realizados por el Cuerpo Técnico de Investigación CTI – Bucaramanga. Asimismo el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Bogotá adelantó la tipificación molecular y posterior cotejo de perfiles genéticos con fines de identificación. Realizado lo anterior se estableció la plena identidad de los restos óseos correspondiente al registro civil de defunción No. 04421849.
“Se realizó el respectivo inventario de restos humanos y registro de prendas, para hacer la entrega a los familiares, de acuerdo con lo ordenado por la entidad del caso.
“Siendo las 2:00 pm del 12 de julio de 2010, en el auditorio de la Unidad de Justicia y Paz, en el municipio de Yopal, departamento de Casanare, la señora Hermelinda del Carmen Hernández, identificada con cédula de ciudadanía (…), en calidad de madre, se le hace entrega de los restos óseos de quien en vida respondía al nombre de Alberto Ortiz Hernández (…)”.

Se concluye que, en circunstancias que no pudieron determinarse, el señor Alberto Ortiz Hernández desapareció el 14 de diciembre de 2000 en zona rural del municipio de Paz de Ariporo y desde ese día no se supo más de él.
Años después, la señora Nubia Chávez Narváez, quien se presentó como compañera permanente del señor Alberto Ortiz Hernández, promovió la declaración judicial de su muerte por desaparecimiento, ante lo cual el Juzgado Promiscuo de Familia de Paz de Ariporo dictó sentencia el 16 de marzo de 2005, la cual fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, Sala Única de Decisión, el 27 de julio de 2005.
Posteriormente, casi diez años después de la desaparición del señor Alberto Ortiz Hernández, gracias a la información de una persona que se comunicó con la señora Nubia Chávez Narváez, esta puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación la posible ubicación de los restos del desaparecido, los que finalmente fueron identificados plenamente como pertenecientes a la víctima y entregados a su madre.
El señor Alberto Ortiz Hernández murió como consecuencia de un trauma craneoencefálico severo causado por proyectil de arma de fuego, pero no se determinó la fecha real de su muerte.

5.2.- No se pudieron establecer las circunstancias en que ocurrió la desaparición y posterior muerte del señor Alberto Ortiz Hernández

Al respecto, el señor Libardo Rojas declaró ante el a quo que conoció personalmente al señor Alberto Ortiz Hernández por la relación de amistad entre su esposa y los familiares de este último, que lo consideraba su amigo y que por su trabajo en la Contraloría Departamental de Casanare tuvo que hacer auditorías en el municipio de Paz de Ariporo, en donde trabajaba el señor Alberto Ortiz Hernández.
Aseguró que en diciembre de 2000, cuando fue a ese municipio para realizar una auditoría, se enteró de que el señor Alberto Ortiz Hernández se encontraba desaparecido y que “por versiones y testimonios de algunos funcionarios” supo que aquel había salido a cumplir una misión oficial y que luego de eso no se “tuvo razón del funcionario”.
El testigo agregó que “se conocía” que, para la época de la desaparición del señor Alberto Ortiz Hernández, “citaban” con frecuencia a los funcionarios del municipio de Paz de Ariporo a lugares fuera del casco urbano, entre ellos, a la víctima y a algunos secretarios del despacho del alcalde, pero que no todos acudían por problemas de seguridad. Incluso aseguró que él y otros auditores de la Contraloría no se desplazaban a ciertos lugares “por temor a que nos pudiera pasar algo”.
Sobre una posible solicitud de protección de parte del señor Alberto Ortiz Hernández, el testigo manifestó lo siguiente (se trascribe de forma literal):
“PREGUNTADO. Dr. Libardo, usted informó que el ingeniero Alberto Ortiz Hernández el día de los hechos había salido a cumplir una misión oficial como servidor de la alcaldía del municipio de Paz de Ariporo, sabe usted o le consta si él o la alcaldía solicitaron protección para su seguridad a los organismos como el Ejército, la Policía, y si realmente estos prestaron el servicio de seguridad. CONTESTÓ. La verdad es que por las condiciones de seguridad que se vivían para la época de los hechos tuve conocimiento de que para que un funcionario se pudiera desplazar previamente se debía cumplir con los protocolos de seguridad, pues de hecho para mi caso personalmente siempre lo hacíamos y lo hacemos, yo hasta donde tengo entendido la alcaldía tiene su propia seguridad a través de los escoltas pero desconozco si para el desplazamiento de mi amigo el día de los hechos hubo una solicitud concreta porque tuve conocimiento de la desaparición de mi amigo después, lo que sí me enteré es que no llevaba sino el vehículo en el que se desplazaba, lo cierto es que solamente se lo llevaron a él”.

Igualmente manifestó que no le constaba que el señor Alberto Ortiz Hernández hubiera sido objeto de amenazas.

Por su parte, el señor Florencio Arenas declaró ante el a quo que conoció al señor Alberto Ortiz Hernández en una reunión familiar a la cual fue invitado por el hermano de éste, Rosendo Ortiz. Dijo que “Don Rosendo” le comentó que el señor Alberto Ortiz Hernández se había ido a entregar una obra y que había solicitado acompañamiento de escoltas, que no le habían brindado ese servicio y un grupo armado “se lo llevó”. Igualmente, que “Don Rosendo” le comentó que se trató de un secuestro, pero fue extraño porque “no habían pedido nada”. También el señor Beyer Antonio García Portilla declaró que conoció al señor Alberto Ortiz Hernández porque trabajaba en el municipio de Paz de Ariporo. Manifestó que “tenía entendido” que, como ingeniero del municipio de Paz de Ariporo, el señor Alberto Ortiz Hernández el 14 de diciembre de 2000 se encontraba revisando unas obras en las veredas Rincón Hondo y Valdivia, que “él iba con una persona que le manejaba el carro y le salieron unas personas que no se sabía si era guerrilla o paramilitares y se lo llevaron de ahí”. Señaló que tiempo después “soltaron al conductor y este apareció muerto después por los lados de Pore y no se supo más del ingeniero Ortiz Hernández”. Sobre el conocimiento que tuvo de las circunstancias de la desaparición del señor Alberto Ortiz Hernández enfatizó: “eso es lo que me consta porque eso es público y yo escuché a todo el mundo en el pueblo hablando del tema”. Agregó que no sabía si el señor Alberto Ortiz Hernández había solicitado acompañamiento por parte del Ejército Nacional o de la Policía Nacional para su desplazamiento del 14 de diciembre de 2000 a la zona rural del municipio de Paz de Ariporo y que no le constaba que este se desplazara en un vehículo oficial de ese municipio. Observa la Sala que estos testigos no conocieron directamente los hechos, sino que se enteraron por lo que otras personas les comentaron. Al respecto, esta Sala de Subsección ha resaltado cuáles son los aspectos que el juez debe verificar para la valoración de los testimonios de oídas, estos son: i) las calidades y condiciones del testigo de oídas; ii) las circunstancias en las cuales el propio testigo de oídas hubiere tenido conocimiento, indirecto o por referencia, de los hechos a los cuales se refiere su versión; iii) la identificación plena y precisa de la(s) persona(s) que, en calidad de fuente, hubiere(n) transmitido al testigo de oídas la ocurrencia de los hechos sobre los cuales versa su declaración, para evitar así que un verdadero testimonio pueda confundirse con un rumor, en cuanto proviniere de fuentes anónimas o indeterminadas; iv) la determinación acerca de la clase de testimonio de oídas de que se trata. La Sala considera que esta prueba testimonial, en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió la desaparición y muerte del señor Alberto Ortiz Hernández, no es susceptible de ser valorada, dado que los declarantes no tuvieron fuentes precisas para su conocimiento de los hechos, pues de tres testigos solo uno manifestó que se enteró por el hermano de la víctima, Rosendo Ortíz - quien no fue testigo presencial de los hechos así que a su vez debió enterarse por otra fuente -, mientras que los otros dos testigos manifestaron que “por versiones y testimonios de algunos funcionarios” o porque “todo el mundo en el pueblo hablaba del tema”. Lo anterior hace que la prueba no arroje el suficiente grado de certeza, pues los testigos reiteraron lo señalado en la demanda sin ofrecer convicción alguna para acreditar la forma en la que ocurrió la desaparición de la víctima; adicionalmente, sus dichos no guardan armonía con los documentos aportados al proceso, pues los ya citados y los que se citarán a continuación no revelan cómo ocurrió la muerte y desaparición del señor Alberto Ortiz Hernández, de modo que no existen coincidencias, solo suposiciones sobre lo que pudo acontecer.

Se concluye entonces que no se probaron las circunstancias en que ocurrieron la desaparición y muerte del señor Alberto Ortiz Hernández. Adicionalmente, no se probó que el señor Alberto Ortiz Hernández hubiere denunciado amenazas contra su integridad personal o su vida; sin embargo, en el consejo de seguridad realizado el 16 de diciembre de 2000 en el despacho del señor Óscar Gutemberg Benítez, entonces alcalde del municipio de Paz de Ariporo, se dejó constancia de lo siguiente (se trascribe de forma literal):
“El ingeniero Óscar manifiesta que el ingeniero Órtiz sí había recibido amenazas por asuntos de la administración provenientes de la señora Rubiela Meche, Hernán Pinto y otros exfuncionarios que no recuerda los nombres, quienes le decían que él no pasaba este gobierno porque lo mandaban a matar; el ingeniero Óscar no tiene conocimiento si se informó lo anterior a las autoridades competentes”.

De ahí que el alcalde del municipio de Paz de Ariporo manifestó que el señor Alberto Ortiz Hernández había recibido amenazas, aunque no precisó con qué anterioridad al hecho de su desaparición y tampoco supo si la víctima las denunció.

5.3.- Para la fecha de su desaparición, el señor Alberto Ortiz Hernández laboraba para el municipio de Paz de Ariporo

Así consta en el certificado expedido el 22 de octubre de 2003 por el secretario de Asuntos Políticos y Administrativos del municipio de Paz de Ariporo en los siguientes términos (se trascribe de forma literal):
“Que el ingeniero Alberto Ortiz Hernández identificado con cedula de ciudadanía No. (…) laboró al servicio de la administración municipal como secretario de obras y servicios públicos nombrado mediante decreto No. 030 de marzo 31 de 1999; a partir del 23 de diciembre de 1999 fue nombrado como secretario de Desarrollo Económico mediante decreto No. 184/1999-, siguió vigente en este cargo hasta el 14 de diciembre de 2000, fecha en la que fue secuestrado. Actualmente figura en nómina con un salario básico que asciende a la suma de un millón novecientos nueve mil pesos ($1’909.000)”.

5.4.- Diferentes entidades realizaron gestiones para lograr la liberación y/o ubicación del paradero del señor Alberto Ortiz Hernández e investigar el hecho

El 16 de diciembre de 2000, se llevó a cabo un consejo de seguridad en el despacho del alcalde del municipio de Paz de Ariporo al que asistieron: el comandante de la estación del policía del municipio, el Secretario de Asuntos Políticos, la inspectora de policía y un detective del entonces Departamento Administrativo de Seguridad DAS, para discutir sobre la desaparición del ingeniero Alberto Ortiz Hernández, secretario de Desarrollo Económico del municipio de Paz de Ariporo.

En dicha reunión se manifestó que se desconocía la razón del plagio, pero que se sabía que entre las veredas Rincón Hondo y Valdivia operaban grupos “paramilitares”. El alcalde ordenó la conformación de una comisión humanitaria para rescatar al señor Alberto Ortiz Hernández y a continuación comunicó el hecho al grupo Gaula. Por su parte, en la misma reunión, el comandante de la estación de policía recomendó instaurar la respectiva denuncia penal.

En la misma fecha el alcalde municipal de Paz de Ariporo le informó a la directora del Comité Internacional de la Cruz Roja la conformación de un comité humanitario integrado por un delegado de ese organismo, la personera municipal y el cura párroco, a fin de que realizaran gestiones para rescatar al señor Alberto Ortiz Hernández.

El 19 de diciembre de 2000, el alcalde municipal de Paz de Ariporo puso en conocimiento del Presidente de la República la desaparición del señor Alberto Ortiz Hernández y le solicitó que ordenara a quien correspondiera desarrollar las acciones necesarias para dar con su paradero.

El 27 de diciembre de 2000, el Secretario de Asuntos Políticos del municipio de Paz de Ariporo le solicitó a la comisión humanitaria que informara sobre los resultados de su gestión para la liberación del señor Alberto Ortiz Hernández.

El 29 de diciembre de 2000, el alcalde municipal de Paz de Ariporo le informó a la personera de ese municipio que la desaparición del señor Alberto Ortiz Hernández se había denunciado ante la Presidencia de la República, la Fiscalía General de la Nación, el Gaula, el DAS, el departamento del Casanare, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Igualmente, que el hecho se puso en conocimiento de los medios de comunicación, de la comisión interamericana de la OEA y de la comisión de derechos humanos de la ONU.

En la misma fecha, el secretario general del Ministerio de Defensa le informó al Secretario de Asuntos Políticos del municipio de Paz de Ariporo, que de la desaparición del señor Alberto Ortiz Hernández se dio traslado a la Policía Nacional.

Por su parte, la Fiscalía 184 adscrita a la Subunidad de Apoyo a la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz adelantó la exhumación de los restos óseos del señor Alberto Ortiz Hernández, estableció su identificación plena y los entregó a la madre de la víctima.

Sin embargo, no se allegó al proceso el resultado de la investigación penal adelantada por la desaparición y muerte del señor Alberto Ortiz Hernández, en el que se diera cuenta de cómo sucedieron los hechos o si se identificaron sus autores.

6.- El daño
La desaparición y muerte del señor Alberto Ortiz Hernández se encuentran demostradas con las gestiones adelantadas para su ubicación por el municipio de Paz de Ariporo, la copia auténtica de su registro civil de defunción, el informe sobre análisis de restos óseos, el informe pericial de genética forense, el acta de entrega de sus restos óseos y demás documentos descritos en los acápites anteriores de esta providencia.

7.- La imputación

El a quo consideró que la desaparición y muerte del señor Alberto Ortiz Hernández no eran atribuibles a las demandadas, pues tal hecho fue “imprevisible e imposible de evitar”, pero que la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y Policía Nacional eran responsables “por haber abandonado al secuestrado y a su familia”, dado que pasaron casi diez años hasta que se supo de su paradero.

La Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y la Policía Nacional apelaron la decisión de primera instancia con fundamento en que la víctima no solicitó apoyo o protección para su desplazamiento del 14 de diciembre de 2000, que dichas entidades no conocían de amenazas en contra de su vida y que el daño fue causado por un tercero.

Advierte la Sala que esta Subsección ya se pronunció sobre estos hechos en sentencia del 25 de marzo de 2015, con ocasión de la demanda promovida por Elicenda Patricia Zambrano Ramírez y Erika Valeria Ortíz Zambrano contra la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y Policía Nacional y el departamento de Casanare, a fin de que se declarara su responsabilidad administrativa por la desaparición del señor Alberto Ortiz Hernández ocurrida el 14 de diciembre de 2000.

En la sentencia del 25 de marzo de 2015, esta Subsección negó las pretensiones de la demanda bajo los siguientes argumentos:

“Con ocasión del secuestro del ingeniero Ortiz Hernández, el 16 de diciembre de 2000 se realizó en el Despacho del Alcalde de Paz de Ariporo un Consejo Extraordinario de Seguridad, en el que participaron el mandatario local, el Comandante de la Estación de Policía, el Secretario de Asuntos Políticos, la Inspectora Urbana de Policía y un detective del DAS, donde se pudo establecer que el 14 de diciembre de ese mismo año, entre las veredas Valdivia y El Rincón Hondo, del municipio de Paz de Ariporo, fue plagiado el citado señor por un grupo de delincuentes, al parecer de las autodefensas, pero que se desconocían las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon los hechos y los móviles del secuestro (folio 47, cuaderno 1).

“Se acordó en el citado Consejo de Seguridad conformar una Comisión Humanitaria, a fin de que ésta se desplazara al lugar de los hechos y adelantara las gestiones necesarias para ubicar y rescatar al ingeniero Ortiz Hernández; asimismo, se convino denunciar los hechos ante las autoridades competentes (folio 47, cuaderno 2).

“Según oficio del 6 de marzo de 2003, el Ejército Nacional, una vez el DAS lo enteró de lo ocurrido, instauró el 18 de diciembre de 2000 una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, a fin de que investigara el secuestro y desaparición del ingeniero Ortiz Hernández. Según el citado oficio, el Ejército también remitió comunicaciones a otras entidades gubernamentales, como la Defensoría del Pueblo, la Cruz Roja Internacional y la Procuraduría General de la Nación, informando lo ocurrido; además, dijo que la víctima jamás se acercó al Ejército a denunciar que estuviera amenazada de muerte o que su vida corriera riesgo alguno (folios 86 a 88, cuaderno 1).

“Mediante oficio del 15 de julio de 2002, la Delegada ante la Dirección Nacional de Fiscalías aseguró que la investigación por el secuestro y desaparición del señor Ortiz Hernández fue avocada inicialmente por el Fiscal Quinto Delegado ante el Gaula de Yopal, quien practicó pruebas testimoniales y la remitió a la Fiscalía Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Yopal, la cual, posteriormente, la envió a la Unidad de Fiscalías Delegadas ante los Juzgados Promiscuos del Circuito de Paz de Ariporo, Casanare, donde la Fiscalía 18 asumió el conocimiento de la investigación (folio 39, cuaderno 1).

“Por su parte, la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos indicó que asumió inicialmente la investigación por el secuestro y desaparición del señor Ortiz Hernández, pero que la remitió, por competencia, a la Fiscalía General de la Nación (folio 37, cuaderno 1).

“A su turno, el Comité Internacional de la Cruz Roja aseguró que estaba haciendo seguimiento al caso (folio 36, cuaderno 1), mientras que el Ministerio de Defensa Nacional, a través del Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal –Fondelibertad-, manifestó que estaba adelantado las gestiones necesarias, para dar con el paradero del señor Ortiz Hernández y liberarlo (folio 41, cuaderno 1).

“En el proceso obran informes –sin firma- relacionados con la situación de orden público evidenciada en el departamento de Casanare entre los meses de marzo y agosto de 2000 (folios 35 a 69, cuaderno 2); sin embargo, nada se dice en torno a posibles amenazas contra funcionarios de la Alcaldía de Paz de Ariporo.

“Pues bien, el escaso material probatorio aportado al plenario no compromete la responsabilidad del Ejército ni de la Policía Nacional, con ocasión del secuestro y desaparición del ingeniero Alberto Ortiz Hernández, en atención a que no se demostró en el plenario que dichas instituciones hubieran omitido los deberes de protección y seguridad del citado señor, máxime teniendo en cuenta que no se acreditó que éste o algún miembro de su familia hubieran denunciado ante las autoridades competentes que aquél estuviera amenazado de muerte o que su vida estuviera en riesgo.

“No obstante que los hechos relacionados con la desaparición del citado señor fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, a fin de que investigara lo ocurrido y realizara las diligencias necesarias para dar con el paradero del plagiado y obtener su rescate, se desconocen los resultados de dicha investigación, pues la parte actora no realizó ningún esfuerzo para allegar al plenario el citado proceso penal.

“(…).

“Pues bien, como se indicó atrás, no se aportó prueba alguna al plenario que demuestre que la Policía Nacional fue informada previamente de las presuntas amenazas contra la vida del señor Ortiz Hernández, pues ni él, ni sus familiares y menos aún el alcalde, que al parecer tuvo conocimiento previo del posible riesgo de la víctima, informaron a dicho organismo la situación evidenciada, de suerte que ninguna responsabilidad de la Policía se configuró en este caso.

“La misma situación ocurre con el Ejército Nacional, pues, como se dijo atrás, no se demostró que éste hubiera omitido los deberes de seguridad y protección del señor Ortiz Hernández, pues ni éste ni sus familiares denunciaron que estuviera amenazado o que su vida corriera peligro y menos aún solicitaron protección alguna”.

Pues bien, al igual que en el proceso acabado de citar, en el presente no se probó que la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y Policía Nacional hubieran conocido de algún modo que la libertad personal, la integridad o la vida del señor Alberto Ortiz Hernández se encontraba en peligro, o que este hubiera solicitado protección para su desplazamiento del 14 de diciembre de 2000 hacia la zona rural del municipio de Paz de Ariporo, por lo que no se comprobó una omisión del servicio de seguridad y protección que les correspondía a dichas entidades y que provocara la realización de un riesgo concretado en su desaparición y posterior muerte.

No existen en el proceso ya fallado por esta Subsección ni en el de la referencia pruebas distintas que permitan establecer la imputación del daño a las demandadas Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y Policía Nacional, razón por la cual les asiste razón a las apelantes en que el daño no les resulta imputable.

Tampoco puede declararse, como lo hizo el a quo, la responsabilidad de dichas demandadas “por haber abandonado al secuestrado y a su familia”, pues las pretensiones se fundan en la privación ilegal de la libertad, muerte y desaparición de que fue víctima el señor Alberto Ortiz Hernández en hechos ocurridos el 14 de diciembre de 2000.

Solo en el hecho No. 14 de la demanda los actores se lamentan del “poco despliegue y preocupación de los diferentes organismos nacionales y gubernamentales para dar con el paradero de Alberto Ortiz Hernández”, sin que se hubiera precisado una acusación especifica de omisión en contra de la Policía Nacional o del Ejército Nacional.

Igualmente, no se comprobó - y así lo advirtió el a quo- que los demandantes hubieran acudido a la Policía Nacional o al Ejército Nacional para solicitar que realizaran labores de búsqueda del desaparecido.

Además, en cuanto se supo del posible paradero de la víctima, la Fiscalía 184 adscrita a la Subunidad de Apoyo a la Unidad Nacional de Fiscalías adelantó la inspección al lugar y la exhumación de los restos óseos que luego fueron plenamente identificados.

Adicionalmente, la parte demandante no apeló la sentencia de primera instancia y las apelantes Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y Policía Nacional se limitaron a defender su ausencia de responsabilidad y no se la atribuyeron al municipio de Paz de Ariporo, razón por la cual la Sala no puede pronunciarse acerca de la responsabilidad de dicha entidad.

Como consecuencia, se revocará la sentencia apelada.

Finalmente, se observa que el abogado Marco Antonio Carvajal Pelayo allegó poder con sus respectivos anexos, otorgado por el municipio de Paz de Ariporo, para que lo represente dentro del presente proceso y, dado que dicho acto procesal reúne los requisitos legales, el Despacho le reconocerá personería adjetiva al mencionado profesional del derecho.

9.- Decisión sobre costas

En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A :

PRIMERO: REVOCAR la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo de Casanare, el 13 de marzo de 2014, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda.

TERCERO: Reconocer personería adjetiva al abogado Marco Antonio Carvajal Pelayo, portador de la Tarjeta Profesional No. 276.577 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como apoderado del municipio de Paz de Ariporo.

CUARTO: Sin costas.

QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría REMITIR el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA

Es la fecha del sello de radicación de la demanda en la secretaría del Tribunal Administrativo del Casanare, como consta a folio 19 del cuaderno 1.
En algunas copias auténticas de los registros civiles de nacimiento de sus hijos que obran a folios 20 y 23 a 27 del cuaderno 1 aparece como “Carmen Hernández de Ortiz”, “Hermelinda del Carmen Hernández Barahona”, “Hermelinda del Carmen Hernández”, “Carmen Hernández”, pero el poder para demandar lo suscribió como “Hermelinda del Carmen Hernández Barahona”, como consta en el folio 1 del cuaderno 1.
Se anotan sus nombres como aparecen en las copias auténticas de sus registros civiles de nacimiento, visibles de folios 22 a 27 del cuaderno 1.
Todos los actores otorgaron poder para demandar, según consta de folios 1 a 3 del cuaderno 1.
Fls. 205 a 216 del cuaderno 1.
Fl. 123 del cuaderno 1.
Fl. 123 vuelto del cuaderno 1.
Fls. 128 a 131 del cuaderno 1.
Fls. 132 a 140 del cuaderno 1.
Fl. 139 del cuaderno 1.
Fls. 145 a 151 del cuaderno 1.
Fls. 179 a 184 del cuaderno 1.
Fls. 186 a 197 del cuaderno 1.
Fls. 207 y 208 del cuaderno 1.
Fls. 212 y 213 del cuaderno 1.
Fl. 311 del cuaderno 1.
Fls. 312 a 316 del cuaderno 1.
Fls. 317 a 319 del cuaderno 1.
Fls. 320 a 323 del cuaderno 1.
Fls. 324 a 333 del cuaderno 1.
Fls. 342 a 358 del cuaderno de segunda instancia.
364 a 373 del cuaderno de segunda instancia.
Fls. 376 a 380 del cuaderno de segunda instancia.
Fl. 381 del cuaderno de segunda instancia.
Fls. 387 y 388 del cuaderno de segunda instancia.
Fl. 391 del cuaderno de segunda instancia.
Fls. 402 y 403 del cuaderno de segunda instancia.
Fls. 408 y 409 del cuaderno de segunda instancia.
Fl. 411 del cuaderno de segunda instancia.
Fls. 412 a 419 del cuaderno de segunda instancia.
Fls. 651 a 656 del cuaderno 4.
Fls. 657 a 663 del cuaderno 4.
Fls. 23 a 27 del cuaderno 1.
Fls. 651 a 656 del cuaderno 4.
Fls. 657 a 663 del cuaderno 4.
Fls. 37 a 39 del cuaderno 1.
Fls. 30 a 36 del cuaderno 1.
Fl. 29 del cuaderno 1 y folios 209 a 265 del cuaderno 3.
Fls. 60 a 70 del cuaderno 1.
Fls. 73 a 75 del cuaderno 1 y 196 a 199 del cuaderno 3.
Fl. 28 del cuaderno 1.
Fls. 8 a 11 del cuaderno 3.
Fls. 8 a 11 del cuaderno 3.
Fls. 12 a 14 del cuaderno 3.
Fls. 88 a 91 del cuaderno 3.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección A, sentencia del 26 de abril de 2018, exp. 05001-23-31-000-2002-04463-01(44826).
Fls. 171 y 172 del cuaderno 1.
Fl. 342 del cuaderno 2.
Fl. 172 del cuaderno 1.
Fl. 41 del cuaderno 1.
Fls. 174 y 175 del cuaderno 1.
Fl. 176 del cuaderno 1.
Fl. 177 del cuaderno 1.
Fl. 178 del cuaderno 1.
Fls. 209 a 265 del cuaderno 3.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección A, sentencia del 25 de marzo de 2015, exp. 85001233100020020042401 (35491), CP: Carlos Alberto Zambrano Barrera.
Fl. 9 del cuaderno 1.
Fls. 510 y 511 cuaderno de segunda instancia.

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