RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 85001-23-33-000-2013-00138-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 85001-23-33-000-2013-00138-02

Fecha
3 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 85001-23-33-000-2013-00138-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero: Confirmar parcialmente la sentencia de primera instancia proferida el 25 de agosto de 2022 por el Tribunal Administrativo de Casanare, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. Segundo: Adicionar el numeral 7 al ordinal tercero de la sentencia apelada, el cual quedará así: Las sumas de dinero aquí reconocidas a partir del 10 de agosto de 2012 hasta 28 de junio de 2018 se deberá pagar a la masa sucesoral y desde el 29 de junio en adelante se deberán pagar a la demandante y a quien corresponda de acuerdo con el porcentaje establecido en la sustitución pensional. Tercero: No condenar en costas en esta instancia. Cuarto: En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 85001-23-33-000-2013-00138-02

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

3 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., tres (03) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 850012-23-33-000-2013-00138-02 (6012-2022)
Demandante: Héctor María Martínez Martínez (Q.E.P.D.) y Yaneth Paulina
Martínez Roldán como sucesora procesal de su padre Héctor
María Martínez Martínez, representada por su hermano Jorge
Iván Martínez Roldán
Demandada: Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal (UGPP)

Tema: reliquidación pensión de vejez exservidor público de la Rama Judicial−Decreto
546 de 1971. Subtema 1: factores salariales.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado resuelve el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 25
de agosto de 2022 por el Tribunal Administrativo de Casanare, mediante la cual se
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

CAJANAL EICE mediante la Resolución 33489 del 6 de octubre de 2005, reconoció la
pensión de jubilación a Héctor María Martínez Martínez, condicionada a demostrar el
retiro definitivo. Posteriormente, a través de la Resolución RDP 003355 del 21 de
febrero de 2021 se reconoció la pensión de sobrevivientes a partir del 29 de junio de
2018, día siguiente al fallecimiento del causante, a Yaneth Paulina Martínez Roldán,
en calidad de hija inválida, en un porcentaje equivalente al 25% de la mesada
devengada, representada por Jorge Iván Martínez Roldán, en calidad de persona de
apoyo. Inconforme con el monto de la pensión, la demandante solicita la nulidad parcial
del acto acusado y que se reconozca la prestación de la forma solicitada.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. Héctor María Martínez Martínez (causante) y posteriormente Yaneth Paulina
Martínez Roldán, en su condición de sucesora procesal para todos los afectos del
presente proceso, por conducto de apoderado judicial, presentó demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho1 de acuerdo con las pretensiones, hechos y
fundamentos jurídicos que a continuación se expresan.

1
Según el medio de control previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, en adelante CPACA. La demanda fue presentada el 28 de mayo de 2012, conforme al «ACTA
INDIVIDUAL DE REPARTO» visible en el índice 4 del expediente electrónico de Samai del Tribunal Administrativo de Casanare.

Radicación: 850012-33-33-000-2013-00138-02 (6012-2022)
Demandante: Yaneth Paulina Martínez Roldán
Demandada: UGPP

2.1.1. Pretensiones

2.Solicitó2 que se declarara la nulidad parcial de la Resolución 33489 del 6 de octubre
de 2005, por medio de la cual se le reconoció la pensión de jubilación a Héctor María
Martínez Martínez en virtud del Decreto 546 de 1971.

3. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se condene a la UGPP a: i)
reliquidar y pagar a la demandante la pensión de vejez reconocida a Héctor María
Martínez Martínez teniendo en cuenta el 75% de la asignación mensual más elevada
que devengó durante su último año de servicios; ii) cancelar a la sucesora procesal
reconocida, las diferencias pensionales que resulten a su favor, junto con la
indexación; iii) pagar intereses corrientes moratorios.

2.1.2. Hechos

4. La Sala sintetiza los principales hechos del caso de la siguiente manera:

1) Héctor María Martínez Martínez laboró para la Rama Judicial del Poder Público
desde 1968 hasta el 30 de septiembre de 2006.

2). El causante en el último año de servicio, comprendido entre el 1 de octubre de 2005
hasta el 30 de septiembre de 2006, recibió en el último mes la asignación más alta
devengada según certificado, en cuantía de $3.578.865.

3) CAJANAL EICE hoy UGPP mediante la Resolución 33489 del 6 de octubre de 2005,
reconoció la pensión de vejez a favor del señor Héctor María Martínez Martínez por un
valor de $1.379.631, es decir, no se reconoció el derecho con lo que verdaderamente
ha debido establecerse en el monto de la pensión presentando una diferencia para ese
tiempo de $1.304.513,34.

4) Los factores salariales que fueron tenidos en cuenta para liquidar el monto de la
pensión fueron: asignación básica, bonificación por servicios, prima de antigüedad y
sobresueldo, pero del promedio de lo devengado durante los últimos 9 años y 9 meses,
con lo cual se desconoció también el régimen de transición a que tiene derecho la
demandante.

5) El señor Héctor María Martínez Martínez, adelantó la respectiva conciliación en
derecho como requisito de procedibilidad, la cual se declaró agotada y fracasada
mediante acta del 26 de noviembre 2012 por parte de la Procuraduría.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

5. El demandante citó como normas violadas las siguientes: la Constitución Política,
artículos 1, 2, 6, 11, 13, 46, 29, 48, 49, 58, 113, 228 y 229 en conexidad 23, 25, 29 y
53; la Ley 100 de 1993, artículos 11 y 36; y los decretos 546 de 1971, 1660, 717, 911
y 1045 de 1978.

6.Además, citó las sentencias C-027 y C-168 de 1995, fallos SU-430 de 1998 y T-
1752 de 2000.

7. En el concepto de violación expuso lo siguiente:

2
Índice 3 del Samai del Tribunal Administrativo de Casanare, archivo 1RECIBEMEMORIALES_02DEMANDA(.PDF) NroActua 3.

2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 850012-33-33-000-2013-00138-02 (6012-2022)
Demandante: Yaneth Paulina Martínez Roldán
Demandada: UGPP

a) Sostuvo que el régimen aplicable no es la Ley 100 de 1993 sino lo establecido por el
Decreto 546 de 1971, reglamentado por el Decreto 1660 de 1978 y no como lo señaló
la resolución demandada.

b) Precisó que el artículo 6 del Decreto 546 de 1971 señaló que los hombres al cumplir
los 55 años de edad y 20 años de servicio, de los cuales, al menos 10 hayan sido
prestado en estas instituciones tendrán derecho a una pensión ordinaria vitalicia de
jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que hubieran
devengado en el último año de servicio.

c) Manifestó que Héctor María Martínez Martínez, para el 1 de abril de 1994, contaba
más de 40 años de edad y más de 15 años de servicio, lo que lo hace beneficiario del
régimen de transición y del régimen especial anterior, es decir, los Decretos 546 de
1971, 717, 911 y 1045 de 1978, anterior a la vigencia de la Ley 100 de 1993 en cuanto
al monto de la pensión.

2.2. Contestación de la demanda

8. La UGPP 3, se opuso a las pretensiones, y señaló que al demandante se le aplicó
régimen de transición, para lo cual se tiene en cuenta la edad, tiempo de servicios y
monto pensional contenidos en el Decreto 546 de 1971, pero las demás condiciones y
requisitos se rigen por lo establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que la
reglamentan, con los factores salariales efectivamente cotizados al sistema pensional
y que se encuentren contemplados en el Decreto 1158 de 1994.

9.Finalmente, propuso las excepciones denominadas «Ineptitud sustantiva por
ausencia de agotamiento de actuación administrativa», «ineptitud sustantiva de la
demanda», y «prescripción».

2.3. Sentencia de primera instancia

10. El Tribunal Administrativo de Casanare, mediante sentencia del 25 de agosto de
20224 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, sin condena en costas.

a) Precisó que en el expediente reposa la constancia de que Héctor María Martínez
Martínez trabajó del 1 de mayo de 1968 hasta el 30 de septiembre de 2006 en la Rama
Judicial.

b) Sostuvo que se encuentran probados los emolumentos devengados por el señor
Héctor María Martínez Martínez (Q.E.P.D.) durante el lapso de 1996 a 2006. De esas
sumas, de conformidad con lo establecido en la sentencia de unificación SUJS2 021
de 2020 del 11 de junio 2020, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado,
los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, el artículo 1.° del Decreto 1158 de 1994,
al igual que por los artículos 14 de la Ley 4ª. de 1992 con la modificación de la Ley 332
de 1996, el artículo 1.° del Decreto 610 de 1998, el artículo 1.° del Decreto 1102 de
2012, el artículo 1.° del Decreto 2460 de 2006, el artículo 1.° del Decreto 3900 de 2008
y el artículo 1.° del Decreto 383 de 2013, solo constituyen factores para liquidar la
pensión, las siguientes:

a.- Asignación básica mensual.
b.- Prima de antigüedad.

3
Índice 11 del Samai del Tribunal Administrativo de Casanare.
4
Índice 66 del Samai del Tribunal Administrativo de Casanare.

.
3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 850012-33-33-000-2013-00138-02 (6012-2022)
Demandante: Yaneth Paulina Martínez Roldán
Demandada: UGPP

c.- Bonificación por servicios prestados a partir del 1 de enero de 1997, según lo
establecido en el artículo 1 del Decreto 247 de 1997.
d.- Y el sobresueldo creado por el artículo 17 del Decreto 57 de 1993.

Por lo tanto, no hay derecho a la reliquidación de la pensión con todos los factores
salariales y prestacionales más elevados percibidos en el último año de servicios,
como se solicitó en la demanda, motivo por el cual esa pretensión será negada.

c) Indicó que como el retiro de Héctor María Martínez Martínez se produjo el 30 de
septiembre de 2006, acorde con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993,
la liquidación deberá realizarse con el promedio devengado desde 1 de octubre de
1996 al 30 de septiembre de 2006, por los conceptos anteriormente citados y a la suma
resultante se le aplicará el 75% y esa será la pensión a partir del 1 de octubre de 2006.

d) Sostuvo que hay lugar a declarar la prescripción trienal de las mesadas anteriores
al 10 de agosto de 2009, puesto que el señor Héctor María Martínez Martínez agotó el
requisito de procedibilidad y convocó el 10 de agosto de 2012 a la entidad demandada
a conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación, solicitando la
reliquidación de la pensión, con lo cual interrumpió la prescripción desde 3 años atrás.

e) Indicó que Héctor María Martínez Martínez (Q.E.P.D.) falleció el 28 de 2018. A raíz
de su muerte, dentro del presente proceso se tramitó sucesión procesal, estableciendo
que la única heredera con vocación para adquirir la pensión de sobrevivientes del
fallecido era su hija Yaneth Paulina Martínez Roldán, quien, debido a su incapacidad
absoluta, se encuentra representada por su hermano Jorge Iván Martínez Roldán. Por
lo tanto, ella representa a su padre para todos los efectos legales.

f) Finalmente, dispuso ordenar a la UGPP reliquidar la pensión de vejez de Héctor María
Martínez Martínez, con el 75% del promedio de lo devengado durante los últimos 10
años de servicios, esto es, del 1 de octubre de 1996 al 30 de septiembre de 2006 con
la inclusión de los factores de asignación básica mensual, prima de antigüedad,
bonificación por servicios prestados y sobresueldo, efectiva a partir del 1 de octubre
de 2006 y que las mesadas anteriores al 10 agosto del 2009 están prescritas.

2.4. Recurso de apelación

11. La UGPP, a través de apoderado interpuso recurso de apelación contra la sentencia
de primera instancia, y reiteró los argumentos de la contestación de demanda, además
señaló que el a quo realizó una indebida interpretación de la norma aplicable al caso,
toda vez, la liquidación del beneficio pensional del cual es titular la parte demandante,
cumplió con los requisitos de ley al ser éste beneficiario del régimen de transición, por
ende su Ingreso Base de Liquidación - IBL, que ordena la Ley 100 de 1993, se realizó
con el promedio de lo devengado sobre el salario de 10 años o lo que le hiciere falta
para el reconocimiento de la pensión.

12. Finalmente, precisó que no hay lugar a la nulidad de la resolución demandada, por
cuanto en el proceso no se desvirtuó la legalidad de esta, pues la liquidación realizada
por la entidad cumple a cabalidad con la normativa aplicable, por lo tanto, es totalmente
ilegal ordenar liquidar nuevamente la pensión del causante, pero teniendo en cuenta
los 10 últimos años anteriores al retiro, es decir hasta el 30 de septiembre de 2006 5.

5
Índice 72 del expediente electrónico del Samai del Tribunal Administrativo de Casanare.
4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 850012-33-33-000-2013-00138-02 (6012-2022)
Demandante: Yaneth Paulina Martínez Roldán
Demandada: UGPP

2.5. Trámite de segunda instancia

13. El recurso de apelación fue admitido por el despacho sustanciador a través de auto
del 23 de febrero de 20236 y conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA,
modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 20217, no se dio traslado a las partes
para alegar porque no fue necesario el decreto de pruebas.

2.6. El Ministerio Público

14. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

15. El presente asunto es de competencia de esta corporación de conformidad con lo
establecido en el inciso 1 del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de Estado
conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Problema jurídico y metodología de su resolución

16. De acuerdo con lo expuesto, la Sala analizará el fondo del asunto a partir del
siguiente problema jurídico: ¿la reliquidación de la pensión de vejez de Héctor María
Martínez Martínez (Q.E.P.D.) conforme al régimen especial contenido en el Decreto 546
de 1971 se debe realizar con el promedio de los último 10 años de servicio y con la
inclusión de los nuevos valores de los factores salariales ya reconocidos en el acto
administrativo de reconocimiento, ajustados a la fecha de retiro?

17. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala reseñará, en primer lugar, los
factores que se deben tener en cuenta para la liquidación y/o reliquidación de una
pensión reconocida con fundamento en el Decreto 546 de 1971; y en segundo lugar,
estudiará el caso en concreto.

3.3. Régimen pensional del Decreto 546 de 1971

18. A pesar de que en este proceso no es objeto de discusión la aplicación de dicha
normatividad a la demandada, pues así lo han aceptado las partes, es ineludible para
la Sala establecer los factores salariales que se deben tener en cuenta para liquidar o
reliquidar la pensión contenida en el Decreto 546 de 19718, que en su artículo 6°,
señala:

«Artículo 6°. Los funcionarios y empleados a que se refiere este Decreto, tendrán
derecho al llegar a los 55 años de edad, si son hombres y de 50, si son mujeres, y
cumplir 20 años de servicio continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la
vigencia de este Decreto, de los cuales por lo menos 10 lo hayan sido exclusivamente
a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades, a una pensión
ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual más
elevada que hubiere devengado en el último año de servicio en las actividades citadas».

19. De lo anterior deviene que los requisitos para beneficiarse de la pensión mensual
vitalicia de jubilación de los empleados y funcionarios de la Rama Judicial y el
6
Índice 8 del expediente electrónico de Samai.
7
Por medio de la cual se reforma el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo -ley 1437 de 2011-
y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción.
8
«Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional,
del Ministerio Público y de sus familiares»
5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 850012-33-33-000-2013-00138-02 (6012-2022)
Demandante: Yaneth Paulina Martínez Roldán
Demandada: UGPP

Ministerio Público son haber servido 20 años continuos o discontinuos, de los cuales
10 hayan sido en tal condición y llegar a la edad de 55 años (hombres) o 50 años
(mujeres). Igualmente, determina que la cuantía será del 75% de la asignación
mensual más elevada devengada en el último año de servicio en actividades de la
Rama Judicial y/o del Ministerio Público.

20. Ahora bien, respecto al ingreso base de liquidación, en adelante IBL, aplicable a los
destinatarios de este régimen pensional especial, en virtud del régimen de transición
contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, esta Sección profirió sentencia
de unificación el 11 de junio de 20209, en la que indicó:

«Con los elementos del régimen anterior consagrados en el artículo 6.º del Decreto 546
de 1971 que son: a) la edad de 50 años si es mujer o de 55 años si es hombre; b) el
tiempo de servicios de 20 años, continuos o discontinuos anteriores o posteriores a la
vigencia de dicho decreto; c) de esos 20 años de servicio, por lo menos 10 años lo hayan
sido exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas
actividades; d) la tasa de reemplazo del 75%; e) el ingreso básico de liquidación de que
tratan los artículos 21 y 36, inciso 3.°, de la Ley 100 de 1993, según el caso; es decir, si
le faltare más de 10 años, será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha
cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión
actualizados anualmente con base en la IPC certificado por el DANE, y si le faltare
menos de 10 años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación
será: (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el
cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base
en IPC certificado por el DANE; y f) con los factores de liquidación contemplados por el
artículo 1.° del Decreto 1158 de 1994 al igual que por los artículos 14 de la Ley 4ª. de
1992 con la modificación de la Ley 332 de 1996; 297 1.° del Decreto 610 de 1998; 1.°
del Decreto 1102 de 2012; 1.° del Decreto 2460 de 2006; 1.° del Decreto 3900 de 2008;
y 1.° del Decreto 383 de 2013, según se trate de magistrados o empleados de la Rama
Judicial o del Ministerio Público».[Subraya la Sala]

21. En razón a lo anterior, los servidores de la Rama Judicial y del Ministerio Público
que les resulta aplicable el régimen de transición establecido por la Ley 100 de 1993,
tienen salvaguardados elementos del régimen anterior, Decreto 546 de 1971; no
obstante, el ingreso base de liquidación de esas prestaciones es el indicado en la Ley
100 de 1993, por lo que debe ser igual, a la suma del período preciso con el cual debe
ser consolidado el ingreso base de liquidación, artículos 21 y 36 (inciso 3°), según el
caso; y los factores previstos como integrantes de la base de cotizaciones al sistema,
son los contemplados por las siguientes normas:

(i) Artículo 1 del Decreto 1158 de 1994: asignación básica mensual, gastos de
representación, prima técnica, cuando sea factor de salario; primas de
antigüedad, ascensional de capacitación cuando sean factor de salario;
remuneración por trabajo dominical o festivo, remuneración por trabajo
suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna y
bonificación por servicios prestados;
(ii) Artículo 14 de la Ley 4ª de 1992: prima especial;
(iii) Artículo 1 del Decreto 610 de 1998: bonificación por compensación;
(iv) Artículo 1 del Decreto 1102 de 2012: bonificación por compensación;
(v) Artículo 1 del Decreto 2460 de 2006: prima de productividad;
(vi) Artículo 1 del Decreto 3900 de 2008: bonificación por actividad judicial y;
(vii) Artículo 1 del Decreto 383 de 2013: bonificación judicial; según se trate de
magistrados o empleados de la Rama Judicial.

9
Expediente 15001-23-33-000-2016-00630-01 (4083-2017)10.
6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 850012-33-33-000-2013-00138-02 (6012-2022)
Demandante: Yaneth Paulina Martínez Roldán
Demandada: UGPP

3.4. Estudio del caso concreto

3.4.1. Hechos probados

22. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente se puede establecer
lo siguiente:

a) Héctor María Martínez Martínez (q.e.p.d.) nació el 16 de septiembre de 194810, de
conformidad con la cédula de ciudadanía, por lo que cumplió 55 años de edad el 16
de septiembre de 2003.

b) Conforme al «CERTIFICADO DE TIEMPOS DE SERVICIOS», expedido el 10 de
septiembre de 201411 por la Dirección Seccional de Administración Judicial, el
demandante laboró en la Rama Judicial desde el 1/05/1968 al 30/09/2006.

c) Mediante la Resolución 33489 del 6 de octubre de 200512, CAJANAL EICE hoy UGPP
reconoció la pensión de vejez a favor del señor Héctor María Martínez Martínez, con
un IBL de $1,839,514.15 y reconocida en la cuantía de $1.379.631, con los factores
devengados entre el 01 de abril de 1994 y el 30 de diciembre de 2003, esto es,
asignación básica, prima de antigüedad, bonificación por servicios prestados,
sobresueldo, sin tener en cuenta laboró hasta el 30 de septiembre de 2006.

d) A través del auto del 2 de mayo de 202213, proferido por el Tribunal Administrativo
de Casanare, se reconoció a Yaneth Paulina Martínez Roldán, representada por el
señor Jorge Iván Martínez Roldán, como sucesora procesal de su padre Héctor María
Martínez Martínez para todos los efectos legales dentro del presente proceso.

3.4.2. Análisis sustancial de la Sala

23. Para resolver el problema jurídico inicial la Sala considera que aunque no se discute
en el presente proceso la aplicación al demandante del régimen de transición y en
consecuencia, si es beneficiario del régimen especial de la Rama Judicial y el
Ministerio Público establecido en el Decreto 546 de 1971, sí se ha planteado en la
demanda la nulidad de un acto administrativo de reconocimiento pensional, por lo que
es necesario analizar el cumplimiento de los requisitos para la aplicación del régimen
de transición y del Decreto 546 de 1971, y posterior a ello, proceder a verificar el IBL
que debió tenerse en cuenta al reliquidar la pensión de vejez atacada judicialmente.

24. Según el material probatorio aportado al proceso por las partes, Héctor María
Martínez Martínez es beneficiario del régimen de transición contenido en el artículo 36
de la Ley 100 de 1993 porque para el 30 de junio de 1995, fecha de entrada en vigencia
de la mencionada Ley a nivel territorial, tenía 47 años de edad, pues nació el 16 de
septiembre de 1948.

Analizado lo anterior, se tiene en cuenta que el demandante laboró para la Rama
Judicial por más de 38 años14, por lo que el régimen de transición le resulta aplicable
para su reconocimiento pensional, así como el artículo 6 del Decreto 546 de 1971.
Dicha norma establece como requisitos para acceder a la pensión 55 años de edad,
en el caso de los hombres, y 20 años de servicios, continuos o discontinuos anteriores
o posteriores a su vigencia, de los cuales por lo menos 10 años hayan sido a la Rama

10
Índice 73 del Samai del Tribunal Administrativo de Casanare, folio 201.
11
Índice 12 del Samai del Tribunal Administrativo de Casanare, anexos de la reforma a la demanda.
12
Índice 3 del Samai del Tribunal Administrativo de Casanare, anexos de la demanda.
13 Índice 44 del Samai de Tribunales
14
Índice 12 del Samai del Tribunal Administrativo de Casanare, anexos de la reforma a la demanda.

7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 850012-33-33-000-2013-00138-02 (6012-2022)
Demandante: Yaneth Paulina Martínez Roldán
Demandada: UGPP

Jurisdiccional o al Ministerio Público, o en ambas. Exigencias que cumplió Héctor
María Martínez Martínez porque los 55 años de edad los cumplió el 16 de septiembre
de 2003 y laboró como empleado de la Rama Judicial por más de 32 años, del
1/05/1968 al 30/09/2006, acumulando un tiempo total de labores de más de 38 años
en la Rama Judicial, como único empleador.

25. Se debe advertir, que el actor consolidó su estatus de pensionado por el régimen
especial del Decreto 546 de 1971 al cumplimiento de los 55 años de edad, es decir, el
16 de septiembre de 2003, no obstante, se retiró del servicio el 30 de septiembre de
2006, por lo que le faltaban más de 10 años para consolidar el estatus pensional con
respecto a la vigencia de la Ley 100 de 1993.

26. También se debe resaltar que, al iniciar su labor desde el 1 de mayo de 1968, para
el 25 de julio de 2005, fecha de entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005,
contaba con más de 20 años de servicio, es decir que tenía más de 750 semanas
cotizadas, por lo que conservó el régimen de transición.

27. Queda claro entonces para la Sala que, tal como se determinó en el acto
administrativo de reconocimiento pensional, a Héctor María Martínez Martínez le es
aplicable el régimen especial del Decreto 546 de 1971.

28. Ahora bien, se toma en consideración que esta corporación ha unificado los
parámetros que se deben atender al momento de determinar el IBL de las pensiones
reconocidas a través del régimen de transición de que trata la Ley 100 de 1993, como
lo son las sentencias de unificación del 28 de agosto de 2018 y del 11 de junio de
2020.

29. En la primera sentencia estableció la Sala Plena que tendría efectos retrospectivos
a todos aquellos asuntos pendientes de solución en vía administrativa y judicial,
excepto en los casos donde operara la cosa juzgada, los cuales son inmodificables.
La regla de unificación fijada se refirió a que «[e]l Ingreso Base de Liquidación del
inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de
transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los
requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones
previsto en la Ley 33 de 1985». A su vez, fijó dos subreglas jurisprudenciales referentes
a (i) el IBL para los beneficiarios del régimen de transición es el previsto en el inciso
tercero del artículo 36 o el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según corresponda, y (ii)
solo se incluirán en el ibl aquellos factores sobre los que se hayan efectuado aportes
o cotizaciones al sistema.

30. Esta línea interpretativa se replicó en sentencia de unificación del 11 de junio de
202015 donde se definió que quienes a través del régimen de transición de la Ley 100
de 1993 cumplieran los requisitos del Decreto 546 de 1971 quedaban cobijados con la
edad, tiempo de servicios y tasa de reemplazo del 75%, con exclusión del IBL, pues
en tal sentido se aplicarían los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, según
corresponda, así como los factores fijados en los decretos 1158 de 1994, 610 de 1998,
1102 de 2012, 2460 de 2006, 3900 de 2008 y 383 de 2013 y la Ley 4 de 1992 con la
modificación de la Ley 332 de 1996, según el caso.

31. Analizado lo anterior, debe la Sala sostener, tal como lo ha expresado en
oportunidades anteriores en asuntos que guardan similitud al presente, que los citados
fallos de unificación:

15
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2016-00630-01(4083-17) CE-SUJ-S2-021-20, sentencia de
unificación CE-SUJ-S2-021-20.
8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 850012-33-33-000-2013-00138-02 (6012-2022)
Demandante: Yaneth Paulina Martínez Roldán
Demandada: UGPP

«[…]

Es así, que, en la sentencia del 28 de agosto de 2018, al establecer sus efectos se
resaltó que:

“117. No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia
de unificación las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en
el régimen de transición, con fundamento en la tesis que sostenía la
Sección Segunda del Consejo de Estado, lo fueron con abuso del
derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer un
recurso extraordinario de revisión contra una sentencia que haya
reconocido una pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada caso, el que
defina la prosperidad o no de la causal invocada.”

Y en el fallo del 11 de junio de 2020, se dijo lo siguiente:

“No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de
unificación las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el
régimen de transición, con fundamento en tesis anteriores que sostuvo la
Sección Segunda del Consejo de Estado, la cuales replanteó la Sala
Plena, lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera que
si se llegare a interponer recurso extraordinario de revisión contra
sentencia ejecutoriada que haya reconocido la pensión con fundamento
en jurisprudencia diferente a la ratio decidendi aquí expuesta, prevalecerá
el carácter de cosa juzgada, sin perjuicio de lo previsto en las causales
de revisión reguladas en el artículo 250 del CPACA.”

Para luego establecer en la parte resolutiva de esa misma providencia la siguiente regla:

“SEGUNDO: Advertir a la comunidad en general que las consideraciones
expuestas en esta providencia en relación con el tema que se unifica
jurisprudencia, tienen aplicación retrospectiva, y que la regla
jurisprudencial fijada es vinculante en los siguientes casos: (i) respecto
de los asuntos similares que actualmente se están tramitando en el seno
de la administración; (ii) respecto de los procesos similares que se están
adelantando en juzgados, tribunales administrativos y Consejo de
Estado. En consecuencia, no tiene efectos respecto de aquellos asuntos
en los que ya existe sentencia ejecutoriada. En tal virtud, los conflictos
judiciales ya resueltos están amparados por la cosa juzgada y en
consecuencia resultan inmodificables.

Tampoco puede entenderse, en principio, que por virtud de esta
sentencia de unificación las pensiones que han sido reconocidas o
reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en tesis
anteriores que sostuvo la Sección Segunda del Consejo de Estado, la
cuales replanteó la Sala Plena, lo fueron con abuso del derecho o fraude
a la ley; de manera que si se llegare a interponer recurso extraordinario
de revisión contra sentencia ejecutoriada que haya reconocido la pensión
con fundamento en jurisprudencia diferente a la ratio decidenci aquí
expuesta, prevalecerá el carácter de cosa juzgada, sin perjuicio de lo
previsto en las causales de revisión reguladas en el artículo 250 del
CPACA.”

Este recorrido jurisprudencial sirve para evidenciar que, aunque la tesis que permitía el
reconocimiento pensional con todos los factores salariales devengados en el último año
de servicios para aquellas personas beneficiarias del régimen de transición de la Ley
100 de 1993, fue revisada por esta Corporación a partir del fallo del 28 de agosto de
2018, esto no conduce inexorablemente a calificar como contrarios al ordenamiento
jurídico aquellas prestaciones periódicas concedidas con aquella postura, luego que esta

9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 850012-33-33-000-2013-00138-02 (6012-2022)
Demandante: Yaneth Paulina Martínez Roldán
Demandada: UGPP

hipótesis solo sería admisible en casos en que exista abuso del derecho o fraude a la
Ley.[…]» 16.

32. Así las cosas, al momento de la expedición de la sentencia de primera instancia del
25 de agosto de 2022, en esta jurisdicción existe una posición jurisprudencial respecto
de los factores salariales que deben integrar el IBL, establecidas por las sentencias de
unificación de agosto 28 de 2018 y 11 de junio de 2020.

33. El a quo, en la sentencia proferida en primera instancia, declaró la nulidad parcial
de la Resolución 33489 del 6 de octubre de 2005 y, como consecuencia, ordenó a la
demandada reliquidar la pensión de Héctor María Martínez Martínez, conforme a las
reglas establecidas en la sentencia de unificación del 11 de junio de 2020, esto es, con
sujeción a las condiciones de edad, tiempo de servicios y tasa de reemplazo
establecidas en el artículo 6 del Decreto 546 de 1971, teniendo en cuenta para tal
efecto los factores de asignación básica mensual, prima de antigüedad, bonificación
por servicios prestados y sobresueldo, la cual se hará a partir del 1 de octubre de 2006,
fecha en que se retiró del servicio.

34. Sin embargo, la demandada, en el recurso de apelación insistió en que la pensión
del actor fue reconocida conforme con la normativa aplicable al caso concreto y con
los factores salariales correspondientes.

35. Por lo tanto, la Sala, a continuación, verificará si en el acto administrativo acusado
no se incluyó algún factor salarial establecido en la referida normativa y si en la
sentencia proferida en primera instancia se tuvo en cuenta algún factor adicional que,
según el criterio jurisprudencial vigente, debe ser excluido:

Artículo 1° del Decreto 1158 de Factores devengados entre Factores objeto de
1994, artículo 1° del Decreto 1996 y 200617 reliquidación en la
2460 de 2006 y artículo 1 del sentencia proferida en
Decreto 383 de 2013 primera instancia
Asignación básica mensual Asignación básica mensual Asignación básica
Gastos de representación
Prima técnica, cuando sea factor
de salario
Primas de antigüedad, Prima de antigüedad Prima de antigüedad
ascensional de capacitación
cuando sean factor de salario

Remuneración por trabajo
dominical o festivo
Remuneración por trabajo
suplementario o de horas extras, o
realizado en jornada nocturna
Bonificación por servicios Bonificación por servicios Bonificación por
prestados prestados servicios prestados
Prima anual para mejorar la
productividad
Bonificación judicial Bonificación judicial
Sobresueldo Sobresueldo

36. Respecto a los factores salariales, el Decreto 1158 de 1994 incluye la asignación
básica, la prima de antigüedad y la bonificación por servicios, y en el Decreto 57 de
1993 el sobresueldo del 2.5%. Por lo anterior, se precisa que los factores de asignación
básica mensual, prima de antigüedad, bonificación por servicios prestados y
sobresueldo ordenados por Tribunal, están acorde con las normas y la jurisprudencia
que regulan la materia, se precisa que los factores reconocidos en la Resolución 33489
del 24 de octubre de 2005, son los mismos con los cuales se reliquida en la sentencia

16
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 5 de diciembre de 2024, radicado: 76001-23-33-000-2017-
01426-01 (4599-2023), demandante COLPENSIONES, demandado: Esteban Manrique Galindo y Coomeva EPS en liquidación.
17
Índice 3 del Samai del Tribunal del Casanare.
10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 850012-33-33-000-2013-00138-02 (6012-2022)
Demandante: Yaneth Paulina Martínez Roldán
Demandada: UGPP

de primera instancia, pero los valores son distintos porque en el acto administrativo de
reconocimiento pensional se tuvo en cuenta desde el 1 de abril de 1994 y el 30 de
diciembre de 2003.

37. De conformidad con lo anterior, para la Sala es claro que, en este caso, la entidad
demandada liquidó el IBL del causante con los factores salariales correspondientes
desde el 1 de abril de 1994 al 30 de diciembre de 2003, sin embargo, lo que está en
discusión es que la pensión de vejez del causante se realice con el promedio de los
último 10 años de servicio, ajustados a la fecha de retiro, esto es, del 30 de septiembre
de 1996 al 30 de septiembre de 2006 y con la inclusión de los nuevos valores de los
factores salariales ya reconocidos en el acto administrativo. Por lo tanto, la respuesta
al problema jurídico es positiva.

3.5. Conclusión

38. Con fundamento en lo expuesto, la respuesta al problema jurídico planteado es que
la pensión de vejez de Héctor María Martínez Martínez debe ser reliquidada con un
periodo distinto al reconocido en el acto acusado, es decir, con el promedio de lo
devengado en los últimos 10 años de servicios y con la inclusión de los factores ya
reconocidos, ajustando sus valores a la fecha de retiro, tal y como lo ordenó el a quo.
Por lo tanto, la Resolución 33489 del 6 de octubre de 2005, mediante la cual se
reconoció el pago de una pensión de vejez al causante, en lo que atañe con el monto
de la pensión, pierde parcialmente la presunción de legalidad.

39. De otro lado, se adicionará la sentencia apelada, en el sentido de precisar que las
sumas de dinero reconocidas en el presente asunto a partir del 10 de agosto de 2012
hasta 28 de junio de 2018 se deberán pagar a la masa sucesoral y desde el 29 de junio
en adelante se deberán pagar a la demandante y a quien corresponda de acuerdo con
el porcentaje establecido en la sustitución pensional.

3.6. Costas

40. La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario 18 de la
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no
presupone la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio, sino
que es necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva respecto de
la conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe verificarse que la parte
vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria, etc. Así las cosas, en esta
oportunidad no se condenará en costas, porque no se advierte que la parte
demandante haya incurrido en las anteriores conductas.

18
La magistrada ponente en cambio considera, que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio objetivo
valorativo por varias razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de procedencia en materia de costas
para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo
365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP,
con el propósito de determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso
segundo del artículo 188 no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en
los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son producto de una
interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial como los artículos 265 a 269
del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del régimen
de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la
conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su
causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia de 7 de abril de 2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 850012-33-33-000-2013-00138-02 (6012-2022)
Demandante: Yaneth Paulina Martínez Roldán
Demandada: UGPP

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: Confirmar parcialmente la sentencia de primera instancia proferida el 25 de
agosto de 2022 por el Tribunal Administrativo de Casanare, por las razones expuestas
en la parte considerativa de esta providencia.

Segundo: Adicionar el numeral 7 al ordinal tercero de la sentencia apelada, el cual
quedará así:

Las sumas de dinero aquí reconocidas a partir del 10 de agosto de 2012 hasta 28
de junio de 2018 se deberá pagar a la masa sucesoral y desde el 29 de junio en
adelante se deberán pagar a la demandante y a quien corresponda de acuerdo
con el porcentaje establecido en la sustitución pensional.

Tercero: No condenar en costas en esta instancia.

Cuarto: En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas
las anotaciones en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En consecuencia,
conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, a
través del siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

12

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.