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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 85001-23-33-000-2013-00249-02

Fecha
22 de agosto de 2024
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 85001-23-33-000-2013-00249-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: ADICIONAR los numerales primero, segundo y tercero de la sentencia del 3 de mayo de 2024, que para todos los efectos quedará, así: “PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 4 de octubre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, que negó las pretensiones de la demanda instaurada por los señores Oromairo Avella Ballesteros, Germán Orozco Barrera y José Reinaldo Pérez Piragauta en contra de la Nación – Procuraduría General de la Nación, por las razones esbozadas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Como consecuencia de la decisión anterior, declarar la nulidad de los fallos disciplinarios del 30 de noviembre de 2011 y 27 de marzo de 2012, proferidos por la Procuraduría General de la Nación, que destituyeron e inhabilitaron a los señores Oromairo Avella Ballesteros, Germán Orozco Barrera y José Reinaldo Pérez Piragauta por el término de 18 años. TERCERO: ORDENAR a la Procuraduría General de la Nación, la eliminación en las bases de datos del registro de la sanción impuesta a los señores Oromairo Avella Ballesteros, Germán Orozco Barrera y José Reinaldo Pérez Piragauta, al quedar desvirtuada su presunción de legalidad.” SEGUNDO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.” TERCERO: Sin condena en costas. CUARTO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 85001-23-33-000-2013-00249-02

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

22 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., veintidós (22) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado :85001-2333-000-2013-00249-02
Número Interno :0172-2019
Demandante :Germán Orozco Barrera y otros
Demandada :Nación – Procuraduría General de la Nación
Medio de control :Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema :Sentencia complementaria
Decisión :Adicionar los numerales primero, segundo y tercero de la
sentencia del 3 de mayo de 2024

Decide la Sala la solicitud elevada el 22 de julio de 2024, por el apoderado de
Oromairo Avella Ballesteros, en la que solicita la adición de la sentencia de fecha 3
de mayo de 2024, proferida por esta Subsección, por medio de la cual se revocó la
decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Casanare, que negó las
pretensiones de la demanda instaurada por los señores Germán Orozco Barrera y
José Reinaldo Pérez Piragauta en contra de la Nación – Procuraduría General de
la Nación.
I. ANTECEDENTES

Los señores Germán Orozco Barrera, Oromairo Avella Ballesteros y José Reinaldo
Pérez Piragauta, acudieron a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el
fin que se declare la nulidad de los fallos disciplinarios de primera instancia del 30
de noviembre de 2011, suscrito por el Procurador Regional de Casanare, a través
del cual sancionó a los actores con destitución e inhabilidad general por el término
de 18 años y de segunda instancia del 27 de marzo de 2012, mediante el cual, el
Procurador Primero Delegado para la Vigilancia Administrativa confirmó la decisión
de primera instancia.

Número Interno: 0172-2019.
Demandantes: Germán Orozco Barrera y otro.
Demandada: Nación – Procuraduría General de la Nación.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó: (i) el pago de salarios, primas,
bonificaciones, subsidios e indemnizaciones desde la fecha en que fueron
suspendidos hasta la fecha de terminación de su periodo como concejales; (ii) el
pago de todos los daños y perjuicios ocasionados a los demandantes, como
reparación integral, perjuicios morales y materiales y a la vida en relación; (iii) la
actualización de las sumas mencionadas teniendo en cuenta para el efecto el Índice
de Precios al Consumidor (IPC); y, (vi) la condena en costas y agencias en derecho.

El Tribunal Administrativo de Casanare, mediante sentencia proferida el 4 de
octubre de 2018, negó las pretensiones de la demanda y no condenó en costas a la
parte demandante, concluyó que: «(…) las principales actuaciones surtidas en el
proceso disciplinario, se identificaron suficientes elementos probatorios para
imponer la sanción disciplinaria. No sólo se trató de la existencia de un video, sino
que la demandada hizo una valoración integral del material probatorio recaudado,
que incluyó letras de cambios, peticiones de renuncia al partido político y al concejo,
versiones libres, entre otros elementos que integralmente llevaron al
convencimiento y a la certeza de la existencia de los hechos constitutivos de falta
disciplinaria».

Inconforme con la anterior decisión, el apoderado de los señores German Orozco
Barrera y Oromairo Avella Ballesteros, solicitó que se revocara la sentencia de
primera instancia. Consideró que el a quo no cumplió con la exigencia constitucional
y legal para garantizar que el video cumpliera con los estándares para que pudiera
constituirse como prueba.

Igualmente, el apoderado del señor José Reinaldo Pérez Piragauta solicitó que se
revocara la sentencia de primera instancia-

Esta Subsección, al resolver el recurso de apelación interpuesto, a través de la
sentencia del 3 de mayo de 2024, decidió revocar la sentencia apelada, para en su
lugar, acceder a las pretensiones, en los siguientes términos:

“PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 4 de octubre de 2018, proferida
por el Tribunal Administrativo de Casanare, que negó las pretensiones de
la demanda instaurada por los señores Germán Orozco Barrera y José
Reinaldo Pérez Piragauta en contra de la Nación – Procuraduría General
de la Nación, por las razones esbozadas en la parte motiva de esta
providencia.

Número Interno: 0172-2019.
Demandantes: Germán Orozco Barrera y otro.
Demandada: Nación – Procuraduría General de la Nación.

SEGUNDO: Como consecuencia de la decisión anterior, declarar la
nulidad de los fallos disciplinarios del 30 de noviembre de 2011 y 27 de
marzo de 2012, proferidos por la Procuraduría General de la Nación, que
destituyeron e inhabilitaron a los señores Germán Orozco Barrera y José
Reinaldo Pérez Piragauta por el término de 18 años.

TERCERO: ORDENAR a la Procuraduría General de la Nación, la
eliminación en las bases de datos del registro de la sanción impuesta a los
señores Germán Orozco Barrera y José Reinaldo Pérez Piragauta, al
quedar desvirtuada su presunción de legalidad.

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

(…)”
II. SOLICITUD DE ADICIÓN

Sostiene el peticionario que el fallo del 3 de mayo de 2024, no se pronunció sobre
el recurso de uno de sus representados, el señor Oromairo Avella Ballesteros, razón
por lo cual solicita adición de la sentencia.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Marco normativo

2.1.1. Procedencia y oportunidad para formular la solicitud de adición de
providencias.

De conformidad con el artículo 287 del Código General del Proceso, aplicable a
estos asuntos por autorización del artículo 306 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, las sentencias son susceptibles
de adición:

“Artículo 287. Adición. Cuando la sentencia omita resolver sobre
cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de
conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá
adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la
ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma
oportunidad.

El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del
inferior siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado;
pero si dejó de resolver la demanda de reconvención o la de un proceso
acumulado, le devolverá el expediente para que dicte sentencia
complementaria.

Número Interno: 0172-2019.
Demandantes: Germán Orozco Barrera y otro.
Demandada: Nación – Procuraduría General de la Nación.

Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su
ejecutoria, o a solicitud de parte presentada en el mismo término.

Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la
complementación podrá recurrirse también la providencia principal”.

De acuerdo con la anterior disposición, se establece que la adición a la sentencia
procede cuando se omita resolver sobre cualquier punto expuesto por cualquiera
de los extremos de la litis que debió ser ser objeto de pronunciamiento. En otras
palabras, esta figura procesal permite al juez corregir omisiones en que pudo
incurrir al momento de proferir la decisión judicial.

En tal sentido, esta Subsección ha sostenido que: «(…) una providencia judicial es
susceptible de adición cuando el juez omite, se abstiene o deja de pronunciarse
sobre aspectos relevantes de la litis respecto de los cuales debía resolver, sin que
por dicha facultad le sea dable reformar el sentido de su pronunciamiento, o
implique cambios en el fondo de la providencia adicionada1».

La solicitud de adición a la sentencia procede de oficio o petición de parte y debe
proponerse dentro del término de ejecutoria de la providencia respectiva, teniendo
en cuenta que aquellas decisiones: «que sean proferidas por fuera de audiencia
quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas, cuando carecen de
recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren
procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los
interpuestos».2

En este caso, la parte demandante solicita que se adicione la sentencia de segunda
instancia del 3 de mayo de 2024, proferida por esta Corporación, teniendo en cuenta
que se omitió pronunciamiento en relación el demandante Oromairo Avella
Ballesteros.

Sobre el particular debe anotarse que en la sentencia objeto de solicitud de adición,
se advierte que, en la parte considerativa y resolutiva del fallo en cuestión, no hizo
pronunciamiento alguno del recurso de apelación del señor Oromairo Avella
Ballesteros el cual fue presentado por su representante legal, el cual también ejercía
el derecho de defensa de los otros dos demandantes Germán Orozco Barrera y
José Reinaldo Pérez Piragauta.

1
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. César Palomino Cortés, sentencia complementaria del 25 de
noviembre de 2021, radicado: 13001233100020070049902.
2
Inciso 2.º del artículo 302 del CGP.

Número Interno: 0172-2019.
Demandantes: Germán Orozco Barrera y otro.
Demandada: Nación – Procuraduría General de la Nación.

Al respecto debe señalarse que, de inicio le asiste razón al señor Avella Ballesteros,
en cuanto se omitió realizar el estudio en su caso particular en contra la sentencia
del 4 de octubre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, que
negó las pretensiones de la demanda.

2.2. Problema jurídico

En los términos del recurso de apelación interpuesto por los demandantes le
corresponde a la Sala establecer si revoca la sentencia del Tribunal Administrativo
de Casanare que negó las pretensiones; para el efecto, la Subsección deberá
analizar el siguiente problema jurídico:

«Fueron procedentes las sanciones disciplinarias impuesta al señor Oromairo
Avella Ballesteros por parte de la Procuraduría General de la Nación, que los
destituyó e inhabilitó, pese a que, aparentemente, existió una falta de competencia,
no hubo una debida valoración probatoria y se vulneró el debido proceso.»

Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.3. marco normativo y jurisprudencial; 2.4. hechos probados; y 2.5. caso
concreto.

En los términos del recurso de apelación interpuesto por el demandante le
corresponde a la Sala establecer si revoca la sentencia del Tribunal Administrativo
de Casanare que negó las pretensiones; para el efecto, la Sala deberá analizar el
siguiente problema jurídico:

Fue procedente la sanción disciplinaria impuesta al señor Oromairo Avella
Ballesteros por parte de la Procuraduría General de la Nación, que lo destituyó e
inhabilitó, pese a que, aparentemente, existió una falta de competencia, no hubo
una debida valoración probatoria y se vulneró el debido proceso.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial en materia de derecho disciplinario3.

El debido proceso comprende un conjunto de principios materiales y formales de
obligatorio acatamiento por parte de los operadores disciplinarios, en cuanto

3
Estudio prohijado y adaptado de la sentencia de esta subsección en sentencia de 13 de agosto de 2018, Radicación: 11001-
03-25-000-2011-00482-00 (1915-11), demandante: Julio Eduardo Vargas Sarmiento contra la Procuraduría General de la
Nación y otro.

Número Interno: 0172-2019.
Demandantes: Germán Orozco Barrera y otro.
Demandada: Nación – Procuraduría General de la Nación.

constituyen derechos de los sujetos disciplinables que se traducen, entre otras
cosas, en la posibilidad de defenderse, presentar y controvertir pruebas e impugnar
las decisiones que los afecten; cuando ello no ocurre el sancionado puede acudir
ante el juez de lo contencioso-administrativo en demanda de nulidad de las
decisiones adoptadas por los funcionarios administrativos, si se evidencia una
violación del debido proceso.

La Corte Constitucional4, al respecto, ha sostenido: «Las garantías establecidas en
virtud del debido proceso administrativo, de acuerdo a la jurisprudencia sentada por
este alto Tribunal, son las siguientes: “(i)ser oído durante toda la actuación,(ii) a la
notificación oportuna y de conformidad con la ley, (iii) a que la actuación se surta sin
dilaciones injustificadas, (iv) a que se permita la participación en la actuación desde
su inicio hasta su culminación, (v) a que la actuación se adelante por autoridad
competente y con el pleno respeto de las formas propias previstas en el
ordenamiento jurídico, (vi) a gozar de la presunción de inocencia, (vii) al ejercicio
del derecho de defensa y contradicción, (viii) a solicitar, aportar y controvertir
pruebas, y (ix) a impugnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas
obtenidas con violación del debido proceso».

En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional5 también ha destacado los
elementos constitutivos de la garantía del debido proceso en materia disciplinaria;
se han señalado, entre otros: i) el principio de legalidad de la falta y de la sanción
disciplinaria, ii) el principio de publicidad, iii) el derecho de defensa y,
especialmente, el derecho de contradicción y de controversia de la prueba; iv) el
principio de la doble instancia, v) la presunción de inocencia, vi) el principio de
imparcialidad, vii) el principio de non bis in idem, viii) el principio de cosa juzgada y
ix) la prohibición de non reformatio in pejus.

Por otra parte, en el derecho disciplinario, el principio de legalidad se encuentra
consagrado en diversas disposiciones constitucionales: i) en los artículos 6° y 29,
que establecen que los servidores públicos no pueden “ser juzgados sino conforme
a las leyes preexistentes”, y “sólo son responsables por infringir la Constitución y la
ley”; ii) en los artículos 122 y 123, que prevén que los servidores públicos en el

4
Corte Constitucional, sentencia T-051 de 2016.
5
Corte Constitucional, sentencia T-1034 de 2006, magistrado ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. En igual sentido, las
sentencias C-310 de 1997, magistrado ponente: Carlos Gaviria Díaz; C-555 de 2001, magistrado ponente: Marco Gerardo
Monroy Cabra; T-1102 de 2005, magistrado ponente: Jaime Araujo Rentería; y T-330 de 2007, magistrado ponente: Jaime
Córdoba Triviño, entre otras.

Número Interno: 0172-2019.
Demandantes: Germán Orozco Barrera y otro.
Demandada: Nación – Procuraduría General de la Nación.

ejercicio de sus funciones se someterán a los comportamientos descritos en la
Constitución, la ley y el reglamento y, en todo caso, “no habrá empleo público que
no tenga funciones detalladas en la ley o reglamento”; y iii) en el artículo 124, que
le asigna al legislador la potestad normativa para crear, modificar o derogar el
régimen de responsabilidad al que se someten los servidores del Estado. Esta
última norma preceptúa que: “la ley determinará la responsabilidad de los servidores
públicos y la manera de hacerla efectiva”6.

Adicionalmente, en el campo del derecho disciplinario, la Corte Constitucional ha
precisado que existen particularidades importantes respecto del alcance de dicho
principio y, en esa medida, se ha admitido cierta flexibilidad7, la cual no es absoluta,
pues no puede ser ilimitada de forma que conduzca a la arbitrariedad de la
Administración en la imposición de las sanciones, por lo cual se vulnera este
principio “cuando se advierta vaguedad, generalidad e indeterminación en la
actuación del legislador, en la identificación de la conducta o en la sanción a
imponer, de manera que no permitan establecer con certeza las consecuencias de
una conducta”8.

En conclusión, el principio de legalidad no puede analizarse de manera abstracta,
sino que se manifiesta a su vez en tres principios: (i) reserva de ley9, (ii) tipicidad10
y (iii) lex praevia11.

Por otro lado, la jurisprudencia del Consejo de Estado había indicado que el control
judicial de los procedimientos disciplinarios no se trata de una tercera instancia, en
la cual se pudieran practicar pruebas que no fueron pedidas en el procedimiento
disciplinario y que sirvieron de sustento para la decisión en sede administrativa; se
impone la valoración de las practicadas, para desentrañar si se presentó un defecto
fáctico que amerite la anulación de los actos sancionatorios, puesto que si en el

6
Corte Constitucional, sentencia C-818-2005, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil
7
Corte Constitucional, sentencia T-1039 de 2006, magistrado ponente: Humberto Antonio Sierra Porto
8
Corte Constitucional, sentencia C-853 de 2005, magistrado ponente: Jaime Córdoba Triviño. Ver también las sentencias C-
343 de 2006 y C-507 de 2006, magistrado ponente: Manuel José Cepeda Espinosa.
9
En materia disciplinaria, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado ha establecido que el
señalamiento de los comportamientos reprochables disciplinariamente, así como las sanciones, los criterios para su fijación
y los procedimientos para adelantar su imposición, corresponden a una materia que compete desarrollar de manera exclusiva
a la ley, y a disposiciones con fuerza de ley.
10
En aras de preservar el principio de reserva de ley, es para el legislador un imperativo constitucional fijar en la ley
disciplinaria, como mínimo: (i) los presupuestos básicos de la conducta típica que será sancionada, (ii) las remisiones
normativas o los elementos determinables cuando se haya previsto un tipo en blanco, (iii) los criterios por medio de los cuales
se puede precisar con claridad y exactitud la conducta, (iv) las sanciones y las pautas mínimas que permitan su imposición
y (v) los procedimientos que se adelanten para garantizar que su establecimiento se hará conforme a las exigencias mínimas
del debido proceso
11
Adicionalmente, a las personas no se les puede aplicar una descripción de la conducta sancionada efectuada con
posterioridad a la realización de la misma, porque ello desconocería el principio de lex praevia.

Número Interno: 0172-2019.
Demandantes: Germán Orozco Barrera y otro.
Demandada: Nación – Procuraduría General de la Nación.

procedimiento disciplinario se burló el derecho de defensa o el debido proceso al
encartado, aquel no tiene otro recurso distinto para demostrar tal vulneración, tal
como lo señaló el Consejo de Estado, en la sentencia de 18 de marzo de 2010 12,
en los siguientes términos:

“(…) la relación entre el proceso disciplinario y el procedimiento contencioso
administrativo, esto es, las cargas argumentativas del demandante en el enjuiciamiento
contencioso administrativo y el papel del juez frente al proceso.
Partiendo de que el control del juez administrativo sobre el acto disciplinario es pleno,
como ya lo ha resaltado la Sala, la especificidad del proceso disciplinario conduce a que
la presunción de legalidad que se predica de todo acto administrativo adquiera particular
relevancia frente al acto sancionatorio disciplinario.
El juez de la legalidad del acto debe verificar si la interpretación jurídica efectuada por
el titular de la acción disciplinaria se enmarcó dentro de los parámetros hermenéuticos,
o si excedió los límites de la actividad disciplinaria. No se trata de que el control de
legalidad de ese acto administrativo de naturaleza especial sea un control restringido,
pero siendo el procedimiento disciplinario un verdadero procedimiento, con etapas,
partes, formulación de cargos, descargos, etapa probatoria, fallo, etc., el control judicial
contencioso administrativo de ese acto definitivo no puede constituir una instancia más
dentro de la actuación. (…)”.

Esta tesis fue reiterada por esta sección en fallo de 5 de septiembre de 201213, en
la que discurrió así:

“(…) Corresponde entonces a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, entre otras
cosas, verificar que la prueba recaudada en el trámite disciplinario se haya ajustado a
las garantías constitucionales y legales, es decir, la acción de nulidad resulta ser un
momento propicio para la exclusión de la prueba manifiestamente ilícita o producida con
violación al debido proceso o de las garantías fundamentales, o sea, para aquella en
cuya práctica se han trasgredido los principios básicos rectores de esa actividad
imprescindible para el ejercicio del derecho de defensa. Entonces, en línea de principio
puede predicarse que el control que a la jurisdicción corresponde sobre los actos de la
administración, cuando ésta se expresa en ejercicio de la potestad disciplinaria, debe
mantenerse al margen de erigirse en un nuevo momento para valorar la prueba, salvo
que en su decreto y práctica se hubiere violado flagrantemente el debido proceso, o que
la apreciación que de esa pruebas haya hecho el órgano disciplinario resulte ser
totalmente contra evidente, es decir, reñida con el sentido común y alejada de toda
razonabilidad. Por lo mismo, el control judicial del poder correccional que ejerce la
Procuraduría General de la Nación, no puede ser el reclamo para que se haga una
nueva lectura de la prueba que pretenda hacer más aguda y de mayor alcance, pues
esa tarea corresponde a las instancias previstas en el C.D.U. y es en principio ajena a
la actividad de la jurisdicción. En síntesis, debe distinguirse radicalmente la tarea del
Juez Contencioso que no puede ser una tercera instancia del juicio disciplinario, y tal
cosa se ha pretendido con la demanda contencioso-administrativa de que hoy se ocupa
la Corporación, demanda que por tanto está condenada al fracaso (…)”.

Sin embargo, desde la sentencia de 26 de marzo de 2014 14, el Consejo de Estado
ha precisado el anterior criterio jurisprudencial respecto del control judicial ejercido
por esta jurisdicción, sobre los actos y procedimientos administrativos disciplinarios

12
Consejo de Estado, sentencia de 3 de febrero de 2011, expediente: 250002325000200402982-01 (1384-06). Además, de
la sala plena de lo contencioso administrativo, sentencia de 11 de diciembre 2012, expediente: 11001-03-25-000-2005-00012-
00.
13
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección A, sentencia del 5 de septiembre
de 2012, expediente: 11001 0325000 2010 00183 00 (1305-2010), magistrado ponente: Gustavo Eduardo Gómez.
14
Consejo de Estado, sala plena, sección segunda, subsección A, sentencia del 26 de marzo de 2014, Radicación 263 de
2013, magistrado ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

Número Interno: 0172-2019.
Demandantes: Germán Orozco Barrera y otro.
Demandada: Nación – Procuraduría General de la Nación.

en sede de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho, en los siguientes
términos:

“(…) Por mandato de la Constitución Política y la ley, el control judicial ejercido por la
jurisdicción contencioso-administrativa sobre los actos y procedimientos administrativos
disciplinarios en sede de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho es un control
integral y pleno, que se aplica a la luz de la Constitución y del sistema legal como un
todo, en los aspectos tanto formales como materiales de las actuaciones y decisiones
sujetas a revisión, y no se encuentra limitado ni por las pretensiones o alegaciones de
las partes. Como se recalcará más adelante, el mandato constitucional de prevalencia
del derecho sustancial en las actuaciones de la administración de justicia (art. 228,
C.P.), aunado a la prevalencia normativa absoluta de la Constitución Política en tanto
norma de normas (art. 4, C.P.) y al postulado de primacía de los derechos
fundamentales de la persona (art. 5, C.P.), obliga en forma imperativa a los Jueces de
la República -incluyendo al Consejo de Estado y a la totalidad de la jurisdicción
contencioso-administrativa- a dar una implementación práctica integral a los mandatos
del constituyente, y al sistema jurídico-legal vigente como un todo, en cada caso
individual que se someta a su conocimiento a través de los medios ordinarios de control
que consagra el CPACA. (…)”.

Al respecto, esta Colegiatura en la sentencia de unificación de 9 de agosto de 2016
de la sala plena15 sostuvo que “[n]o es comparable, ni de lejos, el titular de la acción
disciplinaria de naturaleza administrativa con el rango y la investidura de un juez de
la República”, providencia que igualmente marcó el afianzamiento de la pauta
interpretativa de 2014 en el sentido de que el control ejercido por la jurisdicción de
lo contencioso-administrativo sobre los actos administrativos de naturaleza
disciplinaria es de carácter integral, el cual comporta una revisión legal y
constitucional, sin que alguna limitante restrinja la competencia del juez, entre otras
razones, porque la presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es
similar a la de cualquier acto administrativo y porque la interpretación normativa y la
valoración probatoria hecha en sede disciplinaria es controlable judicialmente en el
marco que impone la Constitución y la ley. El control integral a que alude el citado
fallo se enuncia así:

“(…) 1) La competencia del juez administrativo es plena, sin “deferencia especial”
respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria. 2) La
presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a la de cualquier
acto administrativo. 3) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente
regulado por la ley, de ningún modo restringe el control judicial. 4) La interpretación
normativa y la valoración probatoria hecha en sede disciplinaria, es controlable
judicialmente en el marco que impone la Constitución y la ley. 5) Las irregularidades del
trámite procesal, serán valoradas por el juez de lo contencioso administrativo, bajo el
amparo de la independencia e imparcialidad que lo caracteriza. 6) El juez de lo
contencioso administrativo no sólo es de control de la legalidad, sino también garante
de los derechos. 7) El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la
acción disciplinaria. 8) El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela
judicial efectiva (…)”.

15
Consejo de Estado, sala plena de lo contencioso administrativo, sentencia de 9 de agosto de 2016, radicado 11001-03-25-
000-2011-00316-00 (1210-2011), magistrado ponente: William Hernández Gómez (E).

Número Interno: 0172-2019.
Demandantes: Germán Orozco Barrera y otro.
Demandada: Nación – Procuraduría General de la Nación.

Con base en estas orientaciones jurisprudenciales, debe la Sala examinar si los
actos de carácter sancionatorio proferidos por la Procuraduría General de la Nación
en ejercicio del poder disciplinario, demandados en este proceso, deben revisarse
bajo el tamiz de los cargos de anulación propuestos, el recurso de apelación y, si
eventualmente existe una vulneración de los derechos fundamentales del
encartado, bajo la tutela judicial efectiva, ejerciendo un control integral de la
actuación sancionatoria.

2.4. Hechos probados.

Se hará referencia a las pruebas que guardan relación con el problema jurídico
derivado de las causales de nulidad invocadas en el escrito de apelación de la
sentencia de primera instancia:

2.4.1. De acuerdo con lo expuesto en el Fallo Disciplinario de Primera Instancia16,
la Procuraduría Regional de Casanare adelantó una actuación preventiva en aras a
establecer la posible inhabilidad que incurrió el entonces concejal, señor Oromairo
Avella Ballesteros, luego de que el Contralor Departamental de Casanare remitió
CD-ROM con unos videos con presuntos actos de corrupción al interior del Concejo,
la Alcaldía y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal.

Una vez fue agotada la investigación disciplinaria, les fue imputado el siguiente
cargo:

“(…)

Mediante auto del 23 de julio de 2010 (Cuaderno 3. Ls. 697 a 715), se formuló pliego
de cargos a los señores OROMAIRO AVELLA BALLESTEROS, JOSE REINALDO
PEREZ PIRAGUATA, LUIS CARLOS PEREZ BARRERA, RAFAEL GONZALEZ
PEÑA, ALEJANDRO BARRAGAN UNDA, GERMAN OROZCO BARRERA y RAFAEL
CASTRO BUITRAGO, al actuar cada una uno de ellos y de manera independiente
como miembros del Concejo Municipal de Yopal para año 2009; conductas que en
r3esumen consisten en el siguiente cargo único:
“En el mes de abril de 2009 en la residencia del municipio de Yopal del Concejal LUIS
CARLOS PÉREZ, ejerció violencia a través de amenazas e intimidaciones forzando a
los Concejales GLADYS AMPARO SANABRIA y CRISTÓBAL TORRES PÉREZ a
grabar sendos videos, donde se autoincriminaban e incriminaban a miembros de la
administración municipal de Yopal, en una serie de negociaciones indebidas que
involucraban procesos contractuales de la administración y de la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Yopal, obligándolos además a firmar cartas de renuncia
y letras de cambio, mecanismos utilizados para garantizar que los citados concejales
votaran los proyectos de acuerdo e la forma como el investigado y los demás
disciplinados en el presente proceso, así lo decidieron (…)”.

16
Folios 13 a 34.

Número Interno: 0172-2019.
Demandantes: Germán Orozco Barrera y otro.
Demandada: Nación – Procuraduría General de la Nación.

“A los disciplinados se le citaron como normas presuntamente infringidas los artículos
3, 6 y 313 numerales 2,3 y 5 de la Constitución Política de Colombia; artículo 23, 48
numeral 1, artículos 35 numerales 6 y 17 de la Ley 734 de 2002; al igual que el artículo
429 del Código Penal, Capitulo X Delitos contra los servidores públicos, Título XV
Delitos contra la administración pública”

2.4.2. Al disciplinado le citaron como normas presuntamente infringidas los artículos
3, 6 y 313 de la Constitución Política; los artículos 23, 48 y 35 de la Ley 734 de 2002
y el artículo 429 del Código Penal.

2.4.3. El 3 de noviembre de 2011, la Procuraduría Primera Regional de Casanare
declaró probado y no desvirtuado el cargo formulado en contra de los disciplinados
en su condición de concejales del municipio de Yopal, por ende, los sancionó con
la destitución e inhabilidad general por el término de 18 años; lo anterior por
considerar que se había demostrado:

“(…) Al verificar nuevamente los argumentos expuestos en las versiones libres rendidas,
en las ampliaciones a las mismas ya relacionadas y los documentos que se anexan, el
despacho observa que estos no lograron desvirtuar o modificar el cargo elevado para
cada uno de los disciplinados, ni la ocurrencia de los hechos y la simple negación de
los mismos no es prueba suficiente para desvirtuarlos, máxime cuando SANABRIA y
TORRES aportan detalles claros y reveladores de las circunstancias de tiempo, modo
y lugar; así como la intencionalidad perseguida al forzar la voluntad de esas dos
personas y para garantizar el silencio cómplice entre ellos mismos

(…)

Considera el despacho conforme a lo señala el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 734
de 2002, que la falta se califica como gravísima, por realizar una descripción típica
consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo y cometida en razón, con
ocasión y abusando del cargo o función y la cual se encuadra en el artículo 429 del
Código Penal, Capitulo X delitos contra los servidores públicos, Titulo XV delitos contra
la administración pública, por ejercer violencia contra GLADYS AMPARO SANABRIA y
CRISTOBAL TORRES PÉREZ, servidores públicos miembros del Concejo Municipal de
Yopal, para obligar a realizar actividades contrarias al cumplimiento de sus deberes
oficiales (…)”.

2.4.5. El 27 de marzo de 2012 la Procuraduría Primera Delegada para la vigilancia
Administrativa, confirmó el Fallo Disciplinario proferido el 30 de noviembre de 2011
en cuanto se declaró disciplinariamente responsable al señor Oromairo Avella
Ballesteros.

2.5. Caso concreto.

En el sub-lite el señor Oromairo Avella Ballesteros, alegó en el recurso de apelación
que los actos acusados se encuentran viciados de nulidad por que existieron

Número Interno: 0172-2019.
Demandantes: Germán Orozco Barrera y otro.
Demandada: Nación – Procuraduría General de la Nación.

irregularidades en el procedimiento disciplinario y desconocimiento de principios
constitucionales, concretamente, falta de competencia y no hubo debida valoración
de las pruebas dentro del proceso disciplinario.

Bajo ese contexto, la Sala se dispone a analizar cada uno de los argumentos
planteados por el apelante, con el propósito de determinar la veracidad de sus
afirmaciones y de establecer si, en efecto, los actos administrativos en cuestión
adolecen de los vicios que se les atribuyen y, por ende, si se justifica una anulación
de éstos.

Falta de competencia.

En el análisis del alegato de falta de competencia, es esencial comprender las
facultades otorgadas a los funcionarios y entidades que emiten actos
administrativos según el marco jurídico aplicable, que comprende la Constitución,
las leyes vigentes y los reglamentos pertinentes, pues son éstas las que permiten
establecer de manera clara el ámbito de actuación y los límites dentro de los cuales
deben operar dichos funcionarios y entidades.

Al respecto, la doctrina ha definido esta causal de nulidad como aquel acto
administrativo que es “[…] expedido por quien ostenta la condición de funcionario
público o por particular autorizado por la ley para ejercer función administrativa, pero
lo hace por fuera de la esfera de atribuciones que la Constitución, la ley o el
reglamento le han asignado; o no corresponde a los asuntos que por razón de la
materia, el territorio, la persona, el grado funcional o jerárquico, o el tiempo inclusive,
le son dables resolver […]” 17. Por su parte, esta Corporación ha sostenido sobre el
particular que18:

«(…) la competencia tiene como notas características la taxatividad; la irrenunciabilidad;
y, en principio, la indelegabilidad. Por su parte, los factores objetivos de la competencia
están dados por: el territorio, ratio loci; la materia, ratio materie; y, el tiempo, ratio
temporis.

De conformidad con lo establecido en el artículo 84 del C.C.A., la vulneración de este
pilar fundamental en el ejercicio del poder público, por la carencia de esta atribución
para el actuar, implica la configuración de una causal de nulidad, y, en consecuencia,
la invalidación del acto objeto de cuestionamiento.

17
BERROCAL GUERRERO, Luis Enrique. (2016). Manual del Acto Administrativo. (7ª Ed., p. 548). Bogotá: Librería Ediciones
del Profesional.
18
CONSEJO DE ESTADO, sentencia de 31 de mayo de 2012, radicado 680012331000200001382 01, C. P. Dr. Víctor
Hernando Alvarado Ardila

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Demandada: Nación – Procuraduría General de la Nación.

A su turno, cabe resaltar que nuestra Constitución Política se ocupó en varias
disposiciones de regular el tema del ejercicio de la función pública, dejando bien en
claro que la competencia al momento de proferir un pronunciamiento que encarne la
voluntad del Estado está sometida al principio de legalidad. Veamos:
“Artículo 6º. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la
Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por
omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 122. No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en la ley o
reglamento (…)

Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y
defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben.
(…)

Artículo 123. (…) Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunicad;
ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento.
(…)».

Sin perder de vista lo expuesto se tiene que, a juicio del recurrente, los actos
acusados se encuentran inmersos en esta causal de nulidad en la medida en que
de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado19 y la Corte
Interamericana de Derechos Humanos20, la Procuraduría General de la Nación no
tiene la competencia para restringir los derechos políticos de los funcionarios que
han sido elegidos popularmente.

Sobre el particular es necesario señalar que si bien se reconoce la facultad de
vigilancia de la Procuraduría General de la Nación sobre los funcionarios de elección
popular, según la jurisprudencia constitucional y las decisiones de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, dicha facultad debe ejercerse en armonía
con las normas supranacionales y el principio de separación de poderes, es por ello
que la competencia del ente demandado para investigar no se extiende
automáticamente al ámbito punitivo cuando se trata de restricciones de derechos
políticos, lo cual, según se ha interpretado incluso por esta Corporación21, recae en
la esfera de las autoridades judiciales.

19
CONSEJO DE ESTADO, Sentencia de 15 de noviembre de 2017; radicado 110010325000201400360 00, M.P. César
Palomino Cortés.
20
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, sentencia del 8 de julio de 2020.
21
En sentencia del 11 de octubre de 2023, expediente 15001-23-33-000-2014-00564-01 (5828-2018), C. P. César Palomino
Cortés, se determinó que, siguiendo los lineamientos planteados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 1° de
septiembre de 2011 (al resolver el caso López Mendoza vs. Venezuela) y 8 de julio de 2020 (al desatar el caso Petro Urrego
contra Colombia) sobre la interpretación del artículo 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, «la
interpretación que debe darse al concepto de “condena, por juez competente, en proceso penal”, contenido en el artículo 23.2
de la Convención, está referido no solo al proceso regulado en el Código de Procedimiento Penal, sino a cualquier tipo de
proceso desarrollado en ejercicio del poder punitivo del Estado, que sea de carácter judicial, como lo es la pérdida de
investidura, por ejemplo, en el que su fin, además de ser una medida sancionadora, correctiva y restablecedora de la ética en
las corporaciones públicas de elección popular, es connaturalmente ejemplarizante». Por lo tanto, «dentro de la actuación
disciplinaria debe garantizarse una independencia e imparcialidad de parte de quien investiga como de quien sanciona y no
que se constituya al mismo tiempo en juez y parte, como sucede en el proceso disciplinario previsto en la Ley 734 de 2002».

Número Interno: 0172-2019.
Demandantes: Germán Orozco Barrera y otro.
Demandada: Nación – Procuraduría General de la Nación.

En efecto, la Procuraduría General de la Nación, por mandato de la Constitución
Política, goza de la facultad de ejercer vigilancia superior sobre la conducta oficial
de los servidores de elección popular (numeral 6 del artículo 27722 superior), tal
como lo precisó esa misma Corte, en la sentencia de 8 de julio de 2020, en el caso
Petro Urrego vs. Colombia, al encontrar que dicha potestad y la contenida en el
numeral 1 del artículo 17823 constitucional, por sí solas, no contrarían el artículo 2324
de la Convención Americana de Derechos Humanos, al precisar que:

“(…) el primer período del inciso 6º del artículo 277 y el numeral primero del artículo 278
de la Constitución de Colombia admiten la posibilidad de ser interpretados de modo
compatible con la Convención Americana y con el modelo de Estado de derecho
establecido por el artículo 1º de la propia Constitución25, a condición de entender que
la referencia a los funcionarios de elección popular está limitada únicamente a la
potestad de vigilancia del Procurador. Conforme a la regla de que no debe declararse
una norma violatoria de la Convención en tanto admita una interpretación compatible
con ésta, la Corte encuentra que el inciso 6º del artículo 277, y el numeral primero del
artículo 278 de la Constitución Política de Colombia, no son incompatibles con el artículo
23 de la Convención Americana (…)”.

Por lo tanto, si bien es cierto no resulta incompatible la función constitucional de la
Procuraduría General de la Nación de investigar la conducta oficial de los servidores
públicos de elección popular con lo establecido en el artículo 23 de la Convención
Americana de Derechos Humanos, también lo es que, ello no implica despojar a ese
órgano de control de dicha potestad supralegal respecto de otros asuntos de
contornos similares, diferente a la propiamente legal de imponer sanción que
implique retiro temporal o definitivo “suspensión o destitución” a tales servidores,
que en criterio de la Corte Interamericana, solo es dable por parte de un juez de la
República, lo que le está vedado a las autoridades administrativas “naturaleza que
comporta la Procuraduría” por conllevar la restricción de derechos políticos.

22
ARTICULO 277. El Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes, tendrá las siguientes
funciones:
[…]
6. Ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección
popular; ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las
respectivas sanciones conforme a la ley
[…]».
23
« El Procurador General de la Nación ejercerá directamente las siguientes funciones:
1. Desvincular del cargo, previa audiencia y mediante decisión motivada, al funcionario público que incurra en alguna de las
siguientes faltas: infringir de manera manifiesta la Constitución o la ley; derivar evidente e indebido provecho patrimonial en
el ejercicio de su cargo o de sus funciones; obstaculizar, en forma grave, las investigaciones que realice la Procuraduría o
una autoridad administrativa o jurisdiccional; obrar con manifiesta negligencia en la investigación y sanción de las faltas
disciplinarias de los empleados de su dependencia, o en la denuncia de los hechos punibles de que tenga conocimiento en
razón del ejercicio de su cargo».
24
«Artículo 23. Derechos Políticos
[…]
2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente
por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente,
en proceso penal».
25
Cfr. Constitución Política de Colombia, artículo 1. Dicho artículo señala lo siguiente: “Colombia es un Estado social de
derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales,
democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las
personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.

Número Interno: 0172-2019.
Demandantes: Germán Orozco Barrera y otro.
Demandada: Nación – Procuraduría General de la Nación.

Es por lo anterior que resulta de vital importancia demarcar las potestades de
investigación y sanción, pues mientras que la primera puede ejercerse para
supervisar y evaluar la conducta, asegurando que los funcionarios cumplan con sus
deberes y no incurran en conductas impropias, la segunda “específicamente la
imposición de sanciones que afectan los derechos políticos como la destitución y la
suspensión” debe ser manejada por el poder judicial, dado que ello estaría acorde
con la protección de los derechos políticos y con la necesidad de un juicio con todas
las garantías procesales.

Tan es así que, la Corte Constitucional en sentencia C-030 de 2023 expresó que
cualquier medida que tenga el efecto de retirar temporal o definitivamente a un
servidor público de su cargo, como resultado de un proceso disciplinario, debe
provenir de un juez y no de una autoridad administrativa, en la medida que ello
resguarda la naturaleza jurídica de la Procuraduría General de la Nación dentro del
marco del derecho administrativo y, por demás, respeta la autonomía y los derechos
inherentes a los funcionarios elegidos democráticamente.

De manera entonces que, se insiste, es necesario distinguir las responsabilidades
administrativas de vigilancia de la Procuraduría con las protecciones
constitucionales y convencionales que salvaguardan la función y los derechos de
los servidores de elección popular, pues dicha facultad investigativa debe ser
ejercida sin transgredir el ámbito reservado al poder judicial.

En virtud de lo anterior, se declarará la nulidad de los actos administrativos
impugnados, debido a que la sanción disciplinaria impuesta, resultó en la restricción
de los derechos políticos de Oromairo Avella Ballesteros, quien había sido elegidos
democráticamente como concejal en el municipio de Yopal, lo cual está en contravía
de lo estipulado en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos
Humanos26.

Por último, la parte actora no demuestra en el proceso los perjuicios morales
reclamados, en este caso, la Sala precisara que, no basta con la sola declaración

26
“(…) Artículo 23. Derechos Políticos 1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a)
De participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) De
votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que
garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y c) De tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las
funciones públicas de su país. 2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el
inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o
condena, por juez competente, en proceso penal. (…)”.

Número Interno: 0172-2019.
Demandantes: Germán Orozco Barrera y otro.
Demandada: Nación – Procuraduría General de la Nación.

de nulidad del acto acusado, para que, se infiera una aflicción subjetiva por el obrar
ilegítimo de la administración y de manera inmediata conlleve a la reparación de
perjuicios, puesto que, cuando se reclama perjuicios existe libertad probatoria donde
existan visos o señales que logren demostrar el daño sufrido, recordando que los
hechos son una ciencia reconstructiva y lo que no se puede probar no existe, así
las cosas, no hay lugar al reconocimiento de los perjuicios solicitados por el
demandante y su grupo familiar.

La decisión que se adoptará.

Con fundamento en lo expuesto, la Sala ordenará (i) declarar la nulidad de los actos
administrativos demandados, (ii) ordenar a la PGN eliminar de sus bases de datos,
los antecedentes disciplinarios anotados como consecuencia de la decisión
sancionatoria que se anula, (iii) dado que el cargo del que fue retirado el actor
corresponde al de concejal municipal, el cual, se ostentaba para la época de los
hechos en un periodo constitucional de 4 años y fueron elegidos para el
correspondiente entre los años 2008 y 2011, no es posible reconocer suma alguna
por salarios o prestaciones dejados de percibir, toda vez que el fallo disciplinario de
segunda instancia se expidió el 27 de marzo de 2012, fecha en la que ya habían
cumplido dicho periodo, (iv) negar la solicitud de reconocimiento y pago de sumas
por concepto de daños morales y extrapatrimoniales al no encontrarse probados
dentro del proceso.

4. Condena en costas.

Sobre la condena en costas, es importante destacar que no procede de manera
automática, pues tal y como se indica en el numeral 8 del artículo 365 del Código
General del Proceso, “[…] solo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”. Siendo así,
teniendo en cuenta que en el trámite no se observa que se hayan causado, ni de
las partes un actuar temerario, esta Sala no condenará en costas a la parte vencida
y procederá a revocar la condena en costas ordenada en la primera instancia.

III. DECISIÓN

En atención a lo anterior, la Sala revocará la sentencia del Tribunal Administrativo
de Casanare, declarará la nulidad de los actos acusados y ordenará a la

Número Interno: 0172-2019.
Demandantes: Germán Orozco Barrera y otro.
Demandada: Nación – Procuraduría General de la Nación.

Procuraduría General de la Nación, la eliminación en las bases de datos del registro
de la sanción impuesta al señor Oromairo Avella Ballesteros.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: ADICIONAR los numerales primero, segundo y tercero de la sentencia
del 3 de mayo de 2024, que para todos los efectos quedará, así:

“PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 4 de octubre de 2018, proferida
por el Tribunal Administrativo de Casanare, que negó las pretensiones de
la demanda instaurada por los señores Oromairo Avella Ballesteros,
Germán Orozco Barrera y José Reinaldo Pérez Piragauta en contra de la
Nación – Procuraduría General de la Nación, por las razones esbozadas
en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de la decisión anterior, declarar la
nulidad de los fallos disciplinarios del 30 de noviembre de 2011 y 27 de
marzo de 2012, proferidos por la Procuraduría General de la Nación, que
destituyeron e inhabilitaron a los señores Oromairo Avella Ballesteros,
Germán Orozco Barrera y José Reinaldo Pérez Piragauta por el término de
18 años.

TERCERO: ORDENAR a la Procuraduría General de la Nación, la
eliminación en las bases de datos del registro de la sanción impuesta a los
señores Oromairo Avella Ballesteros, Germán Orozco Barrera y José
Reinaldo Pérez Piragauta, al quedar desvirtuada su presunción de
legalidad.”

SEGUNDO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.”

TERCERO: Sin condena en costas.

CUARTO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Número Interno: 0172-2019.
Demandantes: Germán Orozco Barrera y otro.
Demandada: Nación – Procuraduría General de la Nación.

Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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