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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 85001-23-33-000-2014-00019-01

Pensión de sobreviviente: padre soldado muerto en actos propios del servicio

Fecha
5 de agosto de 2021
Consejero ponente
César Palomino Cortés

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 85001-23-33-000-2014-00019-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. - CONFÍRMASE la sentencia proferida el veintitrés (23) de octubre de dos mil catorce (2014), proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, por medio de la cual accedió a las pretensiones de la demanda incoada por el señor OLIVERIO OVIEDO PÉREZ, en contra de la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. - Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 85001-23-33-000-2014-00019-01

Consejero ponente: César Palomino Cortés

5 de agosto de 2021

PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE - Padre soldado muerto en actos propios del servicio / PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE SOLDADO MUERTO - La ley no consagra derecho pensional / SOLDADOS MUERTOS EN DESARROLLO DE ACTOS PROPIOS DEL SERVICIO - Ascenso póstumo / ASCENSO PÓSTUMO - El demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes / PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE Y PAGO DE CESANTÍAS DEFINITIVAS - Compatible / DEVOLUCIÓN DE DINEROS PAGADOS - Improcedente

Para el momento de ocurrencia del fallecimiento del señor Oviedo Oviedo, se encontraba vigente el Decreto 2728 de 1968, por el cual se modificó el régimen de prestaciones sociales por retiro o fallecimiento del personal de soldados y grumetes de las Fuerzas Militares, y en el artículo 8, estableció las prestaciones de orden económico en favor de los soldados que en servicio activo fallecieran. De la transcripción realizada, se observa, que la norma no consagró el derecho a obtener una pensión de sobrevivientes para los beneficiarios del soldado por acción directa del enemigo, en cuanto solo dispuso el ascenso póstumo al grado de Cabo Segundo, si hubiere lugar, y la compensación por muerte, para los casos de fallecer en combate, misión o por causas diferentes. Se consagró la posibilidad de acceder a una serie de prestaciones, en favor de los ascendientes o descendientes de los oficiales o suboficiales de las Fuerzas Militares, muertos en combate, entre las que se encontraba el ascenso póstumo y, el reconocimiento y pago de una pensión de sobreviviente. La entidad demandada a través de la Resolución 000388 del 23 de abril de 1999 ascendió en forma póstuma al señor Oviedo Oviedo, al grado de Cabo Segundo a partir del 28 de mayo de 1998 y mediante la Resolución 4223 del 31 de mayo de 1999, reconoció a favor del actor y de la señora Oviedo Oviedo, en calidad de padre y madre del causante, respectivamente cesantía definitiva doble y compensación por muerte. Conforme con lo anterior, en aplicación a lo establecido en el literal d) del artículo 189 del Decreto 1211 de 1990, el demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes, en su condición de progenitor, en donde el monto de la citada prestación pensional, será el equivalente al 50% de las partidas contempladas en el artículo 158 ibídem, a partir del 22 de agosto de 2008, por prescripción cuatrienal de conformidad con lo establecido en el artículo 174 ibídem, tal y como así lo estableció el a quo en la providencia recurrida. Así las cosas, no es incompatible el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente con el pago las cesantías definitivas dobles y la compensación por muerte, en cuanto dichas prestaciones sociales poseen naturaleza distinta, la primera se constituye en una respuesta asistencial a la contingencia derivada de la muerte del militar y la segunda, posee un carácter eminentemente indemnizatorio. De tal suerte, que no existen razones válidas para que se obligue al demandante a restituir las sumas canceladas por concepto de indemnización ante el fallecimiento del señor Oviedo Oviedo, más aún si se tienen en cuenta, que la presunción de legalidad del acto de reconocimiento de las prestaciones, no ha sido desvirtuado y conserva plena validez.

FUENTE FORMAL: DECRETO 2728 DE 1968 / DECRETO 1211 DE 1990

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN "B"

Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá, D.C., cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021).

Radicación número: 85001-23-33-000-2014-00019-01(5015-14)

Actor: OLIVERIO OVIEDO PÉREZ

Demandado: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL

REFERENCIA: MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. TEMA: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. SEGUNDA INSTANCIA - LEY 1437 DE 2011.

Se desata la apelación interpuesta por la parte demandada contra la sentencia proferida el veintitrés (23) de octubre de dos mil catorce (2014), por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Casanare, accedió a las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda

Oliverio Oviedo Pérez, por intermedio de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, demandó la nulidad de la Resolución 8091 del 13 de noviembre de 2012, proferida por la Directora Administrativa del Ministerio de Defensa a través de la cual negó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a la cual considera tener derecho.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la entidad demandada, a reconocerle y pagarle una pensión de sobrevivientes por la muerte de su hijo Germán Oviedo Oviedo, en su condición de Soldado Voluntario, ascendido en forma póstuma a Cabo Segundo, a partir del 28 de mayo de 1998, conforme a lo establecido en el artículo 189 del Decreto 1211 de 1990. De la misma forma, solicitó se le ordene a la demandada, la inclusión del demandante en el sistema de seguridad social desde el momento en que se produjo la muerte de su hijo; se reconozcan las mesadas adeudadas debidamente indexadas, los intereses moratorios y se le condene al pago de las costas y las agencias en derecho.

Hechos

Las pretensiones de la demanda se fundan en los siguientes hechos (ff. 16 - 27):

El señor Germán Oviedo Oviedo convivía con sus padres y hermanos menores colaborando con el sostenimiento de su familia. Ingresó al Ejército Nacional el 31 de enero de 1994, como Soldado Voluntario hasta cuando fue muerto en combate por las balas del enemigo, el 28 de mayo de 1998, es decir, prestó sus servicios durante 4 años, 3 meses y 27 días.

Según informe administrativo por muerte expedido por el Comandante del Batallón Contraguerrillas No. 29 “Héroes del Alto Llano” se advierte que el día 28 de mayo de 1998 en el municipio de Chameza (Casanare), “cuando el helicóptero MI aterrizó para efectuar el desembargo en cumplimiento al Plan Democracia 1998, cuyo fin era controlar las elecciones Presidenciales Primera Vuelta, “La contraguerrilla Vikingo orgánica del BCG 29, recibieron fuego con armas largas del enemigo de las denominados cuadrillas 38 y 56 de las Farc, resultó asesinado en forma instantánea el señor Soldado Voluntario OVIEDO OVIEDO GERMÁN.”

Con fundamento en lo anterior, el Comandante de Contraguerrilla Vikingo, estableció que “la muerte del SLV Soldado OVIEDO OVIEDO GERMAN ocurrió por acción directa del enemigo en actividades del servicio y por causa y razón del mismo”.

A través de la Resolución 388 del 23 de abril de 1999 el Comandante del Ejército Nacional ascendió al causante en forma póstuma al grado de Cabo Segundo. Y mediante la Resolución 4223 del 31 de mayo de 1999, se le reconoció a favor de los padres del causante, la suma de veintiocho millones seiscientos veintisiete mil cuatrocientos cuarenta mil pesos ($28.627.440) de conformidad con lo establecido en el Decreto 2728 de 1968 y la Ley 131 de 1985.

Puso de presente, que el 12 de febrero de 008, falleció por causas naturales la señora Mercedes Oviedo, madre del Soldado Voluntario Germán Oviedo Oviedo. Motivo por el cual, en ausencia de cónyuge, compañera permanente o hijos, el demandante tiene derecho a ser beneficiario de la pensión pretendida.

Mediante petición presentada el 22 de agosto de 2012 ante el Ministerio de Defesan Nacional, Ejército Nacional, el demandante solicitó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes y consecuentemente el servicio de salud que le corresponde, en su condición de beneficiario por el fallecimiento de su hijo, ocurrida por acción directa del enemigo, en actividades del servicio y por causa y razón del mismo.

La Directora Administrativa del Ministerio de Defensa Nacional a través de la Resolución 8091 del 13 de noviembre de 2012, en respuesta al derecho de petición, negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes pretendida.

1.2. Normas violadas y concepto de violación

Como normas violadas se citan en la demanda las siguientes:

Los artículos 4, 11, 13, 29, 46, 48, 53, 209, 216, 217 y 230 de la Constitución Nacional; 189 del Decreto 1211 de 1990; 103, 138, 155 y 161 del CPACA.

Refirió en el concepto de violación que el causante falleció al servicio del Ejército Nacional a causa de las balas del enemigo el 28 de mayo de 1998, razón por la cual su beneficiario acudió ante la entidad para que se le reconozca a su favor la pensión de sobrevivientes, petición que fue decidida en forma negativa vulneraron de esta forma los fines esenciales del Estado, el derecho a la igualdad, la seguridad social, mínimo vital, y la protección que tiene el Estado frente a las personas de la tercera edad como es el caso del demandante.

Alegó que la entidad demandada debió inaplicar lo establecido en el Decreto 2728 de 1968, por lesionar el derecho a la pensión de sobrevivientes que le asiste al demandante, quien cuenta con 77 años de edad, para en su lugar dar aplicación a lo establecido en el Decreto 1211 de 1990, teniendo en cuenta que el causante fue ascendido en forma póstuma.

Mencionó los pronunciamientos emitidos por esta Corporación con relación al tema, en los cuales se ha inaplicado las disposiciones del Decreto 2728 de 1968, para de estar forma garantizar el derecho a la pensión de sobrevivientes de los beneficiarios de un soldado voluntario muerto en combate, en estricta aplicación de lo establecido en el Decreto 1211 de 1990.

2. Contestación de la demanda

La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, a través de apoderado judicial, mediante memorial visible a folios 195 a 205 del expediente, contestó a la demanda, oponiéndose a las pretensiones incoadas, por cuanto el acto administrativo demandado fue expedido de conformidad a las normas legales vigentes al momento en que ocurrieron los hechos.

Sostuvo que con fundamento en el artículo 177 del C.P.C., es deber de las partes participar activamente en el recaudo del material probatorio para impedir que el fallador ante la escasez de medios de convicción, dirima el conflicto en contra de lo pretendido, por lo tanto, le corresponderá al demandante demostrar los vicios que adolece el acto acusado en orden a que salgan avante sus pretensiones.

Citó la sentencia C-111 de 2006 proferida por la Corte Constitucional, y sostuvo que para acceder al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes pretendida es necesario acreditar la dependencia económica plena o total de los padres hacia el hijo, por lo tanto, para acceder a la prestación el demandante deberá demostrar dicha condición económica frente al causante.

Afirmó que el acto administrativo demandado se presume legal, y produce efectos jurídicos, por lo que es de competencia de la parte interesada demostrar su ilegalidad, entre tanto, el mismo goza de plena ejecutoriedad.

Conforme a lo anterior sostuvo que el demandante en el presente asunto, no acreditó la dependencia económica respecto del causante, conforme a lo establecido en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, en concordancia con la Ley 100 de 1993 y demás normas complementarias. Así las cosas, le corresponde demostrar el vínculo económico del señor Germán Oviedo Oviedo, no gozar de ningún derecho prestacional, pues de lo contario se estaría generando un detrimento patrimonial para el Estado al tener que pagar una pensión sin causa material.

Sostuvo que, el régimen aplicable al causante dado la fecha del fallecimiento, esto es, 28 de mayo de 2008, es el establecido en el artículo 8 del Decreto 2728 de 1968, que establece que el soldado que fallezca por acción directa del enemigo, sus beneficiarios tendrán derecho al reconocimiento y pago de 48 meses de los haberes correspondientes al grado de Cabo Segundo y al pago de cesantía doble, prestaciones que le fueron canceladas a los beneficiarios, motivo por el cual no hay lugar a reconocer prestaciones económicas adicionales.

Precisó que los artículos 185 y 189 del Decreto 1211 de 1990 contemplan las prestaciones económicas a que tienen derecho los beneficiarios de los oficiales y suboficiales activos de las Fuerzas Militares que mueren en combate, grupo al cual no pertenece el causante, no habiendo lugar a reconocer prestación de un grado militar que no ostentaba al momento de su muerte; si bien el mismo fue ascendido en forma póstuma al grado de Cabo Segundo, ello se dio para honrar la memoria al ofrendar su vida en combate y a efectos de reconocer las prestaciones a sus beneficiarios. Por lo tanto, no es posible extender un beneficio que la ley ha previsto para los militares que han laborado determinado periodo de tiempo para las Fuerzas Militares en calidad de oficiales y suboficiales.

Propuso las excepciones de inexistencia de medios probatorios que endilguen responsabilidad a la entidad, inexistencia de la obligación y legalidad del acto administrativo demandado.

Reconstrucción del expediente

Revisado el proceso de la referencia, se observa que, mediante auto del 3 de noviembre de 2017 (ff. 3 - 4), se dio aplicación a las disposiciones contenidas en el artículo 126 del Código General del Proceso, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, relativo a la reconstrucción del expediente, teniendo en cuenta el informe presentado por una funcionaria adscrita al despacho judicial, en el que pone en conocimiento la perdida del mismo, junto con la denuncia penal realizada ante la Fiscalía General de la Nación; motivo por el cual estableció la necesidad de iniciar las acciones tendientes a la reconstrucción y ordenó, entre otras, oficiar al Tribunal Administrativo de Casanare, para que allegara copia de las actuaciones surtidas en el proceso; a la apoderada judicial del demandante, a la oficina jurídica de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional para que allegaran copia de los documentos que hubiere radicado en orden a impulsar el expediente, y las grabaciones y demás elementos probatorios que tuviese en su poder.

Mediante auto del 2 de febrero de 2018 (ff. 136 - 137) esta Corporación, convocó a audiencia de que trata el artículo 126 del Código general del Proceso, para llevarse a cabo el 12 de febrero de 2018.

El 12 de febrero de 2018, el Magistrado Ponente llevó a cabo la audiencia de reconstrucción (ff. 223 - 227), con la asistencia del Agente del Ministerio Público, la apoderada de la parte actora, y el apoderado de la entidad demandada. Refirió el trámite procesal realizado con ocasión de la perdida del expediente, y puesto en conocimiento de las partes, constató que la documentación allegada pertenece al expediente extraviado, y evidenció la falta del expediente administrativo, el cual requirió a la entidad demandada, para que lo aportara al proceso.

Con fundamento en lo anterior, dio por reconstruido el expediente, sin embargo, le concedió 5 días a la entidad demandada para que allegara el expediente administrativo, y una vez incorporado al expediente, ordenó dar traslado a la parte actora por el término de 5 días para revisarlo, vencido el mismo, se deberá decidir la controversia puesta en conocimiento.

La Coordinadora Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa Nacional remitió copia del expediente prestacional, la cual obra a folios 229 a 257 del expediente.

Mediante auto del 17 de septiembre de 2020 (f. 259), se ordenó correr traslado a la parte demandante de los antecedentes administrativos allegados, por el término de 5 días, con el fin de garantizar el derecho de contradicción, el cual se llevó a cabo entre el 8 al 12 de marzo de 2021 (f. 260), sin que se hubiese realizado manifestación al respecto.

Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Casanare, a través de la sentencia proferida el veintitrés (23) de octubre de dos mil catorce (2014), declaró la nulidad del acto administrativo demandado, condenó a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional a reconocer, liquidar y pagar al demandante, en su condición de beneficiario del señor Germán Oviedo Oviedo, a partir del 23 de agosto de 2008, la pensión de sobrevivientes, equivalente al 50% de las partidas de que trata el artículo 158 del Decreto 1211 de 1990, teniendo en cuenta para el efecto los haberes que a la fecha de ejecutoria tenga un Cabo Segundo del Ejército Nacional; y declaró la prescripción de las mesadas anteriores al 22 de agosto de 2008 (ff. 152 - 168).

Mencionó las disposiciones contenidas en los artículos 189 y 185 del Decreto 1211 de 1990, norma anterior a la Constitución de 1991, que hace discriminaciones desfavorables respecto de los soldados frente a los suboficiales y oficiales del Ejército Nacional, por lo que consideró, que es necesario incluir dentro de los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes a los soldados dando aplicación al artículo 4 de la Constitución Nacional para garantizar el derecho a la igualdad.

Se refirió a sentencias proferidas por esta Corporación, para concluir que conforme a los artículos 4 y 13 de la Carta Política se debe inaplicar el artículo 8 del Decreto 2728 de 1968, en cuanto omite el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en favor de los beneficiarios de los soldados muertos en desarrollo de actos propios del servicio, y en su lugar aplicar las disposiciones del Decreto 1211 de 1990, que consagran este beneficio para los oficiales y suboficiales, precisando que si bien existe norma general que regula la materia (Ley 100 de 1993), es procedente aplicar el régimen especial que sí lo contempla.

Agregó que en relación con el argumento de la entidad demandada en orden a indicar que no hay lugar al pago de la pensión de sobrevivientes aquí pretendida al no acreditarse dependencia económica del demandante respecto del causante, consideró que el mismo no es de recibo toda vez que el Decreto 1211 de 1990, norma especial aplicable a los oficiales y suboficiales, debe hacerse extensiva a los soldados en virtud del principio de favorabilidad, norma que no contempla como requisito para adquirir el derecho a la prestación dicha subordinación económica, así entonces, no es posible predicarse la aplicación de la Ley 100 de 1993, como lo aduce la accionada a efectos de exigir dicha dependencia.

Finalmente en relación con la incompatibilidad entre el reconocimiento de cesantías dobles y compensación por muerte con la pensión de sobrevivientes, adujo que si bien esta Corporación ha indicado al resolver casos similares que hay lugar a descontar el valor de la indemnización por muerte para el reconocimiento de la referida prestación, aclaró que se aparta de dicho precedente por considerar; i) es regla general que un servidor público o trabajador oficial que fallezca se le paguen cesantías; ii) sus beneficiarios tienen derecho a la pensión de jubilación; iii) conforme al Decreto 1211 de 1990, si un oficial o suboficial del Ejército Nacional muerto en combate o como consecuencia de la acción del enemigo tiene derecho a ser ascendido en forma póstuma al grado inmediatamente superior; iv) sus beneficiarios tienen derecho al pago por una sola vez a una compensación equivalente a 4 años de los haberes correspondientes al grado conferido al causante, v) doble de cesantía y vi) una pensión de sobrevivientes cuyo monto dependerá del tiempo de servicios. Los anteriores beneficios no son incompatibles uno a otro conforme a lo dispuesto en el Decreto 1211 de 1990.

Con fundamento en lo expuesto, concluyó que en el presente asunto no hay lugar a efectuar descuento alguno por el reconocimiento y pago de cesantías e indemnización por muerte realizados a los beneficiarios del causante, ordenando la nulidad del acto administrativo acusado, el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a favor del demandante en calidad de padre del causante, conforme a las disposiciones del artículo 189 literal d) del Decreto 1211 de 1990, esto es, el 50% de las partidas de que trata el artículo 158 ibidem teniendo en cuenta los haberes que a la fecha de ejecutoria de la sentencia tenga un Cabo Segundo del Ejército Nacional, declarando prescritas las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 22 de agosto de 2008.

5. Recurso de apelación

El apoderado de la parte demandada formuló recurso de apelación en contra de la sentencia del 23 de octubre de 2014 (ff. 169 - 177), solicitando se revoque y se nieguen la totalidad de las pretensiones de la demanda, con las siguientes consideraciones:

Reiteró los argumentos presentados en la contestación de la demanda, para sostener que, en el presente caso, se le aplica el régimen normativo pensional vigente al momento del fallecimiento (mayo de 1998), es decir, lo consagrado en el artículo 8 del Decreto 2728 de 1968, en donde los beneficiarios tienen derecho al reconocimiento y pago de 48 meses de los haberes correspondientes al grado de Cabo Segundo y al pago de doble cesantías, motivo por el cual no procede la aplicación de los artículos 185 y 189 del decreto 1211 de 1990, en cuanto consagran prestaciones para los beneficiarios de oficiales y suboficiales activos de las Fuerzas Militares, que mueren en combate, grupo que no pertenece el occiso, como quiera que para la época del deceso no ostentaba ningún cargo de suboficial, pues estaba vinculado como soldado del Ejército Nacional.

Refirió que, para la época del fallecimiento del causante, no era posible el reconocimiento de prestaciones sociales a los beneficiarios de un militar cuyo grado o categoría no percibía sueldo, por lo que no existía una base salarial para realizar la liquidación, por ello, son ascendidos en forma póstuma al grado de Cabo Segundo a fin de liquidar las prestaciones.

Alegó que la normatividad aplicable al caso no se consagró el reconocimiento y pago de pensión de sobrevivientes en favor de los beneficiarios, por lo que no resulta hacer extensiva una prestación social consagrada para aquellos militares que han laborado determinado tiempo para las Fuerzas Militares en calidad de oficiales o suboficiales.

Sostuvo que no se acredito la dependencia económica, como requisito indispensable para acceder a la pensión de sobrevivientes, demostrando que quedó desprovisto de medios económicos, máxime si se tiene en cuenta que, entre la fecha de la solicitud y la muerte del extinto soldado, transcurrieron 14 años, lo que demuestra que no se encontraba supeditado al causante.

Manifestó que en caso de declarar que el demandante tiene derecho a la pensión de sobrevivientes, solicitó se descuente de la condena, las sumas pagadas por parte de la entidad por concepto de indemnización por muerte, en cuanto no es procedente realizar un doble pago por los mismos hechos.

Alegatos de conclusión

Por la parte demandante

Mediante escrito visible a folios 40 a 52 del expediente, obra los alegatos de conclusión presentados por la parte demandante en el curso de la segunda instancia, en los cuales solicitó se confirme la decisión de primera instancia.

Refirió que el causante era quien sostenía económicamente el grupo familiar, quien ingreso como soldado regular y posteriormente como soldado voluntario en el Departamento de Casanare, y con el salario continúo aportando lo necesario para los gastos de sus progenitores, lo que demuestra la dependencia económica.

Alegó que, con la muerte del causante, los recurso disminuyeron y las fuerzas del padre ya no eran las mismas y las oportunidades de trabajo para un adulto mayor desaparecieron, por lo que el rendimiento disminuye con las enfermedades propias de la tercera edad, a tal punto que en la actualidad tiene 80 años, y se encuentra en la imposibilidad de generar recursos.

Agregó que, si bien el causante tiene una hermana, la misma no dependía económicamente del causante, por lo que no se puede confundir la proforma obrante en el expediente en el que se declaran los recursos del soldado, como que su hermana dependía de este ni tampoco entender que fueron sus padres los que no dependían del de cujus. De todas maneras, precisa que el requisito de la dependencia económica fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, por lo que es improcedente pretender su prueba.

Por la entidad demandada

El Ministerio de Defensa Nacional, a través de apoderado judicial, presento alegatos de conclusión en el curso de la segunda instancia, conforme al memorial visible a folios 188 a 194 del expediente, en el cual reiteró los fundamentos del recurso de apelación.

Refirió que, el ascenso póstumo tiene el carácter honorifico y no prestacional, por lo que no es procedente el reconocimiento la pensión de sobrevivientes a los familiares del causante, en cuanto se trata de una mención para honrar la memoria de quien fallece defendiendo la soberanía del Estado.

Manifestó que el régimen prestacional aplicable es el consagrado en el Decreto 2728 de 1968, en el cual no se consagra el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a favor del causante.

Sostuvo que no se probó la dependencia económica del demandante respecto del causante, por lo que pretende que se niegue el amparo deprecado pues no logra probar que cumple con la dependencia económica total y absoluta de la actividad del fallecido, por lo que no ha violación de los derechos constitucionales.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

2.2. Problema jurídico

Se trata de determinar si en el presente asunto, resulta procedente el reconocimiento y pago de una pensión de sobreviviente en favor del señor Oliverio Oviedo Pérez, en su condición de progenitor del Cabo Segundo Germán Oviedo Oviedo, muerto por acción directa del enemigo, según el informe administrativo No. 002 del 28 de mayo de 1998.

El Tribunal Administrativo de Casanare, a través de la sentencia proferida el 23 de octubre de 2014, declaró la nulidad del acto administrativo y como consecuencia de ello, ordenó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor del demandante en su condición de beneficiario, con base en el 50% de los factores salariales establecidos en el artículo 158 del Decreto 1211 de 1990, y a partir del 28 de mayo de 1998, pero con efectos desde el 23 de agosto de 2008, por prescripción cuatrienal.

2.3. Hechos probados

Del material probatorio allegado al expediente, se observa:

De la liquidación de Servicios de Soldados No. 138, visible a folio 240 del expediente, se observa que el señor Germán Oviedo Oviedo (q.e.p.d.) prestó sus servicios al Ejército Nacional por espacio de 5 años, 11 meses y 2 días, desde el 25 de junio de 1992 al 31 de diciembre de 1993, como Soldado Regular, y a partir del 31 de enero de 1994 hasta el 28 de mayo de 1998, como Soldado Voluntario, más diferencia de año laboral.

Copia del informe administrativo por muerte No. 002 del 28 de mayo de 1998, expedido por la entidad demandada, en el que se registró:

“El día 28 de mayo de 1998, siendo aproximadamente las 10:30 horas en el Municipio de Chameza Departamento de Casanare, cuando el helicóptero MI aterrizó para efectuar el desembarco, en cumplimiento al Plan Democracia 1.998, Orden de Operaciones Democracia No. 02, emanada por el Comando de la Décima sexta Brigada y Orden de Operaciones No. 07 CENTAURO, emanada por el Comando del Batallón de Contraguerrillas No. 28 “HEROES DEL ALTO LLANO”, con el fin de controlas las elecciones Presidenciales Primera Vuelta. La Contraguerrilla Vikingo orgánica del BCG 29, recibieron fuego con armas largas del enemigo de las denominadas cuadrillas 38 y 56 de las FARC. Resulto asesinado en forma instantánea el Señor Soldado Voluntario OVIEDO OVIEDO GERMÁN.

De acuerdo con el informe del Comandante de la Contraguerrilla Vikingo organizada a 1 - 1 - 21 la muerte del Soldado OVIEDO OVIEDO JERMAN (sic) se produjo en forma inmediata en razón al fuego nutrido que recibió en diferentes partes del cuerpo.

De acuerdo al decreto No. 2728 de 1.968, Artículo 08 la muerte del SLV OVIEDO OVIEDO GERMAN ocurrió por acción directa del enemigo en actividades del servicio y por causa y razón del mismo.

(…).”

Obra a folio 241 reverso registro civil de defunción No. 132184 en el que consta que el señor Germán Oviedo Oviedo, falleció el 28 de mayo de 1998.

Copia del registro civil de nacimiento en el que consta que el señor Germán Oviedo Oviedo (q.e.p.d.) nació el 1 de noviembre de 1969, hijo de Oliverio Oviedo y de Mercedes Oviedo (f. 242).

Copia de la Resolución No. 000388 del 23 de abril de 1999 expedida por el Comandante del Ejército Nacional por la cual asciende en forma póstuma al señor Germán Oviedo Oviedo, al grado de Cabo Segundo, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 2728 de 1968, con novedad fiscal a partir del 28 de mayo de 1998 (f. 246 reverso).

Copia de la Resolución 4223 del 31 de mayo de 1999 (ff. 248 reverso - 249) por la cual el Subjefe de Estado Mayor del Ejército Nacional, reconoció y ordenó el pago a los beneficiarios del Cabo Segundo (Póstumo) Germán Oviedo Oviedo, las cesantía definitiva doble y compensación por muerte, entre ellos en favor del señor Oliverio Oviedo Pérez, en calidad de padre del causante.

Que el demandante mediante petición del 22 de agosto de 2012 (ff. 231 - 232) solicitó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes ante la entidad demandada, con fundamento en lo dispuesto en el Decreto 1211 de 1990 (artículo 189).

2.4. Análisis de la Sala

La Corte Constitucional en diversas oportunidades se ha referido a la pensión de sobrevivientes, destacando que su creación tiene por objeto principal el proteger a la familia y los derechos fundamentales de quienes compartían de manera más cercana su vida con el causante y que entran a soportar las cargas económicas, ante la muerte de un pensionado de quien dependía su sustento.

En sentencia T - 701 de 22 de agosto de 2006, se advirtió respecto a la pensión de sobrevivientes, que la misma tiene como finalidad evitar que las personas allegadas al trabajador queden desamparadas ante su ausencia definitiva y a quien le correspondía el sostenimiento del grupo familiar. Dijo la Corte, en esa oportunidad:

“La Corte ya había advertido en reiteradas ocasiones que la pensión de sobrevivientes tiene como finalidad evitar “que las personas allegadas al trabajador y beneficiarias del producto de su actividad laboral queden por el simple hecho de su fallecimiento en el desamparo o la desprotección” y, por tanto, “busca impedir que, ocurrida la muerte de una persona, quienes dependían de ella se vean obligados a soportar individualmente las cargas materiales y espirituales de su fallecimiento.”.

Así las cosas, la pensión de sobrevivientes tiene como finalidad, atender la contingencia derivada por el deceso del trabajador, con el objetivo de cubrir no solo la ausencia repentina de la persona, sino el apoyo económico que le daba al grupo familiar, y con el fin de evitar un cambio de las condiciones de subsistencia de las personas beneficiarias de la prestación.

Esta misma noción, no puede ser ajena al régimen prestacional aplicable a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. En efecto, los Decretos 2728 de 1968, 1211 de 1990 y la Ley 447 de 1998, establecen diversas prestaciones en favor de los beneficiarios de los soldados, oficiales y suboficiales muertos en desarrollo de actos propios del servicio, entre las que se encuentran el ascenso póstumo al grado inmediatamente superior, la indemnización por muerte y la pensión de sobrevivientes.

En el presente caso, y de acuerdo con el material probatorio allegado al expediente, se pudo constatar que el señor Germán Oviedo ingresó al Ejército Nacional como soldado regular el 25 de junio de 1992 hasta el 31 de diciembre de 1993 (1 año, 6 meses y 7 días). Posteriormente, se vinculó como soldado voluntario de conformidad con lo establecido en la Ley 131 de 1985, a partir del 31 de enero de 1994 - ver hoja prestacional visible a folio 240 -, es decir, quedó sujeto a partir de su vinculación, al Código de Justicia Penal Militar, al reglamento de régimen disciplinario, al régimen prestacional y a las normas relativas a la capacidad psicofísica, incapacidades, invalideces e indemnizaciones para los soldados de las fuerzas militares.

De la misma forma, se estableció que el señor Germán Oviedo Oviedo, falleció el 28 de mayo de 1998 (f. 241 reverso), y de acuerdo al informe administrativo por muerte del 28 de mayo de 1998 suscrito por el Comandante del Batallón de Contraguerrillas No. 29 “Héroes del Alto Llano”, se estableció que su deceso ocurrió “por acción directa del enemigo en actividades del servicio y por causa y razón del mismo.”

De lo anterior se advierte, que para el momento de ocurrencia del fallecimiento del señor Oviedo Oviedo, se encontraba vigente el Decreto 2728 de 1968, por el cual se modificó el régimen de prestaciones sociales por retiro o fallecimiento del personal de soldados y grumetes de las Fuerzas Militares, y en el artículo 8, estableció las prestaciones de orden económico en favor de los soldados que en servicio activo fallecieran. Disponía la norma en mención:

“(…) El Soldado o Grumete en servicio activo, que fallezca por causa de heridas o accidente aéreo en combate o por acción directa del enemigo, bien sea en conflicto internacional o en mantenimiento del orden público, será ascendido en forma póstuma al grado de Cabo Segundo o Marinero y sus beneficiarios tendrán derecho al reconocimiento y pago de cuarenta y ocho (48) meses de los haberes correspondientes a dicho grado y el pago doble de la cesantía.

A la muerte del Soldado o Grumete en servicio activo, causada por accidente en misión del servicio, sus beneficiarios tendrán derecho al reconocimiento y pago de treinta y seis (36) meses del sueldo básico que en todo tiempo corresponda a un Cabo Segundo o Marinero.

A la muerte de un Soldado o Grumete en servicio activo o por causas diferentes a las enunciadas anteriores a sus beneficiarios tendrá derecho al reconocimiento y pago de veinticuatro (24) meses de sueldo básico que en todo tiempo corresponda a un Cabo Segundo o Marinero.

(…)”.

De la transcripción realizada, se observa, que la norma no consagró el derecho a obtener una pensión de sobrevivientes para los beneficiarios del soldado por acción directa del enemigo, en cuanto solo dispuso el ascenso póstumo al grado de Cabo Segundo, si hubiere lugar, y la compensación por muerte, para los casos de fallecer en combate, misión o por causas diferentes.

Así las cosas, el Ejército Nacional, en cumplimiento a la preceptiva normativa referida, mediante Resolución 000388 del 23 de abril de 1999 (f. 246 reverso), expedida por el Comandante del Ejército Nacional, le concedió el ascenso póstumo al grado de Cabo Segundo, con novedad fiscal a partir del 28 de mayo de 1998, día de su fallecimiento, y mediante Resolución 004223 del 31 de mayo de 1999 (f. 248 reverso - 249), en esta condición, le reconoció y ordenó el pago de unas prestaciones sociales a sus progenitores en calidad de beneficiarios, correspondientes a cesantías definitivas dobles y compensación por muerte (ff. 21), de conformidad con lo previsto en el Decreto 2728 de 1968 y la Ley 131 de 1985.

Si bien, el Ejército Nacional dio aplicación a lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 2728 de 1968 respecto al reconocimiento de las prestaciones sociales en favor de los progenitores ante el deceso del señor Oviedo Oviedo, entre ellos, el ascenso póstumo a Cabo Segundo, lo cierto es que para el 28 de mayo de 1998, se encontraba vigente el Decreto 1211 de 1990 mediante el cual “se reformó el estatuto del personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares”, y ante la nueva jerarquía de Cabo Segundo adscrito al Ejército Nacional, que ostentaba el señor Germán Oviedo Oviedo, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 ibidem, esta normatividad era la aplicable para efectos del reconocimiento de las prestaciones pretendidas en vía gubernativa, por el hecho de pasar a ser parte como suboficial del Ejército Nacional.

Es así como el artículo 189, estableció las prestaciones por muerte en actividad, de la siguiente forma:

“ARTÍCULO 189. MUERTE EN COMBATE. A partir de la vigencia del presente Estatuto, a la muerte de un Oficial o Suboficial de las Fuerzas Militares en servicio activo, en combate o como consecuencia de la acción de enemigo, bien sea en conflicto internacional o en el mantenimiento o restablecimiento del orden público, ser ascendido en forma póstuma al grado inmediatamente superior, cualquiera que fuere el tiempo de servicio en su grado. Además, sus beneficiarios en el orden establecido en este Estatuto, tendrán derecho a las siguientes prestaciones:

A que el Tesoro Público les pague por una sola vez, una compensación equivalente a cuatro (4) años de los haberes correspondientes al grado conferido al causante, tomando como base las partidas señaladas en el artículo 158 de este Decreto.

Al pago doble de la cesantía por el tiempo servido por el causante.

Si el Oficial o Suboficial hubiere cumplido doce (12) o más años de servicio, a que el Tesoro Público les pague una pensión mensual, la cual será liquidada y cubierta en la misma forma de la asignación de retiro, de acuerdo con el grado y tiempo de servicio del causante.

Si el Oficial o Suboficial no hubiere cumplido doce (12) años de servicio, sus beneficiarios en el orden establecido en este estatuto, con excepción de los hermanos, tendrán derecho a que el Tesoro Público les pague una pensión mensual equivalente al cincuenta por ciento (50%) de las partidas de que trata el artículo 158 de este Decreto.” (Subraya la Sala)

De la norma en cita se observa, que en ella se consagró la posibilidad de acceder a una serie de prestaciones, en favor de los ascendientes o descendientes de los oficiales o suboficiales de las Fuerzas Militares, muertos en combate, entre las que se encontraba el ascenso póstumo y, el reconocimiento y pago de una pensión de sobreviviente.

Por su parte, el artículo 185 ibidem, dispuso el derecho a la sustitución de la asignación de retiro, a los miembros del grupo familiar del Oficial o Suboficial que pierda la vida en servicio activo o en goce de asignación de retiro o pensión por vejez, en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 185. ORDEN DE BENEFICIARIOS. Las prestaciones sociales por causa de muerte de Oficiales y Suboficiales en servicio activo o en goce de asignación de retiro o pensión se pagarán según el siguiente orden preferencial:

( . . . )

d. Si no hubiere cónyuge sobreviviente ni hijos, la prestación se dividir entre los padres así:

• Si el causante es hijo legítimo llevan toda la prestación a los padres.

( . . . )”.

Ahora bien, esta Corporación, en reiteradas providencias ha señalado, la existencia de un trato diferenciado entre las prestaciones reconocidas por el Decreto 2728 de 1968 a los familiares de los soldados muertos en desarrollo de actos propios del servicio, frente a las contempladas en el Decreto 1211 de 1990, para los oficiales y suboficiales, quienes perdieron la vida en iguales circunstancias, para concluir que con el objeto de dar aplicación al principio de igualdad y con el fin de proteger el núcleo familiar del militar que fallece en servicio activo, se hizo necesario inaplicar lo establecido en el Decreto 2728 de 1968, para en su lugar, acoger las previsiones del Decreto 1211 de 1990, con el objetivo de reconocer la pensión de sobrevivientes que dicha norma contempla.

En efecto, mediante sentencia del 7 de julio de 2011, con ponencia del doctor Gerardo Arenas Monsalve dentro del expediente con radicación interna No. 2161 - 2009, se estableció:

“ ( . . . )

De acuerdo con la norma transcrita, observa la Sala que el régimen prestacional, de las Fuerzas Militares, previsto en el Decreto 2728 de 1968, vigente al momento en que se produjo la muerte del solado regular Alfredo Evadías Pérez Tovar únicamente le reconocía su ascenso póstumo al grado de Cabo Segundo y, a favor de sus ascendientes, una prestación indemnizatoria y, el pago del auxilio de cesantías en doble proporción. Así las cosas, resulta evidente que cualquier prestación pensional, entre ella la reclamada por el demandante, se encuentra excluida de los beneficios reconocidos a favor de los familiares de los soldados muertos en desarrollo de actos propios del servicio.

No obstante lo anterior, advierte la Sala que el Decreto 1211 de 8 de junio de 1990, por el cual se reforma el estatuto del personal de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares, en su artículo 189 establece una serie de prestaciones a favor de los ascendientes o descendientes de los oficiales o suboficiales de las Fuerzas Militares muertos en actividad, entre las que se destacan el ascenso póstumo al grado inmediatamente superior y el reconocimiento y pago de una pensión de sobreviviente. Así se lee en la citada norma:

( . . . )

Bajo estos supuestos, resulta evidente la existencia de un trato diferenciado entre las prestaciones que le son reconocidas, por el Decreto 2728 de 1968 a los familiares de los soldados muertos en desarrollo de actos propios del servicio y las previstas por el Decreto 1211 de 1990, para los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares muertos en las mismas circunstancias.

A juicio de la Sala tal discriminación tiene lugar debido a que las citadas disposiciones fueron expedidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, sólo a partir de la cual, se reivindican como principio y derecho constitucionales la igualdad material y la seguridad social, respectivamente. En efecto, una interpretación armónica de los artículos 13 y 48 de la Constitución Política, y de los principios que orientan el desarrollo del derecho a la seguridad social, entre ellos la universalidad y la solidaridad, no admiten la existencia dentro del ordenamiento jurídico de disposiciones que conlleven el desmedro de las condiciones dignas de vida de un ser humano y en especial la imposibilidad de acceder a los beneficios derivados del citado derecho, entre ellos los que buscan amparar las contingencias derivadas por muerte.

( . . . )

Así las cosas, y descendiendo al caso concreto, estima la Sala que no existe justificación válida para que a los beneficiarios de los soldados regulares que vienen prestando sus servicios a la Fuerza Pública, y fallezcan en desarrollo de actos propios del servicio, no les sea reconocida una pensión de sobreviviente cuya única finalidad, como quedó visto, es la de brindar un apoyo económico al grupo familiar que ante la ausencia definitiva de quien proveía lo necesario para satisfacer las necesidades básicas, ha quedado desprovisto de los medios económicos para tal efecto.

No resulta razonable que el Decreto 2728 de 1968 al igual que Decreto 1211 de 1990 ordene el ascenso póstumo del soldado regular muerto por causas imputables al servicio al grado inmediatamente superior, así como el reconocimiento y pago de unas prestaciones económicas a favor de sus beneficiarios, pero se abstenga de reconocer el pago de una pensión de sobreviviente a favor de quienes con el hecho de la muerte de un miembro de la Fuerza Pública pierden el sustento y apoyo económico que este les brindaba.

Lo anterior, si se tiene en cuenta que los soldados al igual que los suboficiales y oficiales no sólo hacen parte de las Fuerzas Militares, sino que contribuyen al desarrollo de su misión constitucional y legal, esto es, la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional.

A lo anterior se suma el hecho de que, con posterioridad a la expedición de los Decretos 2728 de 1968 y 1211 de 1990 el legislador mediante la Ley 447 de 21 de julio de 19983 finalmente, en aplicación de los principios y derechos constitucionales a la igualdad material, dignidad humana y a la seguridad social, dispuso el reconocimiento de una pensión de sobreviviente a favor de los beneficiarios de los soldados que no ostentaban el grado de suboficial de las Fuerzas Militares.

( . . . )”.

Para mayor ilustración sobre el tema, la Corte Constitucional en sentencia T - 1043 del 3 de diciembre de 2012, al estudiar un caso similar al controvertido en este proceso en sede de tutela, consideró que:

“ ( . . . )

Igualmente en providencia C-434 de mayo 27 de 2003, M. P. Jaime Córdoba Triviño, esta Corte declaró la exequibilidad del artículo 1° de la mencionada ley, en el cual se disponía que dichas normas se aplicarán a partir de la entrada en vigencia de ésta a favor de los parientes de personas fallecidas durante la prestación del servicio militar obligatorio de la norma, donde se argumentó que es constitucionalmente válido que el legislador defina, con base en sus propias consideraciones, la entrada en vigencia de dicha ley.

Además en este caso la Corte consideró, que revisado el régimen anterior fijado en el artículo 8° del Decreto 2728, el legislador consideró que existían nuevos condicionamientos que hacían insuficiente la indemnización consagrada en dicho régimen, por lo cual se hacía necesario contemplar uno nuevo, que fue el finalmente diseñado con la Ley 447 de 1998.

4.7. Ahora bien, una lectura detenida de los enunciados normativos transcritos nos permite evidenciar cómo, con la entrada en vigencia de la Ley 447 de 1998 la figura de la pensión vitalicia opera exclusivamente para aquellos casos en los cuales la persona que presta el servicio militar obligatorio fallece en combate, pero esta Ley no estableció disposición alguna para regular aquellas muertes que ocurran simplemente en actividad. Por este motivo y con el fin de no desamparar completamente a los beneficiarios, para estos eventos el Ejército Nacional aún continúa aplicando el inciso tercero del artículo 8° del Decreto 2728 de 1968, que dispone que para aquellas muertes ocurridas simplemente en actividad los beneficiarios tendrán derecho al reconocimiento y pago de veinticuatro (24) meses del sueldo básico que en todo tiempo corresponda a un Cabo Segundo Marinero.

4.8. No obstante lo anterior, esta corporación al realizar la revisión del régimen descrito advirtió que, en tratándose de una muerte ocurrida simplemente en actividad, eventualmente puede presentarse un trato inequitativo e injustificado entre los beneficiarios de aquellas personas que fallecen prestando servicio militar obligatorio y los beneficiarios de quienes hacen parte de las Fuerzas Militares en calidad de oficiales y suboficiales.

( . . . ).”

De todo lo anterior, se concluye que el artículo 8 del Decreto 2728 de 1968, no consagró para los beneficiarios de los soldados muertos en combate, el derecho a obtener una pensión de sobrevivientes, derecho del cual gozan los beneficiarios de los oficiales y suboficiales muertos en combate, conforme a las previsiones del artículo 189 del Decreto 1211 de 1990.

Así las cosas, en el presente caso puesto a consideración de la Sala, se hace imperioso sostener que no era procedente aplicar lo establecido en el artículo 8 del Decreto 2728 de 1968, no solo por no prever en dicha preceptiva normativa el reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes en favor de los familiares de los soldados fallecidos en desarrollo de actos propios del servicio, sino porque no era la vigente para el momento en que ocurrieron los hechos si se observa que el señor Germán Oviedo Oviedo fue ascendido en forma póstuma como Cabo Segundo, es decir, paso a ser parte de los Suboficiales del Ejército Nacional; de tal forma que la norma aplicable para este caso, era la establecida en el artículo 189 del Decreto 1211 de 1990, en cuanto dicha normatividad consagra, además de la compensación equivalente a 4 años de los haberes correspondientes al grado conferido al causante, junto con el pago doble de las cesantías, el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes pretendido, en favor de los beneficiarios de los oficiales y suboficiales de las fuerzas militares.

Bajo los anteriores supuestos, observa la Sala que en el caso concreto se encuentra debidamente acreditado y no existe discusión respecto a que el señor Germán Oviedo Oviedo prestó sus servicios al Ejército Nacional desde el 25 de junio de 1992 al 28 de mayo de 1998 para un total de 5 años, 11 meses y 2 días, habiendo fallecido el 28 de mayo de 1998, por acción directa del enemigo en actividades del servicio y por causa y razón del mismo, según informe administrativo por muerte aportado al plenario.

Igualmente está probado que el señor Germán Oviedo Oviedo era hijo del señor Oliverio Oviedo Pérez y de Mercedes Oviedo, el primero quien se presenta como demandante dentro del presente proceso.

A su vez se demostró que la entidad demandada a través de la Resolución 000388 del 23 de abril de 1999 ascendió en forma póstuma al señor Germán Oviedo Oviedo, al grado de Cabo Segundo a partir del 28 de mayo de 1998 y mediante la Resolución 4223 del 31 de mayo de 1999, reconoció a favor de Oliverio Oviedo Pérez y Mercedes Oviedo Oviedo, en calidad de padre y madre del causante, respectivamente cesantía definitiva doble y compensación por muerte.

Conforme con lo anterior, en aplicación a lo establecido en el literal d) del artículo 189 del Decreto 1211 de 1990, el demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes, en su condición de progenitor, en donde el monto de la citada prestación pensional, será el equivalente al 50% de las partidas contempladas en el artículo 158 ibidem, a partir del 22 de agosto de 2008, por prescripción cuatrienal de conformidad con lo establecido en el artículo 174 ibidem, tal y como así lo estableció el a quo en la providencia recurrida.

Hubo pues desidia por parte del Ministerio de Defensa, a no ordenar el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes al beneficiario del señor Oviedo Oviedo con ocasión de su deceso y en cumplimiento al deber que le impone el artículo 232 del Decreto 1211 de 1990, cuando dispone de un procedimiento que la administración debe acatar, para el reconocimiento de las prestaciones sociales, entendiéndose por tales, aquellas que tienen su origen de manera directa en la relación laboral, como aquellas que se generan por motivo de su existencia, como es la pensión de sobrevivientes. De tal suerte, que es la entidad demandada, a quien le correspondía disponer todo lo necesario, para ordenar el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales a las que el demandante tenía derecho, en su condición de progenitor del Cabo Segundo Germán Oviedo Oviedo (q.e.p.d.), en forma oficiosa, en consideración a que era beneficiario, no solo respecto a la compensación por muerte, el pago doble de las cesantías, sino el derecho a la pensión de sobrevivientes a la que tienen derecho, por encontrarse incurso en las condiciones previstas en el artículo 189 ibidem.

La Sala advierte con relación a la procedencia o no de la devolución de los valores cancelados al demandante por concepto de cesantías definitivas dobles y compensación por muerte, reconocidas mediante Resolución 0004223 del 31 de mayo de 1999, que el Consejo de Estado en sentencia del 19 de enero de 2015, con ponencia del doctor Gustavo Gómez Aranguren, al estudiar un caso similar al aquí controvertido, estableció la improcedencia en la devolución de las prestaciones canceladas a los beneficiarios de los militares muertos en actos propios del servicio, al advertir que ambas disposiciones (Decreto 2728 de 1968 y Decreto 1211 de 1990) coinciden en establecer una indemnización equivalente a 4 años (48 meses) de los haberes que hubiere recibido el militar fallecido, correspondientes al grado que ostentaba, junto con el pago doble de las cesantías causadas, cuando en efecto, señaló:

“(…) En efecto haciendo un parangón entre lo previsto por el artículo 8º del Decreto 2728 de 1968, que en su inciso primero reza: “ARTÍCULO 8o. El Soldado o Grumete en servicio activo, que fallezca por causa de heridas o accidente aéreo en combate o por acción directa del enemigo, bien sea en conflicto internacional o en mantenimiento del orden público, será ascendido en forma póstuma al grado de Cabo Segundo o Marinero y sus beneficiarios tendrán derecho al reconocimiento y pago de cuarenta y ocho (48) meses de los haberes correspondientes a dicho grado y el pago doble de la cesantía…” y lo dispuesto por el artículo 189 del Decreto 1211 de 1990 que dispuso “ARTÍCULO 189. MUERTE EN COMBATE. A partir de la vigencia del presente Estatuto, a la muerte de un Oficial o Suboficial de las Fuerzas Militares en servicio activo, en combate o como consecuencia de la acción de enemigo, bien sea en conflicto internacional o en el mantenimiento o restablecimiento del orden público, ser ascendido en forma póstuma al grado inmediatamente superior, cualquiera que fuere el tiempo de servicio en su grado. Además sus beneficiarios, en el orden establecido en este Estatuto, tendrán derecho a las siguientes prestaciones: a. A que el Tesoro Público les pague por una sola vez, una compensación equivalente a cuatro (4) años de los haberes correspondientes al grado conferido al causante, tomando como base las partidas señaladas en el artículo 158 de este Decreto. b. Al pago doble de la cesantía por el tiempo servido por el causante…”, no existe explicación jurídica para exigir que lo percibido por los demandantes a título de indemnización por mandato del Decreto 2728 de 1968 sea reintegrado por el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes de que trata el Decreto 1211 de 1990, cuando ésta última también lo contempla y ninguna de las prestaciones allí consagradas son optativas o excluyentes, sino, por el contrario, perentorias para quienes se hallen en los supuestos fácticos descritos por el legislador. (Subrayado y resaltado fuera de texto)

(…)”

Por lo anterior, y ante el reconocimiento de las prestaciones sociales por parte de la entidad demandada en favor de los beneficiarios del causante, a quienes con ocasión del fallecimiento del señor Germán Oviedo Oviedo (q.e.p.d.), se les ordenó el pago de cesantías dobles y una indemnización por muerte de su hijo, no existe razón justificable para que se le exija el reintegro de dichos valores, ante el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, cuando en el Decreto 1211 de 1990, de igual forma se consagra dicha prerrogativa, la cual no posee el carácter de optativas o excluyentes, sino se tratan de derechos a los cuales tienen acceso los demandantes en su calidad de beneficiarios del causante.

Así las cosas, no es incompatible el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente con el pago las cesantías definitivas dobles y la compensación por muerte, en cuanto dichas prestaciones sociales poseen naturaleza distinta, la primera se constituye en una respuesta asistencial a la contingencia derivada de la muerte del militar y la segunda, posee un carácter eminentemente indemnizatorio. De tal suerte, que no existen razones válidas para que se obligue al demandante a restituir las sumas canceladas por concepto de indemnización ante el fallecimiento del señor Germán Oviedo Oviedo, más aún si se tienen en cuenta, que la presunción de legalidad del acto de reconocimiento de las prestaciones, no ha sido desvirtuado y conserva plena validez.

Precisa la Sala que contrario a lo aducido por la entidad demandada, el demandante en su condición de progenitor del Cabo Segundo fallecido, no tiene que acreditar dependencia económica respecto de este, dado que el artículo 185 del Decreto 1211 de 1990 que prevé el orden de beneficiarios no establece este requisito, por lo tanto no es dable para el intérprete exigir un requisito adicional al que la norma no establece.

III. DECISIÓN

La Sala confirmará la sentencia proferida el 23 de octubre de 2014, por el Tribunal Administrativo de Casanare, mediante la cual declaró la nulidad del acto administrativo demandado y como consecuencia de ello, ordenó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en favor del demandante al haberse logrado desvirtuar la presunción de legalidad. Así mismo, se confirmará lo relativo a la improcedencia de la devolución de las cesantías y la compensación por la muerte cancelada a los demandantes, bajo en entendido que las mismas no se excluyen entre sí, por responder a naturaleza distinta, y encontrarse contempladas en ambas normas jurídicas (Decreto 2728 de 1968 y 1211 de 1990).

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO. - CONFÍRMASE la sentencia proferida el veintitrés (23) de octubre de dos mil catorce (2014), proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, por medio de la cual accedió a las pretensiones de la demanda incoada por el señor OLIVERIO OVIEDO PÉREZ, en contra de la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. - Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
SANDRA LISETT IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER

Relatoría: AJSD/Dcsg/Lmr.
“ARTÍCULO 247. TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIAS. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento:
(…) 4. Admitido el recurso o vencido el término probatorio si a él hubiere lugar, el superior señalará fecha y hora para la audiencia de alegaciones y juzgamiento, que deberá llevarse a cabo en un término no mayor a veinte (20) días. Si el Magistrado Ponente considera innecesaria la celebración de audiencia ordenará, mediante auto que no admite recurso alguno, la presentación de los alegatos por escrito dentro de los diez (10) días siguientes, caso en el cual dictará sentencia en el término de los veinte (20) días siguientes. Vencido el término que tienen las partes para alegar, se surtirá traslado al Ministerio Público por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente. (…).”.
El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.

Artículo 3 ibidem.
• Sueldo básico. - Prima de actividad en los porcentajes previstos en este estatuto. - Prima de antigüedad. - Prima de Estado Mayor, en las condiciones previstas en este estatuto. - Duodécima parte de la prima de Navidad. - Prima de vuelo en las condiciones establecidas en este Decreto. - Gastos de representación para Oficiales Generales o de Insignia. - Subsidio familiar. En el caso de las asignaciones de retiro y pensiones, se liquidar conforme a lo dispuesto en el artículo 79 de este estatuto, sin que el total por este concepto sobrepase el cuarenta y siete por ciento (47%) del respectivo sueldo básico.
PARAGRAFO. Fuera de las partidas específicamente señaladas en este artículo ninguna de las demás primas, subsidios, auxilios, bonificaciones y compensaciones consagradas en este estatuto, ser computable para efectos de cesantías, asignaciones de retiro, pensiones, sustituciones pensionales y demás prestaciones sociales.
3 ARTICULO 1o. MUERTE EN COMBATE. “A partir de la vigencia de la presente ley, a la muerte de la persona vinculada a las F.F.A.A. y de Policía ocurrida en combate o como consecuencia de la acción del enemigo, en conflicto internacional o participando en operaciones de conservación o restablecimiento del orden público, sus beneficiarios en el orden establecido en esta ley, o los beneficiarios que designe la persona prestataria del servicio militar al incorporarse, tendrán derecho a una pensión vitalicia equivalente a un salario y medio (11/2) mínimo mensuales y vigentes.”
ARTICULO 158. LIQUIDACION PRESTACIONES. Al personal de Oficiales y Suboficiales que sea retirado del servicio activo bajo la vigencia de este estatuto, se le liquidarán las prestaciones sociales unitarias y periódicas sobre las siguientes partidas así:
• Sueldo básico.
• Prima de actividad en los porcentajes previstos en este estatuto.
• Prima de antigüedad.
• Prima de Estado Mayor, en las condiciones previstas en este estatuto.
• Duodécima parte de la prima de Navidad.
• Prima de vuelo en las condiciones establecidas en este Decreto.
• Gastos de representación para Oficiales Generales o de Insignia.
• Subsidio familiar.
En el caso de las asignaciones de retiro y pensiones, se liquidar conforme a lo dispuesto en el artículo 79 de este estatuto, sin que el total por este concepto sobrepase el cuarenta y siete por ciento (47%) del respectivo sueldo básico.
PARAGRAFO. Fuera de las partidas específicamente señaladas en este artículo ninguna de las demás primas, subsidios, auxilios, bonificaciones y compensaciones consagradas en este estatuto, ser computable para efectos de cesantías, asignaciones de retiro, pensiones, sustituciones pensionales y demás prestaciones sociales.
ARTICULO 174. PRESCRIPCION. Los derechos consagrados en este Estatuto prescriben en cuatro (4) años, que se contarán desde la fecha en que se hicieron exigibles. El reclamo escrito recibido por autoridad competente sobre un derecho, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual. El derecho al pago de los valores reconocidos prescribe en dos (2) años contados a partir de la ejecutoria del respectivo acto administrativo y pasarán a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares
ARTICULO 232. PROCEDIMIENTO OFICIOSO. El reconocimiento de las prestaciones sociales a que tienen derecho los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares o sus beneficiarios, ser tramitado oficiosamente por el Ministerio de Defensa o por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, según el caso. Cuando las Oficinas de Personal no puedan producir de oficio las pruebas pertinentes, corresponde allegarlas al interesado, y si no existiere la prueba principal, ser reemplazada por la prueba supletoria que admita la ley
Expediente No. 13001-23-33-000-2012-00159-01 (4353-13), Actores: Vidal Simarra Pedroza y Maritza Franco de Simarra, C. P. Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren

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