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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 85001-23-33-000-2014-00186-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 85001-23-33-000-2014-00186-01

Fecha
28 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 85001-23-33-000-2014-00186-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento que manifestó el Consejero de Estado, doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes, para intervenir en el proceso de la referencia y, en consecuencia, SEPARAR al Magistrado de la Sección Primera del Consejo de Estado del conocimiento de la presente acción popular, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: REVOCAR el numeral 3.2 del ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia de 7 de marzo de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: MODIFICAR el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia de 7 de marzo de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual quedará así: “[…] CUARTO: ORDENAR la conformación del Comité de Verificación de Cumplimiento de esta sentencia el cual estará integrado y presidido por el Magistrado Sustanciador del Tribunal Administrativo de Casanare; por el actor popular; un delegado y/o representante de Corporación Autónoma Regional de la Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 86 Núm. único de radicación: 850012333000201400186-01 Orinoquia; el señor Gustavo Adolfo Torres Melo; un delegado y/o representante de Autoridad Nacional de Licencias Ambientales; un delegado y/o representante del Municipio de Orocué; y un representante y/o delegado de Frontera Energy Colombia Corp., Sucursal Colombia. Deberá rendir informes periódicos cada tres (3) meses, el inicial dentro de la primera semana de febrero del año 2025. En el evento que durante la ejecución de la sentencia se observe que razonablemente es necesario otorgar plazos adicionales, este Tribunal adoptará las decisiones que considere necesarias para garantizar su cumplimiento, lo que incluye todas las órdenes de la sentencia […]”. CUARTO: CONFIRMAR, en lo demás, la sentencia de 7 de marzo de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 85001-23-33-000-2014-00186-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

28 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
Número único de radicación: 850012333000201400186-01
Actor: Procuraduría 23 Judicial II Ambiental y Agraria de Yopal - Casanare
Demandados: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, Corporación Autónoma Regional de la
Orinoquía – CORPORINOQUÍA, Integral de Servicios Técnicos S.A.1, Grupo C&C
Energía – Sucursal Colombia, Grant Geophysical, Sociedad Vector Geophysical
S.A.S., Geokinetics, Frontera Energy Colombia Corp. - Sucursal Colombia
Coadyuvante: Gustavo Adolfo Torres Melo2
Tercero: Municipio de Orocué

Tema: Derechos e intereses colectivo al goce de un ambiente sano, de conformidad
con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias; y a
la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los
recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución. La conservación de las especies animales y vegetales,
la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas
situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad
relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente; exploración de
hidrocarburos; protección de humedal.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la Nación – Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible - Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –
ANLA, Frontera Energy Colombia Corp. Sucursal Colombia y Gustavo Adolfo Torres
Melo, contra la sentencia proferida el 7 de marzo de 20193 por el Tribunal
Administrativo de Casanare.

1
Vinculada por auto de 23 de octubre de 2014, cuaderno 65 pagina 372.
2
Cfr. Índice 45 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI Archivo denominado: “[…]
77_ED_EXPEDIENTE_CUADERNO17(.pdf) NroActua 45 […]”
3
A pesar que a folio 2014 se indicó que la sentencia fue proferida el 7 de marzo de 2018, según el certificado expedido por
la Secretaría General del Tribunal Administrativo de Casanare, esta se profirió el 7 de marzo de 2019 (folio 2061 del cuaderno
físico 17).

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La presente providencia tiene las siguientes partes: i) antecedentes; ii)
consideraciones de la Sala; y iii) resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. El actor popular presentó demanda en ejercicio del respectivo medio de
control, en contra de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA; la
Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía – CORPORIONOQUÍA; Integral
de Servicios Técnicos S.A., Grupo C & C Energía – Sucursal Colombia, Grant
Geophysical, Sociedad Vector Geophysical S.A.S., Geokinetics, Frontera Energy
Colombia Corp. - Sucursal Colombia, con el objeto de lograr la protección de los
derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano; a la existencia del
equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos
naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución. La conservación de las especies animales y vegetales, la protección de
áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas
fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la
preservación y restauración del medio ambiente.

Pretensiones

2. La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] Primera. Solicita la Procuraduría 23 Judicial II Ambiental y Agraria, que
mediante sentencia se declare a la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS
AMBIENTALES "ANLA", y la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA
ORINOQUIA "CORPORINOQUIA", como responsables de omitir su deber de
gestión como autoridades ambientales, en el proceso de seguimiento, evaluación y
control del cumplimiento de los términos de las Licencias Ambientales concedidas a
esas empresas, amenaza, agravia y/o vulnera la efectividad de los derechos e
intereses colectivos de las comunidades del área de influencia del bloque Cravo
viejo jurisdicción del municipio de Orocué departamento de Casanare.

Segunda; Que se ordene la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS
AMBIENTALES "ANLA" en el ejercicio de sus competencias, tomar de manera
inmediata las medidas correctivas necesarias para que las empresas C&C
ENERGIA y PACIFIC RUBIALES, realicen las acciones necesarias para dar
cumplimiento a la Licencia ambiental otorgada mediante resolución N° 0167 de
Febrero 02 de 2007 para la exploración del bloque Cravo Viejo jurisdicción del
municipio de Orocué Departamento de Casanare. Así como ordenen las
restauraciones y compensaciones de las áreas afectadas con ocasión del
desarrollo del proyecto.

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Tercera: Que igualmente se ordene a la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS
AMBIENTALES "ANLA", exigir a las empresas C&C ENERGIA y PACIFIC
RUBIALES, que de manera inmediata realicen las obras necesarias, entre ellas: La
corrección del cauce de la Cañada NN, con el fin de restaurarla a sus condiciones
iniciales. En relación con la línea de flujo, teniendo en cuenta que en las condiciones
en que se encuentra (en el suelo) por el uso de soldadura produjo incendio, que se
disponga de acuerdo a la licencia ambiental que esta debe estar enterrada. En el
caso de la piscina de tratamiento de la plataforma Gemar, se realicen las obras que
se requieran para evitar que sus aguas se sigan mezclando con las de estero
Matemarrano, así como se impida el vertimiento de las aguas contaminadas de esta
piscina por el canal que por escorrentía va a la cañada NN causando grave
afectación por contaminación a los recursos naturales (agua, suelo y ecosistemas).
Y, en el caso de los pasos de agua construidos con ocasión de la vía que conduce
de la plataforma Bastidas Sur al estero matemarrano, se realicen los pasos de agua
necesarios, con las dimensiones adecuadas para evitar las inundaciones a los
predios aledaños […]”4.

Presupuestos fácticos

3. La parte actora indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar
sus pretensiones:

3.1. Indicó que se expidió la licencia ambiental por el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial a la empresa Integral de Servicios S.A. mediante
Resolución núm. 0167 de 2 de febrero de 2007 para la exploración del bloque Cravo
Viejo Jurisdicción del municipio de Orocué Departamento del Casanare, y
posteriormente ampliada a través de la Resolución núm. 0950 de 31 de mayo de
2007 que incluyó dos nueva áreas de interés denominadas Terecay llamado ahora
Gemar y Bastidas Sur y decretó entre otras disposiciones las áreas de exclusión
perforación exploratoria del bloque Cravo Viejo, entre ellas la fuente hídrica
conocida como estero Matemarrano ubicado a una distancia inferior de 30 metros
de la plataforma mencionada, declarada como área de exclusión para cualquier
actividad relacionada con el proyecto, estableciendo medidas de compensación por
la afectación al paisaje, consistentes en actividades de reforestación encaminadas
hacía la recuperación, preservación y enriquecimiento de los bosques de galería
cercanos a la locación y alrededor de la misma.

3.2. Manifestó que en desarrollo de las actividades sísmicas se realizaron 8
detonaciones dentro del cuerpo de agua del estero Matemarrano, el cual representa
condiciones biológicas y ecológicas de gran importancia ecosistémica para la zona,
en consecuencia, la comunidad vecina de la zona de influencia interpuso queja ante
la autoridad ambiental. Que la Corporación Autónoma Regional mediante concepto

4 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00045, archivo denominado:
61_850012333000201400186011EXPEDIENTEDIGIEXPEDIENTE20230222160346 página 11.

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técnico núm. 500.09.07-125 de fecha 28 de febrero de 2006 determinó “[…] en la
visita se observó que dentro del desarrollo del programa símico Cravo Viejo 3D, la
empresa GRANT GEOPHYSICAL realizó perforación y detonación de 3 pozos
ubicados dentro del cauce activo del estero mate marrano […]”, pero frente a esta
queja, la Corporación Autónoma Regional no impuso medida correctiva sobre los
hechos verificados. Posteriormente, se puso en conocimiento a la Corporación
Autónoma Regional respecto de los hechos que configuran afectaciones
ambientales en el drenaje natural de sabana a causa de la construcción de la vía
que conduce de la plataforma Bastidas Sur al estero Matemarrano. Mediante
concepto técnico 510.09.07-911 de 15 de agosto de 2007, frente a lo cual la
mencionada entidad determinó “[…] Es evidente que el puente construido sobre el
cauce del Caño Canacavare es la causa de la inundación presentada […]
adicionalmente las inundaciones de la vía en las zonas aledañas, utilizadas para la
extracción de material de préstamo también está causando inundaciones a los
potreros vecinos […]”.

3.3. Determinó que por lo hechos relacionados con las inundaciones en el predio
la Ceiba causadas posiblemente por la construcción de la vía de acceso al pozo
Terecay, la Corporación Autónoma Regional emitió concepto técnico núm.
500.49.2-000145 del 29 de julio de 2008 en el que indicó: “[…] sin embargo, dadas
las dimensiones del drenaje, su importancia y su relación directa con una zona de
inundación con vegetación asociada a bosque marginal del cauce, el drenaje NN
anteriormente relacionado, requería permiso de ocupación de cauce por parte del
Ministerio de Ambiente y de CORPORINOQUÍA para la construcción de la
estructura hidráulica, con el fin de establecer obligaciones y restricciones en la
intervención de dicho drenaje; sin embargo dentro de la Resolución No. 0950 de
mayo 31 de 2007 emitida por el Ministerio, no se autorizó el permiso de ocupación
de cauce para la construcción de la vía hacia el área de interés Gemar […]”.

3.4. Afirmó que mediante la Resolución núm. 1286 del 3 de julio de 2009 el
MADVT autorizó a la empresa Integral de Servicios S.A. la cesión de la licencia
ambiental a favor de la empresa C&C Energía (Barbados) Sucursal Colombia,
además por solicitud radicada con el núm. 009352 de fecha 17 de octubre de 2008.

3.5. Señaló que mediante concepto núm. 500.49.1-000400 del 25 de noviembre
de 2008, la Corporación Autónoma Regional indicó: “[…] Con respecto del cambio
de cauce de la cañada NN, se identificó que efectivamente la empresa C&C
ENERGY realizó intervención sobre la margen izquierda de la cañada NN, con el fin

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de cambiar el curso de las aguas y direccionarlas hacia el canal paralelo a la vía de
acceso del pozo Terecay o Gemar, por lo que a partir de ese sitio el cauce se
encuentra totalmente seco… alterando negativamente los ecosistemas, atentando
contra la flora, eliminación y/o desplazamiento de especies fáunicas, es decir se
afectó el caudal requerido para el sostenimiento del ecosistema, la flora y la fauna
de la fuente en mención […]”. Por lo anterior, se concluye que el estero arroja sus
aguas sobre la plataforma de Gemar, mezclándose las aguas de la piscina con las
del estero, adicionalmente la piscina de la plataforma por el margen derecho
desagua hacía la cañada ocasionando graves afectaciones y detrimento en la
estabilidad del medio ambiente y provocando inundaciones en la sabana.

3.6. Reportó que la tubería de línea de flujo según la licencia ambiental debe estar
enterrada o en tipo marco “H” a la salida de la plataforma que conduce de la
plataforma Bastidas, la tubería está sobre el suelo y en época de verano el día 5 de
enero de 2014, la empresa Serincicol contratista de Pacif Rubiales al realizar sus
actividades de instalar una nueva línea de flujo en el trayecto plataforma
Matemarrano al pozo Bastidas, al hacer una soldadura de marco “H” en horas de la
mañana una chispa de soldadura ocasionó un incendio de grandes proporciones,
ocasionando la incineración de una arborización aproximadamente de cien
hectáreas lo que arrasó con la flora y fauna del sector.

3.7. Informó que en la época de lluvias se presenta de manera recurrente que las
aguas del estero Matemarrano se mezclan con las aguas de la piscina de la
plataforma Gemar, causando que se reboce la piscina y se viertan aguas
contaminadas a la cañada NN.

3.8. Destacó su preocupación por que se configura una evidente agresión al
medio ambiente, por tal motivo es necesaria su protección a través de los medios
procesales, considerando la renuncia de las empresas operadoras del proyecto
bloque Cravo Viejo en materia de acatar los requerimientos originados en los
procesos sancionatorios ambientales.

3.9. Subrayó que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales emitió un
concepto técnico mediante el cual realizó unos requerimientos a la empresa Integral
de Servicios S.A. con ocasión de la visita realizada el 7 y 8 de abril de 2008.

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Contestaciones de la demanda

4. La Nación- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales – ANLA contestó la demanda, se opuso a las
pretensiones formuladas, así:

4.1. Indicó que modificó la Resolución núm. 0167 del 2 de febrero de 2007 para
declarar como áreas de exclusión para toda actividad del proyecto de exploración
El estero Matemarrano y demás esteros cercanos a las áreas de interés social y el
bosque protector de cauces y bosques secundarios, excepto para los cruces de
líneas de flujo y vías de acceso.

4.2. Manifestó que, en cuanto a las medidas de compensación por afectación del
paisaje, se adicionaron a la Resolución núm. 167 del 2 de febrero de 2007, la
reforestación por parte de la empresa como medida de compensación un área de
2,5 hectáreas por la construcción del pozo Terecay y un área de 2,5 hectáreas por
la construcción del pozo en el área Bastidas Sur. Dicha compensación propenderá
hacia la recuperación, preservación y enriquecimiento de los bosques de galería
cercanos a la locación y alrededor de la misma, tales como el Estero Matemarrano
y sus zonas de ronda y los Cañas Canacabare, Maremare y Surimena. Mediante
Resolución 2107 del 28 de noviembre de 2008 se adicionó los esteros que
corresponden a zonas bajas que dan origen a espejos de agua, en el área están
representados principalmente por el estero Matemarrano.

4.3. Aclaró que la actividad de exploración sísmica, de acuerdo con lo establecido
en el artículo octavo del Decreto 2820 de 5 de agosto de 2010, la Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales, solo es competente cuando dichos proyectos requieran
la construcción de vías de acceso, tal como lo señala el literal a) del numeral uno
del artículo 8 del mencionado decreto. En caso contrario, la actividad está sujeta a
la obtención de los permisos y autorizaciones de uso y aprovechamiento de
recursos naturales que lo requieren ante la Corporación Autónoma Regional, en el
caso particular a CORPORIONOQUÍA.

4.4. Indicó que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, en
ningún momento ha omitido su deber de gestión como autoridad ambiental y ha
realizado el seguimiento de la licencia ambiental otorgada por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial a la empresa Integral de Servicios
Técnicos S.A. mediante Resolución 167 del 2 de febrero de 2007 para el proyecto
“Bloque de Perforación Exploratoria Cravo Viejo”, la cual fue modificada por las

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resoluciones 523 del 23 de marzo de 2007, 950 del 31 de mayo de 2007, 1839 del
12 de octubre de 2007, 2375 del 28 de diciembre de 2007, 2107 del 28 de noviembre
de 2008, licencia cedida mediante Resolución 1286 del 3 de julio de 2009, a favor
del Grupo C&C Energía Sucursal Colombia.

4.5. Argumentó que ha proferido varios autos administrativos que permiten
corroborar que se ha dado cumplimiento a sus funciones legales y ha realizado
seguimiento y control a la licencia ambiental, razón por la cual no puede aceptarse
lo manifestado por la parte actora, cuando manifiesta que la ANLA ha omitido su
deber de gestión como autoridad ambiental. También ha adelantado los procesos
sancionatorios pertinentes y ha impuesto las multas por los incumplimientos
presentados.

4.6. Finalmente, propuso como excepciones las que denominó: “Ausencia de
vulneración de derechos colectivos por parte de la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales”; “Ausencia de nexo causal”; y “Falta de legitimación en la causa por
pasiva” 5.

5. La Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia- Corporinoquia,
contestó la demanda, por medio de apoderado, en la cual se opuso a las
pretensiones formuladas, así:

5.1. Indicó que, emitió concepto técnico número 500.10.1.14.0610 del 09 de junio
de 2014 y lo remitió por competencia al ANLA.

5.2. Señaló que, respecto a otra queja radicada, emitió concepto técnico número
500.49.2.000145 del 29 de julio de 2008, y lo remitió al Ministerio de Ambiente. Así
mismo, informó a la entidad, que no encontró evidencia relacionada con la
mortandad de especies que se localizaban en la plataforma de explotación petrolera
Terecay o Gemar.

5.3. Sostuvo que, el 29 de agosto de 2014 atendió la queja que denunció a la
empresa Pacific por quema de la sabana, encontrando que los hechos mencionados
por la empresa, aducían a una quema que provenía del exterior de la instalación y
habían provocado daños al interior de la plataforma Cucaracha, perteneciente al
Bloque Cravo Viejo.

5 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00045, archivo denominado:
61_850012333000201400186011EXPEDIENTEDIGIEXPEDIENTE20230222160346 Cuaderno 1 pagina 134 y
ss.

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5.4. Manifestó que, la Corporación no ha omitido la planificación en el desarrollo
económico, social y ambiental de su territorio ya que de conformidad con el literal
b), numeral 1) del artículo 8 del decreto 2820 de 2010; el parágrafo del artículo 39
del mismo decreto; y el parágrafo del artículo 2 de la Ley 1333 de 2009, la
competencia para expedición, ejercer seguimiento y control; y la facultad para iniciar
proceso sancionatorio radica en cabeza del ANLA.

5.5. Finalmente, propuso las excepciones que denominó: “Falta de legitimación
en la causa por pasiva”; y “Falta de Integración de contradictorio”.

6. El Municipio de Orocué, contestó la demanda, por medio de apoderado así:

6.1. Indicó que, respalda y coadyuva íntegramente la acción popular, respecto de
los supuestos facticos, derechos vulnerados, pretensiones, consideraciones
jurídicas, y elementos probatorios.

6.2. Manifestó que, está interesado en la prosperidad de la acción popular y en
las pretensiones que solicita la Procuraduría 23 Judicial II Ambiental y Agraria.

7. Integral de Servicios Técnicos S.A.S, contestó la demanda, por medio de
apoderada, en la cual se opuso a las pretensiones formuladas, así:

7.1. Manifestó que, la licencia ambiental de exploración para el bloque Cravo
Viejo fue cedida al Grupo C&C Energía (Barbados) Sucursal Colombia, dicha cesión
fue aprobada por la ANLA. Así mismo, mencionó que a la fecha ya existe una
licencia ambiental global que autoriza la explotación del Bloque y la instalación de
flujo en marcos H o enterradas.

7.2. Indicó que, nunca ha realizado detonaciones dentro del cuerpo de agua del
Estero Matemarrano y las vías que refiere el accionante fueron construidas
conforme a las licencias y autoridades expedidas por las autoridades competentes,
por tanto, no son las causantes de las inundaciones en el predio la Ceiba y no se
construyeron con el fin de cambiar el curso de las aguas de la cañada N.N.

7.3. Sostuvo que, el 23 de mayo de 2023 envió respuesta al Auto de la ANLA
número 451 de 2013 demostrando el seguimiento y control ambiental a la
contingencia presentada en la Estación Bastidas, Bloque Cravoviejo.

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7.4. Adujó que, siguiendo los lineamientos que autoriza la licencia ambiental,
utiliza un área que almacena agua lluvia que está libre de cualquier contaminante y
no está generando afectaciones al medio ambiente y los recursos naturales.

7.5. Aclaró que, el incendio forestal no fue causado por la Compañía Contratista
Sericincol y señaló que el informe de los bomberos de Yopal no estableció las
causas del incendio, y en consecuencia la compañía no está llamada a realizar las
actividades de compensación.

7.6. Resaltó que, la única afectación que puede vislumbrar es la de su buen
nombre, ya que ha cumplido con la normatividad y se ha ceñido a las licencias
otorgadas, y, por el contrario, el accionante ha soportado su acción popular en una
serie de apreciaciones personales y conclusiones equivocadas.

7.7. Finalmente, propuso las excepciones que denominó: i) “Falta de legitimación
en la causa por pasiva”; ii) “Inexistencia de la vulneración del derecho invocado”; iii)
“Inexistencia del daño”; iv) “Ausencia de relación causal”; v) “Improcedencia de la
acción popular”; y vi) “Excepción perentoria innominada”.

8. El Grupo C&C Energía (Barbados) Sucursal Colombia contestó la
demanda, por medio de apoderada, en la cual se opuso a las pretensiones
formuladas, así:

8.1. Manifestó que, a la fecha ya existe una licencia ambiental global que autoriza
la explotación del Bloque y la instalación de flujo en marcos H o enterradas, por otro
lado, nunca ha realizado detonaciones dentro del cuerpo de agua del Estero
Matemarrano y las vías que refiere el accionante fueron construidas conforme a las
licencias y autoridades expedidas por las autoridades competentes, por tanto, no
son las causantes de las inundaciones en el predio la Ceiba y no se construyeron
con el fin de cambiar el curso de las aguas de la cañada N.N.

8.2. Sostuvo que, el 23 de mayo de 2023 envió respuesta al auto de la ANLA
número 451 de 2013 demostrando el seguimiento y control ambiental a la
contingencia presentada en la Estación Bastidas, Bloque Cravoviejo.

8.3. Adujó que, siguiendo los lineamientos que autorizó la licencia ambiental,
utiliza un área que almacena agua lluvia que está libre de cualquier contaminante y
no está generando afectaciones al medio ambiente y los recursos naturales.

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8.4. Aclaró que, el incendio forestal no fue causado por la Compañía Contratista
Sericincol y señalo que el informe de los Bomberos de Yopal no establece las
causas del incendio, y en consecuencia la compañía no está llamada a realizar las
actividades de compensación.

8.5. Resaltó que, la única afectación que puede vislumbrar es la de su buen
nombre, ya que ha cumplido con la normatividad y se ha ceñido a las licencias
otorgadas, y, por el contrario, el accionante ha soportado su acción popular en una
serie de apreciaciones personales y conclusiones equivocadas.

8.6. Finalmente, propuso las excepciones que denominó: i) “Inexistencia de la
vulneración del derecho invocado”; ii) “Inexistencia del daño”; iii) “Ausencia de
relación causal”; iv) “Improcedencia de la acción popular”; y v) “Excepción perentoria
innominada”.

9. Geokinetics International; Inc. (antes Grand Geophysycal (Int´l), Inc.)
contestó la demanda, oponiéndose a las pretensiones y solicitó su desvinculación,
así:

9.1. Indicó que fue notificado del auto proferido por el Tribunal Administrativo de
Casanare, de fecha 23 de octubre de 2014, el 24 de noviembre de 2014.

9.1. Manifestó que, fue vinculado a la acción popular por haber realizado un
programa sísmico para la empresa Integral de Servicios Técnicos IST en predios de
la Finca La Ceiba en la vereda Surimena del municipio de Orocué, en 2006.

9.2. Aclaró que, frente al hecho tercero, en desarrollo de las actividades sísmicas,
se hicieron 8 detonaciones dentro del cuerpo de agua del Estero Matemarrano, que
representa condiciones biológicas y ecológicas relevantes para el ecosistema de la
zona, por lo que la comunidad de la zona de influencia vecina, interpuso queja ante
la autoridad ambiental. CORPORINOQUÍA, mediante concepto técnico 500.09.07-
125, de 28 febrero de 2006 dispuso “[…] En la visita se observó que dentro del
desarrollo del programa símico (sic) Gravo viejo 3D, la empresa GRANDT
GEOPHYSICAL, realizó perforación y detonación de 3 pozos ubicados dentro del
cauce activo del estero mate marrano … […]”6; sin embargo, la CORPORACIÓN no
impuso medida alguna correctiva relacionada con los hechos.

6
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00045, archivo denominado:
68_850012333000201400186018EXPEDIENTEDIGIEXPEDIENTE20230222160353, Cuaderno 8.

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9.3. Indicó que, GEOPHYSICAL (INT´L), ejecutó el contrato de prestación de
servicios de exploración sísmica Cravo Viejo 3D, como contratista, con la sociedad
C&C.

9.4. Argumentó que en desarrollo del contrato solicitó autorización para hacer
diversos trabajos y de manera concomitante, presentó aviso, acogiendo las normas
vigentes del momento (artículo 19 del Decreto Legislativo 1056 de 1953 y demás
relacionados.

9.5. Adujo que, el proyecto tuvo desarrollo en los predios de la Finca La Ceiba,
de la vereda Surimena, en el municipio de Orocué, corregimiento Algarrobo,
Departamento de Casanare, propiedad de los señores Ana Dolores Torres y
Gonzalo Armando Torres, quienes se comprometieron a aportar el certificado de
tradición y libertad, como parte integral del permiso.

9.6. Manifestó que, los propietarios autorizaron la realización del trabajo de
exploración sísmica, conforme con las normas aplicables vigentes, explicaciones, y
documentos entregados, además de la guía sísmica.

9.7. Dispuso que, no realizó perforaciones y detonaciones dentro del estero Mata
Marrano, por lo que no ocasionó daños ambientales al ecosistema de la zona,
actuando bajo los estándares de la industria nacional e internacional, “[…]
guardando las distancias establecidas en las guías del Ministerio del medio
Ambiente. Temas que fueron corroborados por la autoridad ambiental en sus visitas
técnicas y las visitas técnicas del departamento HSE de la misma empresa,
documentos que se encuentran en el proceso de investigación administrativa
llevado a cabo por la entidad CORPORINOQUIA, razón por la cual no fueron
impuestas medidas correctivas, tal y como se menciona en la demanda. […]”7

9.8. Sustentó, en relación con los argumentos de la acción popular que no está
ajustada a derecho, toda vez que no se pueden generar incumplimientos cuando
los trabajos fueron realizados dentro de los parámetros ambientales establecidos
en las guías ambientales y adjuntó el informe entregado por el Departamento de
HSE de 23 de abril de 2006 entregado por CORPORINOQUÍA, relacionado con la
visita a la zona de estero Proyecto Cravo viejo 3D.

7
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00045, archivo denominado:
68_850012333000201400186018EXPEDIENTEDIGIEXPEDIENTE20230222160353, Cuaderno 8.

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9.9. Puntualizó en que la demanda carece de fundamentos de hecho y de
derecho y que no ha participado en los trabajos relacionados con las perforaciones
exploratorias en el bloque denominado Cravo Viejo, ni en las obras civiles
identificadas en la demanda, por lo que solicita que se denieguen las pretensiones
y sea desvinculado del proceso.

La audiencia de pacto de cumplimiento

10. El Tribunal, mediante audiencia de 3 de marzo de 2015 llevo a cabo la
audiencia de pacto de cumplimiento, que se suspendió para continuarse el 1 de
diciembre de 2015 y se declaró fallida por falta de ánimo conciliatorio de las partes8.

Sentencia proferida, en primera instancia

11. El Tribunal Administrativo de Casanare profirió sentencia de 7 de marzo de
2019, en la que resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO Declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva, propuesta por la sociedad Vector Geophysical, por las razones señaladas
en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Declarar no probadas la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva, propuesta por Corporinoquia, la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales e Integral de Servicios Técnicos S.A. por las razones expuestas en este
proveído

TERCERO: Amparar los derechos colectivos amenazados a la defensa del medio
ambiente, goce de un ambiente sano en condiciones de seguridad, existencia del
equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales
para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución,
la conservaciones de las especies animales y vegetales, protección de áreas de
especial importancia ecológica, los ecosistemas situaciones en las zonas fronterizas
y la preservación y restauración del medio ambiente del área de influencia del bloque
Cravo Viejo jurisdicción del municipio de Orocué, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia. En consecuencia, imponer a las demandas las
siguientes obligaciones:

3.1 Medidas Definitivas
Con el fin de resarcir y/o compensar los daños ambientales causados en el estero
Matemarrano, en la cañada NN y los caños Maremare y Canacabare, y se amparen
los derechos colectivos amenazados a la defensa del medio ambiente, goce de un
ambiente sano en condiciones de seguridad, existencia del equilibrio ecológico y el
manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, la conservaciones
de las especies animales y vegetales, protección de áreas de especial importancia
ecológica, los ecosistemas situaciones en las zonas fronterizas y la preservación y
restauración del medio ambiente del área de influencia del bloque Cravo Viejo

8 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00045, archivo denominado:
69_850012333000201400186019EXPEDIENTEDIGIEXPEDIENTE20230222160354 Cuaderno 69 pagina 51 y
ss.

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jurisdicción del municipio de Orocué, las demandadas deberán cumplir las siguientes
medidas:

Medidas definitivas Plazo Responsables
1.Fase indagación

Revisar los diferentes
requerimientos y las
decisiones proferidas por Autoridad Nacional
la ANLA y los informes de Licencias
técnicos proferidos por Ambientales
Corporinoquia, allegados
al expediente y Empresa Integral De
confrontarlo con el último Servicios S.A.
informe allegado por la
Corporación Autónoma de Frontera Energy Colombia
la Orinoquía el 21 de Corp.
enero de 2019 y Sucursal Colombia o
establecer las quien haga sus
compensaciones veces
ordenadas en las distintas Cuatro (4) meses
decisiones s y las
efectuadas por las Grant Geophysical
beneficiarias de la licencia (Int´l) Inc, hoy
ambiental 167 de 2007. Geokinetics
International Inc.
En esta etapa, la
Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales
deberá presentar un
informe claro en el que se
relacione el resultado de
las investigaciones
adelantadas, las
sanciones impuestas y el
cumplimiento de dichas
sanciones.

2. Fase diagnóstico
Empresa Integral De
Cumplido lo anterior, Servicios S.A.
realizar un diagnóstico en Cuatro (4) meses
terreno, en el estero contados a partir del Frontera Energy Colombia
Matemarrano, en la la vencimiento del plazo, Corp.
cañada NN, para según lo determinado en Sucursal Colombia o
identificar los riesgos la etapa anterior. quien haga sus
existentes en relación con veces
el desarrollo del proyecto
de perforación Bloque
Cravo Viejo, incluyendo Grant Geophysical
las áreas relacionadas (Int´l) Inc, hoy
con la ocupación del Geokinetics
cauce de los caños International Inc.
Maermare y Canacabare,
a la altura donde fue
construido el puente que
redujo el cauce natural y
ha sido la causa de
inundación de los predios
vecinos, el vertimiento de

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las aguas de la zona de
préstamo
lateral a la cañada NN y al
estero Matemarrano, las
zonas afectadas con las
detonaciones o sísmicas y
la verificación de
funcionalidad de las
alcantarillas o pasos de
agua, de manera que
permita que se recupere
la dinámica hídrica de
todos los cuerpos de agua
afectados, el paisaje y se
restaure el hábitat de la
fauna y flora del sector.
3. Fase plan de trabajo Empresa Integral De
Servicios S.A.
Establecido el
diagnóstico, se debe Cuatro (4) meses Frontera Energy Colombia
proceder a elaborar el contados a partir del Corp.
plan de trabajo y medidas vencimiento del plazo Sucursal Colombia o
de compensación a anterior. quien haga sus
ejecutar, indicando veces
tiempos y responsables,
encaminados a reparar, Grant Geophysical
minimizar el daño o (Int´l) Inc, hoy
compensarlo Geokinetics
International Inc.
4. Fase de Ejecución Empresa Integral De
Servicios S.A.
Iniciar las labores Diez (10) meses
requeridas, establecidas contados a partir del Frontera Energy Colombia
en el documento vencimiento del plazo Corp.
resultante del diagnóstico anterior. Sucursal Colombia o
y del plan de trabajo, quien haga sus
procediendo a iniciar o veces
continuar las
investigaciones Grant Geophysical
adelantadas por las (Int´l) Inc, hoy
presuntas infracciones Geokinetics
que se adviertan con International Inc.
ocasión a la licencia 0167
de 2007.
5. Fase Final EMPRESA INTEGRAL
DE SERVICIOS
Entrega de las evidencias
contentivas de las Cuatro (4) meses GRUPO C&C ENERGY
actividades ejecutadas, contados a partir del (BARBADOS) o quien
realizadas acorde con el vencimiento del plazo haga sus veces
diagnóstico y plan de anterior.
trabajo, indicando en qué Grant Geophysical
condiciones se dejó la (INT´L) INC, hoy
zona de influencia del Geokinetics
proyecto Bloque Cravo International Inc.
Viejo, qué medidas
correctivas se impusieron
por parte de la ANLA,
documento resultante que
deberá ir acompañado del

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visto bueno de
Corporinoquía.
Control de cada una de A partir de la ejecutoria ANLA
las actividades de esta providencia
CORPORINOQUIA

3. 2 Medidas cautelares

De manera concomitante, en auto separado, se imponen medidas cautelares a cargo
de Geokinetics International Inc., Empresa Integral de Servicios Técnicos y/o quien
haga sus veces, Frontera Energy Colombia Corp., Sucursal Colombia, Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales y Corporinoquia, de conformidad con lo señalado
en la parte motiva de este proveído.

[…] 5. Medidas Cautelares

El Consejo de Estado ha señalado que en la sentencia sea adoptarán las medidas
definitivas y las cautelares mediante auto, por cuanto “el hecho de dictar medidas
cautelares al interior de una sentencia, vulnera el derecho al debido proceso y a la doble
instancia de la autoridad obligada, pues el trámite de apelación del auto que decreta una
medida cautelar difiere del previsto para la apelación de la sentencia, en tanto que en el
primer evento la alzada se resuelve de plano y en el segundo se debe admitir el recursos
y correr traslado del mismo a las partes y al Ministerio Público, lo cual resulta aún más
dispendioso”.

Por consiguiente y, teniendo en consideración que en el sub examine, se encuentran
amenazados los derechos colectivos a la defensa del medio ambiente, goce de un
ambiente sano en condiciones de seguridad, existencia del equilibrio ecológico y el
manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, la conservaciones de
las especies y vegetales, protección de áreas de especial importancia ecológica, los
ecosistemas situaciones en las zonas fronterizas y la preservación y restauración del
medio ambiente del área de influencia del bloque Cravo Viejo jurisdicción del municipio
de Orocué, se deben imponer ordenes preventivas a cargo de Geokinetics International
Inc., Empresa Integral de Servicios Técnicos, Frontera Energy Colombia Corp. la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y Corporinoquia, que cese las afectaciones
causadas en los cuerpos de agua, permitiendo que esta circule, minimizando la sequía
especialmente en época de verano, contribuyendo a la restauración del suelo, la fauna y
la flora del sector, la Sala decretará las medidas cautelares que considere necesarias y
analizará las solicitadas por el accionante […]9.

CUARTO: ORDENAR la conformación de comité de verificación tanto de medidas
cautelares como definitivas, que será integrado por el Director de la Corporación
Autónoma Regional de la Orinoquia, quien coordinará y presidirá el Comité, al
delegado del Ministerio Público en este proceso, a la Procuradora 23 Judicial II
Ambiental y Agraria, al señor Gustavo Torres; a la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales, al Municipio de Orocué, cuyo procedimiento se sujetará a las reglas
trazadas en la parte motiva de esta providencia y y deberá rendir informes periódicos
cada tres (3) meses, el inicial dentro de la primera semana de junio del año en curso;
o cuando ocurran novedades que requieran intervención judicial más temprana.

QUINTO: Niéguense las demás pretensiones de la demanda.

SEXTO: Sin costas en esta instancia.

SÉPTIMO: MANTÉNGASE el expediente en Secretaría por el término y para los
efectos señalados en el artículo 274 de la Ley 1437 de 2011; cumplido lo anterior, sin
que se presentare recurso, dese cumplimiento a lo aquí dispuesto […]”10.

9
Copiado de la parte motiva de la sentencia.
10
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 0045.

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Consideraciones del Tribunal

12. El Tribunal consideró que los problemas jurídicos a resolver eran los
siguientes: “[…] ¿Se causaron daños ambientales al caño NN y el estero
Matemarrano, durante el desarrollo del proyecto Bloque Cravo Viejo, por parte de
las beneficiarias de la licencia ambiental concedida y las operadoras ejecutoras de
las diferentes obras?; ¿La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales omitió su
deber de vigilancia y control del proyecto derivado de la licencia concedida mediante
Resolución 167 de 2007?; y ¿Corporinoquia omitió su deber de prevención y de
máxima autoridad ambiental en esta jurisdicción frente al proyecto Bloque Cravo
Viejo? […]”.

12.1. El Tribunal consideró como tesis que accederá parcialmente a las
pretensiones de la demanda, al advertir que se encuentran vulnerados los derechos
colectivos aducidos por la accionante, porque como se probó en el proceso, en el
desarrollo del proyecto de exploración Cravo Viejo, amparado por la licencia
ambiental concedida mediante Resolución núm. 167 de 2007, se causaron daños al
estero Matemarrano y a la cañada NN y con ello se generó afectación al ecosistema
de dicha zona, derivados del incumplimiento de las obligaciones pactadas en la
referida licencia.

12.2. El Tribunal determinó que en el caso existe omisión por parte de la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales, que tiene dentro de sus obligaciones el control
y vigilancia de las licencias otorgadas. También existe negligencia por parte de la
Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía en su función de máxima autoridad
de policía ambiental y de aplicación de medidas de prevención frente a los daños
ambientales causados dentro de su jurisdicción.

12.3. Aclaró que no prospera la pretensión relacionada con el incumplimiento de la
licencia ambiental 167 de 2007 y sus resoluciones modificatorias, particularmente
que se entierre la línea de flujo, toda vez que no comporta daños ambientales, por
cuanto es la autoridad ambiental quien tiene el deber de vigilancia y la potestad
sancionatoria para hacer cumplir las obligaciones emanadas de las mismas, en
aplicación del Decreto 2820 del 5 de agosto de 2010 y quien debe exigir a las
empresas licenciadas el incumplimiento de los compromisos pactados para el
desarrollo del proyecto de exploración del bloque Cravo Viejo jurisdicción del
municipio de Orocué.

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12.4. El Tribunal estableció el marco general de las acciones populares y el marco
normativo sobre los bienes inherentes al medio ambiente. Señaló los hechos
probados y el recaudo probatorio, en el que limitó el marco fáctico y definió que el
área de influencia del bloque Cravo Viejo jurisdicción del municipio de Orocué es
considerada como un área ambientalmente protegida, por cuanto sus calidades
constituyen un espacio ideal para la oferta alimenticia y de reproducción de la fauna
y flora que allí se encuentra. En ese entendido, se analizó si se configuraron los
daños advertidos en el estero Matemarrano y en la cañada NN y si los mismos han
sido resarcidos o compensados. También se estudió el deber de las autoridades
ambientales en el proceso de seguimiento, evaluación, control y prevención con
ocasión al desarrollo de la licencia ambiental concedida a la empresa Integral de
Servicios Técnicos S.A. quien la cedió posteriormente al Grupo C&C Energía
(Barbados) Sucursal Colombia, para desarrollar el proyecto denominado Bloque de
Perforación Exploratoria Cravo Viejo, con al cual se han causado daños
ambientales. Determinó su análisis bajo dos puntos: i) las actividades sísmicas y
detonaciones realizadas dentro del estero Matemarrano; ii) la construcción de vías
de acceso y de alcantarillas no se hicieron en los pasos indicados, causando
inundación en la sabana; iii) la intervención del caño Maremare que conduce del
puente Canacabare al estero Matemarrano; y iv) la mezcla de aguas del estero con
las de la zona de préstamo lateral.

12.5. Determinó que revisada la licencia ambiental otorgada mediante la
Resolución No. 167 de 2007 para el proyecto "bloque de Perforación Exploratoria
Cravo Viejo", en su artículo segundo autorizó cuatro (4) áreas de interés para la
perforación exploratoria, en cada una de las cuales se perforaban máximo dos
pozos, en las áreas de interés Carrizales, Heredia, Bastidas y Matemarrano y se
señalaron como áreas de exclusión los jagüeyes, aljibes de agua y pozos de agua
subterránea, los cuerpos de agua y su ronda de protección, a partir de la cota
máxima de inundación, excepto para los cruces de líneas de flujo y vías de acceso
y sólo hasta el 28 de noviembre de 2008, cuando se modificó la licencia ambiental
mediante la Resolución No. 2107, se adicionaron a las áreas de exclusión ya
establecidas para toda la actividad del proyecto, los esteros que corresponden a
zonas bajas que dan origen a espejos de agua y que en el área están representados
principalmente por el estero Matemarrano. Que en diligencia de inspección judicial
se identificaron varias depresiones que fueron hechas por el hombre y no son parte
del desarrollo natural.

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12.6. Se probó que durante el mes de enero de 2006, la empresa Grant
Geophysical realizó la perforación y detonación de 3 pozos ubicados dentro del
cauce activo del estero Matemarrano, ubicado dentro del predio La Ceiba, vereda
Surimena, del municipio de Orocué y de acuerdo a las guías ambientales para
proyectos de exploración sísmica terrestres expedidas por el ministerio se debía
conservar una distancia mínima de 30 metros, lo cual no ocurrió por lo que se
recomendó abrir una investigación a las empresas Grant Geophysical, quien
desarrolló el programa sísmico Cravo Viejo 3D y a la empresa Integral de Servicios
Técnicos S.A., operador del bloque por haber perforado y detonados tres pozos
dentro del cauce activo del estéreo en mención.

12.7. Indicó que no se pudo verificar si se taparon o sellaron las depresiones
causadas con la sísmica para evitar la erosión, tampoco obra documento avalado
por la autoridad competente, que pueda determinar si con posterioridad a las
investigaciones adelantadas hubo compensación alguna como consecuencia del
daño causado. Aclaró que el fin de la acción no se contrae a determinar si se
cumplieron o no los parámetros establecidos en la licencia ambiental relacionada,
sino a salvaguardar los derechos colectivos que se pudiesen ver afectados con el
desarrollo del proyecto. En consecuencia, el daño persiste y los huecos deben ser
corregidos, sellados o compensados por parte de quien realizó la actividad sísmica.

12.8. El Tribunal determinó que la autoridad ambiental requirió a la empresa
Integral de Servicios Técnicos S.A. para reconformar las márgenes del caño
Maremare afectado por la excavación de zonas de préstamo con el fin de garantizar
que las aguas del mismo no se desvíen de su cauce natural ni se disminuyan los
caudales hacía aguas abajo; adecuar los pasos de fauna silvestre y ganado en la
zona de préstamo conformada a lo largo de la vía de acceso a los pozos
Matemarrano 1 y Bastidas. Por cuanto encontró que las alcantarillas se encuentran
a nivel de la sabana, es decir por encima del nivel del fondo de las zonas excavadas
y no estaban drenando las aguas almacenadas en la zona.

12.9. Por lo anterior la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ordenó la
apertura de una investigación ambiental en contra del grupo C&C Energía
(Barbados) Sucursal Colombia, por no realizar las actividades ni presentar la
información requerida, generando afectación al agua, suelo, flora y fauna al alterar
la dinámica hídrica de la zona con la construcción de las vías al Bloque Cravo Viejo.
Por su parte, en el último concepto técnico presentado por Corporinoquia se
concluye que no se ha corregido el cauce original de la Cañada NN ni tampoco se

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evidencia por parte de la ANLA el seguimiento realizado al requerimiento efectuado
a la beneficiaria de la licencia ambiental, si se impusieron sanciones adicionales,
cuáles fueron las medidas de restablecimiento del medio ambiente afectado y si
estas fueron cumplidas por parte de la empresa infractora.

13. En cuanto a la intervención del caño Maremare que conduce del puente
Canacabare al estero Matemarrano, no se observó el cumplimiento de medidas de
compensación avaladas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y por
el contrario, se ha causado impacto ambiental en la zona afectada con el desarrollo
del proyecto.

14. En relación con la mezcla de aguas, el Tribunal consideró que a pesar de no
evidenciarse contaminación, la mezcla de agua de la zona de préstamo lateral con
las del estero, representa un riesgo que debe minimizarse, pues al desviarse el agua
hacía la zona de préstamo, se disminuye el caudal del estero y de la Cañada, se ve
afectada la dinámica hídrica de estos cuerpos de agua y con ello se perjudica el
suelo, la fauna y la flora del sector, ocasionando impacto en época de verano, si se
tiene en cuenta que, el flujo del agua tanto para el estero como para el caño es de
carácter permanente durante el año.

15. En relación con las líneas de flujo, el Tribunal consideró que no existe prueba
alguna que determine que el incendio fue causado por la instalación de las líneas
de flujo de las empresas beneficiarias de la licencia ambiental. Aclaró que el
incumplimiento frente a la forma de instalación de las líneas de flujo, es un asunto
exclusivo de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, quien deberá realizar
las investigaciones que se deriven del incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la licencia ambiental. En relación con este punto, se probó que los
daños causados por el incendio ya se encuentran superados por regeneración
natural del ecosistema.

16. El Tribunal consideró que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales,
tiene el deber de vigilancia y la potestad sancionatoria para hacer cumplir las
obligaciones de la licencia ambiental 0167 de 2007, en aplicación del Decreto 2820
del 5 de agosto de 2010, función que no se ha cumplido de forma integral, porque
si bien se hicieron unos requerimientos y se adelantaron las investigaciones
pertinentes, su potestad sancionatoria no ha sido efectiva, porque no se encuentran
acreditadas las compensaciones ordenadas como consecuencia de los daños
causados al medio ambiente y del incumplimiento de los compromisos pactados por
parte de los beneficiarios de la licencia ambiental.

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17. El Tribunal indicó que se encuentran amenazados los derechos colectivos e
impartió órdenes preventivas a cargo de Geokinetics International Inc., Empresa
Integral de Servicios Técnicos, Frontera Energy Colombia Corp., la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales y Corporinoquia, para que cese las afectaciones
causadas en los cuerpos de agua permitiendo que esta circule, minimizando la
sequía especialmente en época de verano y contribuyendo a la restauración de
suelo, la fauna y la flora del sector.

18. En relación con el resarcimiento o compensación de los daños causados en
el estero Matemarrano, el caño Canacabare y la Cañada NN se ampararon los
derechos colectivos amenazados y se ordenaron a las entidades demandadas lo
propio en diferentes fases: fase de indagación; fase de diagnóstico; fase plan de
trabajo; fase de ejecución; y fase final.

Recurso de apelación presentado por la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales - ANLA

19. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales presentó escrito por medio
del cual interpuso el recurso de apelación contra la sentencia proferida, en primera
instancia, en los siguientes términos:

19.1. Señaló que antes de iniciar la argumentación técnica y jurídica sobre cada
uno de los aspectos para amparar los derechos colectivos, se refirió sobre el
seguimiento y control ambiental que ha tenido el proyecto por parte del entonces
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y luego por la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales.

19.2. Indicó que el proyecto “Bloque de Perforación Exploratoria Cravo Viejo”
cuenta con licencia ambiental otorgada a la empresa Integral de Servicios Técnicos
S.A. mediante Resolución 167 del 2 de febrero de 2007, la cual fue modificada por
las resoluciones: 523 del 23 de marzo de 2007, 950 del 31 de mayo de 2007, 1839
del 12 de octubre de 2007, 2375 del 28 de diciembre de 2007, y 2107 del 28 de
noviembre de 2008.

19.3. Resaltó que se anexaron actos administrativos que evidencian el seguimiento
y control ambiental que ha realizado. Así como también las investigaciones de
carácter sancionatorio contra la sociedad ejecutora del proyecto.

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19.4. Señaló como primer argumento de fondo en cuanto a las actividades
sísmicas y detonaciones realizadas dentro del estero Matemarrano, que no existe
contaminación que lo ponga en peligro o afecte el entorno ecosistémico.

19.5. Como evidencia del cumplimiento de las funciones de vigilancia y control de
la licencia ambiental, tratándose de la posible mezcla de aguas requirió a la
sociedad para que entregara información relacionada, la cual se indicó que se
encuentra en proceso de evaluación.

19.6. Consideró como segundo punto, el relacionado con la construcción de vías
de acceso y de alcantarillas que no se hicieron en los pasos indicados, causando
inundación en la sabana, sin embargo el Tribunal reconoce la apertura de
investigación ambiental contra el grupo C&C Energía (Barbados) Sucursal
Colombia, en ese entendido, se tiene que la autoridad si ha realizado seguimiento
y control al proyecto, al mismo tiempo que se vienen adelantando los procesos
sancionatorios por afectación a los recursos naturales e incumplimiento a la licencia
ambiental.

19.7. Consideró en relación con la intervención del caño Maremare que conduce
del puente Canacabare al estero Matemarrano, que la autoridad ambiental si adoptó
medidas sancionatorias por no haber solicitado la modificación de la licencia
ambiental y haber realizado la ocupación de cauce sobre el caño Maremare.

19.8. Argumentó, en relación con la mezcla de aguas del estero con las de la zona
de préstamo lateral, que no existe contaminación que ponga en peligro o afecte el
entorno ecosistémico. Señaló que el informe técnico no demuestra la existencia de
desbordamiento del agua del estero Matemarrano en la zona de préstamo lateral
que afecte la dinámica hídrica de los cuerpos de agua. Tampoco dentro del proceso
no obra prueba suficiente que determine el peligro inminente de afectación a
derechos colectivos en caso de no decretarse la medida cautelar.

19.9. Sostuvo en cuanto a las líneas de flujo, que mediante licencia se autorizó la
construcción de las locaciones multipozo: Matemarrano, Bastida Norte, Bastidas
Sur, Gemar, Carrizales 2 y Carrizales 1 y se autorizó la ejecución de actividades de
construcción de líneas de flujo sin condicionar o establecer el método constructivo
a implementar. Sin embargo, en el marco del proyecto se modificó la resolución para
autorizar la construcción de líneas de flujo aéreas. En el concepto técnico núm. 6168
del 4 de diciembre de 2017, se consignó que las líneas de flujo transcurren de forma
superficial apoyadas sobre marcos H, por lo tanto, el proyecto se ha venido

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desarrollando de acuerdo a lo autorizado en el instrumento de manejo y control
otorgado por la ANLA.

19.10. Por último, solicita la revocatoria del fallo de segunda instancia y se declare
probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, por que las
pruebas demuestran el cumplimiento de las funciones de seguimiento y control de
la licencia ambiental11.

Recurso de apelación presentado por Frontera Energy Colombia Corp.
Sucursal Colombia

20. Frontera Energy Colombia Corp. Sucursal Colombia presentó escrito por
medio del cual interpuso el recurso de apelación contra la sentencia proferida, en
primera instancia, en los siguientes términos:

20.1. Indicó que los reparos concretos son: i) el despacho hizo una valoración
incompleta de los elementos de la responsabilidad, ii) la sentencia no cumple con la
totalidad de los requisitos legales; iii) indebida valoración probatoria – ausencia de
prueba de los daños ambientales; iv) indebida valoración probatoria del concepto
de Corporinoquia; y v) error judicial en la práctica de una prueba.

20.2. Consideró que, en relación con el primer punto, en la sentencia se omite el
estudio de la relación de causalidad entre las distintas acciones y omisiones
reprochadas y los supuestos daños. Tampoco se realiza análisis alguno para
efectos de asignar un grado de responsabilidad, en relación con cada una de dichas
conductas. Sin argumentación alguna, el Tribunal creó una responsabilidad solidaria
inexistente en el ordenamiento legal. Lo procedente es que se hubiera realizado un
análisis de causalidad en el que se valorara y calificara las eventuales conductas,
atribuyendo a cada una de ellas la responsabilidad, en la sentencia no se hace
referencia a teoría alguna para analizar la supuesta multiplicidad en las causas del
daño.

20.3. En relación con el segundo punto, indicó que en la sentencia no se hizo
ningún pronunciamiento frente a las excepciones propuestas por Frontera lo cual se
considera contrario al debido proceso.

20.4. En cuanto a la indebida valoración probatoria, manifestó que el informe
técnico no fue decretado ni practicado de conformidad con las normas procesales

11
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00045, archivo denominado:
77_8500123330002014001860117EXPEDIENTEDIGIEXPEDIENTE20230222160358 Cuaderno 17 pagina 129 y ss.

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porque no pudo ser objeto de contradicción. Además, para probar las supuestas
depresiones que se originaron por la actividad sísmica, el Tribunal utilizó la
inspección judicial, lo cual no es procedente para ser acreditado prescindiendo de
la prueba pericial.

20.5. Señaló que existe una indebida valoración probatoria del concepto de
Corporinoquia, en el entendido que si no se pudo verificar si se taparon o sellaron
las depresiones causadas, no se reúne el elemento de certeza del daño y por lo
tanto, no se probó la existencia de daño y no se configuraron los elementos de la
responsabilidad.

20.6. Mencionó que el error judicial en la práctica de una prueba deriva de que no
se le dio la oportunidad de contradecir el dictamen por cuanto el Tribunal indicó que
se trataba de una prueba por informe, la cual no aplica por no reunir los requisitos
de ese tipo de pruebas, en consecuencia, la sentencia se funda en una prueba
indebidamente practicada.

20.7. Solicitó que se revoque el fallo de primera instancia y en su lugar se declaren
prosperas las excepciones o se nieguen las pretensiones12.

Recurso de apelación presentado por Gustavo Adolfo Torres Melo

21. El señor Gustavo Adolfo Torres Melo presentó escrito por medio del cual
interpuso el recurso de apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia,
en los siguientes términos:

21.1. Señaló que no se tuvo en cuenta el concepto técnico realizado por el
Ingeniero Luis Felipe Torres, porque las órdenes impartidas no mitigan las
afectaciones causadas al estero Matemarrano. Dentro de las advertencias
indicadas en el concepto se tiene que esa zona suministra importantes servicios
ambientales para la región y requiere de una protección especial. Que no se puede
tener ningún tipo de explotación o perforación cerca a ningún cuerpo de agua por lo
menos a 50 y 100 metros cuando se trate de reservorios o de fauna silvestre. Lo
anterior de conformidad con la Resolución de Corporinoquia núm. 200.41.10.0440
del 18 de marzo de 2010.

12
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00045, archivo denominado:
77_8500123330002014001860117EXPEDIENTEDIGIEXPEDIENTE20230222160358 Cuaderno 17 pagina 139 y ss.

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21.2. Consideró que en la sentencia no se tomaron medidas tendientes a detener
el daño causado sobre el estero Matemarrano, pues la sentencia debió ser enfática
en manifestar que no podía construir, explotar o perforar en un radio de 100 metros
a la redonda del estero.

21.3. Señaló que las medidas adoptadas son improductivas porque no guardan
relación con la efectiva protección de los derechos colectivos demandados. Que la
identificación de riesgos no recupera para nada la dinámica hídrica y el hábitat de
fauna y flora, pues esto se debió realizar con un concepto técnico independiente,
para que la orden no fuera la identificación de los riesgos sino acciones
encaminadas a detener el daño.

21.4. Indicó que se dejó en manos de la industria petrolera la elaboración del plan
de trabajo, indicando los responsables encaminados a reparar, minimizar el daño o
compensarlo, pero nada dijo de parar el daño en el presente y a futuro. En cuanto
a las medidas definitivas, resaltó que en la fase de ejecución se deben iniciar o
continuar investigaciones adelantadas por las presuntas infracciones con ocasión
de la licencia núm. 0167 de 2007. En relación con las medidas cautelares no son
las idóneas para evitar los reales daños causados y que se seguirán causando a los
cuerpos de agua, como a la flora y fauna del sector, no se toman la molestia de
indicar que tipo de obras se deberán construir para que el estero Matemarrano se
siga desviando.

21.5. Señaló que los estudios técnicos fueron realizados por los demandados, lo
que impide su objetividad a la hora de fallar.

21.6. Solicitó que se revoque la sentencia y su lugar se tomen las medidas
efectivas para prevenir el daño causado al estero, las demás fuentes hídricas, la
flora y la fauna del sector, el único camino debe ser el cierre definitivo de la
plataforma Gemar. Que se efectúe un estudio técnico para identificar los efectos
causantes de la actividad petrolera en los cuerpos de agua y demás daños
ambientales causados en la región13.

Actuaciones en segunda instancia

22. Por medio de auto de 29 de abril de 2019 el despacho sustanciador resolvió
admitir los recursos de apelación interpuestos por la Nación – Ministerio de

13 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00045, archivo denominado:
77_8500123330002014001860117EXPEDIENTEDIGIEXPEDIENTE20230222160358 Cuaderno 17 pagina 146 y ss.

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Ambiente y Desarrollo Sostenible – Autoridad Nacional de Licencias Ambientales,
Frontera Energy Colombia Corp. Sucursal Colombia y el señor Gustavo Adolfo
Torres Melo14. Posteriormente por auto de 25 de septiembre de 2019 se resolvió
ordenar a la Secretaría General del Consejo de Estado, la remisión del expediente
de manera inmediata y en calidad de préstamo al Despacho del Consejero de
Estado, doctor Luis Alberto Álvarez Parra con destino a la acción de tutela
identificada con el NUR 11001031500020194095-0015. Por auto de 20 de enero de
2023, el despacho ordenó la presentación de alegatos y el traslado al Ministerio
Público para que si a bien lo tuviera emitiera su concepto; la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales presentó alegatos de conclusión en los que reiteró los
argumentos del recurso de apelación, posteriormente presentó un escrito en el que
da alcance a los alegatos, señaló que la entidad se encontraba realizando las
consultas internas para determinar el estado de cumplimiento de las obligaciones
relacionadas con las compensaciones ambientales establecidas en la licencia y se
señaló la falta de competencia sobre las actividades de sísmica realizadas por la
empresa. Es pertinente resaltar en este punto que no es procedente la inclusión de
nuevos argumentos de defensa.

23. La parte actora presentó intervención en la que solicitó la aplicación del
principio de prevención en materia ambiental; la sociedad Vector Geophysical
S.A.S. también presentó escrito; igualmente Frontera Energy Colombia Corp. en el
que reitero los argumentos del recurso de apelación; igualmente el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

24. Por medio de auto de 22 de julio de 2024 el Despacho Sustanciador resolvió
negar las solicitudes probatorias contenidas en los recursos de apelación
presentados por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA y por
Gustavo Adolfo Torres. Posteriormente, por auto de 23 de octubre de 2024, se
resolvió confirmar el auto de 22 de julio de 2024 y declarar improcedente el recurso
de súplica presentado por la ANLA.

Concepto del Ministerio Público, en segunda instancia

25. El Ministerio Público rindió concepto16 en el que manifestó que, si bien, la
sentencia proferida por el Tribunal de Casanare no logró establecer que se hubiera

14
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00045, archivo denominado:
78_8500123330002014001860118EXPEDIENTEDIGIEXPEDIENTE20230222160359 páginas 149 y ss
15
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00045, archivo denominado:
78_8500123330002014001860118EXPEDIENTEDIGIEXPEDIENTE20230222160359 página 176 y ss.
16
Cfr. Índice 74 SAMAI.

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acreditado el daño alegado, ello no significa que no sea necesario adoptar algunas
medidas de tipo preventivo tendientes a que se restablezca y se proteja dicho
ecosistema, pues en materia de acciones populares bien sabido es que basta con
la simple amenaza y más aun tratándose de derechos ambientales.

25.1. Conceptuó que, en criterio del Ministerio Público, se debía revocar
parcialmente la parte resolutiva de la sentencia proferida, en primera instancia, en
lo relacionado con las medidas definitivas adoptadas en el numeral 3.1 del ordinal
tercero de la parte resolutiva porque, en criterio de la entidad, no son útiles para
establecer el “[…] daño ambiental, menos para su reparación si es que existió, ni
tampoco para propósitos preventivos del daño que se pudiera causar a los cuerpos
de agua y a los ecosistemas […]”; e indicó que en relación con el ordinal cuarto se
debía modificar la orden de Conformación del Comité de Verificación, no para la
verificación de las medidas, sino para hacerle seguimiento a las investigaciones
adelantadas por la ANLA con ocasión del cumplimiento a la licencia núm. 167 y al
cumplimiento de las decisiones en materia de compensación y prevención de daños.

26. El Consejero de Estado, doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes 17
manifestó impedimento en los términos de los numerales 3.° y 4° del artículo 130
de la Ley 1437 de 18 de enero de 201118.

II. CONSIDERACIONES DE SALA

27. La Sala abordará el estudio del presente asunto en las siguientes partes: i)
la competencia de la Sala; ii) la manifestación de impedimento del doctor Germán
Eduardo Osorio Cifuentes; iii) los problemas jurídicos; iv) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos; v) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el
principio de prevención en materia ambiental; vi) el marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del derecho ambiental como garantía del derecho colectivo al goce
al ambiente sano y la existencia del equilibrio ecológico; y vii) el análisis del caso
concreto.

17 Escrito de 20 de nociembre de 2024.
18 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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Competencia de la Sala

28. Vistos: i) el artículo 16 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998 19, sobre
competencia para conocer de las acciones populares en segunda instancia; ii) el
artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201920, sobre la distribución de
asuntos entre las secciones del Consejo de Estado; y iii) el artículo 15021 de la Ley
1437 de 18 de enero de 201122, sobre competencia del Consejo de Estado en
segunda instancia; esta Sección es competente para conocer de los recursos de
apelación que se presenten contra las sentencias proferidas en primera instancia,
por los tribunales administrativos en el trámite de las acciones populares.

29. La Sala procederá a examinar y a pronunciarse sobre los argumentos
expuestos por las partes demandadas en sus recursos de apelación interpuestos
contra la sentencia de 7 de marzo de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo
de Casanare, de conformidad con los artículos 32023 y 32824 de la Ley 1564 de 12
de julio de 201225, norma aplicable al presente caso, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 37 de la Ley 472.

Los problemas jurídicos

30. Corresponde a la Sala, con fundamento en los argumentos de los recursos
de apelación resolver:

31. Si existe vulneración o amenaza de los derechos e intereses colectivos al
goce de un ambiente sano y a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y
aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. La conservación de las
especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia
ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás

19 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de

las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
20 “[…] Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado […]”.
21 Modificado por las leyes 1564 y 2080 y en concordancia con el artículo 86 de la Ley 2080 de 25 de enero de
2021 “[...] Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo -Ley 1437 de 2011-y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos
que se tramitan ante la jurisdicción [...]”.
22 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
23 “[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior

examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido
desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo […]”.
24 “[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse

solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o
la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”
25 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.

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intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del
medio ambiente, en relación con las actividades realizadas en el sector, en caso de
comprobarse se analizará si:

31.1. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ha cumplido con sus
funciones de vigilancia y control en relación con la licencia ambiental otorgada en el
proyecto, así como también en relación con los procesos sancionatorios
adelantados por la afectación a los recursos naturales.

31.2. Si se probó que, el desbordamiento del agua del estero Matemarrano en la
zona de préstamo lateral afecta la dinámica hídrica de los cuerpos de agua.

31.3. Si se probó el peligro inminente de afectación a los derechos colectivos para
que proceda la medida cautelar ordenada en la parte resolutiva de la sentencia de
primera instancia.

31.4. Si en relación con las líneas de flujo el proyecto se ha desarrollado de
acuerdo a lo autorizado en el instrumento de manejo y control otorgado por la
Autoridad de Licencias Ambientales – ANLA.

32. Si se realizó una valoración incompleta de los elementos de la
responsabilidad en la sentencia proferida en primera instancia.

33. Si la sentencia no cumple con la totalidad de los requisitos legales, por cuanto
no se realizó pronunciamiento respecto de las excepciones propuestas por Frontera
Energy Corp.

34. Si se realizó una indebida valoración probatoria en relación con el concepto
de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía.

35. Si se configuró un error judicial en la práctica de una prueba por informe.

36. Si las órdenes impartidas en la sentencia mitigan las afectaciones causadas
al estero Matemarrano.

37. En consecuencia, se determinará si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia 7 de marzo de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare,
en primera instancia.

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Manifestación de impedimento del doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes

38. El Consejero de Estado, doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes, manifestó
encontrarse impedido para actuar en el proceso de la referencia, mediante escrito
de 20 de noviembre de 202426, invocando para ello las causales previstas en los
numerales 3.° y 4.° del artículo 130 de la Ley 1437, que establecen lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO 130. CAUSALES. Los magistrados y jueces deberán declararse
impedidos, o serán recusables, en los casos señalados en el artículo 150 del Código
de Procedimiento Civil y, además, en los siguientes eventos:
[…]

3. Cuando el cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de los
parientes del juez hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de
afinidad o único civil, tengan la condición de servidores públicos en los niveles
directivo, asesor o ejecutivo en una de las entidades públicas que concurran
al respectivo proceso en calidad de parte o de tercero interesado […]”
(Destacado fuera de texto).

39. El Consejero de Estado indicó que, en su criterio, se encuentra incurso en la
causal prevista en el numeral 3.° por cuanto: “[…] el señor José Fernando Osorio
Cifuentes, quien es pariente del suscrito dentro del segundo grado de
consanguinidad (hermano), se encuentra vinculado en el cargo de Procurador
Judicial II en la Procuraduría General de la Nación, parte demandante en el proceso
de la referencia […]”.

40. Vistos: i) los artículos 130, numeral 3.°; y 13127, numeral 3.°, de la Ley 1437,
sobre causales, así como, el trámite para manifestar impedimento; y ii) 44 de la Ley
472, sobre aspectos no regulados.

41. Asimismo, vistos: i) el artículo 35 del Código Civil 28, sobre el parentesco por
consanguinidad; y ii) el artículo 37 ibidem, sobre los grados de consanguinidad, que
disponen lo siguiente:

“[…] Artículo 35. Parentesco de consanguinidad. Parentesco de consanguinidad
es la relación o conexión que existe entre las personas que descienden de un mismo
tronco o raíz, o que están unidas por los vínculos de la sangre […]”.

“[…] Artículo 37. Grados de consanguinidad. Los grados de consanguinidad entre
dos personas se cuentan por el número de generaciones. Así, el nieto está en
segundo grado de consanguinidad con el abuelo, y dos primos hermanos en cuarto
grado de consanguinidad entre sí […]”.

26 Cfr. índice 76 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI.
27 Modificado por el artículo 21 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “Por medio de la cual se Reforma el

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan
otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”.
28 Ley 84 de 26 de mayo de 1873.

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30

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42. Atendiendo a que las causales de impedimento establecidas en la ley son
mecanismos jurídicos que buscan garantizar que las decisiones adoptadas por los
administradores judiciales estén enmarcadas dentro de los principios de
independencia e imparcialidad.

43. La Corte Constitucional29 ha considerado que el principio de independencia
se refiere a que los funcionarios encargados de administrar justicia, en sus
decisiones, no se vean sometidos a presiones, insinuaciones, recomendaciones,
exigencias, determinaciones o consejos por parte de otros órganos del poder,
inclusive de la misma rama judicial, sin perjuicio del ejercicio legítimo por parte de
otras autoridades judiciales de sus competencias constitucionales y legales.

Análisis de la causal de impedimento prevista en el numeral 3.° del artículo
130 de la Ley 1437, en el caso concreto

44. De conformidad con los argumentos expuestos por el doctor Germán
Eduardo Osorio Cifuentes, en el caso sub examine, y teniendo en cuenta la causal
prevista en el numeral 3.° del artículo 130 de la Ley 1437, la Sala considera lo
siguiente:

45. Por un lado, se debe establecer si el cargo de Procurador Judicial II en la
Procuraduría General de la Nación, al cual se encuentra vinculado el pariente del
Consejero de Estado, corresponde al nivel directivo, asesor o ejecutivo en esa
entidad.

46. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
mediante auto de 8 de agosto de 2023, proferida en el proceso identificado con el
número único de radicación 110010315000202300871-0030, consideró que, en el
caso de los Procuradores Judiciales II, debe acudirse a un criterio funcional y que,
de conformidad con el artículo 4.° del Decreto 264 de 2000, se establece que son
cargos directivos aquellos que actúen en representación del Procurador General de
la Nación, por lo que según lo señalado en los artículos 277 y 280 de la Constitución
Política, en concordancia con el artículo 41 del Decreto Ley 262 de 2000 cumplen
esta función. En dicha providencia se consideró lo siguiente:

“[…] En cuanto a la ubicación del empleo de procurador judicial II en la estructura de
la Procuraduría General de la Nación, se tiene que el Decreto 264 de 2000, en su
artículo 7, se refiere a la nomenclatura de los empleos de la entidad y señala que los

29 Corte Constitucional, Sentencia C-600 de 2011, Magistrada Ponente María Victoria Calle Correa.
30 Consejera ponente: Marta Nubia Velásquez Rico.

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procuradores judiciales II se encuentran en el nivel profesional, asignándoles el
código 3PJ y el grado EC.

No obstante lo anterior, en claro desarrollo de un criterio funcional, en el
artículo 4 del mencionado Decreto 264 de 2000 se establece que son cargos del
nivel directivo aquellos empleos que tienen funciones de dirección, definición
de políticas y de representación del Procurador General. En el numeral 10 de ese
artículo señala como funciones generales de los empleos de ese nivel: “10. Intervenir
como agentes del Ministerio Público, de conformidad con lo establecido en la
Constitución y la ley”, lo que resulta congruente con lo prescrito en los artículos
277-7 y 280 de la Carta Política, en tanto los procuradores judiciales II tienen la
condición de agentes del Ministerio Público que, entre otras, ejercen funciones
de intervención judicial en representación del Procurador General de la Nación,
lo que igualmente se ve refrendado en el artículo 41 del Decreto Ley 262 de 2000, de
manera que la simple ubicación formal del mencionado artículo 7 del Decreto 264 de
2000 no puede tenerse en consideración para los efectos de esta decisión […]”
(Destacado fuera de texto).

47. Atendiendo a que, en el presente caso, el pariente, en segundo grado de
consanguinidad, del Consejero de Estado, doctor German Eduardo Osorio
Cifuentes, se encuentra nombrado en una de las entidades que funge como parte
actora en este asunto, en el cargo de procurador judicial II, el cual, desde una
perspectiva material y funcional, corresponde al nivel directivo, la Sala considera
que, en este caso, se configura la causal de impedimento invocada.

48. En consecuencia, teniendo en cuenta que en este caso se configura la causal
de impedimento prevista en el numeral 3.° del artículo 130 de la Ley 1437, conforme
se indicó supra, el Consejero de Estado impedido se separará del conocimiento de
este proceso, como se dispondrá en la parte resolutiva de esta sentencia.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos

49. Visto el artículo 88 de la Constitución Política, que dispone que las acciones
populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y
otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.

49.1. El artículo 2.° de la Ley 472, define las acciones populares como “[…] los
medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos […]”
que se ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o
restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible […]”.

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49.2. Esta acción tiene por objeto que “toda persona natural o jurídica” pueda
disponer de un mecanismo judicial para la protección efectiva de los derechos e
intereses colectivos, cuya amenaza o vulneración debe acreditarse en el trámite del
proceso, con miras a la procedencia del amparo pretendido.

49.3. Conforme lo anterior, los supuestos sustanciales para la procedencia de la
acción popular son los siguientes: i) una acción u omisión de la parte demandada;
ii) un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o
intereses colectivos; y iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión
y la afectación de los derechos e intereses.

49.4. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia
de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma y principal y,
además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica; sin embargo,
“[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por
diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que
ésta presenta la demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la
materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es la
parte actora quien en la demanda, fija el litigio […]”31.

49.5. La Sala resalta que conforme a los artículos 1.°, 2.°, 4.° y 9.° de la citada Ley
472, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a obtener
la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos como
tales en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por
Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y
restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción
pública y un mecanismo propio de la democracia participativa, por lo tanto, puede
ser ejercida por “toda persona”, organizaciones no gubernamentales, las entidades
públicas de control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los
personeros y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no
tiene carácter sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirijan las
pretensiones y, eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido
instituida como mecanismo de control judicial de las leyes, en consecuencia, cuando
con fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés colectivo

31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 28 de marzo de

2014; C.P. Marco Antonio Velilla Moreno; núm. único de radicación 250002327000200190479-01.

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33

Núm. único de radicación: 850012333000201400186-01

se pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador, habrá de
acudirse a las acciones pertinentes.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el principio de prevención
en materia ambiental

50. El principio de prevención en materia ambiental tiene sustento en el Principio
17 de la Declaración de Río sobre el Medio ambiente y el Desarrollo según el cual
“[…] deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de
instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente
haya de producir impacto negativo considerable en el medio, y que esté sujeta a la
decisión de una autoridad nacional competente […]”.

50.1. Es importante recordar que el artículo 80 de la Constitución Política le impone
al Estado la obligación de prevenir los factores de deterioro ambiental; así las cosas,
al igual que el principio de precaución, el principio de prevención está señalado en
la Ley 99, principalmente por la remisión que efectúa el numeral 1 del artículo 1.º,
norma según la cual “[…] el proceso de desarrollo económico y social del país se
orientará según los principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en
la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y
Desarrollo […]”, postulado que también se manifiesta en el numeral 7 ibidem cuando
se refiere al principio de “quien contamina paga” al prever que “[…] el Estado
fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso de instrumentos
económicos para la prevención, corrección y restauración del deterioro ambiental y
para la conservación de los recursos naturales renovables […]”.

50.2. La Corte Constitucional en sentencia C-499 de 201532 se refirió al principio
de prevención definiéndolo en los siguientes términos:

“[…] aquel que busca ‘que las acciones de los Estados se encarrilen a evitar o
minimizar los daños ambientales, como un objetivo apreciable en sí mismo, con
independencia de las repercusiones que puedan ocasionarse en los territorios de
otras naciones. Requiere por ello de acciones y medidas -regulatorias, administrativas
o de otro tipo- que se emprendan en una fase temprana, antes que el daño se
produzca o se agrave’. La doctrina ha expresado que ‘se ha producido, en nuestros
días, una toma de consciencia de que no basta con reparar (modelo curativo) sino
que se impone prevenir (modelo preventivo), y ello convierte al principio de prevención
en uno de los grandes principios estructurales de este sector del derecho internacional
público. La finalidad o el objeto último del principio de prevención es, por tanto, evitar

32 Corte Constitucional. Sentencia C-449/15. Referencia: Expediente D-3748. Asunto: Demanda de
inconstitucionalidad en contra de los artículos 1, numeral 6 (parcial); y, 85, numeral 2º y parágrafo 3 (parcial),
de la Ley 99 de 1993, “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se reorganiza
el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.” Demandante: Ricardo Vanegas Sierra.
Magistrado Ponente: Alfredo Beltrán Sierra, 23 de abril de 2002.

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Núm. único de radicación: 850012333000201400186-01

que el daño pueda llegar a producirse, para lo cual se deben adoptar medidas
preventivas’.

Ello encuentra fundamento en la Declaración de Estocolmo de 1972, la Carta Mundial
de la Naturaleza de 1982 y la Declaración de Río de 1992]. La eficacia práctica de la
acción preventiva requiere de una armonización con el principio de precaución, al
flexibilizar este último el rigor científico que se exige para que el Estado adopte una
determinación. El principio de prevención se aplica en los casos en que es posible
conocer las consecuencias sobre el medio ambiente que tiene la puesta en marcha
de determinado proyecto o actividad, de modo que la autoridad competente pueda
adoptar decisiones antes de que el riesgo o el daño se produzca, mientras que el
principio de precaución opera en ausencia de certeza científica absoluta […]”.

50.3. El principio de prevención abarca los supuestos en los cuales el estado del
conocimiento revela con algún grado de precisión los efectos que sobre el medio
ambiente son provocados por determinada actividad, por lo que es necesario el
despliegue de las facultades de la Administración para evitar que se concrete el
riesgo o el daño previo a que ocurran.

50.4. En ese sentido la debida diligencia constituye un elemento fundamental del
principio de prevención en materia ambiental, teniendo en cuenta que ello implica la
aplicación en el proceder de la administración de los instrumentos legales para
controlar y eventualmente mitigar los posibles daños sobre el medio ambiente. Es
de suma importancia para garantizar la aplicabilidad del mencionado principio, el
proceder de acuerdo con el reglamento o instrumento autorizado. Así, la actuación
diligente implica acciones de preservación y otras de atención a obligaciones,
incluso de carácter internacional.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho ambiental como
garantía del derecho colectivo al goce al ambiente sano

51. En el orden internacional33 existen una serie de instrumentos normativos que
hacen parte del derecho ambiental, que tienen por objeto proteger el ambiente y los
recursos naturales, del cual se destaca la Declaración de Río de Janeiro, adoptada
el 14 de junio de 1992, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Medio Ambiente y el Desarrollo, que en su preámbulo tiene como objetivo
establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos
niveles de cooperación entre los Estados, los sectores claves de las sociedades y
las personas y procurando alcanzar acuerdos internacionales en los que se
respeten los intereses de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y de
desarrollo mundial.

33Sobre este aspecto ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia proferida el 19 de julio de 2018, proceso identificado con número único de radicación
270012331000201100179-02(AP), C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

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51.1. Estos principios se aplican en el ordenamiento jurídico colombiano, por un
lado, por virtud de lo dispuesto en el artículo 9.º de la Constitución Política y, por el
otro, debido a que el Estado Colombiano los hizo vinculantes por virtud de lo
dispuesto en el numeral 1.º del artículo 1.º de la Ley 99 de 22 de diciembre de
1993.34

51.2. En efecto, el artículo 1.º Ibidem sobre los principios generales ambientales
dispone que:

“[…] La política ambiental colombiana seguirá los siguientes principios:

1. El proceso económico y social del país se orientará según los principios
universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Rio de
Janeiro de junio de 1992 sobre medio ambiente y desarrollo […]”.

51.3. En sentido similar, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
"Protocolo de San Salvador"35, adoptado el 17 de noviembre de 1988, aprobado en
nuestro ordenamiento jurídico por virtud de la Ley 319 de 20 de septiembre de
199636 y promulgado mediante Decreto 429 de 14 de marzo de 200137, estableció:

“[…] ARTICULO 11. DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO.

1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con
servicios públicos básicos.

2. Los Estados Partes promoverán la protección, preservación y
mejoramiento del medio ambiente […]” (Destacado de la Sala).

51.4. Ahora bien, en el ordenamiento jurídico interno, el medio ambiente está
amparado por lo que la jurisprudencia de la Corte Constitucional38 ha denominado
la “Constitución Ecológica”, esto es, el conjunto de disposiciones contenidas en la
Carta Política que fijan los supuestos con fundamento en los cuales debe regularse
la interacción entre la sociedad y la naturaleza, con miras a proteger el medio
ambiente.

34 Por medio del cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Publico encargado de la

gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional
Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones.
35 El citado instrumento internacional entró en vigor el 16 de noviembre de 1999 de acuerdo con lo previsto en

su artículo 21, numeral 3.
36 Por medio de la cual se aprueba el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos

en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador', suscrito en San
Salvador el 17de noviembre de 1988.
37 Por el cual se promulga el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en

Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", suscrito en San Salvador
el 17 de noviembre de 1988.
38 Corte Constitucional: Sentencias T-411 de 17 de junio de 1992, M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-523 de

22 de noviembre de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-126 de 1 de abril de 1998, M.P. Alejandro
Martínez Caballero y C-431 de 12 de abril de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

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51.5. Sobre el particular hay más de 30 disposiciones Constitucionales que
desarrollan la materia, entre las cuales se destacan los artículos 8.°, 58, 79, 80 y 95
que prevén: i) la obligación del Estado y de las personas de proteger las riquezas
naturales de la Nación; ii) la función ecológica de la propiedad; iii) el derecho a gozar
de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del
ambiente, conservando las áreas de especial importancia ecológica y fomentando
la educación para el logro de estos fines; y iv) el deber del Estado de planificar el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Así como de prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir
la reparación de los daños causados.

51.6. Estos preceptos previamente referidos concentran los atributos principales
en relación con el medio ambiente que se manifiestan en otros artículos
constitucionales, de ahí que el análisis de este bien jurídico superior se efectúe
desde tres perspectivas: i) como un derecho de las personas, ii) como un servicio
público y, iii) como un principio que permea el ordenamiento jurídico en su
integridad, dado que asigna facultades e impone compromisos a las autoridades así
como a los particulares, en aras de su protección adquiriendo, de esa forma, un
carácter de objetivo social.

51.7. En relación con el medio ambiente sano como derecho colectivo, la Corte
Constitucional39 ha resaltado su importancia “[…] ya que los derechos colectivos y
del ambiente no sólo se le deben a toda la humanidad, en cuanto son protegidos
por el interés universal, y por ello están encuadrados dentro de los llamados
derechos humanos de 'tercera generación', sino que se le deben incluso a las
generaciones que están por nacer", toda vez que "la humanidad del futuro tiene
derecho a que se le conserve, el planeta desde hoy, en un ambiente adecuado a la
dignidad del hombre como sujeto universal del derecho […]”.

51.8. Asimismo, sobre el medio ambiente y el equilibrio ecológico, la referida
Corporación en sentencia T-046 de 29 de enero de 199940 precisó lo siguiente:

“[…] cabe señalar que existen unos deberes estatales encaminados a la protección
de la diversidad e integridad del ambiente, la conservación de las áreas de especial
importancia ecológica y el fomento de la educación para obtener esos fines, que
comportan igualmente una planificación del manejo y del aprovechamiento de los
recursos naturales de manera que se garantice su desarrollo sostenible,

39 Corte Constitucional, sentencia C-699 de 18 de noviembre de 2015, M.P. Diana Fajardo Rivera.
40 M.P. Hernando Herrera Vergara.

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conservación, restauración o sustitución, así como la prevención y control de los
factores de deterioro ambiental, que se traducen en las acciones más importantes
para que el Estado cumpla con los propósitos especialmente definidos respecto de
la existencia de un medio ambiente sano y equilibrado, las cuales vienen
acompañadas para su eficacia con la correlativa posibilidad de imponer sanciones
legales y exigir la reparación de los daños causados, junto con el deber de
cooperación con otras naciones para la protección de los ecosistemas situados en
las zonas fronterizas (C.P., arts. 8, 79 y 80) […]”.

51.9. El marco legal en materia ambiental encuentra sus mediatos orígenes en la
Ley 23 de 19 de diciembre de 197341 y en el Decreto 2811 de 18 de diciembre de
197442, cuyos artículos 1.° y 2.°, dictan que el medio ambiente es un patrimonio
común cuya preservación y manejo es una obligación exigible al Estado y a los
particulares y precisan que el Código de Recursos Naturales y Protección al Medio
Ambiente tiene por objeto, entre otros aspectos, la preservación y restauración del
ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos
naturales renovables, previniendo y controlando los efectos nocivos de la
explotación de los recursos naturales no renovables sobre los demás recursos y
regular la conducta humana en sus dimensiones individual o colectiva así como la
actividad de la administración en lo que se refiere a las relaciones que emanan del
aprovechamiento y conservaciones del medio ambiente.

51.10. Más recientemente, la Ley 99 de 22 de diciembre de 1993, “Por medio del
cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Publico
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras
disposiciones”, prevé los principios que la política ambiental debe seguir, haciendo
remisión específica a los postulados universales y de desarrollo sostenible
contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio
Ambiente y Desarrollo. Adicionalmente, procura la protección de la biodiversidad en
Colombia como patrimonio nacional y de interés de la humanidad y el derecho de
los seres humanos a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza,
resaltando que la formulación de políticas ambientales debe tener en cuenta el
resultado del proceso de investigación científica, sin perjuicio de la aplicación del
principio de precaución.

51.11. Finalmente, el goce de un ambiente sano ha sido entendido, tanto por la
Corte Constitucional como por esta Corporación, como un derecho multidimensional

41 Por la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir el Código de

Recursos Naturales y Protección al Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones.
42 Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.

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fundamental y colectivo. Al respecto, se considera pertinente citar la sentencia
proferida por esta Sección el 14 de marzo de 201943, en los siguientes términos:

“[…] Atendiendo a este marco constitucional, el goce de un ambiente sano ha sido
entendido por la Corte Constitucional y por esta Corporación judicial, como un
derecho multidimensional fundamental y colectivo44. Precisamente, en sentencia de
28 de marzo de 2014, esta Sección adujo lo siguiente:

“[…] Resulta lógico que dicho derecho cuente con varias dimensiones, toda
vez que ostenta la calidad de i) derecho fundamental (por encontrarse
estrechamente ligado con los derechos fundamentales a la vida y a la salud);
ii) de derecho-deber (todos son titulares del derecho a gozar de un ambiente
sano pero, además, tienen la obligación correlativa de protegerlo); iii)
de objetivo social (conservación de las condiciones del medio ambiente
para garantizar la supervivencia de las generaciones presentes y futuras) y,
iv) de deber del Estado (conservación del medio ambiente, eficiente manejo
de los recursos, educación ambiental, fomento del desarrollo sostenible, e
imposición las sanciones a que haya lugar). […]45

Ahora bien, acerca de la noción de medio ambiente y los alcances del derecho al
goce del ambiente sano y existencia del equilibrio ecológico, la Sección Primera del
Consejo de Estado ha precisado lo siguiente:

“[…] Así, se ha entendido y desarrollado la noción de medio ambiente como
todo lo que rodea a los seres vivos y comprende elementos biofísicos, los
recursos naturales como el suelo, el agua, la atmósfera, la flora, la fauna,
etc.; y los componentes sociales. Las distintas normativas buscan establecer
la correcta interrelación de los distintos elementos en aras de salvaguardarlo.

En ese orden de ideas, resulta lógico que dicho derecho cuente con varias
dimensiones, toda vez que ostenta la calidad de i) derecho fundamental (por
encontrarse estrechamente ligado con los derechos fundamentales a la vida
y a la salud); ii) de derecho-deber (todos son titulares del derecho a gozar de
un ambiente sano pero, además, tienen la obligación correlativa de
protegerlo); iii) de objetivo social (conservación de las condiciones del medio
ambiente para garantizar la supervivencia de las generaciones presentes y
futuras), iv) de deber del Estado (conservación del medio ambiente, eficiente
manejo de los recursos, educación ambiental, fomento del desarrollo
sostenible, e imposición las sanciones a que haya lugar) y v) de derecho
colectivo, de conformidad con lo previsto en el artículo 88 superior.

Es así como, en relación con la primera de las dimensiones reconocidas al
derecho al ambiente sano, como derecho fundamental por su inescindible
relación con los derechos a la vida y a la salud, la Corte Constitucional
determinó:

“El derecho al medio ambiente no se puede desligar del derecho a la vida y
a la salud de las personas. De hecho, los factores perturbadores del medio
ambiente causan daños irreparables en los seres humanos y si ello es así
habrá que decirse que el medio ambiente es un derecho fundamental para
la existencia de la humanidad. A esta conclusión se ha llegado cuando esta

43 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 14 de marzo de

2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación: 17001-23-00-000-2011-00337-01
(AP).
44 Corte Constitucional. Sentencia C-632 del 24 de agosto de 2011. MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

Demanda de inconstitucionalidad contra los articulas 31 y 40 (parcial) de la Ley 1333 de 2009 "Por la cual se
establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones". Actor: Luis Eduardo
Montealegre Lynett. Exp. 0-8379.
45 Consejo de Estado, Sección Primera, Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno, Radicación número:

25000-23-27-000-2001-90479-01 (AP)

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Corte ha evaluado la incidencia del medio ambiente en la vida de los
hombres y por ello en sentencias anteriores de tutelas, se ha afirmado que
el derecho al medio ambiente es un derecho fundamental”46.

Por su parte, respecto de la connotación de derecho deber, se ha precisado:

“Bajo ese entendido, uno de los principios fundamentales del nuevo régimen
constitucional es la obligación estatal e individual de proteger las riquezas
culturales y naturales de la Nación, en virtud de la cual, la Constitución
recoge en la forma de derechos colectivos y obligaciones específicas las
pautas generales que rigen la relación entre el ser humano y el ecosistema.
Estas disposiciones establecen, por ejemplo, (i) el derecho colectivo a gozar
de un ambiente sano, (ii) la obligación estatal y de todas las personas de
proteger la diversidad e integridad del ambiente, (iii) la obligación del Estado
de prevenir y controlar los factores de deterioro y garantizar un desarrollo
sostenible y (iv) la función ecológica de la propiedad. (…)

De ahí que todos los habitantes del territorio colombiano tienen derecho a
gozar un entorno o hábitat sano y el deber de velar por la conservación de
éste […]” (Subraya inserta en el texto)

[…]

Por ello, el principio de desarrollo sostenible se convierte en el parámetro
que debe guiar las relaciones sociales, ambientales y económicas.

El mencionado principio facilita el proceso de armonización de las tensiones
existentes entre el uso y la explotación de los recursos naturales; con la
necesidad de conservar y proteger el ambiente47. En efecto, el artículo 80 de
la Carta Política consagra una garantía estatal de racionalización de los
recursos naturales, a través de la cual se establecen pautas de preservación
del ambiente al interior de la estrategia de crecimiento económico que
promueva el Estado.

A nivel normativo el artículo 3º de la Ley 99 de 1993, define el desarrollo
sostenible como aquel que: “[…] conduzca al crecimiento económico, a la
elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de
recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio
ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la
satisfacción de sus propias necesidades […]”. En igual sentido, la Ley 1523
de 201248, dispuso en su artículo 3° que: “[…] el desarrollo es sostenible
cuando satisface las necesidades del presente sin comprometer la
capacidad de los sistemas ambientales de satisfacer las necesidades futuras
e implica tener en cuenta la dimensión económica, social y ambiental del
desarrollo. El riesgo de desastre se deriva de procesos de uso y ocupación
insostenible del territorio, por tanto, la explotación racional de los recursos
naturales y la protección del medio ambiente constituyen características
irreductibles de sostenibilidad ambiental y contribuyen a la gestión del riesgo
de desastres […]”.

Cabe precisar que este concepto también se nutre de diversos compromisos
multilaterales de los Estados. Particularmente, la Declaración de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano de 1972, el
informe Brundtland de 1987, la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y
Desarrollo de 1992, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el

46 Corte Constitucional, Sentencia C - 671 de 2001.
47 Consejo de Estado, Sección Primera. Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés (E1), sentencia

de 17 de agosto de 2017. Radicación número: 20001-23-33-000-2016-00114-01 (AP).
48 "Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres".

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Desarrollo Sostenible Río + 20 de 22 de junio de 2012 y la XXI Conferencia
Internacional sobre Cambio Climático de 2015, entre otros.

Estos instrumentos internacionales ponen de presente la necesidad de
promover políticas que mantengan y expandan la base de los recursos
naturales desde una estrategia de equidad intergeneracional, la cual
reconoce que: i) es necesario preservar los recursos naturales para el
beneficio de las generaciones futuras; ii) la explotación de los recursos debe
ser sostenible, prudente y racional; y, iii) las consideraciones
medioambientales deben ser parte de los planes de desarrollo.

En efecto, recientemente el Estado Colombiano suscribió el Acuerdo de
París, adoptado el 12 de diciembre de 2015 y aprobado mediante Ley 1844
de 2017, en cuyo marco el gobierno nacional reitera el compromiso global de
armonizar el bienestar de las personas con el de la naturaleza, de manera
que el medio ambiente sea considerado como parte fundamental del proceso
de desarrollo.

Sin embargo, esta actividad de ponderación de ambos bienes jurídicos no
resulta sencilla. Por ello, esta Sección, en la sentencia de 21 de junio de
2001, recordó que el Estado que no puede frenar el desarrollo cuando este
sea sostenible. Es decir, aquel que “[…] lleve al crecimiento económico, al
mejoramiento de la calidad de vida y al bienestar social sin agotar los
recursos, ni deteriorar el ambiente […]”49.

Sumado a ello, en la sentencia de 18 de marzo de 2010, la Sección Primera
de esta Corporación judicial, al reconocer el escenario complejo que afrontan
las autoridades públicas en la interpretación del principio de desarrollo
sostenible, puso de presente que: “[…] el medio ambiente involucra aspectos
relacionados con el manejo, uso, aprovechamiento y conservación de los
recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la protección de la
diversidad biológica y cultural, el desarrollo sostenible, y la calidad de vida
del hombre entendido como parte integrante de ese mundo natural […]”50.

De igual manera, conforme al criterio jurídico definido en la sentencia de 28
de marzo de 201451, el concepto de desarrollo sostenible posibilita el
desarrollo de actividades productivas que conduzcan al crecimiento
económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social, sin
agotar la base de los recursos naturales renovables en que se sustenta, ni
deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a
utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades.

Por lo anterior, es dable concluir que, a nivel normativo y jurisprudencial, la
protección del medio ambiente es un tema transversal que tiene como gran
garante al Estado, pero que, sin duda, termina involucrando a todas las
personas (naturales y jurídicas) que habitan y coexisten en el ecosistema
nacional y mundial […]” (Subrayado del texto).

49 Consejo de Estado, Sección Primera, Consejero Ponente: Oiga Inés Navarrete Barrero.
50 Consejo de Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejera ponente (E): María

Claudia Rojas Lasso. Bogotá D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil diez (2010). Radicación número: 44001-
23-31-000-2005-00328-01(AG). Actor: Bartolo Poveda González. Demandado: Municipio de Maicao y Otros.
51 Consejo de Estado, Sección Primera, Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno, Radicación número:

25000-23-27-000-2001-90479-01(AP).

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Análisis del caso concreto

52. De conformidad con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales
referidos en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el
análisis del acervo probatorio para, posteriormente, en aplicación del silogismo
jurídico, concluir el caso concreto.

53. El Tribunal consideró que se causaron daños al estero Matemarrano y a la
cañada NN y con ello se generó afectación al ecosistema de dicha zona, derivados
del incumplimiento de las obligaciones pactadas en la referida licencia. Que se
evidenció la omisión de la ANLA en relación con el control y vigilancia de licencias
ambientales y también de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía en su
función de máxima autoridad de policía ambiental y de aplicación de medidas de
prevención frente a los daños ambientales causados dentro de su jurisdicción.

54. Determinó que no prosperaba la pretensión relacionada con el
incumplimiento de la licencia ambiental 167 de 2007 y sus resoluciones
modificatorias, particularmente que se entierre la línea de flujo, toda vez que no
comporta daños ambientales, por cuanto es la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales, quien tiene el deber de vigilancia y la potestad sancionatoria para
hacer cumplir las obligaciones emanadas en aplicación del Decreto 2820 del 5 de
agosto de 2010 y quien debe exigir a las empresas licenciadas el cumplimiento de
los compromisos pactados para el desarrollo del proyecto de exploración.

55. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que las pruebas relevantes
para resolver el caso sub examine son las siguientes:

55.1. Copia del oficio núm. 4120-E2-26137 de 17 de junio de 2014, suscrito por el
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales, con asunto: “ECO0598-14- Respuesta a la comunicación con radicado
ANLA 4120-E1-26137 del 22 de mayo de 2014 referente a: DERECHO DE
PETICIÓN. Investigación Daños Ambientales Bloque Cravo Viejo. Estero
Matemarrano / Expediente LAM 3578”, en el que se indicó:

“[…] De acuerdo a las funciones dispuestas en el artículo tercero del Decreto 3573
del 27 de septiembre de 2011 y bajo el marco del artículo 39 del título VI del Decreto
2820 del 5 de agosto de 2010, esta Autoridad ha venido adelantando las funciones
de seguimiento y control al proyecto denominado Bloque de Perforación
Exploratoria Cravoviejo” ubicado en jurisdicción del municipio de Orocué en
el departamento de Casanare, en consecuencia, y teniendo en cuenta que en su
comunicación se refieren hechos desde el año 2006, a continuación, se enuncian
en orden cronológico, las acciones adelantadas al respecto:

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1. Mediante Resolución No.0167 del 02 de febrero de 2007, el entonces Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT otorga a la empresa
INTEGRAL DE SERVICIOS TECNICOS S.A., la Licencia Ambiental para el
proyecto "Bloque de Perforación Exploratoria Cravoviejo”.

2. Mediante Resolución No.0523 del 23 de marzo de 2007, el entonces MAVDT
modifica la Resolución No. 167 del 02 de febrero de 2007, en el sentido de
adicionar un permiso de vertimiento de aguas residuales domésticas e
industriales por aspersión sobre vías no pavimentadas, únicamente durante el
periodo de verano (Diciembre a Marzo), previo cumplimiento de lo establecido
en el Articulo 72 y 74 del Decreto 1594 de 1984.

3. Mediante Resolución No.0950 del 31 de mayo de 2007, el entonces MAVDT
modifica la Resolución No. 167 del 02 de febrero de 2007, entre otros aspectos,
el artículo tercero numeral uno, en el cual se incluyó como área de exclusión
al estero Matemarrano y demás esteros cercanos a las áreas de interés.

4. Mediante Resolución No.2375 del 28 de diciembre de 2007, el entonces MAVDT
modifica la Resolución No. 167 del 02 de febrero de 2007, en el sentido de:
Autorizar la perforación de seis (6) pozos profundos de aguas subterráneas, el
cambio de las coordenadas del punto de vertimiento directo autorizado sobre el
rio Cravo Sur y, negar el permiso de vertimiento mediante campos de aspersión
en las locaciones Bastida 1, Bastida Sur, Matemarrano, Carrizales, Heredia y
Terecay. En su momento el MAVDT, realizó la visita de seguimiento ambiental
al proyecto, durante los días 27 y 28 de septiembre 2007, en compañía de
personal de CORPORINOQUÍA, de la empresa C&C Energia y de los señores
José Luis Silva P. y Gonzalo Torres, entre otras personas de la comunidad;
actividad que comprendió la atención de las siguientes quejas:

• Mediante oficio 4120-E1-80870 del 6 de agosto de 2007, el señor José
Luis Silva Pérez presenta reclamación ambiental ante este Ministerio por
la operación del Proyecto Cravo Viejo, y específicamente por las
inundaciones causadas por el represamiento del caño Canacabare y el
caño Maremare gracias a la construcción de un puente y unas
alcantarillas insuficientes y con indebidos diseños" y a la construcción de
un terraplén que conduce a los pozos Bastidas 1 y Matemarrano 1.
• Mediante oficio 4120-E1-102819 del 3 de octubre de 2007, el señor José
Luis Silva P. entrega un CD con fotografías de sustento a la queja en
donde se observa:
• La luz del puente del caño Canacabare totalmente tapada por las aguas,
cuyo nivel alcanza la placa del mismo.
-Obra de drenaje construida en el caño Maremare, en donde se evidencia
que el nivel de las aguas sube por encima de las alcantarillas; las 8
alcantarillas se encuentran totalmente cubiertas por el nivel de las aguas del
caño. Lo anterior concuerda con las huellas del nivel de agua observadas
sobre la estructura durante la visita.
-Zonas de préstamo inundadas hasta el rebose, por lo que se unen con la
inundación de la sabana.
-Manguera conectada a los tanques de almacenamiento de crudo, que
estaría descargando las aguas de drenaje de los tanques directamente sobre
los suelos de la locación.

Como resultado de dicho seguimiento, y teniendo en cuenta lo observado en campo,
esta Autoridad emite el Concepto Técnico No.235 del 15 de febrero de 2008,
acogido por el Auto No.0641 del 03 de marzo de 2008 estableciendo requerimientos
específicos a la empresa INTEGRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS S.A. en relación
con las quejas interpuestas por el señor Silva Pérez:

ARTÍCULO CUARTO.- Requerir a la empresa INTEGRAL DE SERVICIOS
TÉCNICOS S.A. para que diseñe e implementar un sistema de atención al

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ciudadano tendiente a fortalecer el programa de 'Seguimiento y Monitoreo a la
Gestión Social" y Atención de Conflictos, Inquietudes y Reclamos con las
Comunidades, de tal manera que se asegure la atención y respuesta a la totalidad
de las inquietudes, solicitudes o reclamaciones presentadas.

ARTÍCULO QUINTO.- Requerir a la empresa INTEGRAL DE SERVICIOS
TÉCNICOS S.A. para que dentro de los tres (3) meses siguientes contados a partir
de la ejecutoria del presente Acto Administrativo cumpla con lo siguiente:

1. Realice una evaluación hidráulica e hidrológica que permita establecer la
alteración de la dinámica hídrica generada por las obras de la vía de acceso
al Bloque y en particular por la conformación del terraplén, la excavación
de zonas de préstamo y la construcción de las obras de drenaje
construidas en los caños Maremare y Canacabare. Dicha evaluación
deberá plantear las obras y acciones a ejecutar para mitigar los efectos
causados por las obras y actividades realizadas por la Empresa.

2. Reconformar las márgenes del caño Maremare afectadas por la
excavación de zonas de préstamo, con el fin de garantizar que las aguas
del caño no se desvíen de su cauce natural ni se disminuyan los caudales
hacia aguas abajo.

3. Deberán recuperarse las márgenes sobre los dos costados del caño, en un
trayecto de 500 m aguas amiba y 500m aguas abajo del terraplén de la vía, o
mayor en el evento que la evaluación hidráulica e hidrológica así lo determine.

PARÁGRAFO PRIMERO - Un (1) mes después de realizada la evaluación
anteriormente requerida se deberá entregar un informe a este Ministerio con la
ubicación, especificaciones de las obras existentes y de las obras y actividades a
realizar con el fin de reestablecer la dinámica hídrica natural de la zona de influencia
de la vía y garantizar la restauración del flujo natural de las aguas de escorrentía e
inundación de las sabanas y que las obras de drenaje construidas r. interrumpan
el flujo natural de las aguas, no alteren el caudal ni la dinámica hídrica y
ecológica de los caños Maremare y Canacabare y otros caños menores que
atraviesen la vía, tanto en época de invierno como en época de verano.

PARAGRAFO SEGUNDO.- Las obras y acciones requeridas deberán diseñarse
teniendo en cuenta caudales para periodos de retorno de 25 a 50 años; estas obras
deberán ejecutarse en un plazo no mayor a 4 meses contados a partir de la
ejecutoria de la providencia que acoja el presente Concepto Técnico, de tal forma
que estén operando en el invierno del año 2008 para asi garantizar la prevención de
afectaciones a predios e impactos ambientales adicionales. Un (1) mes después del
plazo aqui establecido la Empresa deberá entregar un informe a este Ministerio en
el que se describan las actividades realizadas de manera detallada, con los
respectivos soportes y registro fotográfico.

ARTÍCULO SEXTO.- Requerir a la empresa INTEGRAL DE SERVICIOS
TÉCNICOS S.A., para que dentro de los cinco (5) meses siguientes contados a partir
de la ejecutoria del presente Acto Administrativo adecue pasos de fauna silvestre y
ganado en la zona de préstamo conformada a lo largo de la vía de acceso a los
pozos Matemarrano 1 y Bastidas. Dichos pasos deberán (sic) ubicarse cada 500 a
1.000 m a lo largo de la vía y tener un ancho de 10 m.

PARÁGRAFO.- Un mes después del plazo aquí establecido deberá entregar un
informe a este Ministerio en el que se describan las obras y actividades realizadas
de manera detallada, con el respectivo registro fotográfico. (…)

ARTÍCULO NOVENO.- Requerir a la empresa INTEGRAL DE SERVICIOS
TÉCNICOS S.A., para que dentro de los treinta (30) días siguientes contados a partir
de la ejecutoria del presente Acto Administrativo
cumpla con lo siguiente:

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1. Informe a este Ministerio los inconvenientes presentados por rebose de piscinas
o zonas de préstamo de la locación Bastidas 1.
(...)
4. Informe sobre los inconvenientes presentados con la comunidad por las obras y
actividades de construcción de vías y locaciones y perforación de los pozos; daños
generados en las fincas y pagos realizados.
(..)

ARTÍCULO DÉCIMO.- Requerir a la empresa INTEGRAL DE SERVICIOS
TÉCNICOS S.A., para que dentro de los tres (3) meses siguientes contados a partir
de la ejecutoria del presente Acto Administrativo de cumplimiento con lo siguiente:
(...)
4. Implemente medidas de control de ruido y emisiones atmosféricas en la
operación de los generadores, motobombas y otros equipos o en actividades
que se desarrollen al interior del Bloque según lo establecido en el Literal 4 del
numeral 4 del Artículo 5 de la Resolución 167 de 2007, con el fin de garantizar
niveles aceptables de ruido ambiental y de emisiones de acuerdo con lo
establecido en la Resolución 627 de 2006 y en la Resolución 601 de 2006,
respectivamente y considerando la presencia de viviendas, bosques de galería
y esteros que se constituyen en ecosistemas de interés particular para la fauna.

5. Implemente en la locación Carrizales los correctivos que garanticen niveles
aceptables de ruido al exterior de las locaciones, de acuerdo con lo establecido
en la Resolución 627 de abril de 2006.

6. Compacte el material superficial se recubre las plataformas de los pozos
Matemarrano 1, Carrizales y Bastidas, y recoger el material remanente de las
excavaciones de las cunetas, fosos de quemado, entre otras obras y que
permanece en los alrededores, con el fin de prevenir el arrastre por la escorrentía
y la generación de sedimentos hacia los cuerpos de agua.

7. Repare las cunetas perimetrales de la placa del pozo Carrizales y garantizar su
funcionalidad.

8. De cumplimiento estricto a la realización de los monitoreos del sistema de
tratamiento de aguas residuales y entregar los resultados y evaluación
respectiva en los informes de Cumplimiento Ambiental (ICA).

9. Presente los resultados de los monitoreos hidrobiológicos y fisicoquímicos
realizados durante las etapas de construcción y perforación de los pozos
Bastidas 1, Carizales 1 y Matemarrano 1, según lo requerido en la Ficha 6.4.2
Calidad del Agua y de los Recursos Hidrobiológicos de las Corrientes Afectadas
por el Proyecto del PMA del Bloque Cravo Viejo.

6. En virtud de todas las quejas presentadas, y atendiendo su solicitud, el entonces
MAVDT mediante Auto No.628 del 28 de febrero de 2008, reconoció al señor José
Luis Silva como tercero interviniente dentro del expediente No. 3578 […]”52.

55.2. Copia del oficio número 4120-E2-19302 de 8 de mayo de 2014, suscrito por
el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales, con asunto: “DPE1790-14. Radicado 4120-E1-19302 del 14 de abril
de 2014. Queja por presuntas afectaciones ambientales ocasionadas por las
actividades de la Empresa Pacific Rubiales en el Bloque Cravoviejo en jurisdicción
del municipio de Orocué (Casanare). Expediente 3578”, en el que se indicó:

52
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00045, archivo denominado: Cuaderno 1_
61_850012333000201400186011EXPEDIENTEDIGIEXPEDIENTE20230222160346 página 27 y ss.

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Núm. único de radicación: 850012333000201400186-01

“[…] Al respecto, me permito aclararle que el titular de la Licencia Ambiental del
proyecto Bloque Cravoviejo ubicado en jurisdicción del municipio de Orocué
(Casanare), correspondiente al Expediente 3578, es la empresa C&C ENERGÍA
LLANOS LTD. SUCURSAL COLOMBIA. […]

A continuación me permito dar respuesta a su solicitud en los siguientes términos:

[…] De acuerdo con lo anterior, se aclara que esta Autoridad si incluyó los
esteros entre ellos el estero Matemarrano como área de exclusión para
cualquier actividad relacionada con el proyecto, estableciendo medidas de
compensación por la afectación en el cambio de uso del suelo y afectaciones
al paisaje, consistentes en actividades de reforestación encaminadas hacia la
recuperación, preservación y enriquecimiento de los bosques de galería
cercanos a la locación y alrededor de la misma, entre ellas el Estero
Matemarrano.

2. Con respecto a las actividades de sísmica

En cuanto a la queja interpuesta ante Corporinoquia en el año 2006 a causa de las
detonaciones en el Estero Matemarrano, se informa que de acuerdo con lo referido
en el numeral 1 del presente documento, esta Autoridad incluyó dentro de la
Resolución 758 del 20 de abril de 2010 al Estero Matemarrano dentro de las áreas
de exclusión para toda actividad de explotación de hidrocarburos del Bloque Cravo
Viejo, lo anterior como medida de protección para este cuerpo de agua que presenta
condiciones biológicas y ecológicas de gran importancia ecosistémica para la zona
[…]” (Destacado fuera de texto).

55.3. Copia del concepto técnico núm. 00400 de 26 de noviembre de 2008, de la
Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía, con asunto: atención a queja por
mortandad de babillas, chigüiros, Guíos alrededor de la plataforma de explotación
petrolera Terecay o Gemar (Bloque exploratorio Cravo Viejo) y por cambio de cauce
de la Cañada NN, ubicada cerca al pozo Terecay o Gemar. Se indicó: i) no se
encontraron muertos los animales mencionados; ii) se verificó que se realizó el
cambio de cauce de la Cañana NN para direccionarlas hacia el canal paralelo a la
vía de acceso del pozo Terecay o Gemar, por lo que el cauce se encuentra
totalmente seco, sin embargo la empresa C&C manifestó que el desvío se realizó
por solicitud del señor Torres, aduciendo que su predio se inundaba a causa del
aporte de agua en épocas de lluvias; y iii) se remitió al Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial como autoridad ambiental competente conforme a
lo establecido en el parágrafo del artículo 35 del Decreto 1220 de 2005 al otorgar a
la empresa Integral Servicios Técnicos S.A. la licencia ambiental53.

55.4. Copia del concepto técnico núm. 0062 de 31 de octubre de 2011, de la
Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía, con asunto: atención a queja por
derrame de crudo y presunta contaminación al recurso suelo en el predio La Ceiba,

53
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00045, archivo denominado: Cuaderno 1_
61_850012333000201400186011EXPEDIENTEDIGIEXPEDIENTE20230222160346 página 55 y ss.

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se evidenció que la empresa no implementó las medidas pertinentes para atender
la contingencia, ya que no informaron a la Corporación del suceso y no se
evidenciaron las herramientas adecuadas para atender la contingencia presentada.
Se ordenaron las siguientes actividades, la limpieza, descontaminación y
restauración del terreno contaminado, la presentación de un informe a la
Corporación Autónoma Regional y un análisis físico-químico del suelo. El concepto
técnico se remitió a la MAVDT para realizar el seguimiento a la Estación Bastidas54.

55.5. Copia del concepto técnico núm. 911 de 15 de agosto de 2007, de la
Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía, con asunto: atención a queja por
posibles afectaciones en drenaje natural de sabana por construcción de la vía pozo
Bastidas 1 al pozo Matemarrano, finca La Ceiba, vereda Surimena, Municipio de
Orocué. Se evidenció que la empresa C&C Energy ha incumplido con lo establecido
en la licencia ambiental, porque la obra que tenía autorizada corresponde a una
batea y actualmente existe un puente, para lo cual no solicitó modificación de la
licencia otorgada. También se observó el estancamiento de agua que indica que las
alcantarillas son insuficientes. Se dictaminó que “[…] el puente construido sobre el
caucel del Caño Canacabare es la causa de la inundación presentada […]”. Se
ordenó: el rediseño del puente sobre el Caño Canacabare, presentación de informes
y la modificación de la licencia en lo referente al permiso de ocupación de cauce.
Se inició proceso sancionatorio por incumplimiento de la Resolución núm. 167 del 2
de febrero de 200755.

55.6. Copia del concepto técnico núm. 145 de 29 de julio de 2008, de la
Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía, con asunto: atención a queja por
inundaciones en el predio “La Ceiba” causadas posiblemente por la construcción de
la vía de acceso al pozo Terecay56.

55.7. Copia del concepto técnico núm. 125 de 29 febrero de 2006, de la
Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía, con asunto: atención a queja por
posibles daños por exploración sísmica estero Mate Marrano finca La Ceiba vereda
Surimena Municipio de Orocué. Dentro de las observaciones de la visita se indicó:

“[…] Se realizó visita el día 7 de febrero de 2006 en estero Mate Marrano, ubicado en
predios de la Finca La Ceiba, vereda Surimena, municipio de Orocué, de propiedad del
señor Gonzalo Armando Torres, quien estuvo presente en desarrollo de la visita.

54
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00045, archivo denominado: Cuaderno 1_
61_850012333000201400186011EXPEDIENTEDIGIEXPEDIENTE20230222160346 página 59 y ss.
55
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00045, archivo denominado: Cuaderno 1_
61_850012333000201400186011EXPEDIENTEDIGIEXPEDIENTE20230222160346 página 70 y ss
56
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00045, archivo denominado: Cuaderno 1_
61_850012333000201400186011EXPEDIENTEDIGIEXPEDIENTE20230222160346 página 76 y ss

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Durante el mes de enero de 2006 la empresa GRANT GEOPHYSICAL, desarrolló el
programa sísmico Cravoviejo 3D […]. El señor informa que durante el desarrollo de
este proyecto se realizaron algunas perforaciones y detonaciones dentro del estero
Mate Marrano sin su consentimiento pese a que el avisó con anticipación a la empresa
[…] para que no realizaran dichos trabajos dentro del estero. […] en la visita se pudo
observar que dentro del cauce activo del estero Mata Marrano a menos de 10 metros
del espejo de agua se perforaron y se detonaron 3 pozos y que hace parte del proyecto
Cravoviejo 3D desarrollados por la empresa GRANT GEOPHYSICAL para la empresa
INTEGRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS IST. No se pudo establecer con certeza el
nombre de la línea y el número de los pozos debido a que por este sector ya se había
realizado la etapa de restauración y las tabletas donde se encontraba el nombre ya se
habían recogido. A pesar de que ya se había realizado la etapa de restauración uno de
los pozos ubicados cerca del estero Mate Marrano, se encontraba sin restaurar, como
se aprecia en la fotografía 2, el pozo no se selló y corresponde a un SP, identificado
claramente debido a que aún se conserva el cable empleado para la detonación de la
carga. Los demás pozos que se visitaron se encuentran a mas de 30 metros del estero,
en una zona de micro relieve un poco más alto que el estero sonde predomina
vegetación tipo pastos.

El estero Mata Marrano (Matemarrano), corresponde a un cuerpo de agua superficial,
se define como depresión de forma mas o menos alargada con microrelieve cóncavo
que se constituye como parte del sistema de drenaje de la llanura aluvial, es un pared
donde el nivel freático permanece sobre la superficie del suelo, durante todo el año, en
sus alrededores presenta vegetación tipo rastrojo y algunos morichales aislados,
también presenta vegetación acuática, se observa gran cantidad de fauna silvestre
como patos, garzas, pájaros, sirve como bebedero de ganado57.

“[…] 4. CONCEPTO TECNICO

Dando respuesta a lo ordenado en el Artículo Segundo del Auto 500.05.06.0092, del
9 de febrero de 2006 se tiene lo siguiente:

1. Identificar e individualizar al presunto responsable de los hechos reportados por
el señor GONZALO ARMANDO TORRES: El programa Sísmico Cravoviejo 3D fue
desarrollado por la empresa GRANT GEOPHYSICAL para la empresa INTEGRAL
DE SERVICIOS TECNICOS IST.

2. Verificar y determinar los daños ocasionados a los recursos naturales a causa de
los hechos presentados por la parte considerativa del Auto y hacer descripción
detallada de los impactos negativos producidos al medio ambiente con ocasión a los
mismo hechos: En la visita se observó que dentro del desarrollo del programa
sísmico Cravoviejo 3D, la empresa GRANT GEOPHYSICAL realizó la perforación y

57
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00045, archivo denominado: Cuaderno 1_
61_850012333000201400186011EXPEDIENTEDIGIEXPEDIENTE20230222160346 página 82 y ss.

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detonación de 3 pozos ubicados dentro del cauce activo rial estero Mata Marrano
(Metemarrano), el cual está ubicado dentro del predio La Ceiba en la vereda
Surimena, municipio de Orocué, y de acuerdo a las guías ambientales para
proyectos de exploración sísmica terrestre expedidas por el MAVDT se debía
conservar una distancia mínima de 30 metros, por lo tanto no se cumplieron dichos
parámetros.

En este momento, aparentemente no se pude determinar los daños que ocasionaron
las detonaciones sísmicas dentro del cauce activo del estero, ya el estero Mata
Marrano permanece aún con agua y está habilitado por diversidad de fauna.

3. Anexar registro Fotográfico: este se encuentra implícito dentro del concepto

Considerando que la empresa GRANT GEOPHYSICAL no cumplió con los
parámetros ambientales establecidos en la Guía Ambiental para programas de
Exploración Sísmica Terrestre establecida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial en cuanto a la ubicación de SP a fuentes hídricas superficiales,
se recomienda a la oficina Legal Ambiental de CORPORINOQUIA abrir
investigación a las empresas GRANT GEOPHYSICAL quien desarrolló el programa
sísmico Cravoviejo 3D y a la empresa INTEGRAL DE SERVICIOS TECNICOS IST
operadora del Bloque Cravoviejo, por haber perforado y detonado tres pozos (SP)
dentro del cauce activo del estero Mata Marrano (Matemarrano), ubicado en el
predio La Ceiba, vereda Surimena, municipio de Orocué, cuyo propietario es el
señor GONZALO ARMANDO TORRES, ya que los pozos SP debían haberse
ubicado por lo menos a 30 metros del estero, según como aparece en los Numerales
6.8 y 6.9 de la área ambiental.

La empresa GRANT GEOPHYSICAL deberá realizar debidamente los trabajos de
restauración y sellar uno de los pozos (SP) que se encuentra cerca del estero Mata
Marrano, para evitar que se convierta en un foco de erosión a futuro.

Considerando lo anterior es necesario que las empresas GRANT GEOPHYSICAL e
INTEGRAL DE SERVICIOS TECNICOS IST, realicen un monitoreo del
comportamiento del estero Mata Marrano ubicado en la finca La Ceiba, por lo menos
durante dos años con el fin de determinar cambios y/o efectos en el medio
intervenido, para le cual estas empresas deben presentar a esta Corporación en un
plazo de 30 días el programa de monitoreo a desarrollar. […]”.

55.8. Copia de denuncia penal el 19 de febrero de 2014 en la Fiscalía General de
la Nación por un incendio en la vereda Surimena del Municipio de Orocué
presuntamente producido en una tubería de una línea de flujo que transporta crudo
de la empresa Pacific Rubiales58.

55.9. Diligencia de inspección judicial llevada a cabo el 17 de marzo de 2015 en el
lugar de los hechos, el estero Matemarrano, se hicieron presente las partes y
personas pertenecientes a la comunidad. Se observó lo siguiente: i) cuatro
depresiones en forma cóncava con un área aproximada entre 5 y 10 m 2, lugares
donde al parecer se realizó la sísmica por la forma geológica que presentan dejando
registro fotográfico de las mismas; ii) se apreciaron láminas de agua aunque de
poca extensión que todavía albergan avi-fauna y fauna acuática, se observaron

58
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00045, archivo denominado: Cuaderno 1_
61_850012333000201400186011EXPEDIENTEDIGIEXPEDIENTE20230222160346 página 90 y ss.

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babillas, garzas, corocoras, alcaravanes, entre otros; iii) se observó un área lineal
de desagüe natural; iv) se procedió al desplazamiento al área de préstamo lateral,
en forma cuadrangular bastante amplia en sus dimensiones, de donde se tomó el
material para construir la locación, allí se observó que tiene agua, que es natural,
agua lluvia y también presencia de fauna, los vecinos del sector explicaron que el
agua del estero corre hacia dicho sitio en verano pero que en invierno las aguas se
entremezclan; v) se realizó el desplazamiento a una quebrada sin nombre
aproximadamente a 100 metros de la entrada principal de la locación donde se
observó un puente de pequeñas dimensiones y con tres alcantarillas, que al
momento se encontraba seca pero que en época de invierno se rebosa y se
revuelve el material con la vegetación de la sabana y también se apreció una línea
de flujo superficial, sin soportes y en varios sectores cubierta con maleza; vi) se
realizó el desplazamiento al puente del caño Canacabare, aproximadamente a unos
10 kms de la locación que de Algarrobo conduce a Yopal, donde los coadyuvantes
también pusieron de presente otro problema allí suscitado, respecto a la
construcción del puente allí realizado, así como de las dimensiones del mismo y que
en época de invierno se rebosa causando afectación a los habitantes de ese sector;
vii) se dejó constancia que se hace necesario volver en época de invierno para
analizar la situación sin establecer la fecha; viii) en relación con una depresión que
se ve dentro del estero, se observa un terreno fangoso, donde los animales se
pueden enterrar59.

55.10. Copia del concepto técnico núm. 0610 de 9 de junio de 201460, de la
Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía, con asunto: atención a queja
contra la empresa C&C Barbados hoy Pacific Rubiales, por presuntas afectaciones
ambientales al Estero Matemarrano. Se indicó:

“[…] 1. ANTECEDENTES

• Resolución 167 de fecha 2 de febrero de 2007, por medio de la cual el entonces
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial otorgó a la Empresa Integral
de Servicios Técnicos, Licencia Ambiental para el Bloque de Perforación Exploratoria
Cravo Viejo, ubicado en jurisdicción del Municipio de Orocué, Departamento de
Casanare.

• Resolución No 0950 de fecha 31 de mayo de 2007, por medio de la cual el entonces
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, modificó la Resolución 167
de fecha 2 de febrero de 2007 en el sentido de incluir dos nuevas áreas de interés
denominadas Terecay y Bastidas Sur.

59
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00045, archivo denominado:
69_850012333000201400186019EXPEDIENTEDIGIEXPEDIENTE20230222160354 página 88 y ss.
60
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00045, archivo denominado:
69_850012333000201400186019EXPEDIENTEDIGIEXPEDIENTE20230222160354 página 211 y ss.

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50

Núm. único de radicación: 850012333000201400186-01

• Mediante queja con radicado No 03397 de fecha 21 de marzo de 2014, el Señor
Gustavo Adolfo Torres Melo, pone en conocimiento que el Estero Matemarrano, se
encuentra a menos de 30 metros de una plataforma petrolera, que el mismo es
veranero y jamás se había secado, a pesar de las múltiples quejas para evitar estos
hechos hoy sucedieron y necesitamos una visita.

Indagación del 500.46..1.14-0316 de fecha 07 de Abril de 2014, por medio de la cual
CORPORINOQUIA ordena Iniciar la etapa en mención de la queja presentada y
ordena la práctica de una inspección ocular al lugar de los hechos descritos por el
quejoso.

1 Que dando cumplimiento a las disposiciones de la indagación preliminar No.
500.46.1.14 0316 de fecha 07 de Abril de 2014, La subdirección de Control y Calidad
Ambiental, el día 23 de abril de 2014 realizó inspección ocular al lugar de los hechos
descritos por el quejoso, localizado en la finca la Arabia, Vereda Surimena, municipio
de Orocué, departamento de Casanare.

3. DESCRIPCIÓN DE LA VISITA

Mediante comunicación telefónica se le dio aviso al señor Gustavo Adolfo Torres
Melo, identificado con C.C. No 79614724 de Bogotá, para que asistiera el día 23 de
Abril de 2014, al lugar de los hechos, (Estero Matemarrano, Locación Pozo Gemmar),
no obstante manifestó que por motivos de lluvias en el área de la queja no tenía
sentido asistir a la misma.

No obstante la Subdirección de Control y Calidad Ambiental de CORPORINOQUIA,
realizó desplazamiento al lugar de los hechos con el fin de atender la queja en
mención, y la visita de inspección ocular se realizó el día 23 de abril de 2014.

Una vez situados en la plataforma del pozo GEMMAR, no se encontró personal
responsable por parte de la Empresa Operadora del Pozo, sin embargo en la locación
se estaban realizando obras civiles por parte de empresas contratistas de la Empresa
PACIFIC RUBIALES.

Dado que la queja estaba motivada por el secamiento del Estero Matemarrano y que
la plataforma Gemmar se encuentra a menos de 30 m del mismo, se procedió hacer
el recorrido por la parte externa de la locación, con el fin de verificar los hechos
expuestos y determinar mediante la recolección de información primaria, si estos se
constituyen en algún tipo de infracción o contravención a lo establecido en el marco
normativo que regula el componente ambiental.

No obstante, CORPORINOQUIA hace claridad referente a sus funciones dentro de
sus competencias en el sentido de informar lo siguiente:

• Que CORPORINOQUIA en uso de funciones, especialmente la de ejercer la
Autoridad Ambiental y Administrar los recursos naturales, procede a recepcionar
todas las inquietudes bien sean de su competencia o no y si hay mérito practicar visita
ocular, con el fin de constatar los hechos expuestos y posterior traslado de las
actuaciones a la entidad competente y si es de nuestra competencia iniciar las
acciones correspondientes a que haya lugar

• Que las visitas de campo de atención de quejas se centran en la "afectación de
algún recurso natural con ocasión a la ejecución de un proyecto obra o actividad.

Asistentes de la visita:

Ricardo Garzón - Operador de la Estación Bastidas
Efrén Leal Abril-Profesional de Apoyo Sector de Hidrocarburo y Minería.

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Núm. único de radicación: 850012333000201400186-01

Figura 1. Ilustración recorrido visita de inspección ocular. Estero matemarrano y
locación Pozo Gemmar. […]”.

[…]

“[…] En la figura 1 se ilustra la Plataforma Gemmar que se encuentra aledaña al
Estero Matemarrano, esta figura es generada a partir de coordenadas tomadas en
campo e importadas al programa Google earth.

Como se puede observar en la figura anterior, entre la plataforma Pozo Gemmar y el
estero, se muestra claramente el cambio de vegetación propiamente definida por el
estero, seguidamente se observa una vegetación de transición entre el estero y la
sabana natural que corresponde a sabana inundable de la zona.

Con la visita de inspección ocular no es fácil determinar que la causa de secamiento
del estero esté directamente relacionada con el Pozo Gemmar, por lo que se hace
necesario realizar estudio que definan si existe relación hidrogeológica entre la
ubicación del Pozo Gemmar, sus probables pérdidas o aporte de agua subterránea
durante la perforación y la unidad litológica que alimenta el estero Matemarrano.

Teniendo en cuenta lo observado en campo se emite el siguiente:

II. CONCEPTO TÉCNICO

En atención a la queja instaurada mediante radicado en CORPORINOQUIA bajo el
No. 3397 del 21 de Marzo del 2014, se practicó visita de inspección ocular el día 23
de Abril de 2014 al lugar de los hechos, que según denuncia del quejoso, corresponde
a los predios de la finca la Arabia, localizada en la Vereda La Surimena, en jurisdicción
del Municipio de Orocué en el Departamento de Casanare, inspección ocular que
además se realizó en obediencia a la Indagación preliminar No 500.46.14-316 del 07
de Abril de 2014 y del cual se proceda a dar respuesta así:

a) Establecer respecto del área presuntamente afectada, su ubicación
georeferenciada, y la actividad realizada por el presunto responsable de la misma.

El área presuntamente afectada se ubica geográficamente en la Finca La Arabia,
Vereda Surimena, Municipio de Orocué Departamento de Casanare, en las
coordenadas magna sirgas origen Bogotá N: 1031292, E: 1241776. La actividad
ejecutada en el área corresponde a la ejecución del proyecto Bloque Cravo Viejo pozo
Gemmar.

b) Establecer si la actividad realizada en esta área está autorizada ambientalmente
por CORPORINOQUIA, bajo un permiso o autorización o por intermedio de un
instrumento de manejo y control ambiental, en caso tal, determinar en qué términos y
condiciones técnicas se llevó a cabo dicha intervención.

El Proyecto de Cravo Viejo cuenta con Licencia Ambiental Otorgada mediante
Resolución No 167 de fecha 2 de febrero de 2007 y Resolución No 0950 de fecha 31
de mayo de 2007, del entonces Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo
Territorial.

c) Determinar qué tipo de afectación ambiental se presentó en el área descrita por el
quejoso.

Según lo observado en la visita de inspección ocular, se requiere de estudios técnicos
hidrogeológicos para determinar la incidencia del proyecto y la afectación ambiental
en el área descrita por el quejoso con ocasión al secamiento del estero.

d) Determinar según los parámetros establecidos en el Decreto 3678 del 4 de Octubre
de 2010 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, o al que o
modifique o sustituya, lo siguiente:

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• Beneficio ilícito
• Factor de Temporalidad
• Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo
• Circunstancias agravantes y atenuantes
• Costos asociados
• Capacidad socioeconómica del infractor

No Aplica ninguno de los anteriores criterios, toda vez que no se puede establecer
con claridad la responsabilidad del operador del pozo hasta tanto no se realicen
estudios técnicos/relacionado con el tema.

e) Identificar e individualizar plenamente a o los responsables de la conducta
constitutiva de la infracción ambiental.

El pozo es operado por la Empresa Pacific Rubiales.

f) Presentar registro fotográfico de la visita de inspección ocular.

El respectivo registro fotográfico es parte integral del presente concepto técnico.

g) Imponer en la vista de campo la medida preventiva que se estime pertinente, si hay
lugar a ella según los lineamientos contenidos en el artículo 15 de la Ley 1333 de
2009.

No se impuso medida preventiva, según los lineamientos contenidos en el artículo 15
de la Ley 1333 de 2009, ya que se requiere que la Autoridad que otorgó la Licencia
Ambiental vía Control y Seguimiento determine si hay incumplimientos de la Licencia
Ambiental.

h) Recopilar las demás pruebas que el profesional, conforme a sus conocimientos
técnicos considere oportunas, conducentes y pertinentes para el desarrollo de esta
investigación de acuerdo a las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la ocurrencia
de la conducta constitutiva de la infracción ambiental.

En el área objeto de la queja se tomó Registro fotográfico, georeferenciación del área.

CONCLUSIONES

Durante la visita de inspección ocular no es posible identificar las causas reales del
secamiento del estero, por lo cual, y teniendo en cuenta que la Licencia Ambiental del
Área de Perforación Exploratoria Cravo Viejo, fue otorgada por el entonces Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, según Resolución 167 de fecha 2 de
febrero de 2007 y Resolución No 0950 de fecha 31 de mayo de 2007, es necesario
remitir el presente concepto técnico a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
ANLA, con el objeto de que defina la pertinencia de realizar estudios técnicos a fin de
determinar de una manera concreta las causas relacionadas con el secamiento del
mismo. De la misma manera se establezca si existe incumplimiento con respecto a la
distancia mínima entre la locación del pozo y el estero Matemarrano.

Finalmente se recomienda dar traslado del presente Concepto Técnico a la ANLA por
ser la autoridad que debe realizar el control y seguimiento respectivo al cumplimiento
de las obligaciones derivadas del acto administrativo por medio del cual se otorga
licencia ambiental.

Finamente se recomienda previo análisis jurídico, ordenar el archivo de la preliminar
No 500.46..1.14 0316 de fecha 07 de Abril de 2014, teniendo en cuenta que no existe
conducta constitutiva de infracción ambiental, de acuerdo a lo establecido en la ley
1333 de 2009. […]”.

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55.11. Copia del concepto técnico núm. 235 del 15 de febrero de 2008 del Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial61 se seguimiento ambiental del
proyecto Bloque de perforación exploratoria Cravo Viejo, en el que se indicó en
relación con el requerimiento entre otros de: i) evaluación hidráulica e hidrológica
que permite establecer la alteración de la dinámica hídrica generada por las obras
de la vía de acceso al Bloque y la conformación del terraplén, la excavación de
zonas de préstamo y la construcción de las obras de drenaje construidas en los
caños Maremare y Canacabare; y ii) resultados de monitoreos hidrobiológicos y
fisicoquímicos realizados durante las etapas de construcción y perforación de los
pozos Bastidas 1, Carrizales 1 y Matemarrano 1, según lo requerido en la Ficha
6.4.2 calidad del agua y de los recursos hidrobiológicos de las corrientes afectadas
por el proyecto del PMA del bloque Cravo viejo. Se recomendó abrir investigación a
la empresa integral de servicios técnicos S.A. en relación con:

“[…] Primer Cargo: Haber construido una obra de drenaje en el cruce del caño
Maremare con la vía de acceso a los pozos Bastidas y Matemarrano 1, que no había
sido autorizada por este Ministerio ni requerida por la Empresa en el Estudio de
Impacto Ambiental, haciendo uso no autorizado de los recursos naturales,
interviniendo y alterando la franja protectora del caño Maremare, incumplimiento los
Artículos 8, 15, 23, 24 y 29 de la Resolución 167 de febrero de 2007.

Segundo Cargo, No haber desarrollado las medidas correctivas necesarias para
controlar los efectos ambientales no previstos sobre la dinámica hídrica, sobre los
ecosistemas acuático y terrestre, y sobre los predios de influencia, como
consecuencia de la desviación del caño Maremare por la zona de préstamo lateral de
la vía de acceso a los pozos Bastidas y Matemarrano 1. Incumpliendo lo establecido
en el Artículo 10 de la Resolución 167 de febrero de 2007. […]”.

55.12. Copia del concepto técnico de seguimiento núm. 1577 de 23 de septiembre
de 2012, relacionado con el seguimiento ambiental por derrame hidrocarburo. Se
ordenó abrir indagación preliminar a la empresa C&C Energy por la situación
reportada el día 30 de octubre de 2011 y la presunta afectación ambiental del predio
denominado La Ceiba62.

55.13. Copia del concepto técnico de seguimiento núm. 895 de 3 de marzo de 2013,
en el que se indicó el no cumplimiento de la Resolución 758 del 20 de abril de 2010,
que declaró zona de exclusión a los cuerpos de agua identificados en las áreas de
influencia directa e indirecta63.

61
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00045, archivo denominado:
63_850012333000201400186013EXPEDIENTEDIGIEXPEDIENTE20230222160348 pagina 3 y ss.
62 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00045, archivo denominado:
63_850012333000201400186013EXPEDIENTEDIGIEXPEDIENTE20230222160348 pagina 137 y ss.
63
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00045, archivo denominado:
63_850012333000201400186013EXPEDIENTEDIGIEXPEDIENTE20230222160348 pagina 150 y ss.

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54

Núm. único de radicación: 850012333000201400186-01

55.14. Copia del auto núm. 0282 de 16 de febrero de 2009 “Por el cual se acepta un
Plan de Compensación y se hacen unos requerimientos” proferido por el Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial64.

“[…] ARTÍCULO PRIMERO. - Aceptar el Plan de Compensación para los pozos
Bastidas sur 1. Bastidas Norte, Terecay y Carrizales 3. por 40 hectáreas presentado
por la empresa INTEGRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS S.A, mediante radicado No
4120-E1-114948 de 8 de octubre de 2008, denominado "Plan de trabajos a adelantar
en las veredas Brisas de Maremare y Mariana en el corregimiento de El Algarrobo,
jurisdicción del municipio de Orocué en el departamento de Casanare, como medida
de compensación ambiental para la empresa C&C Energy".

"Por el cual se acepta un Plan de Compensación y se hacen unos requerimientos"

ARTÍCULO SEGUNDO. - Requerir a la empresa INTEGRAL DE SERVICIOS
TÉCNICOS SA, para que en el mes siguiente al establecimiento de la plantación,
presente un informe en el que se especifiquen las especies y el número de individuos
sembrados por especie, aclarando que dichas especies no pueden ser diferentes a
las previamente seleccionadas y que fueron presentadas en el listado de especies
y que se encuentra dentro de la propuesta allegada a éste Ministerio.

55.15. Copia del auto núm. 200-57-09-0439 de 21 de julio de 2009, “Por medio del
cual se ordena la cesación de un procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan
otras disposiciones”, en la parte de consideraciones jurídicas de Corporinoquía se
indicó: “[…] Dentro del expediente de la referencia y una vez revisado su contenido,
este Despacho encuentra que no existe mérito para continuar con el presente
proceso sancionatorio ambiental adelantado en contra de la Empresa
GEOPHYSICAL (INTL) ahora GEOKINETICS INTERNATIONAL, INC, tal y como lo
establece el Concepto Técnico No. 540.09.10-0211 de fecha 5 de marzo de 2007,
emitido por la Subdirección de Control y Calidad Ambiental con ocasión del
seguimiento a la queja interpuesta por presuntos daños ocasionados por el
programa sísmico Cravo viejo 3D, en el cual se evidencia que actualmente el pozo
se encuentra restaurado y no hay evidencias de las actividades realizadas por la
empresa, cumpliendo con lo dispuesto en el Numeral 1 del artículo Primero, del Auto
N 200.05.06-147 del 5 de abril de 2006 […]”. Se dispuso: “[…] Declarar que el
procedimiento sancionatorio ambiental adelantado en contra de Empresas
GEOKINETICS INTERNATIONAL, INC […] no puede proseguirse conforme a las
razones expuestas […]”65.

55.16. Copia del concepto técnico núm. 2146 de 22 de diciembre de 2014, proferido
por la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía, con asunto: atención a

64
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00045, archivo denominado:
63_850012333000201400186013EXPEDIENTEDIGIEXPEDIENTE20230222160348 pagina 135 y ss
65
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00045, archivo denominado:
69_850012333000201400186019EXPEDIENTEDIGIEXPEDIENTE20230222160354 pagina 31 y ss.

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queja con ocasión de la acción popular interpuesta por la Procuraduría 23 Judicial
II Ambiental y Agraria, ante el Tribunal Administrativo del Casanare66.

“[…] Teniendo en cuenta que se trataba de una atención a queja derivada de una
Acción Popular instaurada por la Procuraduría 23 Judicial II Ambiental y Agraria,
esta Corporación solicitó el acompañamiento de dicha entidad Mediante Oficio N°
500.25.1.14- 0173 del 18 de septiembre de 2014; no obstante, la entidad de control
no emitió respuesta a la solicitud de acompañamiento.

La Subdirección de Control y Calidad Ambiental de Corporinoquia, delegó tres
profesionales para realizar el desplazamiento al lugar de los hechos con el fin de
atender la queja en mención.

La Estación Gemar se encuentra localizada en las Coordenadas Geográficas N:
4°52'29.3* W: 71° 53* 40.9' en jurisdicción de la Vereda Surimena, Municipio de
Orocué, Departamento de Casanare. (Ver Fotografías 1 y 2).

Una vez situados en la Plataforma de la Estación Gemar, no se encontró personal
responsable por parte de la empresa operadora de la Estación; sin embargo en la
locación se estaban realizando obras civiles por parte de empresas contratistas de
PACIFIC RUBIALES.

[…]
Lo primero que se identificó fue la Piscina de almacenamiento temporal, manejo y
tratamiento de aguas en la locación, con unas dimensiones aproximadas de 10
metros (m) de ancho por 20 m de Largo y una profundidad de 2 m, cubierta con
Geomembrana de alta densidad; esta se encuentra ubicada al Sur-Oriente de la
cabeza del pozo; en el momento de la Visita Técnica de Inspección Ocular dicha
piscina se encontraba con una lámina de agua baja. Sin embargo para determinar
si las aguas almacenadas allí presentaban contaminantes, se procedió a tomar
muestra de agua y medir parámetros In Situ (pH, Conductividad y Oxigeno Disuelto).
(Ver fotografías 3, 4 y 5).

Siguiendo con el recorrido se identificó la zona de préstamo lateral, la cual se
encuentra ubicada al costado derecho de la piscina de almacenamiento temporal, y
está situada al Occidente de la cabeza de pozo. En esta zona de préstamo lateral
actualmente se encuentran agua lluvias represadas, convirtiéndose asi en una
piscina artificial de aguas dicha piscina posee un área aproximada de 5000 m*; se
procedió a tomar muestras de aguas y a medir parámetros en dicho punto, con el
objetivo de determinar la presunta contaminación al cuerpo de agua, derivada de los
procesos de extracción de hidrocarburos. (Ver Fotografías 6, 7, 8 y 9).

Luego se realizó un recorrido alrededor de la zona de préstamo lateral para
identificar en dónde desembocan estás aguas (Salida del cuerpo de agua) y se
encontró que dichas aguas fluyen hacia una cañada NN; que hace parte de un Sural.
En la Cañada NN se tomaron muestras de agua para determinar la presunta
contaminación producto del desbordamiento de la piscina de almacenamiento
temporal de la Locación Gemar. (Ver Fotografías 10, 11, 12 y 13). Posteriormente
se dispuso a identificar el Estero Matemarrano y su distancia aproximada desde el
borde de la estación Gemar hasta lo que visualmente se considera como la cota
máxima de inundación. (Ver fotografías 14 15 y 16).

Finalmente en la vía que conduce de la Plataforma Gemar a la Plataforma Bastidas,
se evidenció que la línea de flujo paralela a la carretera se encuentra sobre el suelo
tal y como se observa en las fotografías 17 y 18.

“[…] IV. CONCEPTO TECNICO

66
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00045, archivo denominado:
69_850012333000201400186019EXPEDIENTEDIGIEXPEDIENTE20230222160354 pagina.121 y ss.

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La Subdirección de Control y Calidad Ambiental en desarrollo atención a queja
derivada de Acción Popular instaurada por la Procuraduría 23 Judicial II Ambiental
y Agraria, efectuó Visita Técnica de Inspección Ocular el día 26 de Septiembre de
2014, al área objeto de la queja y las zonas presuntamente afectadas por el
Desarrollo de las actividades del Proyecto "Bloque de Exploración Cravo Viejo de la
Empresa C&C ENERGY, operado por la Empresa PACIFIC RUBIALES ENERGY.

Teniendo en cuenta que el tema central de la Acción Popular instaurada por la
Procuraduría Judicial II Ambiental y Agraria, en contra de la Agencia Nacional de
Licencias Ambientales ANLA y la Corporación Autónoma Regional de la Orinoqula
CORPORINOQUIA: es la presunta afectación al estero Matemarrano; nos
permitimos concluir lo siguiente:

1. En el momento de la Inspección técnica no se evidencio rebose de aguas
contaminadas en la piscina de almacenamiento temporal. Sin embargo se tomaron
muestras de Agua en la piscina para medir los parámetros Fisico Quimicos (pH,
Conductividad y Oxígeno Disuelto), así mismo se tomaron muestras en los сиerpos
de agua contiguos: Zona de préstamo lateral y Cañada NIN, según los análisis de
laboratorio tomadas se determina lo siguiente para cada uno de los parámetros
monitoreados

• Fenoles: Los valores obtenidos por el análisis del laboratorio muestran
resultados de <0,02 Mg/L, los cuales se encuentra dentro del rango admisible
según el Decreto 1594/84 en los respectivos puntos de muestreo.

• DQO: La Demanda Química de Oxígeno para tos puntos muestreos cumplen
con los valores permisibles estipulados por la normativa legal vigente
Decreto 1594 de 1984 Articulo 72 transitoriamente vigente según lo
establecido en el decreto 3930 de 2010.

• GRASAS Y ACEITES: Los resultados de laboratorio muestran valores de
grasas y aceites normales dentro de la normatividad legal vigente.

• PH: Los valores obtenidos por el análisis del laboratorio de Corporinoquia
muestran resultados dentro del rango (5- 9 Unidades) admisibles según el
Decreto 1594/84 en los puntos de muestreo.

• SST: Con base en los resultados obtenidos de laboratorio, la variación más
significativa dentro de este parámetro, se encontró que la muestra AG 02264
correspondiente al área de muestreo ubicada sobre el Sural con una
Concentración: 34.00 mg/L, este valor se encuentra dentro del rango de los
valores permisibles por la normativa legal vigente.

• OXIGENO DISUELTO: La variación más significativa dentro de este
parámetro, se encontró que la muestra AG-02264 correspondiente al área
de muestreo ubicada sobre el Sural con una Concentración: 0,95 mg O2/L
este valor es normal dentro de un cuerpo de agua que no cuenta con un flujo
dinámico de aireación natural, por ser un agua estancada rodeada por un
área boscosa. Los demás valores obtenidos por el análisis del laboratorio
muestran resultados admisibles por la normativa legal vigente.

Puede concluirse que en los cuerpos de agua existentes contiguos a la plataforma
Gemar no se presenta modificaciones significativas en los parámetros analizados
según la normatividad ambiental vigente.

Para el caso referente a la contaminación del estero Matemarraпо no se evidenciaron
afectaciones al mismo, toda vez que el estero se encontraba sin lámina de agua en
el momento de la visita de verificación, por lo cual no fue posible tomar muestras de
agua en ese lugar.

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57

Núm. único de radicación: 850012333000201400186-01

2. Se evidencio que en el costado Izquierdo de la vía que conduce de la plataforma
Gemar a la plataforma Bastidas la tubería de la línea de flujo se encuentra expuesta
sobre el suelo, y no enterrada o sobre marco H como lo estipula la Licencia Ambiental
dal Bloque Cravo Viejo.

3 La distancia aproximada que existen entre el Estern Matemarrano y la Plataforma
Gemar, es de 160 m, esto se corroboró al tomar las coordenadas de la cota máxima
de inundación del estero Longitud 04° 52 25 2 Latitud; 71° 53 46 1 y de la plataforma
Longitud 4° 25 27,9" Latitud: 71 53 41,8", las cuales se midieron con el GPS en campo
y posteriormente se graficaron en el programa Google Earth (Figura N°2).

Para la medición de dicha distancia en campo, se marcó el punto desde la cota
máxima de inundación que se establece por la vegetación existente, para este caso
la presencia del pasto rabo de Zorro (Andropogon bicornis) nos determina la
inundación máxima del estero.

Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito y lo establecido por la por la Resolución
N° 167 del 02 de Febrero de 2007, Artículo Tercero, Numeral 1, "Áreas de exclusión
Perforación Exploratoria Cravoviejo”, el cual establece "Los cuerpos de agua y su
ronda de protección de 30 m a partir de la cota máxima de inundación, excepto para
los cruces de líneas de flujo y vías de acceso; la plataforma Gemar se encuentra
cumpliendo con dicho parámetro.

En atención a lo anteriormente descrito, se emite respuesta puntual al Artículo
Segundo de la Indagación Preliminar N° 500.46.1.14-0615 del 11 de Septiembre de
2014 así:

a. Establecer respecto del área presuntamente afectada, su ubicación
georeferenciada y la actividad realizada por los presuntos responsables de la misma.

La locación Gemar se ubica en el Bloque de Perforación Exploratoria Cravo Viejo, en
jurisdicción del Municipio de Orocué, Departamento de Casanare, bajo las
Coordenadas Geográficas WGS 84, N: 04° 52 29.3 W. 71° 53 40.9.

b. Establecer si la actividad realizada en esta área está autorizada ambientalmente
por CORPORINOQUIA bajo un permiso o autorización o por medio de un instrumento
de Manejo y Control Ambiental, en caso tal, determinar en qué términos y condiciones
técnicas se está llevando a cabo dicha intervención.

La Actividad realizada se encuentra autorizada mediante Resolución N° 167 del 2 de
Febrero de 2007, del entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial por medio de la cual se otorgó a la empresa Integral de Servicios Técnicos,
Licencia Ambiental para el Bloque de Perforación Exploratoria Cravo Viejo, ubicado
en jurisdicción del Municipio de Orocué, Departamento de Casanare.

c. Determinar qué tipo de afectación ambiental se presentó en el área descrita por el
quejoso.

No se identificaron afectaciones ambientales en la visita técnica.

d. Identificar e individualizar plenamente a o los responsables de la conducta
constitutiva de la infracción ambiental.

La empresa PACIFIC RUBIALES con Nit 900310249 es la responsable del desarrollo
de las actividades conexas al proyecto denominado Bloque de Perforación
Exploratoria Cravo Viejo y a quien compete velar por las obligaciones derivadas de la
misma.

e. Presentar registro fotográfico de la visita de inspección ocular.

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El registro fotográfico es parte integral del presente Concepto Técnico.
1. Imponer en la visita de campo la medida preventiva que se estime pertinente, si
hay lugar a ella, según los lineamientos contenidos en el artículo 15 de la Ley 1333
de 2009.

No se impuso medida preventiva.

g. Recopilar las demás pruebas que el profesional, conforme a sus conocimientos
técnicos considere oportunas, conducentes y pertinentes para el desarrollo de esta
investigación de acuerdo a las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la ocurrencia
de la conducta constitutiva de la Infracción Ambiental.

• Datos GPS

-Registro Fotográfico

-Testimonios e indagaciones verbales.

-Toma de muestras de Agua

Ya que se trata de un Proyecto licenciado por el entonces Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial se remite el presente Concepto Técnico a la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales-ANLA, para que previo análisis jurídico se tomen
las determinaciones y procedimientos a que haya lugar en virtud de las situaciones
evidenciadas, y descritas. […]”.

55.17. Continuación de la diligencia de inspección judicial de fecha 5 de agosto de
2015, con la finalidad de realizar la actividad en época de invierno, se observó lo
siguiente: i) se dispuso el desplazamiento siguiendo la margen derecha de la
plataforma petrolera, observando la abundante vegetación que ahora recubre la
zona; ii) en el sitio donde inicia el estero se observó que con las lluvias las aguas
han vuelto y el estero retornó; iii) el agua recubre aproximadamente desde los 5 cms
hasta alcanzar el metro de altura, pero que existen sitios mucho más profundos y
que alcanzan hasta los 2 metros; iv) se observó que se encuentra cubierto por
vegetación tipo buchones de agua como principal planta acuática presente en la
zona; v) se observa flujo de agua que no huele mal, hidrodinámica y se indican
razones de tipo físico por las cuales la situación del estero en invierno y verano es
diferente; vi) se continuó con el recorrido en busca de otro sitio donde también fluyen
las aguas del estero y que se unen con el anterior en busca de la quebrada que al
final de su recorrido va a pasar toda finalmente por debajo de un pequeño puente
ubicado a orillas del terraplén y a unos 100 metros de la entrada a la plataforma; vii)
se desplazaron al área de préstamo que se utilizó para construir la plataforma
aproximadamente con un área de 2,5 a 3 ha, actualmente lleno de agua lluvia y de
la proveniente del estero; al llegar al sitio se pudo corroborar que hay lugares donde
el agua del estero pasa a la “piscina” o “laguna” o “área de préstamo”; viii) se
observó un punto principal rodeado por un zural, en donde sale el agua y van a dar
también al sitio de encuentro de las otras salidas ya visitadas y que finalmente van

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a dar a la quebrada; ix) se indicó que no fue posible observar el desembocamiento
de estas aguas a la quebrada o cañada por la profundidad del agua hacia ese sitio
y lo dispendioso de su recorrido por la vegetación del área; x) en el recorrido se
observó diversidad de plantas nativas de la zona y fauna; xi) se observó una barrera
en una parte de la piscina de la plataforma que ya no es parte del estero; y xii) se
realizó el desplazamiento hacia el puente indicado, se observó que hay un pequeño
flujo de agua que se desvía hacia la margen izquierda del préstamo lateral y que
van a parar al caño Maremare, sin embargo, dicha situación fue contrargumentada,
porque se indicó que años atrás se hizo la corrección con la construcción de un
dique ordenado por el Ministerio de Ambiente y construido por C&C.

55.18. Copia del estudio hidrológico actualizado del estero Matemarrano en
respuesta al auto del 30 de septiembre de 2016, proferido por el Tribunal
Administrativo del Casanare. Realizado por C&C Energía, en el que se indicó67:
“[…]
• El estero es alimentado por el caudal de inundación del caño Surimena y alimenta
al Caño NN en épocas de mayores lluvias.
• Dentro del área de cercamiento de la locación Gemar se encuentra una zona de
préstamo lateral, adecuada en el año 2009 para la obtención del material necesario
para la construcción de la locación Gemar.
• El área de préstamo recoge las aguas lluvias y de los niveles freáticos propios de la
zona, por lo que mantiene agua lo largo del año y por tal razón se ha constituido en
hábitat de fauna silvestre, tales como chigüiros, babillas, tortugas, peces y aves; […].
Cabe señalar que en este deposito de agua artificial, C&C Energía no ha realizado ni
realiza disposición de aguas residuales tratadas o sin tratar.
• De acuerdo con los registros mínimos, medios y máximos mensuales multianuales
de evaporación se puede observar que febrero es el mes de mayor evaporación en
el área con un máximo de 257,6 mm, y en el mes con el menor reporte es julio con
76,7 mm. Teniendo en cuenta lo anterior, se esperaría que en los meses de mayor
evaporación, los cuerpos de agua asociados a la unidad hidrológica del caño
Surimena, reduzcan sus niveles y oferta hídrica, así como su área, debido a la pérdida
de agua por medio de la evaporación, ya que este parámetro coincide con los meses
en donde se presenta menor precipitación y menor humedad relativa.
• Según la dinámica hídrica superficial de los caudales analizados de acuerdo al
modelo de lluvias - escorrentías del caño Surimena, se observa que dichos caudales
pueden ser variables en el tiempo, irrigando su cuenca de drenaje (en la cual se ubica
el Estero Matemarrano y el caño NN, entre otros cuerpos de agua) en época de lluvias
(abril - noviembre), mientras que en época seca (diciembre - marzo) no hay aporte de
aguas a la cuenca y se incrementan los valores de evaporación (Figura 2-3). Esta
situación influye directamente en el comportamiento hidrológico del Estero
Matemarrano, generando variaciones en la oferta hídrica por cada periodo climático;
es decir, entre más fuerte sea la época seca, la oferta del recurso agua del Estero va
a ser más reducida. Según Lasso (2004) la fisionomía de los esteros es naturalmente
cambiante durante su ciclo anual: en la época de lluvias la densidad de plantas
acuáticas es alta y su apariencia es de una "laguna" vívida y fértil, mientras que en
época de sequía se observa un terreno duro, seco y cuarteado con una lámina de
agua variable.

67
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00045, archivo denominado:
73_8500123330002014001860113EXPEDIENTEDIGIEXPEDIENTE20230222160356 pagina 0001666 y ss.

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• En relación con el análisis fisicoquímico para los sitios de muestreo solicitados
(realizados tanto por la Corporación Autónoma Regional como por C&C Energy) se
indicó como resultados:

• Durante la operación de la locación Gemar nunca se ha realizado disposición de
aguas residuales tratadas o no tratadas en la zona de préstamo lateral, los resultados
de los monitoreos se comparan con la normatividad de referencia estipulada por
Corporinoquía en su oficio núm. 300.40.16.08869 de 18 de octubre de 2016,
correspondiente a la Resolución 631 del 17 de marzo de 2015 (por la cual se
establecen los parámetros y los valores máximos permisibles en los vertimientos
puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público
y se dictan otras disposiciones) – Artículo 11 (producción) y, adicionalmente contra el
Decreto 1594 del 26 de junio de 1984 – artículo 45 (preservación de flora y fauna.
• En términos generales, los parámetros evaluados en todas las estaciones
monitoreadas no reflejan indicios de afectación o contaminación para estos cuerpos
de agua, estando dentro de los valores esperados para los ecosistemas de la región
y cumpliendo con los límites establecidos en el Decreto 1594 de 1984 – artículo 45.
• Como complemento a lo anteriormente presentado y con el fin de dar un mayor
sustento a la no contaminación, se presentan los resultados de monitoreos
anteriormente realizados en cumplimiento a solicitudes de seguimiento de la ANLA,
como el efectuado el 12 de noviembre de 2015 (Anexo: Reportes Resultados Estudio
2015), donde también se observó la ausencia de agentes contaminantes tanto en la
zona de préstamo, como en el Estero Matemarrano (Tabla 3-5). Adicionalmente, se
observó una alta biodiversidad en las comunidades hidrobiológicas evidenciando el
buen estado ecológico de estos dos cuerpos de agua, demostrando que las dinámicas
naturales de ambos ecosistemas permanecen en buen estado.
• En la zona de préstamo se observaron valores similares entre el monitoreo realizado
en 2015 y el realizado en el año 2016. Los compuestos derivados de la industria
petrolera (grasas y aceites, hidrocarburos totales, fenoles totales) permanecieron por
debajo de los límites de detección de la técnica analítica empleada, evidenciando que
no hay aporte de sustancias tóxicas por parte de la locación Gemar a la zona de
préstamo y a su vez de esta al Estero.
• Teniendo en cuenta estos resultados, se evidencia que tanto en el monitoreo
realizado en noviembre de 2015, como en el presente estudio (diciembre de 2016),
se concluye que las dinámicas ecológicas en el Estero Matemarrano, se están dando
de forma natural, sin presentar ninguna incidencia negativa de la zona de préstamo
lateral hacia el Estero. De igual forma se confirma que no hay indicios de
componentes contaminantes derivados de la actividad petrolera en la zona de
préstamo lateral ni en el Estero Matemarrano. Asi mismo, se resalta la importancia de
la zona de préstamo lateral como cuerpo de agua artificial en épocas de sequía,
permitiendo a diferentes especies de fauna utilizarla para protegerse del estrés hídrico
(Camargo-Sanabria, 2014).

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Dentro de los resultados generales se obtuvo:

“[…] Según el análisis hidrológico de caudales máximos medios y mínimos
del caño Surimena puede observarse que el Estero Matemarrano es una
unidad ecosistémica cambiante, cuya forma fluctúa en el tiempo según los
regímenes hidrológicos que suceden en su cuenca aferente; modificando
tanto su forma como extensión y obedeciendo a las características
cambiantes comunes en estos cuerpos de agua. Estas variaciones
dependen básicamente de la temporada climática y la intensidad que ésta
presente.

Estas fluctuaciones pueden observarse en el estudio hidrológico, en donde
el caño Surimena en las temporadas de lluviosas (entre los meses de abril y
noviembre), aumenta su caudal medio (Tabla 2-10), irrigando con sus aguas
toda su cuenca de drenaje y conectando hídricamente todos los cuerpos de
agua, en la unidad ecosistémica que incluyen el Estero Matemarrano, el caño
NN y el Sural (Figura 1-2), siendo dinámicas propias de las Sabanas
Hiperestacionales (Hernández et al., 1993).

Por lo expuesto con antelación, existe la preocupación del dueño del predio,
que el intercambio de aguas entre el Estero Matemarrano y la zona de
préstamo lateral sea contraproducente (Fotografía 4-1); sin embargo, los
resultados fisicoquímicos obtenidos en el presente estudio muestran que no
se presentan sustancias contaminantes en las muestras analizadas, lo que
es similar al resultado que se observó en el estudio anterior de seguimiento,
efectuado por solicitud de la ANLA en el año 2015, en el cual se hizo un
análisis fisicoquímico, bacteriológico e hidrobiológico del Estero
Matemarrano y la zona de préstamo (Anexo: Reportes Resultados Estudio
2015), y dan cuenta de ausencia de contaminación tanto en el estero
Matemarrano como en la zona de préstamo.

La evaluación fisicoquímica de los suelos en el área de estudio, también
corrobora la ausencia de sustancias contaminantes, ya que todos los
parámetros evaluados se encontraron por debajo del límite de detección de
la técnica, cumpliendo así con el Protocolo de Lousiana 29B (Capítulo 3)
(Tabla 3-6).

Los resultados obtenidos guardan relación con el hecho que C&C Energía,
nunca ha realizado la disposición de aguas residuales industriales ni
doméstica provenientes de la construcción, perforación y operación de la
locación Gemar.

Ahora bien, el estudio de las comunidades hidrobiológicas realizado en el
año 2015, evidenció una alta biodiversidad en las comunidades evaluadas,
especialmente con los macroinvertebrados bentónicos asociados a
macrófitas acuáticas (Fotografía 4-3), conocidos como excelentes
bioindicadores (Roldán, 2003), y con la presencia en la zona de préstamo de
especies indicadoras de aguas limpias como odonatos, hemípteros y
coleópteros (Pinilla, 1998) (Anexo: Reportes Resultados Estudio 2015). Esta
alta biodiversidad puede ser puede generar un proceso de sucesión
ecológica importante, pues con mayor diversidad y abundancia de
invertebrados, se pueden soportar comunidades de especies insectívoras
como tortugas, aves e incluso peces (que llegan a la zona de préstamo en
un eventual intercambio de aguas), que atraen depredadores más grandes
como babillas o güios. Pardo-Vargas y Payan-Garrido (2015) indican que
estos cuerpos de agua artificiales permiten el mantenimiento de ciertas
especies durante la época seca, cumpliendo la misma función de reservorios
de agua de los esteros, caños y jagüeyes. Estos indicios, además del registro
de algunas especies de fauna como chigüiros (Fotografía 4-2), tortugas y
babillas (Fotografía 4-4) durante las visitas, evidencian que la zona de

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préstamo es un área importante en época de estiaje, sirviendo como un
reservorio de agua. Además, dado que no existen sustancias peligrosas en
la zona de préstamo, se considera importante que mantenga su conexión
con el estero y que continúe en un proceso de sucesión ecológica natural,
integrándose poco a poco a la unidad ecosistémica Estero Matemarrano
[…]”.

55.19. Copia del informe de actividades del Grupo C&C Barbados Sucursal
Colombia, en relación con el límite de la piscina de préstamo:

“[…] En respuesta a este punto, LA COMPAÑÍA manifiesta que no ha realizado
obras físicas tendientes a aislar el área de préstamo lateral utilizada para la
construcción de la locación Gemar (antes Terecay) con base en los siguientes
argumentos: El área de préstamo lateral cercana al estero denominado
Matemarrano almacena aguas lluvias y aquellas provenientes de la escorrentía y del
nivel freático propio de la zona.

En ningún momento durante la construcción de la locación, perforación de la
plataforma de perforación u operación del mismo, se ha dispuesto en ella agua
distinta a la ya mencionada, ni ha sido utilizada para tratamiento de lodos o cortes
de perforación que pudiesen haber afectado la calidad del agua lluvia almacenada
(Fotografías 1 y 2).

De acuerdo con los estudios presentados tanto a la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales como este despacho denominados "Diagnóstico Ambiental de algunas
Áreas Ambientalmente Frágiles Ubicadas en el Bloque Cravoviejo" elaborado en el
2013 y a la "Caracterización Ambiental del Área de Préstamo con Potencial
Ecológico, Asociada a la Locación Gemar - Bloque Cravoviejo elaborado en el 2014,
el intercambio de aguas entre el área de préstamo lateral y el estero Matemarrano
no le genera afectaciones a éste último y puede, por el contrario, representar un alto
potencial de equilibrio ecológico al área, especialmente en época de fuertes sequías
(Fotografías 3 y 4).

La visita de inspección realizada por la Autoridad Ambiental de Licencias
Ambientales - ANLA el primero (1°) de octubre de dos mil catorce (2014), evidenció
la naturaleza del área de préstamo lateral y la ausencia de grasas y/o aceites, todo
lo cual ha favorecido que se convierta en refugio de la fauna silvestre.

LA COMPAÑÍA mediante radicado No. 2015060686 de 13 de noviembre de 2015,
en respuesta al Auto 2762 del 14 de julio de 2015, presentó a la Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales un informe técnico de las obras que proponía ejecutar
para evitar que las aguas lluvias de la zona de préstamo lateral de la locación Gemar
se mezclen con las del estero Matemarrano, una vez fueran aprobadas en la
Audiencia de Pacto de Cumplimiento a realizarse el primero (1°) de diciembre de
dos mil quince (2015).

Posteriormente, mediante radicado núm. 2015068979 del 24 de diciembre de 2016,
LA COMPAÑÍA informó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales que la
Audiencia de Pacto de Cumplimiento fue declarada fallida, por lo tanto, se considera
pertinente esperar la decisión de este honorable Tribunal para adelantar las obras
que correspondan.

No obstante lo anterior, LA COMPAÑÍA ha seguido atendiendo los requerimientos
del Auto 2762 del 14 de julio de 2015 en lo concerniente al monitoreo fisicoquímico
de las aguas del estero y área de préstamos lateral.

Finalmente y en complemento a lo expuesto anteriormente, se adjuntan los informes
realizados tanto en el área de préstamo como en el estero Matemarrano, los cuales
sugieren la no afectación del estero por el intercambio de las aguas y presentan y

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muestran el estado actual de dicha área de préstamo, la cual es considerada como
un ecosistema artificial con la capacidad de albergar especies nativas de flora y
fauna típicas de las sabanas inundables, en una relación equilibrada con los
ecosistemas naturales adyacentes (estero Matemarrano) […]”.

En relación con las actividades ejecutadas en el puente que se encuentra
aproximadamente a 100 metros antes de la entrada a la plataforma Gemar

“[…] Sea del caso aclarar que dicha obra no es un puente, nos encontramos frente
a una obra denominada alcantarilla. En la plataforma de perforación denominada
Gemar LA COMPAÑÍA realizó:

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS BLOQUE CRAVO – VIEJO

PROYECTO

Construcción Alcantarillas Bloque Cravo – Viejo= 100%
Fecha de inicio: 2 de diciembre de 2015.

Alcantarilla No.1 Gemar: Avance total 100%
• Ampliación de dos líneas de 8 m.
• Construcción de dos líneas en tubería en concreto de 36.

Alcantarilla No.2 Acceso finca Gemar: Avance total 100%
• Adecuación de cabezotes y alertas en concreto para la alcantarilla de acceso
a la finca vecina locación Gemar.

Alcantarilla No.3 Cruce Gemar - Zopilote: Avance total 100%
• Construcción de alcantarilla, una línea de 8 m.
• Se realizó excavación, instalación de la tubería y fundida del atraque en
concreto 300psi con placa superior.

[…] LA COMPAÑÍA realizó obras de ampliación de la batería de tubos de 36” ubicada
a 100 m antes del ingreso a la plataforma d perforación denominada Gemar. Esta
obra contaba con 3 líneas de tubos de 36” y fue ampliada a 5 líneas tal y como se
puede apreciar en el siguiente registro fotográfico:

[…]”.

55.20. Copia del oficio núm. 300.17.0016 del 20 de enero de 2017 generado por la
Subdirección de Planeación Ambiental de CORPORINOQUIA y que contiene el

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documento hidrológico del Estero Matemarrano. El mencionado estudio, llegó a las
siguientes conclusiones:

“[…] De acuerdo al estudio hidrológico, se concluye lo siguiente:
• Los resultados de la precipitación son los que consecuentemente resultan
en promedio de la región de acuerdo a los periodos de retorno proyectados,
por lo que indica la sustentabilidad de la lámina de agua del estero
Matemarrano en la variabilidad climatológica en las épocas del año.
• En el área de influencia hay una intrincada red hidrográfica que drena en
dirección predominante sur-sureste que confluye finalmente a la fuente
principal (Río Cravo Sur), interconectándose las escorrentías, áreas
pantanosas, esteros y caños debido a la baja pendiente y a la forma que
tiene la sabana inundable.
• Acorde con las condiciones de drenaje del terreno circundante al estero
Matemarrano y soportado en la modelación del comportamiento de la
escorrentía y el patrón de flujo del agua, se establece que no hay
afectaciones al comportamiento del drenaje natural del Estero, sino que por
excesos de los drenajes circundantes atribuyen a que las corrientes
hidrodinámicas generen resaltos momentáneos, donde el flujo busca la cota
y pendiente más baja encontrando la salida a la sabana inundable.
• Analizados los resultados de los parámetros en los tres puntos de monitoreo
se evidencia que los valores (≤0.02) de elementos (Fenoles) asociados con
la actividad petrolera son despreciables, por esta razón no amerita un
análisis exhaustivo; comprobando que los valores arrojados en la medición
son propios de la actividad biológica e interacción de los medios de la zona
de influencia del estero Matemarrano.
• Los resultados demuestran baja presencia de grasas y aceites, y al momento
de ser comparados con los resultados determinados por el laboratorio
AMBITEST LTDA (Año 2007), demuestran que no ha habido afectación o
cambios sustánciales del ecosistemas.
• Los resultados de TPH (Hidrocarburos totales de petróleo) demuestran la
baja presencia de este parámetro en el suelo; de igual forma se evidenció en
la toma de la muestra que no hay ningún fenómeno de contaminación que
genere alguna actividad microbiológica adversa que cambie la composición
natural del suelo.
• Hay gran variedad y abundancia de especies vegetales circundantes en la
periferia del estero Matemarrano, debido a las características hídricas y los
nutrientes presentes en el suelo.
• Se evidenció la presencia de fauna silvestre como la “Cachirre”, (Caimán
Crocodilus), garzas blancas (Ardea alba) y la presencia de heces fecales de
Chigüiros, (Hydrochoerus hydrochaeris), lo que indica su presencia en la
zona de influencia del estero Matemarrano […]”.

55.21. Copia del informe técnico núm. 500.20.7.19 001 de 18 de enero de 2019,
realizado por la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía, para: verificación
del estado actual del estero Matemarrano, la Cañada NN y en general el área
afectada con el desarrollo del proyecto denominado Bloque Cravo Viejo. Se
concluyó:

“[…] La Subdirección de Control y Calidad Ambiental representada por el grupo de
atención a quejas y contravenciones ambientales de Corporinoquia, realizó visita
técnica el día 08 de enero de 2019, en acatamiento a la solicitud efectuada por el
Tribunal Administrativo de Casanare, en relación con la Acción Popular con número
de radicado 85001-2333-000-2014-00186-00, en la vereda Surimena, en jurisdicción

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Núm. único de radicación: 850012333000201400186-01

del municipio de Orocue, departamento de Casanare, por lo anterior Corporinoquia
determina lo siguiente:

De conformidad con la Acción Popular con número de radicado 85001-2333-000-
2014-00186-00 se dará respuesta a cada numeral asi:

1). El estado actual en que se encuentra el estero Matemarrano, la cañada NN
y en general, el área afectada con el desarrollo del proyecto denominado
bloque Cravo Viejo, concedido mediante Resolución No. 0167 del 02 de febrero
de 2007, ampliada a través de la Resolución 0950 del 31 de mayo de 2007.

Una vez evaluados los resultados físico-químicos de las muestras tomadas en el
estero Matemarrano y la piscina de préstamo lateral de la plataforma Gemar (ver
imagen No. 2 inmersa en el cuerpo del presente informe técnico), es posible concluir
que las concentraciones de los parámetros analizados en el agua superficial, en su
totalidad cumplen con los criterios de calidad para la preservación de flora y fauna
en aguas dulces, frías o cálidas establecidos en el artículo 2.2.3.3.9.10., del decreto
único reglamentario No. 1076 de 2015.

2). Si se evidencia que se hayan resarcido los daños enunciados en la
demanda, o impuesto medidas tendientes a resarcir los daños, los cuales se
concretan en i) desvío del cauce de la cañada NN, ii) actividades sísmicas
desarrolladas dentro del cuerpo de agua del estero Matemarrano iii) mezcla de
agua de la piscina de tratamiento de la plataforma Gemar, con las del estero
Matemarrano, iv) vertimiento de las aguas contaminadas de la piscina de
tratamiento de la plataforma Gemar por el canal que por escorrentía va a la
cañada NN, v) incendio ocasionado en el sector con ocasión a la instalación
de la línea de flujo; y, vi) los daños causados con la construcción del puente
sobre el cauce del caño Canacavare.

Es de resaltar que no se evidenciaron obras dirigidas al resarcimiento de los daños
ambientales que dieron origen a la presente acción popular, y en consideración con
lo informado por el acompañante de la visita técnica el señor Gustavo Torres Melo
quien actúa en calidad de hijo del propietario y administrador del predio La Ceiba;
que argumenta: "que la empresa operadora del proyecto denominado bloque de
perforación exploratoria Cravo Viejo no ha realizado ni la más mínima acción de
concertación y/o acuerdos que contengan un plan detallado con propuestas
ambientales aplicables a resarcir los daños causados a los recursos naturales de su
predio", adicionalmente dentro del expediente de licencia ambiental creado ante
esta corporación bajo el número 200.07.06-236, no reposa radicado presentado por
parte de la empresa operadora del Bloque Cravo Viejo, en relación con medidas de
recuperación o compensación ejecutadas en el área objeto de acción popular.

3). Si se evidencia recuperación, resarcimiento o medidas de compensación
en el área afectada ambientalmente.

Es importante mencionar que debido al tiempo transcurrido entre el momento de
radicación inicial de la queja por afectación al estero Matemarrano, afectación por
mezcla de las aguas de la piscina de tratamiento de la plataforma Gemar con las del
estero Matemarrano, afectación por vertimiento de las aguas contaminadas de la
piscina de tratamiento de la plataforma Gemar por el canal que por escorrentía va a
la cañada NN, afectación por incendio generado en el sector con ocasión a la
instalación de la línea de flujo, con el momento de la visita técnica de verificación,
se tiene que por regeneración natural el ecosistema afectado se ha recuperado;
sumado a lo anterior el mayor impacto se debió a vertimientos de aguas industriales
y dado que el área adyacente a la plataforma Gemar corresponde a un ecosistema
de sabana inundable, en época de invierno por las fuertes lluvias el recurso hídrico
que en su momento fue contaminado fue transportado por escorrentía y grado de
inclinación topográfica a otros lugares de la sabana y/o fuentes hídricas
superficiales; motivo por el cual las muestras de agua que se toman
aproximadamente cuatro (4) años después no van a reflejar un grado de

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contaminación. Es de resaltar que el acompañante de la visita técnica el señor
Gustavo Torres Melo quien actúa en calidad de hijo del propietario, administrador
del predio La Ceiba y demandante ante la Procuraduría 23 Judicial y Agraria,
manifiesta: "que está dispuesto a cubrir los gastos que conlleva realizar unos
monitoreos de suelo y sedimentos a fin de corroborar el estado actual de los mismo,
argumentando que los metales pesados se quedan adheridos a las capas del suelo".

Se deja claridad que Corporinoquia no cuenta con acreditación otorgada por el
IDEAM en su Laboratorio Ambiental para realizar muestreos de suelos.

4). Si se conocen medidas de suspensión impuestas sobre la Licencia
Ambiental antes referida y de protección como consecuencia de las sanciones
impuestas.

Es importante resaltar que mediante radicado YO-2018-09118 del 30 de julio de
2018, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, allego copia del Auto No.
03201 del 21 de junio de 2018, mediante el cual ordena el inicio de un procedimiento
sancionatorio ambiental en contra de la empresa Frontera Energy Colombia Corp,
sucursal Colombia, con Nit 830.126.302-2, titular del proyecto "Bloque de
Perforación Exploratoria Cravoviejo" por la intervención en áreas de inclusión,
teniendo en cuenta que la locación Terecay (Gemar) se construyó a una distancia
aproximada de veintidós punto un metro (22.1 m) con respecto a la cota de marea
máxima del estero Matemarrano localizado en las coordenadas E: 099213 N:
1030883, información que reposa en el expediente 200.07.06-236 del Bloque Cravo
Viejo.

A manera de aclaración y de conformidad con lo dispuesto en los artículos
2.2.2.3.1.2, 2.2.2.3.1.3, 2.2.2.3.2.2. y 2.2.2.3.2.3. del decreto 1076 de 2015, en los
que se establece que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, es la
institución que tiene la competencia para otorgar, negar o modificar de manera
privativa la licencia ambiental para los proyectos del sector hidrocarburos, así como
para requerir y efectuar los controles y seguimientos de las actividades de
explotación, construcción, operación de infraestructura y transporte de los
hidrocarburos y conexos, como es el caso del proyecto denominado “Bloque de
Perforación Exploratoria Cravo Viejo”, operado por la empresa Frontera Energy
Colombia Corp. Sucursal Colombia […]”.

55.22. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, en primera instancia, de conformidad con las reglas de la sana crítica y
en los términos del artículo 176 de la Ley 1564, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en el caso sub examine.

56. La Sala considera que, teniendo en cuenta el material probatorio allegado al
proceso y referenciado supra, y conforme con el artículo 167 de la Ley 1564, “[…]
[i]ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran
el efecto jurídico que ellas persiguen […]”. Asimismo, que conforme con el artículo
30 de la Ley 472, “[…] [l]a carga de la prueba corresponderá al demandante […]”,
sin perjuicio de la posibilidad para el juez de impartir órdenes para suplir las
deficiencias probatorias y, de ser el caso, obtener los elementos probatorios
indispensables para proferir sentencia de mérito.

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57. Sobre el particular, la jurisprudencia del Consejo de Estado68, en diferentes
pronunciamientos, ha referido y defendido la importancia de la carga probatoria en
las acciones de esta naturaleza. Por ejemplo, en sentencia proferida por esta
Sección Primera, consideró lo siguiente:

“[…] Sobre la carga de la prueba en acciones populares, el artículo 30 de la Ley
472 de 1998 dispone que:

“La carga de la prueba corresponderá al demandante. Sin embargo, si por
razones de orden económico o técnico, si dicha carga no pudiere ser cumplida, el
juez impartirá las órdenes necesarias para suplir la deficiencia y obtener los
elementos probatorios indispensables para proferir un fallo de mérito, solicitando
dichos experticios probatorios a la entidad pública cuyo objeto esté referido al tema
materia de debate y con cargo a ella.

En el evento de no existir la posibilidad de allegar la prueba respectiva, en virtud de
lo establecido en el inciso anterior, en virtud de lo establecido en el inciso anterior, el
juez podrá ordenar su práctica con cargo al fondo para la defensa de los derechos e
intereses colectivos.”

En ese orden de ideas, es claro que el actor tiene la carga de probar los hechos
que expone en la demanda con el fin de que prosperen las pretensiones. Por lo
anterior, la Sala considera que en el presente asunto no se vulneró el derecho
colectivo al goce del espacio público y a la utilización y defensa de los bienes
de uso público, como lo estima la actora, como quiera que no probó dicha
vulneración […] Es así, que la Sala confirmará la sentencia impugnada […]”69
(Destacado fuera de texto).

58. Así las cosas, la Sala considera que, en las acciones populares, por regla
general, la carga de la prueba corresponde al demandante o al actor popular;
obligación de la cual solo puede sustraerse por razones de orden económico o
técnico expresamente advertidas y acreditadas en el proceso, sin perjuicio de la
facultad probatoria que le asiste al juez popular, por mandato de los artículos 28 y
30 de la Ley 472 y a la regla general de índole probatorio, prevista en el artículo 167
de la Ley 1564, anteriormente indicada. En este mismo sentido, se pronunció esta
Sala de Decisión en sentencia de 23 de enero de 202070.

59. La Sala limitará su pronunciamiento a los precisos argumentos expuestos por
las entidades apelantes de acuerdo con los cuales se plantearon los problemas
jurídicos de esta providencia.

68 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de junio de 2010,

NUR 150012331000200501867-01(AP), C.P. María Claudia Rojas Lasso; Sección Primera, sentencia de 18 de
marzo de 2010, NUR 250002325000200501345-01(AP), C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta; Sección
Primera, sentencia de 22 de enero de 2009, NUR 680012315000200300521-01(AP), C.P. Marco Antonio Velilla
Moreno; Sección Tercera, sentencia de 14 de abril de 2010, NUR 680012315000200301472-01(AP), C.P.
Mauricio Fajardo Gómez; Sección Tercera, sentencia de 31 de julio de 2008, NUR 250002326000200500240-
01(AP), C.P. Ruth Stella Correa Palacio, entre otras.
69 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de julio de 2010,

NUR 410012333000200401275-01(AP), C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
70 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de enero de

2020 NUR 150012333000201500316-01(AP), C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

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En relación con la vulneración de los derechos colectivos invocados

60. Se abordará en primer lugar si existe vulneración o amenaza de los derechos
e intereses colectivos al goce de un ambiente sano y a la existencia del equilibrio
ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. La
conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de
especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas
fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la
preservación y restauración del medio ambiente, en el área de influencia del Bloque
Cravo Viejo Jurisdicción del Municipio de Orocué, en relación con las siguientes
situaciones: i) actividades sísmicas y detonaciones realizadas dentro del estero
Matemarrano; ii) construcción de las vías de acceso y de alcantarillas que no se
hicieron en los pasos indicados, causando inundación en la sabana; iii) intervención
del caño Maremare que conduce del puente Canacabare al estero Matemarrano; y
la iv) mezcla de aguas del estero con las de la zona de préstamo lateral.

61. Mediante la Resolución núm. 167 del 2 de febrero de 2007, el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural otorgó la licencia ambiental a la empresa
Integral de Servicios Técnicos S.A para el proyecto denominado “Bloque de
perforación exploratoria Cravo Viejo”, localizado en el municipio de Orocué,
Departamento del Casanare. En el artículo segundo de la licencia ambiental se
autorizó la realización del área de interés para perforación exploratoria denominada
“Matemarrano”; en el artículo tercero se declaró como áreas de exclusión para toda
la actividad del proyecto de exploración las siguientes:

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62. Se indicó que la empresa debía dar estricto cumplimiento a lo propuesto en
el Estudio de Impacto ambiental para el desmantelamiento y recuperación de las
áreas afectadas por la actividad exploratoria. En el artículo cuarto, se determinó que
si las condiciones bajo las cuales se definieron las áreas sujetas a intervención
varían con el tiempo hacía escenarios “restrictivos” para las actividades autorizadas,
el beneficiario de la Licencia Ambiental deberá informar para modificar la respectiva
licencia.

63. Posteriormente, la mencionada resolución fue modificada por la Resolución
núm. 0950 de 31 de mayo de 2007, en el que se declaró como áreas de exclusión
para toda actividad del proyecto de exploración las siguientes:

64. En la definición de la zonificación ambiental se indicó que debe considerarse
pertinente establecer como área de sensibilidad biótica alta, los esteros como el
Estero Matemarrano y los cuerpos de agua asociados Caños Canacabare y
Surimena y sus zonas de ronda.

65. La Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía por medio de concepto
técnico núm. 510.09.07-125 informó que realizó visita el día 7 de febrero de 2006
en el estero Matemarrano, ubicada en los predios de la Finca La Ceiba, vereda
Surimena. Dentro de las observaciones de la visita se indicó: “[…] [d]urante el mes
de enero del 2006, la empresa Gran Geophysical desarrolló el programa sísmico
Cravoviejo 3D, el cual cobijó el predio La Ceiba [...]”, se destaca que “[…] se pudo
observar que dentro del cauce activo del estero Mata Marrano a menos de 10
metros del espejo de agua se perforaron y detonaron 3 pozos SP, que hace parte
del proyecto Cravoviejo 3D desarrollado por la empresa Grant Geophysical para la
empresa INTEGRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS IST [...]”.

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66. Se determinó también que no se podía establecer con certeza el nombre de
la línea y el número de pozos debido a que en este sector ya se había realizado la
etapa de restauración y las tabletas en donde se encontraba el nombre ya no se
encontraban. Se precisó que “[…] [a] pesar de que ya se había realizado la etapa
de restauración uno de los pozos ubicados cerca del estero Mate Marrano, se
encontraba sin restaurar […] el pozo no se selló y corresponde a un SP, identificado
claramente debido a que aún se conserva el cable empleado para la detonación de
la carga […]”.

67. En el concepto técnico se determinó que, de acuerdo con las guías
ambientales para proyectos de exploración sísmica terrestre, se debía conservar
una distancia mínima de 30 metros, por lo tanto, no se cumplieron con los
parámetros.

68. La Guía Básica Ambiental para programas de exploración sísmica terrestre,
determina como áreas sensibles las corrientes y cuerpos de agua superficiales,
delimitando una distancia de 30 metros. La detonación podría afectar los acuíferos
y las corrientes superficiales.

69. En relación con el proyecto por el cual se otorgó licencia ambiental mediante
las resoluciones 167, 523 y 950 de 2007, el Grupo de Seguimiento de la Dirección
de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales determinó en el concepto técnico
núm. 1253 del 22 de julio de 2008, en relación con las vías de acceso que: i) en el
cruce sobre el caño Maremare existe una obra de drenaje tipo alcantarilla múltiple,
la cual según la fecha de la visita no presenta capacidad suficiente para permitir el
normal flujo de las aguas del caño, porque se evidenciaron marcas dejadas por el
nivel de las aguas sobre la pared de la estructura de concreto, además al excavar
el canal para tomar el material de préstamo se afectaron las márgenes del caño, lo
que permitió la conexión de las aguas del caño con las zonas de préstamo,
interviniéndose así la dinámica hídrica de este cuerpo de agua ya que se presenta
una desviación del flujo y continuidad de las aguas entre el caño y las zonas de
préstamo.

70. Igualmente se indicó que sobre el caño Canacabare se encuentra construido
un puente con una altura de 5 metros, un ancho de 4 metros y una luz de 30 metros,
en relación con el cual se desconoce por parte del Ministerio los aspectos técnicos
que la empresa tuvo en cuenta para optar por ese diseño puesto que no allegó los
estudios previos y diseños y tampoco se realizó el trámite de modificación de la

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licencia, sobre este punto se resaltó que existe en curso una investigación de
carácter ambiental.

71. Respecto del medio biótico se indicó que existen además de la principal
cuenta hidrográfica de la zona, al cual es el Río Cravo Sur; las subcuencas como el
caño Canacabare, Maremare y Surimena, las cuales son afluentes del Río Meta. En
relación con la fauna durante la visita se observaron aves de las especies Corocora,
Garzón Soldado, Alcaraván, Garza Blanca, Tautaco y Gavilanes. Ahora bien, en lo
que tiene que ver con la locación pozo Terecay, se verificó que, a unos 250 metros,
se ubica el estero denominado Terecay que al momento de la visita no presentaba
lámina de agua.

72. Es de resaltar que en el informe se determinó el no cumplimiento en la
presentación de los resultados de los monitoreos hidrobiológicos de las corrientes
afectadas por el proyecto, se encontró que existe una alta probabilidad de afectación
de la dinámica hídrica de los caños Maremare y Canacabare a causa de la
construcción de la alcantarilla a la altura del K10+440 sobre el caño Maremare, en
consecuencia existe una alta probabilidad de cambios en la calidad fisicoquímica de
las aguas y recursos hidrobiológicos.

73. Asimismo, en cuanto al control y verificación del estado de la vegetación,
como los pozos ni sus accesos requieren de aprovechamiento forestal, el control y
verificación se limita al entorno de la infraestructura, es decir la vegetación mas
próxima; se evidenció que no se han realizado actividades de revegetalización en
las locaciones Bastidas 1, Matemarrano 1, Bastidas Sur, Bastidas Norte y
Carrizales.

74. De las pruebas documentales recaudadas, la inspección judicial y el informe
realizado por la Corporación Autónoma Regional, en línea con lo considerado por el
Tribunal en primera instancia, se probó la vulneración de los derechos colectivos
invocados, en relación con la zona en la que se ubica el proyecto Bloque Cravo
Viejo; se identificó que se desde su fase de exploración se han presentado quejas
por parte de la comunidad relacionadas con la afectación de las fuentes hídricas
como los caños y el estero cercano al área, también se ha realizado control y
vigilancia por parte de la autoridad ambiental local y la autoridad que otorgó la
licencia ha ordenado la realización de evaluaciones hidráulicas de hidrobiológicas
que permitan establecer la alteración de la dinámica hídrica generada por las obras
de la vía de acceso, la excavación de zonas de préstamo y las obras de drenaje
construidas sobre los caños Maremare y Canacabare, además de la reconformación

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de las márgenes del caño Maremare, entre otros requerimientos realizados en el
año 2014.

75. También se probó que, en el momento de la determinación de las áreas de
exclusión, dentro de las cuales se incluyó al Estero Matemarrano, se ordenaron
medidas de compensación por la afectación en el cambio de uso del suelo y
afectaciones al paisaje, consistentes en actividades de reforestación.

76. Se determinó en el proceso, conforme los documentos aportados por la
Corporación Autónoma Regional, que el estero Mata Marrano (Matemarrano),
corresponde a un cuerpo de agua superficial, que se define como depresión de
forma más o menos alargada con microrelieve cóncavo que se constituye como
parte del sistema de drenaje de la llanura aluvial, es un pared donde el nivel freático
permanece sobre la superficie del suelo, durante todo el año, en sus alrededores
presenta vegetación tipo rastrojo y algunos morichales aislados, también presenta
vegetación acuática, se observa gran cantidad de fauna silvestre como patos,
garzas, pájaros, sirve como bebedero de ganado.

77. Si bien para el año 2016, por un lado, se presentó un estudio hidrológico
realizado por la empresa C&C Energía, en el que se determinó que la fisionomía de
los esteros es naturalmente cambiante durante su ciclo anual, por cuanto en la
época de lluvias la densidad de plantas acuáticas es alta y su apariencia es de una
"laguna" vívida y fértil, mientras que en época de sequía se observa un terreno duro,
seco y cuarteado con una lámina de agua variable. Por el otro, también se determinó
que no hay aporte de sustancias tóxicas por parte de la locación Gemar a la zona
de préstamo y tampoco en el estero, se resalta la existencia de la zona de préstamo
como un cuerpo de agua artificial, el cual para la fecha los parámetros evaluados
se encuentran por debajo de los límites de detección. No obstante, es importante
analizar el proceso de sucesión ecológica natural para determinar las necesidades
del hábitat, para establecer las consecuencias ambientales del proceso y como se
podría apoyar a la restauración que se requiera, toda vez que en efecto si hubo un
cambio del uso del suelo y del entorno paisajístico.

78. Lo anterior se acompasa con lo determinado por la Corporación Autónoma
Regional en su informe de 2019, en el que se determinó que no se evidenciaron
obras dirigidas al resarcimiento de los daños ambientales y tampoco se
evidenciaron documentos en el expediente de la corporación tendientes a identificar
actividades de compensación; no obstante, es de resaltar que, como se indicó,
debido al tiempo transcurrido, por regeneración natural, el ecosistema se ha ido

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recuperando por la naturaleza del entorno, el cual es inundable. Ello justifica que los
resultados no reflejen un grado de contaminación y no quiere decir que, en efecto,
no se hubiere contaminado ese cuerpo de agua.

79. En este punto, es pertinente resolver sobre el argumento de apelación que
se denominó por el apelante, Frontera Energy como “error judicial en la práctica de
una prueba”, lo siguiente.

80. Por medio de auto de 19 de diciembre de 2018, en el trámite de primera
instancia se dispuso oficiar a la Corporación Autónoma Regional para que emitiera
un concepto técnico e informara sobre:

“[…] 1. El estado actual en que se encuentra el estero Matemarrano, la cañada NN
y en general, el área afectada con el desarrollo del proyecto denominado Bloque
Cravo Viejo, concedido mediante Resolución 0167 de febrero 2 de 2007, ampliada
a través Resolución 0950 del 31 de mayo de 2007. 2. Si se evidencia que se hayan
resarcido los daños enunciados en la demanda, o impuesto medidas tendientes a
resarcir los daños, los cuales se concretan en i) desvío del cauce de la cañada NN
ii) actividades sísmicas desarrolladas dentro del cuerpo de agua del estero
Matemarano iii) mezcla de aguas de la piscina de tratamiento de la plataforma
Gemar, con las de estero Matemarrano, iv) vertimiento de las aguas contaminadas
de la piscina de tratamiento de la plataforma Gemar por el canal que por escorrentía
va a la cañada NN v) Incendio ocasionado en el sector con ocasión a la instalación
de la línea de flujo; y, vi) Los daños causados con la construcción del puente sobre
el cauce del caño Canacavare. 3. Si se evidencia recuperación, resarcimiento o
medidas de compensación en el área afectada ambientalmente. 4. Si se conocen
medidas de suspensión impuestas sobre la licencia ambiental antes referida y de
protección como consecuencia de las sanciones impuestas [...]”.

81. Posteriormente por medio de auto de 25 de enero de 2019 el Tribunal corrió
traslado del informe presentado por la Corporación Autónoma Regional y la
demandada se pronunció y solicitó la contradicción del “dictamen”. La Sala
considera que, si bien, la prueba por informe puede guardar similitudes con otros
medios de prueba regulados en el ordenamiento jurídico como lo sería una prueba
pericial o la documental, la prueba por informe adquiere autonomía y las reglas de
su valoración son las reglas generales para otros medios de prueba, en cuanto a su
licitud, pertinencia, conducencia y utilidad, y debe ser apreciada en conjunto y de
acuerdo con las reglas de la sana crítica, lo cual fue atendido en la valoración del
informe realizada en este caso concreto. Además, el artículo 277 de la Ley 1564,
estableció que las partes pueden solicitar su aclaración, complementación o ajuste;
no obstante, no se aprecia requerimiento alguno en el trámite de primera instancia.
Por esta razón tampoco se le dará prosperidad al mencionado argumento de
apelación.

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82. En relación con el informe indicado, Frontera Energy mencionó como reparo
la indebida valoración probatoria de esa prueba, por cuanto, al no poderse verificar
si se taparon o sellaron las depresiones causadas por la sísmica para evitar la
erosión, ello quiere decir que no se reúne el elemento de la certeza del daño; sin
embargo, la Sala debe resaltar que dicho informe no constituyó el único fundamento
o razón para la decisión del amparo de los derechos e intereses colectivos. En
efecto, no solo se cuenta con dicho informe en el que se indicó que no se evidencian
obras o actividades de compensación, reforestación o reparación y en el cual se
resaltó, se reitera, la existencia actual de intervenciones antrópicas, depresiones o
pozos elaborados para efectos de la labor exploratoria, sino que no se aportó al
proceso por la interesada algún documento que pruebe la ejecución de actividades
de compensación, reforestación o reparación en favor de ese ecosistema,
requeridas como consecuencia del impacto ocasionado por la exploración, lo cual
quiere decir entonces que la afectación persiste y, por ende, no solamente no hubo
una indebida valoración probatoria sino que se trata de un argumento que no tiene
vocación de prosperidad.

83. En línea con lo anterior, la Sala resalta la importancia del estero como un
recurso hídrico relevante para la naturaleza, teniendo en cuenta que ellos están
interconectados con ríos y desempeñan un papel crucial como hábitat para la
biodiversidad, control de inundaciones, filtros naturales del agua, regulación del
clima, almacenamiento de carbono y la conservación del ciclo hidrobiológico
relevante para los periodos de sequías.

84. Esta Sala, en el marco de una acción popular, consideró la importancia de la
protección de los humedales y cuerpos de agua, en general, por su relevancia en
las funciones relacionadas con el equilibrio de los micro y macro ecosistemas, por
ser cuna de diversidad biológica, fuente de agua y productividad primaria de las
diversas especies vegetales y animales71.

85. Por lo anterior, en relación con el reparo concreto presentado por la sociedad
Frontera Energy Colombia Corp. Sucursal Colombia no se configura la ausencia de
pruebas relacionadas con los daños ambientales; por el contrario, esta Sala
considera probada la vulneración de los derechos colectivos de acuerdo con lo
indicado en líneas precedentes.

71
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de septiembre de 2024, C.P.
Hernando Sánchez Sánchez.

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En relación con los elementos de la responsabilidad y los requisitos de la
sentencia

86. Frontera Energy Colombia indica argumentó en su recurso de apelación que
en la sentencia de primera instancia se realizó una valoración incompleta de los
elementos de la responsabilidad, por cuanto: i) no se asigna un grado de
responsabilidad en relación con las conductas; ii) creó una responsabilidad
solidaria; iii) no se evidenció un título de imputación y, por último, iv) sobre el
incumplimiento de los requisitos legales de la sentencia.

87. El régimen de responsabilidad en el marco de una acción popular se enmarca
en tres elementos indispensables: el daño, el hecho generador y un nexo de
causalidad, los cuales devienen de la acción u omisión del agente generador. Es de
aclarar que en el juicio de responsabilidad para la protección de los derechos e
intereses colectivos coinciden los elementos de la responsabilidad extracontractual
del Estado; sin embargo, su tratamiento es diferente, porque lo que se analiza es el
cumplimiento de las competencias y funciones constitucionales, legales y
reglamentarias de las entidades demandadas y, en relación con los particulares, las
obligaciones adquiridas y las acciones u omisiones relacionadas, respecto de la
garantía de los derechos colectivos.

88. Está claro que en el caso concreto se otorgó la licencia ambiental mediante
la Resolución núm. 167 de 2007 para el proyecto “Bloque de perforación
exploratoria Cravo Viejo” expedida por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial a la empresa Integral de Servicios Técnicos, la cual fue
cedida al Grupo C&C Energía (Barbados) Sucursal Colombia. Dicha cesión fue
aprobada por la ANLA y ya existe una licencia ambiental global que autorizó la
explotación. En consecuencia, como la problemática se desarrolla en el área de
influencia del bloque, la sociedad Frontera Energy Colombia Corp. que absorbió a
Grupo C&C, es la obligada a cumplir las órdenes proferidas en este proceso,
tendientes a restablecer el medio ambiente afectado por las actividades derivadas
de la licencia.

89. Por ello, en la sentencia proferida, en primera instancia, se analizaron las
pruebas y las obligaciones relacionadas con la licencia otorgada y si las
afectaciones fueron resarcidas o compensadas. Contrario a lo afirmado por el
apelante, la sentencia fue clara en asignar un “título de imputación” por cuanto
determinó las conductas que por acción u omisión desplegó el Grupo C&C Energy
(Barbados) Sucursal Colombia, hoy Frontera Energy Sucursal Colombia Corp.,

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puntualmente la sentencia en su parte conclusiva determinó que “[…] de las pruebas
obrantes a folios 40 a 46, 64 a 67, 348 a 496 y 501 a 508, se evidencia que se
extralimitaron las facultades de la licencia, por cuanto desviaron el cauce de la
cañada NN, realizaron detonaciones sísmicas al interior del estero Matemarrano,
cuando dicho cuerpo de agua se encontraba excluido de intervención por parte de
los licenciatarios, permitieron la mezcla y/o desvío de las aguas del estero
Matemarrano y de la cañada NN a la zona de préstamo lateral, realizaron ocupación
de cauce en los caños Maremare y Canacabare, aunado a que tampoco dieron
cumplimiento de manera completa a los requerimientos efectuados por la
ANLA y con ello se causaron daños ambientales […]”. (Destacado fuera de texto).

90. En ese entendido, no tiene prosperidad el reparo concreto invocado por
cuanto se identificaron las omisiones, la vulneración de los derechos colectivos, la
relación de causalidad entre la omisión y la afectación y la prueba de su vulneración,
elementos que se traducen en el análisis de la responsabilidad particular e individual
que se realiza en el marco de las acciones populares.

91. El artículo 280 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201272 establece que, la parte
resolutiva de la sentencia “[…] deberá contener decisión expresa y clara sobre cada
una de las pretensiones de la demanda, las excepciones, cuando proceda resolver
sobre ellas, las costas y perjuicios a cargo de las partes y sus apoderados […]”.

92. De acuerdo con lo anterior, en lo que tiene que ver con el reparo relacionado
con que la sentencia no cumple con la totalidad de los requisitos legales, se tiene
que, en la contestación presentada en su momento por C&C Energía (Barbados)
Sucursal Colombia, se indicaron como excepciones en el escrito: i) inexistencia de
la vulneración del derecho invocado; ii) inexistencia del daño; iii) ausencia de
relación causal; iv) improcedencia de la acción popular; y v) excepción perentoria
innominada.

93. La Sala considera que los medios exceptivos indicados guardan una estrecha
relación con el fondo del asunto; en consecuencia, el a quo determinó como
problema jurídico a resolver si: “[…] ¿Se causaron daños ambientales al caño NN y
el estero Matemarrano, durante el desarrollo del proyecto Bloque Cravo Viejo, por
parte de las beneficiarias de la licencia ambiental concedida y las operadoras

72
Aplicable por remisión del artículo 306 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011.

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ejecutoras de las diferentes obras?, y como decisión de primera instancia se accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda por cuanto “[…] se encuentran
vulnerados los derechos colectivos, aducidos por la accionante, pues conforme se
demostró en el proceso, en el desarrollo del proyecto de exploración Cravo Viejo,
amparado por la licencia ambiental concedida mediante Resolución 167 de 2007,
se causaron daños al estero Matemarrano y a la cañada NN y con ello se generó
afectación al ecosistema de dicha zona, derivados del incumplimiento de las
obligaciones pactadas en la referida licencia […]”.

94. Por consiguiente, la Sala considera que, contrario a lo manifestado en el
recurso de apelación, las excepciones si fueron resueltas teniendo en cuenta que
las mismas guardaban relación con el fondo del asunto.

95. En suma, en la sentencia de primera instancia el Tribunal realizó una
valoración completa de la responsabilidad en el marco de las acciones populares;
la sentencia cumplió con la totalidad de los requisitos legales; se determinó la
existencia de pruebas que fundamentan los daños ambientales en el caso concreto,
se realizó una debida valoración probatoria del concepto de Corporinoquía y no se
configuró un error judicial en la práctica de una prueba, de acuerdo con lo indicado
en líneas precedentes.

En relación con la actuación realizada por la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales

96. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, manifestó como
argumento del recurso de apelación, el cumplimiento de su función de adelantar y
culminar el procedimiento sancionatorio. En este punto, la Sala se referirá a lo
relacionado con la licencia ambiental otorgada para el proyecto.

97. Mediante Resolución núm. 167 de 2 de febrero de 2007, expedida por la
Dirección de Licencias, Permisos y Tramites Ambientales, como se indicó en líneas
precedentes, no se identificó como área de exclusión en el área de perforación
exploratoria Cravoviejo en los aspectos físico bióticos al Estero Matemarrano.
Posteriormente, por medio de la Resolución núm. 950 del 31 de mayo de 2007 se
modificó la Resolución para excluir al Estero Matemarrano y demás esteros
cercanos al área de interés, el bosque protector de cauces y los bosques
secundarios. Sin embargo, en ese mismo acto administrativo se autorizó otro pozo
llamado Terecay. Se indicó como medida de compensación un área de 2,5
hectáreas por la construcción de ese pozo por afectación de uso del suelo y la

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modificación del paisaje y se aclaró que dicha compensación propenderá hacia la
recuperación, preservación y enriquecimiento de los bosques de galería cercanos a
la locación y alrededor de la misma, tales como el Estero Matemarrano y sus zonas
de ronda y los Caños Canacabare, Maremare y Surimena. Para el cumplimiento de
lo anterior se otorgó un plazo de 4 meses y la obligación de presentar un plan de
establecimiento y mantenimiento en donde se especifique: sitios, especies (nativas),
densidad de siembra, sistema de siembra, garantizando un mantenimiento durante
tres años y un prendimiento del 90%. El programa será evaluado por el Ministerio y
se enviaran informes de seguimiento semestralmente.

98. El Estudio de Impacto Ambiental es el instrumento de caracterización del
entorno natural previsto por el legislador para evaluar la sostenibilidad
socioambiental de los proyectos, obras o actividades que requieren de licencia
ambiental. Esta herramienta contiene las medidas de prevención, corrección,
compensación y mitigación de los impactos ambientales y, por ello, su elaboración
está sujeta al cumplimiento de los términos de referencia.

99. El artículo 12 del Decreto 1220 de 21 de abril de 200573, vigente al momento
de la expedición de la Resolución núm. 950 del 31 de mayo de 2007, señaló que los
estudios ambientales para obtener una licencia ambiental debían elaborarse con
base en los términos de referencia expedidos por el entonces Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

100. Para la perforación exploratoria, esa cartera ministerial adoptó la Resolución
1544 de 6 de agosto de 201074, cuyo capítulo 6 definió la zonificación ambiental,
así:

“[…] A partir de la zonificación ambiental y teniendo en cuenta la evaluación de
impactos realizada, se debe determinar la zonificación de manejo ambiental para las
diferentes actividades del proyecto que sean aplicables atendiendo la siguiente
clasificación:

Áreas de Exclusión: corresponde a áreas que no pueden ser intervenidas por las
actividades del proyecto. Se considera que el criterio de exclusión está relacionado
con la fragilidad, sensibilidad y funcionalidad socio-ambiental de la zona; de la
capacidad de autorecuperación de los medios a ser afectados y del carácter de
áreas con régimen especial […]”.

101. Se precisó que las áreas de exclusión no pueden ser intervenidas para el
desarrollo de las actividades del proyecto exploratorio, pues por su fragilidad,

73
“Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales”.
74
“Por la cual se acogen los términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para los proyectos
de perforación exploratoria de hidrocarburos y se adoptan otras determinaciones”.

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sensibilidad y funcionalidad socio-ambiental de la zona, de la capacidad de auto
recuperación, deben ser protegidas.

102. Para delimitar el alcance de esa zonificación, los términos de referencia
además de diferenciar las actividades de perforación de la “infraestructura
existente”, identificaron cuáles son los componentes que autoriza la licencia
ambiental, así:

“[…] 2.2 Características del proyecto […]

2.2.1 Infraestructura existente
Hacer la descripción de:
• Vías e infraestructura asociada: descripción de su tipo y estado.
• Para áreas donde se ha desarrollado actividad petrolera: áreas intervenidas,
número y estado de pozos. Si aplica, propuesta de reactivación. La información debe
ser presentada en planos a escala de 1:25.000 o mayores.

2.2.2 Actividades a desarrollar
Descripción de la actividad exploratoria e infraestructura proyectada (vías,
locaciones, pozos, facilidades tempranas de producción y líneas de flujo u otro tipo
de transporte, entre otras).

2.2.2.1 Vías de acceso al área y locaciones
Describir y dimensionar sus especificaciones técnicas, corredores de las vías de
acceso al área de perforación exploratoria, métodos constructivos y/o adecuación,
instalaciones de apoyo (campamentos, talleres, etc.), las obras de arte tipo, tipo de
residuos, la maquinaria, los equipos, la mano de obra y duración de las obras, sus
etapas y cronograma de actividades incluido el desmantelamiento. La ubicación y
descripción precisa de las vías y locación definitiva se definirán en los PMA
específicos para las actividades proyectadas, de acuerdo con la zonificación de
manejo ambiental presentado en el EIA.

2.2.2.2 Perforación de pozos […]

2.2.2.3 Líneas de flujo […]

2.2.3 Abandono y restauración final […]”. (Destacado fuera de texto).

103. Los términos de referencia enunciados supra demuestran que las actividades
que autoriza la licencia ambiental son aquellas relacionadas con la creación de
nuevas vías de acceso, la perforación de pozos, la construcción de líneas de flujo y
la definición de las acciones de abandono y restauración final.

104. En el caso concreto se excluyó en particular el Estero Matemarrano; sin
embargo, se evidencia que, en el informe núm. 4120-E2-19302 de 8 de mayo de
2014 de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en relación con las quejas
presentadas por las afectaciones a los recursos naturales con desarrollo del
proyecto Bloque de Perforación Exploratoria Cravo Viejo, indicó que la Resolución
75 del 20 de abril de 2010, mediante la cual se otorgó licencia global para el bloque

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y se estableció una franja de no intervención de 100 mts. para cualquier actividad
del proyecto, estableciendo medidas de compensación por la afectación en el
cambio de uso del suelo y afectación al paisaje, consistentes en actividades de
reforestación encaminadas hacia la recuperación, preservación y enriquecimiento
de los bosques de galería cercanos a la locación y alrededor de la misma, entre
ellas el Estero Matemarrano.

105. En el informe también se refirió sobre las actividades de sísmica, en cuanto
a la queja interpuesta ante la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía a
causa de las detonaciones en el Estero Matemarrano, e indicó la autoridad que ya
había excluido el área del Estero Matemarrano para toda actividad de explotación
como única medida de protección.

106. Si bien se probó que la autoridad realizó en el marco de sus competencias
de seguimiento y control ambiental en relación con las afectaciones originadas por
el proyecto Cravo Viejo, es claro para la Sala que, previo a la declaratoria de
exclusión del estero y conforme a lo verificado por la Corporación Autónoma
Regional, sí hubo afectación al mencionado ecosistema. Se destaca que no se
establecieron medidas específicas para su compensación y por el contrario se
determinaron medidas de reforestación por cambio de uso del suelo y afectación al
paisaje.

107. Por lo anterior, no tiene vocación de prosperidad el argumento de apelación
indicado por la apelante, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, por
cuanto, la exclusión del estero se realizó con posterioridad al otorgamiento de la
licencia; se autorizó un pozo en el área de influencia directa del proyecto, esto es,
el Terecay y las medidas de compensación indicadas en los actos administrativos
no fueron adecuadas a la naturaleza del ecosistema afectado. Además, se
evidenció que se han adelantado e iniciado procesos sancionatorios; sin embargo,
no hay evidencia respecto de las medidas de compensación realizadas para resarcir
los efectos del daño producido por el proyecto y su respectivo seguimiento.

Sobre las medidas cautelares en la sentencia proferida, en primera instancia

108. El Tribunal de primera instancia, luego de amparar los derechos e intereses
colectivos, profirió las órdenes tendientes a garantizar su protección e incluyó
medidas de carácter cautelar en el numeral 3.2 de la parte resolutiva de la sentencia,
en los términos mencionados supra.

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109. Al respecto, la Sala manifiesta que la medida cautelar es una institución
jurídica que tiene como fin adoptar las acciones necesarias para proteger los
derechos e intereses en estudio durante el trámite del proceso y así garantizar la
efectiva realización de la decisión judicial; por lo tanto, se trata de una decisión
previa y provisional que quedará consolidada al momento de proferirse la sentencia
definitiva que ponga fin al proceso.

110. Ahora bien, el recurso de apelación de la sentencia tiene como objeto que el
superior estudie la decisión en los aspectos desfavorables al apelante y en los
términos de decisiones definitivas.

111. En este sentido, la Sala considera que las órdenes impartidas por el juez de
primera instancia no pueden tener el carácter de medidas cautelares toda vez que
la finalidad del recurso es dar la oportunidad a las partes de tener un debate ante el
superior del proceso porque no están de acuerdo con las decisiones adoptadas por
el a quo; en consecuencia, obligar al cumplimiento del fallo de forma previa,
desconoce el debido proceso y el trámite de la segunda instancia, más aún en un
caso como el presente, en el que se discute la competencia de las entidades
condenadas para ejecutar las órdenes dadas.

112. Para el efecto, se considera pertinente reiterar los argumentos expuestos
previamente por esta Sala75 cuando se conoció otro recurso de apelación contra
una sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare en la cual se
ordenaron medidas cautelares, allí se expuso lo siguiente:

“[…] a juicio de la Sala, la forma en que fueron decretadas las medidas cautelares
desconoce las reglas mínimas previstas en la Ley 472 y en el CPACA que
regulan dicha materia, pues ni siquiera, las autoridades accionadas tuvieron la
oportunidad de pronunciarse respecto de los hechos que las motivaron, ni
allegar pruebas sobre la superación o no de tales dificultades.

[…]

La Sala considera que la situación planteada reviste de suma importancia, pues, se
reitera, que en la sentencia proferida al interior de una acción popular, el Juez debe
resolver la controversia y adoptar medidas definitivas que, en caso de ser apeladas,
deben ser revisadas por el superior jerárquico, en aras de garantizar el derecho
a la doble instancia, razón por la que carece de toda técnica jurídica la emisión de
medidas cautelares en la misma, pues estas son de carácter provisional o transitorio.

A juicio de la Sala, el hecho de dictar medidas cautelares al interior de una
sentencia, vulnera el derecho al debido proceso y a la doble instancia de la
autoridad obligada, pues el trámite de apelación del auto que decreta una medida
cautelar difiere del previsto para la apelación de sentencia, en tanto que en el primer

75 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de febrero de

2018; C.P. María Elizabeth García González; número único de radicación 850012333000201400129-03.

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evento la alzada se resuelve de plano y en el segundo se debe admitir el recurso y
correr traslado del mismo a las partes y al Ministerio Público, lo cual resulta aún más
dispendioso. Lo anterior, aunado al hecho de que hace ilusorio un pronunciamiento
en segunda instancia, tal como ocurrió en el presente caso.

La Sala destaca que, si bien, el objeto de la acción popular es el amparo de los
derechos colectivos, en cuyo trámite se debe observar la prevalencia del derecho
sustancial sobre el procesal, el Juez también está obligado a velar por el respeto del
debido proceso, garantías procesales y el equilibrio entre las partes, lo cual no se
advirtió en el trámite de la presente acción popular […]” (Destacado de la Sala).

113. Con posterioridad, la Sala76 reiteró los argumentos en el siguiente sentido:

“[…] podría argumentarse que como la sentencia de primera instancia puede ser
impugnada, la parte a la que se le impone una medida cautelar concomitante con la
sentencia condenatoria, aún no ha sido vencida en el proceso y habría lugar a
mantener dicha medida o proferir nuevas; sin embargo, se insiste, ello no se
acompasa con el carácter provisional de las medidas provisionales, por lo cual, si el
juez ya profirió sentencia con órdenes definitivas, carece de todo sentido decretar
paralelamente provisionales, desplazándose la competencia para ello al juez de la
apelación; ello bajo la previsión normativa de que las medidas cautelares pueden
decretarse en cualquier estado del proceso77.

De manera que para la Sala no es admisible la postura del a quo, según la cual es
necesario ‘señalar soluciones instrumentales de fácil aplicación para sortear
rápidamente la discusión en segundo grado de las órdenes preventivas, sin tenerse
que esperar a la suerte de las imposiciones de fondo o definitivas’, como si la
protección del derecho dependiera de ‘la suerte de las imposiciones de fondo’ y
no del examen de legalidad que efectúa el superior funcional, en orden a
establecer la correspondencia del fallo de primer grado con el ordenamiento
jurídico, cuestión no menor, que atañe directamente con la preservación del Estado
de Derecho, el respeto a las garantías judiciales y la protección del derecho al debido
proceso.

Siendo ello así, al proferir sentencia estimatoria de las pretensiones, el juez de la
acción popular en primer grado debe ceñirse a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley
472 y limitarse a imponer «órdenes de hacer o de no hacer, condenar al pago de
perjuicios cuando se haya causado daño a un derecho o interés colectivo en favor de
la entidad pública no culpable que los tenga a su cargo, y exigir la realización de
conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la vulneración del
derecho o del interés colectivo, cuando fuere físicamente posible» […]”.

114. Así las cosas, en el caso sub examine se concluye que las medidas
cautelares decretadas por el Tribunal Administrativo de Casanare resultan
improcedentes para efectos de mitigar la afectación de los derechos e intereses
colectivos vulnerados; por cuanto el objeto del litigio ha de ser resuelto mediante
sentencia tornando en definitivas las medidas cautelares ordenadas en la sentencia
apelada.

115. La Sala considera que las órdenes impartidas por el Tribunal como medidas
cautelares, “[…] teniendo en consideración que en el sub examine, se encuentran

76 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de mayo de

2019; C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 850012333000201600197-01.
77 Cfr. Artículo 229 del CPACA.

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amenazados los derechos colectivos a la defensa del medio ambiente, goce de un
ambiente sano en condiciones de seguridad, existencia del equilibrio ecológico y el
manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, la
conservaciones de las especies animales y vegetales, protección de áreas de
especial importancia ecológica, los ecosistemas situaciones en las zonas fronterizas
y la preservación y restauración del medio ambiente del área de influencia del
bloque Cravo Viejo jurisdicción del municipio de Orocué, se deben imponer
ordenes preventivas a cargo de Geokinetics International Inc., Empresa Integral
de Servicios Técnicos, Frontera Energy Colombia Corp, la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales y Corporioquía, que cese las afectaciones causadas en
los cuerpos de agua, permitiendo que ésta circule, minimizando la sequía
especialmente en época de verano, contribuyendo a la restauración del suelo,
la fauna y la flora del sector, la Sala decretará las medidas cautelares que
considere necesarias y analizará las solicitadas por la accionante […]”. (Destacado
fuera de texto).

116. Para esta Sala, las anteriores medidas son necesarias para superar la
situación de vulneración en el caso concreto, teniendo en cuenta que son acciones
relevantes para evitar daños posteriores; sin embargo, se observa que esas
medidas se subsumen en aquellas ordenadas como medidas definitivas, toda vez
que estas tienen como objetivo resarcir y/o compensar los daños ambientales
causados en el estero, en la cañada NN y los caños Maremare y Canacabare,
teniendo en cuenta 5 fases que garantizan la recuperación de la dinámica hídrica
de todos los cuerpos de agua afectados, el paisaje y la restauración del hábitat de
la fauna y flora del sector.

117. Por esa razón, se revocarán las medidas mencionadas como cautelares por
cuanto las medidas de carácter definitivo son suficientes para garantizar los
derechos e intereses colectivos.

118. En ese orden de ideas, se revocará el numeral 3.2 de la parte resolutiva de
la sentencia proferida, en los términos indicados supra.

En relación con las medidas ordenadas en el caso concreto

119. Ahora bien, en relación con los argumentos de apelación indicados por el
señor Gustavo Adolfo Torres Melo relacionados con las órdenes impartidas por el
Tribunal en la sentencia de primera instancia, considera esta Sala que no tiene

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vocación de prosperidad por cuanto las mismas se encuentran de acuerdo con las
potestades del juez popular y su alcance. Se destaca que, se ordena una fase de
indagación para revisar los diferentes requerimientos y las decisiones proferidas por
la autoridad licenciataria y los informes proferidos por la autoridad ambiental local,
esto es la Corporación Autónoma Regional. Posteriormente, una fase de
diagnóstico en las áreas: estero Matemarrano y en la cañada NN, para identificar
los riesgos incluyendo las áreas relacionadas con la ocupación del cauce de los
caños Maremare y Canacabare. La fase de plan de trabajo, fase de ejecución y la
fase final.

Del comité de verificación de cumplimiento de la sentencia

120. Atendiendo a que el Tribunal, en el caso sub examine, en la sentencia
proferida, en primera instancia, amparó el derecho colectivo al goce de un ambiente
sano y a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento
racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución, la conservaciones de las especies
animales y vegetales, protección de áreas de especial importancia ecológica, los
ecosistemas, situaciones en las zonas fronterizas y la preservación y restauración
del medio ambiente, esta Sala de decisión modificará el literal cuarto de la sentencia
proferida en primera instancia y ordenará la modificación del mencionado comité
para la verificación de las órdenes impartidas en esta sentencia, para precisar que,
por un lado, será integrado y presidido por el Magistrado Sustanciador del Tribunal
Administrativo de Casanare; y, por el otro, será integrado adicionalmente por el actor
popular; un delegado y/o representante de Corporación Autónoma Regional de la
Orinoquia; el señor Gustavo Adolfo Torres Melo; un delegado y/o representante de
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales; un delegado y/o representante del
Municipio de Orocué; y un representante y/o delegado de Frontera Energy Colombia
Corp., Sucursal Colombia.

121. En el evento que durante la ejecución de la sentencia se observe que
razonablemente es necesario otorgar plazos adicionales, este Tribunal adoptará las
decisiones que considere necesarias para garantizar su cumplimiento, lo que
incluye todas las órdenes de la sentencia.

122. Finalmente, y de conformidad con el artículo 38 de la Ley 472 y los numerales
1.° y 8.º del artículo 365 de la Ley 1564, la Sala se abstendrá de condenar en costas
en esta instancia, en atención a que no está probada su causación.

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Conclusiones

123. La Sala revocará el numeral 3.2 del literal tercero y modificará el literal cuarto
de la parte resolutiva de la sentencia de 7 de marzo de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo de Casanare, por cuanto se declaró la vulneración de los derechos
colectivos invocados, por las empresas Frontera Energy Sucursal Colombia Corp y
Geokinetics International Inc. Las cuales desconocieron las restricciones
establecidas en la licencia ambiental otorgada mediante Resolución No. 167 de
2007, al desviar el cauce de la cañada NN sin modificación de la licencia, la
realización de detonaciones sísmicas al interior del estero Matemarrano, cuando
dicho cuerpo de agua se encontraba excluido de intervención por parte de los
licenciatarios, permitieron la mezcla y/o desvío de las aguas del estero Matemarrano
y de la cañada NN a la zona de préstamo lateral, también por la ocupación del cauce
en los caños Maremare y Canacabare, además del incumplimiento de los
requerimientos efectuados por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en
los términos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento que manifestó el Consejero de
Estado, doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes, para intervenir en el proceso de
la referencia y, en consecuencia, SEPARAR al Magistrado de la Sección Primera
del Consejo de Estado del conocimiento de la presente acción popular, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: REVOCAR el numeral 3.2 del ordinal tercero de la parte resolutiva de
la sentencia de 7 de marzo de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de
Casanare, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: MODIFICAR el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia de
7 de marzo de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual quedará así:

“[…] CUARTO: ORDENAR la conformación del Comité de Verificación de
Cumplimiento de esta sentencia el cual estará integrado y presidido por el
Magistrado Sustanciador del Tribunal Administrativo de Casanare; por el actor
popular; un delegado y/o representante de Corporación Autónoma Regional de la

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Orinoquia; el señor Gustavo Adolfo Torres Melo; un delegado y/o representante de
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales; un delegado y/o representante del
Municipio de Orocué; y un representante y/o delegado de Frontera Energy Colombia
Corp., Sucursal Colombia.

Deberá rendir informes periódicos cada tres (3) meses, el inicial dentro de la primera
semana de febrero del año 2025.

En el evento que durante la ejecución de la sentencia se observe que
razonablemente es necesario otorgar plazos adicionales, este Tribunal adoptará las
decisiones que considere necesarias para garantizar su cumplimiento, lo que incluye
todas las órdenes de la sentencia […]”.

CUARTO: CONFIRMAR, en lo demás, la sentencia de 7 de marzo de 2019 proferida
por el Tribunal Administrativo de Casanare, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

QUINTO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

SEXTO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998.

SÉPTIMO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen, dejando las correspondientes anotaciones de ley.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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