Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 85001-23-33-000-2015-00006-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 85001-23-33-000-2015-00006-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 85001-23-33-000-2015-00006-01
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
20 de enero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., veinte (20) de enero de dos mil veintidós (2022)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 85001-23-33-000-2015-00006-01 (3027-2017)
Demandante : Javier de Jesús Cardona Alzate
Demandado : Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército
Nacional
Tema : Reconocimiento de tiempos dobles
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el demandante
contra la sentencia de 8 de junio de 2017, proferida por el Tribunal
Administrativo del Caquetá, mediante la cual negó las súplicas de la demanda
dentro del proceso del epígrafe.
I. ANTECEDENTES
1.1 El medio de control (ff. 21 a 38). El señor Javier de Jesús Cardona Alzate,
por conducto de apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la
Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional, para que se acojan
las pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.
1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad del oficio 20135620987051: MDN-
CGFM-CE-JEDEH-DIPER-SJU de 6 de noviembre de 2013, por medio del
cual el Ejército Nacional negó al actor el reconocimiento, en la hoja de
servicios, del tiempo doble laborado, así como la corrección de esta y el
posterior envío a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (Cremil) para la
reliquidación de su asignación de retiro.
A título de restablecimiento del derecho, se ordene a la demandada corregir la
hoja de servicios en la que se compute «7 AÑOS, 25 MESES Y 36 DÍAS» (sic)
como tiempo doble para efectos prestacionales, según lo prevén los Decretos
250 de 1971, 1249 de 1975, 2131 de 1976 y 1038 de 1984; el pago de los
correspondientes incrementos prestacionales, asumir costas procesales y la
indexación de las sumas adeudadas.
1.3 Fundamentos fácticos. Relata el actor que «[…] ingres[ó] como Soldado
al EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA, EL 14 DE FEBRERO DE
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1973, empezando como Cabo Segundo ascendiendo regularmente dentro de la
respectiva Fuerza, hasta llegar al grado de Sargento Primero» (sic).
Que «[…] fue enviado A ZONAS DE COLOMBIA EN DONDE SE
ENCONTRABA PERTURBADO EL ORDEN PÚBLICO Y EN ESTADO DE
SITIO, bajo el imperio de los decretos allí relacionados; en consecuencia, y
como SUBOFICIAL DEL EJERCITO NACIONAL, GOZABA DE TODOS
LOS DERECHOS, OBLIGACIONES, DEBERES Y PRERROGATIVAS DE
LOS SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES EN TIEMPO DE
GUERRA O TURBACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO entre ellos, [a] que se le
computara como tiempo doble el servicio durante la turbación del orden
público, para todos los efectos, menos para ascensos» (sic).
Sostiene que «[…] como SUBOFICIAL DEL EJERCITO NACIONAL,
participo en operaciones militares de conservación o restablecimiento del
orden público en los Departamentos de Antioquia, Atlántico, Cauca, Casanare
y Cundinamarca SOPORTADAS SIEMPRE EN ÓRDENES DE
OPERACIÓN EMITIDAS POR SUS SUPERIORES Y BAJO EL ESTADO
DE PERTURBACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO, durante el tiempo
comprendido del 15-02-1973 y hasta el 4-07-1997» (sic).
Que, por Resolución 365 de 15 de marzo de 1994, le fue concedida la asignación
de retiro como suboficial, «[…] después de haber prestado sus servicios
durante 21 años, 04 meses y 02 días» (sic).
Que el 29 de octubre de 2013 solicitó del director del Ejército Nacional el
reconocimiento, en la hoja de servicios, del tiempo doble laborado antes
descrito, que corresponde a «8 años, 18 meses y 27 días», y el consecuente
reajuste en la asignación de retiro.
Afirma que la anterior petición fue negada con oficio 20135620987051: MDN-
CGFM-CE-JEDEH-DIPER-SJU de 6 de noviembre de 2013, al considerar que
si bien es cierto que se prestó el servicio durante el estado de sitio, también lo
es que no existe decreto proferido por el presidente de la República que
especifique las zonas en las cuales debía otorgarse tal prerrogativa.
1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por el acto administrativo acusado los artículos 57, 58, 59 y 121 de la
Constitución de 1886; 2, 23, 25 y 220 de la de 1991; 109 (letra c) y 155 del
Decreto ley 2378 de 1971 y 121 (parágrafo 10) del Decreto ley 613 de 1977;
así como las Leyes 2ª. de 1945 y 1437 de 2011, y los Decretos 1288 de 1965,
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1814 de 1953, 1048 de 1970, 1249 de 1975, 1263 de 1976, 1131 de 1976, 1386
de 1974, 3061 de 1968, 739 de 1970, 3072 de 1968, 3187 de 1968, 586 de
1977; 2337, 2338 y 2340 de 1971; 2131 de 1976 y 1128 de 1970.
Arguye que en los casos de guerra exterior o de conmoción interior, el primer
mandatario, con la firma de todos los ministros, puede declarar turbado el orden
público y declarar el estado de sitio en todo el territorio nacional o parte de él,
y en virtud de tal declaración se profieren decretos de carácter provisional que
son obligatorios y que cualquier autoridad debe cumplir, los cuales buscan
adoptar medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
Que la legislación laboral estipuló la compensación en tiempo de servicio por
cada día laborado durante el lapso que permaneciera el país bajo las
condiciones descritas, así el resarcimiento debía hacerse con el
reconocimiento de un día adicional por cada uno que subsistiera el estado de
sitio, a lo cual se le denominó, en forma popular, como «tiempo doble», por
efectos de la disponibilidad de 24 horas diarias y las prolongadas operaciones
dentro de la selva o las ciudades bajo el acoso implacable del enemigo.
Afirma que cerca de un millar de militares fueron asesinados en la guerra y,
por lo tanto, la reclamación no solamente es jurídicamente válida, sino
reconocida por preceptos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
los que establecen que ese tiempo debe ser reconocido como doble o extra
laborado, pues de lo contrario se quebrantaría la Constitución, toda vez que se
incurriría en esclavitud.
Que es justo lo peticionado, comoquiera que comprende un derecho innegable
y cierto, de acuerdo con lo previsto en los artículos 121 de la Constitución
Nacional de 1886 y 47 de la Ley 2ª de 1945, que disponen que la sola
declaración del estado de sitio otorga la prerrogativa de que los tiempos
trabajados en estas condiciones sean computados doblemente.
Por último, cita doctrina relacionada con el derecho al trabajo y jurisprudencia
que considera es aplicable al caso en estudio.
1.5 Contestación de la demanda. El Ministerio de Defensa Nacional, pese a
haber sido notificado en legal forma, guardó silencio en esta etapa procesal.
1.6 Providencia impugnada (ff. 136 a 141). El Tribunal Administrativo del
Caquetá, en sentencia de 8 de junio de 2017, negó las súplicas de la demanda
(sin condena en costas), al considerar que «[…] no hay decreto que establezca
3
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el estado de sitio por perturbación del orden público, ni concepto del Consejo
de Ministros, ni decreto del Gobierno reconociendo expresamente al actor;
por lo que se tiene que no hay lugar a que el actor hubiese servido [al Ejército]
Nacional durante el tiempo respecto del cual realizó la reclamación del
derecho» (sic).
1.7 Recurso de apelación (ff. 143 a 152). Inconforme con la anterior
sentencia, el demandante, mediante apoderado, interpuso recurso de
apelación, al estimar que el a quo «[…] viola DERECHOS
FUNDAMENTALES DE ORDEN CONSTITUCIONAL […] entre los que
se encuentran el DERECHO A LA IGUALDAD, AL DEBIDO PROCESO,
AL TRABAJO, A LA SEGURIDAD SOCIAL[,] A LA CONFIANZA
LEGÍTIMA, DESCONOCIMIENTO DEL MÍNIMO VITAL,
DISCRIMINACIÓN LABORAL, PROTECCIÓN AL DERECHO DEL
TRABAJO Y GOCE DE LA PROTECCIÓN EN FORMA DIGNA Y JUSTA
[…]».
Que la exigencia de los decretos que determinen las zonas en las que aplicaría
el reconocimiento de tiempos dobles, es una «[…] afirmación [que] VIOLA
LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES CONSAGRADOS en la
Constitución de 1886 Art. 22 “No habrá esclavos en Colombia, el que, siendo
esclavo, pise el territorio de la Rep[ú]blica, quedará libre” concordante con
los Art. 13 y 25 de la [C]onstitución de 1991, el A Quo ha trasgredido los
derechos fundamentales del actor, al ser discriminado por el no
reconocimiento de una prestación de servicio de tiempo doble de jornada
laboral con disponibilidad las 24 horas, incluido los días festivos y domingo,
sometidos a servicios de noche de [sic] y día, para garantizar al ciudadano el
ejercicio de sus libertades y derechos […]».
Añade que el Estado no puede olvidar las penurias y el exceso de la carga
laboral que deben soportar los miembros de las fuerzas militares, quienes están
sometidos a la presión de enfrentar y combatir al enemigo bajo constante
amenaza; que la labor desempeñada en ocasiones genera tortura psicológica
que puede llevar al suicidio y que por estas mismas razones no se les pueden
negar prerrogativas ciertas e irrenunciables a las que tienen derecho los
militares, precisamente en consideración a las dificultades de la prestación de
sus servicios.
II. TRÁMITE PROCESAL
El recurso fue concedido mediante proveído de 29 de junio de 2017 (f. 154) y
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admitido por esta Corporación a través de auto de 21 de agosto de 2019 (f.
159); en el que se dispuso la notificación personal al Ministerio Público y a
las partes por estado, en cumplimiento de los artículos 198 (numeral 3) y 247
del CPACA.
2.1 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se continuó con el trámite
regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio
Público, con auto de 8 de septiembre de 2021 (f. 169), para que aquellas
alegaran de conclusión y este conceptuara, de conformidad con lo establecido
en el artículo 247 del CPACA, oportunidad aprovechada por el demandante1
para expresar que «[…] Colombia ha vivido la mayor parte de su historia bajo
los rigores de la violencia. Este pasado sangriento ha incidido tanto en su
estructura institucional como en su cultura jurídica. LA PRIORIDAD DEL
ORDEN PÚBLICO EN LOS ASUNTOS DE GOBIERNO HA HECHO
SOBREVALORAR LA PARTICIPACIÓN DE LA FUERZA PÚBLICA EN LA
DINÁMICA INSTITUCIONAL DEL ESTADO y ha desequilibrado el balance
constitucional entre las ramas del poder público. La participación de la Fuerza
Pública se ha consolidado a través de la utilización frecuente que los gobiernos
han hecho de los estados de excepción» (sic), por lo que «[…] SI BIEN ES
CIERTO, EL PRECEDENTE OBLIGATORIO QUE EN LA ACTUALIDAD
IMPONE EL HONORABLE CONSEJO DE ESTADO, es el cumplimiento de los
siguientes presupuestos para acceder al reconocimiento de los tiempos dobles:
1. Decreto que establezca el inicio del estado de sitio 2. Decreto que declare
restablecido el orden público 3. El establecimiento de las zonas cuyas
condiciones justifiquen la turbación del orden público. 4. Autorización del
Gobierno Nacional o del Consejo de Ministros que autoricen el reconocimiento
del tiempo doble. No menos cierto es que […] la interpretación […] resulta un
tanto rigurosa, si a bien se tiene que la ley 126 del 18 de diciembre de 1959,
así como los Decretos 2337 de 1971 y 3071 de 1968 no contemplaron en estricto
sentido los mencionados requisitos, máxime […] cuando los Decretos 250 de
1971, 1249 de 1975, 2131 de 1976 y 1038 de 1984 declararon el estado de sitio
en todo el territorio nacional, es decir no se excluyó ningún municipio y por
tanto no resultaría congruente en este caso concreto exigir un concepto a pesar
de existir un decreto que así ordeno el estado de sitio, y por otra parte, se
demostró que […] para las fechas reclamadas se desempeñó como suboficial
activo de las Fuerzas Militares» (sic).
1
Memorial adjuntado a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
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III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA esta
Corporación es competente para conocer del presente litigio en segunda
instancia.
3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación2, corresponde
a la Sala determinar si resulta procedente reconocer como tiempo doble los
períodos laborados por el actor, en un total de «7 AÑOS, 25 MESES Y 36
DÍAS»; y, en consecuencia, si le asiste derecho a la corrección de su hoja de
servicios y el respectivo reajuste de sus prestaciones sociales.
3.3 Marco normativo y jurisprudencial. En punto a la resolución del
problema jurídico planteado en precedencia, procede la Sala a realizar el
correspondiente análisis normativo a efectos de establecer la solución
jurídicamente correcta respecto del caso concreto.
En principio, cabe recordar que los denominados tiempos dobles constituyen
una retribución en período laborado, que se reconoce al miembro de la fuerza
pública que hubiere prestado el servicio durante el estado de guerra o
conmoción interior, pero tal figura solo puede ser concedida en los casos en
que se acrediten las condiciones que determine la norma que regula dicha
prerrogativa.
Así las cosas, el estado de sitio estaba consagrado en el artículo 121 de la
Constitución Nacional de 1886, que disponía:
En los casos de guerra exterior, o de conmoción interior, podrá el
Presidente, previa audiencia del Consejo de Estado y con la firma de
todos los Ministros, declarar turbado el orden público y en estado de sitio
toda la República o parte de ella.
Mediante tal declaración quedará el Presidente investido de las facultades
que le confieran las leyes, y, en su defecto, de las que le da el derecho de
gentes, para defender los derechos de la Nación o reprimir el alzamiento.
Las medidas extraordinarias o decretos de carácter provisional legislativo
que, dentro de dichos límites, dicte el Presidente, serán obligatorios
siempre que lleven la firma de todos los Ministros.
2
Según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP), «[e]l juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que
deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
[…]
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella».
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El Gobierno declarará restablecido el orden público luego que haya
cesado la perturbación o el peligro exterior; y pasará al Congreso una
exposición motivada de sus providencias. Serán responsables
cualesquiera autoridades por los abusos que hubieren cometido en el
ejercicio de facultades extraordinarias.
Luego, el reconocimiento de los tiempos dobles estuvo regulado por la Ley 2ª
de 19453, que en el artículo 47 preceptuó:
El tiempo de servicio en guerra, desde la fecha en que se declare turbado
el orden público, hasta la expedición del decreto por el cual se restablezca
la normalidad, se computa doble para todos los efectos, con excepción
del de ascensos.
PARÁGRAFO.- Para el cómputo de que trata el presente artículo, es
condición indispensable que la prestación del servicio se efectúe dentro
de la zona afectada. [Resaltado fuera de texto]
Dicha disposición, posteriormente, fue regulada en la Ley 126 de 1959 4, que
en su artículo 52 determinó:
El tiempo de servicio en guerra internacional o conmoción interior, en las
zonas que el Gobierno determine desde la fecha en que se declare turbado
el orden público hasta la expedición del decreto por el cual se restablezca
la normalidad, se computará como tiempo doble de servicio.
Ahora bien, el artículo 158 del Decreto 3071 de 1968 5 estableció la posibilidad
de computar como tiempo doble, aquel que se hubiese prestado en guerra
internacional o conmoción interior, así:
El tiempo de servicio en guerra internacional o conmoción interior, en las
zonas que determine el Gobierno, a juicio del Consejo de Ministros si las
condiciones justifican la medida, desde la fecha en que se establezca el
Estado de Sitio por turbación del orden público hasta la expedición del
Decreto por el cual se restablezca la normalidad, se computará como
tiempo doble de servicio para efectos de prestaciones sociales.
Por su parte, el Decreto 2337 de 1971, «[p]or el cual se reorganiza la carrera
de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares», en su artículo 181,
previó:
El tiempo de servicio en guerra internacional o conmoción interior, en las
3
«Por el cual se reorganiza la carrera de Oficiales del Ejército, se señalan prestaciones sociales para los
empleados civiles del ramo de Guerra y se dictan otras disposiciones sobre prestaciones sociales a los
individuos de tropa».
4
«Por la cual se reorganiza la carrera de Oficiales de las Fuerzas Militares».
5
«Por el cual se reorganizó la carrera de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares».
7
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zonas que determine el Gobierno, a juicio del Consejo de Ministros si las
condiciones justifican la medida desde la fecha en que se establezca el
estado de sitio por turbación del orden público hasta la expedición del
Decreto por el cual se restablezca la normalidad se computará como
tiempo - doble de servicio para efectos de prestaciones sociales.
La anterior norma fue derogada por el Decreto 612 de 19776, sin embargo, el
parágrafo 1º de su artículo 140 respetó el reconocimiento de los tiempos dobles
por servicios prestados con anterioridad a la entrada en vigor de ese decreto.
Resulta oportuno anotar que el Decreto 612 de 1977 fue derogado por el
Decreto 89 de 1984 y este a su vez por el Decreto 95 de 1989 7, y finalmente
se impone sobre el anterior el Decreto 1211 de 1990, «[p]or el cual se reforma
el estatuto del personal de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares», en
el cual se estableció, entre otros, el cómputo de tiempos para efectos de la
asignación de retiro. Este último Decreto dispuso en su artículo 170 lo
siguiente:
Para efectos de asignación de retiro y demás prestaciones sociales, el
Ministerio de Defensa liquidar el tiempo de servicio, así:
a. Oficiales, el tiempo de permanencia en la respectiva Escuela de
Formación de Oficiales, con un máximo de dos (2) años;
b. Suboficiales, el tiempo de permanencia como Soldado o Alumno de
una Escuela de Formación de Suboficiales, con un máximo de dos (2)
años;
c. El tiempo de servicio como Oficial o Suboficial.
PARÁGRAFO 1o. Los tiempos dobles que en virtud de lo dispuesto en
el artículo 181 del Decreto 2337 de 1971 y disposiciones legales
anteriores sobre la misma materia, se hayan reconocido o se reconozcan
por servicios prestados con anterioridad a la vigencia del presente
Decreto, se tendrán en cuenta para la liquidación de las prestaciones
sociales de los Oficiales y Suboficiales favorecidos con tales
reconocimientos. Dichos tiempos en ningún caso serán computables para
el reconocimiento de prestaciones por servicios al Estado en calidad de
empleado civil.
PARÁGRAFO 2o. Las fracciones mayores de seis (6) meses se
consideran como año completo para la liquidación del auxilio de cesantía,
pero no para las demás prestaciones sociales.
6
«Por el cual se reorganiza la carrera de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares».
7
Vale la pena mencionar que los Decretos 89 de 1984 y 95 de 1989 mantuvieron los reconocimientos de los tiempos
dobles por períodos laborados antes de su expedición en el parágrafo 1º de los artículos 162 y 165, respectivamente.
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Expediente 85001-23-33-000-2015-00006-01 (3027-2017)
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Por otro lado, a través del Decreto 4433 de 2004, «[p]or medio del cual se fija
el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza
Pública», se determinó, en el artículo 8º, respecto del cálculo del tiempo doble
que: «[a] quienes hubieren adquirido derecho al cómputo de tiempo doble por
servicios prestados antes de 1974, se les continuará teniendo en cuenta para
efecto del cómputo del tiempo para la asignación de retiro o pensiones,
conforme lo hubieren señalado las normas correspondientes».
De conformidad con el anterior recuento normativo, resulta viable el
reconocimiento de tiempos dobles a aquellos uniformados de las fuerzas
militares, que prestaron sus servicios durante la conmoción interior o guerra
exterior, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: (i)
promulgación del decreto que establezca el inicio del estado de sitio, (ii) el
establecimiento de las zonas cuyas condiciones justifiquen la perturbación del
orden público y (iii) la autorización del Gobierno nacional o del consejo de
ministros que habiliten el reconocimiento de tiempo doble.
Al respecto, esta Corporación ha sido pacífica8 al reconocer que el
establecimiento de los tiempos dobles a partir de las condiciones indicadas
respondía a las políticas salariales y prestacionales del legislador y del
gobierno de turno, que gozaron de autonomía para definir cuáles serían los
beneficiarios de tal prestación 9, en atención a factores discrecionales de
necesidad, conveniencia y razones del servicio dadas las condiciones políticas,
sociales y económicas por las que atravesaba el país en esa época y por ello
no puede pretenderse que siempre que se haya acudido a la declaratoria de
estado de sitio, dicha situación conllevara per se el reconocimiento automático
de tiempos dobles de servicio para todos los funcionarios, aunque no fueran
oficiales o suboficiales de las fuerzas militares y de la policía o que aun
siéndolo no acreditaban en debida forma todos los requisitos que tanto el
ordenamiento jurídico como la jurisprudencia contencioso-administrativa han
precisado.
3.4 Caso concreto. El material probatorio traído al plenario da cuenta de la
8
Sentencia de 26 de junio de 2008, sección segunda, subsección A, con ponencia del consejero Alfonso Vargas
Rincón, expediente: 11001-03-25-000-2003-00172-01(1056-03); 26 de noviembre de 2009, sección segunda, con
ponencia del consejero Luis Rafael Vergara Quintero, expediente: 11001-03-25-000-2005-00237-01(10024-05); 8
de agosto de 2011, sección segunda, subsección A, con ponencia del consejero Alfonso Vargas Rincón, expediente:
11001-03-25-000-2006-00113-00(1795-06); 9 de octubre de 2014, sección segunda, subsección B, con ponencia
del consejero Gerardo Arenas Monsalve, expediente 25000-23-42-000-2012-00094-01(3730-13); y 27 de abril de
2018, sección segunda, subsección B, expediente 73001-23-33-000-2014-00741-01(2355-16).
9
Así en el caso del Decreto 1048 de 1970, solo extendió ese beneficio a los oficiales y suboficiales, dejando por
fuera de su reconocimiento, entre otros a los agentes de policía.
9
Expediente 85001-23-33-000-2015-00006-01 (3027-2017)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Javier de Jesús Cardona Alzate contra la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Ejército Nacional
situación respecto de los hechos a los cuales se refiere la presente demanda, en
tal virtud, se destaca:
a) Según hoja de servicios 98 proferida por la dirección de prestaciones sociales
del Ejército Nacional (f. 14), el actor fue soldado regular de esa institución del
14 de febrero de 1973 al 13 de septiembre de 1974, día en el cual inició su
desempeño como suboficial (hasta el 30 de febrero de 1994), y su último grado
fue el de sargento primero.
b) Mediante Resolución 365 de 15 de marzo de 1994, el director general de la
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares le concedió al actor asignación de retiro,
a partir del 1° de marzo de esa anualidad (ff. 2 a 4).
c) El 29 de octubre de 2013 el demandante solicitó del Ejército Nacional el
reconocimiento de tiempo doble del 15 de febrero de 1973 al 4 de julio de 1991,
así como la respectiva corrección de la hoja de servicios (ff. 5 a 7).
e) Mediante oficio 20135620987051: MDN-CGFM-CE-JEDEH-DIPER-SJU
de 6 de noviembre de 2013, la accionada negó la anterior solicitud, al considerar
que, para el reconocimiento de tiempo doble de servicios, no es suficiente la
declaratoria del estado de sitio en el territorio nacional, pues se requiere,
además, concepto previo del consejo de ministros (ff. 8 y 9).
De las pruebas enunciadas se desprende que el accionante (i) se incorporó al
Ejército Nacional el 14 de febrero de 1973 en condición de soldado regular,
hasta el 13 de septiembre de 1974, cuando inició su desempeño como suboficial
(que culminó el 30 de febrero de 1994), y su último grado fue el de sargento
primero; (ii) con Resolución 365 de 15 de marzo de 1994, el director general de
la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares le concedió asignación de retiro; y
(iii) el 29 de octubre de 2013 reclamó del Ejército Nacional el reconocimiento
de tiempos dobles por el período del 15 de febrero de 1973 al 4 de julio de 1991,
así como la respectiva corrección de la hoja de servicios, negado con el oficio
acusado.
Se tiene entonces que lo pretendido por el demandante consiste en que le sea
reconocido como tiempos dobles el lapso laborado desde el 15 de febrero de
1973 hasta el 4 de julio de 1991, puesto que aduce que durante ese interregno
prestó sus servicios, mientras el país se encontraba en estado de sitio.
Ahora bien, durante el período que prestó sus servicios, el Gobierno nacional
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Expediente 85001-23-33-000-2015-00006-01 (3027-2017)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Javier de Jesús Cardona Alzate contra la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Ejército Nacional
declaró perturbado el orden público y el estado de sitio, mediante Decretos
250 de 1971, 1249 de 1975, 2131 de 1976 y 1038 de 1984; no obstante, lo
cierto es que no obra en el expediente prueba documental que permita
establecer las zonas concretas en las que aquel, previo concepto del consejo
de ministros, autorizó el reconocimiento de tiempos dobles.
Por lo tanto, los mencionados Decretos están dirigidos únicamente a declarar
el referido estado de sitio, sin que con estos se pueda entender en cuáles
lugares del país los miembros de las fuerzas militares podían acceder al
reconocimiento de los tiempos dobles; valga precisar que aquellos solo
disponían: «[A]RTÍCULO PRIMERO. Declarase turbado el orden público y
en estado de sitio todo el territorio de la República» y «ARTÍCULO
SEGUNDO[10]. Este Decreto rige desde la fecha de su expedición». Por ende,
en virtud de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 7ª de 1970,
era el Gobierno nacional el competente para fijar en cuáles zonas del territorio
nacional se otorgaría, pues en esos términos lo preceptuaron las Leyes 2ª de
1945 y 126 de 1956, y el Decreto 2337 de 1971.
Aclárase que no se niega la existencia del decreto que declaró el estado de sitio
en el territorio nacional, sin embargo, ese solo hecho no genera el
reconocimiento de tiempos dobles para los miembros de la fuerza pública que
laboraron durante el lapso que aquel estuvo vigente. En efecto, se insiste, era
al Gobierno nacional al que le correspondía determinar en cuáles lugares
existieron disturbios y concretar a quiénes les era aplicable tal beneficio, toda
vez que al decretarse aquel esto no significaba que en todo el territorio
nacional estuviese perturbado el orden público.
Por ello el período reclamado por el actor no es dable reconocerse como
tiempos dobles para efectos prestacionales, puesto que para ser beneficiario se
requiere acreditar la prestación del servicio en aquellas zonas en las que recaía
la aludida prerrogativa, razón por la cual la decisión adoptada en primera
instancia está ajustada a derecho y será confirmada.
Por último, vale anotar que en la hoja de servicios del actor se evidencia que
se le reconocieron unos tiempos dobles en virtud de los cuales, aunque el lapso
materialmente laborado fue de 19 años, 2 meses y 18 días, sumó un total de 21
años, 4 meses y 2 días.
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Artículo tercero en el Decreto 250 de 1971.
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Expediente 85001-23-33-000-2015-00006-01 (3027-2017)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Javier de Jesús Cardona Alzate contra la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Ejército Nacional
Con base en los razonamientos que se dejan consignados, en armonía con los
elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto con las
reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular se
confirmará la sentencia, que negó las súplicas de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1°. Confírmase la sentencia proferida el 8 de junio de 2017 por el Tribunal
Administrativo del Caquetá, que negó las pretensiones de la demanda incoada
por el señor Javier de Jesús Cardona Alzate contra la Nación - Ministerio de
Defensa Nacional - Ejército Nacional, conforme a lo expuesto en la parte
motiva.
2°. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en Sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS
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