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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 85001-23-33-000-2015-00009-02

Fecha
7 de abril de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 85001-23-33-000-2015-00009-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. Declarar fundado el impedimento que manifestó el magistrado Luis Eduardo Mesa Nieves, consejero de Estado de la Sección Segunda de esta corporación. En consecuencia, se le separa del conocimiento del presente asunto. SEGUNDO. ACATAR la orden de tutela impartida por la Sala de Conjueces de la Sección Tercera del Consejo de Estado en el fallo del 26 de junio de 2024. 13 Al respecto, el artículo 365 de la norma citada establece: «1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto.» [Se destaca] 9 Radicación: 85001 23 33 000 2015 00009 02 (2887-2019) Demandante: Rafael Nevardo Sánchez Gómez TERCERO. CONFIRMAR la sentencia expedida el 5 de febrero de 2019, por el Tribunal Administrativo de Casanare, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO. Sin condena en costas en segunda instancia. QUINTO. En firme esta sentencia, realizar las anotaciones correspondientes y devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 85001-23-33-000-2015-00009-02

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

7 de abril de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., siete (7) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 85001 23 33 000 2015 00009 02 (2887-2019)
Demandante: Rafael Nevardo Sánchez Gómez
Demandado: Nación (Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial1)
Tema: Prima especial, artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
______________________________________________________________________

I. ASUNTO

La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a proferir
la providencia de reemplazo en el proceso de la referencia, en cumplimiento del fallo de
tutela emitido por la Sala de Conjueces de la Sección Tercera del Consejo de Estado el
26 de junio de 2024 que dejó sin efectos la sentencia del 7 de noviembre de 2023.2

En consecuencia, se decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad
demandada contra la providencia del 5 de febrero de 2019, dictada por el Tribunal
Administrativo de Casanare, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la
demanda.

II. ANTECEDENTES.

Demanda

1. El accionante instauró demanda contenciosa administrativa en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el objeto de que se declare la
nulidad de las Resoluciones DESTJ14-80 del 27 de enero de 2014 y 3376 del 22 de mayo
de 2014, por las cuales se negó una petición y se resolvió el recurso de apelación,
respectivamente. De igual manera, solicitó inaplicar por inconstitucionales los artículos 6
del Decreto 658 de 2008, 8 de los Decretos 723 de 2009, 1388 de 2010, 1039 de 2011,
874 de 2012, 1024 de 2013 y 194 de 2014 y los que se expidan en igual sentido durante
el curso del proceso.

1 En adelante Rama Judicial.
2 Se precisa que para dar cumplimiento a la orden impartida en dicha providencia, se concedieron 15 días

a la Sala de Conjueces; sin embargo, el proceso fue remitido al despacho del magistrado ponente, el 26
de marzo del año en curso, luego de que fuera devuelto por parte de dicha sala, a través de auto del 12 de
marzo de 2025. Índice 45.

Radicación: 85001 23 33 000 2015 00009 02 (2887-2019)
Demandante: Rafael Nevardo Sánchez Gómez

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó se ordene a la demandada reliquidar
y pagar las primas de servicios, de navidad y de vacaciones, la bonificación anual por
servicios prestados, las cesantías, las vacaciones, las cotizaciones en salud y demás
prestaciones sociales teniendo como soporte el 100% de la remuneración básica
mensual que percibe como juez de la república, desde el mes de febrero de 2009 y hasta
cuando quede en firme la decisión; lo anterior incorporando la prima especial equivalente
al 30% de su remuneración básica dentro del salario mensual que percibe y no
excluyéndola de él, como ha ocurrido. De igual manera, ordenar el ajuste de la condena
e imponer condena en costas a la demandada, en aplicación de los artículos 187 y 188
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.3

3. Argumentó que labora en la Rama Judicial desde el 1.º de febrero de 2009 en donde
se ha desempeñado como juez promiscuo municipal de Chameza y juez tercero penal
del circuito de Yopal y para remunerar su labor se han liquidado y pagado sus
prestaciones sociales sobre el 70% del salario devengado, pues de él se excluye el 30%
para tenerlo como prima especial sin carácter salarial. Agregó que el artículo 14 de la Ley
4.ª de 1992 estableció una prima especial sin carácter salarial no inferior al 30% ni
superior al 60% del salario básico, cuyo pago ha sido regulado por el Gobierno nacional
a través de los decretos que ha expedido anualmente desde 1993 con tal propósito; sin
embargo, no le ha sido cancelada, pues «el gobierno sin justificación jurídica alguna, en
lugar de INCREMENTAR O ADICIONAR el valor de la remuneración mensual, con la prima
especial sin carácter salarial le RESTA EL 30% DEL SALARIO, y la convierte en la prima
especial».

4. Agregó que formuló reclamación ante la entidad demandada con el fin de lograr la
reliquidación y pago de sus prestaciones sociales, la cual fue resuelta desfavorablemente
a través de los actos acusados, los cuales deben declararse nulos porque violan
postulados constitucionales que protegen el trabajo en condiciones dignas y, en general,
los derechos laborales de los empleados públicos. Precisó que aunque el artículo 14 de
la Ley 4.ª de 1992 estableció una prima especial sin carácter salarial, el Gobierno nacional
no tiene competencia para extraer el 30% del salario y convertirlo en prima, pues lo que
determina la ley es el incremento de aquel con la mentada prima.

Contestación de la demanda.

5. La Rama Judicial se opuso a las pretensiones de la demanda alegando que la
facultad para establecer remuneraciones a favor de los servidores públicos radica en el
Gobierno nacional y este, en uso de sus facultades, expide anualmente los decretos en
los que se fija el régimen salarial de aquellos. Particularmente en cuanto a los servidores
públicos de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación expidió el Decreto 57
de 1993 en cuyo artículo 6 dio cumplimento a lo dispuesto en la Ley 4.ª de 1992 en el
sentido de considerar como prima, sin carácter salarial, el 30% del salario básico mensual
de los magistrados de todo orden, disposición que ha sido replicada anualmente.

3 En adelante CPACA.

2

Radicación: 85001 23 33 000 2015 00009 02 (2887-2019)
Demandante: Rafael Nevardo Sánchez Gómez

6. Aseguró que la prima especial fue establecida sin carácter salarial y por esa razón
no es computable para la liquidación y pago de los emolumentos pretendidos; en todo
caso, precisó que dicha previsión no contradice mandatos constitucionales ni legales,
pues la propia Constitución faculta al legislador para fijar el régimen salarial y prestacional
de los servidores públicos, lo que implica que goza de libertad para decidir los factores
que han de servir para liquidar determinadas prestaciones e identificar cuáles constituyen
salario, tal como lo determinó la Corte Constitucional en la Sentencia C-279 de 1996.
Ante ese escenario, concluyó que su actuación ha estado sujeta al ordenamiento legal
pues la Ley 4.ª de 1992 y los decretos respectivos establecieron que dicha prima carecía
de carácter salarial y así se ha aplicado. En consecuencia, propuso la excepción de cobro
de lo no debido y la innominada.

III. SENTENCIA APELADA.

7. La Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Casanare accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda, declaró la nulidad de los actos demandados e
imprósperas las excepciones planteadas; además, inaplicó por inconstitucional la
expresión «sin carácter salarial» contenida en el artículo 4 de los Decretos 039 de 2015,
234 de 2016, 1003 de 2017 y 338 de 2018 y aquellas normas en que se excluya el
carácter salarial a la prima especial establecida en la Ley 4.ª de 1992. Como
consecuencia de lo anterior, condenó a la entidad a reconocer y pagar las diferencias que
surjan de liquidar las primas de navidad, de servicios y de vacaciones y la bonificación
por servicios prestados, tomando como base no solo la asignación básica y las doceavas
ya incluidas, sino también la prima especial, lo anterior desde el 6 de diciembre de 2010
y hasta que finalice el vínculo laboral del demandante siempre y cuando devengue la
referida prima; además, ordenó indexar dichas sumas y reconocer los intereses en los
términos de los artículos 192 y 195 del CPACA y negó las demás pretensiones.

8. Consideró que de acuerdo con las pruebas allegadas se demostró que el
demandante ha ejercido el empleo de juez promiscuo municipal y tercero penal del
circuito y que para liquidar sus prestaciones sociales se excluyó el carácter salarial a la
prima especial prevista en la Ley 4.ª de 1992; sin embargo, como esta sí tiene tal
connotación se le debe reconocer a efecto de incluirla en la liquidación de aquellas.

IV. RECURSO DE APELACIÓN.

9. Inconforme con la decisión, la entidad interpuso recurso de apelación4 aduciendo
que el a quo no tuvo en cuenta que la prima especial no tiene carácter salarial por expresa
disposición de la Ley 4.ª de 1992, la cual fue declarada exequible por la Corte
Constitucional, constituye cosa juzgada y se ha replicado en todos los decretos salariales
anuales. Agregó que la Ley 332 de 1996 hizo una modificación a tal disposición en el
sentido de conferir tal carácter únicamente para efectos del ingreso base de liquidación

4 Índice 34 de Samai, gestión en otras corporaciones.

3

Radicación: 85001 23 33 000 2015 00009 02 (2887-2019)
Demandante: Rafael Nevardo Sánchez Gómez

de la pensión de jubilación, pero ello no se extiende a la liquidación de las prestaciones
sociales, como se hizo en la sentencia recurrida. Concluyó señalando que la Constitución
le confirió libertad al legislador para establecer que determinadas prestaciones se liquiden
sin consideración al monto total del salario, como ocurre al excluir la prima especial, lo
que conlleva revocar la decisión de primera instancia.

V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA.

10. Luego de resolver la manifestación de impedimento formulada por los magistrados
que integraban la Sección Segunda de esta Corporación y proceder al sorteo de
conjueces, mediante auto del 11 de febrero de 2020 y notificado en estado del 6 de marzo
siguiente5 se admitió el recurso de apelación y el 9 de febrero de 2021 se corrió traslado
a las partes para alegar de conclusión, término durante el cual no hubo pronunciamiento.

VI. CONSIDERACIONES.

Competencia.

11. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos.

Problema jurídico.

12. En concordancia con lo expuesto en el recurso de apelación, esta Sala debe
determinar si el Tribunal omitió analizar la previsión de Ley 4ª de 1992, según la cual la
prima especial carece de carácter salarial y si no consideró que el legislador tiene la
libertad para establecer las prestaciones sociales que se pueden liquidar sin
consideración a la totalidad del salario.

Primer asunto previo.

13. El 1.o de abril de 20256 el magistrado Luis Eduardo Mesa Nieves, integrante de la
Subsección A de la Sección Segunda de esta corporación, manifestó impedimento para
conocer del asunto de la referencia con base en las causales señaladas en los numerales
1, 6 y 14 del artículo 141 del Código General del Proceso, pues es demandante en un
proceso de nulidad y restablecimiento en el que se debate la misma cuestión jurídica que
se analiza en el proceso bajo examen, circunstancia que además se enmarca en la
existencia de un pleito pendiente con la parte demandada.

5 Índices 18 y 21 de Samai.
6 Índice 52 de Samai.

4

Radicación: 85001 23 33 000 2015 00009 02 (2887-2019)
Demandante: Rafael Nevardo Sánchez Gómez

14. Las causales de impedimento establecidas en la ley son taxativas y de aplicación
restrictiva, constituyen una excepción al cumplimiento de la función jurisdiccional y no
pueden ampliarse discrecionalmente al criterio del juez o de las partes.

15. El artículo 130 del CPACA establece como causales de impedimento y recusación,
entre otras, las señaladas en los numerales 1, 6 y 14 del artículo 141 del Código General
del Proceso, cuyo tenor literal es el siguiente:

Artículo 141. Son causales de recusación las siguientes:

1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en
el proceso.

[...]

6. Existir pleito pendiente entre el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de
sus parientes indicados en el numeral 3, y cualquiera de las partes, su representante o
apoderado.

[...]

14. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes en
segundo grado de consanguinidad o civil, pleito pendiente en que se controvierta la misma
cuestión jurídica que él debe fallar.

16. En ese escenario, de conformidad con la norma transcrita, la Sala concluye que
sí procede aceptar el impedimento formulado por el doctor Luis Eduardo Mesa Nieves
comoquiera que en la actualidad tiene en curso un proceso judicial en el que se
controvierte el reconocimiento y pago de la prima especial de servicios prevista en el
artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992, en el que la parte demandada también es la Nación
(Rama Judicial), de donde surge que existe identidad en la cuestión jurídica que se
debate en el presente asunto y se configuran las causales invocadas; por lo tanto, su
criterio no resultaría imparcial y objetivo como lo exige una recta administración de
justicia. Así las cosas, se le separará del conocimiento del asunto de la referencia, en
procura de garantizar los principios de independencia e imparcialidad de la administración
de justicia, establecidos en el artículo 5.º de la Ley 270 de 1996.

Segundo asunto previo.

17. La presente providencia se profiere en cumplimiento del fallo de tutela referido en
precedencia, en el cual se determinó que en el caso analizado no se configuró la
caducidad como lo consideraron los conjueces en la sentencia que fue dejada sin efecto,
toda vez que el asunto trata sobre el reconocimiento de prestaciones sociales periódicas,
por lo que podía demandarse en cualquier tiempo al tenor de lo dispuesto en el artículo
164, numeral 2, literal c) del CPACA, razón por la cual no se examinará la ocurrencia de
dicha figura.

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Radicación: 85001 23 33 000 2015 00009 02 (2887-2019)
Demandante: Rafael Nevardo Sánchez Gómez

Marco normativo y jurisprudencial. Prima especial artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992.

18. El artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992 determinó que el Gobierno nacional
establecería «una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin
carácter salarial para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de
Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados
ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y
Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal
Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación,
con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993.» [negrilla propia de la Sala] la
cual también sería aplicable a «los delegados departamentales del Registrador Nacional
del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles Directivo y Asesor de
la Registraduría Nacional del Estado Civil». La expresión resaltada fue declarada
exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-279 de 1996.

19. La Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado expidió la
sentencia del 2 de septiembre de 20197 en la que fijó algunas pautas en torno al alcance
de lo dispuesto en dicha norma:

1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y
pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima
especial sólo constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación.

2. Todos los beneficiaros de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 14
de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría entre
otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del salario
básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo
fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente

3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere
el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de
la Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el
100 % de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del
30 % que había sido excluido a título de prima especial. [Se destaca]

4. Los demás beneficiarlos de la prima especial de servicios que no estén sometidos a
límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje máximo
fijado por el Gobierno Nacional.

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de
servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación
administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás,
de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.

[…]
8. La sentencia de unificación que hoy se adopta no implica que se está variando o
modificando el régimen salarial y prestacional de los servidores beneficiaros de la prima

7 Radicación 41001 23 33 000 2016 00041 02, número interno 2204-2018.

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Radicación: 85001 23 33 000 2015 00009 02 (2887-2019)
Demandante: Rafael Nevardo Sánchez Gómez

especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992- jueces, magistrados y otros
funcionarios-, en la medida en que en ningún caso se superar los porcentajes máximos
o topes fijados por el Gobierno Nacional. [Negrilla original]

20. En sentencia del 9 de abril de 2024 la Sala de Conjueces de la Sección Segunda
del Consejo de Estado declaró la nulidad de los artículos 6º del Decreto 658 de 2008, 8º
de los Decretos 723 de 2009, 1388 de 2010, 1039 de 2011, 0874 de 2012, 1024 de 2013,
194 de 2014, 9 del Decreto 657 de 2008, 4 de los Decretos 722 de 2009, 1405 de 2010,
1041 de 2011, 848 de 2012, 1034 de 2013, 204 de 2014, 1105 de 2015, 234 de 2016,
1003 de 2017 y del 338 de 2018. En dicha providencia se fijaron sus efectos en los
siguientes términos:

Para precisar los efectos de esta sentencia se atenderá que la nulidad que se declara no
implica que la prima especial sin carácter salarial del 30% de la remuneración mensual de los
servidores públicos beneficiarios, desaparece del mundo jurídico, sino que, tal como se
desprende de la motivación plasmada en esta sentencia, ese porcentaje no puede ser
deducido del salario, sin que en ningún caso pueda ser inferior, a la luz de la norma legal,
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.8

21. La anterior es la postura jurisprudencial imperante sobre esa materia.

Caso concreto.

22. En el presente caso, el señor Rafael Nevardo Sánchez Gómez acreditó9 que laboró
como juez promiscuo municipal de Chámeza (Casanare) entre el 1.º de febrero y el 30
de noviembre de 2009, como juez municipal de infancia y adolescencia entre el 1.º de
diciembre de 2009 y el 28 de febrero de 2010 y como juez tercero penal del circuito de
Yopal entre el 1.º de marzo de 2010 y el 31 de diciembre de 2013, fecha para la cual se
encontraba activo en el servicio. Dentro de su asignación mensual se reconoció el salario
básico y la prima especial, razón por la cual formuló petición del 6 de diciembre de 2013
en la que reclamó el reconocimiento y pago de la prima especial equivalente al 30% de
su remuneración mensual agregándola al salario y sin restarle el carácter salarial para
efectos prestacionales, reliquidar y pagar las diferencias de sus prestaciones sociales y
reconocer intereses moratorios e indexación a que hubiere lugar, lo que dio origen a los
actos administrativos demandados.

23. Pues bien, para resolver los planteamientos concretos formulados en el recurso de
apelación es preciso indicar que el primero de ellos se centró en cuestionar el hecho de
que el a quo no consideró que desde su creación la prima en mención carece de carácter
salarial y que la disposición al respecto fue declarada exequible por la Corte
Constitucional. Al respecto, se observa que la interpretación realizada por el Tribunal
Administrativo del Casanare se orientó a atender los criterios jurisprudenciales que se

8 Cita propia del texto transcrito: «Este mismo alcance dio el Consejo Estado a la nulidad declarada en las

sentencias proferidas por la Sección Segunda el 2 de abril de 2009 y el 29 abril de 2014, en los expedientes
Radicados 11001-03-25-000-2007-00098- 00 (1831-07) y 11001-03-25-000-2007-00087-00(1686-07),
respectivamente.»
9 Documentos anexos a la demanda, índice 3 de Samai, gestión en otras corporaciones.

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Radicación: 85001 23 33 000 2015 00009 02 (2887-2019)
Demandante: Rafael Nevardo Sánchez Gómez

han emitido en materia de prima especial, que atienden principios de progresividad y
favorabilidad en materia salarial, efecto para el cual consideró viable ordenar la inclusión
de la prima especial en la base de liquidación de las prestaciones percibidas por el actor,
aplicando la prescripción que corresponde respecto de cada una de ellas.

24. Adicionalmente, en relación con la expresa previsión del artículo 14 de la Ley 4.ª
de 1992 consideró lo siguiente:
Como se observa, efectivamente la connotación inicial dada por el legislador a la prima
especial de que trata la ley 4 de 1992, artículo 14, fue “sin carácter salarial”, la que fue
parcialmente modificada por la ley 332 de 1996 y aclarada a su vez por la ley 446 de 1998, en
el sentido de otorgarle a dicha prima un “carácter salarial únicamente para efectos de la
liquidación de la pensión de jubilación”.
En el año 2003, la Corte Constitucional en sentencia C-681-03 declaro inexequible el término
“sin carácter salarial” previsto en el artículo 15 de la ley 4 de 1992, indicando que la prima
especial de servicios constituirá factor de salario solo para cotización y liquidación de la
pensión de jubilación de acuerdo con las normas nacionales vigentes que reglan el régimen
prestacional de los funcionarios allí relacionados.
[…]
Ahora bien, se observa igualmente que el Consejo de Estado en su oportunidad y al realizar
el análisis de los Decretos que establecían el régimen salarial y prestacional luego de la
expedición de la ley 4 de 1992, declaro la nulidad de los artículos relacionados con la prima
sin carácter salarial, a través de varios fallos10. Así, por ejemplo, en sentencia del 14 de febrero
de 2002 declaro (sic) la nulidad del artículo 7 del Decreto 38 de 1999 al considerar que la prima
especial del 30% constituía salario; y en sentencia del 15 de abril de 2004 al declarar la nulidad
del Decreto 2743 de 2000, variando su posición, considero que la prima especial del 30% era
un sobresueldo y solo hasta el año 2009, a través de sentencia11, el Consejo de estado decidió
rectificar su línea jurisprudencial indicando que cuando se habla de dicha prestación, debe
entenderse como un fenómeno remunerativo de carácter adicional.
[…]
En los fallos emanados del Consejo de Estado, ya citados, se determinó que la referida prima
especial, contenida en el Art. 14 de la ley 4 de 1992, debe considerarse como un aumento
salarial, es decir, es salario en sí misma y por ende debe tenerse en cuenta como base
liquidatoria de las prestaciones devengadas; quedando, en consecuencia, relevado de
trascendencia si se considera factor salarial o no, ya que por el hecho de ser considerada
salario en si misma debe ser incluida para la liquidación de prestaciones de los servidores
beneficiarios de ella.12

25. La transcripción que antecede desvirtúa el planteamiento de la entidad recurrente,
pues en la sentencia apelada sí se analizó que, desde su origen, la ley establecía que la
prima especial carecía de carácter salarial; sin embargo, producto del recuento
jurisprudencial citado en dicha providencia se concluía que debía considerarse salario
para todos los efectos incluyendo los prestacionales y bajo esa óptica se accedió a las

10 Cita propia del texto transcrito «Sentencia del 15 de abril de 2004 (Rad. 712-02), sección segunda;

Sentencia del 03 de marzo de 2005, Expediente 17021-2005 C.P. Dra. Ana María Playa; Sentencia del 13
de septiembre de 2007, Expediente 0478-03 C.P. Dr. Alejandro Ordoñez Maldonado»
11
Cita propia del texto transcrito «Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia del 2 de abril de 2009, Rad. No. 11001-03-25-000-2007-00098-00 (1831-07), C.P.,
Dr. Aranguren Gustavo Eduardo Gómez»
12 Comillas y cursivas propias del original. De igual manera, la transcripción incluye posibles errores de

redacción, ortográficos y demás, incluso en lo indicado en los pies de página.

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Radicación: 85001 23 33 000 2015 00009 02 (2887-2019)
Demandante: Rafael Nevardo Sánchez Gómez

pretensiones de la demanda.

26. Ahora bien, en lo que respecta al segundo reparo formulado por la entidad, según
el cual la Constitución Política le confirió libertad al legislador para establecer que
determinadas prestaciones se liquidan con un monto diferente a la totalidad del salario,
la Sala se debe remitir al criterio imperante emanado de la Sala de Conjueces de la
Sección Segunda y transcrito con antelación, según el cual «los funcionarios beneficiarios
de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la
Rama Judicial o de la Fiscalía General de la Nación) tienen derecho a la reliquidación de
las prestaciones sociales sobre el 100 % de su salario básico y/o asignación básica» y
que para definir tal criterio se consideró que obedecía a «darle primicia a la progresividad
del ingreso, a la interpretación más favorable al trabajador y a la equidad y a la nivelación
en el ingreso». En tal sentido, se debe confirmar la sentencia de primera instancia que
consideró la mentada prima como integrante del salario y la ordenó tener en cuenta para
efectos de la liquidación prestacional reclamada, pues va en línea con el criterio
jurisprudencial que se ha definido en esa materia.

Condena en costas.

27. El artículo 188 del CPACA, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021,
establece que la sentencia debe disponer sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil (hoy Código
General del Proceso)13; y que, en todo caso, la condena al respecto se impondrá «cuando
se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal».

28. Al revisar el caso concreto, se considera que el recurso de apelación no se aprecia
como huérfano de fundamento legal, por lo que resulta improcedente la condena en
costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE

PRIMERO. Declarar fundado el impedimento que manifestó el magistrado Luis Eduardo
Mesa Nieves, consejero de Estado de la Sección Segunda de esta corporación. En
consecuencia, se le separa del conocimiento del presente asunto.

SEGUNDO. ACATAR la orden de tutela impartida por la Sala de Conjueces de la Sección
Tercera del Consejo de Estado en el fallo del 26 de junio de 2024.

13 Al respecto, el artículo 365 de la norma citada establece: «1. Se condenará en costas a la parte vencida

en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja,
súplica, anulación o revisión que haya propuesto.» [Se destaca]

9

Radicación: 85001 23 33 000 2015 00009 02 (2887-2019)
Demandante: Rafael Nevardo Sánchez Gómez

TERCERO. CONFIRMAR la sentencia expedida el 5 de febrero de 2019, por el Tribunal
Administrativo de Casanare, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

CUARTO. Sin condena en costas en segunda instancia.

QUINTO. En firme esta sentencia, realizar las anotaciones correspondientes y devolver
el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

Con aclaración de voto
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

Con impedimento
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados que integran la
Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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