Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 85001-23-33-000-2016-00014-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 85001-23-33-000-2016-00014-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 85001-23-33-000-2016-00014-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
2 de octubre de 2025
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Radicado: 85001 2333 000 2016 00014 01
Demandante: Andrey Felipe Mendoza Leal
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES (E)
Bogotá D.C., dos (2) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD
Radicación: 85001 2333 000 2016 00014 01
Demandante: Andrey Felipe Mendoza Leal
Demandado: Contraloría Departamental de Casanare
Tercero vinculado: Carmenza Motta Rodríguez
Tema: Es nulo por falta de competencia el acto administrativo que es
expedido por quien fue elegido contralor departamental, una vez
finalizado su período institucional.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la tercera interesada,
la señora Carmenza Motta Rodríguez, contra la sentencia de 26 de octubre de
2016 proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, mediante la cual
negó las pretensiones de la demanda.
I.- ANTECEDENTES
1.1. La demanda
En ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 137 del C.P.A.C.A.,
el ciudadano Andrey Felipe Mendoza Leal, actuando en nombre propio,
demandó a la Contraloría Departamental del Casanare, con el objeto de que
se accediera a las siguientes:
1.1.1. Pretensiones
“Se declare nulo absolutamente el Acto Administrativo Resolución no 002 de
enero 06 de 2016, proferida por la ciudadana CARMENZA MOTTA RODRIGUEZ
en funciones de Contralora Departamental de Casanare, sin que tuviera
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Demandante: Andrey Felipe Mendoza Leal
competencia para ello por haber fenecido el 31 de diciembre de 2015, su período
institucional.
2ª. Se declaren nula absolutamente todas las decisiones o actuaciones
administrativas que se haya tomado con base o apoyados en dicho acto
(Resolución 002 de Enero 06 de 2016), por parte del ciudadano FLADY
ALEXANDER SIERRA ACOSTA o por quien el haya delegado.
3ª. SE compulsen copias para efectos disciplinarios y penales a las entidades
pertinentes, a fin que se investigue la conducta de la Dra. CARMENZA MOTTA
RODRIGUEZ ex contralora Departamental de Casanare y de FLADY ALEXANDER
SIERRA ACOSTA en su calidad de Vice contralor del Departamento de Casanare
código 025, grado 02 […]”1 (Negrita y subrayas texto original)
1.1.2. El acto acusado
En este proceso se pretende la nulidad de la Resolución número 002 de 6 de
enero de 2016 expedida por la Contralora Departamental de Casanare, la cual
dispuso lo siguiente:
“Por medio de la cual se asume la representación legal de este Organismo de
Control y se dictan otras disposiciones”.
“LA CONTRALORA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
En ejercicio de sus facultades Constitucionales, legales y en especial las
conferidas mediante la Ley 330 de 1996, y
CONSIDERANDO:
Que la doctora Carmenza Motta Rodríguez, identificada con cédula de
ciudadanía […], fue designada y tomó posesión como Contralora del
Departamento para la vigencia 2012-2015, con acta No. 004 del 10 de enero
de 2012, proferida por la Honorable Asamblea Departamental.
Que la Ley 330 de 1996, establece en su artículo quinto (5) que los contralores
departamentales serán elegidos para un período igual al del gobernador y en
ningún caso, el contralor podrá continuar en el ejercicio de sus funciones al
vencimiento del mismo.
Que de acuerdo al concepto emitido por la oficina jurídica del Ministerio del
Interior referenciado con el No. OFI 15-000045018-04IJ-1400, el período
constitucional del contralor departamental de Casanare culmina el nueve (9)
de enero de 2016.
1
Cuaderno principal, folios 1 y 2.
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Demandante: Andrey Felipe Mendoza Leal
Que a la fecha la Honorable Asamblea Departamental de Casanare no ha
comunicado la designación de contralor en propiedad.
Que el artículo quinto (5) de la Ley 330 de 1996 establece que en el evento
de no haberse designado contralor en propiedad, lo reemplazará el funcionario
que le siga en jerarquía.
Que la Honorable Asamblea Departamental, mediante Ordenanza No. 022 del
16 de diciembre de 2005, dicta normas relacionadas con la organización y
funcionamiento de la Contraloría Departamental de Casanare, y se crea el
cargo de vicecontralor.
Que mediante Resolución No. 236 del 25 de junio de 2012, se ajustó y
modificó el manual específico de funciones y de competencias laborales de la
planta de personal de la Contraloría Departamental, en el cual se ratifica la
existencia del cargo de vicecontralor del Departamento.
Que el doctor Flady Alexander Sierra Acosta, identificado con cédula de
ciudadanía […], fue nombrado en el cargo de vicecontralor, código 025, grado
02, mediante resolución No 036 de 2012, quien lo ejerce en propiedad desde
el primero (1) de febrero de 2012.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Asúmase la representación legal de la Contraloría
Departamental de Casanare por el vicecontralor del
Departamento de acuerdo a la Ley.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordénese la entrega de los asuntos, recursos
públicos y elementos devolutivos a cargo del titular,
así como el acta de informe gestión según Ley 951
de 2005, a quien asume la representación legal de
la Entidad.
ARTÍCULO TERCERO: Compúlsese copia del presente proveído a la
Honorable Asamblea Departamental de Casanare.
ARTÍCULO CUARTO: La presente rige a partir del diez (10) de enero de
2016.
Dada en Yopal, el seis 6 de enero de 2016”. (Negrita texto original)
1.1.3. Fundamentos de hecho
La parte actora afirma que la ciudadana Carmenza Motta Rodríguez fue
elegida contralora del departamento de Casanare para el período 2012-2015,
tomando posesión de su cargo el día 10 de enero de 2012.
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Asegura que el período institucional de la ciudadana Motta Rodríguez culminó
el día 31 de diciembre de 2015 conforme la Ley 330 de 1996 y la sentencia
C-060 de 1998; sin embargo, siguió fungiendo como contralora
departamental de Casanare, es decir, usurpando funciones públicas o
ejerciéndolas aún después de haber expirado su período, ya que, en esa
actividad posterior al 31 de diciembre de 2015, expidió el acto demandado,
esto es, la Resolución 002 de enero 06 de 2016.
Señala que a la fecha de presentación de la demanda la citada resolución no
había sido publicada en algún medio oficial, pero se encuentra en ejecución
desde el 10 de enero de 2016.
1.1.4. Normas violadas y concepto de la violación.
En opinión del demandante los actos acusados infringen los artículos 6°, 13,
29, 83, 122, 272 y 303 de la Constitución Política; 137 de la Ley 1437 de
2011 y 5 de la Ley 330 de 1996, además de que desconoce lo dispuesto en
la sentencia C-060 de 1998.
Indica que se trasgrede el artículo 5 de la Ley 330 de 1996 que prevé que
los contralores departamentales no podrán continuar en el ejercicio de sus
funciones una vez vencido su período. Afirma que el período de 4 años por
parte del contralor departamental es de carácter institucional y no personal
y el hecho que se otorgue a las Asambleas Departamentales el término de
10 días en el mes de enero para realizar su elección, en modo alguno
significa que se extiende a esos 10 días la competencia del funcionario que
venía ejerciendo tal función.
Precisa que, de acuerdo con la sentencia C-060 de 1998, el período del
contralor departamental es institucional y no personal y que efectivamente
es de 4 años mediante el reemplazo por parte del funcionario que le sigue
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en jerarquía, impidiéndole continuar después de haber ejercido sus
atribuciones durante el tiempo para el cual fue elegido.
Resalta que de acuerdo con la citada jurisprudencia siempre habrá un
contralor en ejercicio durante 4 años y si la Asamblea de Casanare como
ocurre ahora, por orden de un juez de constitucionalidad a la fecha aún no
ha realizado tal elección, ello no quiere decir que no exista contralor, pues
justamente esa es la previsión del artículo 5° de la ley 330, al decir quien lo
reemplazara durante ese tiempo.
Reitera que el período de los alcaldes y gobernadores es institucional y por
4 años y los que iniciaron en enero de 2016, termina el 31 de diciembre de
2019, sin importar en qué fecha se posesionaron.
1.2. Contestación de la demanda.
1.2.1. La Contraloría Departamental de Casanare contestó la demanda
afirmando que está de acuerdo con la declaratoria de nulidad del acto
acusado. Alegó la ineptitud de la demanda por cuanto, de un lado, no se
individualizaron con precisión los actos administrativos acusados y, de otro,
compulsar copias no es una pretensión propia del medio de control, sino un
deber legal de todo servidor público e incluso de todo ciudadano.
Indicó que no existe norma que autorice ni que justifique que pese haber
terminado el período institucional, el contralor departamental siga
ejerciendo el cargo hasta tanto no emita un acto administrativo encargando
la representación de la entidad en el servidor que le sigue en jerarquía, pues
la asunción del cargo en el citado empleado opera por mandato legal.
1.2.2. La señora Carmenza Motta Rodríguez, en su calidad de tercera
interesada, contestó la demanda y se opuso a las pretensiones, con
fundamento en las siguientes razones de defensa:
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Indicó que no es cierto que el acto demandado se haya expedido sin
competencia, pues su período constitucional como contralora culminó el 9 de
enero de 2016, dado que se posesionó el 10 de enero de 2012, lo que significa
que tampoco es verdad que del 1 de enero al 9 de enero de 2016 no hubiese
existido contralor.
Afirmó que la sentencia a la que hizo referencia el demandante, C-060 de
1998, indica que el período expira exactamente a los 3 años de producido el
correspondiente acto de posesión.
Precisó que el período de los contralores, gobernadores y alcaldes de acuerdo
con la Constitución y las leyes es el mismo y corresponde a un período de 4
años, aunque no inicien en el mismo día y no concluyan coetáneamente, como
lo ha afirmado la Corte Constitucional. Para sustentar sus consideraciones citó
las sentencias C-060 de 1998, C-107 de 1995, C-457 de 1998 y C-166 de
2014.
II. LA SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo de Casanare, mediante sentencia de 26 de octubre
de 20162, declaró la nulidad de la Resolución 002 de 2016, con fundamento
en las siguientes consideraciones3:
Después de hacer un recuento jurisprudencial señaló que según el artículo
272 de la Constitución los contralores departamentales son elegidos por el
mismo período que los gobernadores, quienes tienen período institucional, por
lo que el período de los contralores tiene igual naturaleza. Indicó que la
2
Folios 103 a 108.
3
En audiencia inicial celebrada el 29 de septiembre de 2016, se declaró prospera
parcialmente la excepción de inepta demanda, en razón a que no se individualizaron los
actos demandados contenidos en la segunda pretensión, únicamente se individualizó la
Resolución 02 de 2016, por lo que al fijar el litigio lo limitó a “determinar si hay lugar a no
a declarar la nulidad de la Resolución 002 del 6 de enero de 2016 proferida por la ciudadana
Carmenza Motta Rodríguez, mientras se desempeñó como contralora departamental de
Casanare“.
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tensión jurisprudencial sobre si el período era institucional o personal quedó
superada por el mandato del constituyente (AL. 01 de 2003), pues en esa
reforma no se hizo distinción alguna entre elección y elección popular, luego
la primera definió el género del que hace parte la segunda, que es una de las
especies: esto es, todos los cargos de elección, sea cual fuere el mecanismo,
se tornaron de período fijo institucional, con fecha cierta de iniciación y de
terminación, que para el caso, por la coincidencia que la Carta ordena entre
el de gobernador y el de contralor departamental, no puede depender del día
de la posesión, sino del respectivo período definido directamente por la
Constitución.
Manifestó que teniendo en cuenta que la ciudadana Carmenza Motta
Rodríguez fue designada contralora por el período 2012 a 2015, que es el
mismo de los gobernadores, su período institucional culminó el 31 de
diciembre de 2015 y no el 10 de enero de 2016, ya que el hecho de que la
Asamblea Departamental de Casanare la haya elegido el 10 de enero de 2012,
no significa que el período de 4 años para el que fue elegida se extienda más
allá del 31 de diciembre de 2015.
Destacó que, si el acto demandado fue expedido el 6 de enero de 2016, está
viciado de nulidad por incompetencia, razón más que suficiente para declarar
la nulidad de la Resolución 002 del 6 de enero de 2016.
Agregó que no se vislumbran motivos para dar noticia judicial a las
autoridades penales y disciplinarias, además de que puede hacerlo cualquier
ciudadano si lo desea, incluido quien demanda, pues no constituye una
pretensión dirigida contra el demandado, ni de esa opción lo priva la ejecutoria
de la sentencia4.
4
En la sentencia de primera instancia, en el ordinal segundo del resuelve, se indicó que en
lo que se refiere a las demás pretensiones de la demanda, estese a lo resuelto en la
audiencia inicial. En esta audiencia se declaró próspera parcialmente la excepción de inepta
demanda, en cuanto que se consideró que le asistía razón a la Contraloría Departamental
de Casanare, en cuento que es un deber legal de todo ciudadano denunciar los hechos
punibles y las faltas disciplinarias de que tenga conocimiento, sin perjuicio del deber legal
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III.- EL RECURSO DE APELACIÓN
La señora Carmenza Motta Rodríguez, en su calidad de tercera interesada,
interpuso recurso de apelación con el fin de que se revoque la sentencia de
primera instancia y, en su lugar, se nieguen las pretensiones de la demanda.
Manifiesta que la carencia de una fecha exacta de inicio del período del
contralor da a entender que el citado período comienza en el momento en
que el elegido toma posesión. Indica que la Asamblea Departamental por
ley tiene un plazo de elegir al contralor dentro de los 10 primeros días al
inicio de período del gobernador, pero ello no significa que el período inicie
el 1° de enero, sino que dicho período inicia cuando el elegido asume el
cargo, esto es, cuando se posesiona. Asegura que no se puede entender que
el período del contralor es el mismo del gobernador, en cuanto al momento
del inicio y finalización, únicamente en el equivalente en años.
IV.- TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
4.1. Mediante auto de 12 de mayo de 20175, el despacho sustanciador del
Consejo de Estado admitió el recurso de apelación formulado por la tercera
interesada.
4.2. Por medio de providencia de 18 de septiembre de 20176, se ordenó
correr traslado a las partes para que aleguen de conclusión, término dentro
del cual la Contraloría Departamental de Casanare7 y la tercera
interviniente8 presentaron escritos reiterando sus posiciones.
4.3. El Ministerio Público guardó silencio.
de los servidores públicos de dar noticia a los entes de control cuando encuentren que hay
elementos para ello.
5
Cuaderno de segunda instancia, folio 4.
6
Ibidem, folio 11.
7
Ibidem, folio 18.
8
Ibidem, folio 21 a 23.
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V.- CONSIDERACIONES
5.1. El a quo declaró la nulidad por falta de competencia, al estimar que para
la fecha en que se expidió el acto demandado, 6 de enero de 2016, la señora
Carmenza Motta Rodríguez ya había finalizado su período como contralora
departamental de Casanare, por lo que no podía suscribir el acto censurado.
Precisó que los contralores departamentales tienen período institucional al
igual que los gobernadores, por lo que éste no depende del día de la posesión,
sino del período definido directamente por la Constitución.
La señora Carmenza Motta Rodríguez, en calidad de tercera interviniente,
impugnó la anterior decisión, al considerar que, al no existir fecha exacta de
inicio del período del contralor, dicho período comienza con la posesión.
Asegura que el período del contralor es igual al del gobernador en cuanto al
equivalente en años, pero no respecto del momento de inicio y finalización.
5.2. En el anterior contexto le corresponde a la Sala establecer, en primer
lugar, la naturaleza del período de los contralores departamentales y, una
vez aclarado lo anterior, determinar si el acto demandado es nulo por falta
de competencia.
5.3. Para resolver el presente recurso, es preciso citar el artículo 272
constitucional9, que establece que las asambleas departamentales deberán
elegir el contralor para un período igual al del gobernador, en los siguientes
términos:
“Artículo 272. La vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos
y municipios donde haya contralorías, corresponde a éstas y se ejercerá en
forma posterior y selectiva.
La de los municipios incumbe a las contralorías departamentales, salvo lo que
la ley determine respecto de contralorías municipales.
Corresponde a las asambleas y a los concejos distritales y municipales organizar
9
Artículo 272 de la Constitución Política vigente para la época de los hechos.
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las respectivas contralorías como entidades técnicas dotadas de autonomía
administrativa y presupuestal.
Igualmente les corresponde elegir contralor para período igual al del
gobernador o alcalde, según el caso, de ternas integradas con dos
candidatos presentados por el tribunal superior de distrito judicial y uno por el
correspondiente tribunal de lo contencioso administrativo.
Ningún contralor podrá ser reelegido para el período inmediato.
[…]”. (Subrayas y negrita fuera del texto original)
La Ley 330 de 1995, “Por la cual se desarrolla parcialmente el artículo 308 de
la Constitución Política y se dictan otras disposiciones relativas a las
Contralorías Departamentales”, en su artículo 5, reitera que los contralores
departamentales serán elegidos para un período igual al del Gobernador. En
efecto, dicha disposición señala:
“Artículo 5º. Período, reelección y calidades. Los Contralores
Departamentales serán elegidos para un período igual al del
Gobernador. En ningún caso el Contralor será reelegido para el período
inmediato ni podrá continuar en el ejercicio de sus funciones al vencimiento del
mismo. En este evento lo reemplazará el funcionario que le siga en
jerarquía. […]” (Subrayas y negrita fuera del texto original)
A su turno, el artículo 303 Superior, modificado por el artículo 1 del Acto
Legislativo 2 de 2002, amplió de 3 a 4 años el período de los gobernadores e
indicó que dicho período es de carácter institucional, como se lee de la citada
norma:
“Artículo 303. En cada uno de los departamentos habrá un Gobernador que
será jefe de la administración seccional y representante legal del departamento;
el gobernador será agente del Presidente de la República para el mantenimiento
del orden público y para la ejecución de la política económica general, así como
para aquellos asuntos que mediante convenios la Nación acuerde con el
departamento. Los gobernadores serán elegidos popularmente para
períodos institucionales de cuatro (4) años y no podrán ser reelegidos para
el período siguiente. […]” (Subrayas y negrita fuera del texto original)
Ahora bien, con ocasión de la ampliación en el período de los gobernadores,
el Acto Legislativo 2 de 2002 en su artículo 7 incluyó un artículo transitorio
para efectos de indicar el inicio de los períodos institucionales tanto de los
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alcaldes como de los gobernadores:
“Artículo Transitorio Todos los Alcaldes y Gobernadores que inicien sus
períodos entre la vigencia del presente Acto Legislativo y el 31 de diciembre del
año 2003, ejercerán sus funciones por un período equivalente a la mitad del
tiempo que haga falta para llegar al 31 de diciembre del año 2007. Sus
sucesores se elegirán para un período que terminará el mismo 31 de diciembre
del año 2007.
Todos los Gobernadores y Alcaldes elegidos con posterioridad al 29 de octubre
del año 2000 y antes de la vigencia del presente acto legislativo, ejercerán sus
funciones por un período de tres años. Sus sucesores se elegirán para un
período que termina el 31 de diciembre de año 2007.
En todo caso, el último domingo del mes de octubre del año 2007, se
elegirán alcaldes y Gobernadores para todos los Municipios, Distritos y
Departamentos del país, para períodos institucionales de cuatro años,
que se iniciarán el 1o. de enero del año 2008.
El período de cuatro años de los miembros de las Asambleas
Departamentales, Concejos Distritales y Municipales y Ediles se iniciará
el 1o. de enero del año 2004.”
De otro lado, el parágrafo del artículo 125 de la Constitución Política,
adicionado por el artículo 6 del Acto Legislativo 1 de 2003, estableció que
los períodos de quienes son elegidos para cargos de elección tienen un
carácter institucional, en los siguientes términos:
“[…] Los períodos establecidos en la Constitución Política o en la ley
para cargos de elección tienen el carácter de institucionales. Quienes
sean designados o elegidos para ocupar tales cargos, en reemplazo por falta
absoluta de su titular, lo harán por el resto del período para el cual este fue
elegido”. (Subrayas y negrita fuera del texto original)
Sobre la naturaleza institucional en el período de los contralores
departamentales la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación,
indicó lo siguiente10:
“El contralor así elegido lo será por el resto del período constitucional. La Carta
Política, al formalizar que el período de los contralores territoriales será
“igual al del gobernador o alcalde”, sigue la regla general sobre período
institucional. El término de duración es de tres años y la fecha de
iniciación la señala la ley; así, quien resulte elegido en desarrollo de un
período en curso, deberá concluirlo.
10
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto de 31 de julio de 1997,
radicado número 1010, C.P. Javier Henao Hidrón.
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Radicado: 85001 2333 000 2016 00014 01
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[…]
6. El período del contralor departamental es institucional y no
individual. Su duración es de tres años a partir de la fecha de su posesión, acto
que debe producirse dentro de la semana siguiente a la posesión del respectivo
gobernador, elegido por el voto popular directo de los ciudadanos del
departamento. Por eso, en el evento de falta absoluta, el nuevo contralor
no adquiere el derecho a comenzar un período de tres años, sino a
completar o agotar el período del elegido en propiedad por la asamblea
dentro de los primeros diez días del mes correspondiente al primer año de
sesiones. […]” (Subrayas y negrita fuera del texto original)
Ahora bien, con relación a la diferencia entre un período institucional y uno
individual la Sala de Consulta y Servicio Civil11 ha señalado que el período
institucional tiene una duración fija en meses, años o en cualquier otra unidad
de tiempo, con fechas de inicio y finalización previamente establecidas, ya sea
porque están indicadas de manera determinada y expresa en una norma
constitucional o legal, o bien porque sean determinables, a partir de lo previsto
en disposiciones de la misma índole, mientras que el período denominado
“personal, subjetivo o individual” se caracteriza porque las fechas de inicio y
terminación no han sido definidas en la Constitución o en la ley, y tampoco
resultan determinables, de tal manera que la fecha de finalización del período
de cada servidor público que ocupa uno de estos cargos está dada por la fecha
en la que dicha persona toma posesión de su empleo.
Adicionalmente, esta misma Sala12 ha destacado las principales consecuencias
de los períodos de naturaleza institucional, en los siguientes términos:
“[…] LAS CONSECUENCIAS DE QUE UN PERÍODO SEA INSTITUCIONAL Y
NO PERSONAL
Sea lo primero señalar que en el caso de los cargos que tienen fijado un período
institucional, el tiempo de inicio y de terminación de los mismos, es un elemento
objetivo del respectivo empleo, que no se ve afectado por los elementos
subjetivos o personales relacionados con el servidor público, como el
nombramiento, la posesión, la renuncia, etc. Estos últimos acompañan al
servidor que ocupa dichos cargos, pero no modifican el período institucional
11
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 2180 de 27 de enero de
2014.
12
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto de 12 de marzo de 2012,
radicado nro. 2095, C.P. William Zambrano Cetina
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Radicado: 85001 2333 000 2016 00014 01
Demandante: Andrey Felipe Mendoza Leal
como elemento objetivo que es.
Por ello, la Sala ha reiterado que la denominación de un período como
institucional significa que existe certeza del momento en que el mismo empieza
y termina13; implica también que el período es estable y perentorio de
forma que no se extiende más allá del plazo fijado para su finalización14;
y conlleva igualmente que a su vencimiento cesa la competencia del funcionario,
por lo cual éste deberá dejar el cargo15.
Igualmente se observa que el período institucional es fijo en el tiempo y que no
se ve afectado por situaciones particulares del servidor público (renuncia,
abandono, muerte, etc.); su inicio tampoco depende, se suspende o se
desplaza en razón de situaciones coyunturales como la fecha de
posesión, de designación, etc. Y tampoco vuelve a empezar por efectos de
la declaratoria de nulidad de la elección de su titular16.
En general, ninguna circunstancia tiene la entidad suficiente para
desplazar los períodos institucionales y originar fechas distintas para el
inicio y terminación de los mismos, pues ello, precisamente, acabaría
con su carácter institucional y generaría multiplicidad de períodos
atípicos en el tiempo, según las situaciones particulares de cada caso.
Así, por ejemplo, si un congresista o un alcalde o un diputado o un concejal,
toma posesión de su cargo después de iniciado su período, aún por fuerza
mayor, en todo caso cesará en sus funciones cuando el período institucional
termine. Del mismo modo si se produce su renuncia o se anula su elección,
quien haya de reemplazarlo sólo ocupará el cargo hasta que el respectivo
período finalice. Esa es una consecuencia del carácter institucional de sus
períodos.
13
Cita original. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 1743 del 08
de junio de 2006: “el carácter institucional de un período necesariamente implica la
determinación constitucional o legal de las dos fechas precisas que delimitan el plazo para
el ejercicio de la función pública asignada, es decir, la fecha de iniciación del período y la
fecha de terminación. Esto significa que la persona designada para ocupar el cargo no puede
tomar posesión antes de la fecha de inicio ni retirarse después de la fecha de terminación.”
14
Cita original. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 1860 del 06
de diciembre de 2007. M.P. Gustavo Aponte Santos.
15
Cita original. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 2032 del 29
de octubre de 2010. M.P. William Zambrano Cetina
16
Cita original. Al respecto, la Sala indicó lo siguiente en su reciente Concepto 2085 de
2011 en un asunto similar al presente: “Es generalmente aceptado que la anulación judicial
de cualquier acto administrativo tiene efectos ex tunc, esto es que abarca el origen o
nacimiento del acto que el juez retira del mundo jurídico, que conlleva la ficción de que
dicho acto administrativo nunca existió y por lo mismo no produjo ningún efecto jurídico,
por lo cual será necesario hacer lo posible para retrotraer las cosas al momento en que se
encontraban al momento en que se expidió la decisión judicialmente anulada. Esta
definición del efecto de la anulación de los actos administrativos tiene la siguiente razón de
ser: nadie puede fundar un derecho sobre una decisión contraria a derecho y tampoco debe
soportar una carga o una obligación basada en una decisión ilegal.
Sin embargo, la experiencia ha venido enseñando que en ciertas circunstancias es necesario
morigerar los efectos ex tunc de las decisiones judiciales, pues en ocasiones es imposible
volver las cosas al estado en que se encontraban antes de la decisión anulada, o también
es necesario hacer primar valores esenciales a la organización social como el de la
seguridad jurídica por encima del efecto concreto de la sentencia anulatoria”. Concepto
2085 de 2011 M.P. Enrique José Arboleda Perdomo.
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La Sala tampoco encuentra que los períodos institucionales deban moverse en
el tiempo para garantizar que su titular tenga el goce efectivo del tiempo fijado
para el período, pues en tal caso simplemente se estaría frente a períodos
personales. En ese sentido no se desconoce ningún derecho subjetivo de quien
es elegido para completar un período institucional, pues de antemano conoce el
alcance del llamado que se le hace a la función pública y, por lo mismo, cuándo
habrá de terminar su gestión. Reitera la Sala que deben diferenciarse los
elementos objetivos del empleo de aquéllos otros puramente subjetivos o
personales del servidor público, los cuales no tienen entidad suficiente para
alterar los primeros. […]” (Subrayas y negrita fuera del texto original)
De acuerdo con lo anterior, cuando un período tiene la naturaleza de
institucional, su inicio y finalización son un elemento objetivo que no se afecta
por ninguna situación, como el nombramiento, la posesión o la renuncia, así
como tampoco por la declaratoria de nulidad de la elección de su titular, ya
que, a pesar de que dichos eventos se presenten no modifican ni alteran el
período institucional, del cual siempre habrá certeza sobre cuándo empieza y
termina, en la medida en que no se extenderá más allá del plazo fijado para
su finalización.
Ahora bien, la sentencia C - 060 de 1998, al analizar la constitucionalidad de
la disposición contenida en el artículo 4 de la Ley 330 de 1996 que establece
que la elección de los contralores departamentales debe realizarse por las
Asambleas Departamentales “dentro de los primeros diez (10) días del mes
correspondiente al primer año de sesiones”, indicó que:
“[…] El procedimiento para efectuar la elección de servidores públicos y en el
caso concreto de los contralores departamentales, y la potestad para fijar la
fecha en que ella debe realizarse, corresponde al legislador, pues la Constitución
no previó tal señalamiento.
De ahí que, al establecerse en el inciso 2o. del artículo 4o. de la Ley 330
de 1996 la oportunidad dentro de la cual las asambleas deberán elegir
a los contralores departamentales, se ejerció una atribución en virtud
de la cláusula general de competencia legislativa, sin que ello
signifique, como lo deduce el actor, una modificación del período
constitucional para el desempeño de las funciones de titular del control
fiscal en el respectivo departamento. […]” (Subrayas y negrita fuera del
texto original)
En esta misma providencia se citó la Sentencia C-107 de 1995, que analizó la
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constitucionalidad de algunos apartes del artículo 158 de la Ley 136 de 1994,
en los cuales se señala que la elección de contralores municipales se efectuará
“[…] dentro de los primeros diez (10) días del mes de enero respectivo por el
concejo [...]”, para indicar que las consideraciones realizadas en dicha
oportunidad eran aplicables en el caso de la elección de los contralores
departamentales así:
“En efecto, en dicho fallo la Corte se pronunció en los siguientes términos:
[…]
A ello debe añadirse que la enunciada igualación de los períodos no
consiste en la milimétrica coincidencia en la fecha de toma de posesión
de los correspondientes funcionarios, sino en la proporción -que ha de
buscarse hasta donde sea posible sin que pueda pretenderse
obligatoria y absoluta- entre el tiempo de gestión administrativa de los
gobernadores y alcaldes y quienes ejercen sobre ellos la función de
control fiscal.
A ese propósito, que surge del artículo 272 de la Constitución, no se opone
la diferencia de días, que tanto molesta al demandante, entre la fecha
de posesión de los mandatarios seccionales y locales y la de sus
respectivos contralores, pues ella no rompe la identidad entre los
períodos […].” (Subrayas y negrita fuera del texto original)
En consecuencia, es claro que el contralor departamental es elegido por un
período igual al del gobernador, cargo que al ser de elección por parte de la
Asamblea Departamental tiene una naturaleza institucional, lo que significa
que su fecha de inicio y en especial la de terminación está determinada, por
el período del Gobernador.
En armonía con lo anterior, resulta pertinente traer a colación lo señalado por
la Sección Quinta del Consejo de Estado en providencia del 24 de abril de
2025, en la que se analizó el carácter institucional de los períodos17. En dicha
decisión se recordó la jurisprudencia de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, concretamente la sentencia del 23 de mayo de 2017, que
17
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 24 de abril de 2025, Exp. 11001-03-
28-000-2024-00174-00, C.P. Omar Joaquín Barreto Suárez.
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abordó tal aspecto18. Esta línea jurisprudencial reafirma que el período del
contralor tiene una naturaleza estrictamente institucional y que, en ningún
caso, puede extenderse más allá de la fecha fijada constitucional y
legalmente, ni por la demora en la elección ni por la realización de actos
posteriores a su vencimiento.
En el asunto bajo estudio, la señora Carmenza Motta Rodríguez fue electa
como contralora departamental de Casanare para el período 2012-2015 el día
10 de enero de 2012 por la Asamblea Departamental de Casanare conforme
la certificación nro. 004-2012 del 13 de enero de 2012 expedida por el
secretario general de dicha corporación19, período que es el mismo del
gobernador. En ese orden de ideas, el período de la señora Motta Rodríguez
como contralora departamental finalizó el 31 de diciembre de 2015, teniendo
en cuenta que, como ya se explicó, una situación particular de la servidora
como fue su posesión el día 10 de enero de 2012 no afecta ni modifica el
período institucional para el cual fue elegida, tal como acertadamente se
señaló en la sentencia recurrida.
Por lo señalado, para la Sala no es acertado afirmar que el período del
contralor departamental inicia cuando el elegido asume el cargo, esto es,
cuando se posesiona, como lo asegura la recurrente.
Aclarado lo anterior y teniendo en cuenta que el acto demandado se expidió
el 6 de enero de 2016, es claro que la señora Carmenza Motta Rodríguez para
esa fecha ya no ostentaba la calidad de contralora departamental, toda vez
que su período había finalizado el 31 de diciembre de 2015, por lo que para
ese momento había cesado su competencia, y, por tanto, no podía expedir
actos invocando dicha calidad.
18
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 23 de mayo
de 2017, Exp. 11001-03-28-000-2016-00025-00, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez.
19
Cuaderno Tribunal, folio 55.
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Ahora bien, dado que la competencia permite que las decisiones de la
administración se encuentren revestidas de legalidad, y que la competencia
es un presupuesto de validez del acto administrativo, le asiste razón al
Tribunal de primera instancia al declarar que el acto enjuiciado está viciado
de nulidad al haber sido expedido por un sujeto que carece de capacidad
jurídica para actuar, esto es, sin una competencia atribuida por el
ordenamiento.
En el anterior contexto, la Sala confirmará la sentencia proferida por el
Tribunal de instancia.
Finalmente, en cuanto a la solicitud de condena en costas, la Sala considera
que no hay lugar a ello como quiera que, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 188 del CPACA, en los procesos en los que se ventile un interés
público no es procedente dicha condena.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 26 de octubre de 2016 proferida
por el Tribunal Administrativo de Casanare, conforme a lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: No se condena en costas, de conformidad con las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
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TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al
Tribunal de origen.
Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado
Presidenta
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA GERMÁN EDUARDO OSORIO
ACOSTA CIFUENTES (E)
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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