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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 85001-23-33-000-2016-00015-02

Fecha
16 de julio de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 85001-23-33-000-2016-00015-02

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR los ordinales tercero, cuarto y quinto de la parte resolutiva de la sentencia de 4 de julio de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, los cuales quedarán de la siguiente manera: “[…] TERCERO: Para la protección de los precitados derechos colectivos las accionadas deberán: a. ECOPETROL S.A.: • Culminar con los requerimientos impartidos por la AGENCIA NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES y la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 55 Radicación: 85001-23-33-000-2016-00015-02 Accionantes: Luis Alejandro López Ríos y Holman Lelio Barrera Bohórquez DE LA ORINOQUÍA, en relación con el proyecto Llanos 9, dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria del presente fallo. • En el evento que las autoridades antes referidas emitan nuevos requerimientos ambientales en relación con el proyecto Llanos 9, ECOPETROL S.A. deberá acatarlos en el término que señalen las mismas. b. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES y CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUÍA: adelantar las actuaciones administrativas y judiciales a que haya lugar a fin de que ECOPETROL S.A. cumpla con los requerimientos impartidos en la ejecución del proyecto Llanos 9 y la normativa ambiental correspondiente. c. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES -ANLA y la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUÍA, en el término de 2 meses siguientes a la notificación de esta sentencia, en el marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias entregarán a ECOPETROL los lineamientos que debe contener el estudio hidrogeológico a detalle, de acuerdo con las normas que regulen la materia. Por su parte, ECOPETROL S.A., dentro de los cuatro (4) meses siguientes al cumplimiento del término anterior, presentará el estudio a las autoridades ambientales para su evaluación. La ANLA y CORPORINOQUIA, en el marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, realizarán la evaluación y autorizarán la ejecución de las acciones establecidas en el estudio […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 85001-23-33-000-2016-00015-02

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

16 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Bogotá D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses
colectivos
Número único de radicación: 85001-23-33-000-2016-00015-02
Actores: Luis Alejandro López Ríos y Holman Lelio Barrera Bohórquez
Demandados: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH, Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales – ANLA, Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía –
CORPORINOQUIA y ECOPETROL S.A.

Asunto: Resuelve unos recursos de apelación interpuestos contra la
sentencia proferida en un proceso de protección de los derechos e intereses
colectivos

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir los recursos de apelación interpuestos por la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, la Corporación
Autónoma Regional de la Orinoquía – CORPORINOQUIA, la Agencia
Nacional de Hidrocarburos – ANH y ECOPETROL S.A. contra la sentencia
de 4 de julio de 20241 proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. Los señores Luis Alejandro López Ríos y Holman Lelio Barrera
Bohórquez presentaron demanda en ejercicio de la acción popular contra

1 Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]

7ED_SentenciaPrimeraInstancia(.pdf) NroActua 2 […]”.

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Accionantes: Luis Alejandro López Ríos y Holman Lelio Barrera
Bohórquez

ECOPETROL S.A., la Nación - Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH, la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales - ANLA y la Corporación Autónoma
Regional de la Orinoquía - CORPORINOQUIA, con el objeto de que se
protejan los derechos e intereses colectivos previstos en los literales a) y c)2
del artículo 4 de la Ley 472 de 5 de agosto de 19983.

Pretensiones

2. La parte actora formuló las siguientes pretensiones4:

“[…] Solicito del Honorable Magistrado se sirva ordenar el amparo de los
siguientes derechos colectivos, que están siendo vulnerados con ocasión de
la exploración sísmica y de perforación que lleva a cabo la empresa
ECOPETROL S.A. en la estrella hídrica del cerro Zarimacote, (sic) los
acuíferos continuos de extensión local, manantiales, nacederos y aguas
subterráneas de la vereda Brito Alto del Municipio de Paz de Ariporo, y la
ronda hídrica de los ríos y caños, Guachiría, Muese, Tate, Ariporo, Aricaporo
y Chire, que vienen siendo afectados por el proyecto de Perforación
Exploratoria en el Bloque Llanos 9 y Llanos 14:

1) El goce a un ambiente sano.
2) Al manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para
garantizar su desarrollo sostenible.
3) Su restauración, su conservación o sustitución.
4) La existencia del equilibrio ecológico.
5) A la planeación ambiental para asegurar la supervivencia humana
garantizando el derecho humano al agua […]”.

Presupuestos fácticos expuestos por la parte actora

2 “[…] ARTICULO 4o. DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS. Son derechos e intereses colectivos,

entre otros, los relacionados con:
a) El goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las
disposiciones reglamentarias;
[…]
c) La existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales
para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. La conservación
de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los
ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad
relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente; […]”.
3 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el

ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
4 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]

7ED_Demanda(.pdf) NroActua 2 […]”.

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3. Señaló que la Asamblea Departamental de Casanare mediante la
Ordenanza 2 del 4 de marzo de 1998 declaró como área de reserva forestal y
natural a la estrella hidrográfica del cerro Zamaricote, ubicada en los
municipios de Paz de Ariporo, Pore y Támara, de la cual emergen corrientes
de aguas subterráneas, superficiales, acuíferos, manantiales y nacederos que
fluyen hacia las veredas La Bendición, La Mesa, Brito Alto, Brisas del
Bebedero, Muese, Labrancitas, Canalete, Gaviotas, Sabanetas, Las
Barrancas y La Esperanza.

4. Afirmó que la ANH adjudicó la exploración y producción del Bloque
Llanos 9 a ECOPETROL S.A. con la cual celebró el contrato de exploración y
producción 41 de 2009, modificado el 6 de enero de 2011 y el 30 de abril de
2012.

5. Sostuvo que el 11 de diciembre de 2012, ECOPETROL S.A. radicó
solicitud de licencia ambiental para el “Área de Perforación Exploratoria Llanos
9”, en los municipios de Pore, Paz de Ariporo y Hato Corozal, y presentó ante
la ANLA el correspondiente estudio de impacto ambiental, teniendo en cuenta
las subcuencas y microcuencas hidrográficas, identificando ecosistemas
acuáticos y su importancia en la zona, entre ellos, la gran cuenca del río
Orinoco, que acoge la cuenca del río Meta, de la cual hacen parte los ríos
Casanare y Guachiría.

6. Precisó que ECOPETROL S.A. para la ejecución del programa de
prospección sísmica Llanos 9 contrató los servicios de la sociedad Servicios
Geofísicos Globales de Colombia, la que causó daños por la construcción de
vías internas de las locaciones y accesos del proyecto.

7. Aseguró que CORPORINOQUIA realizó visitas de control y
seguimiento ambiental e inició procesos sancionatorios ambientales contra los
operadores del proyecto “Área de Perforación Exploratoria Llanos 9”, al
constatar que ECOPETROL S.A., a través del contratista Servicios Geofísicos
Globales de Colombia, incumplió el proceso de restauración ambiental

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generando afectación a la zona de acuíferos y contaminación ante la
proximidad con la superficie.

8. Refirió que la ANLA mediante la Resolución 2359 del 17 de junio de
2015, determinó los daños ambientales causados con el proyecto “Llanos 9”
tales como la intervención de nacederos y manantiales generando deterioro
parcial y total de fuentes hídricas, y la construcción de la vía de acceso a la
plataforma Muergana Sur sentido Yopal - Paz de Ariporo a la altura del
kilómetro 84+600 metros sin contar con autorización ni estudios de impacto
ambiental.

9. Finalmente, afirmó que la ANLA expidió la licencia ambiental mediante
la Resolución 179 del 27 de febrero de 2014 de manera laxa y
condescendiente con los planes de manejo ambiental de mitigación,
corrección y compensación que no redimen los daños que se ocasionaron en
el área de influencia, obviando las recomendaciones y conceptos técnicos de
CORPORINOQUIA en los que se refería a la vereda Brito Alto del Municipio
de Paz de Ariporo como un área ambientalmente sensible en la que no se
debió realizar la actividad sísmica.5

Contestaciones de la demanda

10. CORPORINOQUIA presentó escrito de 17 de julio de 20186, en el que
se opuso a las pretensiones de la demanda, señaló que no hay omisión en el
cumplimiento de sus funciones y que la responsabilidad recae en
ECOPETROL S.A. quien debe responder por los perjuicios generados bajo la
supervisión de la ANLA.

11. ECOPETROL S. A. presentó escrito de 18 de julio de 20187 en el que
se opuso a las pretensiones de la demanda, señaló que el Bloque Llanos 9 se

5
Cfr. Índice 1 del Sistema de Gestión Judicial de SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
5_Radicación del proceso_02-Demanda.pdf(.PDF) NroActua 1 […]”
6 Cfr. Índice 16 del Sistema de Gestión Judicial de SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado:

“[…] 7 32_RECIBE MEMORIALES_21-Contesta Corporinoquia .PDF(.PDF) NroActua 16 […]”
7
Cfr. Índice 18 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
35_RECIBE MEMORIALES_24-Contesta Ecopetrol .PDF(.PDF) NroActua 18 […]”.

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ubica por fuera del área de reserva forestal y natural de la estrella hidrográfica
del cerro Zamaricote y las actividades de prospección no incluyeron la
construcción de vías de acceso.

12. Afirmó que la ANLA expidió la licencia ambiental en cumplimiento de
los procedimientos de evaluación y el trámite establecido, por lo que las
actividades de exploración fueron legítimas, autorizadas y evaluadas por esa
autoridad.

13. Explicó que las actividades del programa sísmico Llanos 9 3D se
realizaron entre febrero de 2011 y abril de 2012, por lo que no existe actuación
alguna que genere daños o amenaza real que amerite protección
jurisdiccional. Asimismo, sostuvo que fueron realizados 17.066 puntos fuente
bajo estándares técnicos y con medidas de manejo ambiental aprobadas por
CORPORINOQUIA cubriendo un área aproximada de 1049 Km 2 bajo la guía
técnica ambiental para programas de exploración sísmica terrestre de 1997
del entonces Ministerio de Medio Ambiente y el adecuado taponamiento de
pozos y minimización de impacto sobre la zona.

14. Adujo que la ANLA autorizó la construcción de 10 plataformas
multipozo exploratorias y hasta 55 kilómetros de vías nuevas, dentro de las
cuales se construyó solamente la vía de acceso al Pozo Muergana Sur.
Precisó que, aunque la autoridad ambiental ha abierto investigaciones por el
incumplimiento de lo autorizado en la licencia ambiental, no ha impuesto
sanciones a ECOPETROL S.A.

15. La ANLA presentó escrito de 13 de julio de 20188 en el que se opuso
a las pretensiones de la demanda, afirmó que el área licenciada no se
superpone con el Cerro Zamaricote y que el estudio de impacto ambiental
presentado contenía los requerimientos de los términos de referencia
aplicables a proyectos de perforación exploratoria de hidrocarburos vigentes

8
Cfr. Índice 19 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
37_RECIBE MEMORIALES_25-Contesta ANLA.PDF(.PDF) NroActua 19 […]”.

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en ese entonces e incluía lo relacionado con ecosistemas acuáticos y
terrestres tanto para el área de influencia directa o indirecta.

16. Aseguró que la licencia sí incluyó la construcción de la plataforma
Muergana Sur y su vía de acceso, y que se han realizado los requerimientos
necesarios ante presuntas afectaciones con el fin de mitigar y corregir los
impactos ambientales, lo que se acredita con el recorrido de inspección a la
locación Muergana Sur, en el que se observó que la superficie se encuentra
desmantelada, abandonada, limpia y sin ningún elemento correspondiente a
la infraestructura construida dando paso a la restauración del terreno y la
revegetalización con pasto.

17. La ANH presentó escrito de 27 de agosto de 20189 en el que se opuso
a las pretensiones de la demanda por ausencia de daño ambiental. Señaló
que la parte demandante no describió alguna actuación en particular o
decisión concreta en contra de la entidad.

18. Adujo que la protección del cerro Zamaricote es de tal importancia para
la ANH que fue objeto de exclusión dentro del Bloque Llanos 9 y que la
declaración de área de reserva forestal y natural no contiene la estrella hídrica
del referido cerro.

19. Señaló que si bien es cierto que CORPORINOQUIA resolvió declarar
ambientalmente responsable a ECOPETROL S.A. por la detonación a una
distancia de 9 metros del acueducto veredal de Guachiría de Pore con multa
de $24.710.067, la cual no está en firme, no quiere ello decir que haya habido
un daño ambiental.

20. Enfatizó en que la licencia ambiental es el mecanismo de prevención,
protección y mitigación de cualquier daño eventual y que en el contrato de
exploración y protección 41 de 2009 estableció que los permisos y licencias
serían tramitados por ECOPETROL S.A., por lo que la presunta vulneración
ambiental no compete a la ANH, que sólo administra el subsuelo de la Nación.

9 Cfr. Índice 25 del Sistema de Gestión Judicial de SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado:

“[…] 47_RECIBE MEMORIALES_38-Contesta DDA ANH .PDF(.PDF) NroActua 25 […]”

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21. La compañía Servicios Geofísicos Globales de Colombia,
representada mediante curadora ad-litem, presentó escrito de 30 de octubre
de 201810, en el que se opuso a las pretensiones de la demanda, señaló que
no existe acervo probatorio suficiente que respalde lo expuesto en la demanda
y que durante la etapa de prospección sísmica no se construyeron vías de
acceso, pues no fueron requeridas.

Actuaciones en primera instancia

22. El Tribunal Administrativo de Casanare profirió auto de 3 de julio de
201811 en el que admitió la demanda, ordenó notificar personalmente a las
entidades demandadas, al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo y a
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Asimismo, dispuso
informar a la comunidad sobre la existencia del proceso, vincular a la
compañía Servicios Geofísicos Globales de Colombia y correr traslado de la
solicitud de medida cautelar.

23. Mediante auto de 18 de julio de 2018 el Tribunal negó la medida
cautelar12.

24. Los señores Juan Carlos Duran Esparragosa, Carlos Eduardo Duarte,
Pedro Manuel Ojeda, Rubiela Medina Ferreira, José Berlein Martínez Vivas,
Silvestre Mendivelso Fuentes, Orlando Mendivelso Ávila y Marco Antonio
Aguilar, en su condición de presidentes de juntas de acción comunal del
Municipio de Paz de Ariporo, presentaron solicitud de coadyuvancia, la cual
fue aceptada mediante auto de 22 de enero de 2019.13

10 Cfr. Índice 27 del Sistema de Gestión Judicial de SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado:

“[…] 52_RECIBE MEMORIALES_44- Contesta demanda curador .PDF(.PDF) NroActua 27 […]”
11
Cfr. Índice 12 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
26_AUTO OBEDÉZCASE Y CUMPLASE(.PDF) NroActua 12 […]”.
12 Cfr. Índice 35 del Sistema de Gestión Judicial de SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado:

“[…] 64_AUDIENCIA(.PDF) NroActua 35 […]”
13 Cfr. Índice 32 del Sistema de Gestión Judicial de SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado:

“[…] 59_AUTO DE TRAMITE(.PDF) NroActua 32 […]”

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25. El Tribunal Administrativo de Casanare celebró la audiencia especial
de pacto de cumplimiento el día 19 de febrero de 201914, la cual se declaró
fallida ante la falta de acuerdo entre las partes.

26. El Tribunal profirió auto de 5 de marzo de 202415 a través del cual corrió
traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión.

27. La ANLA16, la ANH17, CORPORINOQUIA18 y ECOPETROL S.A.19
presentaron escritos en los que reiteraron los argumentos expuestos en las
contestaciones de la demanda.

28. La parte actora, el Ministerio Público y los demás sujetos procesales
guardaron silencio en esta etapa procesal.

Sentencia de primera instancia

29. El Tribunal Administrativo de Casanare profirió sentencia el día 4 de
julio de 2024 en la que resolvió lo siguiente20:

“[…] PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones de FALTA DE
LEGITIMACIÓN MATERIAL EN LA CAUSA POR PASIVA e INEPTA
DEMANDA propuestas por la AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
“ANH”, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA
“CORPORINOQUIA” y la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS
AMBIENTALES “ANLA”.

SEGUNDO: PROTEGER los derechos colectivos a un ambiente sano y a la
existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de
los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución, vulnerados por la AGENCIA
NACIONAL DE HIDROCARBUROS “ANH”, la AUTORIDAD NACIONAL DE
LICENCIAS AMBIENTALES “ANLA”, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA

14
Cfr. Índice 35 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
64_AUDIENCIA(.PDF) NroActua 35 […]”.
15 Cfr. Índice 147 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado:

“[…] 219AUDIENCIA_ACTAAUDIE_2016001500POPULARCON(.pdf) NroActua 147 […]”.
16 Cfr. Índice 150 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado:

“[…] 220_MemorialWeb_Alegatos(.pdf) NroActua 150 […]”.
17 Cfr. Índice 151 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado:

“[…] 221_MemorialWeb_Alegatos(.pdf) NroActua 151 […]”.
18 Cfr. Índice 152 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado:

“[…] 222_MemorialWeb_Alegatos(.pdf) NroActua 152 […]”.
19 Cfr. Índice 153 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado:

“[…] 224_MemorialWeb_Alegatos(.pdf) NroActua 153 […]”.
20 Cfr. índice 156 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado:

“[…] 239FALLO_2016001500PRIMERAINS(.pdf) NroActua 156 […]”.

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Bohórquez

REGIONAL DE LA ORINOQUÍA y ECOPETROL S.A., atendiendo las razones
expuestas en la parte considerativa de esta sentencia.

TERCERO: Para la protección de los precitados derechos colectivos las
accionadas deberán:

a. ECOPETROL S.A.:

• Culminar con los requerimientos impartidos por la AGENCIA
NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES y la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUÍA, en relación con los proyectos
Llanos 9 y 14, dentro de los seis (6) meses siguientes a ejecutoria del
presente fallo.

• En el evento que las autoridades antes referidas emitan nuevos
requerimientos ambientales en relación con los proyectos Llanos 9 y 14,
ECOPETROL S.A. deberá acatarlos en el término que se señale por las
mismas.

b. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES y
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUÍA: adelantar
las actuaciones administrativas y judiciales a que haya lugar a fin que (sic),
ECOPETROL S.A. cumpla con los requerimientos impartidos en la ejecución
de los proyectos Llanos 9 y 14 y la normativa ambiental correspondiente.

c. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES -ANLA,
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUÍA y
ECOPETROL S.A.: Dentro del año siguiente a la ejecutoria del presente
proveído, adelantar un estudio hidrogeológico a detalle a fin de establecer
las áreas que requieran un plan de protección y/o conservación en la zona
licenciada para los programas Llanos 9 y 14 y a partir de ahí, establecer los
mecanismos de restauración a que haya lugar, el cual deberá ejecutar
ECOPETROL S.A. en los plazos que las autoridades ambientales señalen
para tal efecto.
d. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS, AUTORIDAD NACIONAL
DE LICENCIAS AMBIENTALES, CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE LA ORINOQUÍA y ECOPETROL S.A.: en el término de seis (6) meses,
contados a partir de la ejecutoría de esta sentencia, realizar actividades de
sensibilización y capacitación a la comunidad en la que se desarrollaron los
programas Llanos 9 y 14 sobre protección y conservación de las fuentes
hídricas.
CUARTO: INSTAR a la AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS, a la
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES, a la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUÍA y a
ECOPETROL S. A. para que, se abstengan de ejecutar o autorizar proyectos
de exploración y producción de hidrocarburos, sin contar con los estudios
hidrogeológicos a detalle y evitar la afectación de fuentes hídricas.

QUINTO: CONFORMAR un comité de verificación del cumplimiento de las
órdenes dadas en esta sentencia integrado por los representantes legales de
la AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS, la AUTORIDAD NACIONAL

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DE LICENCIAS AMBIENTALES “ANLA”, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE LA ORINOQUÍA y ECOPETROL S. A. o sus delegados, los
actores populares, el Defensor del Pueblo Regional Casanare y el
representante del Ministerio Público delegado ante esta Corporación.

SEXTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

SÉPTIMO: DESVINCULAR de esta acción constitucional a SERVICIOS
GEOFÍSICOS GLOBALES DE COLOMBIA.

OCTAVO: Vencidos los plazos otorgados en el numeral tercero de la presente
providencia, REGRESAR las diligencias al Despacho para verificar su
cumplimiento.

NOVENO: Sin costas en esta instancia.

DÉCIMO: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de
1998, REMITIR copia auténtica de esta sentencia, a la Defensoría del Pueblo
Regional de Casanare. […]”

30. El Tribunal consideró que, de conformidad con el material probatorio
allegado al expediente, se encontraba acreditada la vulneración de los
derechos colectivos al goce de un ambiente sano y al equilibrio ecológico,
como consecuencia de la ejecución de la prospección sísmica y de las
actividades de exploración y perforación que se hicieron desconociendo la
importancia hidrogeológica en el bloque sísmico Llanos 9-3D.

31. Destacó que, si bien CORPORINOQUIA no expidió la licencia
ambiental, sino que lo hizo la ANLA, esto no releva a la primera de su
responsabilidad en la protección de los recursos naturales en su jurisdicción.

32. En similar sentido, consideró que la ANH, entidad que suscribió el
contrato con ECOPETROL para la exploración y explotación del área referida,
debe diseñar, promover, negociar, celebrar y administrar los contratos y
convenios relacionados con hidrocarburos y, adicionalmente, hacer el
seguimiento al acatamiento de las normas técnicas relacionadas con las
actividades dirigidas al aprovechamiento de los recursos de manera racional
e integral.

Recursos de apelación

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33. La ANLA, mediante escrito de 10 de julio de 202421, adujo que la
sentencia proferida en primera instancia hizo una indebida valoración
probatoria a la luz de lo dispuesto en el artículo 176 del Código General del
Proceso, concretamente, resaltó que no se tuvieron en cuenta los reparos
presentados frente al dictamen pericial y a su complementación, en especial,
omitió hacer un análisis técnico y razonado del contenido del dictamen.

34. Afirmó que respecto de la vía de acceso a la locación Muergana Sur,
fueron construidas 17 alcantarillas de 36” de diámetro que permiten el paso
de las aguas de escorrentía, y en el concepto técnico 8632 del 6 de diciembre
de 2023, se observó por medio del registro fotográfico y fílmico su estado de
revegetalización.

35. Señaló que de acuerdo con lo manifestado por los líderes de la Junta
de Acción Comunal y las administraciones municipales de Pore y Hato
Corozal, no se presentaron quejas.

36. Sostuvo que en el concepto técnico 7335 del 28 de noviembre de 2022,
se advirtió que fue realizado el cierre y la reconformación ambiental de la zona
de piscinas, mediante la empradización del área, terraplenes y estabilización
de taludes, sin procesos erosivos. Lo que, a juicio de la entidad apelante, se
confirma con el análisis multitemporal de tipo geográfico - espacial, en el que
el objetivo principal fue detectar el cambio de coberturas de una misma zona,
mediante la comparación de imágenes de satélites, mapas o fotografías
aéreas en temporalidades diferentes.

37. Aseguró que no existe superposición entre el área de las actividades
exploratorias y las áreas de exclusión. Adicionalmente, precisó que el
proyecto está siendo objeto de desmantelamiento, por lo que resulta
improcedente la medida de suspensión del proyecto. No obstante, aclaró que
el proyecto fue licenciado con posterioridad a la entrada en vigencia del
Decreto 2820 de 201022 y, por ende, le aplica la fase de desmantelamiento y

21 Cfr. Índice 162 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado:

“[…] 245_MemorialWeb_Recurso-Recursodeapelacion(.pdf) NroActua 162 […]”.
22 “Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales.”

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abandono, y que hasta el momento no ha sido solicitada por parte de la
sociedad titular de la licencia.

38. Afirmó que no existe prueba que permita establecer la vulneración de
los derechos colectivos amparados, dado que las áreas objeto de debate se
encuentran revegetalizadas, con restauración ambiental y la ANLA ha
realizado los seguimientos a los proyectos sobre los que tiene competencia
de conformidad con lo establecido en la Ley 99 de 199323 y los Decretos 3573
de 201124 y 1076 de 201525, demostrando con ello que los instrumentos
ambientales han cumplido con las medidas de prevención y mitigación.

39. Señaló que lo establecido en el ordinal cuarto de la parte resolutiva de
la sentencia, en el que se instó a las entidades accionadas a que se
abstuvieran de ejecutar o autorizar proyectos de exploración y producción de
hidrocarburos, sin contar con los estudios hidrogeológicos de detalle y evitar
la afectación de fuentes hídricas, se ubica dentro del campo del daño
contingente el cual puede suceder o no, y escapa al control de la acción
popular.

40. Afirmó que es improcedente la condena frente a la ANLA pues no se
cumplen los elementos de la responsabilidad establecidos por la Sección
Tercera del Consejo de Estado en la sentencia de 11 de noviembre de 1999
(CP. Alier Eduardo Hernández Enriquez, número interno de radicación
11499), en la que se trató la responsabilidad administrativa.

41. Sostuvo que la parte actora tenía la carga de demostrar los supuestos
de hecho que sustentaban sus pretensiones, particularmente, la presunta
omisión y negligencia de la administración, conforme con la jurisprudencia del
Consejo de Estado, según la cual, las omisiones administrativas constituyen

23 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la

gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el
Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.”
24 “[…] Por el cual se crea la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA– y se dictan otras

disposiciones […]”.
25 “[…] Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo

Sostenible […]”.

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hechos que deben probarse dentro del proceso para que prospere la
demanda.

42. Señaló que, si el debate se traslada al ámbito de la falla del servicio,
debe tenerse en cuenta la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, conforme a la cual la responsabilidad por falla del servicio no es
automática ni absoluta, sino que depende de circunstancias específicas, entre
ellas, la existencia de solicitudes formales de intervención dirigidas a la
autoridad competente. Si se considera que la actividad desplegada por la
ANLA es insuficiente debería haberse determinado cual fue el tipo de omisión
en que se incurrió y si fue dentro de la acción o una omisión pura y simple y
determinante en la producción del daño.

43. Aseguró que tampoco se probó la imprudencia, negligencia u omisión
de medidas tendientes a evitar la lesión del derecho a proteger.

44. Afirmó que lo dispuesto en el ordinal cuarto de la sentencia no posee
sustento legal, toda vez que la ANLA no realiza estudios hidrogeológicos a
detalle, de conformidad con las competencias establecidas en el Decreto Ley
3573 del 27 de septiembre de 2011 y el Decreto 1076 de 2015.

45. CORPORINOQUIA presentó escrito de 10 de julio de 2024 mediante el
cual interpuso recurso de apelación que fundamentó en los siguientes
argumentos26:

46. Adujo que expidió la Resolución 200.41.10.0805 de 2010, mediante la
cual estableció medidas de manejo ambiental para el desarrollo del programa
de exploración sísmica Llanos 9-3D y en cumplimiento de dichas medidas
ordenó mediante Auto 500.6.21.1723 de 2021 la realización de control y
seguimiento ambiental de oficio. Asimismo, a través del Auto 500.6.21.2829
de 2021 efectuó requerimientos y acogió un concepto técnico, y mediante
Auto 500.6.22.2101 de 2022 ordenó una inspección ocular para verificar el
cumplimiento de las medidas de manejo ambiental.

26 Cfr. Índice 163 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado:

“[…] 247_MemorialWeb_Recurso-RECURSOAPELACIONPO(.pdf) NroActua 163 […]”.

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47. Indicó que la Corporación adelantó un proceso sancionatorio en
ejercicio de sus facultades legales, lo que demuestra que la entidad ha
cumplido con su obligación de protección del medio ambiente en la zona de
su jurisdicción.

48. Manifestó que el Tribunal debió ordenar directamente a la ANLA el
respectivo seguimiento y control de la licencia ambiental otorgada a
ECOPETROL, para estar acorde con las competencias de seguimiento,
control y vigilancia de los permisos y licencias ambientales, ya que
CORPORINOQUIA no es competente para hacer seguimiento y control a las
licencias ambientales otorgadas por la ANLA, de acuerdo con lo dispuesto en
el parágrafo 1 del artículo 2.2.2.3.9.1 del Decreto 1076 de 2015.

49. Por lo que aseguró que únicamente es responsable del seguimiento y
control de las obligaciones contenidas en la Resolución 200.41.10-0805 de
2010, que estableció las medidas de manejo ambiental a ECOPETROL S.A.

50. Sostuvo que, en cuanto al plan de desmantelamiento, abandono y
restauración, tanto la ANLA como CORPORINOQUIA tienen competencia
para hacer el seguimiento, ya que cada entidad cuenta con instrumentos de
manejo y control diferente (PMA y medidas de manejo).

51. Precisó que la orden impartida por el Tribunal en el ordinal tercero literal
C de la parte resolutiva de la sentencia apelada, relacionada con la
elaboración del estudio hidrogeológico, ya fue dada por CORPORINOQUIA a
ECOPETROL S.A. en el artículo cuarto de la Resolución 200.36.21.1632 de
2021, por medio de la cual se resolvió de fondo el proceso sancionatorio
ambiental.

52. Afirmó que la competencia para adelantar las actividades de
sensibilización y capacitación a la comunidad en el área en la que se
desarrollaron los programas Llanos 9 y 14 es de la ANLA y ECOPETROL,
debido a que el titular del instrumento de comando y control es quien debe

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ejecutar las medidas ambientales tendientes a mitigar, corregir, compensar y
prevenir los impactos ambientales en el componente social.

53. Señaló que la sentencia apelada no se refirió a la objeción formulada
frente a los gastos periciales, en particular, sobre la observación relacionada
con el equipo GPS utilizado por el perito, toda vez que no se precisó si el valor
reportado correspondía a la compra o al alquiler de dicho equipo.

54. Asimismo, no se analizaron ni justificaron los gastos derivados de la
contratación de un profesional en geología, ni se verificó el cumplimiento de
los aportes al sistema de seguridad social por la prestación de tales servicios.
De igual manera, no se aportó hoja de vida ni documento alguno que
acreditara la formación académica, experiencia profesional o idoneidad del
referido profesional en el campo de la geología.

55. La ANH presentó escrito de 10 de julio de 2024 mediante el cual
interpuso recurso de apelación que fundamentó en los siguientes
argumentos27:

56. Sostuvo que la ANH no es autoridad ambiental y no puede determinar
los requisitos en materia ambiental para la obtención de licencias ambientales,
por lo que, aseguró que las órdenes impartidas por el Tribunal en la sentencia
de primera instancia son de imposible cumplimiento por razones funcionales
y de ausencia del personal idóneo para cumplirlas.

57. Precisó que la ANH no ejecuta actividades de exploración y/o
producción de Hidrocarburos, sino que define áreas para entregarlas en
rondas de adjudicación mediante contratos a empresas exploradoras. En este
proceso, realiza acciones de acercamiento con entidades del orden nacional,
regional y municipal, obteniendo información socio ambiental.

58. Adujo que a partir de la sentencia SU-95/2018 se definió un
procedimiento interno para adelantar las actividades de coordinación y

27 Cfr. Índice 164 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado:

“[…] 248_MemorialWeb_Recurso-RECURSODEAPELACION(.pdf) NroActua 164 […]”.

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concurrencia, que culmina con la elaboración de una ficha socio ambiental
preliminar que se entrega a las empresas interesadas.

59. Sostuvo que en los contratos de concesión se incluyen cláusulas que
obligan al contratista a cumplir la normativa ambiental que incluyen los
estudios de hidrología e hidrogeología para salvaguardar el recurso hídrico
que pudiera verse afectado.

60. Afirmó que no existe superposición dentro de los bloques sísmicos ni
de perforación con el área de reserva forestal y natural de la estrella
hidrográfica de Zamaricote, declarada por la Asamblea Departamental de
Casanare, lo cual está acreditado por la experticia aportada y el testimonio del
Geólogo Carlos Alberto Rey González. Asimismo, aseguró que en el estudio
de impacto ambiental se estableció que en el área de interés exploratoria no
hay ninguna área protegida.

61. Subrayó que hay ausencia de elementos estructurantes de la
responsabilidad por violación de derechos colectivos por parte de la ANH, ya
que para que una acción popular tenga éxito debe demostrarse que el
demandado ha realizado una conducta o ha omitido una que debía observar,
cuyo efecto es la violación, amenaza o daño de un derecho colectivo. Destacó
que la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha sido reiterativa en
señalar que la conducta del demandado debe ser la causa directa, necesaria
y determinante del daño.

62. Indicó que la actividad de exploración y explotación de hidrocarburos
es de utilidad pública según el Código de Petróleos, por lo que estos proyectos
son plenamente válidos, al propender por el progreso de las materias
económica, social y ambiental.

63. Afirmó que la ANH no ha realizado una conducta prohibida, ni ha
omitido ningún deber, y que el artículo 5 de la Ley 472 de 1998 determina que
quien actúa conforme al ordenamiento jurídico no puede ser objeto de sanción
alguna y le está vedado al juez en sede de acción popular realizar juicios de
conveniencia que desvertebren la legitimidad de las competencias.
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64. Señaló que no se demostró que los hechos que sirvieron de
fundamento a la demanda son imputables a la ANH y, por el contrario, expuso
que los llamados a resarcir algún perjuicio son los contratistas y ECOPETROL.

65. Argumentó que no hay vínculo o conexidad entre la ANH y los hechos
planteados por los actores populares. Adicionalmente, aseguró que en el
proyecto de exploración y explotación de hidrocarburos Llanos 9 y Llanos 14
las entidades ambientales han dispuesto las actuaciones necesarias para
mitigar cualquier tipo de daño y preservar el medio ambiente.

66. Indicó que la licencia ambiental de que trata la Ley 99 de 1993 es el
instrumento de gestión, control y manejo ambiental, inspirado en el principio
de prevención que reemplazó la Declaración de Efecto Ambiental y el Estudio
Ecológico Ambiental creadas por virtud del Decreto Ley 2811 de 1974, y el
estudio de impacto ambiental permite identificar y valorar los posibles
impactos ambientales y definir las medidas de manejo para prevenir, mitigar,
corregir y compensar el impacto de las actividades propias de un proyecto de
hidrocarburos.

67. Afirmó que la ANLA no se limita a la expedición de la licencia ambiental,
sino que también expide actos administrativos de seguimiento y para el trámite
de licenciamiento ambiental se elabora un estudio de impacto ambiental. La
actividad o exploración sísmica, está definida como de bajo impacto sobre la
naturaleza, y que no causa un deterioro grave a los recursos naturales.

68. Señaló que diversas normas jurídicas regulan este asunto y confirman
el bajo nivel de peligrosidad de la sísmica, como sucede con la Ley 99 de
1993, en la que se determinó que la ejecución de obras y actividades de la
industria del petróleo debía contar con una planificación ambiental adecuada,
y para aquellas susceptibles de causar deterioro grave a los recursos
naturales renovables o al medio ambiente, o modificaciones notorias al
paisaje, estableció como requisito la Licencia Ambiental previa otorgada por
el Ministerio del Medio Ambiente.

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69. Aseguró que, en el caso bajo estudio se señalaron ciertos
inconvenientes en el marco de la sísmica realizada en el Bloque Llanos 9; sin
embargo, esos hechos ya fueron objeto de valoración, análisis y control por
parte de las autoridades ambientales competentes.

70. ECOPETROL S.A. presentó escrito de 11 de julio de 2024 mediante el
cual interpuso recurso de apelación que fundamentó en los siguientes
argumentos28:

71. Sostuvo que el Tribunal no realizó un análisis probatorio propio y
suficiente, pues se limitó a relacionar las pruebas sin valorar su alcance frente
a las pretensiones, los hechos de la demanda, la defensa de las entidades
accionadas y el problema jurídico planteado. Únicamente hizo una breve
referencia al dictamen pericial bajo las reglas de la sana crítica, reducida a un
solo párrafo, sin efectuar un examen detallado del peritaje y las demás
pruebas practicadas.

72. Afirmó que la providencia no precisó cuáles fueron las afectaciones
ambientales concretas atribuidas a ECOPETROL S.A. derivadas del contrato
de exploración y producción 41 de 2009, ni tuvo en cuenta que el Bloque
Llanos 14 no fue ejecutado. Señaló que la sentencia apelada concluyó, sin
sustento expreso, que las medidas sancionatorias fueron insuficientes,
incumplidas o persistentes e impuso medidas supuestamente ya ejecutadas
por ECOPETROL o ajenas a su competencia.

73. Adujo que en las acciones populares el juez puede fallar extra petita,
pero su decisión debe fundarse en una valoración objetiva y razonable del
material probatorio y del estado actual de cumplimiento de las medidas
ambientales, y no en criterios subjetivos desconectados de la realidad material
acreditada.

74. Precisó que en los alegatos de conclusión efectuó un detallado análisis
de la manera como se decretó y practicó la prueba pericial que fue ignorado

28 Cfr. Índice 165 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado:

“[…] 250_MemorialWeb_Otro-ECOPETROLAPELACIO(.pdf) NroActua 165 […]”.

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en la sentencia, por lo que solicitó revisar íntegramente, y de acuerdo con la
sana crítica, el recurso de reposición presentado ante CORPORINOQUÍA el
31 de diciembre de 2021, aclarando y complementando el informe pericial con
dicha información.

75. Sostuvo que no se encontraron más pozos distintos de los
mencionados en la primera audiencia de contradicción, los cuales no pueden
ser tapados ni cerrados, pues continúan aflorando debido a las condiciones
geológicas y a la presión que presentan. Añadió que las comunidades están
utilizando dichos pozos y recomendó que continúen accediendo a ese
recurso, toda vez que ECOPETROL S.A. no ha logrado controlarlos.

76. Señaló que, en el informe final de peritaje, no se resolvieron ni las
aclaraciones ni las complementaciones formuladas por ECOPETROL S.A, y
tampoco las conclusiones se basaron en una prueba científica o con soportes
técnicos conforme lo indica la norma.

77. Señaló que no se determinó si la decisión sancionatoria de
CORPORINOQUIA se encontraba en firme y el cumplimiento de las medidas,
lo que genera una carencia total de objeto dado que ese procedimiento fue
resuelto mediante la Resolución 200.36.22. 1641 del 4 de noviembre de 2022
confirmando la Resolución No. 200.36.21.1632 de 2021, por la cual se le
declaró responsable ambientalmente a ECOPETROL S.A. Lo anterior,
demuestra la superación de lo ordenado con anterioridad al fallo, pues se ha
dado alcance a cada uno de los requerimientos efectuados por
CORPORINOQUIA, configurándose la carencia actual del objeto desde antes
del fallo de la acción popular.

78. Señaló que la sentencia no se refirió a la sanción económica impuesta
a Ecopetrol S.A, siendo que esta fue cancelada por conducto del pago
realizado en el Banco BBVA.

79. Expuso que en el estudio para evaluar las condiciones hidrogeológicas
del subsuelo y determinar la presencia de agua subterránea en el área de un
pozo saltante se concluyó, que el afloramiento de agua obedecía
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principalmente a las condiciones geológicas naturales del área, por lo que
consideró que las actividades de sellamiento ordenadas podrían resultar
ineficaces debido a las condiciones geológicas del sector, circunstancia que
incluso podría generar nuevos afloramientos en otros puntos previamente
intervenidos, como ocurrió en marzo de 2017 en el predio La Aventura. Por
ello, solicitó como alternativa la adecuación de un abrevadero destinado al
aprovechamiento doméstico del recurso hídrico por parte de la propietaria del
predio El Corozo.

80. Ecopetrol sustentó esta solicitud en estudios hidrogeológico y
geomático, argumentando que tanto el método de sellamiento ordenado por
CORPORINOQUIA como la alternativa posteriormente implementada no
habían funcionado adecuadamente. Las conclusiones técnicas expuestas
llevaron a que la autoridad ambiental aprobara la construcción de abrevaderos
en ambos predios, los cuales, según Ecopetrol, fueron construidos
satisfactoriamente y se encontraban pendientes de evaluación por parte de la
Corporación para verificar si la alternativa implementada solucionaba la
infiltración de agua en los pozos.

81. Señaló que quedó acreditado que las actividades de restauración
ambiental implementadas, así como los abrevaderos construidos, fueron
recibidos a satisfacción por los propietarios de los predios El Corozo y La
Aventura, y que igualmente se dio cumplimiento a los requerimientos
formulados por la autoridad nacional de licencias ambientales.

82. Cuestionó la orden relacionada con la realización de campañas de
sensibilización y capacitación sobre protección y conservación de fuentes
hídricas dado que las actividades del proyecto sísmico Llanos 9 y 14 se
encuentran finalizadas desde 2015, salvo las actuaciones dirigidas a
solucionar las infiltraciones en los predios La Aventura y El Corozo, y durante
los procesos de licenciamiento ambiental ya se habían desarrollado
actividades de sensibilización sobre temas ambientales. Sostuvo que dicha
orden excede las competencias de ECOPETROL S.A., pues la capacitación
ambiental de la comunidad corresponde a las autoridades competentes y, en

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todo caso, la decisión judicial no delimitó claramente su alcance ni la
circunscribió a los dos pozos afectados por infiltraciones.

Concesión de los recursos de apelación

83. El magistrado sustanciador del Tribunal profirió auto de 31 de octubre
de 202429, mediante el cual concedió los recursos de apelación presentados
por la ANLA, CORPORINOQUIA, ANH y ECOPETROL S. A. contra la
sentencia proferida en primera instancia.

Actuaciones en segunda instancia

84. El Despacho sustanciador profirió auto de 27 de noviembre de 202430,
mediante el cual admitió los recursos de apelación, ordenó notificar a las
partes e intervinientes y al procurador delegado en lo contencioso
administrativo ante el Consejo de Estado.

85. Mediante providencias de 6 de agosto31 y 15 de septiembre32 de 2025,
el Despacho Sustanciador decretó pruebas en segunda instancia y corrió
traslado a las partes para alegar de conclusión, respectivamente.

86. La ANH y la ANLA reiteraron los argumentos de los recursos de
apelación. Mientras que la parte actora, el Ministerio Público y los demás
sujetos procesales guardaron silencio en esta etapa procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

29 Cfr. índice 190 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado:

“[…] 276AUTOQUECONCED_2016001500CONCEDEAPE(.pdf) NroActua 190 […]”.
30 Cfr. índice 4 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]

9Autoqueadmite_APa20161502LuisAleja(.pdf) NroActua 4 […]”.
31 Cfr. índice 17 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]

27Autoquedecret_APa20161502LuisAleja(.pdf) NroActua 17 […]”.
32 Cfr. índice 27 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]

36Autoquecorre_APa20161502LuisAleja(.pdf) NroActua 27 […]”.

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87. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes
partes: i) la competencia de la Sala; ii) los problemas jurídicos; iii) el marco
normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección de
los derechos e intereses colectivos; y iv) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

88. De acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de la Ley 472 de 1998,
sobre competencia para conocer de las acciones populares en segunda
instancia; en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201933, sobre la
distribución de asuntos entre las secciones del Consejo de Estado; y en el
artículo 15034 de la Ley 1437 de 2011, sobre competencia del Consejo de
Estado en segunda instancia, se precisa que esta Sección es competente
para conocer en dicha instancia de los recursos de apelación que se
presenten contra las sentencias proferidas, en primera instancia, por los
Tribunales Administrativos en el trámite de las acciones populares.

89. Asimismo, de conformidad con los artículos 32035 y 32836 de la Ley 1564
de 12 de julio de 201237, norma aplicable al presente caso, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, el juez se limitará a conocer
de los puntos o cuestiones a las cuales se contraen los recursos interpuestos.

33 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. Modificado por el artículo

1 del Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024 “por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80,
81 y 82 del Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90”.
34 Artículo modificado por el artículo 615 de la Ley 1564.
35 “[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el

superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados
por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte
a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo
dispuesto en el inciso segundo del artículo […]”.
36 “[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá

pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones
que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan
apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin
limitaciones […]”
37 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.

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90. Agotados los trámites inherentes a la acción popular de que trata este
asunto y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado,
la Sala procede a proferir la sentencia correspondiente.

Problemas jurídicos

91. La Sala deberá determinar, con fundamento en los recursos de
apelación:

91.1. Si se encuentra probada o no la amenaza y vulneración de los derechos
e intereses colectivos que fueron amparados por el Tribunal en la sentencia
apelada.

91.2. Si las entidades accionadas (ANLA, CORPORINOQUIA, ANH y
ECOPETROL S.A.) son responsables de la vulneración de los derechos e
intereses colectivos amparados.

91.3. Si las órdenes impartidas en la sentencia proferida en primera instancia
son idóneas y proporcionales para proteger los derechos e intereses
colectivos amparados.

91.4. Y, en ese sentido, establecer si se debe confirmar, modificar o revocar
la sentencia de 4 de julio de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de
Casanare.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos

92. De conformidad con el artículo 88 de la Constitución Política, las
acciones populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e
intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad
y la salubridad públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre
competencia económica y otros de similar naturaleza que se definan en ella
[…]”.

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93. El artículo 2 de la Ley 472 de 1998 define las acciones populares como
“[…] los medios procesales para la protección de los derechos e intereses
colectivos […]” que se ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer
cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e
intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere
posible […]”.

94. La institución de la acción popular busca que la comunidad pueda
disponer de un mecanismo judicial para la protección efectiva, de forma rápida
y sencilla, de los derechos colectivos cuya amenaza o vulneración deben
necesariamente probarse para la procedencia del amparo.

95. Conforme con lo anterior, los supuestos sustanciales para que proceda
la acción popular son: i) una acción u omisión de la parte demandada; ii) un
daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o
intereses colectivos; y, iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u
omisión y la afectación de los derechos e intereses colectivos.

96. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en
providencia de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es
autónoma y principal y, además, puede ser ejercida por cualquier persona
natural o jurídica, sin embargo “[…] quien concurre al litigio después de
haberse promovido la acción popular por diferente persona, sólo puede
acogerse al proceso dentro de los términos en que ésta presenta la demanda,
es decir, no le es dable al tercero extenderse en la materia discutida, los
móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es la parte actora quien
en la demanda, fija el litigio […] ”38.

97. La Sala resalta que conforme a los artículos 1, 2, 4 y 9 de la citada Ley
472 de 1998, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está
dirigida a obtener la protección de los derechos e intereses de naturaleza
colectiva definidos como tales en la Constitución Política, en las leyes y en los

38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio

Velilla Moreno, providencia de 28 de marzo de 2014, núm. único de radicación 25000-23-27-000-2001-
90479-01(AP).

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tratados celebrados por Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente,
hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o el agravio sobre los
derechos e intereses colectivos y restituir las cosas a su estado anterior,
cuando ello fuere posible; iii) es una acción pública y un mecanismo propio de
la democracia participativa y por lo tanto puede ser ejercida por “toda
persona”, organizaciones no gubernamentales, las entidades públicas de
control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los
personeros y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal;
v) no tiene carácter sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirijan las
pretensiones y, eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha
sido instituida como mecanismo de control judicial de las leyes y en
consecuencia cuando con fundamento en la eventual violación o amenaza a
un derecho o interés colectivo se pretenda impugnar una ley o que se imparta
una orden al legislador, habrá de acudirse a las acciones pertinentes.

98. En materia de protección a los derechos colectivos al goce de un
ambiente sano, a la existencia del equilibrio ecológico y al manejo y
aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución en el sector
de hidrocarburos, esta Sección en providencia de 1 de junio de 2020 consideró
lo siguiente39:

“[…] El progreso del sector de hidrocarburos no debe desconocer los
fines asociados a la preservación del ambiente. Ni la conservación de los
recursos naturales puede superponerse al avance de esa industria. Debe
recordarse que este sector fue catalogado como de utilidad pública por la
importancia que tiene la actividad; sin embargo, es una actividad de alto
riesgo que representa la búsqueda de petróleo, lo cual no significa que su
exploración, explotación, refinación, transporte y distribución pueda
ejecutarse indiscriminadamente. Por el contrario, implica que los
particulares y la empresa pública o privada que pretenda ejercer esta
actividad, deban obedecer las obligaciones y ejercer adecuadamente los
derechos reconocidos en los contratos, los permisos, los trámites y las
autorizaciones señaladas en la ley.

Dos grandes requisitos previos deben cumplir quienes pretendan ejercer
esta actividad en Colombia. Estos son: i) los exigidos para la

39 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1 de

junio de 2020, CP. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación: 15001-23-33-000-
2013-00354-02.

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administración integral de las reservas de hidrocarburos; y ii) los
relacionados con el control y el manejo de los impactos ambientales y
sociales derivados de los proyectos. Ambos parámetros, en todo caso,
responden a criterios de sostenibilidad y legalidad.

Respecto de los primeros, la compañía hidrocarburífera debe celebrar un
contrato de exploración petrolera con la Agencia Nacional de
Hidrocarburos – ANH y si las condiciones de prospección son las
adecuadas, eventualmente, podrá firmarse un contrato de explotación.
Este acuerdo se rige por el régimen contemplado en el artículo 332 de la
Constitución Política40, en el artículo 2º41 del Código de Petróleos y en el artículo
76 de la Ley 80 de 1993.

En cuanto a los segundos, la compañía hidrocarburífera tendrá que tramitar
la respectiva licencia ambiental según lo dispuesto en el título VIII de la
Ley 99 de 1993. La licencia ambiental es “[…] aquella autorización que otorga
la autoridad ambiental competente a una persona, mediante acto
administrativo, para que emprenda la ejecución de un proyecto, obra o actividad
que puede llegar a producir deterioro grave a los recursos naturales renovables
o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al
paisaje, estableciendo los requisitos, obligaciones y condiciones que el
beneficiario de la Licencia Ambiental debe cumplir para prevenir, mitigar,
corregir, compensar y manejar los efectos ambientales del proyecto, obra o
actividad autorizada […]”42. El anterior concepto emana de lo dispuesto en los
artículos 49 y 50 de la Ley 99 de 1993.

Cabe aclarar que la competencia privativa de conferir el licenciamiento de
las “obras y actividades de exploración, explotación, transporte,
conducción y depósito de hidrocarburos y construcción de refinerías” fue
conferida inicialmente al Ministerio del Medio Ambiente, hoy MADS, por
el artículo 54 de la Ley 99. Sin embargo, en el año 2011, tan importante
atribución fue trasladada a la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales43.

Una vez otorgado el licenciamiento, la ANLA es responsable de hacer
seguimiento a los compromisos pactados, así como de modificarlos de
resultar necesario. Las causales de procedencia de tal escenario se
encuentran en el artículo 29 del Decreto 2041 de 201444, compilado en el
Decreto 1076 de 2015. La modificación de la licencia ambiental, igualmente, es
condición previa para el ejercicio de los derechos derivados de la reforma de
otros permisos públicos (artículo 2.2.2.3.1.5 del Decreto 1076).

[…]

40 “[…] el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables […]”
41 “[…] Artículo 2º. El petróleo de propiedad de la Nación, sólo podrá explotarse en virtud de
los contratos vigentes celebrados con anterioridad a este Código, y de contratos que se inicien
y perfeccionen de conformidad con él […]”.
42 Consejo de Estado, Sala de Lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Bogotá, D.C.,

29 de noviembre de 2010. Consejero Ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA.
Expediente Núm. 47001-23-31-000-1996-04746-01.
43 Entidad creada a través del artículo 1ª del Decreto 3573 de 2011
44 “Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales”.

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En la praxis son diversas las circunstancias previsibles y no previsibles en virtud
de las cuales las compañías petroleras pueden ocasionar impactos negativos
no controlados en los instrumentos ambientales iniciales. En ese contexto
resulta aplicable el principio “contaminador- pagador” que guía nuestra
legislación ambiental. La doctrina denomina a ese acontecimiento: pasivo
ambiental.

Los pasivos ambientales son concebidos como el “impacto ambiental
negativo, susceptible de ser medido, ubicado y delimitado
geográficamente, que se identifica con posterioridad a la finalización de
la actividad, obra o proyecto que lo provocó, que genera un nivel de riesgo
no aceptable a la salud humana o al ambiente; de acuerdo con lo
establecido por las autoridades ambientales, y para cuyo control no hay
un instrumento ambiental vigente” (Bases del Plan Nacional de Desarrollo
2018-2022). Se entiende, entonces, que el término “pasivo ambiental” se
relaciona con los conceptos de “impacto ambiental” y de “daño ambiental”.

El “impacto ambiental” es “cualquier alteración en el medio ambiental biótico,
abiótico y socioeconómico, que sea adverso o beneficioso, total o parcial, que
pueda ser atribuido al desarrollo de un proyecto, obra o actividad” (artículo 1°
del Decreto 2041 de 2014). Mientras que el “daño ambiental” comprende un
juicio de responsabilidad respecto de la “agresión derivada de la actividad
humana en el medio natural, que causa como consecuencia la modificación o
alteración en los bienes y recursos disponibles, o efectos nocivos en la salud e
integridad de las personas”. Por eso, el pasivo refiere a una tipología específica
de impacto ambiental negativo, causada durante la ejecución y/o finalización
de un proyecto que no fue prevista a través de los permisos ambientales
concedidos. Sin embargo, este solo será catalogado como daño cuando la
autoridad competente atribuya a un sujeto (público o privado) la aminoración
del medio ambiente, en el marco de un juicio de responsabilidad.

[…]

En este orden de ideas, el ordenamiento jurídico regula y protege los
derechos económicos de la compañía hidrocarburífera a través de un
escenario equilibrado de ponderación de intereses y fines
constitucionales ambientales y económicos. Los contratos, las
autorizaciones, los permisos, las licencias o sus modificaciones técnicas y
ambientales permiten esto. De llegarse a identificar impactos ambientales
durante las distintas etapas del proyecto extractivo, los mismos deben
ser corregidos, remediados o compensados para promover con ello el
desarrollo sostenible de esta industria. Solo así es factible el respeto y la
salvaguarda de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, y a
la existencia del equilibrio ecológico y manejo y aprovechamiento
racional de los recursos naturales […]”. (Destacado fuera de texto).

Análisis del caso concreto

99. La Sala estudiará los argumentos expuestos en los recursos de
apelación en el siguiente orden: i) lo probado en el proceso; ii) la
responsabilidad de las entidades apelantes en la protección de los derechos

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e intereses colectivos amparados; y iii) la idoneidad y proporcionalidad de las
órdenes impartidas para la protección constitucional.

Sobre los argumentos relacionados con la indebida valoración
probatoria

100. La Sala destaca que el Tribunal Administrativo de Casanare en la
sentencia proferida el 4 de julio de 2024 realizó la valoración de pruebas
documentales, periciales y testimoniales, las cuales sirvieron de fundamento
para amparar los derechos e intereses colectivos previstos en los literales a)
y c) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998 como consecuencia del impacto sobre
el medio ambiente generado por las afectaciones causadas en ejecución del
programa de exploración sísmica Llanos 9 3D.

101. La Sala precisa que, aunque valoró la totalidad del material probatorio
allegado al proceso en primera instancia, así como las pruebas decretadas en
segunda instancia, únicamente se referirá a las pruebas que resulten
relevantes para resolver los argumentos de los recursos de apelación.

102. ECOPETROL señaló que existe hecho superado en el caso concreto,
debido a que CORPORINOQUIA por medio de las resoluciones
200.36.21.1632 de 10 de diciembre de 2021 y 200.36.22.1641 de 4 de
noviembre de 2022 declaró responsable a ECOPETROL y le impuso
obligaciones que fueron cumplidas por la empresa. De la misma manera,
CORPORINOQUIA sostuvo que en las mencionadas resoluciones se resolvió
de fondo el proceso sancionatorio ambiental y, concretamente, se ordenó a
ECOPETROL la elaboración del estudio hidrogeológico.

103. Para la Sala no es de recibo el anterior argumento, toda vez que al
expediente se allegaron pruebas que permiten concluir que la amenaza de los
derechos colectivos amparados se mantiene. Adicionalmente, la Sala
considera que el hecho de que ECOPETROL afirme que dio cumplimiento a
la sanción y a las obligaciones impuestas en la resolución que resolvió un
proceso sancionatorio ambiental en su contra, no es un argumento suficiente

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para entender que la situación de vulneración y amenaza analizada en el
presente caso se encuentra superada.

104. Para resolver este argumento la Sala destaca las siguientes pruebas:

105. Copia del formato reporte de visita de aseguramiento técnico de 23 de
marzo de 2021 que tuvo por objeto la “[…] Revisión de actividades de obra y
cantidades para la construcción de abrevaderos en los predios Corozo y La
Aventura – Paz de Ariporo […]”. La Sala destaca lo siguiente45:

“[…]

[…]

45 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado “[…]
2ED_ApelacionMemorial(.pdf) NroActua 2 […]”.

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“[…]”.

106. Mediante la resolución 200.36.21.1632 del 10 de diciembre de 2021
expedida por CORPORINOQUIA, se decidió un proceso sancionatorio
ambiental, en los siguientes términos46:

“[…] ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR AMBIENTALMENTE
RESPONSABLE a la Empresa Colombiana de Petróleos – ECOPETROL S. A.
(…) de los cargos formulados a través del Acto Administrativo contenido en el
Auto No. 200.57.16.1151 del 8 de junio de 2016 […].
ARTÍCULO TERCERO: Imponer como sanción MULTA a la Empresa
Colombiana de Petróleos – ECOPETROL S. A. (…), como medida de
compensación, para mitigar el impacto ambiental generado por las
afectaciones causadas en ejecución del programa de exploración sísmica
Llanos 9 3D, las siguientes:

46 Cfr. índice 164 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado:

“[…] 164_RECIBEPORCORREOELECTRONICO_190RESPUESTACORPOR(.PDF) NroActua 92 […]”.

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1. Realizar un estudio hidrogeológico el cual sirva como soporte para que
se encuentre la tecnología o la manera de resarcir el daño causado y se
pueda contener la emanación del agua.
2.Basado en el estudio la empresa debe presentar una propuesta ante
CORPORINOQUIA de las actividades que va realizar para cumplir con la
restauración exigida, el cual estará sujeto a evaluación por parte de
Corporinoquia.
3.Si dado caso las actividades de restauración realizadas no funcionan la
empresa debe presentar ante la corporación la solicitud del aprovechamiento
del recurso hídrico, bajo las condiciones establecidas en el decreto 1076 del
2015 […]”. (Destacado fuera de texto).

107. El dictamen pericial practicado en el proceso concluyó, entre otras
cosas, lo siguiente:

“[…] El depósito de la zona de interés del presente litigio, se puede
clasificar como acuíferos confinados a semiconfinado, de alta
importancia para los habitantes del área de influencia directa de los
proyectos, pues es la única alternativa para solventar necesidades
domésticas y agrícolas. El hecho de no haber realizado la restauración
definitiva de los pozos de sísmica y desde ese momento a hoy, se está
generando una descompensación del Recurso Hídrico subsuperficial,
afectando la SOSTENIBILIDAD de las futuras generaciones para tener
agua.
El acuífero superficial asociado a los depósitos cuaternarios, se presentan a
partir de una profundidad de 1,50 m y puede llegar hasta una profundidad de
80 m. Está conformado por arenas y gravas las cuales están saturadas. La
Recarga de los acuíferos superficiales (depósitos cuaternarios), y acuíferos
profundos (formación Guayabo), se generan desde la parte alta del
piedemonte, específicamente desde el área que abarca el cerro Zamaricote.
Acorde a la evaluación realizada en campo, se evidencia afectación por
intervención de la prospección sísmica, se ha identificado que
actualmente existen puntos de pozos mal restaurados con manifestación
de agua subterránea en superficie. Esto conlleva a establecer que si
existen impactos puntuales al medio físico que contiene el agua
subterránea.
Evaluados los resultados de las muestras de agua, se puede concluir que no
hay afectación de carácter físico química en la calidad de agua. Que las
características del agua superficial son de condiciones similares a las de pozo
profundo a más de 100 metros (SENA) lo que evidencia la fragilidad del
ecosistema y la vulnerabilidad del agua subterránea que se está viendo
afectada por el afloramiento permanente de agua a la superficie.
El impacto puntual del cierre parcial de la piscina de almacenamiento de
aguas lluvias que se encuentra en el área antigua de la Plataforma
Multipozo Muérgana Sur (predio denominado actualmente “Picasso”),

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está teniendo una recuperación natural y acomodándose a las
condiciones paisajísticas […].” 47 (Destacados fuera del texto)

108. De la misma manera, en la segunda complementación al dictamen
pericial, el perito destacó lo siguiente:

“[…] Dando respuesta a lo dispuesto en audiencia de contradicción realizada el
11 de octubre de 2022, acerca de la verificación de por lo menos el 50% de los
puntos georreferenciados en el programa de sísmica del Bloque Llanos 9-3D,
este perito manifiesta:
Que con la información suministrada por Ecopetrol S.A, se adelantó
inspección de campo verificando áreas georreferenciadas en las líneas
donde se realizaron perforación de pozos para la sísmica, en un territorio
de por lo menos el 50% del Bloque Llanos 9-3D, sin encontrarse más
pozos mal restaurados (ósea pozos con afloramiento de agua
subsuperficial) a los ya determinados en los informes anteriores de este
peritazgo.
Se ratifica que desde el punto de vista geológico el área geográfica se
encuentra localizada sobre un depósito que en escala geológica denominado
“Cuaternario”, el cual presenta una secuencia litológica conformada por niveles
de arcilla, conglomerados, areniscas, presentando variación en su espesor de
un lugar a otro.
La litología presenta características únicas que contribuyen a generar
cursos de aguas transitorias y permanentes, así como generar
condiciones que favorecen la recarga, almacenamiento y circulación de
agua subterránea en estos depósitos.
Se ratifica, que la distribución del recurso hídrico tanto Superficial y
Subterráneo en las áreas recorridas, la convierte en un área con potencial
recurso hídrico. Esta área de la Orinoquia es privilegiada por contar con una
amplia red de drenajes superficial, Ríos, caños, Esteros, Morichales, y aguas
de escorrentía, que están ligados en sus nacimientos con la compleja geología
presente en el área, específicamente en área de mayor pendiente zonas de
piedemonte, lugar que limitado por los depósitos no consolidados (Cuaternarios
aluviales, terrazas)
El acuífero superficial asociado a los depósitos cuaternarios, se presentan a
partir de una profundidad de 1,50 metros y puede llegar hasta una profundidad
de 80 metros. Está conformado por arenas y gravas las cuales están saturadas.
La Recarga de los acuíferos superficiales (depósitos cuaternarios), y
acuíferos profundos (formación Guayabo), se generan desde la parte alta
del piedemonte, específicamente desde el área que abarca el cerro
Zamaricote.
Se reafirma, que acorde a la evaluación realizada en campo, se evidencia
afectación por intervención de la prospección sísmica, se ha identificado
que actualmente existen puntos de pozos mal restaurados con
manifestación de agua subterránea en superficie. Esto conlleva a

47 Cfr. índice 78 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI.
Sede del Tribunal. Archivo denominado:
“[…] 140_RECIBEPORCORREOELECTRONICO_163INFORMEPERICIAL(.PDF) NroActua 78 […]”.

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establecer que si existen impactos puntuales al medio físico que contiene
el agua subterránea.
[…]
Aunque el impacto existe al día de hoy, esto no compromete la sostenibilidad
del recurso hídrico en las zonas intervenidas, ya que, según resultados de las
muestras de agua tomadas por el perito en el año 2022, se puede concluir que
no hay afectación de carácter físico-química en la calidad de agua. Con
respecto a la presencia de agua subterránea, esta seguirá realizando su
recarga gracias al periodo de lluvias en esta región y que a largo plazo en el
tiempo habría una afectación.
Con respecto al seguimiento y medidas de manejo ambiental, por parte
de Corporinoquia, se puede establecer que las medidas de manejo
ambiental (MMA), implementadas por el operador de la licencia donde
Corporinoquia adelanto seguimiento no fueron eficientes y suficientes ya
que la restauración final de algunos pozos en la vereda Brito Alto no se
dio, desconociendo la importancia hidrogeológica que se tiene en el
bloque sísmico Llanos 9-3D.
Que las medidas de mitigación propuestas por Corporinoquia no son las
más eficientes, teniendo en cuenta que existe un proceso sancionatorio
dentro la resolución No 200.36.21.1632 del 10 de diciembre de 2021. En
donde se evidencia que la corporación identifico en su momento la
problemática hace más de 10 años cuando se desarrollaron los trabajos
de sísmica y que estos fueron descritos en inspecciones de seguimiento
y conceptos técnicos, pero finalmente no se llegó a una solución a los
reclamos de las comunidades desde el momento de realizarse la sísmica
[…].” 48 (Destacado fuera del texto)

109. Copia del “[…] Informe técnico final – Construcción de abrevaderos y
obras de drenaje y conducción de aguas superficiales y de escorrentía en los
predios El Corozo y La Aventura pertenecientes al Programa de Exploración
Sísmica Llanos - 9 […]”, del 1 de febrero de 202249. La Sala destaca lo
siguiente:

“[…]

48 Cfr. índice 128 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado:

“[…] 204_RECIBEPORCORREOELECTRONICO_INFORMEFINALCOMPLE(.pdf) NroActua 128 […]”.
49
Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado “[…]
2ED_ApelacionMemorial(.pdf) NroActua 2 […]”.

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[…]

[…]”.

110. Copia del documento denominado “[…] Revisión Estudios de
Hidrogeología realizados en el área del Bloque Llanos 9 […]”, elaborado el 24
de abril de 2023 por la vicepresidencia de exploración – Gerencia de Servicios
de Exploración de ECOPETROL S.A. La Sala destaca lo siguiente50:

50
Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado “[…]
2ED_ApelacionMemorial(.pdf) NroActua 2 […]”.

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“[…]

[…]”.

111. Copia del documento con radicado de entrada en CORPORINOQUIA
YO-2024-02970 y radicado de salida 2-2024-033-OT0005749 de 13 de
febrero de 2024, suscrito por la apoderada general de ECOPETROL S.A.
dirigido al subdirector de control y calidad ambiental de CORPORINOQUIA, el
cual tiene por asunto “[…] Cumplimiento del artículo cuarto de la Resolución
No. 200.36.21-1632 del 10 de diciembre de 2021. Informe de gestión
actividades de restauración ambiental mediante la construcción de
abrevaderos en los predios El Corzo y La Aventura – Programa de Explotación
Sísmica Llanos 9 3D […]”. La Sala destaca lo siguiente51:

“[…]

51
Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado “[…]
2ED_ApelacionMemorial(.pdf) NroActua 2 […]”.

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[…]”.
112. Copia del documento denominado “[…] Informe de actividades
realizadas restauración LLA-9 3D […]”, de 16 de enero de 2024, elaborado
por la vicepresidencia de exploración – Gerencia GSE de ECOPETROL S.A.
La Sala destaca lo siguiente:
“[…]

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[…]”.

113. La Sala no desconoce que ECOPETROL ha realizado diferentes
acciones tendientes a la restauración ambiental en el área afectada por el
proyecto de exploración sísmica Llanos 9 3D, sin embargo, las pruebas
allegadas al proceso no son suficientes para concluir la existencia de un hecho
superado en el caso concreto.

114. Por el contrario, la Sala evidencia que la zona en la que se realizó la
actividad de exploración sísmica por parte de ECOPETROL es un área de
especial valor ecosistémico, toda vez que, aún cuando no se encuentra dentro
de los polígonos del área protegida del Cerro Zamaricote, tal como quedó
acreditado con las pruebas allegadas al expediente, no es menos cierto, que
la afectación se localiza en la zona de influencia del área protegida, con
presencia de acuíferos que requieren protección constitucional.

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115. Adicionalmente, la Sala destaca que a pesar de las actividades
restaurativas realizadas por ECOPETROL, se mantiene la amenaza en
algunos puntos en los que la empresa realizó exploración de hidrocarburos,
en donde continúa el afloramiento de agua, sin que exista certeza sobre el
estado de dicho proceso de restauración ni de la conservación de los
ecosistemas, lo que hace necesario, entre otras cosas, la elaboración
actualizada del estudio hidrogeológico a detalle que fue ordenado por el
Tribunal.

116. La Sala considera que el Tribunal en la sentencia apelada realizó una
debida valoración probatoria, por lo que el argumento expuesto por
ECOPETROL relacionado con la falta de análisis probatorio propio y
suficiente, no tiene vocación de prosperidad.

117. No obstante lo anterior, la Sala considera que es necesario modificar la
sentencia apelada, tal como se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia, en el sentido de precisar que el amparo recae sobre las
afectaciones al medio ambiente presentadas con ocasión de la ejecución del
proyecto de exploración sísmica Llanos 9 3D, concretamente, en lo que tiene
que ver con la perforación exploratoria Llanos 9, toda vez que la perforación
exploratoria Llanos 14 no fue ejecutada, como se desprende del siguiente
material probatorio:

118. Copia del escrito de 16 de diciembre de 201952 en el que la ANLA
informó sobre el abandono del pozo Muérgana Sur, refirió que: i) actualmente
el proyecto “Área de perforación exploratoria en el Bloque Llanos 9” se
encuentra en la fase de desmantelamiento y recuperación; ii) la plataforma
multipozo Muérgana Sur se encuentra en estado de abandono; iii) la superficie
se encuentra desmantelada, abandonada y recuperada; iv) actualmente el
área se encuentra revegetalizada; v) en el área de perforación exploratoria
Llanos 9 únicamente se perforó el pozo Muérgana Sur, el cual fue declarado
seco, por lo que se inició etapa de recuperación ambiental; vi) respecto del

52 Cfr. Folio 998.

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área de perforación exploratoria Llanos 14, mediante la resolución 982
del 3 de julio de 2018 expedida por la ANLA, se declaró la pérdida de
ejecutoria de la resolución 552 del 30 de mayo de 2014, por la que se
otorgó licencia ambiental; en ese sentido, se dio por terminada dicha
licencia y se dispuso archivar el expediente LAV00302013.

119. Copia del escrito de 17 de diciembre de 202053 mediante el cual
ECOPETROL informa que ejerció el derecho de renuncia previsto en el
contrato Llanos 14, el 13 de agosto de 2017 y a su vez, solicitó el traslado de
las inversiones pendientes por ejecutar a otros bloques, que se han llevado a
cabo mesas de trabajo con el fin de definir los parámetros que se deben
cumplir para que un bloque sea receptor de traslados de inversión; y, que una
vez la ANH expida el marco normativo correspondiente remitirá las
respectivas propuestas con el fin de continuar con el proceso de devolución
del área contratada.

120. Por otro lado, la ANLA y ECOPETROL cuestionaron la valoración del
dictamen pericial, en concreto, señalaron que el Tribunal no hizo un análisis
técnico y razonado de la prueba; no se tuvieron los alegatos de conclusión de
ECOPETROL en los que hizo un análisis detallado de la pericia, por lo que
solicitó tener en cuenta el recurso presentado por ECOPETROL el 31 de
diciembre de 2021 ante CORPORINOQUIA.

121. La Sala no accederá a la valoración del recurso de reposición que
presentó ECOPETROL en el trámite del proceso administrativo sancionatorio,
toda vez que los argumentos expuestos en ese escrito se dirigen a cuestionar
un acto administrativo, el cual no es objeto de debate en el proceso de la
referencia y, adicionalmente, escapa a la naturaleza de la acción popular.

122. La Sala observa que el Tribunal valoró el dictamen pericial rendido por
el ingeniero civil William Rojas Vergara, cuyas conclusiones se mencionaron
supra. Asimismo, el Tribunal tuvo en consideración los dos escritos de
complementación del dictamen pericial y la contradicción del dictamen.

53 Cfr. Folio 1026.

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123. La Sala destaca que, en lo relacionado con el dictamen pericial, el
Tribunal consideró lo siguiente en la sentencia apelada:

“[…] En lo que tiene que ver con la idoneidad del perito se encuentra que, es
ingeniero civil desde el año 1988, cuenta con estudios de postgrado a nivel de
especialización y maestría y ha rendido diferentes peritajes judiciales
relacionados con la industria de hidrocarburos lo que implica que es una
persona capaz, está debidamente formada profesionalmente y cuenta con la
experiencia que se requiere para rendir este tipo de peritazgos.

Adicionalmente, analizada la experticia junto con lo señalado por el perito en
las diferentes audiencias de contradicción realizadas se determina que, se
realizó un estudio exhaustivo de la información disponible en el expediente y
se acudió al sitio del proyecto para efectuar un trabajo de mayor precisión […]”.

124. El perito en las audiencias de contradicción del dictamen pericial
manifestó, entre otras cosas, que54: i) cuenta con ocho años de experiencia
relacionada con la industria del petróleo en el Departamento de Casanare, en
el proyecto desarrollado por British Petroleum Company a través de un
contratista que realizaba labores de interventoría ambiental; y, en otros
proyectos de hidrocarburos en los Departamentos de Putumayo y Meta, entre
otros e igualmente en docencia universitaria durante diez años, en temas
relacionados con aguas y saneamiento básico; ii) ha realizado 3 o 4 peritajes
en el área de hidrocarburos en procesos que cursaron en el Tribunal
Administrativo de Casanare; iii) con base en la información remitida por
ECOPETROL procedió a inspeccionar el área de trabajo en búsqueda de
pozos mal restaurados en el sitio, sin encontrarse otros diferentes a los
referidos en el primer informe; iv) se determinó que existen un total de 163
puntos de fuentes o impactos no neutralizados o restaurados adecuadamente
de 10832 pozos realizados, lo que genera afloramiento de agua a la superficie,
mostrando en video un ejemplo de esta circunstancia; v) no revisó toda el área
del proyecto lo que no permite establecer más afectaciones.

125. La Sala considera que tampoco tiene vocación de prosperidad el
argumento formulado por ECOPETROL relacionado con que en el peritaje no
se resolvieron las aclaraciones y complementaciones, ni se fundamentó en

54 Índices 86, 122 y 139 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI.

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una prueba científica, por cuanto la empresa propuso este argumento de
manera general sin precisar las razones concretas en las que fundamenta su
inconformidad, estando la carga argumentativa en cabeza de la entidad que
formula el argumento.

126. Por otro lado, los argumentos relacionados con que no se encontraron
más pozos distintos de los mencionados en la primera audiencia de
contradicción del dictamen y que la afloración de agua obedezca a
condiciones geológicas de la zona, no es óbice para mantener la protección
constitucional de los derechos colectivos amparados por el Tribunal, toda vez
que, por una parte, se acreditó que existen puntos en los que persiste la
afloración de agua en sitios en los que se advierte un inadecuado proceso de
desmantelamiento y, por otra parte, no existe certeza respecto de que el actual
estado de filtración de agua sea consecuencia exclusiva de las condiciones
geológicas de la zona, máxime cuando se probó que ECOPETROL realizó
actividades de exploración en el área objeto de protección.

127. En referencia al argumento de CORPORINOQUIA sobre la falta de
pronunciamiento en la sentencia de la objeción formulada frente a los gastos
periciales, la Sala considera que no es un asunto que fuera debatido en la
providencia apelada, ni se trata de una materia sobre la que legalmente deba
hacerse un pronunciamiento en la sentencia.

128. La Sala no desconoce que con el material probatorio se demostró,
entre otras cosas, que en el sector de la vía “Muergana Sur” se evidencia un
proceso de revegetalización, asimismo, que las entidades demandadas han
realizado acciones tendientes a la recuperación ambiental de la zona, sin
embargo, se reitera, al proceso se allegaron pruebas que dan cuenta de la
amenaza y vulneración de los derechos colectivos al goce de un ambiente
sano y a la existencia del equilibrio ecológico como consecuencia de las
afectaciones ambientales causadas en ejecución del programa de exploración
sísmica Llanos 9 3D, por lo que se confirmará el amparo constitucional.

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129. Finalmente, la Sala considera que no es necesario emitir un
pronunciamiento adicional respecto de los demás argumentos expuestos por
la ANLA sobre la valoración probatoria realizada por el Tribunal, teniendo en
cuenta que con lo expuesto en este acápite se encuentra probada la
vulneración de los derechos colectivos mencionados y la necesidad de
protegerlos.

La responsabilidad de la vulneración de los derechos e intereses
colectivos

130. Respecto de la responsabilidad de la ANLA, el Decreto 1076 de 2015
dispone que es la autoridad competente para otorgar o negar la licencia
ambiental de manera privativa para los proyectos, obras o actividades del
sector hidrocarburos, en los siguientes términos:

“[…] ARTÍCULO 1.1.2.2.1 Objeto. La Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales -ANLA- es la encargada de que los proyectos, obras o actividades
sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental cumplan con la
normativa ambiental, de tal manera que contribuyan al desarrollo sostenible
ambiental del País […]”.

“[…] ARTÍCULO 2.2.2.3.2.2. Competencia de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales (ANLA). La Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales -ANLA- otorgará o negará de manera privativa la licencia
ambiental para los siguientes proyectos, obras o actividades:

1. En el sector hidrocarburos:

a) Las actividades de exploración sísmica que requieran la construcción
de vías para el tránsito vehicular y las actividades de exploración sísmica en
las áreas marinas del territorio nacional cuando se realicen en profundidades
inferiores a 200 metros;

b) Los proyectos de perforación exploratoria por fuera de campos de
producción de hidrocarburos existentes, de acuerdo con el área de
interés que declare el peticionario; […]”. (Destacado fuera de texto).

131. El Decreto Ley 3573 de 2011 en su artículo 10 dispone que el Director
General de la ANLA tiene la facultad de dirigir la evaluación de los estudios
dentro del proceso de licenciamiento ambiental, en los siguientes términos:

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“ARTÍCULO 10°. Funciones del Despacho del Director General de la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Las funciones del Despacho
del Director General son las siguientes:

[…] 3. Dirigir la evaluación de los estudios allegados en los procesos de
licencias, permisos y trámites ambientales.” (Destacado fuera del texto)

132. La Sala observa que la ANLA tiene especiales competencias para
proteger los derechos colectivos amparados. Además, dicha entidad expidió
la licencia ambiental del proyecto de exploración sísmica Llanos 9 3D y ha
realizado actividades de seguimiento y control ambiental en el marco de sus
competencias constitucionales, legales y reglamentarias, por lo que su
responsabilidad en el proceso de la referencia deviene de sus competencias
como autoridad ambiental, específicamente en el sector de hidrocarburos.

133. Frente a CORPORINOQUÍA, la Sala destaca que el artículo 31 de la
Ley 99 de 1993 establece las funciones de las corporaciones autónomas
regionales dentro de las que se encuentran ser la máxima autoridad ambiental
en su área de jurisdicción; ejercer la evaluación, control y seguimiento
ambiental de las actividades de exploración, explotación, beneficio,
transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables;
ordenar y establecer normas y directrices para el manejo de las cuencas
hidrográficas dentro del área de su jurisdicción; y promover y ejecutar obras
de regulación de cauces y corrientes de agua necesarias para la defensa,
protección y adecuado manejo de las cuencas hidrográficas en el territorio de
su jurisdicción y, especialmente promover y desarrollar la participación
comunitaria en actividades y programas de protección ambiental, de
desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los recursos naturales
renovables.

134. De manera que las competencias atribuidas por el ordenamiento
jurídico a la corporación autónoma regional están acordes con el seguimiento,
control y vigilancia de permisos y licencias ambientales e igualmente frente a
las actividades de sensibilización y capacitación a la comunidad.

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135. En el mismo sentido, el artículo 2.2.2.3.9.1 del Decreto 1076 de 2015
sobre el control y seguimiento a las licencias ambientales establece lo
siguiente:

“[…] Artículo 2.2.2.3.9.1. Control y seguimiento. Los proyectos, obras o
actividades sujetos a licencia ambiental o plan de manejo ambiental, serán
objeto de control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales, con
el propósito de:

1. Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en
relación con el plan de manejo ambiental, el programa de seguimiento y
monitoreo, el plan de contingencia, así como el plan de desmantelamiento y
abandono y el plan de inversión del 1%, si aplican.

2. Constatar y exigir el cumplimiento de todos los términos, obligaciones y
condiciones que se deriven de la licencia ambiental o plan de manejo
ambiental.

3. Corroborar el comportamiento de los medios bióticos, abióticos y
socioeconómicos y de los recursos naturales frente al desarrollo del proyecto.

4. Revisar los impactos acumulativos generados por los proyectos, obras o
actividades sujetos a licencia ambiental y localizados en una misma área de
acuerdo con los estudios que para el efecto exija de sus titulares e imponer a
cada uno de los proyectos las restricciones ambientales que considere
pertinentes con el fin de disminuir el impacto ambiental en el área.

5. Verificar el cumplimiento de los permisos, concesiones o autorizaciones
ambientales por el uso y/o utilización de los recursos naturales renovables,
autorizados en la licencia ambiental.

6. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto,
obra o actividad.

7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir
las contingencias ambientales ocurridas.

8. Imponer medidas ambientales adicionales para prevenir, mitigar o corregir
impactos ambientales no previstos en los estudios ambientales del proyecto.

En el desarrollo de dicha gestión, la autoridad ambiental podrá realizar entre
otras actividades, visitas al lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer
requerimientos, imponer obligaciones ambientales, corroborar técnicamente o
a través de pruebas los resultados de los monitoreos realizados por el
beneficiario de la licencia ambiental o plan de manejo ambiental.

Frente a los proyectos que pretendan iniciar su fase de construcción, de
acuerdo con su naturaleza, la autoridad ambiental deberá realizar una primera

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visita de seguimiento al proyecto en un tiempo no mayor a dos (2) meses
después del inicio de actividades de construcción.

9. Allegados los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICAs) la autoridad
ambiental competente deberá pronunciarse sobre los mismos en un término no
mayor a tres (3) meses.

Parágrafo 1º. La autoridad ambiental que otorgó la licencia ambiental o
estableció el plan de manejo ambiental respectivo, será la encargada de
efectuar el control y seguimiento a los proyectos, obras o actividades
autorizadas.

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente parágrafo las
autoridades ambientales deberán procurar por fortalecer su capacidad técnica,
administrativa y operativa. […]”.

136. De acuerdo con la normativa referida CORPORINOQUIA tiene
funciones específicas que resultan necesarias para la protección de los
derechos colectivos amparados, por lo que la Sala considera que su
responsabilidad en el caso concreto se fundamenta en las competencias
asignadas a esa entidad.

137. En este sentido las órdenes judiciales que se imparten en esta
providencia a CORPORINOQUIA y a la ANLA, en calidad de autoridades
ambientales, deben cumplirse en el marco de las competencias
constitucionales, legales y reglamentarias de cada una de estas entidades.

138. En lo que tiene que ver con la responsabilidad de la ANH, la Sala
destaca que el artículo 2 del Decreto 714 de 201255 establece como objetivo
de la ANH: administrar integralmente las reservas y recursos de hidrocarburos
de propiedad de la Nación, promover su aprovechamiento óptimo y sostenible
y contribuir a la seguridad energética nacional, y este es el contenido del
artículo 3 ibidem que establece sus funciones generales:

“[…] Artículo 3°. Funciones generales. Son funciones de la Agencia Nacional
de Hidrocarburos, ANH, las siguientes:

(…) 3. Diseñar, promover, negociar, celebrar y administrar los contratos y
convenios de exploración y explotación de hidrocarburos de propiedad de la
Nación, con excepción de los contratos de asociación que celebró Ecopetrol

55 “Por el cual se establece la estructura de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, y se dictan

otras disposiciones”

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hasta el 31 de diciembre de 2003, así como hacer el seguimiento al
cumplimiento de todas las obligaciones previstas en los mismos.

4. Asignar las áreas para exploración y/o explotación con sujeción a las
modalidades y tipos de contratación que la Agencia Nacional de
Hidrocarburos, ANH, adopte para tal fin.

(…) 7. Convenir, en los contratos de exploración y explotación, los
términos y condiciones con sujeción a los cuales las compañías
contratistas adelantarán programas en beneficio de las comunidades
ubicadas en las áreas de influencia de los correspondientes contratos.

(…) 17. Hacer seguimiento al cumplimiento de las normas técnicas
relacionadas con la exploración y explotación de hidrocarburos dirigidas
al aprovechamiento de los recursos de manera racional e integral […].”

139. Por lo que en el proceso de administración integral de las reservas y
recursos de hidrocarburos de propiedad de la Nación la ANH tiene la función
de convenir en los contratos de exploración y explotación las condiciones en
las cuales se adelantarán programas en beneficio de las comunidades
ubicadas en las áreas de influencia de los correspondientes contratos dirigidos
al aprovechamiento de los recursos de manera racional e integral.

140. La competencia de la ANH está en consonancia con la realización de
actividades de sensibilización y capacitación a la comunidad y abstenerse de
ejecutar o autorizar proyectos de exploración y producción de hidrocarburos
sin contar con los estudios hidrogeológicos necesarios para la conservación
de las fuentes hídricas, entre otros aspectos de protección de intereses
colectivos en el caso concreto.

141. En adición, la Sala resalta que, dentro de los argumentos de apelación
de la ANH, se informó sobre su procedimiento interno en el cual se elabora
una ficha socio ambiental que es entregada a las empresas interesadas en la
exploración de hidrocarburos, por lo que en el marco de sus competencias,
como entidad que suscribió con ECOPETROL el contrato de exploración y
producción E&P, está llamada a garantizar la protección de los derechos
colectivos en el caso concreto, sin que la Sala observe elementos de hecho o
de derecho para su desvinculación.

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142. Por lo anterior, el argumento expuesto por la ANH sobre la falta de
responsabilidad en el caso concreto no está llamado a prosperar, toda vez
que, se reitera, fue la entidad que suscribió el contrato de exploración y
producción 41 de 2009 a partir del cual se ejecutó el programa de exploración
sísmica Llanos 9 3D, que generó afectaciones al medio ambiente y a los
recursos naturales, por lo que su responsabilidad se desprende de sus
funciones, concretamente, al estar encargada de hacer seguimiento al
cumplimiento de las normas técnicas relacionadas con la exploración y
explotación de hidrocarburos dirigidas al aprovechamiento de los recursos de
manera racional e integral.

143. En cuanto a la responsabilidad de ECOPETROL S.A., la Sala
considera que la empresa, como operador de la actividad de exploración
sísmica y de perforación exploratoria, de conformidad con el Decreto 1760 de
200356, tiene dentro de sus objetivos misionales la exploración y explotación
de hidrocarburos, así como la función de realizar cualquier actividad conexa,
complementaria o útil para el desarrollo de sus funciones, dentro de las cuales
se encuentran la realización de campañas de sensibilización y capacitación
sobre protección y conservación de fuentes hídricas, también las actividades
relacionadas con su responsabilidad social, especialmente en las
comunidades de los sitios en donde tiene influencia, como se observa:

“[…] ARTÍCULO 34. Objetivos de Ecopetrol S. A. Serán objetivos de
Ecopetrol S. A. los siguientes:

34.1 La exploración y explotación de las áreas vinculadas a todos los contratos
celebrados hasta el 31 de diciembre de 2003, las que hasta esa fecha estén
siendo operadas directamente y las que le sean asignadas por la Agencia
Nacional de Hidrocarburos, ANH.

34.2 La exploración y explotación de hidrocarburos en el exterior, directamente
o a través de contratos celebrados con terceros.

34.3 La refinación, el procesamiento y cualquier otro proceso industrial de los
hidrocarburos y sus derivados, en instalaciones propias o de terceros, en el
territorio nacional y en el exterior.

56 “Por el cual se escinde la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, se modifica su estructura

orgánica y se crean la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la sociedad Promotora de Energía de
Colombia S. A.”

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34.4 La distribución de hidrocarburos, derivados y productos en el territorio
nacional y en el exterior.

34.5 El transporte y almacenamiento de hidrocarburos, derivados y productos,
a través de los sistemas de transporte propios y de terceros, en el territorio
nacional y en el exterior, con la única excepción del transporte comercial de
gas natural en el territorio nacional.

34.6 La comercialización nacional e internacional de gas natural, de petróleo,
sus derivados y productos.

34.7 La realización de cualesquiera actividades conexas,
complementarias o útiles para el desarrollo de las anteriores.

PARÁGRAFO. Ecopetrol S. A. para el desarrollo de las actividades propias
de su objeto y como parte de su responsabilidad social, podrá adelantar
programas sociales para la comunidad, especialmente con la que se
encuentre radicada en los sitios donde tiene influencia […]”. (Destacado
fuera de texto).

144. De otra parte, el impacto ambiental de la actividad de exploración y
producción de hidrocarburos que realiza ECOPETROL S.A. conlleva
naturalmente la ejecución de medidas de mitigación, las cuales no se limitan
al cierre de pozos, sino también a realizar campañas de sensibilización y
capacitación sobre protección y conservación de fuentes hídricas como se
observó arriba.

145. En efecto, las pruebas obrantes evidenciaron la deficiencia de las
medidas de mitigación implementadas frente al daño ambiental ocasionado.
En particular, se constató que las principales afectaciones derivaron del
inadecuado cierre de los pozos de perforación sísmica, vulnerando los
derechos colectivos objeto de protección, por lo que se trató de un daño
concreto y no de uno contingente, respecto del cual la responsabilidad de
ECOPETROL deviene de la actividad exploratoria que realizó en la zona a
partir del contrato suscrito con la ANH y de las afectaciones que causó al
ecosistema y a los recursos naturales, por lo que los argumentos tendientes
a relevar a la empresa de responsabilidad no prosperan.

146. Por otro lado, la Sala resalta que tampoco es de recibo el argumento
de los apelantes según el cual, en sede de acción popular, resulta
indispensable acreditar la responsabilidad estatal bajo el título de falla del

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servicio o realizar un estudio de los elementos de la responsabilidad, tal como
se hace en los casos en los que se estudia la responsabilidad administrativa.
Tal planteamiento desconoce la naturaleza y finalidad de este mecanismo
constitucional, orientado a la protección efectiva de los derechos e intereses
colectivos, en el que adquiere especial relevancia el ámbito competencial de
las entidades demandadas y las atribuciones legales que les imponen el deber
de intervenir y adoptar las medidas necesarias para superar la problemática
que originó la acción.

147. En ese contexto, la responsabilidad derivada de la vulneración de
derechos colectivos no se circunscribe a los presupuestos clásicos de la
responsabilidad patrimonial del Estado, sino que atiende al cumplimiento de
los deberes funcionales de prevención, control, vigilancia y coordinación,
conforme a los principios de articulación, colaboración armónica y
concurrencia que rigen las actuaciones de las entidades públicas.

148. Asimismo, en las sentencias: Sección Tercera, 11 de noviembre de
1999, M.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, rad. 11499, y iii) Rad. S-123-
95, 14 de febrero de 1995, M.P. Consuelo Sarria Olcos, citadas por la ANLA,
analizan la responsabilidad patrimonial del Estado, cuestión ajena a la
protección de los derechos colectivos.

149. La Sala destaca que, al revisar la jurisprudencia de la Sección
Segunda, Subsección B, 8 de septiembre de 2016, M.P. Sandra Lisset Ibarra
Vélez, Exp. 2707-2014, la jurisprudencia citada no corresponde a una acción
popular sino a una acción de carácter laboral, y que en la fecha referida (8 de
septiembre de 2016) no se registra ninguna sentencia de la Sección Segunda.
En ese orden, la Sala advierte que el apelante no cumplió con la carga
argumentativa exigida en este punto, razón por la cual no es posible efectuar
un pronunciamiento de fondo en este punto.

150. En consecuencia, no les asiste razón a las entidades apelantes al
sostener que carecen de responsabilidad, pues, como quedó demostrado en
el presente asunto, la ANLA, la ANH, CORPORINOQUIA y ECOPETROL S.A.
tienen obligaciones relacionadas con la mitigación de los impactos
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ambientales y les corresponde garantizar, de manera efectiva, la protección
de los derechos colectivos.

Sobre las órdenes para la protección de los derechos colectivos

151. El Tribunal Administrativo de Casanare en la sentencia proferida el 4
de julio de 2024 impartió las siguientes órdenes:

“[…] TERCERO: Para la protección de los precitados derechos colectivos las
accionadas deberán:

a. ECOPETROL S.A.:

• Culminar con los requerimientos impartidos por la AGENCIA
NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES y la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUÍA, en relación con los proyectos
Llanos 9 y 14, dentro de los seis (6) meses siguientes a ejecutoria del
presente fallo.
• En el evento que las autoridades antes referidas emitan nuevos
requerimientos ambientales en relación con los proyectos Llanos 9 y 14,
ECOPETROL S.A. deberá acatarlos en el término que se señale por las
mismas.

b. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES y
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUÍA: adelantar
las actuaciones administrativas y judiciales a que haya lugar a fin que, (sic)
ECOPETROL S.A. cumpla con los requerimientos impartidos en la ejecución
de los proyectos Llanos 9 y 14 y la normativa ambiental correspondiente.
c. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES -ANLA,
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUÍA y
ECOPETROL S.A.: Dentro del año siguiente a la ejecutoria del presente
proveído, adelantar un estudio hidrogeológico a detalle a fin de establecer
las áreas que requieran un plan de protección y/o conservación en la zona
licenciada para los programas Llanos 9 y 14 y a partir de ahí, establecer los
mecanismos de restauración a que haya lugar, el cual deberá ejecutar
ECOPETROL S.A. en los plazos que las autoridades ambientales señalen
para tal efecto.
d. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS, AUTORIDAD NACIONAL
DE LICENCIAS AMBIENTALES, CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE LA ORINOQUÍA y ECOPETROL S.A.: en el término de seis (6) meses,
contados a partir de la ejecutoría de esta sentencia, realizar actividades de
sensibilización y capacitación a la comunidad en la que se desarrollaron los
programas Llanos 9 y 14 sobre protección y conservación de las fuentes
hídricas.
CUARTO: INSTAR a la AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS, a la
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES, CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUÍA y ECOPETROL S. A. para que, se
abstengan de ejecutar o autorizar proyectos de exploración y producción de

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hidrocarburos, sin contar con los estudios hidrogeológicos a detalle y evitar la
afectación de fuentes hídricas […]”.

152. Respecto a la orden relacionada con la elaboración del estudio
hidrológico a detalle, la Sala destaca que mediante la resolución 421 de 20 de
marzo de 2014, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, se adoptaron los términos de referencia para la elaboración del
Estudio de Impacto Ambiental para los proyectos de perforación exploratoria
de hidrocarburos y se toman otras determinaciones, del cual se resalta lo
siguiente:

“[…] 5.1 MEDIO ABIÓTICO
5.1.1 Geología
Se debe presentar la descripción de las unidades geológicas aflorantes a
nivel regional junto con la geología estructural del área (orientación de
estratos, fallas, pliegues, columna estratigráfica, etc.), con base en estudios
existentes en la zona y ajustada con el respectivo control de campo.
Respecto a la información específica relacionada con las unidades
estratigráficas y rasgos estructurales, ésta debe ser soportada mediante
perfiles estratigráficos, los cuales se pueden determinar a partir observaciones
directas con su respectivo registro fotográfico debidamente datado, identificado
y georreferenciado.
El responsable del estudio deberá complementar la información anterior
con planos en planta, secciones transversales y elementos geológicos de
carácter regional, el cual será a su vez el insumo fundamental de los
modelos geotécnicos, hidrogeológicos y sismotectónicos.
Esta información debe ser ajustada a partir de la información existente
utilizando las técnicas disponibles y debe ser consistente con la nomenclatura
geológica nacional, establecida por el Servicio Geológico Colombiano (SGC).
Se establece que la información debe generarse en escala 1:25.000 o mayor;
donde se requiera, de acuerdo con las condiciones particulares del área se
deberá contar con una escala de trabajo de detalle y una escala de
presentación que permita realizar la correspondiente lectura.
[…]

5.1.6 Hidrogeología
El alcance de este componente está enfocado a la identificación y
caracterización del agua subterránea y los acuíferos presentes en la zona,
de manera que se pueda establecer una línea base que sirva como punto
de referencia para el posterior monitoreo de este recurso en términos de
calidad y cantidad.

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Para el área de influencia del componente hidrogeológico, se deberá identificar
los acuíferos de carácter regional, sus zonas de recarga y descarga,
direcciones generales de flujo, el tipo de acuífero, calidades y tipos de usos
actuales, considerando además las investigaciones hidrogeológicas realizadas
en la zona por diferentes instituciones tanto estatales como académicas.

Para el área de influencia del componente hidrogeológico, definido
teniendo en cuenta los acuíferos presentes en el área que serán
intervenidos con las actividades y obras proyectadas, se debe presentar
la siguiente información:

• Análisis de información existente hidrogeológica, hidrológica,
geológica, geofísica (informes de prospección geofísica incluyendo la
georreferenciación de los sondeos eléctricos verticales (SEV) u otros
métodos geofísicos que se hayan realizado en el área, perfiles
geoeléctricos y correlación de las unidades litológicas), hidroquímica,
cartográfica existente del área, identificando en todos los casos la fuente
de información.

• Inventario y georreferenciación de los puntos de agua subterránea que
incluya pozos, aljibes y manantiales del APE, indicando uso y número
estimado de usuarios.

• Identificar la unidad geológica captada, su caracterización fisicoquímica
y los caudales de explotación.

• Determinar o estimar la dirección del flujo del agua subterránea,
posibles conexiones hidráulicas entre acuíferos y cuerpos de agua
superficiales.

• Identificar zonas de recarga y descarga naturales de los acuíferos.

• Protección de la calidad del acuífero. Deberá emplearse el método más
adecuado para determinar la vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos
presentes, a la contaminación, sustentando su selección. Presentar el mapa
hidrogeológico a escala 1:25.000 o mayor para el área de influencia del
componente hidrogeológico, localizando puntos de agua, tipo de acuífero,
dirección de flujo del agua subterránea y zonas de recarga y descarga. El mapa
debe ir acompañado de perfiles y un bloque-diagrama que represente el
modelo hidrogeológico conceptual del sitio […]”. (Destacado fuera de texto)

153. Asimismo, mediante la resolución 798 de 17 de junio de 2025, expedida
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se actualizó la “Guía
Básica Ambiental para Programas de Exploración Sísmica Terrestre”, en la
que, entre otras cosas, se prevén las fases y actividades en desarrollo de un
proyecto de exploración sísmica, siendo la última fase la denominada
“abandono del área”, la cual tiene como actividades principales el cierre
ambiental y social del proyecto y la evaluación expost.

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154. De acuerdo con lo señalado en la mencionada Guía, la fase de
abandono y restauración del área intervenida incluye la evaluación de las
áreas intervenidas, el plan de restauración y abandono, la ejecución de dicho
plan y el control y seguimiento ambiental. Asimismo, la Guía dispone que el
responsable de la fase de abandono y restauración es la compañía operadora.

155. En la misma línea, la Guía establece que en la etapa posoperativa se
debe realizar la evaluación expost, la cual incorpora dentro de los aspectos
metodológicos para efectuar la evaluación “[…] Realizar mediciones de nivel
estático antes y después de terminadas las actividades de la fase operativa
de adquisición sísmica, el tiempo de monitoreo se definirá para cada proyecto
en particular teniendo en cuenta consideraciones hidrogeológicas […]”.
(Destacado fuera de texto).

156. La Sala considera que la orden relacionada con la elaboración del
estudio hidrogeológico debe modificarse en el sentido de asignar su
realización y ejecución, como responsable del estudio, a ECOPETROL S.A.
por haber sido la entidad que realizó la exploración sísmica en la zona objeto
de protección y por ser la responsable de la fase de abandono y restauración.

157. Asimismo, se ordenará a la ANLA y CORPORINOQUIA que, en el
marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias,
indiquen a la empresa la información y los criterios que debe contener el
precitado estudio, de acuerdo con los términos de referencia para la
elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para los proyectos de
perforación exploratoria de hidrocarburos, la Guía Básica Ambiental para
Programas de Exploración Sísmica Terrestre y las demás normas que regulen
la materia, tal como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

158. La Sala observa que en la sentencia apelada se omitió determinar la
autoridad responsable de presidir el Comité de Verificación encargado de
efectuar el seguimiento al cumplimiento de las órdenes impartidas. En
consecuencia, atendiendo al artículo 34 de la Ley 472 y la jurisprudencia de
la Sección, se modificará el ordinal quinto de la parte resolutiva del fallo

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apelado en el sentido de establecer que le corresponderá al Magistrado
Ponente del Tribunal fungir como presidente de dicho comité.

159. La Sala considera que las demás órdenes impartidas por el Tribunal en
la sentencia apelada son idóneas para proteger los derechos colectivos
amparados, además de ser proporcionales y ajustarse a las competencias de
las entidades accionadas, por lo que se confirmarán, tal como se dispondrá
en la parte resolutiva de esta providencia.

Conclusiones

160. La Sala modificará los ordinales tercero, cuarto y quinto de la sentencia
apelada y confirmará, en lo demás, la sentencia de 4 de julio de 2024 proferida
por el Tribunal Administrativo de Casanare.

161. De conformidad con el artículo 38 de la Ley 472 de 1998 y los
numerales 1 y 8 del artículo 365 de la Ley 1564 de 2012, la Sala se abstendrá
de condenar en costas en esta instancia, en atención a que no está probada
su causación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: MODIFICAR los ordinales tercero, cuarto y quinto de la parte
resolutiva de la sentencia de 4 de julio de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo de Casanare, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia, los cuales quedarán de la siguiente manera:

“[…] TERCERO: Para la protección de los precitados derechos colectivos las
accionadas deberán:

a. ECOPETROL S.A.:

• Culminar con los requerimientos impartidos por la AGENCIA NACIONAL DE
LICENCIAS AMBIENTALES y la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL

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DE LA ORINOQUÍA, en relación con el proyecto Llanos 9, dentro de los seis
(6) meses siguientes a la ejecutoria del presente fallo.

• En el evento que las autoridades antes referidas emitan nuevos
requerimientos ambientales en relación con el proyecto Llanos 9, ECOPETROL
S.A. deberá acatarlos en el término que señalen las mismas.

b. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES y
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUÍA: adelantar las
actuaciones administrativas y judiciales a que haya lugar a fin de que
ECOPETROL S.A. cumpla con los requerimientos impartidos en la ejecución
del proyecto Llanos 9 y la normativa ambiental correspondiente.

c. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES -ANLA y la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUÍA, en el término
de 2 meses siguientes a la notificación de esta sentencia, en el marco de sus
competencias constitucionales, legales y reglamentarias entregarán a
ECOPETROL los lineamientos que debe contener el estudio hidrogeológico a
detalle, de acuerdo con las normas que regulen la materia.

Por su parte, ECOPETROL S.A., dentro de los cuatro (4) meses siguientes al
cumplimiento del término anterior, presentará el estudio a las autoridades
ambientales para su evaluación. La ANLA y CORPORINOQUIA, en el marco
de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, realizarán la
evaluación y autorizarán la ejecución de las acciones establecidas en el estudio
en los plazos previstos en el mismo.

La ejecución de las acciones previstas en el estudio y aprobadas por las
autoridades ambientales, corresponden a ECOPETROL S.A., entidad que
dispone del término previsto en los estudios hidrogeológicos sin que, en todo
caso, pueda exceder de un (1) año para su cumplimiento.

d. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS, AUTORIDAD NACIONAL
DE LICENCIAS AMBIENTALES, CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE LA ORINOQUÍA y ECOPETROL S.A.: en el término de seis (6) meses,
contados a partir de la ejecutoría de esta sentencia, realizar actividades de
sensibilización y capacitación a la comunidad en la que se desarrolló el
programa Llanos 9 sobre protección y conservación de las fuentes hídricas.

CUARTO: INSTAR a la AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS, a la
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES, a la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUÍA y a
ECOPETROL S. A. para que, en el marco de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias, se abstengan de ejecutar o autorizar
proyectos de exploración y producción de hidrocarburos, sin contar con los
estudios hidrogeológicos a detalle y evitar la afectación de fuentes hídricas.

QUINTO: CONFORMAR un comité de verificación del cumplimiento de las
órdenes dadas en esta sentencia integrado por el Magistrado Ponente del
Tribunal Administrativo de Casanare, quien lo presidirá, los representantes
legales de la AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS, la AUTORIDAD
NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES “ANLA”, la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUÍA y ECOPETROL S. A. o sus

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delegados, los actores populares, el Defensor del Pueblo Regional Casanare y
al representante del Ministerio Público delegado ante esta Corporación […]”.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 4 de julio de 2024
proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del
Pueblo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5
de agosto de 1998.

QUINTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen, dejando las correspondientes anotaciones de ley.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la
Sección Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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