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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 85001-23-33-000-2016-00154-01

Fecha
17 de octubre de 2024
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 85001-23-33-000-2016-00154-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR el numeral PRIMERO de la sentencia de primera instancia y en su lugar declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y Justicia y del Derecho. SEGUNDO: MODIFICAR el numeral SEGUNDO el cual quedará así: “SEGUNDO: Amparar el derecho colectivo a la prestación del servicio público esencial de acceso a la administración de justicia, trasgredido por La Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. En consecuencia, con el fin de garantizar la prestación adecuada y eficiente del servicio público de acceso a la administración de justicia a los usuarios de los juzgados civiles municipales de Yopal, promiscuos municipales de Aguazul y promiscuo del circuito de Paz de Ariporo, el Consejo Superior de la Judicatura deberá cumplir la siguiente medida definitiva: Elaboración de un estudio, según los parámetros del Acuerdo Nro. PSAA07- 4067 DE 2007, “Por el cual se reestructura la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se determina su planta de personal y se señalan sus funciones”, o el que aplique Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co 29 Radicación: 85001-23-33-000-2016-00154-01 Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Casanare para la fecha de ejecutoria de esta decisión, que permita identificar las medidas permanentes o transitorias y/o reordenamiento en el departamento de Casanare; La Nación – Rama Judicial, a través del Consejo Superior de la Judicatura, dentro de los seis meses siguientes a esta sentencia, deberá elaborar el estudio correspondiente en el que se determine con claridad y precisión la situación actual en los juzgados civiles municipales de Yopal, promiscuos municipales de Aguazul y el promiscuo del circuito de Paz de Ariporo, y las medidas a adoptar para garantizar el servicio público de acceso a la justicia, indicando expresamente los plazos de ejecución, que se ajustarán en un todo a los procedimientos que deba seguir para obtener los recursos […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 85001-23-33-000-2016-00154-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

17 de octubre de 2024

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Radicación: 85001-23-33-000-2016-00154-01
Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Casanare

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá DC. diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Medio de control de protección de derechos e
intereses colectivos
Radicación núm.: 85001-23-33-000-2016-00154-01
Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Casanare
Demandados: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y otros

ACCIÓN POPULAR – SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir los recursos de apelación interpuestos por la Rama
Judicial, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Justicia
y del Derecho, contra la sentencia del 30 de julio de 2019 emitida por el
Tribunal Administrativo del Casanare, por la cual se amparó el derecho
colectivo a la prestación eficiente del servicio público de acceso a la
administración de justicia.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La Defensoría del Pueblo Regional Casanare solicitó la protección del derecho
colectivo a la prestación eficiente del servicio público de acceso a la
administración de justicia. Como hechos de la demanda indicó que, con
ocasión del crecimiento del departamento del Casanare, la jurisdicción
ordinaria colapsó, pues contaba con dos juzgados civiles municipales en Yopal,
un juzgado promiscuo municipal en Aguazul e igual número en Paz de Ariporo,
que no son suficientes para atender de manera adecuada y oportuna la
demanda de administración de justicia.

Consideró que, con la entrada en vigencia del Código General del Proceso, el
sistema judicial ordinario del departamento no estaba preparado para asumir
y prestar de manera eficiente el servicio público de administración de justicia.
Señaló que, a pesar de que el Consejo Superior de la Judicatura creó un

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Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Casanare

juzgado civil del circuito, un juzgado laboral, un juzgado de pequeñas causas
y uno de ejecución de penas y medidas de seguridad, no resultaba suficiente.

A partir de estos hechos propuso las siguientes pretensiones:

“PRIMERO: Declarar responsable a LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL –
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – SALA ADMINISTRATIVA,
a título de omisión, quien ha venido poniendo en vulneración los
derechos colectivos en especial el de la PRESTACIÓN EFICIENTE Y
OPORTUDA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA de los ciudadanos
del Departamento del Casanare, por la falta de creación de los
Despachos Judiciales y sala de Decisión del H. Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Yopal – Casanare.

SEGUNDO: Que con el mismo fin de salvaguardar y proteger los
derechos colectivos a que se refiere esta acción popular,
especialmente a acceder al servicio público de administración de
justicia administrativa y que su prestación sea eficiente y oportuna,
se ordena a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura hacer lo necesario solicitar AJUSTES Y/O ADICIONES, para
que el Ejecutivo a través del Director Nacional de Presupuesto y/o a
la Dirección Nacional de Presupuesto provea e incluya las partidas
presupuestales necesarias para la creación de los despachos
judiciales de forma permanente, en el Departamento del Casanare,
así: como mínimo (02) Juzgados Civiles Municipales para el Municipio
de Yopal Casanare, a fin de descongestionar los existentes, (01)
Juzgado Promiscuo Municipal, para el municipio de Aguazul
Casanare, a fin de descongestionar el existente, (01) Juzgado Penal
del Circuito para el municipio de Paz de Ariporo a fin de que el actual
Promiscuo se convierta en civil del Circuito o Viceversa, (02) Salas
de Decisión para el H. Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal
Casanare, a fin de que se cuente con especialidades en materia CIVIL
– FAMILIA – PENAL y LABORAL.

TERCERO: Que se proceda a impartir las determinaciones y órdenes
encaminadas a cumplir la función preventiva prevista en el inciso 2
del artículo 34 de la Ley 472 de 1998, instando a la autoridad Pública
responsables de la amenaza, vulneración y agravio de los derechos
colectivos para que en su futuro no se vuelva a incurrir en los hechos
generadores de esta demanda.

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Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Casanare

CUARTO: De acuerdo a lo previsto por esta acción constitucional
solicito respetuosamente Honorable Magistrado se pronuncie en lo
que usted considere pertinente para proteger los derechos colectivos
violados”.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

2.1. Mediante auto del 5 de julio de 2016, el Tribunal Administrativo del
Casanare admitió la demanda y ordenó notificar a la Nación – Rama Judicial –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Ministerio de Hacienda y Crédito
Público y al Ministerio de Justicia y del Derecho.

2.2.1. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en representación de
la Rama Judicial, contestó la demanda. Señaló que la supresión y creación de
cargos está sustentada en estudios que realiza el Consejo Superior de la
Judicatura y el hecho que en el departamento se hubiesen suprimido unos de
descongestión per se no implicaba que se haya vulnerado o estuviese
amenazada la prestación del servicio de administración de justicia.

Indicó que la acción popular no era procedente pues no se cumplían los
requisitos exigidos por la ley 472, a saber, una acción u omisión, un daño
contingente, peligro o amenaza y la relación de causalidad entre éstos.

Sobre los hechos mencionó que, según lo dispuesto en los artículos 15 y 22
de la ley 1285 en el 2010, la Sala Administrativa, en el marco del plan nacional
de descongestión, implementó una serie de medidas a lo largo del territorio
nacional y expidió los acuerdos PSAAA14-10195 y PSAAA14-10197, mediante
los cuales se terminaron algunas medidas de descongestión que se habían
adoptado. Así mismo, señaló que la supresión o prórroga de las medidas de
descongestión están sustentadas en criterios de eficiencia y eficacia.

Por lo anterior, solicitó que no se accediera a las pretensiones de la demanda.

2.2.2. El Ministerio de Justicia y del Derecho contestó la demanda y propuso
la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, pues la obligación
respecto de la administración, organización, y distribución de los despachos
judiciales le corresponde al Consejo Superior de la Judicatura. Lo anterior en
atención a lo dispuesto en los artículos 256 y 257 de la Constitución Política y
la ley 270 de 1996.

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Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Casanare

2.2.3. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público contestó la demanda y
propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, pues, a
partir de los hechos enunciados no era posible atribuirle responsabilidad
alguna a título de acción u omisión. Indicó que la asignación de las partidas
presupuestales se realiza con base en anteproyectos que presentan cada una
de las entidades públicas, que para el caso objeto de la presente acción le
corresponde al Consejo Superior de la Judicatura.

Adicionalmente, señaló que la parte demandante no agotó el requisito de
procedibilidad ante el Ministerio de Hacienda.

2.2. Mediante auto del 29 de septiembre de 2016 el Tribunal resolvió tener por
contestada la demanda por parte de los Ministerios de Justicia y del Derecho
y el de Hacienda y Crédito Público. Se abstuvo de tener por contestada la
demanda por parte de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, como
quiera que no se aportó el poder que lo acreditaba como representante de la
entidad.

Adicionalmente, resolvió tener como coadyuvantes de la demandante al señor
Jorge Enrique Pérez Cáceres, al abogado Ángel Daniel Burgos y a la abogada
Martha Lucía Moncaleano García. Se abstuvo de vincular a la Fiscalía General
de la Nación.

2.3. Mediante auto del 6 de febrero de 2017 se fijó fecha para la audiencia de
pacto de cumplimiento. El 17 de marzo de 2017 se celebró la audiencia, la que
fue declarada fallida por no haberse planteado fórmula de pacto.

2.4. Mediante auto del 1° de diciembre de 2017 se abrió el período probatorio.

2.5. Mediante auto del 17 de mayo de 2019 se corrió traslado para alegatos
de conclusión.

2.5.1. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentó sus alegatos y
reiteró los argumentos expuestos en la contestación en cuanto a la falta de
legitimación en la causa por pasiva.

2.5.2. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial presentó sus alegatos
reiterando los argumentos de la contestación de la demanda.

2.5.3. La Defensoría del Pueblo Regional Casanare presentó sus alegatos.
Señaló que, conforme el acervo probatorio, se ratificaron los hechos de la
demanda, pues se pudo demostrar la congestión judicial que se presentaba en

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el departamento del Casanare, por lo que de esa manera se vulneraba el
derecho colectivo a la prestación eficiente del servicio público de
administración de justicia.

III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

3.1. El Tribunal Administrativo de Casanare amparó el derecho colectivo
a la prestación del servicio público esencial de acceso a la administración de
justicia e impartió las siguientes órdenes:

Medidas Plazo Responsables
1. Elaboración de estudio para la Dos (2) meses La Nación- Rama
adopción de las medidas Judicial – Consejo
permanentes o transitorias y/o Superior de la
reordenamiento en el Judicatura, a través
departamento de Casanare de la Unidad de
La Nación – Rama Judicial a través Desarrollo y Análisis
del Consejo Superior de la Estadístico, en
Judicatura, deberá elaborar el coordinación con el
estudio correspondiente en el que Consejo Seccional de
se determine con claridad y la Judicatura de
precisión, las medidas que se Boyacá.
deben adoptar para atender y
superar de manera efectiva el
fenómeno de congestión judicial
presentado en los juzgados civiles
municipales de Yopal, promiscuos
municipales de Aguazul y el
promiscuo del circuito de Paz de
Ariporo, especificando: i) si se
hace necesaria la creación de
despachos judiciales, de cargos, o
traslados, entre otras, ii) el plazo
requerido para su adopción, iii) la
puesta en marcha y iv) los
correspondientes costos de
operación.

Por tanto, el CSJ por conducto de
la Unidad de Desarrollo y Análisis
Estadístico o de la dependencia

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competente, debe: i) efectuar un
diagnóstico de cargas, teniendo en
cuenta el incremento poblacional
de los municipios de Yopal,
Aguazul y Paz de Ariporo, y el
análisis de los distritos que
integran el respectivo Consejo
Seccional, ii) Establecer las
mejores opciones técnicas,
detectando la causa de las
falencias y formulando la solución
definitiva, iii) precisar de manera
clara las medidas que se
adoptarán con carácter
permanente o transitorio según el
caso, indicando el tiempo de
implementación y de ejecución de
las mismas, así como la proyección
del presupuesto estimado para su
adopción.
2. Apropiación presupuestal Tres (3) meses La Nación – Rama
contados a Judicial – Consejo
Cumplido lo anterior, el Consejo partir del Superior de la
Superior de la Judicatura debe vencimiento del Judicatura, a través
realizar los procedimientos a que plazo, según lo de la Dirección
haya lugar, para obtener la determinado en Ejecutiva de
respectiva apropiación la etapa Administración
presupuestal u obtención de los anterior. Judicial.
recursos que se requieran para
adoptar las medidas encaminadas Ministerio de Justicia
a enfrentar y solucionar el atraso y del Derecho.
judicial que se evidencia en
despachos judiciales antes Ministerio de
mencionados. Hacienda y Crédito
Público.
El Ministerio de Justicia y del
Derecho debe adelantar los
trámites a que haya lugar para
obtener los recursos que llegaren a
faltar para la adopción de las
medidas que garanticen el acceso
a la administración de justicia que

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se ampara a través de esta
sentencia.

Si la Rama Judicial no cuenta con
la disponibilidad presupuestal
suficiente para adoptar las
medidas que se requieren, lo cual
debe acreditar con certificación de
la Unidad de Presupuesto, el
Consejo Superior de la Judicatura,
por conducto de la Unidad de
Desarrollo y Análisis Estadístico o
de la dependencia
correspondiente, debe remitir el
diagnóstico y los estudios técnicos
realizados de manera inmediata al
Ministerio de Hacienda y Crédito
Público para que dicha entidad
gestione los recursos faltantes y
realice los trámites necesarios
para que sean incluidos en la Ley
Anual de Presupuesto.
3. Implementación de medidas Cuatro (4) La Nación – Rama
aprobadas. meses Judicial – Consejo
contados a Superior de la
El CSJ debe emitir los actos partir del plazo Judicatura.
administrativos para la ejecución anterior.
de las medidas adoptadas.
4. Fase Final. Informes La Nación – Rama
periódicos cada Judicial – a través del
Los representantes legales de los seis (6) meses, Director Ejecutivo de
órganos o entidades accionadas hasta que se Administración
deben informar de manera cumpla de Judicial del Consejo
periódica el avance en cada una de manera Superior de la
las etapas previamente señaladas. completa la Judicatura,
adopción de las Coordinación con el
En caso de adoptarse medidas medidas Director Seccional del
transitorias, se deberán presentar transitorias Consejo Seccional de
informes hasta que se haya adoptadas por la Judicatura.
superado la problemática de el CSJ.
congestión judicial a que se ha Ministro de Hacienda
hecho mención. y Crédito Público.

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Si el
En cuanto a las medidas definitivas diagnóstico Ministro de Justicia y
que se lleguen a adoptar como arroja la del Derecho.
resultado de los análisis indicados necesidad de
en la fase 1, tales como creación creación de
de despachos, de cargos o despachos, de
traslados, para la verificación de cargos o
cumplimiento, se debe certificar traslados, el
por parte del CSJ su efectiva plazo de su
implementación. implementación
no podrá
superar un
término mayor
a un año, desde
la ejecutoria de
esta sentencia.

TERCERO: ORDENAR la conformación de comité de verificación de medidas
definitivas, que será integrado dentro del mes siguiente a la notificación de
esta sentencia, por el Director Ejecutivo Nacional del Consejo Superior de la
Judicatura, el Presidente del Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y
Casanare, quien lo presidirá, el Defensor del Pueblo Regional de Casanare, los
abogados Martha Lucía Moncaleano García y Ángel Daniel Burgos, cuyo
procedimiento se sujetará a las reglas trazadas en la parte motiva de esta
providencia y deberá rendir informes periódicos cada seis (6) meses o cuando
ocurran novedades que requieran intervención judicial más temprana.

CUARTO: Niéguense las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: Sin costas en esta instancia…”

El Tribunal, a partir de una serie de reportes allegados por el Tribunal Superior
en el 2017 e informes aportados por el Consejo Superior de la Judicatura,
concluyó que se vulneró el derecho colectivo a la prestación eficiente del
servicio público de administración de justicia en los juzgados civiles
municipales de Yopal y promiscuos de Aguazul y Paz de Ariporo, con ocasión
de la congestión judicial, pues los procesos asignados superaban 4.000, 700 y
600, respectivamente.

En cuanto a la falta de legitimación de los Ministerios de Hacienda y Crédito
Público y Justicia y del Derecho, determinó que, según sus funciones legales,
le correspondía elaborar el proyecto de ley anual de presupuesto y apoyar al

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Consejo Superior de la Judicatura en la solución de las necesidades para su
funcionamiento, respectivamente, por lo que no procedía declararla.

Posterior a la notificación de la sentencia de primera instancia la Defensoría
del Pueblo Regional Casanare solicitó adición y aclaración de la sentencia,
resuelta mediante auto del 18 de septiembre de 2019, negándose.

Mediante auto del 10 de octubre de 2019 se concedieron los recursos de
apelación presentados por La Nación – Rama Judicial, Ministerios de Hacienda
y Crédito Público y del Derecho y Justicia.

IV. RECURSOS DE APELACIÓN

4.1. Contra la anterior decisión presentaron recurso de apelación las
entidades accionadas así:

4.1.1. La Nación – Rama Judicial, por intermedio de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, presentó recurso de apelación y solicitó la revocatoria
de la decisión de primera instancia sustentada en tres argumentos.

Consideró que la decisión adoptada por el Tribunal afectó la autonomía
administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, pues, según lo dispuesto
en los artículos 254, 255 y 256 de la Constitución Política, es autónomo para
determinar la estructura de cada distrito judicial, y la forma como se establece
es a partir de estudios que tienen en cuenta la demanda y la disponibilidad
presupuestal.

A partir de ello, afirmó que lo ordenado es imposible de cumplir pues la
creación, modificación o cualquier decisión que se adopte respecto de la
estructura de la Rama Judicial debe estar precedida de un trámite reglado, que
incluye un concepto previo de la Comisión Interinstitucional, según así lo
disponen los artículos 85 y 97 de la ley 270 de 1996, por lo que estimó que el
Tribunal en la decisión vulneró la Constitución.

El segundo argumento que planteó consistió en que con la decisión se
desnaturalizó la finalidad de la acción popular, puesto que se dispuso un
procedimiento diferente al reglado para la creación, modificación de la
estructura de la administración de justicia, así como se establecieron unos
plazos que afectarían el presupuesto de la vigencia fiscal vigente al momento
de la decisión. Expresamente, señaló que: “la acción popular…no ser (sic) un

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mecanismo para que los Jueces de la República administren el aparato judicial
y dispongan de partidas presupuestal para su funcionamiento”.

Finalmente, indicó que, para el juzgado civil municipal, mediante el Acuerdo
PCSJA19-11349 de 2019, se creó provisionalmente un cargo de sustanciador,
pues según la matriz de prioridades es el único despacho que se encontraba
en prioridad uno.

4.1.2. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público interpuso recurso de
apelación solicitando la revocatoria de la decisión de primera instancia para
que, en su lugar, se declare su falta de legitimación en la causa por pasiva.

Adicionalmente, señaló que se vulneró el derecho al debido proceso, pues el
Tribunal de instancia omitió pronunciarse sobre un precedente vertical que
puso de presente, esto es, la decisión del 31 de octubre de 2013, (sic) con el
radicado 2010-00155-01, en el cual, en un caso similar, el Consejo de Estado
declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva de esta entidad.

Así como que no se pronunció sobre la excepción de falta de agotamiento del
requisito de procedibilidad, toda vez que la parte demandante no presentó
ninguna reclamación administrativa ante el Ministerio.

En cuanto a la responsabilidad del Ministerio, indicó que, de acuerdo al
procedimiento presupuestal, no era posible atribuir a título de acción u omisión
la vulneración a la entidad, pues es el Consejo Superior de la Judicatura el que
debe presentar las necesidades al Ministerio de Hacienda en aplicación del
principio de autonomía.

4.1.3. El Ministerio de Justicia y del Derecho interpuso recurso de apelación.
Señaló que, si bien esta entidad tiene funciones de coordinación en materia de
la política pública de administración de justicia, en el marco del procedimiento
presupuestal dispuesto en el decreto 111 de 1996 no tiene el alcance que
indicó la decisión de primera instancia, por lo que cuestionó las órdenes
impartidas a dicha cartera.

V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Mediante auto del 26 de febrero de 2021 se admitieron los recursos de
apelación y en providencia del 29 de abril se corrió traslado para alegatos de
conclusión.

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En esta instancia, sólo el Ministerio de Justicia y del Derecho los presentó,
reiterando lo expuesto en el recurso de apelación.

El Ministerio Público rindió concepto y señaló que, según las pruebas obrantes
en el proceso, comparte la decisión adoptada por el Tribunal, por lo que
debería confirmarse la decisión de primera instancia, pues, con ocasión de la
congestión judicial que se presentaba en los juzgados civiles de Yopal y
promiscuos de Aguazul y Paz de Ariporo, se vulneró el derecho colectivo a la
prestación eficiente del servicio público de administración de justicia.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, el
artículo 150 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019,
proferido por el Consejo de Estado, esta Corporación es competente para
conocer, en segunda instancia, de los recursos de apelación en contra de las
sentencias emitidas por los Tribunales Administrativos en los medios de control
de defensa de intereses y derechos colectivos.

6.2. Delimitación de la decisión de segunda instancia.

Con ocasión de los recursos de apelación presentados debe la Sala resolver los
siguientes problemas.

En primera medida establecer si procede declarar probada la excepción de
falta de agotamiento del requisito de procedibilidad propuesta por el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, así como la falta de legitimación en la causa
por pasiva.

En caso tal la respuesta a estos problemas sea negativa, debe establecer la
Sala si es posible atribuirle la vulneración del derecho colectivo a la prestación
eficiente del servicio público de administración de justicia al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público y al Ministerio de Justicia y del Derecho.

Por otro lado, en consideración al recurso de apelación presentado por la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, debe la Sala establecer si
procede revocar la decisión de primera instancia, para lo cual deberá
establecerse lo siguiente:

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En primer lugar, si es cierto que, con la decisión adoptada por el Tribunal, se
vulnera el principio de autonomía del Consejo Superior de la Judicatura, pues
el juez popular asumió una función constitucional y vulneró las normas que
reglamentan el procedimiento para definir la estructura del funcionamiento de
la Rama Judicial.

Como consecuencia de este problema, el siguiente que propone la Dirección
consiste en establecer si es cierto que con la decisión adoptada se
desnaturalizó la finalidad de la acción popular.

Finalmente, debe la Sala establecer si con las medidas adoptadas por el
Consejo Superior de la Judicatura en la vigencia de 2019 fueron suficientes
para revocar la decisión.

6.3. Análisis de la Sala.

6.3.1. Del cumplimiento de requisito de procedibilidad respecto de las
entidades vinculadas oficiosamente.

Establece el artículo 144 del CPACA que, antes de presentar la demanda, el
demandante debe solicitar a la autoridad o al particular en ejercicio de
funciones administrativas que adopte las medidas necesarias de protección del
derecho o interés colectivo amenazado o violado, como requisito de
procedibilidad para la interposición de una demanda en ejercicio del medio de
control de protección de los derechos e intereses colectivos.

Ahora bien, como se puede advertir de la norma, corresponde a una obligación
de la parte demandante que es previa a la presentación de la demanda y que
tiene una finalidad, a saber, que la autoridad adopte las medidas necesarias
de protección del derecho o derechos amenazados o vulnerados.

Es decir, el supuesto que prevé esta norma es que la parte demandante
identifique la situación que está amenazando o vulnerando los derechos
colectivos y presente una solicitud ante la entidad que eventualmente tiene la
función de adoptar las medidas necesarias para su protección.

Otra situación es cuando en el curso del proceso la autoridad judicial que lo
dirige advierte que debe vincular a una entidad que no fue identificada como
parte demandada en calidad de litisconsorte necesario y lo hace en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 61 del Código General del Proceso,

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como sucedió en el caso concreto, pues esta decisión deviene de una facultad
oficiosa y deber del juez de vincular a todas aquellas personas que, sin su
comparecencia, no se pueda proferir un fallo.

Al revisar los anexos de la demanda, advierte la Sala que el 10 de marzo de
2015 la Defensoría del Pueblo Regional Casanare presentó una solicitud a la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, poniendo de
presente que, con la decisión adoptada por Acuerdo NO PSAA15-10402 y por
la entrada en vigencia del Código General del Proceso, se podría afectar la
prestación del servicio de administración de justicia a los ciudadanos del
departamento de Casanare.

La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura contestó,
mediante oficio UDAEOF16-1090 del 13 de mayo de 2016, que para esa fecha
no era viable atender la solicitud de creación de despachos o cargos
adicionales, pues no se contaba con la disponibilidad presupuestal.

Conforme a lo anterior, en principio, la única entidad accionada era La Nación
– Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura; no obstante, en el auto
admisorio, el Tribunal resolvió vincular a los Ministerios de Hacienda y Crédito
Público y Justicia del Derecho; esto, según palabras del ponente, “en aras de
garantizar el derecho colectivo invocado”.

Como se puede apreciar, la vinculación del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público al presente proceso se da con ocasión de los hechos narrados en la
demanda, pues el Tribunal entendió que no se podía proferir una decisión sin
su comparecencia. En este sentido, se reitera, como el requisito de
procedibilidad está previsto para que sea agotado previo a la presentación de
la demanda, no puede predicarse o exigirse cuando la vinculación se da de
manera oficiosa por la autoridad judicial, pues ello se hace en aras de
garantizar el debido proceso y derecho de defensa.

En este mismo sentido tuvo la oportunidad de pronunciarse esta misma
Sección en decisión del 5 de marzo de 2015 en el radicado 2014-01265-01,
con Ponencia de la consejera de Estado María Elizabeth García:

“Recuerda la Sala que la acción popular fue concebida para la
protección de los derechos colectivos, razón por la que el artículo 5°
de la Ley 472 de 19981, le impuso la obligación al Juez de que una
vez promovida, debe darle, de oficio, el impulso requerido para emitir
una decisión de mérito, de suerte que no resulta constitucionalmente
válido que una vez se inicie el proceso, éste imponga el mencionado

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requisito procesal al actor, por cuestiones que sobrevinieron con
posterioridad a la presentación de la demanda.

Admitir lo contrario, sería permitir que se restringiera el conocimiento
del Juez popular únicamente a las personas demandadas inicialmente
y respecto de las cuales se agotó el requisito de procedibilidad, es
decir, que no habría lugar a que durante el curso del proceso se
vincularan personas que podrían ser responsables de las conductas
vulneradoras de los derechos colectivos, sólo por el hecho de que el
actor no las requirió; o restringir el estudio únicamente a los derechos
colectivos sobre los cuales versó la amonestación, lo que de sumo,
atenta contra el principio de Iura Novit Curia”.

Esta posición fue reiterada de manera reciente por esta misma Sala en decisión
del 18 de julio de 2024, en el radicado 2018-00276-01.

Por lo anterior, la excepción propuesta por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público no está llamada a prosperar.

6.3.2. De la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

Señala el Ministerio de Hacienda y Crédito Público que, según lo dispuesto en
la decisión del Consejo de Estado en el radicado 2010-00155-01 (AP), CP
Marco Antonio Velilla, del 13 de diciembre de 2012, debe declararse probada
la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, pues éste
constituía para el Tribunal un precedente vertical.

Veamos entonces lo que en su momento resolvió esta misma Sección:

“Advierte la Sala, que la excepción propuesta por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público invocada nuevamente en el recurso de
apelación propuesto contra el fallo de 10 de agosto de 2011, si esta
llamada a prosperar.

Pues aunque efectivamente, conforme al artículo 346 de la Carta Política
le corresponde al gobierno formular anualmente el presupuesto de rentas
y ley de apropiaciones, para presentarlo posteriormente al Congreso de
la República dentro de los primeros diez días de cada legislatura para su
aprobación, y el artículo 3° del Decreto No. 4712 de 2008 dispone que
dentro de las funciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, están
las de:

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“[…]

3. Preparar, para ser sometidos a consideración del Congreso de la
República, los proyectos de acto legislativo y ley, los proyectos de ley
del Plan Nacional de Desarrollo, del Presupuesto General de la Nación y
en general los relacionados con las áreas de su competencia.

[…]

15. Participar en la elaboración del Proyecto de Ley del Plan Nacional de
Desarrollo y elaborar el proyecto de ley anual del presupuesto en
coordinación con el Departamento Nacional de Planeación y los demás
organismos a los cuales la ley les haya dado injerencia en la materia.

[…]”

No hay lugar a condenarlo por omisión en el cumplimiento de aquellas
funciones, toda vez que de las pruebas allegadas al proceso no se infiere
que haya incumplido con las funciones que le asigna la Constitución y la
Ley, en relación con el presente caso, en tanto no se observa que el
Consejo Superior de la Judicatura haya remitido al Gobierno nacional un
proyecto de presupuesto de la Rama Judicial en el cual se requiera la
creación de juzgados administrativos de carácter permanente en el
Departamento de La Guajira.

Por tal motivo, se revocará el numeral segundo de la parte resolutiva del
fallo recurrido, sin que ello de lugar al incumplimiento de las órdenes
previstas en el numeral quinto de aquella providencia”.

Sobre el entendimiento de precedente vertical y cuándo se presenta, resulta
pertinente lo dispuesto en la siguiente decisión de esta misma Sección:

“3.3.3.1. La Corte Constitucional1, al referirse al desconocimiento del
precedente, precisó: “El precedente es el conjunto de sentencias
anteriores al caso estudiado por el juez, que debido a su pertinencia para
resolver el problema jurídico planteado deben ser tenidas en cuenta por
el juez o la autoridad a quien le competa”, y que la manera para
determinar cuándo el precedente resulta necesario para la solución del
caso es si: “(i) la ratio decidendi de la sentencia que se evalúa como
precedente, presenta una regla judicial relacionada con el caso a resolver
1 Sentencia T – 1033 de 2012

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posteriormente; (ii) se trata de un problema jurídico semejante, o a una
cuestión constitucional semejante y (iii) los hechos del caso o las normas
juzgadas en la sentencia son semejantes o plantean un punto de derecho
semejante al que se debe resolver posteriormente”. De esta forma –
concluye - “[…] el precedente utilizado debe guardar similitud entre los
hechos, el problema jurídico planteado y en la normatividad utilizada para
resolver los casos”.

Bajo los parámetros indicados, un precedente se configura cuando la
sentencia pretende resolver un idéntico problema, desde la perspectiva
jurídica y fáctica, lo que supone un mismo aspecto jurídico a considerar,
unos mismos hechos relevantes, probados y debidamente connotados, e
iguales fundamentos en derecho. Para estos efectos, el examen de los
requisitos que deben cumplirse para que se ataque la sentencia en sede
de tutela por desconocimiento del precedente, impone al actor la carga
de identificar el problema jurídico que resolvió la sentencia cuestionada
para compararlo con el problema jurídico resuelto por el precedente,
determinando consecuentemente su identidad en los hechos y en el
derecho.

Así, el desconocimiento del precedente supone que la sentencia
cuestionada se identifica con aquél en su objeto y causa, entendiéndose
por objeto la pretensión jurídica analizada, y por causa, los hechos en que
se funda dicha pretensión y sus fundamentos normativos. No habrá
desconocimiento del precedente si la sentencia analizada difiere en
cualquiera de los aspectos indicados; tampoco, si la sentencia que difiere
del mismo fundamenta su decisión en contra de manera razonable y
suficiente, justificando su posición, pues estaría dentro de la autonomía
funcional del juez”2.

Bajo estos parámetros advierte la Sala que en el caso concreto la sentencia
invocada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público constituía un
precedente vertical, pues se trata de un proceso de acción popular en donde
se estudió la vulneración al derecho colectivo a la prestación eficiente del
servicio público de administración judicial, con ocasión de la congestión judicial
que se presentaba en el Distrito judicial de la Guajira. Es decir, existe
coincidencia en los problemas a resolver desde la perspectiva jurídica y fáctica,
esto es, establecer si existía una congestión judicial y de esa forma se
vulneraba el derecho colectivo, y que éste fuera imputable a título de acción u
omisión, entre otras entidades, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

2 Cfr Sentencia del 23 de abril de 2021, radicado 2021-00877-00 (AC), CP Oswaldo Giraldo López.

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En la sentencia invocada, como se señaló arriba, se declaró probada la falta
de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, pues, conforme las pruebas obrantes en el proceso, no se advirtió una
acción u omisión por parte de la entidad que haya sido la causa o el origen de
la vulneración a los derechos colectivos, ya que no se probó que el Consejo
Superior de la Judicatura hubiese remitido al Gobierno Nacional un proyecto
de presupuesto de la Rama Judicial en el cual se incorporara la necesidad en
la creación de juzgados administrativos permanentes en el Departamento de
la Guajira.

Ahora bien, este hecho relevante se advierte de igual manera en el caso que
ahora le corresponde estudiar a la Sala, pues efectivamente no se probó una
solicitud en ese sentido por parte del Consejo Superior de la Judicatura para
el distrito judicial de Yopal, específicamente para los juzgados civiles y
promiscuos.

Adicionalmente, debe la Sala indicar que esta Sección ha tenido la oportunidad
de pronunciarse respecto de la legitimación en la causa por pasiva en acciones
populares, la cual debe analizarse desde dos perspectivas; una de hecho, y la
otra, material. Así se ha expuesto:

“La exigencia de legitimación en la causa por pasiva alude a la aptitud
que debe reunir la persona –natural o jurídica– contra quien se dirige la
demanda para oponerse jurídicamente a las pretensiones que el
demandante esgrime en su contra. En ese sentido, no basta con ser objeto
de demanda para concurrir legítimamente a un juicio, es imperioso estar
debidamente legitimado para ello. Al respecto destaca la Sala que la
jurisprudencia de esta Corporación ha distinguido entre la legitimación en
la causa de hecho y la legitimación en la causa material; distinción que se
ha expuesto en los siguientes términos:

“(…) toda vez que la legitimación en la causa de hecho alude a la relación
procesal existente entre demandante legitimado en la causa de hecho
por activa y demandado legitimado en la causa de hecho por pasiva y
nacida con la presentación de la demanda y con la notificación del auto
admisorio de la misma a quien asumirá la posición de demandado, dicha
vertiente de la legitimación procesal se traduce en facultar a los sujetos
litigiosos para intervenir en el trámite del plenario y para ejercer sus
derechos de defensa y de contradicción; la legitimación material, en
cambio, supone la conexión entre las partes y los hechos constitutivos
del litigio, ora porque resultaron perjudicadas, ora porque dieron lugar a
la producción del daño.

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De ahí que un sujeto pueda estar legitimado en la causa de hecho pero
carecer de legitimación en la causa material, lo cual ocurrirá cuando a
pesar de ser parte dentro del proceso no guarde relación alguna con los
intereses inmiscuidos en el mismo, por no tener conexión con los hechos
que motivaron el litigio, evento éste en el cual las pretensiones
formuladas estarán llamadas a fracasar puesto que el demandante
carecería de un interés jurídico…”.

En suma, en un sujeto procesal que se encuentra legitimado de hecho
en la causa no necesariamente concurrirá, al mismo tiempo, legitimación
material, pues ésta solamente es predicable de quienes participaron
realmente en los hechos que han dado lugar a la instauración de la
demanda o, en general, de los titulares de las correspondientes
relaciones jurídicas sustanciales; por consiguiente, el análisis sobre la
legitimación material en la causa se contrae a dilucidar si existe, o no,
relación real de la parte demandada o de la demandante con la
pretensión que ésta fórmula o la defensa que aquella realiza, pues la
existencia de tal relación constituye condición anterior y necesaria para
dictar sentencia de mérito favorable a una o a otra3.

De acuerdo con la jurisprudencia antes transcrita, la cual se prohíja en
esta oportunidad, la legitimación material en la causa por pasiva exige
que la entidad en contra de la cual se dirige la demanda esté vinculada
funcional o materialmente con los hechos que dan origen a la reclamación,
lo cual se examinará desde la óptica de las responsabilidades que
legalmente corresponden al organismo demandado 4”.

Ahora bien, al revisar la decisión adoptada por el Tribunal, se advierte que
efectivamente no se estudió el precedente invocado por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público en los alegatos de conclusión, pues su decisión
estuvo sustentada en que, a partir de las funciones constitucionales y legales,
no podía ser desvinculada del presente proceso, pues de prosperar las
pretensiones podría verse afectada con la decisión, toda vez que aquellas iban
dirigidas a la creación de despachos o cargos adicionales en el circuito judicial
de Casanare.

3 24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia

de 8 de abril de 2014, Rad. 76001233100019980003601(29321). Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Orlando Santofimio Gamboa.
4 Cfr 18 de mayo de 2017, radicado 2011-00315-01 (AP), CP Roberto Augusto Serrato Valdés.

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Para la Sala en esta oportunidad procede confirmar la posición que en su
momento fijó la Sección Primera y revocar la decisión de primera instancia,
como se pasa a explicar.

En el caso concreto las pretensiones de la demanda son las siguientes:

“PRIMERO: Declarar responsable a LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL –
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – SALA ADMINISTRATIVA,
a título de omisión, quien ha venido poniendo en vulneración los
derechos colectivos en especial el de la PRESTACIÓN EFICIENTE Y
OPORTUNA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA de los ciudadanos
del Departamento del Casanare, por la falta de creación de los
Despachos Judiciales y sala de Decisión del H. Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Yopal – Casanare.

SEGUNDO: Que con el mismo fin de salvaguardar y proteger los
derechos colectivos a que se refiere esta acción popular,
especialmente a acceder al servicio público de administración de
justicia administrativa y que su prestación sea eficiente y oportuna,
se ordena a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura hacer lo necesario solicitar AJUSTES Y/O ADICIONES, para
que el Ejecutivo a través del Director Nacional de Presupuesto y/o a
la Dirección Nacional de Presupuesto provea e incluya las partidas
presupuestales necesarias para la creación de los despachos
judiciales de forma permanente, en el Departamento del Casanare,
así: como mínimo (02) Juzgados Civiles Municipales para el Municipio
de Yopal Casanare, a fin de descongestionar los existentes, (01)
Juzgado Promiscuo Municipal, para el municipio de Aguazul
Casanare, a fin de descongestionar el existente, (01) Juzgado Penal
del Circuito para el municipio de Paz de Ariporo a fin de que el actual
Promiscuo se convierta en civil del Circuito o Viceversa, (02) Salas
de Decisión para el H. Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal
Casanare, a fin de que se cuente con especialidades en materia CIVIL
– FAMILIA – PENAL y LABORAL.

Como se puede apreciar, en el caso concreto la pretensión gira alrededor del
supuesto que con ocasión de la omisión del Consejo Superior de la Judicatura
– Sala Administrativa en la creación de unos despachos judiciales en el Distrito
Judicial de Yopal, se vulnera el derecho colectivo a la prestación eficiente del
servicio de administración de justicia, por lo que se pretende se impartan
órdenes en ese sentido.

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En cuanto a la definición de los cargos al interior de la administración de
justicia el artículo 257 numerales 1° y 2° de la Constitución Política prevén lo
siguiente:

“ARTÍCULO 257. Con sujeción a la ley, el Consejo Superior de la
Judicatura cumplirá las siguientes funciones:

1. Fijar la división del territorio para efectos judiciales y ubicar y
redistribuir los despachos judiciales.

2. Crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la administración de
justicia. En ejercicio de esta atribución, el Consejo Superior de la
Judicatura no podrá establecer a cargo del Tesoro obligaciones que
excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de
apropiaciones iniciales”.

Obsérvese que es función del Consejo Superior de la Judicatura
exclusivamente fijar la división del territorio y adoptar todas las medidas
necesarias para su organización y funcionamiento en la prestación del servicio
público de administración de justicia. Es decir, le asiste razón al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, así como al Ministerio de Justicia y del Derecho
cuando indican que dichas entidades no intervienen en la organización de la
administración de justicia.

Conclusión esta que encuentra sustento también en lo dispuesto en la ley 270
de 1996, donde se establecen las funciones de la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura sobre este punto, que, se reitera, es el
objeto de debate en la presente acción.

En el artículo 85 se dispuso lo siguiente:

ARTÍCULO 85. FUNCIONES ADMINISTRATIVAS. Corresponde a la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura:

1. Elaborar el proyecto de presupuesto de la Rama Judicial que deberá
remitirse al Gobierno Nacional, el cual deberá incorporar el proyecto que
proponga la Fiscalía General de la Nación.

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2. Elaborar el proyecto de Plan Sectorial de Desarrollo para la Rama
Judicial, con su correspondiente Plan de Inversiones y someterlo a la
aprobación del Consejo en Pleno.

3. Autorizar la celebración de contratos y convenios de cooperación e
intercambio que deban celebrarse conforme a la Constitución y las leyes
para asegurar el funcionamiento de sus programas y el cumplimiento de
sus fines, cuya competencia corresponda a la Sala conforme a la presente
Ley.

4. Aprobar los proyectos de inversión de la Rama Judicial.

5. Crear, ubicar, redistribuir, fusionar, trasladar, transformar y suprimir
Tribunales, las Salas de éstos y los Juzgados, cuando así se requiera para
la más rápida y eficaz administración de justicia, así como crear Salas
desconcentradas en ciudades diferentes de las sedes de los Distritos
Judiciales, de acuerdo con las necesidades de éstos.

6. Fijar la división del territorio para efectos judiciales, tomando en
consideración para ello el mejor servicio público.

7. Determinar la estructura y la planta de personal del Consejo Superior
de la Judicatura.

En ejercicio de esta atribución el Consejo no podrá establecer con cargo
al Tesoro, obligaciones que excedan el monto global fijado para el
respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales.

8. Designar a los empleados de la Sala cuya provisión según la ley no
corresponda al Director Ejecutivo de Administración Judicial.

9. Determinar la estructura y las plantas de personal de las Corporaciones
y Juzgados. Para tal efecto podrá crear, suprimir, fusionar y trasladar
cargos en la Rama Judicial, determinar sus funciones y señalar los
requisitos para su desempeño que no hayan sido fijados por la ley.

En ejercicio de esta atribución el Consejo no podrá establecer a cargo del
Tesoro obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo
servicio en la ley de apropiaciones iniciales.

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Por su parte en los artículos 87 y 88 ibidem, se indica:

ARTÍCULO 87. PLAN DE DESARROLLO DE LA RAMA JUDICIAL. El
Plan Sectorial de Desarrollo para la Rama Judicial debe comprender, entre
otros, los siguientes aspectos:

1. El eficaz y equitativo funcionamiento del aparato estatal con el objeto
de permitir el acceso real a la administración de justicia.

2. La eliminación del atraso y la congestión de los despachos judiciales.

3. Los programas de formación, capacitación y adiestramiento de
funcionarios y empleados de la Rama Judicial.

4. Los programas de inversión para la modernización de las estructuras
físicas y su dotación, con la descripción de los principales subprogramas.

La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura definirá la
metodología para la elaboración del plan sectorial de desarrollo para la
Rama Judicial y de los proyectos que deban ser sometidos a la
consideración del Gobierno con el objeto de que sean incluidos en los
proyectos del Plan Nacional de Desarrollo y Plan Nacional de Inversión.
Para tal efecto la Sala consultará las necesidades y propuestas que tengan
las distintas jurisdicciones, para lo cual solicitará el diligenciamiento de
los formularios correspondientes a los presidentes de la Corte
Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado
y al Fiscal General de la Nación. Las Salas Administrativas de los Consejos
Seccionales reportarán para el mismo propósito el resultado de sus visitas
a los Despachos Judiciales.

El Plan de Desarrollo que adopte el Consejo Superior de la Judicatura se
entregará al Gobierno en sesión especial.

El Consejo Superior de la Judicatura, por conducto del Director Ejecutivo
de Administración Judicial, solicitará del Departamento Nacional de
Planeación el registro de los proyectos de inversión que hagan parte del
Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial en el Banco de Programas
y Proyectos de Inversión Nacional.

ARTÍCULO 88. ELABORACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO
PARA LA RAMA JUDICIAL. El proyecto de presupuesto para la Rama

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Judicial deberá reflejar el Plan Sectorial de Desarrollo, incorporará el de
la Fiscalía General de la Nación y se elaborará con sujeción a las siguientes
reglas:

1. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura consultará
las necesidades y propuestas que tengan las distintas jurisdicciones, para
lo cual oirá a los Presidentes de la Corte Constitucional, de la Corte
Suprema de Justicia y del Consejo de Estado y recibirá el reporte de los
Consejos Seccionales en lo relativo a los Tribunales y Juzgados.

2. El proyecto que conforme a la metodología y a las directrices que señale
la Sala elaboren sus correspondientes unidades operativas, será sometido
a la consideración de ésta dentro de los diez primeros días del mes de
marzo de cada año.

3. La Fiscalía presentará su proyecto de presupuesto a la Sala
Administrativa para su incorporación al proyecto de presupuesto general
de la Rama, a más tardar dentro de los últimos días del mes de marzo de
cada año.

4. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura discutirá
y adoptará el proyecto dentro de los meses de marzo y abril y previo
concepto de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, lo
entregará al Gobierno Nacional, para efecto de la elaboración del proyecto
de Presupuesto General de la Nación, en sesión especial.

Como se puede apreciar, le asistió razón en su momento a la Sección Primera
cuando estableció que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no tenía
legitimación en la causa por pasiva, pues funcionalmente no interviene en la
organización de la administración de justicia, por lo que no le podían tener
como entidad demandada y eventualmente declararla responsable de la
vulneración al derecho colectivo invocado, pues legalmente no es posible
imputarle a título de acción u omisión responsabilidad en la prestación
adecuada de este servicio público.

Este mismo análisis procede respecto del Ministerio de Justicia y del Derecho,
pues, a partir de las normas aquí citadas, se advierte que tampoco interviene
en la forma de organización de la administración de justicia.

En consecuencia, se revocará la decisión de primera instancia y en su lugar se
declarará probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
de los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Justicia y del Derecho.

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6.3.4. De la naturaleza jurídica de las acciones populares y el principio
de autonomía del Consejo Superior de la Judicatura.

Señala la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que el Tribunal con su
decisión desnaturalizó la acción popular y vulneró el principio de autonomía
del Consejo Superior de la Judicatura pues asumió una función constitucional
de este, pues con las órdenes dispuestas se está modificando la organización
de la administración de justicia en el Distrito Judicial de Yopal y en el circuito
judicial de Paz de Ariporo.

Sobre el particular indica la Sala, que según lo dispuesto en el artículo 88 de
la Constitución Política y la ley 472 de 1998 la acción popular es un mecanismo
judicial mediante el cual se pretende la protección de los derechos colectivos
cuando se advierte un daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza,
la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos o restituir
las cosas a su estado anterior cuando fuere posible.

A partir de esta definición la jurisprudencia de esta misma Sección ha señalado
como características de esta acción las siguientes:

a) Está dirigida a obtener la protección de los derechos e intereses de
naturaleza colectiva;

b) Procede contra toda acción u omisión de las autoridades o de los
particulares que hayan violado o amenacen violar ese tipo de derechos o
intereses;

c) Los derechos e intereses colectivos susceptibles de protección mediante el
ejercicio de este medio de control son todos aquellos definidos como tales en
la Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por Colombia;

d) Su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos
y restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible;

e) Es una acción pública, esto es -como mecanismo propio de la democracia
participativa- puede ser ejercida por “toda persona” y, además, para afianzar
pedagógicamente un sistema de control social, se señalan expresamente como
titulares de esta acción las organizaciones no gubernamentales, las entidades
públicas de control, el Procurador General, el Defensor del Pueblo, los
personeros y los servidores públicos.

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f) No tiene carácter sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirijan las
pretensiones y, eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria.

g) No ha sido instituida como mecanismo de control judicial de las leyes; en
consecuencia, cuando, con fundamento en la eventual violación o amenaza a
un derecho o interés colectivo, se pretenda impugnar una ley o que se imparta
una orden al legislador, habrá de acudirse a las acciones pertinentes.

h) Por la finalidad que persigue la acción popular y en virtud a su configuración
normativa, se tienen entonces como presupuestos de una eventual sentencia
estimatoria los siguientes:

• Una acción u omisión de la parte demandada;

• Que para la época en que se dicte la sentencia se presente daño contingente,
peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses colectivos;

• Que se demuestre la relación de causalidad entre la acción o la omisión y la
señalada afectación de los referidos derechos e intereses5.

A partir de estas características el juez de la acción popular, si encuentra
procedente el amparo de los derechos colectivos invocados, debe adoptar
órdenes, que, según lo dispuesto en el artículo 34 de la ley 472 de 1998,
pueden ser de hacer o de no hacer, condenar al pago de perjuicios cuando se
haya causado daño a un derecho o interés colectivo y exigir la realización de
conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la vulneración.
Si se opta por una orden de hacer, debe definirse de manera precisa la
conducta a cumplir.

Ahora bien, llevados estos conceptos al caso concreto, advierte la Sala que la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no cuestiona la ocurrencia de la
vulneración al derecho colectivo a la prestación eficiente del servicio de
administración de justicia con ocasión de la congestión judicial en los juzgados
civil municipal de Yopal y los juzgados promiscuos de Aguazul y Paz de Ariporo,
por lo que este punto no será objeto de pronunciamiento por parte de la Sala,
pues su inconformidad radica en las órdenes dispuestas, pues, según afirma,
a partir de ellas se desnaturalizó la acción popular y se vulneró el principio de
autonomía del Consejo Superior de la Judicatura.

5 Cfr 18 de mayo de 2017, radicado 2011-00315-01 (AP), CP Roberto Augusto Serrato Valdés.

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Esta Sección en oportunidades anteriores se ha pronunciado sobre casos en
los que se ha protegido el derecho colectivo a la prestación eficiente del
servicio público a la administración de justicia y en ese marco se han impartido
órdenes que van desde la adquisición de elementos electrónicos6 hasta el
precedente citado en este proceso, donde se ordenó al Consejo Superior de la
Judicatura disponer las partidas presupuestales para crear los juzgados
administrativos permanentes en el Distrito Judicial Administrativo de La
Guajira. En otras oportunidades, en casos similares, se negaron las
pretensiones por falta de prueba de la vulneración del derecho colectivo 7.

Como se puede apreciar, no es extraño a la naturaleza de la acción popular
que se solicite la protección del derecho colectivo a la prestación eficiente del
servicio público de administración de justicia, y que, de encontrarse vulnerado,
se impartan órdenes al Consejo Superior de la Judicatura para solucionar de
manera temporal o definitiva la problemática, por lo que desde el punto de
vista de la naturaleza jurídica de la acción popular el argumento de la Dirección
Ejecutiva no está llamado a prosperar.

Ahora bien, indica la Dirección que las órdenes dispuestas invaden la
autonomía del Consejo Superior de la Judicatura, pues el Tribunal asumió la
función constitucional de organizar la administración de justicia.

Sobre el particular, destaca la Sala que en la misma sentencia el Tribunal
reconoce que no puede ordenar la creación de un juzgado o de un cargo de
manera específica; así expresamente lo consignó en la decisión:

“No es procedente ordenar a través de sentencia, la creación de un juzgado o
de un cargo de manera específica, por cuanto se requiere un estudio a través
de las respectivas unidades técnicas del Consejo Superior de la Judicatura, que
se ajusten a las verdaderas necesidades, pues lo que ordene el juez popular
puede resultar insuficiente frente a los actuales requerimientos para la cabal
prestación del servicio de justicia, dentro del marco del monto global fijado
para la Rama Judicial en la ley de apropiaciones iniciales, aunado a que la Sala
no tiene los parámetros técnicos y presupuestales que permitan identificar cuál
medida es la más efectiva para dar solución a la problemática de congestión
judicial, en todo caso de resultar necesario el extremo accionado debe tomar
medidas eficaces y de fondo para conjurar la situación advertida”.

6 Cfr sentencia del 11 de abril de 2018, radicado, 2010-00924-01 (AP) CP Hernando Sánchez Sánchez.

7 Cfr sentencia del 4 de febrero de 2010, radicado 2005-00405-01 (AP) CP María Claudia Rojas Lasso,

15 de noviembre de 2012, radicado 2010-00189-01 (AP) CP María Elizabeth García González y 10 de
marzo de 2011, radicado 2005-00908-01 (AP), Cp María Claudia Rojas Lasso.

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No obstante, esta manifestación expresa del Tribunal, en la parte resolutiva
de la decisión, además de ordenar el estudio que permita identificar las
medidas permanentes o transitorias a adoptar, le ordenó a las entidades
accionadas realizar los procedimientos necesarios para la apropiación
presupuestal y dispuso un plazo para la implementación, así como otra de
seguimiento. Es decir, le asiste parcialmente razón a la Dirección, comoquiera
que el Tribunal concluyó, sin contar con el estudio pertinente, que se
necesitaba una apropiación presupuestal y un período de implementación
como de seguimiento; lo que evidentemente estará determinado por el
resultado del estudio, pues, si bien para la fecha de la decisión de primera
instancia puede que se presentase la problemática en los juzgados civiles de
Yopal y en los promiscuos de Aguazul y Paz de Ariporo en los niveles
identificados en la sentencia del Tribunal, puede suceder que, según los
parámetros de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico, al momento de
la finalización del estudio las medidas no requieran de apropiación
presupuestal, sino cualquier otra de naturaleza administrativa que no implique
una erogación del presupuesto de la Rama Judicial.

Por lo anterior, se modificarán las órdenes dispuestas y en su lugar únicamente
se mantendrá la correspondiente a la elaboración del estudio, el cual deberá
realizarse según los parámetros dispuestos en el Acuerdo Nro. PSAA07-4067
DE 2007, “Por el cual se reestructura la Unidad de Desarrollo y Análisis
Estadístico de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se
determina su planta de personal y se señalan sus funciones”, o el que aplique
para la fecha de ejecutoria de esta decisión.

6.3.5. De la integración del comité de verificación.

Establece el artículo 34 de la Ley 472 que en la sentencia se podrá integrar un
comité para la verificación del cumplimiento de la sentencia, comoquiera que
resulta necesario garantizar un mecanismo que le haga seguimiento a las
órdenes dispuestas en esta decisión.

Si bien en el caso concreto se dispuso su integración no se precisó que será el
magistrado ponente quien lo presidirá, por lo que así se dispondrá en la parte
resolutiva.

6.3.6. Condena en costas.

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Según lo previsto en la sentencia de unificación del 6 de agosto de 2019 1, en
donde se estableció que “[…] En cualquiera de los eventos en que cabe el
reconocimiento de las costas procesales, bien sea en cuanto a las expensas y
gastos procesales o a las agencias en derecho, bien sea a favor del actor
popular o de la parte demandada, la condena se hará atendiendo las
reglas previstas en el artículo 365 del Código General del Proceso, de
forma que sólo se condenará al pago de aquellas que se encuentren
causadas y se liquidarán en la medida de su comprobación, conforme
con lo previsto en el artículo 366 del Código general del Proceso […]”.

Ahora bien, como en el caso concreto no hay prueba de la causación no se
condenará en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley.

FALLA

PRIMERO: REVOCAR el numeral PRIMERO de la sentencia de primera
instancia y en su lugar declarar probada la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva de los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y
Justicia y del Derecho.

SEGUNDO: MODIFICAR el numeral SEGUNDO el cual quedará así:

“SEGUNDO: Amparar el derecho colectivo a la prestación del servicio público
esencial de acceso a la administración de justicia, trasgredido por La Nación –
Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia. En consecuencia, con el fin
de garantizar la prestación adecuada y eficiente del servicio público de acceso
a la administración de justicia a los usuarios de los juzgados civiles municipales
de Yopal, promiscuos municipales de Aguazul y promiscuo del circuito de Paz
de Ariporo, el Consejo Superior de la Judicatura deberá cumplir la siguiente
medida definitiva:

Elaboración de un estudio, según los parámetros del Acuerdo Nro. PSAA07-
4067 DE 2007, “Por el cual se reestructura la Unidad de Desarrollo y Análisis
Estadístico de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se
determina su planta de personal y se señalan sus funciones”, o el que aplique

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para la fecha de ejecutoria de esta decisión, que permita identificar las
medidas permanentes o transitorias y/o reordenamiento en el departamento
de Casanare; La Nación – Rama Judicial, a través del Consejo Superior de la
Judicatura, dentro de los seis meses siguientes a esta sentencia, deberá
elaborar el estudio correspondiente en el que se determine con claridad y
precisión la situación actual en los juzgados civiles municipales de Yopal,
promiscuos municipales de Aguazul y el promiscuo del circuito de Paz de
Ariporo, y las medidas a adoptar para garantizar el servicio público de acceso
a la justicia, indicando expresamente los plazos de ejecución, que se ajustarán
en un todo a los procedimientos que deba seguir para obtener los recursos
que se requieran.

El estudio deberá incluir las etapas y plazos, el cual en todo caso no puede ser
superior a dos (02) años para su ejecución, inclusive si la medida es la creación
de nuevos despachos judiciales.

TERCERO: MODIFICAR el numeral TERCERO para precisar que el
magistrado ponente del Tribunal Administrativo de Casanare hará parte y
presidirá el comité de verificación.

CUARTO: Sin condena en costas.

QUINTO: REMITIR copia de la providencia a la Defensoría del Pueblo,
conforme lo dispuesto en el artículo 80 de la ley 472.

Cópiese, Notifíquese, Comuníquese y Cúmplase,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
CIFUENTES Consejero de Estado
Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
GARZON Consejero de Estado
Consejera de Estado

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CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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