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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 85001-23-33-000-2017-00109-01

Fecha
27 de agosto de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 85001-23-33-000-2017-00109-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 6 de diciembre de 2019 por el Tribunal Administrativo de Casanare, conforme a lo expuesto en esta providencia. SEGUNDO. CONDENAR en costas en segunda instancia a la Nación – Ministerio del Trabajo, de acuerdo con lo señalado en la parte motiva. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 85001-23-33-000-2017-00109-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

27 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia : Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación : 85001 23 33 000 2017 00109 01 (2348-2021)
Demandante : Municipio de Yopal
Demandado : Nación – Ministerio del Trabajo y otros
Tema : Procedimiento administrativo sancionatorio. Incumplimiento de
obligaciones derivadas de una convención colectiva de trabajo
Decisión : Confirma la sentencia de primera instancia. La sanción se
impuso sobre una conducta atípica y con desconocimiento de
los principios de culpabilidad y presunción de inocencia, lo que
derivó en la falsa motivación de los actos acusados.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la Nación – Ministerio del Trabajo1
contra la sentencia proferida el 6 de diciembre de 2019 por el Tribunal Administrativo de
Casanare2, que declaró la nulidad de los actos administrativos sancionatorios acusados.

I. ANTECEDENTES

Demanda3

1. El Municipio de Yopal, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, solicitó como pretensiones declarativas la nulidad de la Resolución 162 del
7 de diciembre de 2015, mediante la cual la Dirección Territorial de Casanare del
Ministerio del Trabajo le impuso una multa equivalente a 414 salarios mínimos legales
mensuales vigentes; de la Resolución 152 del 14 de septiembre de 2016, que resolvió el
recurso de reposición; y de la Resolución 043 del 24 de febrero de 2017, que confirmó la
sanción al decidir el recurso de apelación. Asimismo, pidió declarar la nulidad de lo
actuado en el proceso de cobro coactivo adelantado por el Servicio Nacional de
Aprendizaje (SENA) con fundamento en tales actos.

2. A título de restablecimiento del derecho, pidió dejar sin efecto la multa impuesta y el
cobro coactivo derivado de ella, que se ordenara a la administración abstenerse de emitir
concepto sobre el artículo 39 de la convención colectiva hasta tanto la jurisdicción laboral
se pronunciara sobre su interpretación.

1
Índice 2 SAMAI, actuaciones de primera instancia. Tomo IV, archivo 28
2
Índice 2 SAMAI, actuaciones de primera instancia. Tomo IV, archivo 26.
3
Índice 2 SAMAI, actuaciones de primera instancia. Tomo I. archivo 3.

Radicación: 85001 23 33 000 2017 00109 01 (2348-2021)
Demandante: Municipio de Yopal

3. Como fundamento de sus pretensiones, expuso que el procedimiento administrativo
sancionatorio 1477-2014 tuvo origen en el oficio 0045 del 18 de junio de 2014, mediante
el cual el Sindicato de Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos del Municipio de
Yopal (SINTRAYOPAL) solicitó un concepto sobre la interpretación del artículo 39 de la
Convención Colectiva de Trabajo, relativo a la garantía de que el uno por ciento (1 %) del
monto de los subsidios de vivienda se destinara a los trabajadores oficiales. A partir de
ese escrito, mediante el Auto 220 del 7 de julio de 2014, el Ministerio del Trabajo formuló
cargos por la presunta vulneración del artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo
(CST), consistente en el incumplimiento de la referida cláusula convencional.

4. La parte demandante sostuvo, en primer lugar, que los actos acusados incurrieron en
falsa motivación, porque la administración adoptó desde el inicio la interpretación del
sindicato y desconoció que existía una diferencia interpretativa sobre el modo de cumplir
el artículo 39, esto es, si el uno por ciento (1 %) debía girarse a la organización sindical
o destinarse como subsidio a cada trabajador oficial que acreditara los requisitos, sin
valorar las gestiones y los actos administrativos con los que el municipio ejecutó la
cláusula. En segundo lugar, alegó la vulneración del debido proceso, por cuanto el
Ministerio abrió la investigación y formuló cargos con sustento exclusivo en el oficio del
sindicato, sin adelantar averiguación preliminar ni contar con soportes suficientes, y
prejuzgó el asunto. Finalmente, invocó la desviación de poder.

Contestación de la demanda

5. La Nación – Ministerio del Trabajo4 se opuso a las pretensiones y defendió la legalidad
de los actos acusados. Sostuvo que no dirimió una controversia interpretativa ni rindió
concepto sobre la cláusula convencional, sino que se limitó a verificar objetivamente el
cumplimiento de una obligación clara, en ejercicio de su facultad de policía administrativa
laboral. Afirmó que la averiguación preliminar tiene carácter facultativo y que garantizó el
debido proceso a lo largo de la actuación.

6. El SENA5 manifestó que su intervención se circunscribió a la gestión de cobro
encomendada por el Ministerio del Trabajo, sin interés directo en el resultado del proceso.

7. El Sindicato de Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos del Municipio de Yopal 6
(SINTRAYOPAL), en su condición de interesado en la legalidad de los actos acusados,
se opuso a las pretensiones. Sostuvo que las resoluciones no adolecían de falsa
motivación y que la parte demandante confundió ese vicio con una supuesta falta de
argumentación, sin precisar cuáles habrían sido los motivos falsos o inexistentes que
condujeron a la sanción. Afirmó que el Municipio de Yopal persistió en el incumplimiento
del artículo 39 convencional y desplegó conductas contradictorias, y que el propio ente
territorial terminó pagando la suma de $83.442.977,61, aceptada por la organización
sindical, tras más de tres años de reclamaciones. Rechazó, además, la insinuación que,
a su juicio, derivaba de la cita de la sentencia C-797 de 2000, al aclarar que no ejerce
actividades con fines de lucro. Como excepciones propuso la ausencia de falsa

4
Índice 2 SAMAI, actuaciones de primera instancia. Tomo III. archivo 00-2017-00109-00. Pág 67.
5
Índice 2 SAMAI, actuaciones de primera instancia. Tomo III. archivo 08.
6
Índice 2 SAMAI, actuaciones de primera instancia. Tomo III. archivo 04.

2

Radicación: 85001 23 33 000 2017 00109 01 (2348-2021)
Demandante: Municipio de Yopal

motivación de los actos administrativos y la inexistencia de los fines perseguidos por el
Ministerio, con el argumento de que la autoridad del trabajo no está facultada para dirimir
controversias ni declarar derechos, y defendió la observancia del debido proceso y la
presunción de legalidad de los actos frente al cargo formulado por la demandante.

Sentencia apelada7

8. El Tribunal Administrativo de Casanare, mediante sentencia del 6 de diciembre de
2019, declaró la nulidad de las Resoluciones 162 del 7 de diciembre de 2015, 152 del 14
de septiembre de 2016 y 043 del 24 de febrero de 2017, por las cuales el Ministerio del
Trabajo impuso al Municipio de Yopal una multa equivalente a 414 salarios mínimos
legales mensuales vigentes por el presunto incumplimiento del artículo 39 de la
Convención Colectiva de Trabajo suscrita con SINTRAYOPAL. A título de
restablecimiento del derecho ordenó al SENA reintegrar al municipio, debidamente
indexados, los dineros recibidos por concepto de la multa o, de no haberse efectuado el
recaudo, prescindir de él; negó las demás pretensiones, ordenó compulsar copias a la
Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República, y se
abstuvo de condenar en costas.

9. Tras verificar su competencia y la legitimación en la causa de las partes, el a quo
delimitó el problema jurídico en establecer si las citadas resoluciones estaban viciadas
de nulidad por falsa motivación, desviación de poder o vulneración del debido proceso.
Como tesis, encontró probados los cargos de falsa motivación y de vulneración del debido
proceso, al considerar que, en la sustentación de los actos acusados, el Ministerio del
Trabajo efectuó una valoración parcializada de las pruebas recaudadas en el proceso
sancionatorio, sin correspondencia entre la realidad fáctica, relativa a las gestiones
adelantadas por el municipio para dar cumplimiento al artículo 39 convencional, y la
decisión sancionatoria; por ello, accedió a las pretensiones y se relevó de estudiar el
cargo de desviación de poder.

10. El Tribunal precisó el régimen del procedimiento administrativo sancionatorio
laboral. En cuanto a los términos, señaló que, si bien el artículo 48 del CPACA prevé diez
días para alegar de conclusión, el artículo 10 de la Ley 1610 de 2013 fija un término de
diez días para practicar pruebas y de tres días para alegar, disposición especial que
resultaba aplicable; por tal razón, descartó el reparo del demandante fundado en que solo
se le habían concedido tres días para alegar de conclusión.

11. En relación con el caso concreto, el Tribunal reconstruyó el origen de la actuación.
Advirtió que el cumplimiento del artículo 39, conforme al cual la administración municipal
garantizaría que el uno por ciento (1 %) del monto de los subsidios de vivienda se
destinara a los trabajadores oficiales, se entendió inicialmente como el traslado de
recursos del municipio al sindicato, a partir de las cuentas de cobro presentadas por
SINTRAYOPAL. No obstante, a partir del 13 de enero de 2014 surgió la inquietud de la
Subsecretaría de Talento Humano del municipio sobre la legalidad de girar ese
porcentaje directamente a la organización sindical, fue resuelta mediante concepto de la
Oficina Asesora Jurídica del 10 de febrero de 2014, según el cual no era procedente el

7
Índice 2 SAMAI, actuaciones de primera instancia. Tomo IV. Archivo 26.

3

Radicación: 85001 23 33 000 2017 00109 01 (2348-2021)
Demandante: Municipio de Yopal

pago directo a SINTRAYOPAL, se afirmó en ese concepto, la cláusula consagra un
privilegio para que los trabajadores oficiales destinen ese uno por ciento a proyectos de
vivienda o mejoramiento, agotando el procedimiento previsto. Puesto ese concepto en
conocimiento del sindicato el 17 de febrero de 2014, con solicitud de que allegara el
reglamento aplicado y el listado de beneficiarios, la organización no entregó la
información. De allí surgió la diferencia interpretativa del artículo 39 entre las partes de la
convención.

12. El Tribunal destacó que fue el oficio 0045 del 18 de junio de 2014, suscrito por
SINTRAYOPAL, el soporte para que el Ministerio del Trabajo ordenara la apertura del
procedimiento administrativo sancionatorio mediante el Auto 220 del 7 de julio de 2014,
con un único cargo por la presunta vulneración del artículo 467 del CST. Consideró que,
pese a contar con la facultad de adelantar averiguaciones preliminares o de acudir a su
potestad preventiva, la administración abrió la investigación y formuló cargos con
sustento exclusivo en dicho oficio, que en realidad solicitaba un concepto, sin los soportes
suficientes para ello; y que, mientras la Resolución 152 de 2016 sostuvo que la entidad
podía investigar de oficio acudiendo a averiguaciones preliminares, la Resolución 043 de
2017 afirmó que desde la querella misma estaba probado el incumplimiento, sin que en
el expediente obrara soporte alguno de tales averiguaciones.

13. Concluyó que el municipio acreditó las gestiones realizadas para garantizar que un
porcentaje de los recursos de vivienda se destinara a los trabajadores oficiales, y que la
norma convencional no ordenaba transferir recursos a las cuentas del sindicato. Pese a
ello, el Ministerio impuso la sanción aduciendo que el municipio adeudaba sumas por las
vigencias 2014 y 2015 y que había suspendido los giros al sindicato, sin efectuar un
análisis probatorio completo y limitando su estudio a los argumentos de la organización
sindical, de modo que no hubo coherencia entre los hechos y los supuestos de derecho
que soportaron la decisión. Precisó que la investigación surgió de la diferencia
interpretativa entre las partes y que el Ministerio adoptó una posición parcializada al
conceptuar que la norma era clara y no ofrecía motivos de duda, confirmando así su
decisión sancionatoria.

14. En cuanto al restablecimiento del derecho, el Tribunal negó las pretensiones dirigidas
a anular el cobro coactivo adelantado por el SENA y a ordenar al Ministerio abstenerse
de emitir concepto sobre el artículo 39, por considerarlas ajenas a los actos demandados
y propias de otras actuaciones. No obstante, comoquiera que la multa se destina al SENA
en virtud del artículo 7 de la Ley 1610 de 2013, ordenó a esa entidad reintegrar al
municipio, debidamente indexados, los dineros recibidos por tal concepto o, de no
haberlos recaudado, prescindir del cobro. Finalmente, tras advertir que se habían girado
recursos a SINTRAYOPAL por concepto de subsidio de vivienda sin soporte jurídico,
ordenó compulsar copias a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría
General de la República.

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Radicación: 85001 23 33 000 2017 00109 01 (2348-2021)
Demandante: Municipio de Yopal

Recurso de apelación8

15. La Nación – Ministerio del Trabajo solicitó revocar la sentencia de primera instancia
y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda. Como cargo único, sostuvo que
los actos administrativos no incurrieron en falsa motivación, comoquiera que la Dirección
Territorial de Casanare los sustentó en debida forma y no interpretó la cláusula
convencional, sino que verificó de manera objetiva su cumplimiento en ejercicio de la
facultad de policía administrativa laboral. Precisó que pronunciarse sobre el alcance del
artículo 39, sobre la legalidad de sus cláusulas o sobre su impacto fiscal excedería su
competencia, pues, conforme al artículo 486 del CST, no está facultado para dirimir
controversias cuya decisión corresponde a la jurisdicción del trabajo.

16. Con fundamento en los artículos 467 y 468 del CST, adujo que la convención
colectiva es norma vinculante para las partes y fuente formal reguladora de la relación
laboral, cuyo cumplimiento debe verificarse objetivamente. Señaló que requirió en
diversas oportunidades al Municipio de Yopal para que explicara la forma en que daba
cumplimiento al artículo 39, frente a lo cual la entidad territorial manifestó su oposición
con base en un concepto de su Oficina Asesora Jurídica. Afirmó que el municipio no podía
pretender que el Ministerio le trazara la vía para cumplir su obligación y que, de considerar
improcedente la cláusula, contaba con otras herramientas (la denuncia de la convención,
la demanda de nulidad ante el juez laboral, un acuerdo interpretativo o la solicitud de
vigilancia a los organismos de control), ninguna de las cuales ejerció. Concluyó que,
verificado el cese del cumplimiento durante las vigencias 2013, 2014 y 2015, procedió a
imponer la sanción respectiva.

17. En cuanto al reproche por la ausencia de averiguación preliminar, sostuvo que,
conforme al artículo 47 del CPACA, la actuación administrativa sancionatoria puede
iniciarse de oficio siempre que la autoridad cuente con elementos de juicio suficientes,
como ocurrió con la información allegada por la organización sindical, según consta en el
auto de formulación de cargos. Con apoyo en su propio manual de inspección, vigilancia
y control, precisó que la averiguación preliminar tiene carácter facultativo y no forma parte
del procedimiento sancionatorio, de modo que no está obligado a agotarla en todos los
casos antes de iniciarlo formalmente. Agregó que no existe ley, reglamento ni tarifa legal
que fije el grado de duda o de certeza exigible en esa etapa como requisito para formular
cargos y que, una vez formulados, se abre el procedimiento en el que las partes ejercen
sus derechos de defensa y contradicción.

18. Frente a la conclusión del Tribunal según la cual no valoró los actos de cumplimiento
aportados por el municipio, el apelante afirmó que el a quo incurrió en error. Explicó que,
para la fecha de inicio del procedimiento sancionatorio, la parte demandante ya se
encontraba incumpliendo la obligación convencional, en una conducta omisiva
continuada que se prolongó durante las vigencias 2013 a 2015, y que solo con
posterioridad expidió la Resolución 686 del 11 de diciembre de 2014 y la Resolución 448
del 10 de julio de 2015 para reglamentar y ejecutar el artículo 39, efectuando el pago
apenas en 2017. Sostuvo que la expedición de esos actos no desvirtuaba la infracción,

8
Índice 2 SAMAI, actuaciones de primera instancia. Tomo IV. Archivo 28.

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Radicación: 85001 23 33 000 2017 00109 01 (2348-2021)
Demandante: Municipio de Yopal

sino que confirmaba que había sido necesario iniciar la investigación para que la entidad
regulara el cumplimiento. Añadió que la Resolución 162 de 2015 sí se pronunció sobre
tales actos, al advertir que, pese a la reglamentación adoptada, se mantuvo la oposición
a cumplir lo pactado, con lo cual quedaba despejada la objeción del Tribunal.

19. Negó haber prejuzgado al municipio. Adujo que el inspector comisionado se limitó a
exhortarlo a cumplir lo pactado, recordándole la naturaleza vinculante de la convención
colectiva, y a solicitarle que informara la forma en que daba cumplimiento a sus
obligaciones, sin adoptar una decisión anticipada sobre su responsabilidad; y que la
sanción obedeció al incumplimiento acreditado, que solo cesó con el pago efectuado en
2017.

20. Finalmente, invocó la naturaleza rogada del proceso contencioso administrativo para
sostener que el Tribunal no podía fundar la nulidad en presuntas irregularidades del
procedimiento administrativo (relativas a la apertura de la etapa probatoria o a la forma
en que fueron evaluadas las pruebas), comoquiera que tales reproches no fueron
formulados por la parte demandante en la demanda y, por ende, escapaban al ámbito del
control judicial.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

17. Mediante auto proferido el 14 de julio de 20229 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por el Ministerio del Trabajo.

18. Mediante auto del 1 de febrero de 202410 se ordenó correr traslado por el término de
10 días a efectos de que las partes presenten sus alegatos de conclusión. En esta
oportunidad procesal el SENA11 y el Municipio de Yopal12 presentaron los
correspondientes escritos en los que insistieron en sus argumentos de defensa.

Ministerio Público

19. El procurador delegado guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

20. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así las
cosas, se abordará el análisis de esta controversia.

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Índice 15 SAMAI, actuaciones de segunda instancia.
10
Índice 38 SAMAI, actuaciones de segunda instancia.
11
Índice 42 SAMAI, actuaciones de segunda instancia.
12
Índice 45 SAMAI, actuaciones de segunda instancia.

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Radicación: 85001 23 33 000 2017 00109 01 (2348-2021)
Demandante: Municipio de Yopal

Problema jurídico

21. Corresponde a la Sala resolver si le asiste razón a la Nación – Ministerio del Trabajo
en que los actos administrativos demandados no incurrieron en falsa motivación, por
haberse limitado la administración a verificar de manera objetiva el incumplimiento de una
obligación convencional clara, en ejercicio de su facultad de policía administrativa laboral
y sin invadir competencias propias de la jurisdicción del trabajo; o si, como lo declaró el
Tribunal, dichos actos son nulos porque la sanción se impuso sin correspondencia entre
la realidad fáctica acreditada y sus fundamentos, al reprocharse el incumplimiento de una
cláusula cuyo alcance era objeto de una controversia interpretativa entre las partes de la
convención.

22. Para resolver, la Sala deberá establecer, conforme a las categorías propias del
derecho administrativo sancionador, si la conducta atribuida al Municipio de Yopal
satisfacía las exigencias de tipicidad y culpabilidad, presupuesto del que depende la
validez de la motivación de los actos sancionatorios.

Análisis

23. La Sala confirmará la sentencia apelada, aunque por las razones que a continuación
se precisan. El recurso de la Nación – Ministerio del Trabajo parte de una premisa que el
expediente administrativo no respalda: que el artículo 39 de la Convención Colectiva de
Trabajo imponía al Municipio de Yopal transferir el uno por ciento (1 %) de los subsidios
de vivienda a la organización sindical y que la suspensión de esos giros constituyó, sin
más, la infracción sancionada.

24. Como se explicará, la cláusula no ordenaba pagar al sindicato, sino garantizar que
ese porcentaje se destinara efectivamente a los trabajadores oficiales por concepto de
vivienda; de manera que la conducta reprochada (haber dejado de girar los recursos a
SINTRAYOPAL) no se subsumía en el supuesto de hecho de la infracción imputada. A
ese defecto de tipicidad se añade que la administración prescindió del juicio de
culpabilidad, pese a que el municipio actuó al amparo de una interpretación razonable y
de buena fe, y que desconoció la presunción de inocencia al invertir la carga de la prueba,
exigiendo al investigado que demostrara el cumplimiento en lugar de acreditar ella la
infracción. La convergencia de estos defectos es, precisamente, lo que se manifiesta en
la falsa motivación de los actos acusados, cuyo sustento no corresponde con la realidad
que obra en el expediente.

25. Comoquiera que el recurso se dirige a demostrar que los actos no incurrieron en falsa
motivación, y dado que este cargo, tratándose de una decisión sancionatoria, exige
verificar la corrección de los presupuestos sobre los que se edificó la sanción, el examen
de la Sala comprende la tipicidad de la infracción, la culpabilidad del investigado y la
presunción de inocencia, en cuanto garantías cuya observancia condiciona la validez de
la motivación de los actos acusados.

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Radicación: 85001 23 33 000 2017 00109 01 (2348-2021)
Demandante: Municipio de Yopal

De la atipicidad de la conducta sancionada: el reproche recayó sobre una
obligación que el artículo 39 no imponía

26. El principio de tipicidad, expresión del de legalidad que rige el derecho administrativo
sancionador (artículo 29 de la Constitución Política) exige que la conducta reprochada
esté previamente definida y que la obligación cuya inobservancia se sanciona sea cierta,
precisa y exigible. Esta exigencia adquiere particular relevancia cuando la potestad
sancionadora se ejerce, como aquí, con fundamento en el numeral 2 del artículo 486 del
Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 7 de la Ley 1610 de 2013,
disposición que atribuye a la autoridad del trabajo la facultad de imponer multas y fija su
cuantía, pero que remite la conducta reprochable a la violación de las normas laborales
y demás disposiciones sociales. Se trata, por tanto, de un tipo sancionatorio en blanco
que solo se completa cuando se integra con la norma que consagra la obligación concreta
cuyo incumplimiento se reprocha; sin esa norma de complemento, la infracción carece
de contenido y la sanción, de fundamento.

27. En el presente caso esa integración no se produjo debidamente. El Auto 220 del 7 de
julio de 2014 identificó como única disposición presuntamente vulnerada el artículo 467
del Código Sustantivo del Trabajo, que se limita a definir qué es la convención colectiva
de trabajo y no consagra obligación alguna a cargo del empleador cuya inobservancia
sea sancionable. Ni ese acto ni los que resolvieron los recursos suplieron tal deficiencia,
pues continuaron sustentando el reproche en los artículos 467 y 468 ibidem (normas que
definen la convención y describen su contenido), sin tipificar el deber concreto en el
artículo 39 convencional, que era la verdadera fuente de la obligación. De este modo, el
tipo en blanco del artículo 486.2 no quedó integrado con una disposición definitoria, lo
que revela que la administración ejerció la potestad sancionadora sin depurar el juicio de
tipicidad que le era exigible.

28. A ese defecto en la determinación del tipo se suma otro, de mayor entidad, en la
subsunción de la conducta. Aun tomando el artículo 39 convencional como la obligación
realmente comprometida, su supuesto era uno solo: que el uno por ciento (1 %) del monto
de los subsidios para planes de vivienda o mejoramiento se destinara a los trabajadores
oficiales. La cláusula no imponía transferir esos recursos a la organización sindical para
que ella los distribuyera entre sus afiliados. Sin embargo, la conducta que el Ministerio
del Trabajo reprochó y sancionó no fue que los trabajadores oficiales quedaran privados
del beneficio, sino que el municipio hubiera dejado de girar el uno por ciento a
SINTRAYOPAL.

29. El propio expediente administrativo demuestra que el ente territorial no se opuso al
reconocimiento del subsidio, sino a la forma en que el sindicato lo exigía (el giro directo
de los dineros para repartirlos entre sus afiliados, tuvieran o no vivienda), y que, mediante
las Resoluciones 686 del 11 de diciembre de 2014 y 448 del 10 de julio de 2015,
reglamentó la ejecución del artículo 39 para que el beneficio se otorgara, a través del
IDURY, a los trabajadores oficiales que acreditaran los requisitos de vivienda.

30. La conducta efectivamente desplegada no realizaba el supuesto de la infracción,
sino que perseguía su cumplimiento por una vía distinta de la reclamada por la

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Radicación: 85001 23 33 000 2017 00109 01 (2348-2021)
Demandante: Municipio de Yopal

organización sindical. Al equiparar la falta de giro al sindicato con el incumplimiento del
artículo 39, la administración reprochó la inobservancia de una obligación que la cláusula
no consagraba y, por tanto, sancionó una conducta atípica.

De la ausencia de culpabilidad y la proscripción de la responsabilidad objetiva

31. En este caso, no corresponde a la Sala definir cuál es la interpretación correcta del
artículo 39 convencional, cuestión propia de la jurisdicción ordinaria laboral, sino verificar
si la administración, al sancionar, observó las garantías del debido proceso sancionatorio.
Desde esa perspectiva, lo determinante no es si al municipio le asistía o no la razón, sino
que existía una controversia interpretativa seria que el Ministerio del Trabajo estaba
obligado a examinar y que, sin embargo, nunca atendió.

32. El derecho administrativo sancionador proscribe la responsabilidad objetiva y exige
que la infracción sea atribuible al investigado a título de dolo o culpa; la administración
no puede deducir el reproche de la sola inobservancia material de un deber, sino que
debe establecer que esa inobservancia es subjetivamente reprochable. Ese juicio de
culpabilidad supone, cuando el investigado ha opuesto una razón atendible, hacerse
cargo de ella. En el presente caso, el Municipio de Yopal no guardó silencio ni adujo un
simple pretexto: desde los descargos planteó que su conducta obedecía a una objeción
concreta sobre la forma de cumplir el artículo 39, sustentada en el concepto de su Oficina
Asesora Jurídica del 10 de febrero de 2014 y en la necesidad de preservar el control
sobre recursos de origen público, y no a una voluntad de desconocer el beneficio pactado.

33. El Ministerio del Trabajo, sin embargo, nunca examinó ese planteamiento. En lugar
de pronunciarse sobre la objeción interpretativa y de valorar los actos con que el
municipio pretendía encauzar el beneficio hacia los trabajadores oficiales, dedujo el
incumplimiento de la queja sindical y de la falta de giro de los recursos, y confirmó la
sanción sin analizar si la conducta era subjetivamente reprochable. Al proceder así, no
solo omitió el juicio de culpabilidad, sino que sancionó sobre la base de un incumplimiento
presumido: dio por sentado que la discrepancia sobre el modo de cumplir equivalía a una
infracción culpable, cuando precisamente esa discrepancia impedía el reproche. La Sala
no afirma con ello que la tesis del municipio fuera la acertada; lo determinante es que la
existencia de una controversia interpretativa que la administración no resolvió, ni podía
resolver en sede sancionatoria, excluía la certeza sobre la culpabilidad indispensable
para imponer la multa.

De la presunción de inocencia y la carga de la prueba en el procedimiento
administrativo sancionatorio

34. La presunción de inocencia, garantía aplicable al derecho administrativo sancionador
por expreso mandato del artículo 29 de la Constitución Política, impone a la
administración la carga de probar todos los elementos de la infracción que atribuye y le
impide trasladar al investigado la demostración de su propia inocencia. De ella se sigue
que la duda razonable sobre la existencia de la conducta o sobre su carácter reprochable
debe resolverse en favor del administrado, y que la sanción solo puede fundarse en la
certeza, obtenida por la propia autoridad, de que la infracción se cometió.

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Radicación: 85001 23 33 000 2017 00109 01 (2348-2021)
Demandante: Municipio de Yopal

35. En este caso, el Ministerio del Trabajo desatendió esa garantía. Al resolver el recurso
de apelación mediante la Resolución 043 del 24 de febrero de 2017, sostuvo que era el
investigado quien debía probar el cumplimiento y el pago de lo acordado
convencionalmente, con lo cual invirtió la carga de la prueba y relevó a la administración
de acreditar la infracción. La decisión, además, se edificó sobre la queja de la
organización sindical y sobre lo que el propio municipio certificó acerca de las sumas
correspondientes al uno por ciento, sin que la autoridad demostrara que los trabajadores
oficiales hubieran quedado privados del beneficio. El argumento del apelante según el
cual el municipio habría reconocido el incumplimiento no altera esta conclusión: ese
reconocimiento se refería a los montos en discusión y a la suspensión de los giros al
sindicato, no a la admisión de una infracción culpable del artículo 39 y, en todo caso,
ninguna manifestación del investigado relevaba a la administración de su deber de probar
los elementos de la conducta sancionada. Al invertir la carga de la prueba y sancionar sin
alcanzar la certeza que le incumbía, el Ministerio desconoció la presunción de inocencia.

De la falsa motivación de los actos acusados como resultado de los anteriores
defectos

36. El vicio de falsa motivación se configura cuando los motivos que sustentan el acto
administrativo carecen de veracidad o cuando no existe coherencia entre los hechos que
le sirven de fundamento y la realidad, de modo que la decisión no guarde coherencia con
los supuestos que dice tener por probados. Los defectos analizados no constituyen
reproches independientes entre sí, sino manifestaciones de un mismo vicio: la sanción
se edificó sobre una premisa: que dejar de girar el uno por ciento al sindicato equivalía a
incumplir el artículo 39, que no se corresponde con el tenor de la cláusula ni con lo que
obra en el expediente. A esa falta de correspondencia se agrega una contradicción
interna en la propia motivación, pues mientras la Resolución 162 del 7 de diciembre de
2015 afirmó que el municipio continuaba girando directamente los recursos a las cuentas
de la organización sindical, en la actuación constaba que esos giros habían sido
suspendidos, precisamente, ante la falta de justificación del uso de los dineros
entregados. La motivación de los actos, de esta manera, no reflejaba la realidad
probatoria, sino una versión de ella construida a partir de la queja sindical.

37. No enerva lo anterior la tesis del apelante según la cual la administración se limitó a
verificar objetivamente el cumplimiento de la cláusula. Esa verificación no era posible en
los términos en que se planteó, porque presuponía una obligación, la de transferir los
recursos al sindicato, que el artículo 39 no imponía, desatendía la objeción del municipio
sobre el modo de cumplir y descansaba en la inversión de la carga de la prueba. Tampoco
la salva el que la Resolución 162 de 2015 mencionara los actos de cumplimiento del
municipio, pues los descartó sin ponderar la interpretación en que se sustentaban, con lo
cual confirmó la falta de correspondencia entre los hechos y la decisión. En consecuencia,
los actos acusados adolecen de falsa motivación y, por ese motivo, la Sala confirmará la
declaratoria de nulidad adoptada por el Tribunal, en los términos precisados en esta
providencia.

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Radicación: 85001 23 33 000 2017 00109 01 (2348-2021)
Demandante: Municipio de Yopal

Condena en costas

38. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

39. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021, fue
instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de fundamento
legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así una excepción
a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo de procesos.

40. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los trámites de
nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se
mantiene incólume; en ese sentido la sentencia impondrá condena en costas sobre la
parte vencida en el proceso. La liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366
del CGP, teniendo en cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del
CPACA.

41. En consecuencia, se impondrán costas en esta instancia a la Nación – Ministerio del
Trabajo, por cuanto no prosperaron los argumentos expuestos en el recurso de apelación
encaminados a desvirtuar la decisión de fondo adoptada por el Tribunal. Para el efecto,
de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el
magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la
secretaría del Tribunal Administrativo de Casanare.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 6 de diciembre de 2019 por el Tribunal
Administrativo de Casanare, conforme a lo expuesto en esta providencia.

SEGUNDO. CONDENAR en costas en segunda instancia a la Nación – Ministerio del
Trabajo, de acuerdo con lo señalado en la parte motiva.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

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Radicación: 85001 23 33 000 2017 00109 01 (2348-2021)
Demandante: Municipio de Yopal

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados que integran la
Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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