Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 85001-23-33-000-2017-00143-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 85001-23-33-000-2017-00143-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 85001-23-33-000-2017-00143-02
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
3 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D.C., tres (3) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 85001-23-33-000-2017-00143-02 (5232-2023)
Demandante: Nelson Ricardo Mariño Velandia
Demandada: Procuraduría General de la Nación1
Tema: Disciplinario. Sanción por la comisión de la falta gravísima
prevista en el artículo 48.312 de la Ley 734 de 2002.
Sentencia de segunda instancia
Asunto
Decide la Sala en segunda instancia el recurso de apelación presentado por la parte
demandante contra la sentencia del 22 de junio de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo de Casanare que negó las pretensiones de la demanda.
I. Antecedentes
1.1. La demanda3 y su reforma4
1.1.1. Las pretensiones
1. Nelson Ricardo Mariño Velandia presentó demanda del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo5, en orden a que
se declarara la nulidad de los siguientes actos:
1 En adelante PGN.
2 «Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio
público, o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función
administrativa contemplados en la Constitución y en la ley».
3 Samai, expediente 85001233300020170014300, índice 5, archivo
«9_ED_001DEMANDACONANEXOS(.PDF)», pág. 133.
4 Samai, expediente 85001233300020170014300, índice 5, archivo
«16_ED_001REFORMADDANRDPD(.PDF) NroActua 6».
5 En adelante CPACA.
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Demandante: Nelson Ricardo Mariño Velandia
1.1. Fallo de primera instancia del 4 de diciembre de 2012, expedido por la
Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, por medio del
cual fue sancionado con destitución e inhabilidad general por 14 años.
1.2. Fallo de segunda instancia del 24 de enero de 2013, suscrito por la Sala
Disciplinaria de la PGN, en el que se confirmó la decisión.
2. A título de restablecimiento del derecho pidió la restitución de todos sus derechos
políticos.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Los hechos relevantes del caso son los siguientes:
4. En el año 2012, la gobernación del Casanare asignó en el presupuesto una
partida económica tendiente a garantizar el servicio de alimentación escolar.
5. Como gobernador, previas gestiones con el Ministerio de Educación Nacional,
suscribió el Convenio de Cooperación 001 del 14 de mayo de 2012 con la Caja de
Compensación Familiar de Casanare -Comfacasanare-, cuyo objeto era aunar
esfuerzos para garantizar el servicio de restaurante escolar a 62.895 estudiantes,
con miras a hacer efectiva la prestación, ampliación y sostenibilidad de la asistencia
educativa por 120 días [calendario escolar]. El valor total ascendió a
$18.294.885.400.
6. Para la ejecución, la entidad territorial aportó $17.894.885.400 y Comfacasanare
contribuyó con un monto de $400.000.000. El 50% se desembolsaría como anticipo
cuando se cumpliera con los requisitos de perfeccionamiento y, el restante, se
giraría hasta un 95% del valor del saldo faltante a través de actas parciales, previa
la presentación del informe de ejecución. El 5% pendiente se haría efectivo cuando
se suscribieran las actas de terminación y liquidación «del contrato».
7. Por la «magnitud del proyecto emprendido y el significativo número de raciones
contratadas que se debían entregar diariamente» Comfacasanare suscribió el Contrato
de Suministro 685 del 31 de mayo de 2012 con la Unión Temporal [UT] Alimenta
Casanare 2012. El valor fue de $16.694.848.800 y su objeto consistió en «la
preparación y distribución de almuerzos a 62.895 estudiantes de las instituciones
educativas del Departamento de Casanare durante 120 días, en ejecución del aludido
Convenio No. 001».
8. En la actuación especial de fiscalización a los recursos de regalías, la Contraloría
General de la República concluyó que, por intermediación de Comfacasanare con
la UT se presentó una diferencia de $1.200.036.600 –sin indexar–, es decir, un
mayor gasto para el departamento y, por consiguiente, un detrimento patrimonial.
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En el mismo documento se advirtió sobre posibles incidencias de carácter penal y
disciplinario.
9. El proceso disciplinario inició por la queja radicada el 27 de agosto de 2012 por
Pedro Antonio Roa Ramírez, quien afirmó que la caja, sin someterse a los
presupuestos de la Ley 80 de 1993, subcontrató las obligaciones propias del
convenio. Además, advirtió que su ejecución tuvo incumplimientos reiterados e
injustificados y que los alimentos no cumplían con los estándares mínimos de
calidad porque eran deficientes en su contenido y calidad.
10. El 31 de agosto de 2012 la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación
Estatal inició indagación preliminar en su contra. Luego, el 26 de septiembre de
2012, fue llamado a audiencia dentro del procedimiento verbal disciplinario y le
imputó 2 cargos con la calificación de la conducta como culposa gravísima y la falta
disciplinaria como gravísima, debido a su adecuación típica en el numeral 31 del
artículo 48 de la Ley 734 de 2002, específicamente, por el desconocimiento de los
principios de la contratación administrativa:
10.1. Se utilizó indebidamente la figura del convenio de cooperación para contratar,
de manera directa, la prestación del servicio de almuerzos escolares con
Comfacasanare y, por consiguiente, eludir el proceso licitatorio. Dicha caja
fungió como un mero intermediario.
10.2. Comfacasanare, para cumplir con el objeto del convenio, suscribió el Contrato
de Suministro 685 del 31 de mayo de 2012 con la UT, con el mismo objeto del
convenio de cooperación, «presentándose una diferencia por un valor de
$1.200.036.600, se generó en la intermediación, además de la tercerización
presuntamente innecesaria de la contratación de COMFACASANARE, un mayor
gasto para el departamento, por concepto de atención del servicio de almuerzos
escolares para estudiantes del ente territorial [...]» [sic].
11. El 4 de diciembre de 2012 la Procuraduría Segunda Delegada para la
Contratación Estatal dictó el fallo de primera instancia. Se analizó la naturaleza
jurídica de la caja de compensación, el convenio de cooperación, los sobrecostos
de la tercerización y la defraudación de los principios de transparencia y
responsabilidad. En consecuencia, se calificaron las conductas a la luz del artículo
48.31 de la Ley 734 de 2002, a título de culpa gravísima por desatención elemental,
en tanto debía percatarse que con la suscripción del convenio se generaba un
mayor gasto para la entidad. En cuanto a la ilicitud sustancial, consignó que se
desatendieron los principios de economía, transparencia y responsabilidad
previstos en el estatuto contractual.
12. La decisión fue confirmada el 24 de enero de 2013 por la Sala Disciplinaria de la
PGN.
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1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
13. Como tales se señalaron los artículos 355 de la Constitución Política; 138 del
CPACA; 1 del Decreto 1403 de 1992; 34.1, 35.1 y 48.1 de la Ley 734 de 2002; 28.8,
26 [núm. 1, 2, 4 y 5] y 25 [núm. 4 y 11] de la Ley 80 de 1993; en su concepto, porque:
14. Las autoridades disciplinarias incurrieron en un error de interpretación jurídica
porque establecieron que la «reconocida idoneidad» de las entidades sin ánimo de
lucro se demostraba a través de la capacidad técnica y financiera para ejecutar
específicamente cada clase de convenio de cooperación y no con la experiencia
acreditada en la ejecución de los negocios, a pesar de que el Decreto 1403 de 1992
previó que esta era la experiencia con resultados satisfactorios que acreditaran la
capacidad para realizar el objeto del contrato. Además, como dicha norma era
anterior a la Ley 80 de 1993, se debían atender solo las reglas previstas en el
Decreto 777 de 1992.
15. De conformidad con el artículo 355 de la Constitución, a las entidades sin ánimo
de lucro solo se les podía exigir que acreditaran su participación en actividades
iguales o similares a las previstas en el objeto del convenio, de forma directa o en
proponentes plurales, tal como lo acreditó Comfacasanare. Sin embargo, la entidad
desconoció el acta del 2 de mayo de 2012, expedida por la Secretaría de Educación
del departamento, en la cual se dio fe que sí contaba con el atributo de idoneidad y
experiencia exigido por dicho canon.
16. La PGN no manifestó que estuviera prohibida la subcontratación, pero a su vez
anotó que se mutó la naturaleza del convenio, en tanto pasó a ser un simple contrato
de intermediación, con lo cual se evidenciaba la falta de capacidad técnica y
administrativa para desarrollar el objeto contractual a pesar de que en otro momento
afirmó que aquella mantenía incólume la relación jurídica contractual primigenia, la
cual fue cumplida, pues los almuerzos sí se entregaron a los estudiantes en
condiciones de calidad e higiene.
17. También se incurrió en error al hacer la calificación jurídica de los hechos
constitutivos de la presunta falta gravísima, pues se desconoció que a los convenios
de cooperación no se les aplicaba ninguno de los principios de la contratación
estatal por estar expresamente excluidos de la aplicación de la Ley 80 de 1993.
18. El deber de acatar los fines de la contratación no se incumplió porque el
convenio se ejecutó a cabalidad y el saldo por la diferencia entre el presupuesto
oficial del convenio, así como lo pagado a la UT, resultó a favor de la gobernación
del Casanare.
19. También se incurrió en falsa motivación porque (i) el ejercicio de subsunción
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típica fue desatinado al imputar la infracción de un deber respecto del cual carecía
de todo dominio del hecho, pues no fue él quien preparó los estudios previos y, por
lo tanto, no podía anticipar de manera razonable que los almuerzos podían ser
contratados a un precio más económico que el presupuesto oficial y bajo las mismas
condiciones de calidad e higiene; y (ii) debido a la prematura intervención de la PGN,
es decir, antes de que terminara la ejecución, el supuesto saldo a favor de la
gobernación por $1.200.036.600 fue objeto de reconocimiento en la liquidación del
convenio, lo que significó que no se presentara mayor valor que hubiera hecho la
ejecución del objeto más onerosa para el departamento.
20. La tesis de la PGN respecto de la ilicitud sustancial fue redundante, pues al
señalar que con la supuesta tramitación de la contratación directa y de la
celebración del convenio se produjo una violación a los principios de
responsabilidad, transparencia, selección objetiva y economía solo se reprodujo la
infracción del deber funcional ya calificada en la falta.
21. Los actos confundieron deliberadamente una exigencia de culpa gravísima con
los estándares de comportamiento propios de las culpas leves o levísimas que eran
disciplinariamente irrelevantes, en tanto exigieron «prudencias acuciosas y en extremo
solícitas» que eran opuestas a las negligencias en las que incurrían los servidores
públicos más descuidados en el ejercicio de sus funciones.
22. Asimismo, la noción que se manejó de culpa gravísima por desatención
elemental rayó en el extremo de considerar cualquier inobservancia de una regla de
conducta igual que cualquiera como de obligatorio cumplimiento, con lo cual lo
ubicaron en un estándar de imposible cumplimiento como era «tomarle la delantera al
pensamiento y a la acción de sus subalternos en la tramitación y preparación de la minuta»
que dio lugar al convenio de cooperación, cuando no estaba en capacidad de
controlar esas situaciones.
23. No se hizo análisis alguno sobre la prueba en la que fundó la supuesta
inobservancia del deber funcional a título de culpa gravísima. Se erigió «sobre un
artilugio meramente retórico» en la que se extrajo la desatención elemental de una
regla de obligatorio cumplimiento considerada en abstracto. Se evidenció la falta de
argumentos fácticos y jurídicos del operador jurídico para reprochar la incuria. El
fallo debió recurrir a una adjudicación temeraria respecto de un acto propio de las
competencias de los funcionarios de la Secretaría de Educación y de los asesores
de su despacho del que no tenía capacidad de dominio.
24. En efecto, podía creer que tales funcionarios, encargados por el manual de
funciones, al tramitar el procedimiento de selección y celebrar el convenio de
cooperación, actuaron a la luz de las normas y de acuerdo con los requerimientos
socioculturales. Según se demostró, estaba enterado de la situación e impartió
directrices a fin de que se tomara la decisión que propugnara por la buena marcha
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de la función pública. Se le sancionó, no por la presencia de una conducta
imprudente, sino por «no observar una esmeradísima diligencia en prever, aún antes de
que sucediera, de que sus subalternos iban a actuar de forma contraria a derecho,
haciéndole firmar un convenio que no se avenía a los principios de la contratación estatal».
25. Lo anterior agregado a que no era abogado y que la materia objeto de vigilancia
y control estaba lejos de ser pacífica, por lo tanto, no podía tener sino un
conocimiento formal acerca de lo que era legal o ilegal en materia de contratación
estatal. No estaba en condiciones de advertir la presencia del supuesto peligro
causado con el referido acuerdo de voluntades.
1.2. Contestación de la demanda6 y su reforma7
26. La PGN se opuso a las pretensiones de la demanda con sustento en lo
siguiente:
27. Los actos acusados realizaron una juiciosa valoración ajustada a las reglas de
la sana crítica. El actor no debatió la inexistencia de los hechos, sino que se
debieron valorar en su favor situaciones que lo eximían de responsabilidad por
considerar que su obrar estaba sustentado en debida forma, pero ello no se
demostró.
28. De acuerdo con los fallos, el reproche consistió en que se utilizó la figura del
convenio de cooperación para contratar de manera directa a Comfacasanare con el
fin de que prestara el servicio de almuerzos escolares, a pesar de que el objeto se
circunscribió a aunar esfuerzos para garantizar el servicio de restaurante escolar y
que esta no tenía la capacidad, infraestructura ni la posibilidad real para cumplir con
las condiciones adquiridas.
29. Las afirmaciones del actor no eran ciertas, pues de los estatutos de
Comfacasanare se podía extraer con claridad que no tenía la capacidad para
desarrollar las actividades convenidas. Igualmente, el artículo 16 de la Ley 21 de
1982 no la facultó para suscribir dicho acuerdo de voluntades, pues el objeto no se
relacionó con la ejecución de actividades acordes con los servicios que prestaba,
«es decir, con su objeto, el cual es el fin de la norma, que se reali[zaran] alianzas
estratégicas pero para ejecutar actividades relacionadas con los servicios que prest[ara] la
Caja a sus afiliados, y en este caso, la preparación, distribución de los almuerzos escolares
para las instituciones educativas del departamento de Casanare, no est[aba] relacionado
con los servicios prestados por la Caja a sus afiliados».
6 Samai, expediente 85001233300020170014300, índice 8, archivo
«35_ED_003CONTESTAREFORMAD(.PDF) NroActua 8».
7 Samai, expediente 85001233300020170014300, índice 8, archivo
«17_ED_002ANTECEDENTESADMI(.PDF) NroActua 6».
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1.3. La sentencia apelada8
30. Mediante sentencia proferida el 22 de junio de 2023, el Tribunal Administrativo
de Casanare negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en
costas. Las razones de la decisión fueron las siguientes:
31. Los objetivos de Comfacasanare vigentes a la época de los hechos se limitaban
a (i) administrar el subsidio familiar como contraprestación social pagadera en
dinero, especie o servicios, a los trabajadores afiliados; (ii) organizar y administrar
programas para el reconocimiento y pago del subsidio familiar para la prestación de
los servicios sociales autorizados por la ley y adelantar planes de extensión del
subsidio familiar en dinero, especie y servicios dirigidos a los trabajadores afiliados
de menores recursos; y (iii) recaudar los aportes para el SENA, ICBF, ESAP y los
institutos técnicos, conjuntamente con los recaudos para el subsidio familiar.
32. De acuerdo con lo anterior y las leyes 21 de 1989, 789 de 2002 y 1729 de 2008,
la caja en mención no contaba con la idoneidad que se requería para suscribir un
convenio de cooperación, pues su objeto en nada se relacionaba con sus
competencias. Adicional a ello, se demostró que pasados 15 días del acuerdo de
voluntades suscribió un contrato de suministro con la Unión Temporal Alimenta
Casanare 2012 para la preparación y distribución de almuerzos para 62.895
estudiantes, objeto que era idéntico al de aquel.
33. No tenía vocación de prosperidad el argumento dirigido a que se ejerció la
facultad disciplinaria con restricción irrazonable del ejercicio de la libertad de
contratación, pues la figura de convenios de cooperación no se previó para
desconocer los principios de la contratación estatal y, pese a que en principio no
estaba cobijada por esta, no implicaba que se utilizara «de manera ilegal». Como en
el caso no se cumplió con los requisitos establecidos por la Constitución, el
departamento de Casanare –representado por el demandante– debió acatar la Ley
80 de 1993 y sus decretos reglamentarios que lo obligaban a adelantar el proceso
de licitación pública «y más aún teniendo en cuenta la altísima cuantía de la contratación
que estaba suscribiendo».
34. En razón de lo anterior, la subcontratación y la falta de idoneidad requerida para
comprometerse a ejecutar el objeto pactado vulneraron los principios de
transparencia y responsabilidad.
35. Sobre el argumento relativo a que se ejerció la facultad disciplinaria cuando el
convenio se encontraba en ejecución, debía tenerse en cuenta que la falta gravísima
se atribuyó porque utilizó de manera ilegal la figura del contrato de cooperación o
asociación prevista en el artículo 355 de la Constitución Política y los decretos 777
8 Samai, expediente 85001233300020170014300, índice 58.
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y 1403 de 1993 desde el momento en que se suscribió, por lo tanto, la existencia de
la liquidación era indiferente.
36. Del expediente disciplinario se extraía que en los fallos acusados se le imputó
responsabilidad por culpa gravísima por desatención elemental al no ejercer el
deber de cuidado que le era exigible en su condición de gobernador del Casanare
al suscribir «un mal llamado convenio de colaboración» que tampoco cumplió con los
requerimientos del ordenamiento jurídico. Asimismo, se inobservaron los principios
de economía y responsabilidad lo que derivó en la antijuridicidad sustancial porque
le causó un mayor gasto al departamento.
37. Tampoco estaba llamado a prosperar el argumento relativo a que la suma de
$1.200.036.600 se tuvo como saldo a favor de la entidad territorial, en razón a que
independiente del curso que haya tenido el dinero, la falta disciplinaria endilgada se
cometió.
1.4. El recurso de apelación9
38. La parte demandante presentó recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia y lo sustentó así:
→ Idoneidad de Comfacasanare para ejecutar el convenio de cooperación
39. El a quo no interpretó de manera adecuada las normas que regían a las cajas
de compensación, es decir, las leyes 21 de 1982 y 789 de 2002, así como el Decreto
1729 de 2008. Tampoco emitió un pronunciamiento exhaustivo sobre la
fundamentación que respaldaba el argumento relativo a que las normas reguladoras
no establecían la posibilidad de suscribir convenios de cooperación; en su lugar, se
limitó a realizar una afirmación sin ofrecer los argumentos necesarios para
comprender la decisión.
40. Era contradictorio que el a quo citara los fundamentos de la PGN en los que
reconoció que las cajas sí tenían la capacidad jurídica para celebrar los convenios,
pero sin justificación alguna concluyera que el objeto del acuerdo suscrito no se
relacionaba con las competencias a cargo de Comfacasanare.
41. De las normas citadas no era posible inferir la falta de idoneidad para cumplir
con el objeto del acuerdo, por el contrario, una de las funciones era suplir las
necesidades básicas alimenticias de los menores, administrar programas de
alimentación materno-infantil y ejecutar otros de servicio en conjunto con otras
entidades, lo que le daba la competencia para asumir los proyectos en los que se
beneficiaban los menores mediante un programa de alimentación.
9 Samai, expediente 85001233300020170014300, índice 63.
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42. Tampoco se consideraron las pruebas que demostraban la idoneidad de
Comfacasanare para ejecutar el objeto contractual y que había desarrollado otros
negocios con objetos y valores similares. Ello se comprobó con la declaración del
representante legal de la caja de compensación, la certificación expedida por la
secretaria de educación departamental y las actas de liquidación de los contratos
0021 de 2007, 100.1201.0024 y 100.0012 de 2005, 100.21.0014 de 2006 y 0024 de
2008, de ahí que Nelson Mariño Velandia, tal como lo hubiera hecho otra persona,
interpretara que sí cumplía con el requisito legal.
→ La subcontratación no desfiguró la naturaleza jurídica del convenio de
cooperación ni demostró la falta de idoneidad de Comfacasanare
43. La subcontratación se contraía a aquellos negocios jurídicos conexos a un
contrato o convenio principal que, por su objeto, consistía en asegurar o
desarrollarlo, tal como se previó en el artículo 1499 del Código Civil. En adición, las
obligaciones en ese negocio accesorio eran exigibles únicamente entre quienes lo
suscribieron y no era prohibida por el ordenamiento jurídico.
44. La entidad sin ánimo de lucro podía recurrir a la subcontratación con el propósito
de cumplir con el objeto convenido. Esto no se traducía en la separación del negocio
jurídico, en tanto el trámite adelantado por la entidad para seleccionarla se justificó
en que con su objeto social y experiencia acreditada podía desarrollar el objeto.
45. La idoneidad de Comfacasanare se mantuvo después de la firma del contrato
de suministro, pues desarrolló las actividades tendientes a cumplir con las
obligaciones del negocio primigenio; ello, sin delegar la ejecución total del objeto
contractual «como erróneamente lo interpretó el Tribunal» al afirmar que era un simple
intermediario.
46. Un ejemplo del desarrollo de actividades fue la conformación de un comité
técnico de dirección que realizó reuniones para determinar cada etapa que llevó al
inicio de la ejecución del convenio. Este debatió sobre la realización del informe de
diagnóstico, presentación de material publicitario, manejo de ciclos del menú,
relación de personal operativo, entre otros; igualmente, en relación con la obligación
de garantizar la calidad e inocuidad de las materias primas y raciones servidas, se
realizaron visitas de inspección, vigilancia y control a la planta de procesos,
bodegas, centros de acopio y unidades aplicativas para verificar fechas de
vencimiento, registro sanitario y conceptos INVIMA.
47. La garantía del servicio de restaurante para los 62.895 estudiantes se vio
satisfecha porque Comfacasanare intervino directamente en el cumplimiento de las
obligaciones contraídas en el convenio de cooperación, pero ello no fue valorado
por el a quo.
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48. Contrario a lo sostenido por el tribunal, el convenio cumplió con los requisitos
de ley porque se suscribió con una entidad sin ánimo de lucro; su objeto se enmarcó
en los alcances de la norma; a la entidad ejecutora se le realizó un estudio de
idoneidad; y el objeto tuvo la finalidad de impulsar un programa de interés público
de acuerdo con el plan de desarrollo departamental.
→ No se constituyó un mayor gasto para el departamento por valor de
$1.200.036.600 porque fue considerado en favor de la gobernación. Tipicidad
e ilicitud sustancial
49.El desarrollo del convenio obedeció a una planeación para satisfacer las
necesidades alimenticias de los estudiantes del departamento; además, no generó
un mayor gasto para el Estado.
50. El tribunal incurrió en contradicción al evaluar la destinación de la suma
[$1.200.036.600] porque, por un lado, indicó que constituía la base del argumento
de la ilicitud sustancial y, por el otro, determinó que la destinación era irrelevante
porque se acreditó la existencia de la falta disciplinaria, a pesar de que en la
liquidación ese valor fue estipulado como un saldo en favor del departamento.
51. La intermediación referida por el a quo no se demostró. A la par, expuso que
implicaba una ganancia económica por parte del intermediario, es decir, la entidad
sin ánimo de lucro, pero ello no ocurrió. Comfacasanare «no recibió ninguna
remuneración económica por la ejecución del Convenio de Cooperación N° 001 del 14 de
mayo del 2012, en la que aunó esfuerzos junto con la Gobernación de Casanare para
garantizar el servicio de restaurante escolar a 62.895 estudiantes del departamento».
52. El argumento que soportó la ilicitud sustancial se construyó con supuestos que
no correspondían a la realidad porque no se constituyó un mayor gasto para la
entidad territorial.
1.5. Trámite en segunda instancia
53. En auto del 19 de febrero de 2024 se admitió el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante contra la sentencia dictada el 22 de junio de 2023 por el
Tribunal Administrativo de Casanare10.
II. Consideraciones
10 Samai, expediente 85001233300020170014302, índice 4.
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2.1. Competencia
54. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente
para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, de
conformidad con los artículos 125 y 150 del CPACA, según los cuales «[l]as salas,
secciones y subsecciones dictarán las sentencias» y «[e]l Consejo de Estado, en Sala de
lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos [...]».
2.2. Cuestión previa. La competencia de la PGN para imponer sanciones
disciplinarias a servidores elegidos popularmente
55. Previamente a examinar el caso concreto, la Sala considera pertinente señalar
que la Corte Constitucional en las sentencias C-030 de 2023 y SU-381 de 2024
consideró que la prevalencia de la Convención Interamericana de Derechos
Humanos [CADH] se derivaba del artículo 93 de la Constitución, pero que ello no
implicaba la subordinación de la Carta Política a su contenido. En su criterio, no
existía una relación de jerarquía entre ambos instrumentos jurídicos, sino de
complementariedad y coordinación, pues la CADH no podía concebirse como
norma supraconstitucional ni las decisiones de la CIDH hacían parte del bloque de
constitucionalidad, de manera que se presentaban como criterios hermenéuticos
relevantes que debían ser considerados para resolver sobre la exequibilidad de las
normas internas.
56. A partir de lo anterior y, a pesar de que la convención expresamente dispuso
que solo el juez penal podía restringir los derechos, hizo una interpretación del art.
23.2 de la CADH y el bloque de constitucionalidad para precisar que el
entendimiento que permitía armonizar ambos postulados « corresponde a que la
restricción o limitación temporal del derecho a ser elegido de un servidor de elección
popular, en ejercicio de sus funciones, tiene reserva judicial y solo puede ser impuesta de
manera definitiva por un juez de la República de cualquier especialidad, con las
excepciones constitucionales».
57. En criterio de la Sala, debe atenderse que de conformidad con la Convención de
Viena del 23 de mayo de 196911, sobre el derecho de los tratados, un Estado adquiere
obligaciones en el ámbito internacional a través de la ratificación, aceptación,
aprobación y adhesión, según el caso. Dicho instrumento define este acto
internacional como aquel «por el cual un Estado hace constar en el ámbito internacional su
consentimiento en obligarse por un tratado»12.
58. En el mismo sentido, esta convención señaló, en su parte II, artículo 11, que un
11 Ratificado por Colombia a través de la Ley 32 de 1985 «Por medio de la cual se aprueba la
"Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados", suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969»
12 Parte I, numeral 1, literal b).
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Estado puede manifestar su consentimiento para adquirir obligaciones en virtud de un
tratado «mediante la firma, el canje de instrumentos que constituyan un tratado la ratificación,
la aceptación, la aprobación o la adhesión, o en cualquier otra forma que se hubiere
convenido», aspectos que se abordan igualmente en el artículo 14.
59. Tal y como se deduce de lo anterior, la manifestación del consentimiento de un
Estado frente a la comunidad internacional respecto de un instrumento jurídico implica
que asume la obligación de observar y respetar la materia objeto de acuerdo. Así se
desprende del numeral 26 de la Convención de Viena, al referirse al contenido del
principio pacta sunt servanda, para señalar que «[t]odo tratado en vigor obliga a las partes
y debe ser cumplido por ellas de buena fe». En consecuencia «[u]na parte no podrá invocar
las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado»13,
salvo que exista un vicio de competencia para efectuar tal declaración.
60. En estos términos, al momento de suscribir el Pacto de San José de Costa Rica
del 22 de noviembre de 1969: Convención Americana sobre Derechos Humanos,
Colombia declaró que reconocía como «obligatoria de pleno derecho y sin convención
especial, la competencia de la Corte [Interamericana de Derechos Humanos] sobre todos los
casos relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención»14 y se comprometió a
cumplir las decisiones de aquella Corte en los casos por ella decididos en los que
hubiera sido parte15.
61. Ello se ratificó en los artículos 9 y 93 de la Constitución Política de 1991 al
reconocer los principios del derecho internacional aceptados por Colombia y disponer
que «[l]os derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad
con los tratados internacionales sobre los derechos humanos ratificados por Colombia».
62. En efecto, esta interpretación se acompasa con el control de convencionalidad
que fue desarrollado en la sentencia Almonacid Arellano y otros vs Chile del 26 de
septiembre de 2006, en la cual se estableció que la obligación del artículo 2 de la
convención los Estados parte se comprometían a adoptar con arreglo a sus
13 Artículo 27
14 Artículo 62 de la CADH Artículo 62. 1. Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de
su instrumento de ratificación o adhesión de esta Convención, o en cualquier momento posterior,
declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial, la competencia
de la Corte sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención. 2. La
declaración puede ser hecha incondicionalmente, o bajo condición de reciprocidad, por un plazo
determinado o para casos específicos. Deberá ser presentada al Secretario General de la
Organización, quien transmitirá copias de la misma a los otros Estados Miembros de la Organización
y al Secretario de la Corte. 3. La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a
la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta Convención que le sea sometido, siempre
que los Estados Partes en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia, ora por
declaración especial, como se indica en los incisos anteriores, ora por convención especial.»
15 «Artículo 68. 1. Los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la
Corte en todo caso en que sean partes. 2. La parte del fallo que disponga indemnización
compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la
ejecución de sentencias contra el Estado».
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procedimientos constitucionales las disposiciones de la convención, las medidas
legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos los derechos
y libertades, la cual se extendía a los funcionarios judiciales cuando aquellos fallaran
en su tarea de «suprimir y/o no adoptar las leyes contrarias» a esta, pues permanecía
vinculado al deber previsto en el artículo 1.1 y, por consiguiente, «debía abstenerse de
aplicar cualquier normativa contraria a ella». A esta precisión siguió lo que se transcribe:
«124. La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos
al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones
vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un
tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte
del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar
porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas
por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio
carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer
una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas
que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos
Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente
el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte
Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.» [se resalta]
63.Este concepto de control de convencionalidad y el pronunciamiento citado ha
generado que la doctrina considere que la idea de convencionalidad que se articula
de manera sistemática a los ordenamientos internos cause un «vinculante régimen
jurídico que garantiza una vigencia, interpretación y aplicación homogénea y estandarizada en
materia de derechos humanos»16, pero debe interpretarse como un ordenamiento jurídico
objetivo o de subsunción y sustancial, en razón a que la convención «configura un marco
[...] de derechos y garantías al cual se encuentran sujetos y vinculados todos los poderes u
órganos de los Estados miembros»17, de conformidad con el artículo 1.1 que es la base
para la subordinación a las reglas convencionales.
64. En línea con lo anterior, las autoridades nacionales deben dar estricto
cumplimiento a los estándares determinados por la interpretación de la Corte
Interamericana, en razón a que esta, en virtud del artículo 93 de la Constitución,
conforme con el ordenamiento jurídico interno es «un solo marco protector de
derechos18»19. Ello, también fue expuesto por la CIDH al indicar que «los jueces y órganos
vinculados a la administración de los niveles están en la obligación de ejercer ex oficio un
control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana,
evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales
16 Santofimio Gamboa, Jaime Orlando. El concepto de Convencionalidad. Vicisitudes para su
construcción sustancial en el sistema interamericano de derecho humanos. Ideas fuera rectoras.
Universidad Externado de Colombia, 2ª Ed., 2018.
17 Ibidem.
18 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Amonacil Arellano, 125; Gelman 197; Masacre de
Santo Domingo 187.
19 Op. Cit. 8.
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correspondientes»20.
65. En suma, el control de convencionalidad consiste en la verificación de las normas
y actos de un Estado parte con la Convención Americana de Derechos Humanos, la
cual debe ser ejercida por toda autoridad pública en el marco de sus competencias y
las regulaciones procesales y para ejercerlo debe tener en cuenta no solo el texto
convencional, sino también la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos como su intérprete.
66. Ello, sin que se deje de lado la importancia de distinguir entre el Estado que es
parte en el caso sometido a su jurisdicción y el que no lo es. Para el primero de los
casos los artículos 66, 67 y 68 de la Convención disponen que el fallo será motivado,
definitivo y que el Estado se compromete a cumplir con la decisión, la cual, no solo
es exigible respecto de la parte resolutiva, sino que si en ella se refiere a las
consideraciones también debe atenderse a tal motivación, comoquiera que el
razonamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es parte integral
del fallo y constituye un todo, adquiriendo la sentencia el carácter de cosa juzgada
internacional para el Estado que ha sido parte en la controversia y la norma
convencional interpretada adquiere vinculatoriedad para todos sus órganos y
autoridades.
67. Para el segundo de los casos, en el cual el Estado no es parte del caso sometido
a su jurisdicción, la Corte Interamericana ha señalado que por el solo hecho de ser
parte en la Convención, todas sus autoridades públicas y todos sus órganos están
obligados por el tratado, por lo que, deben ejercer en el marco de sus respectivas
competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, un control de
convencionalidad tanto en la emisión y aplicación de normas internas en lo que se
refiere a su validez y compatibilidad con la Convención, como en la determinación,
juzgamiento y resolución de situaciones particulares y casos concretos teniendo en
cuenta el propio tratado y según corresponda sus precedentes o lineamientos
jurisprudenciales21.
68. Lo anterior es una expresión del principio de complementariedad del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos y de la obligación de los Estados de cumplir
de buena fe los tratados y, en el caso de la Convención, de ejercer un control de
convencionalidad de su ordenamiento interno con las disposiciones del texto
convencional para evitar potenciales violaciones de derechos humanos y la
consecuente responsabilidad internacional, comoquiera que son los Estados los
primeros llamados a proteger los derechos humanos de las personas dentro de su
jurisdicción y en caso de violación de estos deben solucionarse internamente y solo
20 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México,
26 de noviembre de 2010.
21 Caso Gelman Vs. Uruguay. Sentencia de 24 de febrero de 2011.
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en caso contrario someterse a la jurisdicción de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, en forma complementaria, le compete a esta pronunciarse,
pero, en todo caso, el control de convencionalidad es obligatorio para todas las
autoridades en virtud de la ratificación del tratado y la aceptación de la competencia
de las instancias internacionales.
69.Por lo anterior, si el Estado colombiano asumió la obligación de cumplir con la
Convención Interamericana de Derechos Humanos y reconoció como «obligatoria de
pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte sobre todos los casos
relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención», así como el imperativo de
cumplir con las decisiones de la CIDH en los casos en los que fue parte [art. 68 de la
CADH], frente a cada caso concreto el juez también está llamado a verificar el
cumplimiento de las órdenes internacionales a través del respectivo control de
convencionalidad.
70. Y es que, advierte la Sala que, a pesar de los pronunciamientos de la Corte
Constitucional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 2 de
septiembre de 2024 presentó las observaciones al cumplimiento de la sentencia del
caso 13.044 -Petro Urrego vs Colombia- en las que se examinó el contenido de la
sentencia C-030 de 2023 y aclaró que «el estándar interamericano no se refiere a que
la sanción disciplinaria y para funcionarios que se encuentran ejerciendo el cargo en el cual
fueron sancionados, sea ejecutoriada por autoridad judicial. La adecuación ordenada al
Estado se refiere a la imposición de una sanción penal, no así a que su ejecutabilidad sea
revisada y avalada por autoridad judicial», a partir de lo cual se concluyó que el Estado
no había cumplido con la orden dictada por la Corte. Más adelante sostuvo:
«En vista de esto, la Comisión reitera que el Estado aún no ha adecuado la
legislación colombiana a los parámetros establecidos en la Sentencia de la
Honorable Corte. Actualmente en Colombia, mediante la aplicación de la
normativa vigente persiste la posibilidad de sanción de inhabilitación o
destitución de funcionario público democráticamente electo por vía de
autoridad administrativa y no por “condena, por juez competente, en el
proceso penal” contrariando el artículo 23.2 de la Convención Americana y su
objeto y fin. Es decir, los y las funcionarias pueden continuar siendo
sancionados inicialmente con pena de inhabilitación o destitución mediante
decisiones disciplinariamente emitidas por la Procuraduría General de la
Nación, sin perjuicio de que dichas decisiones deban ser revisadas por el
Consejo de Estado».
71. Ello corrobora que, ante el incumplimiento del Estado de adoptar las medidas
necesarias para ajustar el ordenamiento interno a los mandatos internacionales, era
imprescindible que a través del control de convencionalidad se examinara la
competencia de la Procuraduría a la luz del ordenamiento internacional y en
armonía con el sistema jurídico interno, pero partiendo de que por mandato de la
Constitución Política existe una sujeción a la convención como bien lo ha sostenido
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la doctrina22 al señalar que, según el derecho internacional, «las obligaciones que éste
impone deben ser cumplidas de buena fe y no puede invocarse para su incumplimiento el
derecho interno»23 y que a la luz de la jurisprudencia de la corporación supranacional
«[u]na norma jurídica nacional que sea manifiestamente contraria con la letra y el espíritu
de la convención americana y que afecte los derechos consagrados en ella, constituye per
se una violación a la constitución que genera responsabilidad del Estado y por lo tanto
carece en absoluto de efectos jurídicos».
72. La Sala no pasa por alto que a través de distintas sentencias la Corte
Constitucional [SU-381 y 382 de 2024] y la Sección Tercera de esta corporación
ordenaron a esta Subsección proferir sentencia de reemplazo en aquellos casos en
los que se declaró la nulidad de unos actos administrativos por considerar que la
Procuraduría General de la Nación no tenía competencia para imponer sanciones a
servidores elegidos popularmente, razón por la cual se procederá a resolver los
cargos de la apelación.
2.3. Problemas jurídicos
73. Corresponde a esta instancia resolver los siguientes interrogantes:
73.1. ¿Se interpretaron adecuadamente las normas que regían a las cajas de
compensación familiar, esto es las leyes 21 de 1982 y 789 de 2002, así como
el Decreto 1729 de 2008?
73.2. ¿La declaración del representante legal de Comfacasanare, la certificación
expedida por la Secretaría de Educación y las actas de liquidación de
convenios similares suscritos por esta eran suficientes o demostraban la
idoneidad de Comfacasanare, entidad sin ánimo de lucro, para suscribir el
Convenio 001 de 2012 con el departamento de Casanare?
73.3. ¿Se desvirtuó la existencia de la intermediación y de una remuneración en
favor de Comfacasanare por la ejecución del Convenio 001 de 2012?
73.4. ¿Existió un mayor gasto para el departamento por valor de $1.200.036.600 a
pesar de que en la liquidación del Convenio 001 de 2012 dicha suma fue
estipulada como un saldo en favor del departamento?
73.5. ¿Se estructuró en debida forma la categoría dogmática de ilicitud sustancial?
74. Comoquiera que en la apelación se incluyeron argumentos relativos a los
elementos de tipicidad e ilicitud sustancial, la Sala abordará por separado cada una
de estas categorías. En estas se incluirá el marco normativo y jurisprudencial y el
22 Op. Cit. 8.
23 Ibidem.
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caso concreto.
2.4. La actuación disciplinaria24
75. En el proceso disciplinario adelantado contra Nelson Ricardo Mariño Velandia
se adelantaron las siguientes actuaciones:
76. El 27 de agosto de 2012 Pedro Antonio Roa Ramírez presentó la siguiente queja
ante el procurador general de la Nación25:
«En primer lugar, le pongo de presente la irregularidad que se presentó con
la selección del contratista dentro del proceso para el suministro de raciones
alimentarias a 62.895 estudiantes del departamento de Casanare:
La gobernación suscribió de manera directa el convenio No. 001 del 14 de
mayo de 2012 con COMFACASANARE, con el fin de entregar las raciones
alimentarias a los estudiantes de las diferentes instituciones educativas de
Casanare; sin embargo, COMFACASANARE inició un proceso contractual
(no sometido a ley 80) a través del cual subcontrató las obligaciones propias
del convenio mencionado, ya que no tenía la infraestructura para prestar este
servicio. Esto Señor Procurador, se constituye en una evidente elusión de los
procedimientos de selección objetiva del contratista.
El mencionado convenio No. 001 tuvo una cuantía de $16.694.848.800,oo,
por un tiempo de 120 días; es más, la Gobernación ya tiene conocimiento que
el contratista ha empezado a tener incumplimientos reiterados en la ejecución
del convenio, toda vez que si bien el valor de la ración es de $2.212,oo, los
alimentos no tienen estándares mínimos de calidad, no cumplen
requerimientos calóricos y en general, son muy deficientes en su contenido y
presentación. [...]»
77. En auto del 31 de agosto de 2012 la Procuraduría Segunda Delegada para la
Contratación Estatal abrió la indagación preliminar y decretó la práctica de
pruebas26.
78. Mediante auto del 26 de septiembre de 2012 se ordenó el trámite de la actuación
por el procedimiento verbal, se citó a audiencia y se imputaron los siguientes cargos:
24 Aunque en el sistema de información Samai se registraron actuaciones relacionadas con el
expediente digital, es del caso precisar que en estas no se visualiza la totalidad de documentos y
videos que componen el expediente administrativo. En ese sentido, como en el documento
secretarial que reposa en el índice 47 [de la primera instancia] se incorporó un enlace [carpeta
OneDrive] que sí los contiene, serán estos los que se tengan en cuenta para efectos de citar las
pruebas.
25 Carpeta C01PrimeraInstancia, subcarpeta «Tomo-IV», archivo «000-
85001233300020170014300T4», pág. 99.
26 Carpeta C01PrimeraInstancia, subcarpeta «Tomo-IV», archivo «000-
85001233300020170014300T4», pág. 102.
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Primer cargo Segundo cargo
«En su condición de Gobernador del Casanare «En su condición de Gobernador del
posiblemente incurrió en irregularidades al haber Casanare suscribió el convenio de
utilizado la figura del convenio de cooperación, con el cooperación N° 001 del 14 de mayo de
presunto propósito de eludir el proceso licitatorio por 2012 con COMFACASANARE, por
cuanto suscribió y permitió la ejecución del convenio de valor de $ 18.294.885.400.oo, de los
cooperación N° 001 del 14 de mayo de 2012, el cual fue cuales el ente territorial aportó la suma
celebrado entre la Gobernación del Casanare y la Caja $17.894.885.400. Como quiera, que
de Compensación Familiar del Casanare - COMFACASANARE para cumplir con el
COMFACASANARE, entidad que no tenía la objeto del convenio suscribió el contrato
capacidad, ni la infraestructura, ni la posibilidad real de suministro N° 685 del 31 de mayo de
para desarrollar y cumplir las condiciones y 2012 con la UNIÓN TEMPORAL
obligaciones adquiridas en el convenio, hecho que ALIMENTA CASANARE 2012, por un
generó que COMFACASANARE tuviera que valor de $16.694.848.800 con el mismo
subcontratar totalmente el objeto del convenio con la objeto del convenio de cooperación
UNIÓN TEMPORAL ALIMENTA CASANARE 2012, presentándose una diferencia por un
integrada por (3) personas jurídicas privadas, a través valor de $1.200.036.600, se generó en
del contrato de suministro N° 685 del 31 de mayo de la intermediación, además de la
2012. Es decir, posiblemente se desfiguró la naturaleza tercerización presuntamente
jurídica del convenio de cooperación, fungiendo innecesaria de la contratación de
entonces COMFACASANARE como un mero COMFACASANARE, un mayor gasto
intermediario, con lo cual posiblemente se eludió el para el departamento, por concepto de
procedimiento selectivo de la licitación pública, el cual atención del servicio de almuerzos
tiene la característica de ser la regla general de escolares para estudiantes del ente
selección de los contratistas, teniendo en cuenta la territorial del Casanare durante la
cuantía, las condiciones del contrato y las calidades vigencia fiscal del 2012.» [sic]
propias del subcontratista, quien finalmente ejecuta las
actividades del convenio» [sic].
Normas violadas: Normas violadas:
→ Ley 734, arts. 34.1, 35.1 y 48.31. → Ley 734, arts. 34.1, 35.1. y 48.31.
→ Manual de funciones → Manual de funciones, arts. 1, 14 y 24.
→ Ley 80, arts. 24.8, 26 [núm. 1, 2, 4 y 5] → Ley 80, art. 24.8, 25.4, 26 [núm. 1, 2,
→ Decreto 777 de 1992, art. 1, inc. 3. 4 y 5].
79. En dicha decisión se expusieron −entre otros− los siguientes argumentos:
«[...] se considera que el señor NELSON RICARDO MARIÑO VELANDIA
pudo haber incurrido en conductas contrarias al buen servicio público y a los
postulados propios de la función administrativa, lo que pudo haber realizado
con culpa gravísima, al probablemente actuar contrariando las normas que
regulan actividades relacionadas con sus funciones [...].
El mencionado investigado debe dar explicaciones a la Procuraduría General
de la Nación, con ocasión de lo establecido por el artículo 62 de la ley 80 de
1993, respecto de la suscripción y ejecución del convenio de asociación No.
001 del 14 de mayo de 2012, entre la Gobernación del Casanare y la Caja de
Compensación Familiar de Casanare - COMFACASANARE, cuyo objeto era
el de:” Aunar esfuerzo para garantizar el servicio de restaurante escolar a
sesenta y dos mil ochocientos noventa y cinco (62.895) Estudiantes del
departamento de Casanare para la ampliación y sostenibilidad de la
prestación del servicio Educativo.”, por medio del cual se comprometieron
recursos públicos en cuantía de $17.894.885.400,00, con lo cual se pudieron
vulnero los principios de transparencia, de economía, de planeación y de
responsabilidad consagrados en la ley 80 de 1993, en la ley 1150 de 2007 y
en sus decretos reglamentarios, así como del deber de selección objetiva.
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Demandante: Nelson Ricardo Mariño Velandia
Lo anterior, en virtud a que el señor NELSON RICARDO MARIÑO VELANDÍA,
en su condición de Gobernador del Casanare, presuntamente acudió y valido
una modalidad de selección del contratista diferente a la licitación pública y
que corresponde a la de la contratación directa a través del convenio de
asociación, previsto en el artículo 355 de la Constitución Política y en el
artículo 96 de la Ley 489 de 1998, pese a que Comfacasanare no tenia la
capacidad real para desarrollar directamente las actividades propias del
objeto convenido, por eso dicha Caja tuvo que iniciar un proceso de
contratación para que un tercero LA UNION TEMPORAL ALIMENTA
CASANARE 2012, realizara el objeto del convenio 001 del 2012, por un menor
valor al pagado por la Gobernación, el cual fue de DIECISÉIS MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($16.694.848.800
Mcte), presentándose al aparecer una tercerización en la contratación con lo
cual se aumentaron los costos del servicio de restaurantes escolares para
sesenta y dos mil ochocientos noventa y cinco (62.895) Estudiantes del
departamento de Casanare en $1.200.036.600.» [sic]
80. Las faltas se calificaron provisionalmente como gravísimas con culpa gravísima.
81. La audiencia pública inició el 1727 y se continuó el 2328 [descargos], 2929 y 30
de octubre de 2012. El 19 de noviembre de 2012, el disciplinado expuso sus
alegaciones finales30.
82. En la audiencia del 29 de octubre de 2012 se practicaron los testimonios de las
siguientes personas:
Testigo Calidad
Juan Carlos Niño Niño «Jefe de la gobernación»
Miguel Zárate Parada Secretario de gobierno departamental
Lilia María Vega Sanabria Secretaria de educación departamental
Gerardo Ángel Camargo Director de la Dirección de Cobertura [adscrita a la
Secretaría de Educación departamental]
Jaime Andrés Useche Perdomo Asesor jurídico de la Secretaría general del
departamento
Gustavo Adolfo Lara Sepúlveda Jefe de la Oficina Jurídica de la gobernación
Gabriel Francisco Barreto Secretario general de la gobernación
Gustavo Ernesto Ayala Leal Director de Comfacasanare
83. En el fallo del 4 de diciembre de 201231 la Procuraduría Segunda Delegada para
la Contratación Estatal resolvió declararlo responsable por los cargos primero y
27 Carpeta C01PrimeraInstancia, subcarpeta «Tomo-IV», archivo «000-
85001233300020170014300T4», pág. 245.
28 85001233300020170014300 REMITIDO C E\C01PrimeraInstancia\Tomo-V, archivo «001-
ContinuaciónExpDisciplinario», pág. 3.
29 85001233300020170014300 REMITIDO C E\C01PrimeraInstancia\Tomo-V, archivo «001-
ContinuaciónExpDisciplinario», pág. 22.
30 85001233300020170014300 REMITIDO C E\C01PrimeraInstancia\Tomo-V, archivo «001-
ContinuaciónExpDisciplinario», pág. 37.
31 Samai, expediente 85001233300020170014300, índice 5, archivo
«9_ED_001DEMANDACONANEXOS(.PDF) NroActua 5», pág. 5.
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segundo y, por consiguiente, imponerle la sanción de destitución e inhabilidad
general por el término de 14 años32.
84.El 24 de enero de 201333-34 la Sala Disciplinaria de la PGN confirmó la sanción
impuesta a Nelson Ricardo Mariño Velandia.
2.5. La tipicidad
2.5.1. Marco normativo y jurisprudencial
85. Al tenor de la jurisprudencia constitucional, la potestad sancionadora
administrativa es una manifestación del ius puniendi del Estado que se concreta,
fundamentalmente, en el derecho penal, contravencional, disciplinario, y
correccional35. Para que esta potestad se pueda concretar, se requiere que para
imponer una sanción se cumpla con las garantías del debido proceso.
86. En efecto, el artículo 29 de la Constitución Política prevé que nadie podrá ser
juzgado, sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa y, a su turno, la
Ley 734 de 2002 que el servidor público y el particular solo serían investigados y
sancionados disciplinariamente por comportamientos que estuvieran descritos como
falta en la ley vigente al momento de su realización.
87. Esta corporación ha sostenido que la tipicidad es una «categoría dogmática» que
«encuentra su razón de ser en el principio de legalidad como expresión del debido proceso»36,
así como en el de reserva de ley. Ciertamente, la Constitución autorizó solo al
legislador para que establezca qué conductas constituían una infracción de carácter
disciplinario, el cual está obligado «a describir la conducta o comportamiento que considera
ilegal o ilícito, en la forma más clara y precisa posible, de modo que no quede duda alguna
sobre el acto, el hecho, la omisión o la prohibición que da lugar a la sanción»37
88. Esa conjunción ocurre, en suma, para garantizar que aquel servidor público o
sujeto pasivo de la acción disciplinaria tenga conocimiento pleno, claro y preciso de la
falta que se le reprocha, de ahí que corresponda al legislador «definir de forma abstracta
y objetiva, qué conductas desplegadas por quienes tienen a su cargo el ejercicio de funciones
públicas deben ser objeto de sanción por afectar el correcto desarrollo del servicio que le ha
32 Su contenido se expondrá al desarrollar el caso concreto.
33 Samai, expediente 85001233300020170014300, índice 5, archivo
«9_ED_001DEMANDACONANEXOS(.PDF) NroActua 5», pág. 64.
34 Su contenido se expondrá al desarrollar el caso concreto.
35 Sentencias C-827 de 2001 y C-135 de 2016.
36 Subsección A, sentencia del 26 de octubre de 2017, radicación 11001-03-25-000-2010-00290-00
(2388-2010).
37 Sentencia C-135 de 2016.
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sido encomendado o por el abuso de su ejercicio38».39
89. Es decir que este principio comprende dos garantías40: la primera, de orden
material y alcance absoluto que se refiere a que la conducta y la sanción estén
previamente consignadas a la comisión de la falta y, la segunda, que es formal y se
concreta en que aquellas estén contenidas en una norma de rango legal, «la cual podrá
hacer remisión a otra ley o un reglamento siempre y cuando queden determinados los
elementos estructurales de la conducta antijurídica»41.
90. En línea con ello, debe atenderse que tanto la Corte Constitucional como esta
corporación han puntualizado que, cuando se trata del derecho disciplinario, el
legislador puede establecer las normas con mayor grado de flexibilidad ante la
imposibilidad de establecer todas y cada una de las conductas que puede ejecutar un
servidor público. Al respecto se dijo lo siguiente42:
«El proceso de adecuación típica supone la comprobación lógica y razonada de
la relación de subsunción entre la descripción legal de la conducta disciplinable
y la efectivamente desplegada por el sujeto activo, de lo cual surge a su vez,
una relación de contrariedad entre el comportamiento de quien tiene a su cargo
el ejercicio de funciones públicas y el deber presuntamente incumplido.
El análisis de la tipicidad es un apartado fundamental en la motivación del acto
administrativo que impone una sanción disciplinaria y dentro del mismo, la
autoridad cuenta con un margen de interpretación más amplio que el que se
encuentra en el derecho penal, pues la precisión con la cual deben estar
descritos los comportamientos disciplinariamente reprochables tiene una mayor
flexibilidad al concebido en materia criminal, ante la dificultad de que la ley haga
un listado detallado de absolutamente todas las conductas constitutivas de
falta43; como consecuencia de ello se ha avalado, desde un punto de vista
constitucional44, la inclusión de conceptos jurídicos indeterminados y la
formulación de los tipos abiertos y en blanco que están redactados con una
amplitud tal que hace necesario remitirse a otras normas en las que se
encuentren consagrados los deberes, las funciones o las prohibiciones que se
imponen en el ejercicio del cargo, y que exigen un proceso de hermenéutica
sistemática lógica que demuestre en forma congruente cómo la conducta
investigada se subsume en la descrita por la ley.»
38 El artículo 6 de la Constitución Política prevé: Los particulares sólo son responsables ante las
autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa
y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.
39 Óp. Cit. sentencia del 26 de octubre de 2017.
40 Corte Constitucional, sentencia C-135 de 2016.
41 Ibidem
42 Óp. Cit. sentencia del 26 de octubre de 2017.
43 Al respecto la Corte Constitucional en la sentencia C-404 de 2001 indicó «la naturaleza de las
conductas reprimidas, los bienes jurídicos involucrados, la teleología de las facultades
sancionatorias, los sujetos disciplinables y los efectos jurídicos que se producen frente a la
comunidad, hacen que la tipicidad en materia disciplinaria admita -en principio- cierta flexibilidad»43,
posición reiterada en sentencias C-818 de 2005 y C-030 de 2012.
44 Frente a este punto se pueden ver varias sentencias de la Corte Constitucional, entre ellas, la C-
393 de 2006.
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91. En lo atinente a los conceptos jurídicos indeterminados, la sentencia citada apuntó
a que «son admisibles en la forma de consagrar infracciones administrativas siempre que las
remisiones a otras normas o a otros criterios permitan determinar los comportamientos
censurables», lo cual tiene asidero en que permitir que el operador disciplinario
establezca a su arbitrio la conducta reprochable desconocería el principio de legalidad
previsto en el artículo 29 superior.
92. De otro lado, respecto de la formulación de los tipos abiertos y en blanco, también
explicó está Sección45:
«Lo anterior se desprende del concepto jurídico avalado en la sentencia C-818
de 200546, entre otras, en la cual se sostuvo que los tipos abiertos son «aquellas
infracciones disciplinarias que ante la imposibilidad del legislador de contar con
un listado detallado de comportamientos que se subsumen en las mismas,
remiten a un complemento normativo, integrado por todas las disposiciones en
las que se consagren deberes, mandatos y prohibiciones que resulten aplicables
a los servidores públicos. Así, la tipicidad en las infracciones disciplinarias se
determina por la lectura sistemática de la norma que establece la función, la
orden o la prohibición y aquella otra que de manera genérica prescribe que el
incumplimiento de tales funciones, órdenes o prohibiciones constituye una
infracción disciplinaria».
En relación con los tipos en blanco, aquella Corporación también considera que
apunta a preceptos que requieren de una remisión normativa para completar su
sentido47 bajo la condición de que se «verifique la existencia de normas jurídicas
precedentes que definan y determinen, de manera clara e inequívoca, aquellos
aspectos de los que adolece el precepto en blanco» exigencia que trasciende al
campo disciplinario, según lo señalado por la sentencia C-343 de 2006.
No obstante, la doctrina distingue los tipos en blanco de los abiertos, para
señalar que los primeros requieren de un suplemento normativo para completar
su alcance48, mientras que los segundos se pueden delimitar así «El tipo abierto,
como lo ha definido su creador, es aquel en el cual el legislador no ha
determinado de manera completa la materia de la prohibición,
correspondiéndole cerrarlo al juez: “la materia de la prohibición no está descrita
en forma total y exhaustiva por medio de elementos objetivos”49, afirma Hans
Welzel»50. Es así como los tipos en blanco se han incluido en la clasificación de
tipos según su estructura formal51, mientras que los abiertos ingresan en la
división según su contenido52».
93. En definitiva, el principio de tipicidad se materializa cuando la conducta que se
45 Óp. Cit. sentencia del 26 de octubre de 2017.
46 En este aparte cita la Sentencia C-401 de 2001.
47 Ver la sentencia 404 de 2001.
48 Gómez Pavajeau, Carlos Arturo. Dogmática del Derecho Disciplinario, Bogotá, Universidad
Externado de Colombia, 2017, pp. 433 – 445.
49 Claus Roxin. Teoría del tipo penal. Tipos abiertos y elementos del deber jurídico, Buenos Aires,
Depalma, 1979, p.6.
50 Gómez Pavajeau. Óp. Cit., p. 431.
51 Reyes Echandía, Alfonso. Derecho Penal, Bogotá, Editorial Temis S.A. 2000, p.115.
52 Ibidem p.118.
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sanciona está descrita de manera precisa, bien porque está determinada en el mismo
cuerpo normativo o porque sea determinable a partir de otras normas jurídicas; la
sanción se encuentre definida en la ley y que exista correlación con la conducta.
2.5.2. Caso concreto
2.5.2.1. Primer cargo
94. En el fallo de primera instancia dictado el 4 de diciembre de 2012 −en el acápite
de «valoración jurídica y probatoria del primer cargo»− la Procuraduría Segunda
Delegada para la Contratación Estatal consideró lo siguiente:
94.1. Comfacasanare no estaba facultada para suscribir el convenio porque su
objeto no estaba relacionado con la ejecución de actividades asociadas a su
objeto social que se contraía, esencialmente, a realizar alianzas estratégicas,
«pero para ejecutar actividades relacionadas con los servicios que preste la Caja a
sus afiliados».
94.2. El objeto de los convenios se circunscribía a que la entidad privada idónea
pudiera aunar esfuerzos con la entidad pública para ejecutar las actividades
convenidas; sin embargo, la caja de compensación familiar subcontrató «todas
las obligaciones» con la UT Alimenta Casanare 2012, entendido esto como las
«primordiales y esenciales». Esta conservó la de vigilancia y supervisión que, de
cualquier modo, debía asumirla la gobernación a través de la interventoría.
94.3. Comfacasanare no tenía dependencia alguna encargada del manejo y
elaboración de alimentos y, aunque aportó 19 contratos para demostrar su
idoneidad, lo cierto es que los de menor valor los asumió directamente y los
de mayor también los subcontrató. Ello significaba que no tenía la
infraestructura ni la capacidad técnica y financiera para la preparación y
distribución de almuerzos para 62.895 estudiantes por 120 días.
94.4. No existió la suma de esfuerzos requerida por la norma, sino que se configuró
una «mera intermediación». La idoneidad era directamente proporcional a la
ejecución por sí misma de las actividades.
94.5. Aunque en la cláusula cuarta del convenio se estipuló que el valor incluía todos
los gastos directos e indirectos que debiera asumir Comfacasanare, fue la
gobernación −como contratante− la que asumió las erogaciones de
legalización como si se tratara de un contrato conmutativo.
94.6. El convenio tuvo un valor de $18.294.885.00 que comprendían el aporte de la
gobernación [$17.894.885.400] y de la caja [$400.000.000]; de otro lado, la
cuantía del contrato de suministro con la UT fue de $16.694.848.800. Ello
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quería decir que solo con el aporte realizado por la primera se cubría la
totalidad de la ejecución del contrato y, el de la segunda, no era un factor
determinante para la escogencia del procedimiento selectivo, pues la
gobernación «podía financiar en su totalidad el proyecto, además, no se tenía que
acudir a Comfacasanare para que esta entidad vigilara y supervisara la entrega de
los alimentos».
94.7. Lo ilícito del comportamiento recayó en haber acudido al convenio de
cooperación sin que Comfacasanare tuviera la capacidad para desarrollar
directamente el objeto convenido, lo que originó que subcontratara con la UT
Alimenta Casanare 2012. «El proceso de contratación directa [era] un
procedimiento reglado y garantiza[ba] la selección objetiva, pues como ocurrió en este
caso, fueron invitadas otras entidades, sin embargo, suscribió un convenio de
cooperación con una entidad para desarrollar el objeto de lo acordado».
95. Luego, abordó la categoría dogmática de tipicidad de la siguiente manera:
«VI. 2.1. Tipicidad de la conducta.
El señor NELSON MARIÑO VELANDIA, en su condición de Gobernador del
Casanare, y teniendo la responsabilidad del manejo y dirección de la actividad
contractual y la de los procesos de selección (num.5, art. 26 Ley 80 de 1993)
y los deberes de «Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los
decretos del Gobierno y las ordenanzas de la Asamblea Departamental»,
«Administrar y ejecutar el presupuesto y dirigir su adecuada administración»
y «Celebrar los contratos de la administración central, de conformidad con la
ley y las ordenanzas» (numerales 1, 14 y 24 Manual de Funciones), al
suscribir de manera directa el Convenio de cooperación N.° 001 del 14 de
mayo de 2012, desconoció los principios de trasparencia y responsabilidad,
consagrados en los artículos 24 (numeral 8 de la Ley 80 de 1993, numerales
1,2, 4 y 5 del artículo 26 de la misma ley, y artículo 355 de la Constitución
Política, desarrollado por el Decreto 777 de 1992 y 1403 del mismo año, por
cuanto no se cumplían los lineamientos legales para celebrar un convenio de
cooperación con COMFACASANARE, eludiéndose la modalidad general para
la escogencia del contratista, esto es, la licitación pública, procedimiento
procedente según la cuantía y condiciones de la contratación.
[...]
En esa medida se vulnera el numeral 8 de la mencionada norma, toda vez
que se eludieron los procedimientos y requisitos establecidos en el estatuto
de contratación administrativa para seleccionar al contratista, por licitación
pública y contratación directa, por cuanto al no ser legalmente viable la
suscripción de convenio de cooperación por las razones señaladas, el
Gobernador del Casanare debió ejecutar dichos recursos adelantando
procesos contractuales conforme a los procedimientos de selección
establecidos en la Ley 80 de 1993, como son la licitación pública, según su
cuantía, desconociendo de esta manera sus deberes de cumplir con la ley,
principalmente lo señalado en el artículo 24 numeral 8 de la ley 80 de 1993,
en cuanto a la elusión de los procesos selectivos dispuestos en el régimen
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contractual, que en este caso, sería el de la licitación pública, en atención a la
cuantía y condiciones de la ejecución del objeto.
También se concreta la vulneración de los numerales 1, 2, 4 y 5 del artículo
26 de la ley 80 de 1993, señalados en el auto de cargos, en la medida en que
no puede entonces en este caso, el gobernador en calidad de representante
legal de la entidad, por el hecho de estar facultado por la ley para negociar en
forma directa los denominados convenios de cooperación, contratar la
adquisición de un servicio, prescindiendo de los derroteros que le ordena la
Ley 80 de 1993, y entrar a escoger al contratista quebrantando el derecho a
la igualdad y oportunidad que le asisten a los demás proponentes. Ya que en
las actividades inherentes a la contratación pública siempre se debe consultar
el interés general y no el particular.
Igualmente lo hizo en contravía del artículo 355 de la Constitución Política y
el artículo 1 inciso 3 del Decreto 777 de 1992, en la medida en que, los
convenios interadministrativos, se insisten tiene como propósito, la unión de
esfuerzos sobre intereses comunes y no un mero intercambio o beneficio
patrimonial, como ocurre frente a los demás contratos que se suscriben con
los particulares. Por tanto, la conducta del disciplinado se tipifica en la falta
gravísima dispuesta en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002:
“Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en
detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios
que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados
en la Constitución y en la ley”.»
96. En segunda instancia, la Sala Disciplinaria compartió las anteriores
consideraciones, pero además expuso que (i) el convenio atendió el componente
del proyecto establecido por la Secretaría de Educación de Casanare, lo que excluía
que correspondiera a la ejecución de un programa formulado por la caja dentro de
la política pública de primera infancia previsto en el Decreto 1729 de 2008; (ii) no
era de reconocida idoneidad porque contrató la totalidad de las obligaciones
acordadas en el convenio de cooperación [las diferencias en el objeto y las
obligaciones eran mínimas]; (iii) la gerencia, control, verificación y seguimiento eran
funciones que el departamento de Casanare estaba en la capacidad de ejecutar; y
(iv) se debió adelantar una licitación pública porque existía una contraprestación
directa a favor del departamento; sin embargo, optó por acudir a «la contratación
directa por modalidad de convenio de cooperación».
97. Ahora bien, en el recurso objeto de examen, Nelson Ricardo Mariño Velandia
insistió en que Comfacasanare sí tenía la idoneidad para ejecutar el convenio
porque así lo demostró con otros negocios celebrados y la certificación expedida
por la Secretaría de Educación del departamento. Además, el a quo no interpretó
de manera adecuada las normas que regían a las cajas de compensación familiar y
la subcontratación no desfiguró la naturaleza jurídica del convenio de cooperación.
98. Pues bien, la Ley 21 de 198253 prevé que las cajas de compensación familiar
53 «Por la cual se modifica el régimen del Subsidio Familiar y se dictan otras disposiciones».
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son personas jurídicas de derecho privado sin ánimo de lucro, organizadas como
corporaciones en la forma prevista en el Código Civil, que cumplen funciones de
seguridad social y están sometidas al control y vigilancia del Estado [art. 39].
99. Asimismo, establece 4 funciones a su cargo: (i) recaudar, distribuir y pagar los
aportes destinados al subsidio familiar, SENA, ESAP, las escuelas industriales y las
instituciones técnicas; (ii) organizar y administrar las obras y programas que se
establezcan para el pago del subsidio familiar en especie o servicios; (iii) ejecutar
programas de servicios, dentro del orden de prioridades previsto en la ley, con otras
cajas o mediante vinculación con organismos y entidades públicas o privadas que
desarrollen actividades de seguridad social; y (iv) las demás que señale la ley [art.
41].
100. Luego, con la Ley 789 de 200254 se adicionó el artículo 41 antes referido, en el
sentido de incluir [entre otras] las siguientes funciones: (i) ejecutar actividades
relacionadas con sus servicios, la protección y la seguridad social directamente, o
mediante alianzas estratégicas con otras cajas de compensación, o a través de
entidades especializadas públicas o privadas, de acuerdo con las disposiciones que
regulan la materia; (ii) invertir en los regímenes de salud, riesgos profesionales y
pensiones de acuerdo con el Estatuto Orgánico del Sector Financiero; (iii) participar,
asociarse e invertir en el sistema financiero; (iv) «[p]odrán asociarse, invertir o constituir
personas jurídicas para la realización de cualquier actividad, que desarrolle su objeto social,
en las cuales también podrán vincularse los trabajadores afiliados»; (v) administrar, a
través de los programas que les corresponda, las actividades en subsidio en dinero,
recreación, deportes, jardines sociales o programas de atención integral para niños
y niñas de 0 a 6 años, programas de jornada escolar complementaria, educación y
capacitación [art. 16].
101. De otro lado, en los estatutos de Comfacasanare se consignaron los siguientes
objetivos y actividades:
Objetivos [art. 7] Actividades [art. 8]
1. Administrar el subsidio familiar como prestación «[...] desarrollará prioritariamente
social pagadera en dinero, especie o servicios, a actividades relacionadas con la
los trabajadores afiliados. administración del subsidio
familiar, pudiendo actuar como
2. Organizar y administrar programas para el Caja de Compensación Familiar
reconocimiento y pago del subsidio familiar para en el Departamento de
la prestación de los servicios sociales autorizados Casanare.
por ley, y adelantar planes de extensión del
subsidio familiar en dinero, especie o servicios La Caja de Compensación
dirigidos a los trabajadores afiliados de menores Familiar de Casanare, tendrá una
recursos. cobertura departamental y
54 «Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican
algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo».
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desarrollará sus actividades
3. Recaudar los aportes para el Servicio Nacional de directamente o mediante
Aprendizaje SENA, el Instituto Colombiano de convenios con otras Cajas de
Bienestar Familiar -ICBF-, la Escuela Superior de Compensación, en asociación
Administración pública -ESAP- y los Institutos con otras entidades o con
Técnicos, conjuntamente con los recaudos para el terceros».
subsidio familiar.
102. Nótese que en los estatutos no se incluyó objetivo o actividad alguna dirigida a
prestar el servicio de restaurante escolar o suministrar almuerzos para la población
estudiantil, tal como lo reconoció su representante legal, Gustavo Ernesto Ayala
Leal:
«Preguntado: Doctor Ayala, ¿sabe usted por qué no se incluyó de manera
expresa en los estatutos la posibilidad de realizar este tipo de actividades tales
como una alimentación de los niños en edad escolar? Contestó: Doctor,
cuando escribí los estatutos de la institución que se creó, eso seguramente
no quedó ahí inmerso ¿cierto? pero superior a los estatutos están las normas
de la República de Colombia, y nos regimos por las normas de la República
de Colombia. No lo que dicen los estatutos, porque el estatuto podría de una
forma caprichosa estar violando la ley. Debemos de cumplir la ley y el
mandato que rige a las cajas de compensación. Si no aparecen los estatutos,
no es óbice eso para que se venga a dudar de la idoneidad y la capacidad de
las cajas. Seguramente habrán otras cajas que en sus estatutos les falten
otras cosas, pero siguen haciendo lo que les manda el Estado.» [sic]
103. La respuesta del director en nada esclarecía la función que tenía la caja de
compensación familiar para suscribir y/o ejecutar el Convenio 001 de 2012 y,
aunque aceptó que en los estatutos no se había incluido y se remitió al cumplimiento
de la ley, lo cierto es que de acuerdo con las normas citadas en precedencia
tampoco se puede extraer tal función o facultad.
104. Es así porque las cajas de compensación familiar cumplen funciones de
seguridad social; ejecutan programas de servicios con otras cajas o mediante
vinculación, por ejemplo, con entidades públicas; y realizan cualquier actividad que
desarrolle su objeto social, caso para el cual se permite la asociación. Sin embargo,
no hay alguna asociada a la ejecución de convenios que tengan como fin prestar
ese servicio o suministrar bienes [entiéndase alimentos o almuerzos] y, aunque la
Ley 789 de 2002 previó la posibilidad de adelantar programas para niños y niñas, lo
cierto es que se trata de la atención integral que no se acompasa con dichas
actividades.
105. Se aúna a ello que el Decreto 1729 de 200855 estableció que las cajas de
compensación familiar podrían destinar recursos para la atención integral de la
niñez en los jardines sociales que administren. Asimismo, en su artículo 7 se les
55 «[P]or el cual se reglamenta parcialmente el artículo 16 de la Ley 789 de 2002».
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autorizó para que los programas se ejecutaran a través de convenios de asociación
con entidades del nivel nacional, departamental y municipal; sin embargo, como se
expondrá más adelante, no es este el caso porque el programa correspondía al
departamento de Casanare, no a Comfacasanare.
106. Y es que, aun si se aceptara que sí podía suscribir el convenio porque así se lo
permitía la norma, habría de señalarse que tampoco era idónea para ejecutarlo por
las razones que pasan a exponerse:
107. En los documentos relacionados con el Convenio 001 de 2012 se encuentra el
estudio previo del proceso de «adquisición de bienes y servicios» del 25 de abril de
201256. En este se anotó que correspondía al proyecto «ampliación de la cobertura,
permanencia para la oferta y demanda del servicio educativo en el departamento de
Casanare» que hacía pate del programa de gobierno «[l]a que Gana es la Gente 2012-
2015 – SECTOR DE LA EDUCACIÓN – Acceso y permanencia en la educación con
oportunidades para todos», el cual era solventado con el saldo de regalías y tenía
como objeto «[g]arantizar a sesenta y dos mil ochocientos noventa y cinco (62.895)
estudiantes el servicio de restaurante escolar».
108. En la descripción de la necesidad se consignó que era necesario «aunar
esfuerzos con una entidad privada sin ánimo de lucro a fin de lograr a través de la suma de
fuerzas un mismo propósito un objetivo común» y adicionó que no podía darse un
contrato conmutativo porque se buscaba «fomentar un programa o una actividad de
interés general en alianza con un privado sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, con
aportes mutuos, conforme lo contemplado en el artículo 355 de la Carta» [sic].
109. Por esta razón, estableció que el objeto a «contratar» era «aunar esfuerzos para
garantizar el servicio de restaurante escolar a [...] (62.895) estudiantes del departamento
de Casanare para la ampliación y sostenibilidad de la prestación del servicio educativo».
Asimismo, en los «fundamentos jurídicos» se explicó:
«La constitución autoriza a las entidades del estado el uso de herramientas
para celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de
reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de
interés público acordes con el plan nacional y los planes seccionales de
desarrollo para el cumplimiento de sus fines y funciones, de conformidad con
lo establecido en el artículo 355 de la carta política. Esta norma constitucional
fue objeto de reglamentación estableciendo el marco normativo, las
condiciones, características, regulación y régimen complementario, contenido
en los decretos reglamentarios 777 y 1403 de 1992.
[...]
56 85001233300020170014300 REMITIDO C E\C01PrimeraInstancia\Tomo-V\F-986A-
AnexoExp.Disc - Convenio de cooperación\CD1\CONVENIO DE COOPERACION 001-2012, archivo
«CARPETA 1», pág. 47.
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Teniendo en cuenta las actividades a desarrollar es procedente celebrar un
convenio de cooperación a la luz de lo establecido en las disposiciones
citadas anteriormente, que no corresponden a ninguna de las actividades
mercantiles, que involucren el ánimo de lucro, por el contrario propenden por
el logro de objetivos del interés común y fines altruistas de fines que persigue
la administración, para la cual resulta procedente contratar con una entidad
sin ánimo de lucro, de reconocida idoneidad, que cumpla con los requisitos
establecidos en la normatividad aplicable.»
110. El artículo 355 de la Constitución Política prevé que ninguna de las ramas u
órganos del poder público podrá decretar auxilios o donaciones en favor de
personas naturales o jurídicas de derecho privado. Además, que el «[g]obierno, en
los niveles nacional, departamental, distrital y municipal podrá, con recursos de los
respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y
de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés público
acordes con el Plan Nacional y los planes seccionales de Desarrollo. El Gobierno Nacional
reglamentar[ía] la materia».
111. En cumplimiento de lo anterior, el presidente de la República expidió el Decreto
777 de 199257. Este prevé que los contratos que se celebren en desarrollo del
artículo 355 superior con entidades sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad
deben constar por escrito y sujetarse a los requisitos y formalidades que exige la ley
para la contratación entre particulares, sin perjuicio de que puedan incluirse las
cláusulas exorbitantes previstas en el Decreto 222 de 198358 [art. 1].
112. Según el artículo 2, de la aplicación de este decreto se excluyen −entre otros−
(i) «[l]os contratos que las entidades públicas celebren con personas privadas sin ánimo de
lucro, cuando los mismos impliquen una contraprestación directa a favor de la entidad
pública, y que por lo tanto podrían celebrarse con personas naturales o jurídicas privadas
con ánimo de lucro, de acuerdo con las normas sobre contratación vigentes»; y (ii) los
contratos que celebre la entidad pública con otras personas jurídicas, con el fin de
que las mismas desarrollen un proyecto específico por cuenta de la entidad pública,
de acuerdo con las precisas instrucciones que esta última les imparta.
113. A su turno, el Decreto 1403 de 2002 [que modificó el anterior] estableció que se
«entiende por reconocida idoneidad la experiencia con resultados satisfactorios que
acreditan la capacidad técnica y administrativa de las entidades sin ánimo de lucro para
realizar el objeto del contrato. La entidad facultada para celebrar el respectivo contrato
deberá evaluar dicha calidad por escrito debidamente motivado» [art. 1].
114. Ciertamente, en la sentencia C-712 de 2002 la Corte Constitucional explicó que
el artículo 355 superior se contrae a la acción benéfica del Estado que busca
fomentar la acción de organizaciones privadas que buscan la satisfacción de
57 Vigente para la época de los hechos. Fue derogado por el Decreto 92 de 2017.
58 «Por el cual se expiden normas sobre contratos de la Nación y sus entidades descentralizadas y
se dictan otras disposiciones.
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finalidades no simplemente lucrativas en ejercicio de la autonomía de iniciativa para
el desarrollo de «las más variadas actividades que las personas realizan en la sociedad».
115. A su turno, la Sección Tercera de esta corporación59 explicó que la «función de
fomento» prevista en el artículo 355 de la Constitución tiene como propósito «apoyar
o impulsar a las entidades que no participan con ánimo de lucro en el mercado, pero que,
además, desarrollen programas o actividades de interés público que a la entidad estatal le
interese incentivar por estar “acordes” con el plan de desarrollo».
116. En la misma línea explicó que, para esos «contratos de fomento»60, dicho canon
constitucional emplea el verbo «impulsar» para referirse a actividades y programas,
en tanto los aportes estatales «solo pueden apoyar, favorecer, alentar o patrocinar el
objeto benéfico que cualquier particular desarrolla». Incluso, en términos de esa Sala
especializada, «[e]l artículo deja claro que la entidad estatal entrega unos fondos para que
el particular pueda adelantar sus programas benéficos»61- 62.
117. Por lo anterior, aquellos contratos que generan una contraprestación directa a
favor de la entidad contratante y los que tienen por objeto desarrollar proyectos
específicos por cuenta de la entidad pública «corresponden al cumplimiento de sus
funciones y por lo tanto, se tipifican dentro de cualquiera de las modalidades de contratación
de la Ley 80 de 1993, debiendo sujetarse a los procesos de selección»63.
59 Subsección A, auto del 6 de agosto de 2019, radicación 11001-03-26-000-2018-00113-00
−(62003).
60 También denominado de esa forma por la Sección Tercera en la sentencia proferida el 30 de julio
de 2021, radicación 85001-23-31-000-2011-10099-01 (48957). En esta se explicó que la
denominación obedecía a la confusión con los convenios de asociación previstos en el artículo 96
de la Ley 489 de 1998, razón por la cual explicó: «[...] es pertinente destacar que, si bien existen
diferencias que permiten distinguir a los contratos de fomento de los convenios de asociación, éstos
también comparten, entre otras, una característica esencial: se trata de negocios jurídicos que no
generan una relación conmutativa, en la forma que se entiende bajo el derecho común. En efecto,
no son negocios en los cuales la entidad estatal contrata un bien o la prestación de un servicio a
cambio de un precio, pues persiguen un fin distinto: en el contrato de fomento, el impulso de
programas que, aunque tienen origen en la iniciativa privada, redundan en el beneficio del
interés público, donde radica la contraprestación; en el convenio de asociación, la unión de
esfuerzos encaminados a lograr un mismo fin que, aunque es compartido por las partes, está
determinado principalmente por el cumplimiento de los cometidos y finalidades asignadas por la ley
a la entidad pública. No hay, por ello, una relación patrimonial de orden conmutativo, porque el
particular no obra con el ánimo de obtener una remuneración, sino, estrictamente, con el propósito
de juntar sus esfuerzos con los de la administración para el desarrollo de las actividades que a ella
corresponden, que es, como se ha indicado, el lugar donde se explica la ausencia de
contraprestación.»
61 Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 3 de abril de 2020, radicación 2001-23-31-000-
2009-00170-01 (46963).
62 En la sentencia del 2 de agosto de 2018, radicación 25000-23-26-000-2012-00490-01 (57122), la
Sección Tercera también acudió al concepto 1957 del 3 de septiembre de 2009 en el que la Sala de
Consulta y Servicio Civil explicó que «Así, no podría darse un contrato conmutativo, en el cual se
advierta un intercambio de bienes y servicios, sino un convenio para colaborarse en el cumplimiento
de sus misiones, lo que se permite al coincidir el objeto social del privado que actúe sin ánimo
de lucro con la actividad que el estado quiere impulsar».
63 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 23 de noviembre de 2016,
radicación 15001-23-31-000-2001-01101-02 (38310).
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118. En el caso bajo estudio, respecto del «convenio de cooperación» suscrito por el
departamento de Casanare con Comfacasanare, se demostró que, tanto en los
estudios previos como en el «convenio», se hizo alusión indiscriminada de los
vocablos «cooperante» y «contratista». Incluso, en el estudio previo y demás
documentos se resaltó que el negocio devenía del artículo 355 de la Constitución,
pero llama la atención de la Sala que en las consideraciones del Convenio 001 de
2012 se incluyó que el gobernador estaba debidamente facultado «para celebrar esta
clase de contratos de conformidad con la constitución, la ley 80 de 1993, la ley 1150 de
2007».
119. A la par, en la descripción del objeto se anotó que la «entidad contratante» debía
entregar las respectivas raciones alimenticias en cada una de las instituciones,
centros y sedes educativas de los 19 municipios, en el horario acordado con los
rectores y directores de las instituciones educativas y de acuerdo con las jornadas
académicas. Igualmente, los almuerzos debían entregarse en los términos de la
«minuta patrón» que establecía los lineamientos nutricionales.
120. También se apuntó que este último debía ser «una persona jurídica sin ánimo de
lucro, que prest[ara] servicios sociales, trabaj[ara] por el mejoramiento de la calidad de vida,
reali[zara] apoyo a programas de interés público, de reconocida experiencia e idoneidad en
el desarrollo de alimentación y nutrición de niños y niñas en edad escolar, con capacidad
técnica y administrativa para el desarrollo del objeto».
121. La invitación de este negocio jurídico fue enviada a Comfacasanare 64 y a las
fundaciones Despertar Creando Desarrollo65 e Iberoamericana66; sin embargo, la
primera67 fue la única que presentó la propuesta68 de prestación del servicio de
restaurante escolar en las unidades aplicativas de las instituciones educativas69 y,
para demostrar su idoneidad, adjuntó la certificación expedida por la Secretaría de
64 85001233300020170014300 REMITIDO C E\C01PrimeraInstancia\Tomo-V\F-986A-
AnexoExp.Disc - Convenio de cooperación\CD1\CONVENIO DE COOPERACION 001-2012, archivo
«CARPETA 1», pág. 64.
65 85001233300020170014300 REMITIDO C E\C01PrimeraInstancia\Tomo-V\F-986A-
AnexoExp.Disc - Convenio de cooperación\CD1\CONVENIO DE COOPERACION 001-2012, archivo
«CARPETA 1», pág. 80.
66 85001233300020170014300 REMITIDO C E\C01PrimeraInstancia\Tomo-V\F-986A-
AnexoExp.Disc - Convenio de cooperación\CD1\CONVENIO DE COOPERACION 001-2012, archivo
«CARPETA 1», pág. 96.
67 Comfacasanare, a la cual se le reconoció personería jurídica mediante la Resolución del 27 de
diciembre de 2001 por la Superintendencia de Subsidio Familiar.
68 85001233300020170014300 REMITIDO C E\C01PrimeraInstancia\Tomo-V\F-986A-
AnexoExp.Disc - Convenio de cooperación\CD1\CONVENIO DE COOPERACION 001-2012, archivo
«CARPETA 1», pág. 112.
69 85001233300020170014300 REMITIDO C E\C01PrimeraInstancia\Tomo-V\F-986A-
AnexoExp.Disc - Convenio de cooperación\CD1\CONVENIO DE COOPERACION 001-2012, archivo
«CARPETA 1», pág. 132.
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Educación departamental el 2 de mayo de 201270, así como actas de liquidación y
certificaciones de otros negocios celebrados, los cuales se examinarán más
adelante.
122. El 14 de mayo de 2012 se suscribió el «Convenio de Cooperación» 001. En este
se estipuló que el valor total era de $18.294.885.400 que incluía todos los gastos
directos e indirectos en que debiera incurrir Comfacasanare para su ejecución y,
respecto del desembolso de los aportes, dispuso lo que sigue:
«EL DEPARTAMENTO entregará un cincuenta por ciento (50%) del valor total
del contrato en calidad de anticipo, una vez legalizado y cumplidos los
requisitos de perfeccionamiento para la ejecución del contrato, y una vez
realizada la suscripción del Acta de Inicio, previa aprobación del plan de
inversión del anticipo; restante cincuenta por ciento (50%) se girará hasta un
noventa y cinco (95%) del valor del saldo restante del contrato, mediante actas
parciales previa presentación de informe de ejecución, visto bueno del
Interventor y/o supervisor del contrato, quien verificará las certificaciones
emitidas por parte de los rectores de las instituciones educativas donde se
preste el servicio de restaurante escolar. A estos pagos se amortizará el
anticipo. El restante cinco por ciento (5%), una vez se suscriban las actas de
terminación y liquidación del contrato, previo informe del interventor y/o
supervisor del contrato que certifique el cumplimiento por parte del
cooperante, incluido el aporte del cooperante debidamente soportado. La
radicación de la factura o cuenta de cobro respectiva.» [sic]
123. A su vez, el plazo sería de 8 meses −calendario escolar− contado a partir de la
suscripción del acta de iniciación, previamente la aprobación de las garantías y
presentación del pago de recibo de publicación del convenio en la gaceta
departamental y estampillas e impuestos a que hubiera lugar. Después se suscribió
el acta de inicio del 24 de mayo de 201271.
124. Después de la firma del «convenio», Comfacasanare inició la convocatoria
[pliego de condiciones] para «[s]eleccionar el operador logístico para la preparación y
distribución de almuerzos escolares para 62.895 estudiantes de las instituciones educativas
del departamento de Casanare durante 120 días, para la ampliación sostenibilidad de la
prestación del servicio educativo, en ejecución del convenio no. 001 del 14 de mayo de
2012».
125. En el pliego de condiciones72 anotó que era de su interés «recibir propuestas
acordes al objeto de la [...] convocatoria pública», en la cual el contratista se
70 85001233300020170014300 REMITIDO C E\C01PrimeraInstancia\Tomo-V\F-986A-
AnexoExp.Disc - Convenio de cooperación\CD1\CONVENIO DE COOPERACION 001-2012, archivo
«CARPETA 1», pág. 193.
71 85001233300020170014300 REMITIDO C E\C01PrimeraInstancia\Tomo-V\F-986A-
AnexoExp.Disc - Convenio de cooperación\CD1\CONVENIO DE COOPERACION 001-2012, archivo
«CARPETA 2», pág. 21.
72 85001233300020170014300 REMITIDO C E\C03Anexos, archivo
«85001233300020170014300AnexoT4.pdf», pág. 110.
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comprometía a la «preparación y distribución» de los almuerzos escolares, de acuerdo
con los lineamientos y condiciones allí previstos «mediante la celebración de un
contrato de suministro». Asimismo, precisó que las cuentas serían «pagadas al
contratista con cargo a los recursos aportados por la gobernación del Casanare».
126. La única que manifestó su interés73 y presentó la propuesta74 respectiva fue la
Unión Temporal Alimenta Casanare 2012 por valor de $16.694.848.800.
127. Esta unión temporal estaba conformada por el grupo Galvis & Payares SAS
[25%], Company Service Food Ltda. [35%] y Ferry Services Ltda., las cuales
demostraron su experiencia en el suministro de alimentos, así75:
Empresa Entidad Cto. Plazo76 Objeto Valor
27/09/2006
241 de
a $464.184.000
200677
28/11/2006
De suministro: «Implantación y
6/06/2006
Departamento 727 de mejoramiento del servicio del
a $2.000.720.000
de Arauca 200578 programa de restaurantes
2/06/2006
escolares»
16/09/2005
001 de
a $347.520.000
200579
15/03/2006
025 de De compraventa:
50 días $278.400.000
Ferry 200980 «implementación del plan de
Services alimentación escolar a niños y
Ltda. 023 de niñas de las instituciones
70 días $454.330.800
201081 educativas del municipio de
Municipio de
Tame».
Tame
De compraventa: «contribuir a
mejorar el desempeño
005 de
72 días académico [...] a través del $502.068.016
201182
desarrollo de los proyectos de
Restaurantes Escolares [...]»
De suministro: «[s]uministro de
Municipio de 0634 de
27 días desayunos, almuerzos y $65.728.431,50
Arauca 201183
refrigerios escolares dentro de la
73 85001233300020170014300 REMITIDO C E\C03Anexos, archivo
«85001233300020170014300AnexoT3.pdf», pág.
74 85001233300020170014300 REMITIDO C E\C03Anexos, archivo
«85001233300020170014300AnexoT3.pdf», pág. 140.
75 Se citan algunos ejemplos.
76 En el calendario escolar.
77 85001233300020170014300 REMITIDO C E\C03Anexos, archivo
«85001233300020170014300AnexoT3.pdf», pág. 161.
78 85001233300020170014300 REMITIDO C E\C03Anexos, archivo
«85001233300020170014300AnexoT3.pdf», pág. 162.
79 85001233300020170014300 REMITIDO C E\C03Anexos, archivo
«85001233300020170014300AnexoT3.pdf», pág. 163.
80 85001233300020170014300 REMITIDO C E\C03Anexos, archivo
«85001233300020170014300AnexoT3.pdf», pág. 165.
81 85001233300020170014300 REMITIDO C E\C03Anexos, archivo
«85001233300020170014300AnexoT3.pdf», pág. 166.
82 85001233300020170014300 REMITIDO C E\C03Anexos, archivo
«85001233300020170014300AnexoT3.pdf», pág. 167.
83 85001233300020170014300 REMITIDO C E\C03Anexos, archivo
«85001233300020170014300AnexoT3.pdf», pág. 168.
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implementación del programa de
alimentación escolar [...]»
«[...] prestar el servicio de
atención alimentaria para el
[...]8836 Programa de Nutrición Escolar
Municipio de
de 100 días del municipio de Medellín $5.135.958.910
Medellín
201584 (Proyectos de Restaurantes
Escolares y Valor de Leche
Escolar)
«Suministro de raciones de
8/08/2009
Municipio de alimentos necesarios para
C-01785 a $1.618.374.470
Yopal almuerzos escolares a 11.279
27/10/2009
estudiantes [...]»
De suministro: «garantizar el
servicio escolar a 57.000
estudiantes del departamento
Departamento 0239 de 120 + 40 para la ampliación y
$5.780.462.880
de Casanare 201186 días sostenibilidad de la prestación
Company
del servicio educativo» [como
Services
miembro de la UT Restaurantes
Food
Escolares 2011]
Ltda.
Prestación de servicios:
«suministrar los productos de la
canasta familiar para la
elaboración de refrigerios y
351 de
Comfacasanare 5 meses almuerzos para 647 niños y $241.525.000
201187
niñas de la zona 1,2 y 3 del
departamento de Casanare, en
ejecución del convenio de
Cooperación N° 079/2009 [...]»
Galvis &
Según el certificado de existencia y representación legal, una de sus actividades era el
Payares
«suministro de productos agrícolas, víveres, rancho y licores»88.
SAS
128. El 31 de mayo de 2012 Comfacasanare suscribió el Contrato de Suministro 685
con la UT Alimenta Casanare89 y el acta de inicio se signó el 6 de junio de 201290.
El objeto de dicho acuerdo de voluntades fue el siguiente:
«[...] la preparación y distribución de almuerzos escolares para 62.895
estudiantes de las instituciones educativas del departamento de Casanare
durante 120 días, para la ampliación y sostenibilidad de la prestación del
servicio educativo, en ejecución del convenio No. 001 del 14 de mayo de
2012, de conformidad a los términos y condiciones estipulados en las
cláusulas siguientes y en los documentos que se incorporen a este contrato»
[se resalta].
84 85001233300020170014300 REMITIDO C E\C03Anexos, archivo
«85001233300020170014300AnexoT3.pdf», pág. 170.
85 85001233300020170014300 REMITIDO C E\C03Anexos, archivo
«85001233300020170014300AnexoT3.pdf», pág. 180.
86 85001233300020170014300 REMITIDO C E\C03Anexos, archivo
«85001233300020170014300AnexoT3.pdf», pág. 182.
87 85001233300020170014300 REMITIDO C E\C03Anexos, archivo
«85001233300020170014300AnexoT3.pdf», pág. 196.
88 85001233300020170014300 REMITIDO C E\C03Anexos, archivo
«85001233300020170014300AnexoT3.pdf», pág. 16.
89 85001233300020170014300 REMITIDO C E\C03Anexos, archivo
«85001233300020170014300AnexoT4.pdf», pág. 195.
90 85001233300020170014300 REMITIDO C E\C03Anexos, archivo
«85001233300020170014300AnexoT4.pdf», pág. 213.
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Demandante: Nelson Ricardo Mariño Velandia
129. Ahora, en el recurso de apelación, la parte demandante manifestó que la
subcontratación solo buscaba asegurar el desarrollo del convenio, tal como lo previó
el artículo 1499 del Código Civil, por tal razón, podía acudir a dicha figura. Este
argumento devino de las razones de la PGN que se contrajeron a que se
subcontrataron todas las obligaciones del contrato, lo que demostraba la falta de
idoneidad y, por consiguiente, de la capacidad técnica y administrativa.
130. La Sala comparte el razonamiento de la PGN, en el sentido de que se
Comfacasanare −a través del contrato de suministro− entregó a un tercero, la UT
Alimenta Casanare 2012, todas las obligaciones esenciales del negocio suscrito, es
decir, las que estaban relacionadas con su objeto: la prestación del servicio de
restaurante a 62.895 estudiantes de los 19 municipios del departamento, por un
plazo de 8 meses o 120 días del calendario escolar o –en otros términos– el
suministro de almuerzos a la comunidad escolar. Así se evidencia en el siguiente
recuadro91:
Contrato de suministro 685 de 2012
Convenio 001 de 2012
(Comfacasanare y UT Alimenta
(gobernación y Comfacasanare)
Casanare 2012)
La entidad cooperante se compromete
para con el departamento a cumplir con las
siguientes obligaciones para el buen
desarrollo del objeto contractual:
Obligaciones de la «entidad cooperante» o «contratista»
1. Garantizar la coordinación con el 1. Garantizar la coordinación con el
establecimiento educativo o la unidad establecimiento educativo o la unidad
aplicativa para la adecuada entrega de las aplicativa para la adecuada entrega de los
raciones escolares con personal idóneo y almuerzos con personal idóneo y con
con experiencia en programas de experiencia en programas de alimentación
alimentación escolar. escolar.
2. Cumplir en los términos y plazos el 2. Cumplir en los términos y plazos el
objeto contractual. objeto contractual.
3. Suministrar el servicio de restaurante
escolar a 62.895 estudiantes de las
diferentes instituciones educativas del
departamento de Casanare cumpliendo
con las especificaciones técnicas y
3. Suministrar el servicio de restaurante nutricionales, así como porciones, e
escolar para 62.895 estudiantes del inocuidad en la preparación de los
Departamento de Casanare de las alimentos, durante ciento veinte (120) días
instituciones educativas oficiales, calendario escolar para lo cual se deben
cumpliendo con las especificaciones tener en cuenta como mínimo los
técnicas y nutricionales, así como siguientes aspectos: infraestructura para la
porciones, e inocuidad en la preparación ejecución del servicio de alimentación
de los alimentos durante ciento veinte escolar y la atención de los beneficiarios,
(120) días calendario escolar. el contratista contará con la disposición de
la estructura física de los restaurantes
escolares ubicada dentro de las
instituciones educativas de los municipios
del departamento, estas estructuras
deberán reunir las condiciones
91 Se transcribe incluso con errores.
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establecidas en el decreto 3075 de 1997
en cuanto a estar diseñados de manera
higiénica, con accesos y alrededores
limpios, tener un tamaño apropiado para
las operaciones que se realizan acorde al
número de beneficiarios y ubicados en un
lugar aislado de cualquier foco de
insalubridad que pueda presentar riesgos
potenciales para la contaminación del
alimento y que su funcionamiento no
ponga en riesgo la salud y bienestar de los
escolares, entre otros, cuando las
instituciones educativas no reúnan las
condiciones técnicas de acuerdo a la
normatividad vigente deberán adecuarse
para la prestación del servicio.
4. Dar cumplimiento al manual de
saneamiento básico entregado por
Comfacasanare.
5. Ofrecer el servicio de restaurante
escolar (ración preparada) en el momento
oportuno y en condiciones óptimas de
sanidad y cumpliendo con las
4. Ofrecer el servicio de restaurante
recomendaciones nutricionales de forma
escolar (Ración preparada) en el momento
que promueva la alimentación balanceada
oportuno y en condiciones óptimas de
y saludable a los estudiantes en casos
sanidad y cumpliendo con las
específicos de fuerza mayor como
recomendaciones nutricionales de forma
contingencia se establecerá la entrega de
que promueva la alimentación balanceada
raciones industrializadas autorizadas por
y saludable a los 62.895 estudiantes del
el comité técnico por un valor equivalente
departamento de Casanare.
al precio de la ración establecida de
acuerdo a los lineamientos del estudio
previo y el programa de alimentación
escolar PAE.
5. Cumplir con las porciones y gramajes 6. Cumplir con las porciones y demás
indicados y demás especificaciones especificaciones técnicas de carácter
técnicas de carácter nutricional. nutricional [...].
6. Disponer de bolsas para la recolección
7. Disponer de recipientes con bolsas para
de los desechos con las debidas normas
la recolección de los desechos orgánicos e
para un óptimo reciclaje de los derechos
inorgánicos.
orgánicos e inorgánicos.
7. Cumplir con los lineamientos técnicos 8. Cumplir con los lineamientos técnico
administrativo y estándares del programa administrativos y estándares del programa
de Alimentación Escolar – PAE – de alimentación escolar – PAE –
(Resolución 06054 de Diciembre 30 de (resolución 06054 de diciembre 30 de 2010
2010 emitida por el ICBF y el Ministerio de emitida por el ICBF y el ministerio de
Educación Nacional) educación nacional).
8. Divulgación y publicación en las 9. Realizar la divulgación y publicación en
instituciones y centros educativos que se las instituciones y centros educativos que
entregue la minuta o ración a través de un se entregue la minuta o ración a través de
mural publicitario y/o pendón institucional, un mural publicitario y/o pendón
y promover otras estrategias publicitarias institucional, y promover otras estrategias
en medios de comunicación, donde se publicitarias en medios de comunicación,
anuncie el programa que se ejecuta, las donde se anuncie el programa que se
entidades que apoyan el programa ejecuta, las entidades que apoyan el
adicionando un mensaje que impulse una programa, aficionando un mensaje que
alimentación balanceada y saludable impulse una alimentación balanceada y
promoviendo el consumo de frutas y promoviendo el consumo de frutas y
verduras (Ley 1355/09, Art. 4). El mensaje verduras (ley 1355/09 art. el mensaje debe
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debe ser aprobado por la Secretaría de ser aprobado por la secretaría de
Educación de Casanare. educación de Casanare y Comfacasanare.
9. Hacer la respectiva socialización y 10. Hacer la respectiva socialización y
verificación detallada de la prestación del verificación detallada de la prestación del
servicio del componente restaurante servicio del componente restaurante
escolar para que la comunidad educativa y escolar para que la comunidad educativa y
los alumnos conozcan el programa. los alumnos conozcan el programa,
11. Realizar la publicación de la minuta
10. Realizar la publicación de la minuta patrón, el ciclo de menús por semana
patrón y el ciclo de menús por semanas, debidamente aprobado por interventoría y
debidamente aprobado por interventoría y supervisión, adicional a esto se publicará
supervisión, en un lugar visible del la planilla de mercado semanal, en un
restaurante escolar de las instituciones lugar visible del restaurante escolar de las
educativas, donde se entregue el servicio instituciones educativas y sedes
de restaurante escolar. educativas, donde se entregue el servicio
de restaurante escolar.
11. Entregar informes de ejecución del 12. Entregar informes de ejecución del
contrato a la Secretaría de Educación de contrato a Comfacasanare, cada vez que
Casanare, cada vez que esta lo requiera esta lo requiera bien sea para información
bien sea para información general o general o cuando los entes de control lo
cuando los entes de control lo requieran. requieran.
12. Realizar dos (02) eventos de rendición
pública, un primer ejercicio sobre avance
del convenio a desarrollo del 50% de la
ejecución del mismo y el evento restante
sobre la entrega total del objeto
contractual, dirigido a beneficiarios,
comunidad educativa en general y
organismos de control público.
13. En caso de que hayan observaciones 13. En caso de que hayan observaciones
con respecto al servicio deberán acogerse con respecto al servicio deberán acogerse
y disponer de inmediato a su y disponer de inmediato a su
mejoramiento. mejoramiento.
14. Manejar los recursos del contrato en
cuenta bancaria única y exclusiva para tal
fin.
14. Garantizar la calidad e inocuidad de las
15. Garantizar la calidad e inocuidad de las
materias primas y raciones servidas o
materias primas y raciones servidas o
entregadas a los beneficiarios del
entregadas.
programa.
15. El contratista deberá sufragar
16. El contratista deberá sufragar los proporcionalmente los servicios públicos
servicios públicos que se generen en las que se generen en las instalaciones del
instalaciones del restaurante escolar, al restaurante escolar, relacionado con el
igual que por deterioro de los implementos programa de almuerzos escolares, al igual
y elementos entregados por cada uno de que por el deterioro de los implementos y
los rectores y directores de las elementos entregados por cada uno de los
instituciones educativas. rectores y directores de las instituciones
educativas.
16. En las instituciones y sedes educativas
donde no exista o sea insuficiente el
17. En las instituciones y sedes educativas menaje (platos, vasos, cucharas) para la
donde no exista o sea insuficiente el entrega de los almuerzos a los
menaje (platos, vasos, cucharas) para la estudiantes, el contratista deberá
entrega de los almuerzos a los garantizarlos, de la misma forma se debe
estudiantes, el contratista deberá contemplar los siguientes aspectos: los
garantizarlos. equipos y menaje empleados en el manejo
de los alimentos deberán cumplir las
normativas dispuestas en el decreto 3075
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las cuales indican que deben estar
diseñados y construidos con materiales
resistentes al uso, la corrosión y a los
materiales de limpieza y desinfección y
estar instalados y mantenidos de manera
que se evite la contaminación del alimento,
facilite la sanitación de sus superficies y
permitan desempeñar adecuadamente el
uso previsto. En todo momento el
contratista será responsable del correcto
funcionamiento y uso apropiado de
equipos, utensilios y menajes necesarios
para la operatividad del servicio.
18. Realizar un plan de capacitación
continuada al personal manipulador de
alimentos, con personal idóneo en el área 18. Realizar un plan de capacitación
de nutrición y manipulación de alimentos: continuada al personal manipulador de
Contempla actividades de capacitación alimentos, con personal idóneo en el área
periódica en buenas prácticas de de nutrición y manipulación de alimentos:
manufactura de los alimentos, prácticas contempla actividades de capacitación,
higiénicas y medidas de protección, cronograma y formato de control y
temática específica, responsable de la seguimiento a la capacitación.
capacitación, cronograma y formato de
control y seguimiento a la capacitación.
19. Implementar sistemas encaminados al 19. Implementar sistemas encaminados al
mejoramiento continuo y gestión de la mejoramiento continuo y gestión de la
calidad en el proceso de atención al calidad en el proceso de atención al
beneficiario de restaurante escolar beneficiario de restaurante escolar
respectivo. respectivo.
20. Las instituciones educativas que no
reúnan las condiciones técnicas
requeridas para esta clase de servicio
deberán ser acondicionadas por el
operador, previo acuerdo realizado en el
comité técnico.
21. El contratista debe someterse a la
verificación e informar oportunamente los
conceptos sanitarios emitidos por la
autoridad sanitaria competente de los
20. El contratista debe someterse a la sitios donde se encuentren ubicadas las
verificación e informar oportunamente los unidades aplicativas y/o las plantas de
conceptos sanitarios emitidos por la preparación y manipulación de los
autoridad sanitaria competente de los alimentos según el decreto 3075 de 1997,
sitios donde se encuentren ubicadas las llevará formatos de control y seguimiento
unidades aplicativas y/o las plantas de de limpieza y desinfección, control de
preparación y manipulación de los vectores, lavado de tanques en cada una
alimentos según el Decreto 3075 de 1997. de las unidades aplicativas con el fin de
El contratista deberá realizar una prueba evitar posible contaminación cruzada así
mensual de laboratorio a la minuta o ración como conservar la calidad e inocuidad de
entregada a razón de una prueba por cada los alimentos a suministrar (agente
una de las zonas identificadas, como utilizado, periodicidad, etc).
mecanismo de control sanitario. 22. El contratista deberá realizar una
prueba mensual de laboratorio a la minuta
o ración entregada a razón de una prueba
por cada una de las zonas identificadas,
como mecanismo de control sanitario.
21. Cualquier cambio, modificación o 23. Cualquier cambio, modificación o
ajuste a los ciclos de menú, deberá ser ajuste a los ciclos de menú, deberá ser
informado oportunamente al interventor informado oportunamente al interventor
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y/o supervisor del contrato, para su previa y/o supervisor del contrato, para su previa
autorización y presentar por escrito los autorización y presentar por escrito los
respectivos ajustes avalados por el respectivos ajustes avalados por el
Nutricionista Dietista, que de igual forma nutricionista dietista, que de igual forma
presente el mínimo de experiencia presente el mínimo de experiencia
profesional de 1 año y la respectiva Tarjeta profesional de 1 año y la respectiva tarjeta
Profesional. profesional. 22. Suministrar la información necesaria, 24. Suministrar la información necesaria,
permitir el acceso e inspección de sus permitir el acceso e inspección de sus
instalaciones, responder oportunamente instalaciones, responder oportunamente
las comunicaciones dentro de los ocho las comunicaciones dentro de los ocho
días hábiles siguientes al requerimiento, días hábiles siguientes al requerimiento,
facilitar las condiciones para el desempeño facilitar las condiciones para el desempeño
del interventor y/o supervisor del contrato del interventor y/o supervisor del contrato
o sus delegados y colaborar con él para el o sus delegados, y colaborar con él para el
cabal cumplimiento de las labores de cabal cumplimiento de las labores de
interventoría y/o supervisión. interventorías y/o supervisión. 23. Facilitar de manera oportuna e integral,
25. Facilitar de manera oportuna e integral,
libros de registro, archivos, actas,
libro de registro, archivos, actas,
consolidados y demás información
consolidados y demás información
pertinente, sin perjuicio de la demás
pertinente, sin perjuicio de la demás
información que en ejercicio de la función
información que en ejercicio de la función
de inspección, vigilancia y control requiera
de inspección, vigilancia y control requiera
la Secretaría de Educación de Casanare,
la secretaría de educación de Casanare, la
la interventoría y/o los organismos de
interventoría y/o los organismos de control.
control. 26. Establecer un sistema de recepción de
24. Establecer un sistema de recepción de
peticiones, quejas y reclamos para la
peticiones, quejas y reclamos para la
optima prestación del servicio e
óptima prestación del servicio e
implementar, incentivar su uso por parte de
implementar, incentivar su uso por parte de
los beneficiarios del servicio y comunidad
los beneficiarios del servicio y comunidad
educativa en general.
educativa en general. Reportar
27. Reportar semanalmente los registros
semanalmente los registros consolidados
consolidados del sistema implementado a
del sistema implementado. Comfacasanare. 25. Llevar el registro oportuno y 29. Establecer una herramienta que
actualizado de los estudiantes permita el registro oportuno y actualizado
beneficiarios del servicio y reportar de los estudiantes beneficiarios del
cualquier modificación que afecte la servicio y reportar cualquier modificación
cobertura, indicando el número de que afecte la cobertura, indicando el
estudiantes beneficiados identificado número de estudiantes beneficiados,
especialmente los pertenecientes a identificando especialmente los
comunidades indígenas, afrocolombianos, pertenecientes a comunidades indígenas,
estudiantes que se encuentran en afrocolombianos; estudiantes que se
situación de desplazamiento y estudiantes encuentren en situación de
con necesidades educativas especiales desplazamiento y estudiantes con
(discapacidad). La identificación de la necesidades educativas especiales
población en condiciones especiales de (discapacidad).
La identificación de la
vulnerabilidad será apoyada la luz del población en condiciones especiales de
artículo 2.1 del Decreto 777 de 1992 a por vulnerabilidad será apoyada por los
los rectores de las instituciones educativas rectores de las instituciones educativas
para lo cual la Secretaría de Educación de para lo cual la secretaria de educación de
Casanare emitirá circular a los rectores de Casanare emitirá circular a los rectores de
las instituciones educativas del las instituciones educativas del
departamento de Casanare, beneficiarias departamento de casanare, beneficiarias
del proyecto de restaurante escolar. del proyecto de restaurante escolar. 26. Discutir en comité técnico las
observaciones y actividades de
coordinación a que haya lugar de
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conformidad con la aplicación de la
estrategia UNIDOS del Departamento para
la Prosperidad social en el departamento
de Casanare.
27. Aplicar la encuentra de aceptación,
diseñada por el ICBF según el área de
influencia a los beneficiarios, incluida la
comunidad educativa (Alumnos, docentes,
padres de familia).
28. El ente cooperante tendrá un tiempo de
ocho (08) días para la fase de alistamiento
con el fin de realizar las adecuaciones,
contrato de personal, capacitación del
mismo, validación de modelos de plantillas
y soportes requeridos por parte de la
interventoría y/o supervisión.
30. Contar con el personal profesional
técnico idóneo y con experiencia para
29. Realizar los pagos y presentar las ejecutar la operación del proyecto, veinte
constancias o soportes de los aportes a (20) coordinadores municipales) sobre el
Seguridad Social (Salud, Pensión, Riesgos cual deberá realizar el pago de honorarios
Profesionales) del recurso humano y presentar las constancias o soportes de
vinculado y de las Obligaciones los aportes a seguridad social (salud,
Parafiscales (SENA, ICBF, Caja de pensión, riesgos profesionales) del recurso
Compensación Familiar), si a ello hubiere humano vinculado y de las obligaciones
lugar, de conformidad con lo estipulado en parafiscales (sena, icbf, caja de
la ley 789 de 2002 y 1429 de 2010. compensación familiar), si a ello hubiere
lugar, de conformidad con lo estipulado en
la ley 789 de 2002 y ley 1429 de 2010.
30. Organizar la prestación del servicio de
restaurante escolar de conformidad con la 28. Organizar la prestación de los servicios
zonificación establecida en los estudios de conformidad con la siguiente
previos del presente convenio de zonificación: zona 1, comprende los
cooperación, así: Zona 1: Comprende los municipios de Yopal, Maní, Tauramena,
municipios de Yopal, Maní, Tauramena, Chameza y Recetor. Zona 2, norte
Chámeza y recetor; Zona 2: Comprende comprende los municipios de Orocue,
los municipios de: Orocué, Trinidad, San trinidad, San Luis de Palenque, Paz de
Luis de Palenque, Paz de Ariporo, Pore, Ariporo, Pore, Hato Corozal, Sacama, La
Hato Corozal, Sácama, Salina, Nunchía y Salina, Nunchia, Tamara. Zona 3,
Támara y Zona 3: Comprende los comprende los municipios de Aguazul,
municipios de: Aguazul, Monterrey, Monterrey, Sabanalarga, Villanueva.
Sabanalarga y Villanueva.
31. Disponer de tres (3) vehículos para el
desplazamiento del personal
(coordinadores municipales) en su labor de
coordinación y seguimiento.
31. El contratista pondrá a disposición de
Comfacasanare grameras en los
momentos de verificación del servicio
suministrado.
32. Contar con un centro de acopio que
cumplan con lo establecido en la ley 9 de
1979 (código sanitario) y su
reglamentación, en particular el decreto
3075 de 1997 de la protección social. Si el
oferente no cuenta con centro de acopio
deberá comprometerse expresamente a
establecerlo en un plazo máximo de 20
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días calendario a partir de la adjudicación
del contrato.
33. Para el transporte de alimentos se
deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por
el decreto 3075 de 1997.
31. Garantizar que cada zona establecida
tenga un solo operador, para garantizar las
actividades de seguimiento y evaluación
técnica por zona.
32. Garantizar los medios físicos y de
infraestructura para garantizar la 34. Debido a que las unidades aplicativas
seguridad alimentaria (Planta de de los municipios Yopal y Maní no cuentan
procesamiento de alimentos) debidamente con áreas de preparación de alimentos
autorizada y avalada por autoridad adecuadas, las dos plantas de
competente para los municipios de Maní y procesamiento de alimentos deberán estar
Yopal dado las deficiencias de las áreas de autorizadas y avaladas por autoridad
preparación de alimento de las unidades competente (INVIMA).
aplicativas de estos municipios.
33. Además de las actividades anteriores
el COOPERANTE se obliga para con el
DEPARTAMENTO a cumplir con los ítems
del Anexo No. 2 y Anexo No. 4 del estudio
previo y los ítems presentados en la
propuesta económica por él.
34. Realizar ocho (8) Jornadas
17. Realizar 8 jornadas pedagógicas, las
Pedagógicas, las cuales se realizarán de
cuales se realizarán de acuerdo a lo
conformidad con lo determine el comité
establecido por el comité técnico.
técnico de dirección.
35. Apoyar al Departamento con su
capacidad técnica administrativa y
logística de conformidad con los aportes
entregados por el cooperante y
Departamento.
36. Dirigir técnica y administrativa el
convenio mediante la vinculación de los
recursos humanos y físicos determinados
en el anexo 4 del estudio previo y la
propuesta.
37. Los recursos que se giran por parte del
Departamento serán utilizados única y
exclusivamente para la impulsión y
ejecución del proyecto de restaurantes
escolares.
[Clausula tercera] 1. Realizar los
respectivos aportes y ejecutar las
actividades necesarias para el adecuado
cumplimiento del objeto del convenio.
2. Cumplir cabalmente con cada una de las
obligaciones derivadas del convenio en
busca del cumplimiento eficaz del presente
convenio.
3. Actuar con lealtad y buena fe en la
ejecución del presente convenio.
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1. Exigir el cumplimiento del objeto
contractual
2. Girar los recursos para atender los
62.895 estudiantes del Departamento de
Casanare, con el servicio de restaurante
escolar durante ciento veinte (120) días
calendario escolar.
Obligaciones del departamento − contratante
[De Comfacasanare]
3. Convocar a la ciudadanía a que
conformen las veedurías ciudadanas para
1. Desembolsar oportunamente al
la realizar el control social al presente
contratista los recursos del presente
proceso.
contrato.
4. Entregar mediante acta al cooperante,
2. Ejercer el control sobre la inversión y el
las instalaciones, mobiliario, utensilios de
cumplimiento del servicio a través del
cocina, equipos y menajes existentes en
supervisor.
los restaurantes escolares de las
instituciones educativas a través de los
3. Verificar el cumplimiento de las normas
rectores de cada una de ellas.
generales de higiene de los manipuladores
de alimentos.
5. Contratar la interventoría administrativa,
técnica, financiera y legal del presente
4. Comunicar oportunamente al contratista
convenio, debiendo garantizar el
directrices, lineamientos, parámetros y
seguimiento y control a través una
demás instrucciones que se impartan.
supervisión directa durante el tiempo que
dure el proceso de selección e inicio del
contrato de interventoría.
6. Seguir el lineamiento técnico sugerido
en el Título IV de la Ley 1176 de 2007, en
lo referente a la alimentación escolar.
8. Liquidar conjuntamente el convenio.
131. Como se observa, mientras que la UT Alimenta Casanare 2012 asumió todas
las obligaciones dirigidas a cumplir con el proyecto de la gobernación del Casanare,
Comfacasanare solo conservó las administrativas que se circunscribían a la
rendición de cuentas, creación de una cuenta para el manejo de los recursos
públicos, la discusión con el comité técnico de las observaciones y actividades de
coordinación, aplicación de encuestas y la dirección a través de la vinculación de
los recursos humanos y físicos. Frente a esta última debe precisarse que fue la UT
la que contrató a las personas que participarían en la ejecución del contrato de
suministro [por ejemplo, los «manipuladores de alimentos» y coordinadores] y entregar
los almuerzos92 y, asimismo, desarrolló el plan de capacitación, tal como se registró
en el «Informe Técnico N° 1 correspondiente al mes de julio de 2012» dirigido a
Comfacasanare93:
92 85001233300020170014300 REMITIDO C E\C01PrimeraInstancia\Tomo-V\F-986A-
AnexoExp.Disc - Convenio de cooperación\CD1\CONVENIO DE COOPERACION 001-2012,
carpetas 7 a 19.
93 85001233300020170014300 REMITIDO C E\C01PrimeraInstancia\Tomo-IV\Fl-843-CD-
AnexoExp.Disc\CD1.
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«Todas las personas que laboran para la unión temporal dentro de la
ejecución del programa de restaurantes escolares 2012 y que realizan
actividades de manipulación de alimentos tuvieron la posibilidad de adquirir
una formación en materia de educación sanitaria, especialmente en cuanto a
prácticas higiénicas en la manipulación de alimentos. [...] La capacitación
estuvo a cargo y bajo responsabilidad de la Unión Temporal y fue efectuada
por profesionales contratados por la misma».
132. Además, en las consideraciones del contrato de suministro se registró que (i)
«Comfacasanare celebró el Convenio de Cooperación N° 001 del 14 de mayo de 2012»; y
(ii) «la disponibilidad presupuestal para la celebración del presente contrato [provenía] del
aporte de la Gobernación de Casanare tal como aparec[ía] reflejado en el Convenio de
Cooperación No. 001 del 14 de mayo de 2012» [sic]. Esto sin dejar de mencionar que –
incluso– la forma de pago fue pactada en los mismos términos del Convenio 001 de
2012:
Contrato de suministro 685 de
Convenio 001 de 2012 2012
Clausula
(gobernación y Comfacasanare) (Comfacasanare y UT Alimenta
Casanare 2012)
«El valor del presente convenio de cooperación «El valor del presente contrato para
se estima en la suma de [...] $18.294.885.400 todos los efectos legales y fiscales
M/CTE. PARÁGRAFO PRIMERO: El valor del se fija en la suma de [...]
Valor convenio incluye todos los gastos directos e ($16.694.848.00) [...] los cuales
indirectos en que deba incurrir serán desembolsados de la
COMFACASANARE para la ejecución del siguiente manera: Cincuenta por
mismo.» ciento (50%) del valor total del
«a) EL DEPARTAMENTO DEL CASANARE contrato en calidad de anticipo, una
aportará la suma de [...] ($17.894.885.400) vez legalizado el contrato y la
M/CTE, respaldados con el certificado de Gobernación del Casanare realice
disponibilidad presupuestal No. 121069 de el aporte toda vez que la
fecha 25 de Abril de 2012 [...] b) disponibilidad presupuestal para la
Aportes
COMFACASANARE, aportará [...] celebración del presente provienen
($400.000.000) [...]. PARÁGRAFO: los aportes del recurso de la Gobernación tal
de las partes están representados y serán como aparece reflejado en el
ejecutados conforme se indica en el cuadro de Convenio de Cooperación No. 001
valoración de aportes de las partes, el Anexo del 14 de mayo de 2012 y se
No. 4 del estudio previo y propuesta adjunta del suscriba la correspondiente acta de
cooperante, [...]» inicio, previa aprobación del plan de
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«EL DEPARTAMENTO entregará un cincuenta inversión del anticipo, restante 50%
por ciento (50%) del valor total del contrato en se girará hasta un noventa y cinco
calidad de anticipo, una vez legalizado y por ciento (95%) del valor del saldo
cumplidos los requisitos de perfeccionamiento restante del contrato, mediante
para la ejecución del contrato, y una vez actas parciales previa presentación
realizada la suscripción del Acta de Inicio, de informe de ejecución, visto
previa aprobación del plan de inversión del bueno del interventor y/o supervisor
Desembolso de los aportes
anticipo; restante cincuenta por ciento (50%) se del contrato, quien verificará las
girará hasta un noventa y cinco (95%) del valor certificaciones emitidas por parte de
del saldo restante del contrato, mediante actas los rectores de las instituciones
parciales previa presentación de informe de educativas donde se preste el
ejecución, visto bueno del Interventor y/o servicio de restaurante escolar. A
supervisor del contrato, quien verificará las estos pagos se amortizará el
certificaciones emitidas por parte de los anticipo, el restante cinco por ciento
rectores de las instituciones educativas donde (5%) restante una vez se suscriban
se preste el servicio de restaurante escolar. A las actas de terminación y
estos pagos se amortizará el anticipo. El liquidación del contrato, previo
restante cinco por ciento (5%), una vez se informe del interventor y/o
suscriban las actas de terminación y liquidación supervisor del contrato que
del contrato, previo informe del interventor y/o certifique el cumplimiento por parte
supervisor del contrato que certifique el del contratista. La radicación de la
cumplimiento por parte del cooperante, incluido factura o cuenta de cobro
el aporte del cooperante debidamente respectiva.
soportado. La radicación de la factura o cuenta
de cobro respectiva.
133. Entonces, es cierto que el «convenio» fue suscrito con una entidad sin ánimo de
lucro, pero su objeto real no fue «aunar esfuerzos», sino el suministro de 62.895
almuerzos por 120 días [calendario escolar] de acuerdo con las instrucciones dadas
por el departamento de Casanare, el cual −por demás− fue el que aportó la totalidad
del dinero requerido para ejecutar dicha actividad. Se recuerda que el aporte de
Comfacasanare se contrajo a garantizar el director del proyecto, el coordinador
general del programa, los profesionales y auxiliares de apoyo, los servicios de
oficina y papelería y el desplazamiento [vehículo de transporte a todo costo], pero
nada directamente relacionado con la preparación y entrega de las raciones diarias:
COOPERANTE CANTIDAD VALOR % VALOR % TIEMPO VALOR REAL
UNITARIO DISPONIBILIDAD EJECUCIÓN
DE TIEMPO (Meses)
1 DIRECTOR DEL 1 $4.715.000 70% $3.300.500 7 $23.103.500
PROYECTO
2 COORDINADOR 1 $3.713.000 70% $2.599.100 7 $18.193.700
GENERAL
PROGRAMA
3 PROFESIONALE 8 $3.024.000 100% $24.192.000 7 $169.344.000
S DE APOYO
4 Auxiliares de 7 $1.620.000 70% $7.938.000 7 $55.566.000
apoyo
5 Servicios de GI $13.513.257 100% $13.513.257 7 $94.592.800
oficina y papelería
6 DESPLAZAMIENT 1 $5.600.000 100% $5.600.000 7 $39.200.000
O (Vehículo de
transporte a todo
costo)
TOTAL APORTE $400.000
COOPERANTE
134. Ello desvirtúa que los recursos tuvieran como propósito impulsar una actividad
de la entidad contratista, pues se trató de un programa del departamento que,
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incluso, se desarrolló en vigencias anteriores con recursos de las regalías asignadas
y a través de la modalidad del contrato de suministro y que –incluso– ejecutaba el
Programa de Alimentación Escolar –PAE– establecido desde la Ley 1450 de 201194.
135. A la par, la gobernación entregó al particular los dineros para que ejecutara el
objeto del acuerdo de voluntades, lo que se traduce −sin duda− en una relación
conmutativa y sinalagmática reducida a un intercambio de bienes y servicios y/o a
actividades propias del contrato de suministro previsto en el artículo 968 del Código
de Comercio:
«Artículo 968. Contrato de suministro. El suministro es el contrato por el cual
una parte se obliga, a cambio de una contraprestación, a cumplir en favor de
otra, en forma independiente, prestaciones periódicas o continuadas de cosas
o servicios.»
136. Este negocio, a la luz del artículo 2.1 del Decreto 777 de 1992 descartaba que
tuviera su origen en el artículo 355 de la Constitución, comoquiera que representó
una contraprestación directa a favor de la entidad pública y bajo su amparo se regló
la relación conmutativa. De esa forma, la entidad sin ánimo de lucro y el
departamento no acordaron una ejecución conjunta de actividad alguna, por el
contrario, solo la primera –a través de un tercero, es decir, la UT– proporcionó los
bienes y servicios para alcanzar el objeto pactado como contraprestación directa
para la entidad.
137. Es cierto que el artículo 1499 del Código Civil prevé que el contrato es principal
cuando subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención y, accesorio,
cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal, de
manera que no pueda subsistir por ella; sin embargo, se trata de un mero concepto
que en nada desdibuja la falta de capacidad técnica y administrativa de la caja de
compensación familiar.
138. Incluso, la falta de capacidad para ejecutar el «convenio» fue aceptada por el
representante legal de Comfacasanare, pues en la audiencia pública desarrollada
en la investigación disciplinaria afirmó:
«Preguntado: La preocupación consiste en el hecho de haber subcontratado
en la totalidad, 100%, de acuerdo con un cuadro que la Procuraduría nos ha
94 «Artículo 136. Ajuste de la oferta programática para la primera infancia. El Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar -ICBF- priorizará su presupuesto en forma creciente para ser destinado a la
financiación de la estrategia de atención a la primera infancia. Acción Social, el Ministerio de la
Protección Social y el Ministerio de Educación Nacional, en lo de sus competencias, atenderán los
criterios fijados en la política para la atención a la primera infancia. [...] Parágrafo 4. Con el fin de
alcanzar las coberturas universales en el Programa de Alimentación Escolar -PAE-, el Gobierno
Nacional trasladará del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) al Ministerio de Educación
Nacional (MEN), la orientación, ejecución y articulación del programa, sobre la base de estándares
mínimos de obligatorio cumplimiento para su prestación, de manera concurrente con las entidades
territoriales.»
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suministrado en el auto de citación, en donde aparece punto por punto las
actividades que se subcontrataron y que coinciden con aquellas que estaban
estipuladas en el convenio que celebró la gobernación con ustedes,
Comfacasanare. Yo quisiera que le explique al despacho, uno, si es cierto que
subcontrataron, dos, con qué fundamento legal, tres, si se subcontrató
realmente el cien por ciento, y cuatro, si esta es una modalidad que ustedes
están replicando de manera legal. Contestó: [...] nos regimos por el derecho
privado, y se seleccionó como usted lo dice, doctor Gustavo, a una firma que
hoy es la ejecutora, después de un proceso de convocatoria, público y
transparente, abierto a todo el mundo, para que fuesen a participar en él, [...].
Entonces nosotros buscamos esos mecanismos, porque una logística para
atender más de 500 puestos, a lo largo y ancho de los 19 municipios de
Casanare, amerita proceder responsablemente y más de 500 puestos que
garanticen con pulcritud, con higiene, con seguridad, la entrega en el día a
día de esos más de 62.000 alimentos, requiere una firma preparada. A pesar
de que en nuestra institución nosotros tenemos, únicamente en el área que
maneja este programa, tenemos al servicio de este programa más de 60
personas. [...] Nunca hemos tenido ningún problema en las ejecuciones
anteriores de 67.000, de otras tantas raciones que hemos entregado en otros
periodos de gobierno, porque lo hacemos con el debido cuidado ¿y por qué
se subcontrata, doctor Gustavo?, le voy a ilustrar, porque nosotros requerimos
y no podemos para una ejecución tener gente a la espera, donde hoy están
más de 500 personas al servicio de este propósito en los 19 municipios, tanto
en las zonas urbanas como rurales del departamento; la nómina de
Comfacasanare es 400 personas, la nómina solo para este proyecto son más
de 500 personas.
[...] Preguntado: manifiéstele al despacho de acuerdo con la relación de
contratos de restaurantes escolares que usted acaba de aportar en esta
audiencia si el contrato de 8 de mayo de 2007 y el contrato de 2007, en el
cual usted, como señaló previamente, [...] esos contratos fueron ejecutados
directamente por la caja de compensación o tuvo también que acudir a
subcontratar totalmente la ejecución de alimentos escolares Contestó:
también fue la misma modalidad, se busca un operador que sea eficiente para
la ejecución, doctora.
[...] Preguntado: si alguno de los contratos que usted ha aportado como
prueba dentro de su declaración, relación de los contratos restaurantes
escolares se llama el cuadro que está aportado relaciona contratos desde el
año 2006 hasta el año 2012 que oscilan por valores desde 82 millones hasta
este contrato de 18 mil 294 millones si alguno de estos contratos en los cuales
usted ha participado Comfacasanare ha ejecutado directamente la prestación
del servicio de restaurantes escolares o ha tenido que subcontratar en alguna
oportunidad Contestó: doctora le reitero que por la el volumen de la logística
que se requiere para la ejecución de un convenio esto y no sólo lo hace
Comfacasanare, lo hace Cafam, lo hace Colsubsidio, lo hace Compensar;
Compensar tiene en este momento en ejecución uno en Tunja con la ciudad
de Tunja otra caja de compensación lo tiene aquí para garantizar la seguridad
alimentaria de los niños con la administración de la ciudad de Bogotá
entonces de esa forma si lo hacemos y sí hemos en algunas veces tenido que
subcontratar cuando son de menor tamaño tratamos de implementarlo
nosotros directamente pero son de menor escala y es apenas comprensible
lo que le estoy compartiendo no es lo mismo entregar 500 almuerzos o 1500
o 2000 almuerzos y esa era la alusión que yo les le compartí anteriormente
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cuando salieron diciendo una vez cuando un exalcalde de Bucaramanga
estaba entregando mil almuerzos y todos los medios de comunicación
estaban no es lo mismo cuando se entregan más de 62 mil almuerzos
entonces ahí es donde está primero que todo mi observación y segundo mi
ilustración para que se tome en cuenta eso; no es lo mismo estar centralizado
entregando 1500 almuerzos 2000 almuerzos como lo hacemos en Yopal con
el ICBF, se me escapa el número preciso pero son cifras más o menos
similares como 500, 600 puedo decirle algo así como 800 almuerzos no creo
caer en error que se entregan en el jardín social de la comuna 5 con recurso
humano de la caja en un solo sitio en un solo escenario a entregarlo en más
de 500 escenarios y yo espero que sean sensibles y tengan presente lo que
les estoy compartiendo para que se contextualice lo que se ha querido dejar
en el ambiente
Preguntado: de manera que si el contrato hubiera sido por menor valor y para
suministrar alimentos a menor cantidad de estudiantes en la caja lo hubiera
ejecutar directamente sin necesidad de subcontratar Contestó: doctora yo
nunca he dicho que no estábamos en capacidad estoy diciendo que es
diferente la logística que no se pierda del punto de logística que no es lo
mismo preparar para 1.500 o para 500 que para 62.000 y si usted me vuelve
pregunta que si estamos en capacidad claro que estamos en capacidad y si
en la administración departamental tiene sensibilidad y dice vamos a darle
alimentación a 70.000 asumo esa responsabilidad claro que estoy en
responsable incapacidad de eso aquí no puede caer en el ambiente que no
somos idóneos la ley nos cobija nos protege para eso ya que aquí se quiere
dejar en el ambiente que no somos idóneos lo manifiestan ustedes en su
escrito de formulación de cargos al gobernador somos idóneos la ley es una
para todo el mundo y nosotros aquí estamos es demostrando que realmente
estamos habilitados para eso lo que yo estoy diciendo no quiero que se
descontextualice que no es la misma logística para 500 almuerzos que para
62.000 yo no voy a utilizar la misma maquinaria para construir una casa que
para construir ahora en este momento va a construir 636 apartamentos en
muchas torres para eso necesito una logística diferente doctora a eso es que
a lo que yo y yo quiero que quede bien clara la respuesta para que no se
piense que no somos idóneos por el número si fuese en 100.000 con
Comfacasanare implementaría lo mismo para eso.»
139. Nótese que el director de Comfacasanare, aunque aseveró que la caja sí era
idónea, aceptó que en negocios jurídicos suscritos con anterioridad también
acudieron a la subcontratación porque no tenían la logística para satisfacer las
obligaciones impuestas, tan así que manifestó que por eso se requería una firma
preparada, es decir –para la Sala– que sí tuviera la capacidad técnica y
administrativa.
140. De ahí que no sea de recibo para la Sala que Comfacasanare fuera una entidad
de reconocida idoneidad, pues la entidad partió exclusivamente de los «resultados
satisfactorios» en otros acuerdos, pero pasó por alto el requisito subsiguiente: que
acreditara su capacidad técnica y administrativa para realizar el objeto del contrato.
141. Ciertamente, para la suscripción del convenio se tuvo en cuenta la certificación
expedida por la Secretaría de Educación departamental, en la cual se consignó lo
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que se transcribe a continuación:
«1. COMFACASANARE [...] goza de personería jurídica [...], cuenta con más
de 6 meses de creación y su vigencia es indefinida cumpliendo de esta forma
con los requerimientos del artículo 13 del decreto 777 de 1992.
[...]
Presenta contratos como experiencia, por valor de $24.116.699.105 dentro de
la cual se cuenta como específica, la siguiente:
No. FECHA
CONTRATANTE CONTRATO/ CONTRATO/ PLAZO OBJETO VALOR
CONVENIO CONVENIO
AUNAR ESFUERZOS PARA
GARANTIZAR EL SERVICIO
DE RESTAURANTE
ESCOLAR A 16.706
ESTUDIANTES DE LOS
GOBERNACION
0021 03-04-2007 9 MESES NIVELES 1 Y 2 DEL SISBEN $3.468.014.357
DE CASANARE
PERTENECIENTES A LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS [...] DURANTE
147 DÍAS DE CALENDARIO
ESCOLAR.
AUNAR ESFUERZOS
TECNICOS,
ADMINISTRATIVOS Y
ECONÓMICOS CON EL
OBJETO DE MEJORAR LA
CALIDAD, RACIONALIZAR
LOS COSTOS Y AUMENTAR
LA COBERTURA MEDIANTE
ALCALDIA DE EL DESARROLLO DEL $584.0387.670
100.1201.0024 27-08.2004 4 MESES
YOPAL PROGRAMA [...] PARA [SIC]
CONTRIBUIR A MEJORAR
LA NUTRICIÓN DE LOS
USUARIOS EN EDAD 0 A 6
AÑOS ESCOLARIZADOS,
DESCOLARIZADOS Y
TERCERA EDAD EN EL
AREA URBANA Y RURAL
[...].
AUNAR ESFUERZOS
TÉCNICOS,
ADMINISTRATIVOS Y
ECONÓMICOS CON EL
OBJETO DE MEJORAR LA
CALIDAD, RACIONALIZAR
LOS COSTOAS Y
AUMENTAR COBERTURA
MEDIANTE EL
ALCALDIA DE
100.1201.0012 29-04-2005 10 MESES DESARROLLO DEL $2.051.811.313
YOPAL
PROGRAMA [...], PARA
CONTRIBUIR A MEJORAR
LA NUTRICIÓN DE LOS
USUARIOS CON EDADES
COMPRENDIDAS ENTRE 03
Y 15 AÑOS, AL IGUAL QUE
LOS ADULTOS ASISTENTES
AL HOGAR DIA CENTRO,
[...].
AUNAR ESFUERZOS
TÉCNICOS,
ADMINISTRATIVOS Y
ALCALDIA DE
100.21.0014 15-02-2006 10 MESES ECONÓMICOS CON EL $1.473.689.377
YOPAL
OBJETO DE MEJORAR LA
CALIDAD RACIONALIZAR
LOS COSTOS Y AUMENTAR
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COBERTURA [...]
SUBPROGRAMA “APOYO E
IMPLEMENTACIÓN DE
RESTAURANTES
ESCOLARES, PARA
CONTRIBUIR A DISMINUIR
LOS INDICES DE
DESNUTRICIÓN
PRESENTES EN LA
POBLACIÓN ESCOLAR [...].
REALIZAR ACCIONES DE
SOSTENIBILIDAD EN
COBERTURA
ENCAMINADAS A LA
PRESTACIÓN EFECTIVA
DEL SERVICIO DE
85 DIAS
GOBERNACIÓN RESTAURANTE ESCOLAR A
0024 08-05-2008 CALENDARIO
DE CASANARE 62.287 ESTUDIANTES DE
ESCOLAR
LOS NIVELES 1 Y 2 DEL
SISBEN DE LOS
INSTITUTOS EDUCATIVOS
OFICIALES DEL
DEPARTAMENTO DE
CASANARE.
2. La entidad cooperante COMFACASANARE, presenta los documentos de
carácter legal y financiero que fueron requeridos en la invitación, presenta la
propuesta técnica y propuesta económica que se adecua y cumple los
requerimientos mínimos estipulados en la invitación y los estudios previos del
presente convenio de cooperación.
CONCLUSIÓN
Teniendo en cuenta la verificación de los requisitos exigidos por los decretos
777 y 1403 de 1992 y 2359 de 1993, reglamentarios del artículo 355 de la
Constitución Política de Colombia, de la propuesta presentada por esta
entidad sin ánimo de lucro COMFACASANARE, se concluye que [...] tiene
capacidad legal para suscribir el convenio de cooperación con el objeto de
AUNAR ESFUERZOS PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE
RESTAURANTE ESCOLAR A SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y CINCO (62.895) ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE
CASANARE PARA LA AMPLIACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO, que requiere la Administración
Departamental contratar y posee el atributo de idoneidad y experiencia, por
los resultados satisfactorios en la ejecución de contratos con objeto similar,
tal como lo contempla el decreto reglamentario mencionado, y se presenta
como la única oferta para el cumplimiento de los fines estatales, y por tanto
es viable la suscripción del convenio de cooperación con esta entidad sin
ánimo de lucro.» [sic] [se resalta]
142. Si la Secretaría de Educación hubiera examinado con detalle los documentos
que se adjuntaron y que soportaron la certificación se había percatado de que
Comfacasanare no era idónea porque no contaba con la capacidad técnica y
administrativa para ejecutar el objeto del convenio.
143. Es así porque (i) en el Convenio 0021 del 3 de abril de 2007 –suscrito con el
departamento de Casanare– aunque tenía el mismo objeto, esto es aunar esfuerzos
para garantizar el servicio de restaurante escolar para 16.706 estudiantes de los
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niveles 1 y 2 del Sisbén, en el acta de terminación y liquidación final se consignó
que «para la prestación del servicio de Restaurante Escolar, la Caja de Compensación
Familiar de Casanare, suscribió Contrato de Suministro N° 023-07 con la Empresa
Unipersonal CONSTRULUFER»; y (ii) en el acta final del Convenio de Cooperación
0024 del 8 de mayo de 2008 –suscrito con la misma entidad– también se anotó:
«Dejando expresa constancia que a la fecha de suscripción de la presente
acta COMFACASANARE como entidad cooperante no demostró haber
acatado los requerimientos realizados por parte de la Supervisión del
convenio en relación con el cobro no autorizado de un porcentaje de 3.5%
sobre el valor del Contrato [...] suscrito con los operadores del convenio
(SERAL, G&S GROUP, Unión Temporal DURANGAR, Unión temporal
SERAL), por concepto de administración [...]»
144. De ahí que no fuera de recibo el argumento expuesto por la defensa en el
proceso disciplinario y los testigos [todos empleados de la gobernación] consistente
en que no existía ninguna forma de prever que Comfacasanare iba a subcontratar
con la unión temporal. Se insiste en que, si se hubiera realizado un examen
pormenorizado de las certificaciones aportadas e indagado sobre la ejecución de
los convenios, la conclusión habría sido la supra señalada: Comfacasanare no tenía
la capacidad técnica y administrativa y, por consiguiente, no era idónea para
ejecutar el convenio.
145. Es del caso señalar que, si bien es cierto que la norma incluye el sintagma
«reconocida idoneidad» y a primera vista podía encontrarse cumplido porque se
trataba de la Caja de Compensación de Casanare, no lo es menos que la norma
también estableció que debían demostrarse (i) los resultados satisfactorios; y (ii) la
capacidad técnica y administrativa para realizar el objeto del acuerdo. Su lectura no
puede hacerse aisladamente porque, como en este caso, aunque era una entidad
sin ánimo de lucro, su planta de personal no era suficiente para satisfacer los 62.895
almuerzos por 120 días [calendario escolar], tal como lo aceptó su representante
legal.
146. Ahora bien, la PGN consideró que se configuró la falta gravísima prevista en el
artículo 48.31 de la Ley 734 de 2002 que prevé: «31. Participar en la etapa
precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio público, o con
desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función
administrativa contemplados en la Constitución y en la ley» y acudió a las siguientes
normas:
146.1. Manual específico de funciones y competencias laborales, en concreto los
numerales 1, 14 y 24 del empleo de «gobernador»95. La primera, consistente en
«[c]umplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los decretos del Gobierno y las
95 85001233300020170014300 REMITIDO C E\C01PrimeraInstancia\Tomo-IV\Fl-867A-
AnexoExp.Disc, archivo «MANUAL_GOBERNACION_FUNCIONES»
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ordenadas de la Asamblea Departamental»; la segunda, «[a]dministrar y ejecutar el
presupuesto y dirigir su adecuada administrativa»; y la tercera, «[c]elebrar los contratos
de la administración central, de conformidad con la ley y las ordenanzas».
146.2. Inciso 3 del artículo 1 del Decreto 777 de 1992: «[s]e entiende por reconocida
idoneidad la experiencia con resultados satisfactorios que acreditan la capacidad técnica y
administrativa de las entidades sin ánimo de lucro para realizar el objeto del contrato. La
entidad facultada para celebrar el respectivo contrato deberá evaluar dicha calidad por
escrito debidamente motivado.»
146.3. Ley 80 de 1993: los principios de transparencia y responsabilidad previstos en
los artículos 24.8, 26 [num. 1, 2, 4 y 5] que prevén:
«Artículo 24. Del principio de transparencia. En virtud de este principio:
[...] 8o. Las autoridades no actuarán con desviación o abuso de poder y ejercerán
sus competencias exclusivamente para los fines previstos en la ley. Igualmente, les
será prohibido eludir los procedimientos de selección objetiva y los demás requisitos
previstos en el presente estatuto.
Artículo 26. Del principio de responsabilidad. En virtud de este principio:
1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines
de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger
los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse
afectados por la ejecución del contrato.
2o. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones
antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas.
[...] 4o. Las actuaciones de los servidores públicos estarán presididas por las reglas
sobre administración de bienes ajenos y por los mandatos y postulados que
gobiernan una conducta ajustada a la ética y a la justicia.
5o. La responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad contractual y la de
los procesos de selección será del jefe o representante de la entidad estatal, quien
no podrá trasladarla a las juntas o consejos directivos de la entidad, ni a las
corporaciones de elección popular, a los comités asesores, ni a los organismos de
control y vigilancia de la misma.
147. Para la Sala, la aplicación que hizo la PGN de estos principios era la correcta,
pues (i) se transgredió el principio de transparencia porque, al no cumplirse con los
requisitos previstos en el artículo 355 de la Constitución y el Decreto 777 de 1992,
debió acudir a los procesos de selección previstos en la Ley 80 de 1993; y (ii) se
desconoció el principio de responsabilidad porque era contrario a la norma que a
través del «convenio de cooperación» contratara la adquisición de un servicio
[suministro] de naturaleza netamente conmutativa.
148. Tan es así que lo expuesto también encuentra respaldo en la sentencia del 13
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de marzo de 202496 dictada por la Sección Tercera de esta corporación que modificó
la dictada por el Tribunal Administrativo de Casanare del 30 de julio de 2015, en el
sentido de declarar la nulidad absoluta del Convenio 001 de 2012 que aquí se
examina. Para tal efecto, sostuvo –entre otras cosas– lo siguiente:
«6.4. En este orden de ideas, con el convenio núm. 001 de 2012
Comfacasanare se obligó a la prestación entera del servicio alimenticio
escolar a los alumnos de cada establecimiento educativo departamental, cuyo
valor de intercambio económico sería completamente asumido por la entidad
territorial, quien debía pagar la suma dineraria fijada en el pacto, equivalente
al valor de las raciones, con sus propios recursos. Contrario a lo afirmado por
el Departamento como fundamento del convenio núm. 001 de 2012, con este
contrato Comfacasanare se obligó a realizar una actividad mercantil,
conclusión que no varía, aun si se parte de la consideración de la manera
como en realidad se ejecutó esa relación, a la manera de una actividad de
intermediación, que también tiene un carácter típicamente mercantil,
conforme al numeral 1 del artículo 20 del Código de Comercio.
[...]
6.6. Vistas, así las normas aplicables a este asunto, y contrastadas con la
realidad fáctica que recrean las pruebas traídas a este contencioso, la Sala
concluye, en síntesis, de acuerdo con lo pactado, las partes celebraron un
típico contrato de suministro, [...]; negocio jurídico que, como lo ha precisado
la jurisprudencia, comprende lo que en otras legislaciones configura dos tipos
contractuales diferentes, por tener como objeto cosas o servicios, en tanto y
en cuanto estos se realicen de forma periódica o continuada, diferenciándolo
con ello de los contratos de compraventa y de arrendamiento de servicios.
Este negocio jurídico no podía guiarse por los derroteros fijados para los
contratos de fomento ni para los convenios de asociación, así las partes
hubieran utilizado esa denominación, porque es evidente que la prestación
principal a la que se comprometió la Caja —el servicio periódico de
alimentación escolar— era remunerada con una contraprestación directa
equivalente a esa labor, consistente en el pago de una suma dineraria por
parte de la entidad territorial. El convenio núm. 001 de 2012 no se adecua a
ninguna de las especies de negocio jurídico previstas en el artículo 2° del
Decreto 777 de 1992, debía, por tanto, encauzarse de acuerdo con el Estatuto
General de Contratación de la Administración Pública vigente para la fecha
de celebración del convenio (“EGCAP”, Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007).
La Sala coincide así, en este aspecto, con las conclusiones del Tribunal.
6.6.1. Ahora bien, en este proceso se probó que la Gobernación del
Departamento no adelantó una licitación pública; procedimiento administrativo
que, sin embargo, debía seguir, según el artículo 2 de la Ley 1150 de
2007116, ciñéndose en ello a las reglas del EGCAP, entre las cuales se
destaca el artículo 30 de la Ley 80 de 1993. En su lugar, formuló una invitación
a la Caja, para celebrar un negocio jurídico denominado “CONVENIO DE
COOPERACIÓN”, con base en el inciso 2 del artículo 355 de la Constitución
y el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, argumentando que este negocio no
96 Radicación 85001-23-33-000-2014-00232-01 (55596), demandante: Comfacasanare y
demandado: departamento de Casanare.
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Demandante: Nelson Ricardo Mariño Velandia
conllevaba la realización de actividades mercantiles o con ánimo de lucro, lo
cual fue descartado por la Sala anteriormente.
6.6.2. En este asunto, el denominado convenio núm. 001 de 2012 fue
celebrado sin agotar los procedimientos de selección objetiva que la ley
impone. Por lo tanto, el convenio núm. 001 de 2012 es absolutamente nulo,
pues —como lo ha precisado la jurisprudencia reciente119— la pretermisión
de la licitación pública en los casos en que esta se impone representa una
omisión de los requisitos que la ley prescribe para el valor de los contratos
estatales en consideración a su naturaleza. Por ende, se configura la causal
de nulidad absoluta del contrato prevista en el artículo 1741 del Código Civil,
aplicable conforme al inciso primero del artículo 44 de la Ley 80 de 1993.
[...] 6.8.1. Pues bien, al comparar las obligaciones del denominado convenio
a cargo de la Caja con las consignadas en el subcontrato se advierte que —
salvo diferencias en los vocablos y palabras utilizadas, en el orden de
numeración y en la inclusión de prestaciones accesorias a la entrega de los
almuerzos escolares— estos negocios jurídicos son idénticos. Esto denota
que, mediante el subcontrato, la Caja sustituyó materialmente la totalidad de
la prestación del servicio de alimentación escolar, para que las obligaciones
del contrato original fueran ejecutadas por el subcontratista. Dicha simetría
reafirma que el objeto pactado por Comfacasanare con el Departamento,
planteado desde la etapa de formación, era la prestación directa del servicio
de alimentación escolar en los establecimientos educativos del
Departamento, y no la supervisión o vigilancia del prestador material del
servicio, como lo insistió el demandante. Dicha labor de supervisión, por
demás, es el resultado de la subcontratación, no del convenio original.» [se
resalta]
149. Incluso, se pronunció sobre la subcontratación e idoneidad de la caja de
compensación familiar en los siguientes términos:
«6.8.5. Respecto a la idoneidad de la Caja para prestar el servicio de
alimentación escolar pactado en el convenio, cabe recordar que en los
documentos previos quedó establecido que el contratante debía prestar
directamente la alimentación escolar a los alumnos de los planteles
educativos departamentales de cada municipio. De acuerdo con ello, la
entidad privada a contratar debía contar con experiencia e idoneidad en la
prestación de servicios alimenticios, además de tener capacidad técnica y
administrativa para ello.
Al margen de invocar normas que no eran aplicables al negocio sub judice, la
certificación de la Secretaría de Educación departamental, sin mayores
explicaciones, dio credibilidad a los documentos facilitados por
Comfacasanare para acreditar los atributos buscados en la contratista.
Empero, la referida subcontratación contrasta con la supuesta idoneidad de
la Caja para prestar directamente el servicio de alimentación escolar, ya que
de haberse seleccionado adecuadamente a un prestador con las aptitudes
técnicas, administrativas y financieras que demandaba un servicio de
semejante magnitud, no hubiera sido necesaria la subcontratación entera del
servicio para que lo prestara un tercero ajeno a la relación inicial. En ese
sentido, son ilustrativas las declaraciones del representante legal de
Comfacasanare, quien confesó que los aportes de la Caja al desarrollo del
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servicio eran accesorios al objeto principal del negocio jurídico; y que la Caja
debía subcontratar necesariamente el suministro de alimentos, porque no
tenía presencia física en todos los municipios ni los elementos necesarios
para suministrar las raciones alimenticias destinadas a los estudiantes, en las
condiciones de oportunidad y calidad pactadas.» [se resalta]
150. Agrégase a lo anterior que, respecto del argumento encaminado a que se
desconocieron los documentos antes señalados que demostraban la «idoneidad» de
Comfacasanare, basta señalar que daban cuenta del cumplimiento de los negocios
suscritos, pero no de su capacidad para ejecutar el contrato; además, el objeto ilícito
de estos [porque también se celebraron como «convenios de cooperación»]
tampoco saneaban la naturaleza o esencia del acuerdo de voluntades. Así lo
sostuvo la Sección Tercera:
«En primer lugar, la certificación de la Secretaría de Educación del
Departamento, emitida con el fin de satisfacer el requisito de idoneidad
previsto para los contratos de fomento y los convenios de asociación, no
cambia el hecho de que el negocio jurídico contenga una contraprestación
directa que lo excluye del ámbito material de esa legislación especial y lo
remite al EGCAP y al procedimiento de selección allí ordenado. Por supuesto,
la celebración de otros convenios con el Departamento, con idéntico objeto,
como los que oferta, Comfacasanare adjuntó a su y que están fuera del
conocimiento de esta Sala, no conllevan la rectificación del vicio insubsanable
y generador de nulidad absoluta del negocio jurídico.»
151. Lo expuesto resulta suficiente para concluir que la falta gravísima por la que se
sancionó a Nelson Ricardo Mariño Velandia sí se configuró porque quebrantó los
principios de la contratación estatal al eludir los procesos de selección objetiva y, en
su lugar, suscribir el acuerdo de voluntades previsto en la Constitución [art. 355] y
el Decreto 777 de 1992 sin que se cumpliera con los requisitos allí previstos.
2.5.2.2. Segundo cargo
152. En el fallo de primera instancia, la Procuraduría encontró probada la falta
gravísima prevista en el artículo 48.1 de la Ley 734 de 2002 por –entre otras– las
siguientes razones:
152.1. El valor total del Convenio 001 de 2012 fue de $18.294.885.400, de los cuales
la gobernación aportó $17.894.885.400 y Comfacasanare lo hizo por
$400.000.000. A su vez, esta última suscribió el Contrato de Suministro 685
de 2012 con la UT Alimenta Casanare 2012 por un valor de $16.694.848.800,
lo cual generó una diferencia de $1.200.036.600.
152.2. En el aporte de la gobernación, el valor de la ración era de $2.372 para un
total de 62.895 estudiantes, mientras que en el caso de la unión temporal el
total obedeció a que aquella se calculó en $2.212 para la misma cantidad.
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152.3. Es decir que Alimenta Casanare 2012 asumió en su integridad el valor de las
raciones compuestas por la compra de alimentos e insumos ($1.770)
operación de servicio ($354), para un total de $2.124, más los costos indirectos
[personal operativo y socialización del programa] por $88.
152.4. El cobro entregado por la gobernación cubría en su totalidad los costos de la
prestación del servicio de alimentación, por lo tanto, se presentó un mayor
gasto en la intermediación realizada por Comfacasanare.
152.5. Al valor de $17.894.885.400 también se cargaron los costos a cargo de
Comfacasanare por $815.119.200, «quedando pendiente un valor sin soportar por
$384.917.400 para completar el valor total del aporte por parte de la Gobernación»,
los cuales no estaban soportados en ningún costo y representaba la ganancia
de Comfacasanare por su intermediación.
152.6. En ese sentido, se desconocieron los mismos artículos de la Ley 80 de 1993,
pero porque la contratación a través del Convenio 001 de 2012 resultó ser más
onerosa para la gobernación, es decir, lo hizo «causando mayor gasto al
departamento, ya que, la tercerización con COMFACASANARE, costo un valor en
exceso de $1.200.036.600 sin que se hubiese contratado bajo una modalidad de
contratación, en la que el contratista tuviera que ejecutar de manera directa el objeto
del contrato» [sic].
153. En contraposición, la parte demandante manifestó que (i) el desarrollo del
convenio obedeció a una planeación para satisfacer las necesidades alimenticias
de los estudiantes del departamento; (ii) la suma referida por la PGN y el a quo, esto
es $1.200.036.600 fue considerada a favor de la gobernación del Casanare en la
«liquidación bilateral» del 10 de abril de 2014.
154. Pues bien, en el estudio previo se expuso que el aporte de la gobernación de
Casanare era de $17.894.885.400 y del «contratista» de $400.000.000 para un total
de $18.294.885.400.
155. Luego, en el convenio se anotó que el aporte de la entidad sería de
$17.894.885.400 en tanto el valor de la ración era de $2.371. Ello se verifica con la
siguiente operación: 2.371 x 62.895 [estudiantes] = 149.124.045, suma que debe
ser multiplicada por 120 [días calendario escolar] para el total del valor destinado
por la entidad territorial. Tal como lo dijo la PGN, la UT Alimenta Casanare 2012
atendió la misma cantidad de alumnos.
156. Sin embargo, en la propuesta de dicha unión temporal se estableció que el valor
de la ración era de $2.212 comprendidos por los siguientes ítems:
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«VALOR RACION
ITEM PESO % VALOR
COSTOS DIRECTOS
COMPRA DE ALIMENTOS/INSUMOS 80,0% $1.770
Operación de servicio (servicios de manipuladores
de alimentos, servicio de gas, energía eléctrica,
16,0% $354
servicio de aseo, menajes, equipos, transporte de
alimentos, capacitación manipuladores, otros)
SUBTOTAL MINUTA/RACIÓN $2.124
Costo personal operativo y socialización del
programa (coordinadores municipales (20), análisis
de laboratorio, socialización del proyecto (murales 4,0% $88
y/o pendones), medios de comunicación, jornadas
pedagógicas y transporte de personal)
TOTAL RACIÓN 100% $2.212»
157. Al hacer el mismo cálculo, esto es 2.212 x 62.895 da un total de $139.123.740
y, al multiplicarlo por 120, el total asciende a $16.694.848.800, suma que
corresponde a lo contratado por Comfacasanare: «El valor del presente contrato para
todos los efectos legales y fiscales se fija en la suma de [...] ($16.694.848.00) [...]».
Entonces, la diferencia de $1.200.036.600 corresponde a la siguiente operación:
$17.894.885.400 [aporte de la gobernación] menos $16.694.848.800 [valor del
contrato de suministro].
158. La Sala coincide con la PGN en que solo con el aporte de la gobernación se
cubría la entrega de los 62.895 almuerzos por 120 días calendario escolar a los
estudiantes de los 19 municipios del departamento; de ahí que el aporte de
Comfacasanare, que en nada se relacionaba con el objeto esencial [preparación y
entrega de los almuerzos] y era de tan solo el 2.286% del convenio, no incidiera en
la ejecución a satisfacción del convenio.
159. También es cierto que a esos $17.894.885.400 se agregaron los siguientes
costos a cargo de la gobernación:
CUADRO DE VALORACIÓN DE APORTES (GOBERNACIÓN – COOPERANTE)
GOBERNACIÓN DE CASANARE
ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR TIEMPO VALOR
UNITARIO TOTAL
1 COORDINADOR MUNICIPAL 20 $2.114.810 7 $296.073.400
3 JORNADA PEDAGOGICA 8 $9.164.900 $73.319.200
4 DESPLAZAMIENTO (Vehículos 3 $5.600.000 7 $117.600.000
de transporte a todo costo)
5 SOCIALIZACIÓN Y
DIVULGACIÓN
6 Preproducción-producción- 1 $1.848.600 $1.848.600
posproducción de cuña radial de
30 a 50 segundos
7 Emisión de cuñas radiales 630 $50.000 $31.500.000
alusivas al programa en convenio,
en las diferentes emisoras con del
departamento
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8 Pendones 2 x 1.20 mts con tubo 569 $200.000 $113.800.000
para colgar en material da alta
durabilidad para interiores y
exteriores
9 Pruebas de Laboratorio 21 $1.430.000 $30.030.000
SUBTOTAL APORTE 1 $664.171.200
1 DIRECTOR OPERATIVO 1 $3.688.771 7 $25.821.400
2 COORDINADOR ZONAL 3 $3.234.600 7 $67.926.600
3 DESPLAZAMIENTO (Vehículos 1 $5.600.000 7 $39.200.000
de transporte a todo costo)
4 RENDICION DE CUENTAS 2 $9.000.000 $18.000.000
SUBTOTAL APORTE 2 $150.948.000
TOTAL APORTE $815.119.200
GOBERNACIÓN
160. La Sala concuerda en que esa suma [$815.119.200] –en efecto– constituyó un
mayor gasto a cargo del departamento de Casanare porque también estaban
previstos en el Contrato de Suministro 685 de 2012, pues en la propuesta
económica de la UT Alimenta Casanare 2012 se incluyeron los siguientes ítems:
«[c]osto personal operativo y socialización del programa (coordinadores municipales (20)
[97], análisis de laboratorio, socialización del proyecto (murales y/o pendones), medios de
comunicación, jornadas pedagógicas y transporte de personal), las cuales se anotaron
en el informe técnico 1 presentado por la UT:
«16. Realizar 8 jornadas pedagógicas establecidas en comité técnico.
Dentro de las actividades relacionadas con las 8 jornadas pedagógicas, estas
se encuentran en la fase de evaluación por parte de la supervisión del
convenio
[...] 30. Disponer de tres (3) vehículos para el desplazamiento del
personal en las labores de coordinación y seguimiento del programa.
Anexo a este informe se entrega copia de los documentos soportes de los
vehículos contratados para el desplazamientos del personal en labores de
coordinación y seguimiento del programa.
[...] 9. Realizar la divulgación y publicación en las instituciones
educativas y centros educativos donde se entregue el almuerzo un mural
publicitario, donde se anuncie el programa que se ejecuta, las entidades
que apoyan y la adición de un mensaje que impulse una alimentación
balanceada y saludable promoviendo el consumo de frutas y verduras.
En los colegios donde se viene prestando el servicio de almuerzo en
escolares, se ha colocado el mural publicitario, donde ese está anunciando el
programa, las entidades que apoyan y la adición de un mensaje que impulsa
la alimentación balanceada y saludable promoviendo el consumo de frutas y
verduras.
[...] 21. El contratista deberá realizar una prueba mensual de laboratorio
a la minuta o ración entregada a razón de una prueba por cada una de
las zonas identificadas, como mecanismo de control sanitario. Para el
97 85001233300020170014300 REMITIDO C E\C01PrimeraInstancia\Tomo-V\F-986A-
AnexoExp.Disc - Convenio de cooperación\CD1\CONVENIO DE COOPERACION 001-2012, archivo
«CARPETA 17» en adelante.
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mes de Julio del 2012 se realizo muestreo de productos alimenticios en las
zonas asignadas, a los 5 componentes de la ración de almuerzo. Se anexa
informe metodología- y resultados de laboratorio- copia de los resultados de
laboratorio.[98]» [sic]
161. Así las cosas, la Sala comparte el razonamiento de la PGN, esto es que esa
suma de $1.200.036.600 constituyó un mayor valor a cargo de la gobernación del
Casanare que se pudo evitar de haberse adelantado el proceso de selección
objetiva como lo imponían las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007.
162. Y es que no puede afirmarse que esa suma era a favor del departamento según
la «liquidación bilateral» del 10 de abril de 2014 como erradamente lo arguyó la parte
demandante, pues si bien es cierto que la investigación disciplinaria inició cuando
el Convenio 001 de 2012 estaba en ejecución, también lo es que a este proceso se
allegó la sentencia de controversias contractuales dictada por el Tribunal
Administrativo de Casanare el 30 de julio de 2015, de la cual se puede extraer que
una de las pretensiones de Comfacasanare fue –precisamente– su liquidación
judicial .
163. Igualmente, en la sentencia del 13 de marzo de 2024 dictada por el Consejo de
Estado –al resolver el recurso de apelación en dicho proceso– se advirtió que el 6
de febrero de 2015 se liquidó de mutuo acuerdo el Contrato de Suministro 685 de
2012 y en los considerandos de ese documento «se afirmó que a la fecha no había
sido liquidado el convenio núm. 001 de 2012 por decisión del Departamento».
164. Asimismo se narró que el 10 de abril de 2014 el departamento entregó el
proyecto de acta de liquidación bilateral, en la cual se advirtió la existencia del fallo
disciplinario, así como de un auto proferido por la Contraloría Delegada
Intersectorial 15 dentro del proceso de responsabilidad fiscal y, seguidamente se
anotó: «a) Por lo ya ampliamente expuesto, las partes que intervienen en esta Acta de
liquidación están plenamente de acuerdo en que la suma de MIL DOSCIENTOS MILLONES
TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS ($1.200.036.600) deberán ser consignados
como un saldo a favor del Departamento de Casanare», lo cual no fue aceptado por
Comfacasanare, de ahí la demanda de controversias contractuales.
165. Pero además, la parte demandante omite que el 1 de diciembre de 2014 el
interventor presentó el informe técnico y jurídico, en el que afirmó que se generó
«un menoscabo de los recursos del Departamento por valor de $1.200.036.600 al haberse
presentado un traslado de la ejecución contractual y una intermediación injustificada,
ocasionando un mayor gasto para el Departamento, por concepto de la atención del servicio
de almuerzos escolares para estudiantes de la entidad territorial, lo que en concepto de
esta interventoría constituye un detrimento patrimonial para el Estado». Esto, sin dejar de
98 Información que también reposa en: 85001233300020170014300 REMITIDO C
E\C01PrimeraInstancia\Tomo-V\F-986A-AnexoExp.Disc - Convenio de
cooperación\CD1\CONVENIO DE COOPERACION 001-2012, archivo «CARPETA 6» en adelante.
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lado que la sentencia en mención también reconoció la diferencia referida:
«6.8.4. Además, entre el valor en dinero del convenio, esto es, excluyendo los
“aportes” en especie de Comfacasanare por $400’000.000, y el del
subcontrato, hay una diferencia de mil doscientos millones treinta y seis mil
seiscientos pesos ($1.200’036.600); cifra que coincide con la planteada en el
proyecto de liquidación, por el segundo interventor del convenio, [...]»
166. A la par, debe señalarse que la Sección Tercera modificó la sentencia de
primera instancia para disponer que no había lugar a restitución alguna,
precisamente, por la decisión de declarar la nulidad absoluta del convenio.
167. En definitiva, para la Sala deviene claro que para este cargo también se
demostró la falta gravísima prevista en el artículo 48.31 de la Ley 734 de 2002
porque –como lo sostuvo la PGN– se quebrantaron los principios de
responsabilidad, transparencia y, en especial, el de economía, conforme con el cual
«[l]os trámites se adelantarán con austeridad de tiempo, medios y gastos y se impedirán
las dilaciones y los retardos en la ejecución del contrato».
2.6. La ilicitud sustancial
2.6.1. Marco normativo y jurisprudencial
168. El artículo 5 de la Ley 734 de 2002 previó que la falta será antijurídica cuando
afecte el deber funcional sin justificación alguna. En términos de esta corporación, para
que una conducta típica sea antijurídica se requiere una afectación injustificada al
deber funcional «como bien jurídico del Estado protegido por el derecho disciplinario»99, a lo
cual se agrega el adjetivo sustancial, es decir que «la actuación u omisión del servidor
público debe desembocar en una afectación material, real y efectiva del buen funcionamiento
del Estado y por tanto del servicio público».
169. Sobre el particular, a la luz de la jurisprudencia constitucional, el derecho
disciplinario está integrado por todas las normas que exigen a los servidores públicos
un determinado comportamiento en el ejercicio de sus funciones. En esa línea, las
normas que lo rigen buscan «encausar la conducta de quienes cumplen funciones públicas
mediante la imposición de deberes con el objeto de lograr el cumplimiento de los cometidos
fines y funciones estatales»100. Asimismo:
«Las conductas que pertenecen al ámbito del derecho disciplinario, en general,
son aquellas que comportan quebrantamiento del deber funcional por parte del
servidor público. En cuanto al contenido del deber funcional, la jurisprudencia ha
señalado que se encuentra integrado por (i) el cumplimiento estricto de las
funciones propias del cargo, (ii) la obligación de actuar acorde a la Constitución
y a la ley; (iii) garantizando una adecuada representación del Estado en el
99 Óp. Cit. sentencia del 26 de octubre de 2017,
100 Corte Constitucional, sentencia C-948 de 2002.
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cumplimiento de los deberes funcionales. Se infringe el deber funcional si se
incurre en comportamiento capaz de afectar la función pública en cualquiera de
esas dimensiones. El incumplimiento al deber funcional es lo que configura la
ilicitud sustancial que circunscribe la libertad configurativa del legislador, al
momento de definir las faltas disciplinarias.»
170. Lo anterior impide que las faltas se remitan a conductas que cuestionan la
actuación del servidor público sin que se precisen los deberes funcionales que le
incumben, «como tampoco es posible consagrar cláusulas de responsabilidad disciplinaria
que permitan la imputación de faltas desprovistas del contenido sustancial de toda falta»101
que, se reitera, se materializa en la inobservancia del deber funcional que perturba el
correcto funcionamiento del Estado y la consecución de sus fines.
171. Dicho en términos de la jurisprudencia de esta corporación, para que exista una
falta disciplinaria es ineludible que la acción u omisión «conlleve una verdadera
afectación de la función pública encomendada al disciplinado, lo que significa que si
la ilicitud sustancial no fue “sustancial” no es posible declarar la responsabilidad
disciplinaria»102.
2.6.2. Caso concreto
172. Frente a este elemento dogmático, la PGN sostuvo lo siguiente:
Primer cargo Segundo cargo
Primera instancia: Primera instancia:
«La conducta del disciplinado es ilícita «Como se ha indicado en precedencia,
sustancialmente, por cuanto se desatendió uno finalmente fue la Unión Temporal Alimenta
de los principios fundamentales de la actividad Casanare, una asumió el cumplimiento de las
contractual, como lo es el de transparencia, en actividades del objeto contractual, por un valor
virtud del cual, entre otros, el legislador de $16.694.848.800, sin embargo, la
establece de manera rigorosa y estricta unas Gobernación para la ejecución de esto objeto,
modalidades de selección del contratista que no suscribió el convenio de cooperación con
pueden ser desconocidas por los servidores COMFACASANARE, aportando la suma de
públicos. Como se ha indicado, la licitación es $17.894.885.400, es decir generando un mayor
la modalidad que constituye la regla general, y gasto en la preparación y distribución de los
en la que se consagran de manera más almuerzos escolares para 62.985 estudiantes
completa y estricta una serie de trámites que de las instituciones educativas del
garantizan plenamente, entre otros, la departamento, por $1'200.036.600, por lo tanto,
convocatoria pública por medio de la cual se no se trata de un desconocimiento formal de los
invita a todas las personas a participar en deberes del disciplinado, sino de un
igualdad de condiciones; de manera que el desconocimiento de las reglas que debe regir la
cambio de la licitación pública a contratación actuación contractual de los que administran los
directa, que es la modalidad menos exigente, recursos públicos de las entidades. En la
impidió que todas las personas interesadas medida en que la contratación esta centrada en
pudieran participar, y que entre ellas, la entidad los principios que la regulan, por ello su
escogiera la mejor propuesta para satisfacer desconocimiento esta elevada a la categoría de
sus intereses. falta disciplinaria.» [sic]
Segunda instancia: Segunda instancia:
101 Ibidem.
102 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 12 de mayo de 2014,
radicación: 11001-03-25-000-2012-00167-00(0728-12).
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Demandante: Nelson Ricardo Mariño Velandia
«En este orden, no cabe duda para la Sala que «[...] el disciplinado inobservó los principios de
el disciplinado Mariño Velandia se apartó de la economía y responsabilidad de la contratación
función pública, en cuanto no desempeñó sus estatal, derivándose con ello la antijuridicidad
funciones actuando diligente y positivamente sustancial de su proceder, en el entendido que
dentro del marco de las competencias legales con la suscripción del convenio 001 del 14 de
atribuidas como representante legal y director mayo de 2012 con la Caja de Compensación de
de la actividad contractual dentro del Casare -COMFACASANARE-, el disciplinado le
departamento de Casanare, protegiendo o causó un mayor gasto al departamento, por
tutelando el bien jurídico de la función publica, cuanto la prestación del servicio de elaboración
dado que se trata del desconocimiento y distribución de almuerzos para garantizar el
sustancial del deber funcional del disciplinado servicio de restaurante escolar a los
consistente en adelantar el proceso licitatorio, estudiantes, no fue realizada por la referida
como mecanismo general y reglado de empresa sin ánimo de lucro sino por una firma
selección de contratistas establecido en las denominada Unión Temporal Alimenta
leyes de contratación, con el fin de garantizar la Casanare 2012, quien sí tenía la idoneidad para
transparencia, igualdad, imparcialidad y libre la ejecución del referido objeto, aspecto que
concurrencia de quienes pretendan contratar generó una intermediación de aquella y, como
con el departamento la preparación y consecuencia de ello, un exceso en el valor del
distribución de alimentos a estudiantes del convenio por la suma de $1.200’036.600, luego
departamento y de contera seleccionar la no se trata en este caso de un mero
propuesta más favorable para este. [...]» desconocimiento formal de los deberes
funcionales del disciplinado sino una
pretermisión sustancial de los principios que
deben gobernar la actuación estatal de quienes
administran recursos públicos.»
173. Ahora, para justificar la ausencia de ilicitud sustancial, el actor manifestó que no
se constituyó un mayor gasto para el departamento por valor de $1.200.036.600
porque la suma fue considerada a favor de la gobernación de Casanare y, de
cualquier modo, no estaba probado en el expediente.
174. Para resolver el argumento expuesto basta acudir al acápite anterior que
desvirtuó la existencia de liquidación del convenio y que la suma referida se dejó a
favor del departamento. Como se anotó, se trató de un proyecto que no fue
aceptado por Comfacasanare y que devino de la existencia de los procesos
disciplinario y de responsabilidad fiscal. Pero, además, es necesario señalar que el
mayor valor no se generó con ese acto, sino con la suscripción del convenio, como
lo sostuvo el a quo.
175. Igualmente, es importante mencionar que –de conformidad con el artículo 305
superior– el gobernador debe cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los
decretos del gobierno y las ordenanzas de las asambleas departamentales, así
como presentar oportunamente a la asamblea departamental los proyectos de
ordenanza sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras
públicas y presupuesto anual de rentas y gastos.
176. La Sala considera que el juicio realizado por la PGN es acertado, pues Nelson
Ricardo Mariño Velandia incumplió los deberes que le imponía el ordenamiento
jurídico. Ciertamente, estos no se limitaban a firmar el convenio de cooperación sino
a verificar, vigilar y controlar que se tratara de un negocio jurídico permitido y,
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aunque todos sus asesores –al rendir sus declaraciones– manifestaron que fueron
ellos quienes le sugirieron que el convenio a la luz del artículo 355 de la Constitución
era permitido, lo cierto es que la suscripción del convenio exigía la plena seguridad
del actor, no solo la confianza en que así se lo manifestaron sus subordinados.
177. Ciertamente, el cargo de gobernador exige –sin duda– una conducta ejemplar,
caracterizada por una atención rigurosa y comprometida con la satisfacción de los
servicios a cargo de la entidad, así como la estricta observancia de los principios
que orientan la función pública, máxime si se tiene en cuenta que (i) tenía
experiencia como concejal y alcalde del municipio de Yopal y diputado del
departamento de Casanare; y (ii) conocía las normas que rigen la contratación
estatal, así como la obligación de prestar oportunamente el servicio de restaurante
escolar.
178. Dichode otro modo, aun cuando no era abogado, no solo tenía amplio
conocimiento de las normas de contratación administrativa, sino que era el
representante legal del ente territorial, ordenador del gasto y, sin duda alguna, el
responsable de la contratación, de acuerdo con los artículos 11 y 26 de la Ley 80
de 1993.
179. En suma, Nelson Ricardo Mariño Velandia sí afectó sustancialmente el deber
funcional que le asistía, sin justificación, porque al suscribir el convenio desconoció
los principios de la contratación pública que le indicaban al demandante que debía
garantizarse la selección objetiva, a través de los mecanismos previstos en la Ley
80 de 1993 y con austeridad de gastos.
180. Por lo anterior, se concluye que la valoración realizada por la PGN fue adecuada
porque con la violación de las reglas previstas en el artículo 355 de la Constitución,
el Decreto 777 de 1992 y la Ley 80 de 1992, se desconocieron los principios de
transparencia, economía y responsabilidad.
2.7. Conclusión
181. Por las razones anotadas en precedencia, la Sala confirmará la sentencia
dictada por el Tribunal Administrativo de Casanare que negó las pretensiones, pues
Nelson Ricardo Mariño Velandia suscribió el Convenio 001 de 2012 con
Comfacasanare en contravía del artículo 355 de la Constitución y el Decreto 777 de
1992, en tanto no era idónea para ejecutarlo por su incapacidad técnica y financiera.
Con ello, además de eludir los procesos de selección objetiva previstos en la Ley
80 de 1993, generó un gasto mayor al departamento, pues la caja de compensación
familiar subcontrató la totalidad de dicho acuerdo de voluntades por un menor valor.
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2.8. Costas
182. El artículo 188 del CPACA prevé que, salvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil,
hoy Código General del Proceso.
183. Sobre la aplicación de esta norma, en la sentencia proferida el 1 de diciembre
de 2016103, esta Subsección prohijó el siguiente criterio:
«La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación especial
gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya segunda acepción es
entendida por la Real Academia Española como «2. tr. Deliberar, determinar,
mandar lo que ha de hacerse». Ello implica que disponer en la sentencia sobre
la condena en costas no presupone su causación per se contra la parte que
pierda el litigio y solo, en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las
normas generales del procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo
366 del CGP).
En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones (civil,
comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en materia de costas
siempre es objetiva (artículo 365 del CGP), corresponde al juez de lo
contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición
de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso
a una aplicación razonable de la norma.
Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida esté
revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso normal de
las diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo sea manifiesta la
carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición
o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; se
aduzcan calidades inexistentes; se utilice el proceso, incidente o recurso para
fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; se
obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas; se entorpezca el
desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan transcripciones o citas
deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP).»
184. No evidencia la Sala que la parte vencida actuase con temeridad o mala fe, ni
se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso del trámite procesal;
en consecuencia, como la sentencia será revocada, no se condenará en costas en
ninguna instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
103 Subsección B, expediente 1908-2014.
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FALLA
Primero. Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Casanare el 22 de junio de 2023, por medio de la cual se negaron las pretensiones
de la demanda.
Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.
Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones
en el aplicativo Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
Aclara el voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
PTH
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