Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 85001-23-33-000-2018-00031-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 85001-23-33-000-2018-00031-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 85001-23-33-000-2018-00031-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
26 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 85001-23-33-000-2018-00031-01 (5835-2023)
Demandante: Linibeth Cruz Baquero
Demandado: ESE Hospital Regional de la Orinoquía1
Tema: Relación laboral encubierta
Sentencia de segunda instancia
_________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia proferida el 15 de junio de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Casanare, mediante la cual se accedieron a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Linibeth Cruz Baquero presentó demanda2 en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo3, en orden a que
1 Antes ESE Hospital de Yopal.
2 Samai Tribunal, gestión documentos, 072_03DEMANDA.pdf.
3 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 85001-23-33-000-2018-00031-01 (5835-2023)
Demandante: Linibeth Cruz Baquero
se declarara la nulidad del Oficio PJ-26.2-2017-309 del 22 de septiembre de 2017,
por medio del cual el gerente de la ESE Hospital Regional de la Orinoquía le negó
la existencia de una relación laboral por sus servicios prestados como médico
pediatra desde el 21 de marzo de 2012 hasta el 30 de junio de 2016; y el pago de
las prestaciones laborales y sociales que se derivaban de ella.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) la declaratoria de la existencia de una relación laboral entre las partes en
el periodo comprendido entre el 21 de marzo de 2012 y el 30 de junio de 2016; ii) el
pago de los salarios y prestaciones sociales, tales como las cesantías, vacaciones,
primas de servicios, vacaciones, y navidad, bonificaciones por recreación y servicios
prestados, subsidio familiar, auxilios de alimentación y transporte; iii) la
indemnización moratoria por el no pago de las prestaciones sociales de acuerdo
con el artículo 11 de la Ley 6 de 1945 y artículo 1 del Decreto 797 de 1949; iv) la
sanción moratoria por el no pago de las cesantías; v) el reembolso de las sumas
pagadas por concepto de aportes a la seguridad social, ICA y retención en la fuente;
vi) el pago de la licencia de maternidad; vii) el reajuste de la sumas conforme con el
IPC; viii) la indexación de las sumas que resultaren; ix) el cumplimiento de la
sentencia según lo previsto en los artículos 192 y 195 del CPACA; y x) la condena
en costas y agencias en derecho a la demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Linibeth Cruz Baquero prestó sus servicios como médico pediatra en el Hospital
Regional de la Orinoquía entre el 21 de marzo de 2012 y el 30 de junio de 2016, de
forma continua y sin interrupciones.
3.2. Desde el 21 de marzo de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2014 suscribió
contratos de prestación de servicios de manera directa con el Hospital Regional de
la Orinoquía.
3.3. Con posterioridad, el Hospital Regional de la Orinoquía «tomando provecho de su
posición dominante, de mala fe, obligó a Linibeth Cruz Baquero (pediatra), y a su esposo
(ginecólogo), a crear una empresa como condición para continuar prestando sus servicios
personales como médicos especialistas.».
3.4. Por lo anterior, registraron en Cámara de Comercio a la sociedad especialistas
en pediatría y ginecología de Casanare S.A.S, y entre el 1 de enero de 2015 y el 30
de junio de 2016, el Hospital Regional de la Orinoquía suscribió contratos de
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Demandante: Linibeth Cruz Baquero
prestación de servicios con esa sociedad.
3.5. El 30 de junio de 2016, el Hospital Regional de la Orinoquía de forma unilateral
y sin justa causa, finalizó la relación laboral.
3.6. Las funciones que desarrolló eran subordinadas respecto de los líderes de
pediatría, cirugía, urgencias, hospitalización, el subgerente de prestación de
servicios, el gerente, y el supervisor designado, hacían parte del proceso misional
de la entidad, no eran prestadas de forma independiente y autónoma, y eran iguales
a la que desempeñaba un cargo de planta. Dentro de las cuales se encontraban las
de realizar consultas externas, urgencias, servicio de hospitalización en pediatría
general, neonatología, asistencia a recién nacidos en el área de maternidad, y
cirugías.
3.7. Para la prestación del servicio cumplió un horario laboral con turnos entre 7, 12,
y 24 horas, de lunes a domingo, para ausentarse del lugar de trabajo debía solicitar
un permiso verbal a su jefe inmediato; y recibió una remuneración mensual por sus
servicios.
3.8. Para el ejercicio de sus actividades diligenció documentos como historias
clínicas, reporte de paraclínicos, impresiones diagnósticas, realizó solicitudes de
exámenes de laboratorio, manejo y seguimiento de pacientes, y planes de
tratamiento.
3.9. De conformidad con los procesos y procedimientos de la institución hospitalaria
presentó formatos en desarrollo de la prestación de servicios profesionales, como
la entrega y recibo de turno y cobros, elaboración, actualización de guías de manejo
clínico, actividades académicas, y capacitaciones.
3.10. El pago de los aportes a la seguridad social los realizó como independiente, y
pagó las pólizas de cumplimiento contractual. Y la entidad efectuó los descuentos
en los contratos de prestación de servicios de retención en la fuente e ICA.
3.11. El 16 de agosto de 2017, solicitó a la ESE Hospital Regional de la Orinoquía el
reconocimiento de la relación laboral por el tiempo en que prestó sus servicios como
médico pediatra, y el pago de las prestaciones que se derivaban de ella. La cual fue
negada mediante el Oficio PJ-26.2-2017-309 del 16 de agosto de 2017.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales se señalaron los artículos 2, 13, 25, 53, 122 y 125 de la Constitución
Política; 48 de la Ley 734 de 2002; decretos 1950 de 1973; 1042 y 1045 de 1978;
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Demandante: Linibeth Cruz Baquero
404 de 2006; y 24 del Código Sustantivo del Trabajo.
5. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente4:
5.1. Elartículo 32 de la Ley 80 de 1993 permitió a las entidades estatales la
celebración de contratos de prestación de servicios, en los eventos en que las
actividades no pudieran realizarse con personal de planta, cuando se requiera de
conocimientos especializados, pero deben ser por un tiempo limitado y no pueden
corresponder a la prestación de un servicio público esencial y ser de carácter
misional de una entidad pública, tampoco constantes o permanentes.
5.2. Laentidad desconoció el principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades, porque se configuraron los elementos propios de una relación laboral,
toda vez que se acreditó la existencia de un trabajo desarrollado en las instalaciones
del hospital de manera personal y permanente como médico especialista en
pediatría, una remuneración mensual como retribución por los servicios prestados
y la constante subordinación en el desarrollo de las actividades; porque la entidad
contratante le exigió el cumplimiento de órdenes e instrucciones en cuanto al modo,
tiempo, lugar o cantidad de trabajo para realizar el objeto contractual.
5.3. Por lo anterior, el acto acusado vulneró los postulados constitucionales y legales,
porque la ESE Hospital Regional de la Orinoquía celebró los contratos de prestación
de servicios para ocultar la relación laboral que existió, y no realizar el pago de las
prestaciones sociales.
1.2. Contestación de la demanda
6. La ESE Hospital Regional de la Orinoquía se opuso a las pretensiones de la
demanda, con los siguientes argumentos5:
6.1. El acto demandado fue proferido de acuerdo con los postulados constitucionales
y legales, toda vez que no se configuraron los elementos para declarar la existencia
de una relación laboral, pues si bien se acreditó la prestación de un servicio y unos
honorarios como contraprestación, no se demostró que las labores ejercidas hayan
sido subordinadas, toda vez que estas fueron desarrolladas con plena autonomía e
independencia.
6.2. Entre las partes existió una relación contractual, la cual se reguló por la Ley 80
de 1993, que autorizó a las entidades públicas para celebrar contratos de prestación
4 Samai Tribunal, gestión documentos, 072_03DEMANDA.pdf, visible a folios 16 a 27.
5 Samai Tribunal, gestión documentos, 2RECIBEMEMORIALES_11CONTESTACIONDEMANDAP1.
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Demandante: Linibeth Cruz Baquero
de servicios; sin embargo, ello no generaba un vínculo laboral y el derecho a recibir
prestaciones sociales.
6.3. Los 22 contratos fueron suscritos por la demandante de forma voluntaria, y
aceptó las condiciones contractuales, en las cuales se pactó la «no vinculación
laboral», según la cual «(l)as partes manifiestan de manera expresa y clara, que para el
cumplimiento del objeto Contractual, la contratista tendrá total autonomía e independencia,
lo que implica que no estará sometido a ninguna clase de horario, ni de subordinación
laboral». (sic).
6.4. Si bien la demandante recibió unos honorarios, y realizó un seguimiento y
supervisión de las actividades que desempeñó, esto no configuró una relación
laboral, porque se realizó una coordinación para la prestación del servicio.
6.5. Propuso las excepciones que denominó: i) inexistencia de acto administrativo; ii)
inexistencia de causal de nulidad; iii) inexistencia de la relación laboral; iv) falta de
legitimación en la causa por pasiva; v) indebida conformación de litisconsorcio
necesario; vi) indebida representación de la parte demandante vii) prescripción de
los derechos alegados; y viii) cobro de lo no debido.
7. La Sociedad de Especialistas en Pediatría y Ginecología de Casanare S.A.S. se
opuso a las pretensiones de la demanda, con los siguientes argumentos6:
7.1. La sociedad fue creada por la demandante y su esposo (médico especialista en
la entidad), porque fue una exigencia que realizó el Hospital Regional de la
Orinoquía, con el objeto de ocultar la existencia de una relación laboral, pues la
prestación personal del servicio de Linibeth Cruz Baquero fue hasta el 30 de junio
de 2016, y no hasta el 31 de diciembre de 2014 como de forma errónea lo indicó la
entidad.
7.2. El verdadero empleador siempre fue el Hospital Regional de la Orinoquía, pues
la sociedad solo existió para firmar los contratos, ya que los servicios eran prestados
a la demandada de forma directa, además le suministró las herramientas e
infraestructura para el desarrollo de las funciones, y también estableció los turnos,
horarios y reglamentos.
7.3. Propuso las excepciones que denominó: i) «falta de legitimación en la causa por
pasiva – la parte demandante y el llamado en garantía no puede ser integrado por la misma
persona»; ii) «ausencia de responsabilidad en el pago de derechos laborales por parte de
6 Samai Tribunal, índice 10, 91ALDESPACHO_Llamadoen_16Contestacionypoder(.pdf) NroActua
10.
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Demandante: Linibeth Cruz Baquero
especialistas en pediatría y ginecología del Casanare S.A.S. por ser el Hospital Regional
de la Orinoquía antes Hospital de Yopal el verdadero empleador»; iii) «ausencia de
responsabilidad en el pago de derechos laborales por parte de especialistas en pediatría y
ginecología del Casanare S.A.S. por tratarse de un simple intermediario en el contrato
realidad»; y iv) genérica.
1.3. La sentencia apelada
8. El Tribunal Administrativo de Casanare en la sentencia proferida el 15 de junio de
2023 accedió a las pretensiones de la demanda, y se abstuvo de condenar en costas
a la demandada, con sustento en los siguientes argumentos7:
8.1. Se acreditó el elemento de la prestación personal del servicio con los contratos
suscritos por la demandante y el Hospital Regional de la Orinoquía entre el 21 de
marzo de 2012 y el 30 de junio de 2016, y el objeto fue prestar sus servicios como
médico especialista en pediatría en el Hospital de Yopal.
8.2. Los contratos de prestación de servicios suscritos entre el 16 de enero de 2015
y el 30 de junio de 2016 fueron celebrados por la entidad con la sociedad
especialistas en ginecología y pediatría S.A.S., de la cual era representante legal
Linibeth Cruz Baquero quien los suscribió y prestó los servicios de manera personal
y directa en el Hospital de Yopal.
8.3. Los testimonios de Graciela Abril Tarache y Shirley Paba coincidieron en que la
demandante laboró en los turnos que le fueron asignados, lo cual se ratificó con las
planillas de turnos de los periodos abril a agosto, noviembre y diciembre de 2012;
enero a julio y octubre de 2013; enero a abril y mayo a diciembre de 2014 y enero
a mayo y diciembre de 2015 establecidos de lunes a domingo y en diferentes
jornadas.
8.4. Respecto al elemento de la subordinación, de acuerdo con la sentencia de
unificación del 25 de agosto de 2016 proferida por el Consejo de Estado,
correspondía a un presupuesto estructural de toda relación laboral, porque lleva
implícita la facultad que tenía el empleador para impartir órdenes con el objeto de
dirigir la actividad laboral, lo que implicaba que el trabajador estaba en la obligación
de acatar los mandatos impartidos por su superior; sin embargo, como la relación
laboral en este caso no se presume, resulta necesario demostrar que la persona
que celebró los contratos de prestación de servicios con entidades públicas se
sometió a las órdenes impartidas por el superior.
7 Samai tribunal, gestión documentos, 59_FALLO.
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Demandante: Linibeth Cruz Baquero
8.5. Del material probatorio se demostró que las actividades desempeñadas por
Linibeth Cruz Baquero, le exigían la permanencia y disponibilidad en el Hospital
Regional de la Orinoquía, en donde atendió los pacientes, utilizó las instalaciones,
el carné de identificación suministrado por la entidad, los elementos y equipos de la
institución, en los turnos que le fueron asignados.
8.6. De las planillas de turnos, se demostró que la demandante realizó actividades
en el área de urgencias, hospitalización, salas de maternidad y de neonatos, y
durante los periodos de los contratos celebrados cumplió turnos en horarios de 7am
a 1pm, y de 2pm a 6pm, y completó entre 28 y 30 turnos al mes comprendido por 6
horas diarias asignados de lunes a domingo.
8.7. Por lo anterior, para cumplir con el plazo establecido para cada contrato, realizó
turnos todos los días del mes por periodos prolongados; además las obligaciones
específicas establecidas en cada uno de los contratos suscritos eran iguales a la de
un médico especialista de planta, según el Manual de Funciones y Competencias
laborales, y el informe que presentó la gerente del Hospital Regional de la Orinoquía
respecto de las funciones realizadas por la demandante.
8.8. Lo anterior, significó que la autonomía profesional de la demandante, en relación
con la atención a los pacientes era igual a la que tiene un médico de planta, aunado
a que las obligaciones pactadas entre Linibeth Cruz Baquero y el Hospital Regional
de la Orinoquía, fueron determinadas para el normal funcionamiento de la
prestación del servicio de salud, «valga reiterar las mismas que se establecen para el
personal vinculado laboralmente a la entidad hospitalaria». Además, en los contratos se
indicó que la supervisión estuvo a cargo de la subgerencia de prestación de
servicios del Hospital de Yopal en coordinación con el líder y/o coordinador de cada
área.
8.9. El apoderado del Hospital Regional de la Orinoquía presentó tacha en contra de
los testigos Paola Montaño Cepeda, Silvia María Rodríguez Valderrama, y Sneyder
Manotas por considerar que tenían interés en las resultas del proceso pues
interpusieron demanda con similares pretensiones, razón por la cual se analizaron
los testimonios con mayor rigor y se encontró que los antes mencionados fueron
compañeros de la demandante y el último su pareja, por lo cual conocieron de
manera directa las condiciones en que Linibeth Cruz Baquero prestó sus servicios,
sin que se evidenciara inconsistencias o parcialidad en sus relatos.
8.10. Sobre la tacha del testigo Mario Archila por el vínculo laboral con la entidad, no
ofreció claridad respecto de la prestación de los servicios de la demandante, porque
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«no aporta mayor elemento de juicio». No obstante, los otros testigos dieron unas
versiones coherentes sin que sea posible restarles eficacia a sus declaraciones.
8.11. Además la demandada no aportó prueba adicional para demostrar los motivos
de la tacha, por lo contrario, todos los declarantes señalaron que la planilla de turnos
era igual para los médicos de planta y los contratados por prestación de servicio,
sin que se pueda establecer en qué derivaba la diferencia entre una y otra
vinculación, aunado a que con las demás pruebas aportadas se demostró que
Linibeth Cruz Baquero desempeñó las labores propias de la misión de la institución,
y con el objetivo de cubrir las necesidades del servicio. Por tanto, la tacha que
presentó la entidad no era procedente.
8.12. No existió autonomía en el desarrollo de las actividades ejecutadas por Linibeth
Cruz Baquero, pues a pesar de prestar el servicio por turnos, su labor dependía
siempre de la asignación impuesta por el área de coordinación, por lo cual estaba
supeditada a cumplir el horario, dentro del turno asignado, en el pabellón o lugar y
con la actividad indicada por el jefe inmediato, y el plan de trabajo se estableció de
manera mensual; y para cumplir y ejecutar las labores propias de la misión del
Hospital Regional de la Orinoquía.
8.13. Además en los testimonios de Paola Montaño Cepeda, Graciela Abril y Silvia
Rodríguez, se indicó que la prestación de turnos por parte del médico estaba fijada
de acuerdo a una planilla, por lo cual la demandante debía ceñirse al horario y al
área asignada.
8.14. En ese orden de ideas, se configuró el elemento de subordinación, pues la
Linibeth Cruz Baquero, no desarrolló sus actividades de manera autónoma, pues
requirió la orden de su superior inmediato, en este caso el coordinador del servicio
asignado para atender, en representación del Hospital, a los pacientes que acudían
a solicitar el servicio, sumado a ello, como lo señalaron los testigos, la demandante
realizaba iguales tareas que las desempeñadas por los médicos de planta del
Hospital.
8.15. Ahora bien, en el lapso laborado antes y después de la constitución de la
sociedad, las actividades se desarrollaron en las instalaciones del Hospital Regional
de la Orinoquía, con los medios suministrados por la entidad, atendió los pacientes
que llegaban al hospital, en los turnos y áreas señaladas, por lo cual Linibeth Cruz
Baquero siguió prestando sus servicios en la misma forma en que lo venía haciendo
en virtud de los contratos del 2012 a 2014.
8.16. Sobre la remuneración en cada uno de los contratos de prestación de servicios
suscritos se pactó un valor o forma de pago, en las cuales se determinó el monto
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de cada contrato y la modalidad del pago, lo que se entiende como la remuneración
pactada por el servicio prestado, que inicialmente fue pagada por mensualidades
vencidas.
8.17. Por lo anterior, se cumplieron los elementos esenciales de una relación laboral,
esto es, la prestación personal del servicio, la dependencia, subordinación y la
remuneración, en consecuencia en virtud del principio de la primacía de la realidad
sobre las formas, entre el Hospital Regional de la Orinoquía y Linibeth Cruz Baquero
se configuró una relación laboral, en consecuencia, la entidad deberá pagar las
prestaciones sociales dejadas de percibir durante el término que prestó sus
servicios a la entidad bajo la modalidad de prestación de servicios.
8.18. Frente a la prescripción de los derechos de acuerdo con la regla trazada por el
Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, el
cómputo de la prescripción comienza a contarse a la terminación de cada uno de
los contratos, teniendo en cuenta las interrupciones que se dieron entre uno y otro,
de tal manera que se pueda determinar si hubo o no solución de continuidad, de
conformidad con lo dispuesto la sentencia de unificación del 9 de septiembre de
2021.
8.19. En el sub examine, en principio se acredita que entre la suscripción de uno y
otro contrato ejecutado por la demandante no transcurrieron más de 30 días hábiles.
Sin embargo, el contrato 0876 de 1 de mayo de 2013 fue suspendido el 5 de julio
de 2013 hasta el 3 de noviembre de 2013. Por lo tanto, existió una solución de
continuidad superior a 30 días hábiles, porque en ese lapso no hubo una prestación
personal del servicio.
8.20. En ese orden de ideas, como Linibeth Cruz Baquero efectuó su reclamación el
16 de agosto de 2017, para que se reconociera la existencia de una relación laboral,
los tres años anteriores corresponden al 16 de agosto de 2014, momento para el
cual se encontraba ejecutando el contrato 0490 de 20 de febrero de 2014 que
culminó el 30 de septiembre de 2014, por lo cual no hubo interrupción mayor a 30
días hábiles desde el momento en que se reanudó el contrato que lo antecede, esto
es 3 de noviembre de 2013 hasta la fecha de finalización del último contrato suscrito
correspondiente al 1078 de 29 de abril de 2016 que culminó el 30 de junio de 2016.
En consecuencia, para los periodos anteriores a la fecha de reanudación del
contrato No. 0876 de 1 de mayo de 2013 operó el fenómeno de la prescripción.
8.21. Enese orden de ideas, la entidad deberá reconocer los emolumentos y
prestaciones sociales causados desde el 3 de noviembre de 2013 al 30 de junio de
2016, que corresponden a vacaciones, prima de vacaciones, prima de navidad,
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Demandante: Linibeth Cruz Baquero
auxilio de cesantías e intereses a las cesantías (12%) y solo aquellas que devengue
un empleado que ejerza funciones afines a la demandante en esa entidad y por los
periodos causados y efectivamente laborados. La base para liquidar los
mencionados conceptos corresponde al valor pactado en cada contrato de
prestación de servicios a título de honorarios, acogiendo lo dispuesto en la sentencia
de unificación del 25 de agosto de 2016.
8.22. Por otro lado, no era procedente reconocer los conceptos por sanción moratoria
en el pago de las cesantías toda vez que las obligaciones correspondientes a
prestaciones sociales, incluido el auxilio de cesantía se causan al declarar la
existencia de un contrato realidad, por tanto, se niegan las pretensiones en ese
aspecto. Tampoco era procedente ordenar el reembolso del pago asumido por la
demandante a seguridad social en la cuota parte que le correspondía a la entidad
demandada, teniendo en cuenta lo dispuesto en la tercera regla de la sentencia de
unificación del 9 de septiembre de 2021, por cuanto ese recaudo es de naturaleza
parafiscal.
8.23. Asimismo, de conformidad con lo señalado en la «sentencia del 27 de abril de
2016, no procedía la devolución de los valores descontados por concepto de retención en
la fuente. Ahora, teniendo en cuenta que en el presente asunto se declara acreditada la
existencia de una relación laboral, si la parte actora considera que existe una diferencia en
el pago que se retuvo por concepto de retención en la fuente por parte de la entidad
demandada y lo que debe descontarse, podrá adelantar los trámites a que haya lugar ante
la DIAN.».
8.24. En relación con los aportes pensionales adeudados, en la sentencia de
unificación de 9 de septiembre de 2021, se determinó que, el ingreso base de
cotización pensional, debe calcularse sobre los honorarios pactados, dentro de los
periodos efectivamente laborados en cada uno de los contratos de prestación de
servicios, sobre el cual debe cotizarse al respectivo fondo de pensiones la suma
faltante por concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía
como empleador, además, la parte actora debe acreditar las cotizaciones realizadas
y de encontrarse diferencias en su contra tendrá la carga de pagar o completar,
según el caso, el porcentaje que le concierne como trabajadora.
8.25. Así las cosas, la demandante debió cotizar sobre el IBC correspondiente a los
honorarios pactados en cada contrato de prestación de servicios, razón por la cual,
la entidad hospitalaria demandada, en su condición de empleador debe pagar la
diferencia que resulte al tener en cuenta como nuevo ingreso base de cotización el
100%.
8.26. En consecuencia, la entidad demandada deberá pagar a la administradora de
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Demandante: Linibeth Cruz Baquero
pensiones a la que se encuentre afiliada la demandante, la diferencia entre los
aportes cotizados por ella por concepto de pensión con base en el valor pactado en
cada periodo como honorarios. Y la entidad debe pagar la deuda completa al fondo
y descontar de la condena neta, lo que le corresponda a la demandante por la
diferencia del porcentaje que le incumbía como trabajadora consignar a su fondo
pensional.
8.27. Como la obligación de pagar la diferencia de aportes tanto para la demandante
como para la entidad, genera intereses moratorios, de conformidad con lo
preceptuado en los artículos 2225 y 2326 de la Ley 100 de 1993, será el Hospital
Regional de la Orinoquía E.S.E. quien asuma ese concepto ante el fondo de
pensiones a que se encuentre afiliada la actora, sin que frente a esta obligación
opere el fenómeno de prescripción.
1.4. Los recursos de apelación
9. La demandante interpuso recurso de apelación, el cual sustentó así8:
9.1. Respecto a la prescripción, el tribunal no interpretó y aplicó la norma, los hechos,
y no valoró las pruebas, porque la interrupción del contrato 0876 del 1 de mayo de
2013 fue a causa del nacimiento de su hija Isabella Manotas Cruz, nacida el 28 de
julio de 2013, situación que no es imputable a la trabajadora.
9.2. La interrupción del contrato fue de 4 meses, es decir, suspendido del 5 de julio
de 2013 hasta el 3 de noviembre del 2013, siendo este un indicio que evidencia el
motivo de tal suspensión, y siguiendo la teoría de los móviles y finalidades, la causa
real de tal interrupción fue la licencia de maternidad que no se le ha pagado a la
trabajadora y a la cual le asiste el derecho.
9.3. Luego de concluidos los 4 meses de licencia de la trabajadora, continuó
contratando para desarrollar igual objeto contractual y para satisfacer las
necesidades de la entidad demandada antes de tal suspensión, porque las
funciones que continuó desarrollando desde el 20 de febrero de 2014 al 29 de abril
de 2016, para un total de 2 años, 2 meses y 8 días lo cual deja en evidencia la
intención real del accionado en contratar los servicios de la trabajadora de forma
permanente, y en consecuencia, se considera prudente flexibilizar el término de 30
días para declarar la no solución de continuidad y por consiguiente no se configura
la prescripción al tratarse de una única relación laboral encubierta, asimismo el pago
8 Samai Tribunal, gestión documentos,
65_RECIBEPORCORREOELECTRONICO_201800031RECURSOD.
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Demandante: Linibeth Cruz Baquero
de derechos y acreencias laborales de toda la relación, junto con el reconocimiento
y pago de la licencia de maternidad, esto es, del 21 de marzo de 2012 a 29 de abril
de 2016.
9.4. Por lo anterior, solicitó que fuera modificada la sentencia de primera instancia, y
declarar la existencia de la relación laboral encubierta sin solución de continuidad,
es decir, desde el 21 de marzo de 2012 hasta el 29 de abril de 2016, en
consecuencia, no declarar la prescripción trienal de los derechos laborales puesto
que el reconocimiento de la existencia del contrato realidad se da desde la ejecutoria
de la sentencia, asimismo el reconocimiento y pago de derechos y acreencias
laborales por todo el término al igual que la licencia de maternidad.
10. La ESE Hospital Regional de la Orinoquía interpuso recurso de apelación, el cual
sustentó así9:
10.1. La sentencia de primera instancia vulneró el principio de congruencia de la
sentencia, porque el poder otorgado por la demandante a su abogado para que en
su nombre y representación demandara así: «[e]n contra del HOSPITAL DE YOPAL,
representado legalmente por el señor Alcaldía o quien haga sus veces al momento de
notificación de la demanda, con el objeto que, previos los trámites legales correspondientes,
se declare la nulidad del acto administrativo No. PJ 26.2-2017-309 de fecha 22 septiembre
de 2017.».
10.2. Por lo tanto, ese mandato está conferido para demandar la nulidad del acto
administrativo No. PJ-26.2-2017-309 de fecha septiembre 22 de 2017, y «no para
pretender el restablecimiento del derecho que se demandó»; además «se indicó que el
Hospital Regional de la Orinoquía era representado por el alcalde o quien haga sus veces»
lo cual no es correcto porque la entidad es de orden departamental, es decir que no
cumplió con lo previsto en los artículos 73 y 74 del Código General del Proceso.
10.3. El a quo consideró que se acreditó el elemento de la subordinación, de acuerdo
con los contratos de prestación de servicios que fueron suscrito por la demandante,
y con las pruebas testimoniales.
10.4. No obstante, en la audiencia de pruebas propuso la tacha respecto de los
testimonios de Mileidy Paola Montaño Cepeda, Graciela Isabel Abril Tarache, Silvia
Maria Rodriguez Valderrama, Shirley María Paba Vega, y Sneyder Manotas Solano,
porque también presentaron demanda de nulidad y restablecimiento en las cuales
solicitaron la declaración de la existencia de la relación laboral; lo cual afecta la
credibilidad o imparcialidad del contenido de sus declaraciones.
9 Samai Tribunal, gestión documentos, 62_MemorialWeb_Recurso.
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Demandante: Linibeth Cruz Baquero
10.5. Por lo anterior, «la tacha se tenía que conceder en la sentencia pues esa prueba se
debía excluir de la actuación procesal de modo que no sirviera como medio de convicción
y fundamento de la decisión final, y más aún cuando dichos testigos aseveraron en sus
declaraciones tener las demandas de los radicados judiciales citados ante el mismo
Tribunal Administrativo de Casanare.».
10.6. Ahora bien, las recomendaciones, las actividades de coordinación técnica y
labores de supervisión de la ejecución de los contratos realizados por la entidad, no
configuran el elemento subordinación, toda vez que la demandante durante el
cumplimiento de los objetos contractuales gozó de plena autonomía e
independencia para realizar su trabajo, y lograr el cumplimiento de cada objeto
contractual.
10.7. No se demostró que la entidad le haya impuesto a la demandante un criterio
profesional, tampoco el cumplimiento de un cronograma de trabajo porque era
concertado, ni le fueron impartidas órdenes para desarrollar sus actividades.
10.8. Tampoco se demostró que la demandante no podía ausentarse de su lugar de
trabajo o que debía pedir permiso para ello, pues no obra amonestación, llamado
de atención o sanción disciplinaria en su contra. Además, la entidad no impuso
ninguna actividad; y sobre la utilización de equipos y elementos para el
cumplimiento de sus actividades, por el objeto social del hospital «ponía a disposición
dichos elementos, pero esto no demuestra subordinación alguna.».
10.9. En relación con la prescripción, «ante una eventual confirmación de un contrato
realidad y que favorezca al demandante, se debe dar aplicabilidad estricta a las normas que
sobre prescripción de derechos laborales establece el ordenamiento jurídico en tratándose
de los empleados públicos, como garantía del principio constitucional de igualdad, ya que
existe transgresión de ellas y específicamente de las preceptivas 41 del Decreto 3135 de
1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969 (reglamentario del primero), las cuales regulan las
acciones que emanen de los derechos consagrados en dichas normas, señalando que los
mismos prescriben en tres años contados desde que la respectiva obligación se haya hecho
exigible.».
10.10. Lano solución de continuidad inferior a 30 días no puede privilegiar los
derechos en cuanto a las prestaciones sociales, de quien se favorece con el
reconocimiento de la existencia de la relación laboral encubierta, por cuanto se debe
presentar la demanda dentro de los 3 años contados desde que la respectiva
obligación se haya hecho exigible.
10.11. El tribunal determinó que la demandante ejerció actividades contractuales que
se asimilaban a las funciones del cargo de médico especialista para estructurar la
relación laboral encubierta, ese privilegio que se materializaría a partir del
13
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reconocimiento de derechos laborales y de carácter prestacional, debió ser
liquidado con fundamento en lo devengado por un médico especialista de planta, y
no con los honorarios percibidos por la demandante.
10.12. Por lo expuesto, solicitó de forma subsidiaria fuera modificada la sentencia en
ese aspecto, para realizar la liquidación de acuerdo con un cargo de planta, con los
derechos que se le pagan a los empleados públicos, y que se encuentran en la
estructura administrativa del hospital.
10.13. Por lo anterior, solicitó que fuera revocada la sentencia de primera instancia.
1.5. Intervenciones en segunda instancia
11. Toda vez que no se advirtió la necesidad de decretar las pruebas solicitadas por
la parte demandante, no se ordenó correr traslado para que los extremos procesales
alegaran de conclusión, tal como lo dispone el numeral 5 del artículo 247 del
CPACA10.
1.6. El Ministerio Público
12. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no presentó concepto.
2. Consideraciones
2.1. Los problemas jurídicos
13. De acuerdo con el artículo 328 del Código General del Proceso11, la competencia
del juez de segunda instancia está enmarcada por los argumentos expuestos en el
recurso de apelación; no obstante, cuando ambas partes discutan toda la
providencia, el superior resolverá sin limitaciones.
14. En esas condiciones, los problemas jurídicos que se deben resolver en esta
instancia se contraen a determinar:
14.1. ¿Si entre Linibeth Cruz Baquero y la ESE Hospital Regional de la Orinoquía, se
configuró una relación laboral por sus servicios prestados como médico especialista
en pediatría?
14.2. En caso afirmativo, ¿si tiene derecho al reconocimiento y pago de las
10 Samai, índice 4, 4AUTOQUEADMITE58352023ADMISORIOAPELACION2080SINPRUEBASPDF
NroActua 4.
11 En lo que sigue CGP.
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prestaciones sociales derivadas de esa relación laboral? y ¿si operó el fenómeno
jurídico de la prescripción frente a estas?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. Sobre la existencia de las relaciones laborales encubiertas
15. El numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 permite la celebración de
contratos de prestación de servicios con las entidades del sector público, así:
«Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos
jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el
presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o
derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título
enunciativo, se definen a continuación:
(…)
3o. Contrato de Prestación de Servicios.
Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable.».
16. Por su parte, el Decreto 2209 de 199812 precisó que «(l)os contratos de prestación
de servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista
personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán».
17. De esta forma, en cuanto tiene que ver con la contratación de personas naturales,
la norma exige que solo se celebrarán con el propósito de suplir actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para
desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de planta. De
allí que la consecuencia jurídica lógica radica en que no se generará una relación
laboral y con ello tampoco se producirá ningún tipo de prestación social.
18. La Corte Constitucional, en sentencia C-147 de 1997, al estudiar la
constitucionalidad de las expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o»
y «en ningún caso (...) generan relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en
el citado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, estableció que el ejercicio
12 «Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998».
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de tal potestad es ajustado a la Carta Política, siempre y cuando la administración
no la utilice para ocultar la existencia de una relación laboral personal subordinada
y dependiente.
19. De tal forma, se hace necesario remitirse al artículo 53 de la Constitución Política
que dispone, frente a los principios mínimos fundamentales en materia laboral, entre
otros, el de la primacía de la realidad sobre las formalidades. Esto señala la norma:
«Articulo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá
en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad
a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y
conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho;
primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las
relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento
y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador
menor de edad.
El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones
legales.
Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la
legislación interna.
La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la
libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores.». (Resalta la Sala).
20. Así, cuando la norma constitucional alude a los convenios internacionales
debidamente ratificados, impone remitirse a su vez, a la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)13 que previó una garantía al derecho
a la igualdad a través del principio de «salario igual por un trabajo de igual valor».
En igual sentido el artículo 2 del Convenio 111 de esa organización 14, desarrolló el
principio anterior al establecer que «(t)odo miembro para el cual este Convenio se halle
en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los métodos
adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y
de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación
a este respecto».
21. Ahora bien, el «(p)rotocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales»15 y
13 Aprobada el 11 de abril de 1919.
14 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
15 Adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988.
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que también fue ratificado por Colombia, establece que todos los Estados parte
deben garantizar, como mínimo, «unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias»,
y, en particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores
condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario
equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».
22. Estasobligaciones internacionales, encuentran vigencia en el ordenamiento
colombiano. En particular, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo señala
los elementos esenciales del contrato de trabajo de la siguiente manera:
«Artículo 23. Elementos esenciales. <Artículo subrogado por el artículo 1o. de la Ley
50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>
1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos
esenciales:
a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;
b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador,
que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe
mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor,
la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o
convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen
al país; y
c. Un salario como retribución del servicio.
2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe
contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras
condiciones o modalidades que se le agreguen».
23. Aquí se debe precisar que, en materia probatoria, la presunción que se establece
en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia laboral
ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del empleador,
caso distinto ocurre cuando se involucran relaciones entre los servidores públicos o
particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir esa carga siempre que
intenten develar una relación laboral a través de un contrato de prestación de
servicios.
24. Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de
unificación16 del 25 de agosto de 2016, indicó lo siguiente:
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado
230012333000201300260 01 (0088-15) CE–SUJ2-005-16. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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Demandante: Linibeth Cruz Baquero
«De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando
se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la
prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral,
de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en
aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas
en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con
el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas
preceptuados en normas respecto de la materia.
En otras palabras, el denominado “contrato realidad” aplica cuando se constata en juicio
la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad
misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o
instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de
desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos
contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las
relaciones laborales17». (Resalta la Sala).
25. Así entonces, el Consejo de Estado ha reiterado la necesidad de que se acrediten
fehacientemente los 3 elementos propios de una relación de trabajo, como son la
prestación personal del servicio, la remuneración y, en especial, la subordinación y
dependencia del trabajador respecto del empleador.
26. Ahora, sobre la prescripción del derecho reclamado en el marco de una relación
laboral encubierta, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la referida
sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, señaló:
«Por lo tanto, si quien pretende el reconocimiento de la relación laboral con el Estado,
se excede de los tres años, contados a partir de la terminación de su vínculo contractual,
para reclamar los derechos en aplicación del principio de la “...primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales” (artículo
53 constitucional), se extingue el derecho a solicitar las prestaciones que se deriven de
aquella, pues dicha situación se traduciría en su desinterés, que no puede soportar el
Estado, en su condición de empleador.
Pero en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de
servicios».
17 «En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en
sentencia del 27 de enero de 2011, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-23-31-
000-1998-03542-01(0202-10)».
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Demandante: Linibeth Cruz Baquero
27. Esta providencia aclaró que el fenómeno prescriptivo no opera respecto de los
aportes para pensión, en consideración a la condición periódica del derecho
pensional que los hace imprescriptibles.
28. Además, este mecanismo de contratación tiene un límite temporal, esto es que
solo es posible ejecutarlo por el término indispensable para el cumplimiento de la
labor contratada.
29. Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación en la sentencia SUJ-025-
CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 202118 estableció las siguientes reglas de
unificación frente a varios aspectos de las relaciones laborales encubiertas, como
son: i) el sentido y alcance de la expresión «término estrictamente indispensable»
(temporalidad) contenido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; ii) la
delimitación del término de solución de continuidad en los contratos estatales de
prestación de servicios que ocultaron la existencia de una relación laboral que se
declara, a efectos de determinar la prescripción de derechos; y iii) la improcedencia
de la devolución de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud efectuados
por el contratista. Al efecto se señaló:
«(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable»,
al que alude el numeral 3.o del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los
estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de
planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a
favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con
ánimo de permanencia.
(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución
de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a
las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del expediente.
(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal».
30. En esta providencia se sostuvo que «aun cuando se acrediten los mencionados
elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una
relación laboral, gracias a la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades, por lo que, en ningún caso, será posible darle la categoría de empleado
público a quien prestó sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el artículo
122 de la Carta Política».
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 9 de
septiembre de 2021, expediente: 1317-2016, magistrado ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.
19
Radicado: 85001-23-33-000-2018-00031-01 (5835-2023)
Demandante: Linibeth Cruz Baquero
31. En línea con lo expuesto, se establece que quien demande tiene que desvirtuar
inicialmente la presunción de legalidad del contrato estatal del artículo 32 de la Ley
80 de 1993. Así que es necesario que se prueben los elementos de la relación
laboral, esto es la actividad personal del trabajador, la subordinación continuada y
dependencia de este y la remuneración como retribución del trabajo prestado, para
que se pueda configurar una relación laboral encubierta.
2.2.2. El sistema de la sana crítica o persuasión racional del juez en la
apreciación de las pruebas
32. El artículo 211 del CPACA señaló que en lo relativo al régimen probatorio de los
procesos que se adelantan ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo se
deben aplicar las normas del Código de Procedimiento Civil, hoy Código General del
Proceso19.
33. Al respecto, se observa que el artículo 164 del CGP advierte sobre la necesidad de
que todas las decisiones judiciales sean tomadas con base en el material probatorio
recaudado. Esta disposición establece:
«Artículo 164. Necesidad de la prueba. Toda decisión judicial debe fundarse en las
pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Las pruebas obtenidas con
violación del debido proceso son nulas de pleno derecho».
34. Ahora bien, comoquiera que la finalidad de la prueba en un proceso judicial es llevar
al juez a la certeza de los hechos que se ponen de presente en la demanda o en su
contestación para soportar las pretensiones o las excepciones de la defensa, el
legislador ha previsto unos medios de prueba que pueden ser decretados por aquel
para efectos de llegar a ese convencimiento y con ello resolver los asuntos que le son
puestos a su conocimiento. Para tal efecto, el artículo 165 del CGP ha previsto los
medios de prueba de que se puede disponer en el marco de un proceso judicial así:
«Artículo 165. Medios de prueba. Son medios de prueba la declaración de parte, la
confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial,
los documentos, los indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para
la formación del convencimiento del juez.
El juez practicará las pruebas no previstas en este código de acuerdo con las disposiciones
que regulen medios semejantes o según su prudente juicio, preservando los principios y
garantías constitucionales».
35. Así las cosas, es claro que en el proceso contencioso-administrativo las partes
procesales tienen a su alcance diferentes medios de prueba de los que pueden
19 En adelante CGP.
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Radicado: 85001-23-33-000-2018-00031-01 (5835-2023)
Demandante: Linibeth Cruz Baquero
disponer para validar los hechos, pretensiones y excepciones que se proponen dentro
de este.
36. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional 20 el sistema de
la sana crítica o persuasión racional [a diferencia de otros sistemas de valoración
probatoria21], obliga al operador a establecer por sí mismo el valor de las pruebas
con base en las reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia.
37. En tal virtud, la dirección del debate probatorio por el operador judicial debe estar
siempre orientado por la finalidad de averiguar la verdad sobre los hechos materia
de debate, tanto al decretar pruebas de oficio y a solicitud de parte, como al valorar
los medios de prueba allegados al proceso. Ciertamente uno de los fines del del
Estado Social de Derecho es garantizar los derechos constitucionales de igualdad
y debido proceso previstos por la Constitución Política.
38. Frente a la apreciación de las pruebas, el artículo 176 del CGP prevé que deben
ser valoradas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio
de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de
ciertos actos y constituye deber del juez exponer de manera razonada el mérito que
le asigne a cada elemento probatorio.
2.3. Caso concreto
39. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
20 Corte constitucional, sentencia C-202 de 2005.
21 El máximo tribunal constitucional indicó que «[…] de acuerdo con la doctrina jurídica procesal, en
materia de apreciación de las pruebas, es decir de la actividad intelectual del juzgador para
determinar su valor de convicción sobre la certeza, o ausencia de ésta, de las afirmaciones de las
partes en el proceso, existen tres (3) sistemas, que son:
i) El sistema de íntima convicción o de conciencia o de libre convicción, en el cual se exige
únicamente una certeza moral en el juzgador y no se requiere una motivación de su decisión, es
decir, no se requiere la expresión de las razones de ésta. Es el sistema que se aplica en la institución
de los llamados jurados de conciencia o jueces de hecho en los procesos penales en algunos
ordenamientos jurídicos.
ii) El sistema de la tarifa legal o prueba tasada, en el cual la ley establece específicamente el valor
de las pruebas y el juzgador simplemente aplica lo dispuesto en ella, en ejercicio de una función que
puede considerarse mecánica, de suerte que aquel casi no necesita razonar para ese efecto porque
el legislador ya lo ha hecho por él.
Este sistema requiere una motivación, que lógicamente consiste en la demostración de que el valor
asignado por el juzgador a las pruebas guarda total conformidad con la voluntad del legislador.
iii) El sistema de la sana crítica o persuasión racional, en el cual el juzgador debe establecer por sí
mismo el valor de las pruebas con base en las reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia.
Este sistema requiere igualmente una motivación, consistente en la expresión de las razones que el
juzgador ha tenido para determinar el valor de las pruebas, con fundamento en las citadas reglas.
(…)». (Se resalta).
21
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Demandante: Linibeth Cruz Baquero
39.1. De conformidad con los contratos de prestación de servicios22, actas de
liquidación y de pago, y certificaciones de tiempo de servicio, suscritos por la ESE
Hospital Regional de la Orinoquía y la demandante trabajó así:
Contrato u
orden de Interrupción
Valor mensual Duración Objeto
prestación de días hábiles
servicios
«156 horas, para ejecutar
en un término máximo de
30 días, a partir de su
0785 del 21 de
$8.556.444 perfeccionamiento» -
marzo de 2012
21-03-2012
a
1-04-2012
«156 horas, para ejecutar
en un término máximo de
30 días, a partir de su
0817 del 2 de -
$8.556.444 perfeccionamiento»
abril de 2012
2-04-2012
a
30-04-2012
«195 horas, para ejecutar
en un término máximo de Prestar servicios de
30 días, a partir del 1 de salud como médico
0864 del 30 de
$10.695.555 mayo de 2012» especializado en -
abril de 2012
01-05-2012 pediatría para la ESE
a Hospital de Yopal
30-05-2012
«195 horas, para ejecutar
en un término máximo de
30 días, a partir de su
1219 del 1 de
$10.695.555 perfeccionamiento» -
junio de 2012
1-06-2012
a
30-06-2012
«231 horas, para ejecutar
en un término máximo de
30 días, a partir del 1 de
1599 del 29 de
$12.670.119 julio de 2012» -
junio de 2012
01-07-202
a
30-07-2012
«195 horas, para ejecutar
en un término máximo de
30 días, a partir del RP y
1647 del 1 de la vigencia de la póliza
$10.695.555 -
agosto de 2012 única de cumplimiento»
01-08-2012
a
30-08-2012
«390 horas, para ejecutar
2013 del 1 de en un término máximo de
septiembre de $21.391.110 60 días, a partir del RP y -
2012 la vigencia de la póliza
única de cumplimiento»
22Samai tribunal, gestión documentos, 073_04ANEXOSDEMANDAPD, visibles a folios 1 a 94,
93_RECIBEMEMORIAL_02ContestacionDemand_0_20250611110714696, visibles a folios 40 a
116.
22
Radicado: 85001-23-33-000-2018-00031-01 (5835-2023)
Demandante: Linibeth Cruz Baquero
01-09-2012
a
30-10-2012
«390 horas, para ejecutar
en un término máximo de
2131 del 1 de 30 días, a partir del RP y
noviembre de la vigencia de la póliza
$16.948.341
2012 única de cumplimiento»
tribunal 01-11-2012
a
30-11-2012
«237 horas, para ejecutar
en un término máximo de
30 días, a partir del RP y
2179 del 1 de
la vigencia de la póliza
diciembre de $12.999.213 -
única de cumplimiento»
2012
01-12-2012
a
30-12-2012
«924 horas, para ejecutar
en un término máximo de
120 días, a partir del Prestar servicios de
registro presupuestal y la salud como médico
0282 del 1 de vigencia de la póliza de especializado en
$50.680.476 pediatría para la ESE -
enero de 2013 responsabilidad
extracontractual» Hospital de Yopal
01-01-2013
a
30-04-2013
«5 meses contados a
partir de la expedición del
registro presupuestal y la
0876 del 1 de suscripción del acta de
$63.350.595 -
mayo de 2013 inicio»
01-05-2013
a
30-09-2013
«PRIMERO: que mediante oficio presentado
el día de hoy cinco (5) de Julio del presente
año, solicita suspensión temporal del
contrato por motivos de salud personal
(Embarazo de Alto Riesgo) Teniendo en
cuenta lo anterior, que evidentemente
alteran la ejecución del objeto contractual y
como quiera que constituyen razones
suficientes para la suspensión del Contrato,
Acta de las partes de común acuerdo convienen las
suspensión del siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA:
contrato de Suspender el contrato a partir del dia 06 de
prestación de julio del 2.013. CLÁUSULA SEGUNDA: La
servicio de presente acta no modifica las demás
82
salud 0876 del condiciones establecidas en el contrato.
1 de mayo de CLÁUSULA TERCERA: Superados los
2013 inconvenientes que Justificaron la
suspensión, se reiniciará la ejecución del
objeto contratado, previa elaboración y
suscripción de la respectiva acta, en donde
se hará constar la fecha. CLAUSULA
CUARTA: Una vez reiniciada la ejecución, el
contratista deberá modificar o ampliar la
vigencia de la garantía. Para constancia se
firma en Yopal a los 05 días del mes de Julio
del 2013.».
23
Radicado: 85001-23-33-000-2018-00031-01 (5835-2023)
Demandante: Linibeth Cruz Baquero
En el Yopal (Casanare), a los TRES DÍAS
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, los
abajo firmantes en calidad de SUPERVISOR
Y CONTRATISTA, respectivamente, hemos
acordado Reiniciar la ejecución del presente
contrato, como quiera que se superaron los
motivos que se dieron lugar a la suspensión
al contrato, tal como se dejó estipulado en el
Acta de suspensión de fecha 05 de julio del
2013, y que el contratista se compromete a
modificar, ampliar o actualizar la garantía
Acta de reinicio única. Por lo anterior las partes acuerdan
del contrato de que el CONTRATISTA reiniciara la ejecución
prestación de del objeto contractual a partir del día 03 DE
servicios de NOVIEMBRE DEL 2013. En consecuencia, a
salud 0876 del continuación, se señala la nueva fecha de
1 de mayo de terminación, de acuerdo con los demás
2013 datos del contrato y del acta de suspensión. Prestar servicios de
Plazo del contrato: 5 meses. salud como médico
Fecha de inicio del contrato: 1 de mayo de especializado en
2013. pediatría para la ESE
Fecha de suspensión: 5 de julio de 2013. Hospital de Yopal
Días de suspensión: 3 meses, 28 días.
Fecha inicial de terminación: 31 de
octubre de 2013.
Fecha de reiniciación: 3 de noviembre de
2013.
Nueva fecha de terminación: 27 de enero
de 2014.
«1092 horas a ejecutar en
un periodo no mayor a 4
0490 del 20 de meses, 10 días»
$64.087.296 18
febrero de 2014 20-02-2014
a
30-06-2014
Adición y «414 horas a ejecutar en
prorroga 1 del un plazo máximo de 3
contrato de meses, 1 día, hasta el 30
prestación de $24.296.832 de septiembre de 2014» -
servicios 0490 30-06-2014
del 20 de a
febrero de 2014 30-09-2014
«648 horas en 3 meses
contados a partir del 1 de
0963 del 30 de
octubre de 2014»
septiembre de $38.029.824 -
01-10-2014
2014
a
9-12-2014
«277 horas en 21 días
contados a partir del 10
1199 del 9 de
de diciembre de 2014»
diciembre de $16.256.576 -
10-12-2014
2014
a
31-12-2014
«1825 horas en 2 meses,
20 días calendario»
0499 del 16 de
$109.248.150 16-01-2015 9
enero de 2015
a
6-04-2015
«1320 horas en 2 meses,
1048 del 30 de contados a partir del 1 de
$79.017.840 18
abril de 2015 mayo de 2015»
01-05-2015
24
Radicado: 85001-23-33-000-2018-00031-01 (5835-2023)
Demandante: Linibeth Cruz Baquero
a
30-06-2015
«1800 horas en 3 meses»
1504 del 1 de 01-07-2015
$107.751.600 -
julio de 2015 a
30-07-2015
«1200 horas en 2 meses»
2117 del 1 de 01-10-2015
$71.834.000 -
octubre de 2015 a
31-11-2015
Adición y
prorroga 1 del «1 mes hasta el 31 de Prestar servicios de
contrato de diciembre de 2015» salud como médico
prestación de $35.917.200 01-12-2012 especializado en -
servicios «2117 a pediatría para la ESE
del 1 de octubre 31-12-2015 Hospital de Yopal
de 2015»
«1650 horas en 2 meses,
20 días»
0513 del 12 de
$98.772.300 12-01-2016 6
enero de 2016
a
31-03-2016
«1240 horas en 2 meses,
contados a partir del 1 de
1078 del 29 de mayo de 2016»
$74.228.880 -
abril de 2016 1-05-2016
a
30-06-2016
39.2. En el desarrollo de los contratos de prestación de servicios, entre otras, se
ejecutaron las siguientes actividades:
«1) Brindar asesoría, apoyo, información y atenciones de salud a la totalidad de los
pacientes del Hospital de Yopal ESE.
2) Prestar el apoyo a las actividades de tipo académicas y científicas que el Hospital
tiene comprometidas con las Universidades mediante los convenios docentes y de
servicios, regulados por el decreto 190/96 y demás normas que lo adicionen, modifiquen,
complemente o sustituyan.
3) Realizar oportuna y correctamente el diligenciamiento del RUAF (Registro único de
afiliados, aplicación nacimientos y defunciones).
4) Detectar, evaluar y notificar a la Subgerencia sobre presuntas irregularidades en
ejercicio de las actividades del objeto contractual.
5) Generar empatía con el usuario y sus familiares y allegados, respeto al secreto
profesional y al paciente, demostrando compromiso, cortesía, consideración, voluntad
para resolver problemas, trabajo en equipo y capacidad para escuchar.
6) Desarrollar las actividades objeto del presente contrato, con autonomía técnica y
científica, sin ningún tipo de subordinación, con compromiso responsabilidad y
autocontrol.
7) Velar por el uso adecuado de equipos materiales y elementos que están a su
disposición.
8) Responder civil y fiscalmente por los bienes puestos a su disposición por la empresa
para el cumplimiento del objeto contractual; en caso de pérdida, reponer el bien en las
mismas condiciones o cancelar su valor comercial a la fecha de reposición. Si es daño,
asumir los costos de su reparación.
9) Responder fiscalmente por las glosas, que por deficiencias en el diligenciamiento de
la historia clínica y sus anexos o por no pertinencia de los procedimientos o actividades
25
Radicado: 85001-23-33-000-2018-00031-01 (5835-2023)
Demandante: Linibeth Cruz Baquero
realizadas, le hagan a las facturas de prestación de servicios las diferentes Empresas
Responsables del Pago -ERP.
10) Respuesta a glosas: conjuntamente con la oficina auditora encargada de
contestación de objeciones y/o glosas, coadyuvará en la elaboración de la respuesta a
las mismas, cuando ésta proceda, en virtud a la ejecución de sus obligaciones
contractuales.
11) Y todas las demás actividades necesarias que le sean asignadas por parte del Líder
del Proceso y que complementen y guarden relación con el objeto del contrato.
12) Presentar informe mensual de las actividades realizadas, a efectos de acta de
liquidación por parte de la supervisión del contrato. Igualmente, el contratista debe
ajustarse a la demanda y a las necesidades de la institución y no a las particulares.
13) Diligenciar el formato de entrega de turno, el cual será requisito para la firma de las
actas de pago.
14) Informar al supervisor cuando el contrato alcance una ejecución del 70%.
15) Aplicar en la ejecución de las actividades contractuales las políticas institucionales
sobre producción, racionalización del gasto, estandarización de procesos, información,
atención al cliente, optimización de recursos, imagen, institucional, plan de desarrollo,
plan de gestión y otros.». (sic).
39.3. Oficio GTH-26.2-2016-211 del 12 de octubre de 201623, proferido por el gerente
de la ESE Hospital de Yopal, en el cual señaló de acuerdo con el Manual de
Funciones y Competencias laborales de la entidad, el empleo de nivel de profesional
• médico especialista, código 213, grado 9, área funcional asistencial tiene las
siguientes las funciones:
«1. Cumplir con el acto profesional de la atención médica a los pacientes con autonomía
profesional, teniendo en cuenta la relación personalizada entre el profesional de la salud
y el paciente y conservando en las actuaciones y acciones una conducta profesional
regida por la ética y responsabilidad.
2. Desarrollar el ejercicio profesional y de la especialidad, teniendo en cuenta valores y
principios humanidad, dignidad, responsabilidad, prudencia y secreto profesional en la
prestación del servicio.
3. Realizar la atención médica especializada, establecer el diagnóstico, prescribir el
tratamiento, impartir las recomendaciones y el control para la recuperación y
rehabilitación del paciente.
4. Responder con ética y científicamente, a las solicitudes de valoración e inter consulta
que se requiera para los pacientes de los diferentes servicios del Hospital.
5. Pasar revista médica diaria e individual a los pacientes hospitalizados o de
observación en informar oportunamente al paciente, familia y/o Jefes, el estado o
evolución del mismo, y urgencias.
6. Desarrollar actividades académicas que apoyen el mejoramiento de la calidad de los
servicios de salud producidos y vendidos por el Hospital.
7. Elaborar, actualizar y poner en práctica las gulas y protocolos de manejo de su
especialidad en el servicio respectivo y según la patología del paciente.
8. Remitir y diligenciar la contrarreferencia en forma adecuada y según protocolos y
guías de manejo, de los pacientes que por su patología, crisis, riesgo y cuidado, le
corresponda. Hacerle seguimiento y una vez se haya llevado a cabo la contrarreferencia,
mantenerlos bajo su cuidado o instruir a los médicos generales del Hospital o del área
23
Samai tribunal, gestión documentos, 073_04ANEXOSDEMANDAPD, visibles a folios 130 a 136.
26
Radicado: 85001-23-33-000-2018-00031-01 (5835-2023)
Demandante: Linibeth Cruz Baquero
departamental, sobre el cuidado y manejo.
9. Realizar la vigilancia epidemiológica sobre los factores de riesgo para la población y
de probabilidad de infecciones intrahospitalarias en los servicios e instalaciones
locativas, e informar a la persona competente en el Hospital sobre las patologías de
notificación obligatoria presentadas en los servicios.
10. Participar en el diseño, desarrollo, implementación y control del Plan de urgencias y
emergencias que lidera el Centro Regulador de Urgencias del Hospital de Yopal.
11. Instruir de manera permanente y continuada al personal de salud tanto profesional,
técnico y auxiliar sobre los procedimientos, cuidados y formas de atención de los
pacientes bajo cuidado y tratamiento de su especialidad.
12. Responder ante la Gerencia, Subgerencia de Prestación de Servicios, por el
cumplimiento de las funciones técnicas y administrativas establecidas para la actuación
como médico del Hospital de Yopal.
13 Cumplir con las demás funciones que le asigne el Gerente o le Subgerente de
Prestación de Servicios acordes con la naturaleza del cargo.».
39.4. Certificado del 9 de noviembre de 201624, mediante el cual la asesora jurídica
de la ESE Hospital de Yopal, indicó que Linibeth Cruz Baquero prestó sus servicios
en la entidad mediante contratos de prestación de servicios, como médico
especialista en pediatría, así:
No. Fecha de Suscripción Valor Tiempo
0785 21 de marzo de 2012 $8.556.444 156 horas en 30 días
0817 2 de abril de 2012 $8.556.444 156 horas en 30 días
0864 30 de abril de 2012 $10.695.555 195 horas en 30 días
1219 01 de junio de 2012 $10.695.555 195 horas en 30 días
1599 29 de junio de 2012 $12.670.119 231 horas en 30 días
1647 1 de agosto de 2012 $10.695.555 195 horas en 30 días
2131 1 de noviembre de 2012 $16.948.341 309 horas en 30 días
2179 1 de diciembre de 2012 $12.999.213 237 horas en 30 días
0282 1 de enero de 2013 $50.680.476 924 horas en 120 días
0876 1 de mayo de 2013 $63.350.595 5 meses
0490 20 de febrero de 2014 $64.087.296 1092 horas en 4 meses, 10 días
0963 30 de septiembre de 2014 $38.029.824 648 horas en 3 meses
1199 9 de diciembre de 2014 $16.256.576 277 horas en 21 días
39.5. Carné de identificación de Linibeth Cruz Baquero como médico especialista en
pediatría, de la ESE Hospital Regional de la Orinoquía25.
39.6. Cronogramas de actividades y planillas de turno en la especialidad de pediatría
de Linibeth Cruz Baquero, desde el mes de diciembre de 2012 hasta el mes de
diciembre de 201526.
24
Samai tribunal, gestión documentos, 073_04ANEXOSDEMANDAPD, visibles a folios 150 y 151.
25 Samai tribunal, gestión documentos, 073_04ANEXOSDEMANDAPD, visibles a folio 129.
26 Samai tribunal, gestión documentos, 073_04ANEXOSDEMANDAPD, visibles a folios 153 a 185.
27
Radicado: 85001-23-33-000-2018-00031-01 (5835-2023)
Demandante: Linibeth Cruz Baquero
39.7. Comunicación externa 102.68-55 del 23 de enero de 202327, proferida por el
gerente del Hospital Regional de la Orinoquía E.S.E, en la cual informó lo siguiente:
«[…] QUINTO: ¿La doctora Linibeth Cruz Baquero, desarrolló funciones de
carácter permanente o transitorio? Explique.
La doctora Linibeth Cruz Baquero, desarrolló actividades transitorias, de acuerdo con la
relación del tiempo en la cual la profesional prestó sus servicios, es decir, la continuidad
en la que se firmaron los respectivos documentos contractuales
Si las funciones son permanentes, debe informar ¿La razón por la cual no se ha
creado el cargo correspondiente?
Frente a ello, es meritorio aclarar que, durante el periodo comprendido entre el año 2012
al 2016, existían cuatro (04) cargos con denominación Médico Especialista Código 213,
Grado 09, de los cuales tres (03) cargos estaban en vacancia definitiva, según
Resolución No 261 del 03 de Junio de 2008, "Por medio de la cual se modifica el Manual
de Funciones y Requisitos de la Empresa Social del Estado Hospital de Yopal" en el
numeral VII Requisitos de Estudio y Experiencia del cargo Médico Especialista en la cual
en el nivel académico especifico, se debe tener en cuenta la especialidad, que se
requiere según las necesidades del servicio, así mismo la situación económica que
ostentaba el cargo en ese lapso de tiempo era inferior a la situación financiera de una
persona natural que se encontraba bajo la modalidad de Contrato de Prestación de
Servicios, con el mismo perfil de la doctora Linibeth Cruz Baquero como consta en los
actos administrativos correspondientes al incremento salarial para el personal de planta
y al pago de honorarios del personal que requería contratar la Empresa.
Si las funciones son transitorias, debe informar ¿Por qué razón se suscribieron
contratos por 50 meses?
La doctora Linibeth Cruz Baquero desarrolló actividades por menor tiempo al de su
solicitud, esto debido a que el personal de planta resulta insuficiente para satisfacer la
oferta y la demanda en la prestación de los servicios del hospital, para lo cual también
influyó la diferencia económica entre las dos modalidades de contratación.
SÉPTIMO: ¿Dentro de la planta de cargos del Hospital Regional de la Orinoquia
existe algún funcionario que desempeñe similares o idénticas funciones que las
actividades que fueron desarrolladas por la doctora Linibeth Cruz Baquero?
En la planta de personal actual existen personas que ostentan el cargo de médico
especialista, con código 213, grado 09 que refiere la especialidad de pediatría quienes
tienen atribuidas las actividades de acuerdo al manual de funciones de la entidad, sobre
las cuales se realizó el respectivo análisis para dar respuesta de fondo al despacho,
encontrando que, una vez realizado el estudio comparativo entre unas y otras, se
evidenció que solo ALGUNAS de las actividades que tuvo asignadas la doctora Linibeth
Cruz Baquero, son similares a las que desempeñan los médicos especialistas en
Pediatría que se encuentran vinculados a la planta de la entidad.
27 Samai tribunal, gestión documentos,
37RECIBEPORCORREOELECTRONICO48GERENTEHOROALLE.
28
Radicado: 85001-23-33-000-2018-00031-01 (5835-2023)
Demandante: Linibeth Cruz Baquero
OCTAVO: Las funciones desarrolladas por la doctora Linibeth Cruz Baquero en el
período comprendido entre el 21 de marzo de 2012 y 30 de junio de 2016, se
realizaron dentro de las instalaciones del Hospital Regional de la Orinoquia ESE
En caso negativo debe informar en qué sede desarrollo su actividad y por qué?
Sobre este interrogante se indica que las actividades desarrolladas por la doctora Cruz
Baquero fueron ejecutadas dentro de les instalaciones físicas del Hospital Regional de
la Orinoquia E.S.E., resulta inconcebible que se contrate a un profesional de la salud
para que preste sus servicios profesionales a una I.P.S. y se pretenda que los preste por
fuera de la institución, sería una situación abiertamente violatoria de la normatividad que
rige el subsistema de salud en Colombia.
NOVENO: Después del 30 de junio de 2016 a la fecha ¿Se ha contratado a otra
persona para realizar el mismo y/o similar objeto contractual y/o funciones que las
desarrolladas por la doctora Linibeth Cruz Baquero?
Si, de acuerdo con lo descrito en el numeral 10 del presento informe en lo que concierne
al personal de planta de la entidad, y la base de datos anexa en relación con los contratos
de prestación de servicios celebrado
DECIMO: ¿A la fecha se ha creado el cargo de pediatra, para realizar las funciones
por las cuales se contrató a la doctora Linibeth Cruz Baquero o si se sigue
contratando a través del contrato de Prestación de Servicios para realizar idénticas
funciones?
Una vez revisada la Resolución No 469 del 02 de diciembre de 2020, Por medio de la
cual se actualiza el 'MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS
LABORALES "para los empleos de la planta de personal del Hospital Regional de la
Orinoquía ESE, en la cual existe la denominación del empleo de MEDICO
ESPECIALISTA, CÓDIGO 213, GRADO 09.
Que, a la fecha la Institución cuenta con veintisiete (27) cargos de MEDICO
ESPECIALISTA CÓDIGO 213, GRADO 09 tiempo completo y cuatro (04) cargos
MEDICO ESPECIALISTA CÓDIGO 213, GRADO 09 medio tiempo, de los cuales cinco
(05) funcionarios desempeñan el cargo Médico Especialista, Código 213, Grado 09, con
la especialidad en pediatría, en desarrollo de lo anterior, se debe mencionar que los
cargos se crean con la denominación de Médicos Especialistas y que de acuerdo con la
necesidad del servicio se buscan vincular profesionales con la especialidad
que más se requiera. […].». (sic).
39.8. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de
Comercio de Casanare, en el cual se señaló que la sociedad Especialistas en
Pediatría y Ginecología S.A.S., fue constituida el 16 de octubre de 2014, la
representante legal fue Linibeth Cruz Baquero, y actividad principal era la prestación
de servicios de salud28.
28 Samai Tribunal, índice 10, 91ALDESPACHO_Llamadoen_16Contestacionypoder(.pdf) NroActua,
visible a folios 11 y 12, y 3RECIBEMEMORIALES_04MEMORIALDESCORRETRASLADO, visibles
a folios 12 a 16.
29
Radicado: 85001-23-33-000-2018-00031-01 (5835-2023)
Demandante: Linibeth Cruz Baquero
39.9. El 16 de agosto de 201729, la demandante solicitó a la ESE Hospital de Yopal
el reconocimiento de la existencia de una relación laboral por el tiempo en que
trabajó como médico especialista en pediatría entre el 21 de marzo de 2012 y el 30
de junio de 2016, el pago de las prestaciones sociales que se derivaban de ella.
39.10. La anterior petición fue negada a través del Oficio PJ-26.2-2017-309 del 22 de
septiembre de 201730, suscrito por el asesor externo de la oficina jurídica de la ESE
Hospital de Yopal, porque consideró que no existió vínculo laboral entre las partes,
en los siguientes términos:
«[…] Esta petición no es cierta es una afirmación que no se encuentra demostrada, es
pertinente mencionar, que en el sector hospitalario el personal de MEDICO no se tiene
un horario de trabajo establecido ya que sus servicios son prestados mediante el sistema
de jornadas flexibles y que se deben acomodar a la necesidad del Hospital de Yopal
ESE, Para el caso de nuestra Institución se desarrollan en jornadas diarias continuas,
realizadas en el servicio de LIDER DE URGENCIAS EN MATERNIDAD donde desarrolla
la actividad propias del cargo, ya que cualquier cambio o los cambios que hagan de los
mismos son aceptados por el respectivo coordinador siempre y cuando esto sea puesto
en su conocimiento con la debida antelación; así mismo, en el momento en que la
peticionaria se vinculó a nuestra entidad, recibió la inducción respectiva, en donde realizo
actividades de enfermería".
No es cierto, es de reiterar la respuesta en el numeral DECIMO, y es de aclarar, que es
errada la apreciación del peticionario al afirmar que ella sostuvo una relación laboral con
el Hospital de Yopal E.S.E, por cuanto, conforme a lo establecido en nuestra legislación
este tipo de relación es la que se predica de un empleado público, cuya vinculación con
la administración se caracteriza por ser una relación legal y reglamentaria, siendo
necesario que se den los presupuestos de nombramiento o elección y su
correspondiente posesión, condiciones que para el caso en comento no se configuran,
lo que en realidad se evidencia es la existencia de una relación contractual estatal.
Es importante tener claro el concepto del elemento subordinación, noción abordada en
Sentencia de 15 de junio de 2011 del honorable Consejo de Estado en los siguientes
términos "(...) subordinación o dependencia, situación entendida como aquella facultad
para exigir al servidor público el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo e imponerle reglamentos, la cual debe
mantenerse por todo el tiempo de duración del vínculo", Una vez establecido esto, la
afirmación hecha por la peticionario de que siempre desempeñó sus labores bajo las
órdenes directas de los jefes de la dependencia a la cual fue asignada, carece de
sustento probatoria y es una simple apreciación subjetiva, que no corresponde con la
realidad, por cuanto las directrices dadas por los jefes de dependencia no pueden ser
entendidas como órdenes, sino como una forma de organizar, de revisar el desarrollo de
las actividades para las cuales fue contratada y de coordinación para así garantizar la
continua y adecuada prestación del servicio de salud. Maxime cuando la actividad
desempeñada se encuentra directamente relacionada con los diferentes servicios del
área asistencial de nuestra Institución.
29 Samai tribunal, gestión documentos, 073_04ANEXOSDEMANDAPD, visibles a folios 187 a 191.
30 Samai tribunal, gestión documentos, 073_04ANEXOSDEMANDAPD, visibles a folios 192 a 195.
30
Radicado: 85001-23-33-000-2018-00031-01 (5835-2023)
Demandante: Linibeth Cruz Baquero
En palabras de la Honorable Consejo de Estado, el hecho de que exista una coordinación
de actividades no conlleva a la configuración del elemento subordinación, por cuanto
esta debe ser entendida como "La relación de coordinación de actividades entre
contratante y contratista, implica que el segundo se somete a las condiciones necesarias
para el desarrollo eficiente de la actividad encomendada lo cual incluye el cumplimiento
de un horario, o el hecho de recibir una serie de instrucciones de sus superiores, o tener
que reportar informes sobre sus resultados, sin que signifique necesariamente la
configuración de un elemento de subordinación.
Adicionalmente a ello, en cada uno de los contratos suscritos por la peticionaria en su
clausulado denomina Obligaciones del Contratista, se estableció que las actividades del
contralo debían ser desarrolladas con total autonomía técnica y científica sin ningún tipo
de subordinación con compromiso de responsabilidad y autocontrol.
Ahora bien, por simple lógica se entiende que la actividad que desempeño, la peticionaria
en nuestra entidad está relacionada con nuestras funciones de MÉDICO PEDIATRA,
puesto que nuestra finalidad es la de prestar servicios de salud.
Es de conocimiento público que el Hospital de Yopal en ocasiones tiene que atender una
alta demanda del servicio, situación que nos obliga a contratar por medio de órdenes de
prestación de servicios al no poder suplir la necesidad del con el personal existente en
la institución, esto en pro de garantizar de forma continua, Integral y eficiente la
prestación de un servicio esencial a la población de Casanare y la Orinoquia
Jurisprudencialmente se ha manejado el criterio de que no basta con manifestar que
existe un contrato realidad para que este sea reconocido, por el contrario, es obligación
de quien lo alega, probar la existencia de cada uno de los elementos esenciales del
contrato laboral (prestación personal del servicio, subordinación y remuneración), La
medica con su reclamación administrativa no allega prueba si quiera sumaria que
acredite la existencia de estos elementos, siendo estos señalamientos meras
afirmaciones carentes de soporte probatorio
Conforme a lo anteriormente expuesto, la médica LINIBETH CRUZ BAQUERO en pleno
uso de sus facultades mentales, de manera libre y espontanea aceptó el clausulado y
suscribió cada una de las órdenes de prestación de servicios.
Por lo cual desde el inicio de la relación contractual era de su conocimiento que este tipo
de contratos no genera relación laboral alguna y mucho menos da lugar al pago de
prestaciones sociales ARL, aportes a seguridad social ni a pensiones.
En definitiva, el contrato de prestación de servicios regulado per el artículo 32 de la Ley
80 de 1993 contiene características propias que lo diferencian de otro tipo de formas
jurídicas en materia laboral, la prestación de servicios versa sobre una obligación de
hacer en la cual la autonomía e Independencia del contratista desde el punto de vista
técnico y científico, constituye el elemento esencial de este contrato; la vigencia del
contrato es temporal y, por lo tanto, su duración debe ser por tiempo limitado y el
indispensable para ejecutar el objeto contractual convenido. Por consiguiente, cuando
se ejecutan este tipo de contratos no es admisible exigir el pago de prestaciones sociales
propias de la regulación prescrita en el Código Sustantivo del Trabajo o en las
disposiciones que regulan el derecho de la función pública. Finalmente, la jurisprudencia
constitucional es clara cuando afirma que bajo esta modalidad contractual también es
viable aplicar la teoría del contrato realidad, según la cual si se reúnen los tres requisitos
31
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Demandante: Linibeth Cruz Baquero
enunciados en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, prima la situación
objetiva sobre la forma jurídica que las partes hayan adoptado para regir determinada
situación. Esta teoría tiene dos ámbitos de aplicación cuando se trata de trabajadores
vinculados con particulares o con el Estado. […].». (sic).
40. En la audiencia de pruebas celebrada el 30 y 31 de enero de 202331, se recibieron
los testimonios de Mileidy Paola Montaño Cepeda, Graciela Isabel Abril Tarache,
Silvia María Rodríguez Valderrama, Shirley María Paba Vega, Sneyder Manotas,
Mario Alberto Archila, y Dayana Marín Reina, de los cuales se extrae lo siguiente:
40.1. Mileidy Paola Montaño Cepeda: es médico general, y en la actualidad es
médico residente en la especialidad de ginecología y obstetricia.
40.1.1. No tiene ningún parentesco con la demandante, fue compañera de trabajo de
Linibeth Cruz Baquero en el Hospital de Yopal desde el año 2012 se conocieron es
sala de partos, ella era pediatra y estuvo vinculada mediante contratos de prestación
de servicios, atendía a los neonatos, hacía turnos en maternidad, urgencias, y
también debía estar disponible para atender cualquier eventualidad con partos y
cesáreas; esas actividades eran programadas por el líder del área en planillas de
turnos de 24 horas, en los cuales se encontraba el nombre de los especialistas y los
turnos que le correspondían, y tiene conocimiento que fue así porque habían pocos
pediatras.
40.1.2. Linibeth Cruz Baquero siempre cumplió sus turnos, y sus funciones como
médico pediatra «las atendió todos los días»; usaba bata y carné de identificación,
esos elementos eran suministrados por el líder de servicio del Hospital de Yopal, y
los cuales era de uso obligatorio.
40.1.3. Las labores se cumplían de forma presencial, diaria, permanente, y disponible
en el Hospital, sin tener autonomía de elegir a quien prestar atención, la
demandante debía cumplir horario y protocolos del Hospital. El cumplimiento de los
turnos los verificaba los lideres del área, si no cumplían no les renovaban el contrato.
40.1.4. Después del año 2014 Linibeth Cruz Baquero prestó sus servicios en iguales
condiciones y en las instalaciones del Hospital de Yopal, y la entidad le suministró
los elementos para la prestación del servicio de pediatría.
40.2. Graciela Isabel Abril Tarache: es médico pediatra y trabajó desde el 2006
hasta 2016 en el Hospital Regional de la Orinoquía.
31 Samai Tribunal, índice 50, 51_AUDIENCIA_ACTAAUDIENCIAPRUEB(.pdf) NroActua 50,
https://sistemagrabaciones.ramajudicial.gov.co/share/daf5f8cc-e97d-4f85-b831-aad5dee41b2e; y
https://sistemagrabaciones.ramajudicial.gov.co/share/90487579-6c04-4fbb-b4b5-bc3ff774a73b.
32
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Demandante: Linibeth Cruz Baquero
40.2.1. Fue compañera de trabajo de Linibeth Cruz Baquero, estaban encargadas de
las áreas de atención de todos los menores de 18 años, hospitalización, urgencias
y en el área de ginecobstetricia, adaptación el recién nacido, y quirófano. debían
entregar los turnos, las planillas de entrega de turnos, consultas, interconsultas, y
también impartían clases a los médicos internos.
40.2.2. Prestaron sus servicios de forma presencial y en turnos de 24 horas, Linibeth
Cruz Baquero cumplió los turnos, horarios, y funciones que salían en cartelera
realizados por la subgerencia de prestación de servicios del hospital, en donde se
indicaba el horario y el área en que se cumplía el turno, los nombres de los
especialistas, en la cuales estaba incluida la demandante, eran 5 pediatras en el
hospital.
40.2.3. En el servicio de pediatría usaban los elementos como carné, bata, y un botón
con el nombre y con la información de «yo soy su pediatra y estoy aquí para servirle».
40.2.4. La subgerencia de prestación de servicios del hospital era la dependencia
encargaba de supervisarlos, y realizaba los llamados de atención. No podían
incumplir los turnos, porque les suspendían el contrato, para cambiarlo debían
solicitar permiso a la subgerencia.
40.3. Silvia
María Rodríguez Valderrama: es médico familiar, no tiene ningún
parentesco con la demandante.
40.3.1. Laboró como médico general en el Hospital de Yopal entre el 2012 y 2017
mediante contratos de prestación de servicios, en el servicio de urgencias y
observación de pediatría, por lo cual conoció a la demandante.
40.3.2. Linibeth Cruz Baquero prestó sus servicios desde 2012 hasta 2016, cumplió
turnos de 24 horas de forma presencial, porque había pocos especialistas en el área
de pediatría. En la época que estuvo en embarazo cumplió sus funciones como
pediatra.
40.3.3. No tenía autonomía en la prestación del servicio, debía cumplir los turnos de
acuerdo con los horarios y el área asignada. En las planillas de turno estaban
indicados los días y los nombres de los especialistas, en esa época había 4
pediatras. Para ausentarse del trabajo debía solicitar permiso.
40.3.4. Los elementos para cumplir con las actividades del contrato eran
suministrados por el Hospital Regional de la Orinoquía, debían portar el carné de
identificación y la bata con el logo de la entidad.
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Demandante: Linibeth Cruz Baquero
40.4. Shirley
María Paba Vega: es médico pediatra y trabaja en la Clínica de
Casanare y Visionamos VIP.
40.4.1. Conoció a Linibeth Cruz Baquero por vínculos laborales en el Hospital
Regional de la Orinoquía desde el 2012 hasta el 2017, mediante contratos de
prestación de servicios, en los cuales realizaban las funciones y los turnos que se
fijaban en las planillas por la oficina de prestación de servicios.
40.4.2. La demandante cumplió los turnos de las planillas de trabajo previstas para
cada mes, en el servicio de urgencia y hospitalización. Además prestó sus servicios
en la Clínica de Casanare en las horas que tenía disponibilidad.
40.4.3. Fueron convocadas junto con la demandante por la entidad para crear
sociedades para suscribir los contratos de prestación de servicios; por lo cual la
demandante y el «Doctor Manotas» crearon la empresa de Especialistas en
Ginecología y Pediatría S.A.S., por directriz de la entidad, y siguieron prestando los
servicios de salud de forma directa en el Hospital Regional de la Orinoquía, y en
iguales condiciones que el personal de planta, y la subgerencia del HORO
convocada a capacitaciones, y usaba los elementos de la entidad para la prestación
del servicio en salud.
40.4.4. También se crearon las sociedades de especialistas de anestesiología,
e
inmunología, quienes prestaron sus servicios en el Hospital Regional de la
Orinoquía.
40.5. Sneyder Manotas: es médico ginecólogo, y es esposo de la demandante.
40.5.1. Linibeth Cruz Baquero ingresó en el año 2012 como médico pediatra en el
Hospital de Yopal, y fue contratada mediante contratos de prestación de servicios,
cumplió sus actividades en turnos de 12 a 24 horas, los cuales eran establecidos
por la subgerencia de la entidad porque eran pocos pediatras, sus servicios los
prestó en el área de urgencias, hospitalización y atención a neonatos.
40.5.2. La demandante también prestó sus servicios en la Clínica del Casanare, en
las horas que tenía libres.
40.5.3. Las planillas de turnos las elaboraba la subdirectora técnico-científica y la
subdirectora de prestación de servicios.
40.5.4. En el mes de noviembre de 2014 el Hospital de Yopal los convocó para
«ordenar a los especialistas crear empresas para la contratación a partir del 2015, lo cual
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Demandante: Linibeth Cruz Baquero
fue obligatorio por parte de una orden de la gerencia, según por unos beneficios tributarios,
además si no lo realizan no les renovaban el contrato.».
40.5.5. Después de la creación de la sociedad Especialistas en Ginecología y
Pediatría la demandante cumplió con sus actividades de forma directa con el
Hospital de Yopal, en las áreas de pediatría en hospitalización, unidad de cuidados
intermedios, urgencias; y le suministró los elementos para la prestación de los
servicios, entre ellos los implementos para la atención de los neonatos, el carnet de
identificación (nombre, tipo de sangre, y especialidad), botón de «soy pediatra estoy
a sus órdenes», y la bata con el logotipo del hospital, los cuales eran de uso
obligatorio para ingresar al hospital.
40.6. Mario Alberto Archila González: es médico ginecólogo desde 1996 en el
Hospital Regional de la Orinoquía.
40.6.1. Conoció a Linibeth Cruz Baquero porque laboró como pediatra en el Hospital
Regional de la Orinoquía, en el servicio de urgencias y realizaba la adaptación
neonatal, y fue vinculada por contratos de prestación de servicios.
40.6.2. Los médicos de planta debían cumplir las órdenes del superior, es decir que
estaban subordinados, a diferencia de los contratistas que tenían autonomía para
realizar sus actividades.
40.6.3. No
tiene conocimiento como fueron los turnos que debió cumplir la
demandante, tampoco si la entidad le suministró bata y carnet de identificación.
40.7. Yeimi Dayana Marín Reina: es abogada y contratista del Instituto financiero de
Casanare, no tiene ningún parentesco con la demandante. Y prestó sus servicios
desde mayo de 2013 hasta diciembre de 2016 como contratista en la oficina asesora
jurídica del Hospital Regional de la Orinoquía.
40.7.1. La demandante laboró como médico pediatra en el Hospital Regional de la
Orinoquía, las actividades y turnos eran programadas por los grupos de
especialistas y lo informaban a la subgerencia de prestación de servicios, no tiene
conocimiento si Linibeth Cruz Baquero recibió órdenes, y tampoco si recibió carné
de identificación y bata.
40.7.2. Loscontratos de prestación de servicios, no tenían una cláusula de
exclusividad con la entidad. Y la especialidad en pediatría hacía parte de la misión
del Hospital Regional de la Orinoquía, y no sabe si había médicos pediatras de
planta.
35
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Demandante: Linibeth Cruz Baquero
2.4. Análisis sustancial
41. El Tribunal Administrativo de Casanare, mediante sentencia proferida el 15 de
junio de 2023, declaró la nulidad del Oficio PJ-26.2-2017-309 de 22 de septiembre
de 2017, proferido por el Hospital Regional de la Orinoquía, declaró la existencia de
la relación laboral, y la prescripción de las prestaciones sociales causadas con
anterioridad al 3 de noviembre de 2013. En consecuencia, ordenó al Hospital
Regional de la Orinoquía a pagar en favor de Linibeth Cruz Baquero las
prestaciones sociales desde el 3 de noviembre de 2013 hasta el 30 de junio de
2016, esto es, vacaciones, prima de vacaciones, prima de navidad, auxilio de
cesantías, intereses sobre las cesantías y prima de servicios, las cuales deberían
liquidarse sobre los honorarios pactados en cada contrato de prestación de servicios
celebrado entre la demandante y la entidad.
42. La demandante presentó recurso de apelación con el fin de que se modificara la
decisión adoptada por el tribunal, porque consideró que no se configuró la
prescripción, toda vez que la interrupción del contrato 0876 del 1 de mayo de 2013
fue por el nacimiento el día 28 de julio de 2013 de su hija Isabella Manotas Cruz.
Además el contrato fue suspendido por 4 meses (5 de julio de 2013 - 3 de noviembre
del 2013), por lo cual la causa real de tal interrupción fue la licencia de maternidad
que no se le ha pagado a la trabajadora y a la cual le asiste el derecho. Por lo tanto,
«es prudente flexibilizar el término de 30 días para declarar la no solución de continuidad y
por consiguiente no se configura la prescripción al tratarse de una única relación laboral
encubierta, así mismo el pago de derechos y acreencias laborales de toda la relación, junto
con el reconocimiento y pago de la licencia de maternidad, esto es, del 21 de marzo de
2012 a 29 de abril de 2016.».
43. La entidad presentó recurso de apelación con el fin de que se revocara la decisión
adoptada por el tribunal, pues consideró que i) no existió una relación laboral,
porque no se configuró el elemento de la subordinación, por lo cual no tenía derecho
al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales; ii) era procedente la tacha
de testigos que propuso en la audiencia de pruebas; iii) se configuró la prescripción
de las prestaciones sociales; y iv) el poder que fue otorgado por la demandante a
su apoderado es incongruente porque solo se solicitó la nulidad el acto acusado, y
no el restablecimiento del derecho.
2.4.1. Sobre la existencia de una relación laboral encubierta
44. Con fundamento en lo expuesto, y en atención a los argumentos de los recursos
de apelación, la Sala analizará a continuación si se acreditaron los elementos que
permiten configurar una relación laboral entre Linibeth Cruz Baquero y la ESE
Hospital de Yopal, hoy ESE Hospital Regional de la Orinoquía, desde el 21 de marzo
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Demandante: Linibeth Cruz Baquero
de 2012 hasta el 30 de junio de 2016.
2.4.2. Prestación personal del servicio
45. De las pruebas relacionadas se tiene que la demandante prestó sus servicios a
la ESE Hospital de Yopal, hoy ESE Hospital Regional de la Orinoquía, vinculada a
través de contratos de prestación de servicios, desde el 21 de marzo de 2012 hasta
el 30 de junio de 2016, con una interrupción superior a 30 días hábiles, ocurrida
entre el 5 de julio de 2013 y el 2 de noviembre de 2013, por maternidad.
46. En consecuencia, de los testimonios, las constancias, las copias de los contratos
de prestación de servicios y demás pruebas documentales, se advierte que la
demandante fue contratada para desarrollar funciones de médico pediatra en el
Hospital Regional de la Orinoquía, desde el 21 de marzo de 2012 hasta el 30 de
junio de 2016.
47. Ahora bien, esta Sala encuentra que en efecto el contrato estatal de prestación
de servicios definido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 es un
instrumento de gestión pública y de ejecución presupuestal que permite satisfacer
las necesidades de la administración y asegurar el cumplimiento de los fines del
Estado32, que por ser un tipo de negocio jurídico que expresamente recoge el
estatuto general de contratación pública y al tratarse, por tanto, de un contrato típico,
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 39 y 41 ejusdem, para su
perfeccionamiento se exige la solemnidad del escrito.
48. Sin embargo, esto no justifica que se imponga como requisito para demostrar el
elemento de la prestación del servicio33 que se aporte al proceso judicial el aludido
instrumento jurídico, pues imponer una tarifa legal probatoria implicaría abandonar
la tutela judicial efectiva en tanto limita la posibilidad del juez de otorgarle vigencia
a los derechos que surgen luego de encontrar acreditado un hecho a través de otros
medios de prueba. En contraste, admitir que el juez en su sana crítica forme su
propio convencimiento a partir de los elementos aportados al proceso y la conducta
de las partes respecto de ellos, permite un verdadero ejercicio de la justicia y
materializa los derechos de quienes han acudido a ella, pues este siempre deberá
exponer de forma razonada el mérito que le asigne a cada prueba.
32 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de
2021, radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016), M.P. Rafael Francisco Suárez
Vargas.
33 Como uno de los elementos determinantes que distinguen la relación laboral de las demás
modalidades de prestación de servicios a través de contratos estatales, los cuales se encuentran
previstos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo.
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Demandante: Linibeth Cruz Baquero
49. De manera que, para esta Sala las constancias y demás documentos allegados
al proceso, los cuales gozan de la presunción de autenticidad prevista en el artículo
244 del CGP34, tienen el valor suficiente para demostrar la prestación del servicio
en el periodo analizado y los elementos que se proceden a estudiar.
2.4.3. Remuneración
50. Ahora bien, la demandante percibió una remuneración por el trabajo realizado,
tal y como se evidencia de los contratos de prestación de servicios suscritos, junto
con sus actas de liquidación y pago, las certificaciones, las órdenes y comprobantes
de pago y las demás pruebas documentales, en los que se advierte que se estipuló
el valor y la forma de pago, lo que se entiende como la remuneración pactada por
el servicio o el trabajo prestado, independientemente de su denominación
(honorarios o salario).
2.4.4. Continuada subordinación o dependencia
51. Una vez valoradas en conjunto las pruebas documentales aportadas y los
testimonios, la Sala encuentra que las funciones desempeñadas por la demandante
no se realizaron de forma autónoma e independiente, sino que estuvo sujeto a
horarios por turnos, instrucciones y órdenes que son de naturaleza subordinada
pues atienden al control de un superior (coordinadores o líderes de área) para
ejecutar las obligaciones contractuales, por lo que existe una sujeción de ella hacia
la entidad demandada y, en tal sentido, esta contaba en todo momento con la
posibilidad de disponer de su servicio, y ella, a su vez, tenía la obligación correlativa
de obedecerle, lo que evidencia el ejercicio del ius variandi por parte de la entidad
prestadora de servicios de salud.
52. Los testimonios de Mileidy Paola Montaño Cepeda, Graciela Isabel Abril Tarache,
Silvia María Rodríguez Valderrama, Shirley María Paba Vega, y Sneyder Manotas,
34 «Artículo 244. Documento auténtico. Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la
persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a
quien se atribuya el documento.
Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia,
elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen,
se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso.
También se presumirán auténticos los memoriales presentados para que formen parte del
expediente, incluidas las demandas, sus contestaciones, los que impliquen disposición del derecho
en litigio y los poderes en caso de sustitución.
Así mismo se presumen auténticos todos los documentos que reúnan los requisitos para ser título
ejecutivo.
La parte que aporte al proceso un documento, en original o en copia, reconoce con ello su
autenticidad y no podrá impugnarlo, excepto cuando al presentarlo alegue su falsedad. Los
documentos en forma de mensaje de datos se presumen auténticos.
Lo dispuesto en este artículo se aplica en todos los procesos y en todas las jurisdicciones».
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Demandante: Linibeth Cruz Baquero
demostraron que las condiciones bajo las cuales la demandante prestaba sus
servicios a la entidad, de las que se resalta que en ejercicio de sus funciones
cumplía con un horario y seguía órdenes e instrucciones de los coordinadores o
líderes de área. Además, que debía estar en disponibilidad para atender las
eventualidades que se presentaran.
53. En efecto, durante la ejecución de los contratos celebrados, referidos con
anterioridad, se advierte que Linibeth Cruz Baquero debió tener disponibilidad
conforme con las necesidades de la entidad, y la posibilidad de que, en caso de que
se llegara a requerir el trabajo se debía garantizar la prestación del servicio.
54. Sobre la disponibilidad en la que debía estar la demandante, la Sala encuentra
que esta obligación pone en evidencia que no realizó sus labores en forma
autónoma e independiente, pues esto tiene relación con el ejercicio del poder
subordinado por parte del empleador y con el ejercicio del ius variandi. Esto es así,
pues de los testimonios recibidos se advierte que Linibeth Cruz Baquero debía estar
disponible para atender los requerimientos propios del Hospital Regional de la
Orinoquía.
55. Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia ha señalado que «la
‘disponibilidad’ normalmente conlleva una restricción a la libertad de aprovechamiento
autónomo del tiempo por el trabajador, por la necesaria radicación en determinados
sitios para la facilidad de atención al servicio demandado»35. En efecto, el concepto
disponible es definida por la Real Academia Española como «[d]icho de una persona:
libre de impedimento para prestar servicios a alguien»36, por lo tanto, contrario a lo
señalado en oportunidad anterior por esta Subsección37, la condición de estar
disponible, vulnera el libre manejo del tiempo por parte del contratista, y con mayor
razón deja en evidencia el ejercicio del poder subordinante por parte del empleador,
pues descarta el cumplimiento de una labor particular desarrollada en forma
autónoma e independiente, le abre paso a una relación jerárquica en la que la
contratista se supedita a las instrucciones de un jefe o trabajador de un nivel superior
que le exige estar presto para atender los llamados que se le hiciesen.
56. Para la Sala, resulta inverosímil considerar que a un contratista pueda exigírsele
disponibilidad de tiempo completo para atender cualquier requerimiento que efectúe
la entidad (ni siquiera se señaló un marco temporal específico) en iguales
35 Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, casación del 11 de mayo de 1968, G.J. CXXVII, números
2300 a 23002, pág.240, Rad. 9947 – 11 de septiembre de 1997; reiterado en la sentencia del 27 de
junio de 2023, SL1514-2023, radicación 95856, M.P. Omar de Jesús Restrepo Ochoa.
36 https://dle.rae.es/disponible.
37 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de febrero de 2016, radicado
05001-23-31-000-2010-02195-01(1149-15).
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condiciones que se le exigiría a un trabajador de planta, a quien probablemente, en
una situación así, se le reconocería el trabajo suplementario, pues cualquier
conducta en ese sentido rompe la relación de coordinación contractual y subyace la
realidad de una laboral.
57. Ahora bien, todos los testigos coincidieron en que el cronograma de actividades
o listado de turnos era una imposición sin lugar a negociación; a diferencia de Yeimi
Dayana Marín Reina, quien indicó que era producto de una concertación.
58. De la valoración en conjunto de los testimonios, permiten establecer que la ESE
Hospital Regional de Yopal determinó el número de horas para la cobertura de los
servicios de la institución, y ese número debía distribuirse en el personal médico, de
modo que aun cuando existiera una concertación con los especialistas, la entidad
era la que definía el tiempo de servicio que, a su vez, cada uno debía cubrir en forma
individual, por lo que más allá de una negociación, se trataba de una exigencia
cubierta por los especialistas.
59. Ahora bien, según lo indican dos testigos, la demandante, por un tiempo, también
laboró en la Clínica del Casanare; no obstante, estas situaciones no desvirtúan la
existencia de una relación de tipo laboral con la ESE Hospital Regional de la
Orinoquía, porque de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley 269 de
199639 el personal asistencial que preste directamente servicios de salud, podrá
desempeñar más de un empleo en entidades de derecho público, cuya jornada
podrá ser de máximo 12 horas diarias, sin que en la semana se exceda de 66 horas.
60. Así las cosas, para esta Sala, el empleador impuso las condiciones de tiempo,
modo y lugar, inclusive con sus propios elementos o instrumentos, para que la
trabajadora desarrollara sus labores, sin que le hubiere asistido ningún tipo de
independencia.
38
«Artículo 2. Garantía de prestación del servicio público de salud. Corresponde al Estado garantizar
la atención en salud como un servicio público esencial, y en tal carácter el acceso permanente de
todas las personas a dicho servicio, razón por la cual el personal asistencial que preste directamente
servicios de salud podrá desempeñar más de un empleo en entidades de derecho público.
La jornada de trabajo del personal que cumple funciones de carácter asistencial en las entidades
prestadoras de servicios de salud podrá ser máximo de doce horas diarias sin que en la semana
exceda de 66 horas, cualquiera sea la modalidad de su vinculación.
Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamentará los incentivos salariales y no salariales establecidos
en el artículo 193 de la Ley 100 de 1993, con el fin de estimular el eficiente desempeño de los
trabajadores oficiales y empleados públicos de la salud y su localización en las regiones con mayores
necesidades, facilitar la consecución del recurso humano en aquellos sitios apartados de la geografía
nacional o definidos como zonas de orden público, donde no se disponga de personal de salud para
la prestación del servicio». (Se resalta).
39 «Por la cual se regula parcialmente el artículo 128 de la Constitución Política, en relación con
quienes prestan servicios de salud en las entidades de derecho público».
40
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Demandante: Linibeth Cruz Baquero
61. Lo anterior, de conformidad con el objeto, las obligaciones y las funciones que se
establecieron en los contratos de prestación de servicios suscritos por la
demandante y el hospital, de los testimonios recibidos en el proceso y las pruebas
documentales aportadas. En ellos se aprecian actividades que exigen para su
ejecución necesaria dependencia y subordinación, por lo que la Sala, al realizar una
valoración bajo las reglas de la sana crítica, encuentra que es posible determinar la
existencia de una relación laboral subordinada, siendo incuestionable el ánimo de
la entidad contratante de emplear de modo permanente y continuo los servicios de
la demandante.
62. En efecto, Linibeth Cruz Baquero prestó sus servicios como médico pediatra en
la ESE Hospital de Yopal y cumplió, entre otras funciones, las de: «a) Ejecutar el
objeto contractual de manera idónea y responsable y bajo las normas establecidas
por el HOSPITAL; b). Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato
se le impartan por parte del HOSPITAL: c). Obrar con lealtad y buena fe en las distintas
etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos; d). Elaborar y rendir dentro del
término de duración del contrato, los informes que sean requeridos por el HOSPITAL; e)
Mantener reserva sobre la información que le sea suministrada y que tenga a disposición
para el desarrollo del objeto contractual; f). Atender oportunamente las inquietudes
específicas sobre el objeto del contrato que soliciten los funcionarios del HOSPITAL
o el Supervisor del presente contrato, g) No utilizar total ni parcialmente la información a
que tenga acceso, en beneficio propio, de terceras personas o de entidades diferentes a
las autorizadas por el HOSPITAL: h). Cumplir con cada uno de los deberes que le
corresponde, i). Estar afiliado al sistema de seguridad en salud, pensiones y ARL y
presentar al supervisor, al momento de suscribir cada una de los informes de actividades y
certificaciones de cumplimiento, fotocopia del formulario o recibo de autoliquidación, con el
que se demuestre la vigencia de su afiliación, y efectuar los pagos conforme a los
porcentajes legalmente establecidos, j) Conocer los requisitos establecidos en el sistema
integrado de gestión de Calidad de la institución de forma que se garantice que planifica,
desarrolla y controla las actividades y servicios contratados de acuerdo con los requisitos
establecidos en dicho sistema.». [Se resalta].
63. Asimismo, se advierte que la misión de la ESE Hospital Regional de la Orinoquía
es la de prestar «servicios de salud de mediana y alta complejidad, trabajamos con
estándares de acreditación para garantizar una atención humanizada y segura al usuario y
su familia, con vocación docente e investigativa, enfoque diferencial, amigable con el medio
ambiente, talento humano motivado y comprometido, con el apoyo de tecnología de punta
que generan confianza, calidad de vida y responsabilidad social»40, función de carácter
permanente que cumple en desarrollo de su actividad, lo que guarda similitud con
las actividades desempeñadas por la demandante, es decir, este ejecutaba labores
que permitían el desarrollo del objeto misional de la entidad. Además, así
coincidieron en señalarlo los testigos, pues debido a que el hospital es de segundo
40 https://www.horo.gov.co/entidad/mision-y-vision.
41
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Demandante: Linibeth Cruz Baquero
nivel, el servicio de pediatría es de carácter permanente.
64. Lo anterior, denota una sujeción y dependencia de quien ejerce el cargo de
médico pediatra al servicio de la ESE, además que no podía dejar de existir la
imposición de órdenes en la ejecución de su objeto contractual para desempeñar
esa labor, puesto que se trata de funciones que atañen a la esencia y finalidad de
la entidad.
65. Ahora bien, sobre el tiempo de servicio que fue prestado a través de la sociedad
Especialistas en Ginecología y Pediatría S.A.S., de acuerdo con los testimonios fue
creada por orden de la entidad, y fue una directriz que impartió para todos los
especialistas, en el caso de la demandante de acuerdo con las pruebas
documentales era la representante legal de esa sociedad, y continuó prestando sus
servicios de salud de forma directa en el Hospital Regional de la Orinoquía, y en
iguales condiciones que el personal de planta, asistió a capacitaciones, y usó los
elementos de la entidad para la prestación del servicio en salud.
66. En tal sentido creación de una sociedad no desvirtuó los elementos de la relación
laboral, y esta figura se utilizó para ocultar una verdadera relación laboral, porque
lo que hizo la entidad fue utilizar una figura jurídica diferente para celebrar los
contratos de prestación de servicios. Además, a través del material probatorio se
logró demostrar que se cumplieron los elementos de la relación laboral.
67. Por lo tanto, la creación de una sociedad no puede ir en contra de la aplicación
del principio de la primacía de la realidad sobre las formas, porque si se acredita los
elementos de la relación laboral, se considerará que existió, independiente de la
forma jurídica que utilizó la entidad para celebrar los contratos de prestación de
servicios.
68. Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido la posibilidad
de que la vinculación no sea directa entre la entidad y la contratista, sino que en ella
medie un tercero, ya sea por efecto de la tercerización41 o de la intermediación
laboral42.
41 La tercerización laboral ha sido definida como la subcontratación de producción de bienes o de
prestación de servicios y supone que esta se ejecute en un marco de dirección y control a cargo de
la parte contratista, con sus propios medios, trabajadores y patrimonio, a favor del contratante.
42 La intermediación laboral tiene como fin la prestación de servicios personales por parte de
trabajadores de un contratista y a favor, directamente de un contratante. Se trata por lo tanto, del
envío de trabajadores en misión para prestar servicios a empresas o instituciones. En Colombia es
una actividad propia de las Empresas de Servicios Temporales y puede ser gratuita u onerosa,
aunque siempre será gratuita para el trabajador; y se encuentre prohibida su prestación por parte de
Cooperativas y Precooperativas, al igual que para Empresas Asociativas de Trabajo y los Fondos
Mutuales o similares.
42
Radicado: 85001-23-33-000-2018-00031-01 (5835-2023)
Demandante: Linibeth Cruz Baquero
69. Además, la Corte Constitucional43 y esta Corporación44, han precisado en el caso
de las empresas sociales del Estado, que «la potestad de contratación a ellas conferida
para operar mediante terceros, sólo puede llevarse a cabo siempre y cuando no se trate de
funciones permanentes o propias de la entidad, cuando estas no puedan ejecutarse por
parte del personal de planta de la entidad o cuando se requieran conocimientos
especializados.»45.
70. Se aclara que la situación descrita en el sub judice no corresponde a la que es
propia del principio de coordinación, que «consiste en la sincronización de las
actividades que ejerce el contratista con las directrices que imparte el contratante para la
ejecución eficiente y eficaz del contrato, por lo que es indispensable que exista una
concertación contractual, en la que aquel cumple su contrato con independencia, pero en
armonía con las condiciones necesarias impuestas por su contraparte, respecto de las
cuales esta ejerce control, seguimiento y vigilancia al pacto suscrito»46.
71. Otra es la subordinación, «en virtud de la cual existe una sujeción del trabajador hacia
su empleador y, en tal sentido, este cuenta en todo momento con la posibilidad de disponer
del trabajo de aquel, quien a su vez tiene la obligación correlativa de obedecerle. En efecto,
el empleador impone las condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive con sus propios
elementos o instrumentos, para que el trabajador desarrolle sus labores, sin que a este
respecto le asista ningún tipo de independencia»47.
72. Así las cosas, en el presente asunto no puede hablarse de coordinación, puesto
que el desempeño de las funciones por parte de la demandante estaba sujeta a
medidas u órdenes de la ESE Hospital de Yopal, esto es: la imposición de un horario
y/o el cumplimiento de turnos y la sujeción a directrices de los coordinadores o
lideres de área de las que se resalta que los cambios de responsable de turno
concertados previamente con el coordinador o líder de área debían ser informados
al coordinador o a la subgerencia de servicios a fin de establecer responsabilidades
ante cualquier eventualidad, realizar entrega formal y por escrito del turno, y
desarrollar las demás actividades necesarias asignadas por el líder del proceso y
que complementaran y guardaran relación con el objeto del contrato, lo que
demuestra que la entidad, en su calidad de empleadora, contaba con la posibilidad
de disponer del trabajo de la demandante, lo que denota la existencia de una
indiscutible subordinación.
43 En la sentencia de constitucionalidad C-171 de 2012.
44 Sentencia del 30 de marzo de 2017 de la Sección Segunda, Subsección B, con ponencia de la
Consejera Sandra Lisset Ibarra Vélez. Radicación 25000-23-25-000-2008-00137-01 (0727-13).
45 Sentencia del 25 de noviembre de 2021, proferida en el expediente 76001-23-33-000-2012-00734-
01 (4533-2017), MP William Hernández Gómez.
46 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de noviembre de 2022,
radicado 63001-23-33-000-2020-00365-01 (2181-2022). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
47 Ibidem.
43
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Demandante: Linibeth Cruz Baquero
73. De otro lado, se precisa que pese a las disposiciones contenidas en la Ley 909
de 2004, la entidad no creó las plantas temporales que pudieran atender la oferta y
demanda en la prestación del servicio de salud. Por lo tanto, la ausencia de personal
suficiente que ejecutara las obligaciones para las cuales fue contratada la
demandante no es un argumento que enerve las consideraciones expuestas en esta
decisión, pues no justifica la ausencia de planeación por parte de la entidad y
desconoce que las labores desarrolladas se ejercieron bajo la subordinación de la
entidad.
74. De esta manera, la circunstancia de que consciente y libremente, la demandante
haya aceptado las condiciones de contratación que le fueron planteadas en los
contratos de prestación de servicios, y que se acudiera a su celebración ante la
insuficiencia de personal de planta que desarrollara esas labores, resulta indiferente
en una situación como la expuesta pues «ni aún el consentimiento puede considerarse
como argumento válido para que el trabajador renuncie a los beneficios prestacionales que
la ley prevé en su favor»48, tal y como lo señaló el artículo 53 de la Constitución
Política.
75. Además, que la posibilidad de contratar con terceros a que aluden los artículos
32 de la Ley 80 de 1993 y 2 de la Ley 1150 de 2007, no puede ser entendida como
una carta abierta a efectos de desconocer derechos y garantías laborales, pues lo
cierto es que tal y como se advirtió en esta decisión, la naturaleza contractual con
la cual se revistió la vinculación del demandante y la ESE, a través de terceros, se
desnaturalizó al desarrollarse sin autonomía ni independencia, las cuales se
constituyen en las características propias de la referida relación contractual.
76. Así las cosas, se encuentran demostrados los elementos constitutivos de una
relación laboral y por tanto de su existencia para los periodos comprendidos entre
el 21 de marzo de 2012 a 30 de junio de 2016.
2.4.5. En torno a la prescripción de los derechos en litigio
77. Establecido lo anterior, la Sala procederá con el análisis de la prescripción de las
prestaciones a que tiene derecho la demandante, en consonancia con la
declaratoria del reconocimiento de la relación laboral encubierta.
78. Respecto del término de interrupción o solución de continuidad esta corporación
en sentencia de unificación dispuso que:
48 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1° de septiembre de 2014,
radicado 200012331000201100503 01 (3517-2013), M.P. Alfonso Vargas Rincón.
44
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Demandante: Linibeth Cruz Baquero
«150. Como se indicó en el apartado anterior, aunque en la actualidad la Sección
Segunda aplica el criterio pacífico sobre el término y el momento a partir del cual debe
computarse la prescripción extintiva, la existencia de vinculaciones contractuales
consecutivas hace necesario el examen de sus interrupciones, con el fin de establecer
si se presentó o no la solución de continuidad en la relación laboral declarada. En ese
sentido, la Sala considera adecuado establecer un periodo de treinta (30) días hábiles
como indicador temporal de la no solución de continuidad entre contratos
sucesivos de prestación de servicios, sin que este, se itera, constituya una «camisa
de fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los elementos
de juicio que obren dentro del plenario, habrá de determinar si se presentó o no la rotura
del vínculo que se reputa laboral.
151. Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las
siguientes recomendaciones:
152. Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la Ley
80 de 1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con una
misma persona natural, en los que concurran todos los elementos constitutivos de una
auténtica relación laboral, se entenderá que no hay solución de continuidad entre el
contrato anterior y el sucedáneo, si entre la terminación de aquél y la fecha en que inicie
la ejecución del otro, no han transcurrido más de treinta (30) días hábiles, siempre y
cuando se constate que los objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos
son iguales o similares y apuntan a la satisfacción de las mismas
necesidades.(Subrayado fuera de texto)
153. Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los
efectos jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar de
haberse presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la
prescripción de los derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual. En el
evento contrario, el juez deberá definir si ha operado o no tal fenómeno extintivo respecto
de algunos de los contratos sucesivos celebrados, situación en la cual no procederá el
reconocimiento de los derechos salariales o prestacionales que de aquellos hubiesen
podido generarse».
79. Esta decisión fue aclarada en auto del 11 de noviembre de 2021, en el que la
Sección Segunda de esta corporación precisó que «el término de treinta (30) días
hábiles, a que alude la segunda regla de unificación, tal como se dijo en la sentencia del 9
de septiembre de 2021, debe entenderse como un indicador temporal para inferir que no
hay solución de continuidad entre un contrato y otro sucedáneo, y solo para efectos de la
prescripción de derechos laborales».
80. Asimismo, en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia
SUJ2-005-16, proferida por el Consejo de Estado, se establecieron las siguientes
subreglas:
«En aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
45
Radicado: 85001-23-33-000-2018-00031-01 (5835-2023)
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finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios.
Pese a lo expuesto, la Sala aclara que la prescripción extintiva no se aplica frente a los
aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que
los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden
solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser
pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el
carácter de emolumentos económicos temporales». [Se resalta].
81. Así las cosas, a juicio de la Sala, «[q]uien pretenda el reconocimiento de la relación
laboral con el Estado y, en consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta,
en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá
reclamarlos dentro del término de tres años contados a partir de la terminación de su vínculo
contractual»49.
82. En consideración con lo anterior, en el sub judice, al verificarse que la solicitud
del reconocimiento de la relación laboral fue presentada ante la demandada el 16
de agosto de 2017, se establece que tal y como se observa del cuadro visible en
el párrafo 39.1 existió interrupción entre los lapsos de ejecución de los contratos
suscritos con el Hospital Regional de la Orinoquía, específicamente entre el contrato
0876 del 1 de mayo de 2013 y el inicio del contrato 0490 del 20 de febrero de 2014
en el que transcurrieron 82 días hábiles, y si bien cumplió con la exigencia de
presentar la reclamación administrativa dentro de los 3 años siguientes a la
terminación de la relación contractual [que culminó el 30 de junio de 2016], resulta
necesario evaluar si esa interrupción es suficiente para considerar que hubo
solución de continuidad y, en consecuencia, si operó el fenómeno de la prescripción.
83. Sobre el particular, se advierte que Linibeth Cruz Baquero suscribió el contrato
0876 del 1 de mayo de 2013, el cual tenía un plazo de ejecución inicial del 31 de
octubre de 2013; no obstante, como consecuencia del embarazo de alto riesgo que
tuvo en esa época, por mutuo acuerdo resolvieron suspender el contrato el 5 de julio
de 2013, además en el acta de reinicio del contrato se indicó que por 3 meses, 28
días, y los términos así: «fecha de reinicio del 3 de noviembre de 2013, y nueva fecha de
terminación el 27 de enero de 2014.».
84. Esta situación se enmarca dentro de aquellas en las que la jurisprudencia ha
señalado que se justifica la ruptura del vínculo laboral y que permiten la
49 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia SUJ2-005-16, proferida por el
Consejo de Estado.
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Demandante: Linibeth Cruz Baquero
flexibilización del lapso señalado a efectos de concluir que hubo solución de
continuidad en la relación contractual. Esto es así pues i) la suspensión por mutuo
acuerdo se dio como consecuencia del embarazo de alto riesgo en el que se
encontraba la demandante; y ii) la entidad en el acta de reinicio del contrato 0876
del 1 de mayo de 2013 indicó que fue por 3 meses, 28 días, y la fecha de reinicio
del 3 de noviembre de 2013, y nueva fecha de terminación el 27 de enero de 2014.
85. Además la Sala no puede desconocer que esta decisión se está otorgando
vigencia al principio de la primacía de la realidad sobre las formas, que materializa
a su vez el derecho al trabajo, lo que impone proteger todas aquellas situaciones
que se presenten en una relación laboral, como lo es la situación de la maternidad.
Y en esta oportunidad se reconoció que la vinculación contractual encubrió una
verdadera relación laboral, por lo cual no podría desconocerse tal circunstancia para
encontrar acreditado un fenómeno procesal que extingue el derecho, sin abordarse
las particularidades que dieron lugar a la ruptura contractual.
86. De acuerdo con lo anterior, se concluye que no operó el fenómeno de la
prescripción extintiva del derecho.
2.4.3. Sobre los salarios y prestaciones objeto del restablecimiento del
derecho
87. Por lo anterior, Linibeth Cruz Baquero tiene derecho al reconocimiento y pago de
los valores que por concepto de prestaciones laborales legales derivadas de la
relación laboral debieron liquidarle, y el criterio de la Sala es que la liquidación tendrá
que realizarse en consideración al salario de un empleado de planta que
desarrollaba iguales funciones a las que ejecutó y, solo en caso de no existir, con
base en los honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios,
correspondientes al periodo comprendido entre el 21 de marzo de 2012 y el 30 de
junio de 2016, porque de acuerdo con lo expuesto no operó el fenómeno de la
prescripción extintiva del derecho.
88. Lo anterior, en consideración al principio de «a trabajo igual salario igual», que se
deriva del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales50 frente al cual la Corte Constitucional ha señalado que la remuneración
50 «Artículo 7 Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al
goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:
a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie;
en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los
hombres, con salario igual por trabajo igual;
47
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Demandante: Linibeth Cruz Baquero
de los trabajadores en general debe estar acorde con los criterios de
proporcionalidad, cantidad y calidad del trabajo, entre quienes se encuentren en
igualdad de condiciones, sin desconocer la admisión de diversidad de reglas cuando
se trata de hipótesis distintas51.
89. Con fundamento en iguales consideraciones, en criterio de la Sala se tendrá que
calcular el ingreso base de cotización (IBC) pensional. De manera que se deberá
cotizar al respectivo fondo pensional en el porcentaje que le correspondía al
empleador. Para estos efectos, la demandante deberá acreditar las cotizaciones
que realizó al mencionado sistema durante sus vínculos contractuales, con la
salvedad de que en caso de no haberse realizado o de existir diferencia en su
contra, tendrá la carga de pagar o completar el porcentaje que le correspondía como
empleada.
90. Es importante aclarar que frente al reconocimiento de las prestaciones que
deberán ser reconocidas a la demandante se sostuvo en anterior providencia52 que
«el reconocimiento de la primacía de la realidad sobre las formalidades que conlleva a la
declaración de existencia de una relación laboral subyacente de un contrato de prestación
de servicio, no puede otorgar al accionante la calidad de empleado público», lo que no
impide que se reconozcan las prestaciones laborales reclamadas en virtud del
aludido principio de «a trabajo igual salario igual».
91. Enconsideración a esto, a Linibeth Cruz Baquero le asiste el derecho al
reconocimiento de las prestaciones laborales de carácter legal que devengara un
médico pediatra de planta de la ESE Hospital de Yopal, hoy la ESE Hospital
Regional de la Orinoquía, que desarrollaba iguales funciones a las suyas, tales
como vacaciones, primas, bonificaciones y cesantías, entre otras.
92. Por tal razón, la entidad deberá calcular las prestaciones de orden legal, para lo
cual tomará como referente los salarios de un empleado de planta, en el periodo
reconocido y frente al cual no operó la prescripción.
93. Si bien en oportunidades anteriores esta Subsección ha señalado que por el
reconocimiento de una relación laboral «no surge el derecho al reconocimiento y pago
ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del
presente Pacto;
b) La seguridad y la higiene en el trabajo;
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que
les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad;
d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las
vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos». (Resalta la Sala).
51 26 Sentencia SU-519 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
52 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de octubre de 2016, radicado
66001 23 33 000 2013 00091 01 (0237 2014).
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de las diferencias salariales»53; esta Sala modificó su postura para señalar que en
estos asuntos el restablecimiento del derecho comporta, además, el
reconocimiento y pago de la diferencia que pueda existir entre lo devengado por los
empleados de planta de la entidad y los honorarios que le fueron pagados a los
contratistas54.
94. Lo anterior tiene soporte en las garantías de orden constitucional que impone a
las autoridades proteger los principios de igualdad de oportunidades para los
trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad
de trabajo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas
laborales; y la primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los
sujetos de las relaciones laborales55, en virtud de los cuales le corresponde al juez
proteger a los trabajadores de las arbitrariedades que se puedan presentar en sus
condiciones laborales.
95. En efecto situaciones como las descritas en el sub judice plantean un dilema que
debe resolverse de acuerdo con los principios y derechos garantizados por la
Constitución Política de manera que el debate jurídico imponga un análisis que evite
desconocer el contenido y alcance de los derechos en pugna, que no son otros que
los de los trabajadores en el marco de un Estado social de derecho, en el que debe
existir proporcionalidad entre el servicio y su remuneración, «puesto que ello es una
lógica consecuencia de la naturaleza sinalagmática y conmutativa de la relación laboral»56.
96. Así las cosas, en casos como el que es objeto de estudio por la Sala, a pesar de
tratarse de funciones iguales a las de los empleados de planta, los contratistas no
reciben la remuneración correspondiente al ejercicio de esa función pública, pues la
retribución por los servicios prestados es denominada honorarios, los cuales son
consecuencia del ejercicio irregular de una figura contractual que se desnaturalizó,
lo que desconoce el carácter fundamental del derecho al trabajo y la especial
protección que ordena la Constitución y que está estrechamente ligada con la
dignidad humana y la justicia material.
97. Aunado a lo expuesto, reconocer iguales condiciones laborales a los contratistas
que acrediten que prestaron sus servicios a la entidad en el marco de una verdadera
relación laboral, implica darle eficacia a ese principio constitucional al que se ha
aludido en esta decisión y aplicarlo en su integridad para así eliminar las diferencias
53 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de octubre de 2016, radicado
66001-23-33-000-2013-00091-01 (0237 2014), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
54 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencias del 25 de enero de 2024,
radicados 81001-23-39-000-2017-00008-01 (1824-2022) y 85001-23-33-000-2019-00168-01 (3781-
2021), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
55 Artículo 53 de la Constitución Política.
56 Sentencia T-102 de 1995.
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surgidas en esa relación contractual que encubría una laboral.
98. De esta manera el juez de lo contencioso administrativo en material laboral, al
advertir que la carga de igualdad se rompió, pues el contratista fue remunerado en
forma disímil de los demás empleados de planta, debe utilizar los mecanismos
necesarios para combatir esa situación de inequidad y garantizar así la movilidad
salarial.
99. Así las cosas, no reconocer el reajuste salarial constituye no solo una violación a
la legislación laboral contenida en el ordenamiento interno, sino también a los
tratados internacionales ratificados por Colombia, los cuales al tenor del artículo 93
de la Constitución hacen parte del bloque de constitucionalidad.
100. De acuerdo con lo anterior, es procedente el reconocimiento y pago de las
diferencias que resulten entre lo que recibió la demandante por concepto de
honorarios y lo percibido por un médico pediatra del Hospital Regional de la
Orinoquía que cumplía las funciones en igualdad de condiciones de ese cargo de la
entidad.
101. Ahora bien, es improcedente el reintegro de las sumas que Linibeth Cruz
Baquero pagó por concepto de aportes para la Seguridad Social en Pensión y Salud,
toda vez que, tal como lo ha venido señalando esta corporación, a pesar de que se
haya declarado a su favor la existencia de una relación laboral encubierta o
subyacente, en función de su naturaleza parafiscal, estos recursos son de
obligatorio pago y recaudo para un fin específico y, por tanto, independientemente
de que se haya prestado o no el servicio, no constituyen un crédito a favor del
interesado, pues su finalidad es garantizar la prestación de los servicios sanitarios
para los dos regímenes que integran el sistema, «lo que excluye la posibilidad de
titularidad que sobre los mismos pretenda el actor ejercer»57. Al respecto, en sentencia
de unificación del 9 de septiembre de 2021 se dijo lo siguiente58:
«165. Por consiguiente, dado que corresponde al contratista sufragar dicha contribución,
en tanto está obligado por la ley a efectuarla,59 no es procedente ordenar su devolución,
aunque se haya declarado la existencia de una relación laboral encubierta. Además,
reembolsar estos aportes implicaría contradecir al legislador, cuya voluntad, como se
57 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 28 de septiembre de 2016,
radicado 76001 23 33 000 2012 00288 01 (3681 2013) M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
58 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de
2021, radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016), MP. Rafael Francisco Suárez Vargas.
59 Situación que también cambia y amerita mención especial con la entrada en vigor del Decreto
1273 de 2018 « Por el cual se modifica el artículo 2.2.1.1.1.7, se adiciona el Título 7 a la Parte 2 del
Libro 3 del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, en
relación al pago y retención de aportes al Sistema de Seguridad Integral y Parafiscales de los
trabajadores independientes y modifica los artículos 2.2.4.2.2.13 y 2.2.4.2.2.15 del Decreto 1072 de
2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo»
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Demandante: Linibeth Cruz Baquero
expuso, buscaba que su recaudo fuera directamente a las administradoras de servicios
de salud, por tratarse, se itera, de contribuciones de pago obligatorio con una destinación
específica y con carácter parafiscal.
166. En ese orden de ideas, la Sala unifica su jurisprudencia en el sentido de precisar
que, frente al hecho consumado de la no afiliación a las contingencias de salud y
riesgos laborales por parte de la Administración, es improcedente el reembolso de
los aportes que el contratista hubiese realizado de más, por constituir estos
aportes obligatorios de naturaleza parafiscal». [Resaltado del texto original].
102. Por otro lado, la demandante solicitó el pago de la licencia de maternidad, al
respecto se encuentra acreditado que el Hospital Regional de la Orinoquía conocía
del estado de embarazo de la demandante como se desprende del acta de
suspensión y reinició por mutuo acuerdo del contrato 0876 del 1 de mayo de 2013.
103. Además con anterioridad al embarazo y el parto, la demandante había suscrito
varios contratos de prestación de servicio con la entidad y se encontraba ejecutando
el contrato 0876 del 1 de mayo de 2013, cuyo objeto era la prestación de servicios
de salud como médico especializado en pediatría para la ESE Hospital de Yopal, y
el cual terminaba el 31 de octubre de 2013, sin embargo, por ser un embarazo de
alto riesgo, como se indicó en el acta que lo suspendió el 5 de julio de 2013, reinició
el 3 de noviembre de 2013, y terminó el 27 de enero de 2014.
104. Por lo anterior, el objeto contractual no desapareció, porque el contrato 0876 del
1 de mayo de 2013 con ocasión del embarazo, y de las pruebas aportadas al
expediente se observa que Linibeth Cruz Baquero disfrutó de su licencia de
maternidad, pues está demostrado que no siguió ejecutando el objeto del contrato,
por lo cual se ordenará el reconocimiento y pago de la licencia de maternidad60.
105. Ahora bien, el artículo 43 de la Constitución Política establece la protección
especial a la mujer durante el embarazo y después del parto, independiente de si
tiene una relación laboral, tanto es así, que previó un deber prestacional que
consiste en otorgar un subsidio cuando esté desempleada. Tampoco puede
olvidarse que la licencia de maternidad tiene como finalidad el descanso y
recuperación de la madre y la atención del recién nacido, lo que implica considerar
que esta se constituye como un derecho irrenunciable de la trabajadora, esto es que
no es procedente renunciar a sus beneficios.
106. En ese sentido, en materia de seguridad social y por virtud del reconocimiento
de la primacía de la realidad sobre las formas, la entidad demandada debe pagarle
60Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 26 de enero de 2023, proferida en el
expediente con radicado 25000 23 42 000 2015 01265 01 (4620-2017), M.P. Gabriel Valbuena
Hernández.
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Demandante: Linibeth Cruz Baquero
los salarios y prestaciones a título de restablecimiento del derecho.
107. Se precisa, que en el presente asunto y como consecuencia de esta decisión
que declara la existencia de la relación laboral, la situación se trata de una
trabajadora del sector público, vinculada al servicio y separada de sus funciones
como consecuencia de su licencia de maternidad. En este caso, el reconocimiento
de la relación laboral implica un restablecimiento del derecho que no puede ser otro
que el reconocimiento de su situación de trabajadora en estado de maternidad, lo
que le permite acceder a una licencia de maternidad, con todos los beneficios que
ello implica.
108. Esta corporación no desconoce la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia que ha señalado que en casos como el analizado, pero de
trabajadoras particulares no es necesario pedir autorización al Ministerio del
Trabajo, así como tampoco pueden ser beneficiarias de la estabilidad laboral
reforzada y luego pedir el reintegro61, conclusión que no es aceptada por la Corte
Constitucional al concluir que se trata de un derecho irrenunciable. Tal y como lo
señaló en sentencia T-279 de 2021:
«(i) Protección laboral reforzada de la mujer gestante ante acuerdos que modifican
el contrato laboral
1. La facultad de modificar el contrato de trabajo por mutuo acuerdo. En ejercicio de la
autonomía de la voluntad privada, los contratos de trabajo pueden ser modificados por
mutuo acuerdo entre el empleador y el trabajador62. En particular, el artículo 50 del CST
señala la posibilidad de que las partes revisen las condiciones generales del contrato
laboral si sobrevienen “imprevisibles y graves afectaciones de la normalidad
económica”63. Los acuerdos que modifiquen el contrato laboral son válidos y eficaces si
cumplen con los requisitos generales de existencia, validez y eficacia de los actos
jurídicos y, además, satisfacen ciertos requisitos específicos aplicables al contrato de
trabajo.
2. Requisitos generales de existencia y validez de acuerdos de modificación del
contrato de trabajo. Las normas del Código Civil que regulan la existencia, validez y
eficacia de los actos jurídicos son aplicables a los acuerdos laborales en virtud de la
cláusula de remisión normativa prevista en el artículo 19 del CST. En particular, la Sala
de Casación Laboral ha sostenido que los artículos 1508, 1740, 1741 y 1746 del Código
Civil, los cuales establecen que los vicios del consentimiento son el “error, fuerza y
dolo”64 y prevén las consecuencias de la configuración de alguno de estos vicios -
61 Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, sentencia SL1350-2021.
62 Código Civil, art. 1502.
63 Código Sustantivo del Trabajo, art. 50.
64 Sobre los vicios del consentimiento, en la Sentencia C-993 de 2006 la corte Constitucional explicó
lo siguiente: “la fuerza o violencia es la presión física o moral que se ejerce sobre una persona para
obtener su consentimiento, la cual infunde miedo o temor en la misma. El dolo es toda especie de
artificio para engañar a otro sujeto del negocio jurídico y que induce o provoca un error en él. El error,
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Demandante: Linibeth Cruz Baquero
inexistencia, ineficacia o nulidad- son aplicables a los acuerdos que modifican el contrato
laboral65. De igual forma, la Sala de Casación Laboral ha fijado criterios de interpretación
relevantes en casos en donde se discute la existencia de vicios en el consentimiento del
trabajador en un acuerdo laboral. De particular importancia para el caso sub examine,
ha sostenido que (i) la celebración del acuerdo en las “instalaciones del empleador”66 no
configura un vicio del consentimiento, (ii) el hecho de que el acta que contenga el
acuerdo haya sido “elaborada por el empleador” no vicia el consentimiento, debido a que
“la firma del trabajador es señal de aceptación del documento”67; y (iii) no existe un
derecho de retracto frente al acuerdo de voluntades válidamente celebrado68.
3. Requisitos específicos de existencia y validez de acuerdos que modifican el contrato
de trabajo. El contrato de trabajo genera una relación jurídica que está regulada por
normas de orden público. Esto implica que la autonomía de la voluntad privada tiene
restricciones especiales de carácter constitucional y legal que limitan la facultad de
modificar los contratos laborales por mutuo acuerdo69. Así, el artículo 53 de la
Constitución Política prescribe que los contratos, acuerdos y convenios de trabajo “no
pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores”.
Del mismo modo, establece que los “beneficios mínimos establecidos en normas
laborales” son irrenunciables y no pueden pactarse acuerdos que desconozcan el
catálogo de derechos irrenunciables para el trabajador70.
4. En concordancia con esta disposición constitucional, el artículo 13 del CST prevé
que la autonomía de la voluntad privada no puede desconocer “el mínimo de derechos
y garantías consagrados en favor de los trabajadores” y el pacto que desconozca dicho
mínimo “no produce efectos”71. De igual forma, el artículo 15 del CST dispone la invalidez
de los acuerdos que desconozcan los derechos “ciertos e indiscutibles”. Un derecho es
cierto “si está incorporado en el patrimonio del trabajador”72, es decir, cuando “operaron
los supuestos de hecho de la norma que consagra el derecho”73. De otro lado, es
indiscutible si existe certidumbre “alrededor de la caracterización del mismo, esto es, a
los extremos del derecho y a su quantum”74. La Sala de Casación Laboral ha indicado
que para que un derecho pueda ser catalogado de cierto e indiscutible es necesario que
exista “certeza sobre los supuestos de hecho de la disposición jurídica de la cual emana
el derecho reclamado”75.
por su parte, consiste en la falta de correspondencia entre la representación mental del sujeto y la
realidad, es decir, en el conocimiento no verdadero o falso de la realidad. Se distingue de la
ignorancia, en cuanto ésta consiste en la ausencia de conocimiento”.
65 Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, Sentencia SL3827-2020 del 23 de septiembre de 2020.
66 Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, Sentencia SL6436 del 21 de mayo de 1991.
67 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación labora, sentencia SL6436-2015. M.P. Clara Cecilia
Dueñas Quevedo. En este caso se resolvió no casar la sentencia de segunda instancia con la cual
se absolvió a la accionada.
68 Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, Sentencia con radicación 18299 del 4 de julio de 2002.
69 Constitución Política, artículo 53.
70 Código Sustantivo del Trabajo, artículo 14.
71 Código Sustantivo del Trabajo, artículo 13.
72 Corte Constitucional, sentencias T-320 de 2012, T-662 de 2012 y T-438 de 2020. Sobre el
concepto de derechos ciertos e indiscutible, véase, entre otras, las sentencias con radicado 29332
de 2007, 32051 de 2009 y 35157 de 2011, de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia.
73 Ib.
74 Corte Constitucional, sentencia T-662 de 2012.
75 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral CSJ SL 14 dic. 2007, rad. 29332.
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Demandante: Linibeth Cruz Baquero
5. Restricciones específicas aplicables en el caso de acuerdos que modifican contratos
laborales de trabajadoras gestantes o lactantes. Distintas Salas de Revisión de tutelas
de la Corte Constitucional76 han considerado que “la estabilidad laboral reforzada por
maternidad (…) se trata de un derecho cierto e indiscutible” y, por tanto, “de pactarse
una terminación de mutuo acuerdo” del contrato laboral, dicho pacto se “entenderá
ineficaz”77. Así mismo, han indicado que la licencia de maternidad es un derecho cierto
e indiscutible de la trabajadora78, por tanto, sería ineficaz un acuerdo de voluntades
que desconozca el derecho de la mujer gestante y lactante a su disfrute». [Se
resalta]
109. No obstante, ello se refiere a la aplicación del CST el cual, se insiste, no es
aplicable en el presente asunto, del que la garantía al derecho a la licencia de
maternidad deviene del reconocimiento de la relación laboral encubierta y del
reconocimiento de los salarios y prestaciones a que tenía derecho por el período de
la licencia, sin que pudiera considerarse eficaz la suspensión del contrato.
110. Para la sala, es posible que la trabajadora suspenda o termine el contrato por
mutuo acuerdo; no obstante, para garantizar tal situación, se debe tener la certeza
de que la renuncia fue libre y voluntaria, y que con ello no se desconocieron
derechos mínimos e irrenunciables. Máxime, porque con ello se impide la
discriminación que, con ocasión del embarazo, pueda sufrir la mujer,
específicamente la terminación o la no renovación del contrato por causa o con
ocasión de esa condición o de la lactancia, y de la lectura del acta de suspensión
se observa que la decisión fue de mutuo acuerdo.
111. Sobre el particular, no puede desconocerse que la Corte Constitucional se
pronunció en las sentencias SU 070 de 2013 y SU 078 de 2018, sobre precedentes
jurisprudenciales en los que se analizó la situación de la maternidad y encontró
diferentes hipótesis que en aquellas decisiones sistematizó con el fin de brindar una
solución uniforme a cada uno de los casos. En particular y para lo que toca con el
caso en concreto señaló que «en el supuesto en que la trabajadora gestante o lactante
haya estado vinculada mediante un contrato de prestación de servicios y logre demostrarse
la existencia de un contrato realidad, la Sala ha dispuesto que se deberán aplicar las
reglas propuestas para los contratos a término fijo, en razón a que dentro de las
características del contrato de prestación de servicios, según lo ha entendido esta
Corporación, se encuentran que se trata de un contrato temporal, cuya duración es por un
tiempo limitado, que es además el indispensable para ejecutar el objeto contractual
convenido.79». [Se resalta].
112. Así pues, las hipótesis planteadas en aquella decisión para los casos de las
76 Corte Constitucional, sentencias T-184 de 2012, T-662 de 2012, T-395 de 2018 y T-438 de 2020.
77 Corte Constitucional, sentencia T-438 de 2020.
78 Corte Constitucional, sentencia T-503 de 2016.
79
Ibíd. (Ver la sentencia T-1210 de 2008)
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Demandante: Linibeth Cruz Baquero
trabajadoras con contrato a término fijo son las siguientes:
«2. Hipótesis fácticas de la alternativa laboral de una mujer embarazada, desarrollada
mediante CONTRATO A TÉRMINO FIJO.
2.1 Cuando el empleador conoce en desarrollo de esta alternativa laboral el estado de
gestación de la empleada, se presentan dos situaciones:
2.1.1 Si la desvincula antes del vencimiento del contrato sin la previa calificación de una
justa causa por el inspector del trabajo: En este caso se debe aplicar la protección
derivada del fuero consistente en la ineficacia del despido y el consecuente reintegro,
junto con el pago de las erogaciones dejadas de percibir. Se trata de la protección
establecida legalmente en el artículo 239 del CST y obedece al supuesto de
protección contra la discriminación.80
2.1.2 Si la desvincula una vez vencido el contrato, alegando como una justa causa el
vencimiento del plazo pactado: En este caso el empleador debe acudir antes del
vencimiento del plazo pactado ante el inspector del trabajo para que determine si
subsisten las causas objetivas que dieron origen a la relación laboral. Si el empleador
acude ante el inspector del trabajo y este determina que subsisten las causas del
contrato, deberá extenderlo por lo menos durante el periodo del embarazo y los tres
meses posteriores. Si el inspector del trabajo determina que no subsisten las causas, se
podrá dar por terminado el contrato al vencimiento del plazo y deberán pagarse las
cotizaciones que garanticen el pago de la licencia de maternidad. Si no acude ante el
inspector del trabajo, el juez de tutela debe ordenar el reconocimiento de las cotizaciones
durante el periodo de gestación; y la renovación sólo sería procedente si se demuestra
que las causas del contrato laboral a término fijo no desaparecen, lo cual se puede hacer
en sede de tutela. Para evitar que los empleadores desconozcan la regla de acudir al
inspector de trabajo se propone que si no se cumple este requisito el empleador sea
sancionado con pago de los 60 días previsto en el artículo 239 del C. S. T.».
113. En el presente asunto, Linibeth Cruz Baquero continuó con la prestación del
servicio a través de la modalidad contractual que ahora se reconoce como laboral,
a partir del 3 de noviembre de 2013, por lo que la particular consideración de la
Corte Constitucional acerca del «reintegro», no tendría lugar a ordenarse, pues
materialmente la demandante prestó sus servicios nuevamente con el Hospital
Regional de la Orinoquía.
114. En cambio, por las razones expuestas en esta decisión se concluyó la ineficacia
de la suspensión del contrato, lo que impone considerar el lapso pactado en aquel
documento, como tiempo efectivamente laborado. Además de entender que una vez
80 Esta hipótesis fáctica fue examinada en la sentencia T-021 de 2011 (Sala Novena de Revisión) y
se ordenó: reintegrar a la accionante al cargo que venía ocupando o a uno de igual o semejante
jerarquía, afiliarla al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud; cancelar la indemnización de
que trata el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo; y pagar la licencia de maternidad y los
salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir desde el momento de su despido hasta la fecha
en que se efectúe su reintegro.
También fue estudiada en la T-204 de 2010 (Sala Sexta de Revisión) y las órdenes fueron similares.
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Demandante: Linibeth Cruz Baquero
la demandante ingresó en licencia de maternidad, podía disfrutar de esa
prerrogativa, con todos los beneficios que de ella se derivaban.
115. Por lo tanto, el Hospital Regional de la Orinoquía deberá pagar los salarios y
prestaciones sociales por el periodo en el que Linibeth Cruz Baquero estuvo en
licencia de maternidad.
116. Ahora, no por el hecho de haber laborado para el Estado se adquiere la calidad
de empleado público o «servidora», como consecuencia de las condiciones
especiales que se predican de esa vinculación establecidas en la Constitución y la
ley, por lo cual no se le puede otorgar esa connotación.
117. De otro lado, la entidad argumentó en el recurso de apelación que el tribunal no
tuvo en cuenta la tacha de los testigos presentada en la audiencia de pruebas, al
respecto esta figura jurídica prevista en el artículo 211 del Código General del
Proceso indicó que «[e]l juez analizará el testimonio en el momento de fallar de acuerdo
con las circunstancias de cada caso». Lo que no hace improcedente la recepción de
los testimonios ni la valoración de estos, sino que exige un análisis en relación con
cada uno de ellos para determinar el grado de credibilidad que ofrecen y determinar
su eficacia probatoria.
118. Además, el apoderado de la demandada se limitó a formular la tacha contra los
testigos Mileidy Paola Montaño Cepeda, Silvia María Rodríguez Valderrama, Shirley
María Paba Vega, y Sneyder Manotas Solano, porque presentaron demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho y solicitaron la declaración de la existencia
de la relación laboral; lo cual no fue expuesto en los testimonios, y así lo hubiera
demostrado no afecta la credibilidad o imparcialidad del contenido de sus
declaraciones, además, de acuerdo con el artículo 211 del CGP el a quo realizó un
análisis de los testimonios con mayor rigor, por lo cual evidenció que ellos
conocieron de manera directa las condiciones en que Linibeth Cruz Baquero prestó
sus servicios, sin que se evidenciara inconsistencias o parcialidad en sus relatos.
119. En tal sentido, los testimonios son válidos como medio de prueba, y una vez
escuchados no generan duda, y son coherentes en las afirmaciones.
120. Finalmente, la entidad indicó en el recurso de apelación que el poder conferido
por la demandante al apoderado judicial, es incongruente porque solo solicitó la
nulidad del acto acusado, y no el restablecimiento del derecho. No obstante, el
tribunal consideró que la demanda cumplió los requisitos previstos en los artículos
162 a 164 del CPACA, pues en la demanda se solicitó la nulidad del acto acusado,
en consecuencia, fuera declarada la existencia de la relación laboral, y en la
audiencia inicial se fijó el litigio en esos términos. Además, en el poder conferido se
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Demandante: Linibeth Cruz Baquero
indicó como acto acusado el Oficio PJ-26.2-2017-309 del 22 de septiembre de 2017,
el cual fue objeto de control de legalidad en el presente asunto.
121. Así las cosas, con fundamento en el material probatorio valorado y la normativa
aplicable al asunto, esta Sala concluye que se demostraron los elementos
constitutivos de una relación laboral encubierta entre Linibeth Cruz Baquero y la
ESE Hospital Regional de la Orinoquía, en los periodos comprendidos entre el 21
de marzo de 2012 a 30 de junio de 2016, no se configuró la prescripción, por lo
tanto, tiene derecho al consecuente pago de las prestaciones laborales que surjan
de esta.
122. En consecuencia, la Sala modificará la sentencia proferida el 15 de junio de
2023 por el Tribunal Administrativo de Casanare que accedió a las pretensiones de
la demanda.
2.5. Costas
123. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
124. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
125. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma81.
81En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Radicado: 85001-23-33-000-2018-00031-01 (5835-2023)
Demandante: Linibeth Cruz Baquero
126. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron esas costas.
127. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
3. Conclusión
128. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que existió una relación
laboral entre Linibeth Cruz Baquero y la ESE Hospital Regional de la Orinoquía,
durante el periodo comprendido entre el 21 de marzo de 2012 y el 30 de junio de
2016, sin interrupciones. Ese tiempo se tendrá en cuenta para efectos pensionales.
129. En consecuencia, tiene derecho al reconocimiento de las prestaciones laborales
de orden legal y a la diferencia salarial, para lo cual tomará como referente los
salarios de un empleado de planta que desarrollaba iguales funciones a las
ejecutadas por la demandante en ese periodo, y solo en caso de no existir, se tendrá
como base los honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios.
130. La entidad deberá calcular el ingreso base de cotización (IBC) pensional de la
demandante como se indicó con anterioridad y ella deberá demostrar las
cotizaciones efectuadas, con la salvedad de que en caso de no haberse realizado
o de existir diferencia en su contra, tendrá la carga de pagar o completar el
porcentaje que le correspondía como empleado.
131. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero. Modificar los ordinales tercero, cuarto, y quinto, de la sentencia del 15 de
junio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, que accedió a
las pretensiones de la demanda presentada por Linibeth Cruz Baquero contra la
ESE Hospital Regional de la Orinoquía, conforme con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia, los cuales quedaran así:
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Radicado: 85001-23-33-000-2018-00031-01 (5835-2023)
Demandante: Linibeth Cruz Baquero
«Tercero. No operó el fenómeno de la prescripción de las prestaciones sociales
legales, causadas con anterioridad al 3 de noviembre de 2013.
Cuarto. Condenar a la ESE Hospital Regional de la Orinoquía a reconocer a
Linibeth Cruz Baquero las prestaciones laborales de orden legal a las cuales tiene
derecho, para lo cual tomará como referente los salarios de un empleado de
planta que desarrollaba iguales funciones a las que ejecutó en el periodo
contractual y, en caso de no existir, se tendrá como base los honorarios pactados
en los contratos de prestación de servicios, por el tiempo en el cual se demostró
la existencia de la relación laboral y que no se encuentra afectado por el
fenómeno jurídico de la prescripción, es decir, entre el 21 de marzo de 2012 y el
30 de junio de 2016, conforme con lo expuesto en la parte motiva.
La entidad calculará el ingreso base de cotización (IBC) pensional y, en tal
sentido, deberá cotizar al respectivo fondo pensional en el porcentaje que le
correspondía al empleador por el periodo comprendido entre el 21 de marzo de
2012 y el 30 de junio de 2016. Para estos efectos, la demandante deberá
acreditar las cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante sus
vínculos contractuales, con la salvedad de que en caso de no haberse realizado
o de existir diferencia en su contra, tendrá la carga de pagar o completar el
porcentaje que le correspondía como empleado.
Quinto. Ordenar a la ESE Hospital Regional de la Orinoquía a reconocer a
Linibeth Cruz Baquero las diferencias que resulten entre lo que recibió por
concepto de honorarios y lo que debió recibir, en igualdad de condiciones
respecto del cargo que desempeñaba iguales funciones a las suyas; y el pago de
la licencia de maternidad del año 2013.».
Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia recurrida, de conformidad con lo
expuesto en esta decisión.
Tercero. No condenar en costas en esta instancia.
Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma SAMAI del
Consejo de Estado.
Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
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Radicado: 85001-23-33-000-2018-00031-01 (5835-2023)
Demandante: Linibeth Cruz Baquero
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000
2020-00472-01 (1251-2024)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
Salvamento de voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala
en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
KGO
60
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