Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 85001-23-33-000-2018-00154-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 85001-23-33-000-2018-00154-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 85001-23-33-000-2018-00154-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
1 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D. C., primero (1°) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 85001-2333-000-2018-00154-00 (66.126)
Demandante: María Lilia Rodríguez de Amézquita y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otro
Referencia Reparación directa
Temas: DAÑOS DERIVADOS DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS - Homicidio de
civil por parte de miembros de las Autodefensas Campesinas de Casanare -ACC en el municipio de
Aguazul – Casanare / CADUCIDAD –Algunos de los demandantes acreditaron haber padecido
desplazamiento forzado, secuestro y amenazas – el término de caducidad debe tener en cuenta el
momento en que las partes pudieron superar las barreras de acceso para ejercer el derecho de
acción – la presentación de denuncia penal no es equiparable con la pretensión de responsabilidad
patrimonial del Estado a través del medio de control reparación directa / FALLA DEL SERVICIO
POR OMISIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
– procede cuando se solicita protección con indicación de las especiales condiciones de riesgo en
las cuales se encuentra la persona y cuando, sin que medie solicitud de protección alguna, sea
evidente que se encontraba expuesta a sufrir graves riesgos contra su vida.
1. La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia del 23 de julio de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo
de Casanare, mediante la cual se declaró, de oficio, la caducidad de la acción
judicial.
SÍNTESIS DEL CASO
2. Se reclama la responsabilidad patrimonial del Estado por el homicidio de Wilson
Amézquita Rodríguez, ocurrido el 17 de junio del 2000, perpetrado por miembros
de grupos paramilitares, puntualmente de las Autodefensas Campesinas del
Casanare - ACC. Según la demanda, el referido asesinato fue consecuencia de la
omisión de las entidades demandadas en su obligación de proteger a la población.
ANTECEDENTES
La demanda
3. El 16 de noviembre de 20181, María Lilia Rodríguez de Amézquita, Pedro Enrique,
Edilberto, José Luis, Marlén, Fernando y Aristóbulo Amézquita Rodríguez, a través
de apoderado judicial, presentaron demanda de reparación directa contra el
municipio de Aguazul (Casanare) y la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional, por el asesinato de su familiar Wilson Amézquita Rodríguez, perpetrado
por las Autodefensas Campesinas del Casanare.
1 Expediente digital, índice 3 del historial de actuaciones de Samai del Tribunal, documento denominado “00-
2018-00154-00 C- Ppal.pdf”.
Radicación: 85001-2333-000-2018-00154-00 (66.126)
Demandante: María Lilia Rodríguez de Amézquita y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional y otro
Referencia: Reparación directa
4. Sobre el particular, se formularon las siguientes pretensiones (se transcribe de
forma literal, incluso con los posibles errores):
“Primera. Que se declare administrativa y patrimonialmente responsables a la
Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional y al municipio de
Aguazul – Casanare, a pagar solidaria o separadamente, los perjuicios materiales
y morales inferidos a mis representados, como consecuencia de la falla en el
servicio en que están comprometidas las entidades demandadas que ocasionó la
muerte violenta del joven Wilson Amézquita Rodríguez.
Segunda. Condenar a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
y al municipio de Aguazul, a pagar solidaria o separadamente, a título de perjuicios:
1. Perjuicios Morales:
Para los señores María Lilia Rodríguez de Amézquita, mayor de edad, identificada
con (…), en calidad de madre del joven Wilson Amézquita Rodríguez QEPD,
doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes (S.M.L.M.V.), al
momento de la sentencia que ponga fin al presente proceso.
Para los señores Pedro Enrique Amézquita Rodríguez, mayor de edad, identificado
(…); Edilberto Amézquita Rodríguez, mayor de edad identificado (…), José Luis
Amézquita Rodríguez, mayor de edad, identificado (…); Marlen Amézquita
Rodríguez, mayor de edad, identificada (…), Fernando Amezquita Rodríguez,
identificado (…) y Aristóbulo Amézquita Rodríguez en calidad de hermanos del
occiso Wilson Amézquita Rodríguez Q.E.P.D., la suma de cien (100) salarios
mínimos legales mensuales vigentes S.M.L.M.V. para cada uno de los hermanos,
al momento de impartirse sentencia que ponga fin al proceso.
Total de perjuicios morales de ochocientos (800) salarios mínimos legales
mensuales vigentes S.M.L.M.V. a la fecha de ejecutoria de la sentencia.
2. Perjuicios Materiales
A título de perjuicios patrimoniales o materiales en su modalidad de reparación
integral como derecho fundamental de las víctimas de graves violaciones de los
derechos humanos y/o derecho internacional humanitario de obligatorio
cumplimiento – ius cogens. Por la muerte en homicidio del joven Wilson Amézquita
Rodríguez. Quinientos seis millones novecientos setenta y siete mil doscientos
pesos M/L $506.977.200) o la suma que se pruebe en el proceso, suma de dinero
que deberá ser actualizada y/o indexada al momento en que quede debidamente
ejecutoriada la sentencia que ponga fin al proceso.
Tercera. La liquidación de las anteriores sumas deberá efectuarse mediante sumas
liquidadas de moneda de curso legal en Colombia y se ajustarán dichas condenas
tomando como base el índice de precios al consumidor, o al por mayor, conforme
lo disponen los artículos 187 y 193 del CPACA.
Cuarta. Para el cumplimiento de la sentencia, se ordene dar aplicación a los
artículos 192 y 195 del CPACA”2.
5. Como fundamentos fácticos de la demanda, en síntesis, se mencionaron los
siguientes.
6. En el 2000, Wilson Amézquita Rodríguez se desempeñaba como ayudante de
transporte en un vehículo tipo bus de placas XGJ-637 que llevaba pasajeros de
Chámeza a Yopal.
2 Folios 6 a 7 del cuaderno principal, índice 3 del historial de actuaciones de Samai.
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Radicación: 85001-2333-000-2018-00154-00 (66.126)
Demandante: María Lilia Rodríguez de Amézquita y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional y otro
Referencia: Reparación directa
7. El 17 de junio de 2000, durante la jornada de trabajo de Wilson Amézquita
Rodríguez, justo antes de ingresar al municipio de Aguazul, dos sujetos armados
interceptaron el automotor en el que se movilizaba. Posteriormente, otras personas
armadas ordenaron a todos los pasajeros bajarse del vehículo, le indicaron al
conductor y al ayudante que debían conducir unos kilómetros más y finalmente los
asesinaron e incineraron el bus.
8. El 23 de octubre de 2017, la Fiscalía 66 delegada ante el Tribunal Superior del
Sistema de Justicia y Paz comunicó a los familiares de Wilson Amézquita
Rodríguez que la investigación se encontraba suspendida a la espera de la
implementación de la Justicia Especial para la Paz, de acuerdo con lo previsto en
la Ley 1820 de 2016.
9. La parte actora adujo que el mencionado joven falleció en la jurisdicción de Aguazul
y previo a su asesinato fue sometido a tratos inhumanos, sin que las autoridades
de policía lo protegieran o hubieran evitado aquel trágico suceso. Además, se indicó
que la familia Amézquita Rodríguez fue desplazada del municipio de Chámeza en
el 2002.
10. Según la demanda, las entidades omitieron su deber de proteger a los ciudadanos
lo que conllevó a que Wilson Amézquita Rodríguez falleciera a causa de un crimen
cometido por un grupo armado al margen de la ley. También, se indicó que, en
virtud de lo dispuesto en la Constitución Política, se debe acudir a una reparación
integral de los familiares del occiso por la grave violación de los derechos humanos
que aquél padeció.
Contestaciones de la demanda
11. El municipio de Aguazul se opuso a las pretensiones. Señaló que el homicidio de
Wilson Amézquita Rodríguez no le era imputable porque había sido causado por
un tercero ajeno a la Administración -grupo armado al margen de la ley-. Además,
señaló que no tuvo conocimiento de intimidaciones o amenazas en contra de la
víctima directa o de sus familiares, con el objetivo de tomar medidas en procura de
salvaguardar su integridad personal. Por último, propuso la excepción de falta de
legitimación de la causa por pasiva, porque los hechos ocurrieron en una vía
nacional que no es custodiada por la entidad territorial3.
12. La Policía Nacional indicó que no se demostró la falla del servicio alegada por los
demandantes, toda vez que la víctima directa del daño no puso en conocimiento de
las autoridades amenazas o riesgos que ameritaran una protección especial.
Agregó que es competencia del Ministerio del Interior evaluar el riesgo y brindar
seguridad especial a los ciudadanos que denuncian amenazas, por lo que dicha
circunstancia no le es imputable. Alegó que el fallecimiento de Wilson Amézquita
Rodríguez se produjo por el accionar exclusivo de un grupo armado al margen de
la ley, lo cual evidencia que se materializó el hecho de un tercero. Por último,
propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no
causó el daño por el que se presentó la demanda4.
3 Folios 62 a 66 del cuaderno principal, índice 3 del historial de actuaciones de Samai.
4 Folios 72 a 81 del cuaderno principal, índice 3 del historial de actuaciones de Samai.
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Demandante: María Lilia Rodríguez de Amézquita y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional y otro
Referencia: Reparación directa
Audiencia inicial
13. En audiencia inicial realizada el 8 de agosto de 2019, el Tribunal a quo agotó la
etapa prevista en el artículo 180 del CPACA y fijó el litigio de la siguiente manera:
“establecer si hay lugar o no a la declaratoria de responsabilidad por las acciones
u omisiones imputadas por la parte actora y determinar si consecuencialmente debe
accederse a la indemnización de los perjuicios alegados en la demanda”. Por
último, decretó como pruebas: (i) los documentos aportados con la demanda y la
contestación, (ii) la declaración de parte de los demandantes y (iii) dictamen pericial
con el fin de acreditar los perjuicios materiales.
Etapa de pruebas
14. El Tribunal de primera instancia, a través de auto del 17 de octubre de 2019, declaró
vencido el término para aportar el dictamen pericial sin que hubiera sido allegado
por la parte interesada; decisión que no fue recurrida por las partes.
15. El 5 de febrero de 2020 se llevó a cabo la audiencia para recibir las declaraciones
de parte, sin embargo, ante la inasistencia de los demandantes, el magistrado
conductor del proceso declaró precluido el término para practicar la prueba 5 y
finalizó esta etapa procesal.
Sentencia de primera instancia6
16. Mediante providencia del 23 de julio de 2020, el Tribunal Administrativo de
Casanare declaró, de oficio, la caducidad de la acción judicial y se abstuvo de
condenar en costas a la parte vencida, con fundamento en las siguientes
consideraciones.
17. El a quo indicó que, de conformidad con el criterio unificado por la Sala Plena de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 29 de enero de 2020, en
los eventos en que se demande la responsabilidad extracontractual del Estado por
graves violaciones de derechos humanos, el término de caducidad debe
contabilizarse conforme a lo establecido en el artículo 164 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), salvo
que se acrediten circunstancias que hubieren impedido materialmente a los
demandantes ejercer su derecho de acción dentro de los plazos fijados por el
legislador.
18. Bajo esa premisa, el Tribunal abordó el caso concreto y evidenció que el
levantamiento del cadáver de Wilson Amézquita Rodríguez ocurrió el 29 de junio
del 2000 y los hermanos de la víctima interpusieron denuncia penal el 30 de enero
de 2012, en la que se indicó que dicho asesinato fue perpetrado por un grupo de
Autodefensas Campesinas del Casanare, pero no mencionaron alguna razón que
les hubiere impedido el ejercicio del derecho de acción desde el momento de la
muerte de la víctima directa. En ese sentido, concluyó que el término de caducidad
debía contarse desde la fecha en que se encontró el cadáver del joven Amézquita
5 Sin recursos por los asistentes a la diligencia.
6 Actuación digital, índice 3 del historial de actuaciones de Samai.
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Radicación: 85001-2333-000-2018-00154-00 (66.126)
Demandante: María Lilia Rodríguez de Amézquita y otros
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Nacional y otro
Referencia: Reparación directa
Rodríguez; por lo tanto, el plazo para interponer la demanda finalizó el 29 de junio
del 2002 y como se presentó hasta el 16 de noviembre de 2018 consideró que fue
extemporánea.
El recurso de apelación
19. La parte demandante en el escrito de impugnación manifestó su inconformidad con
la sentencia de primera instancia, por cuanto consideró que el a quo no tuvo en
cuenta los siguientes aspectos: (i) los familiares de la víctima directa conocieron de
la participación de los paramilitares en el homicidio de Wilson Amézquita Rodríguez
a partir de una comunicación remitida por la Fiscalía el 23 de octubre de 2017; (ii)
la responsabilidad patrimonial del Estado en eventos de vulneración a derechos
humanos debe ser imprescriptible; y (iii) se debía inaplicar el término de caducidad
en el caso concreto porque los demandantes padecieron circunstancias materiales
que les imposibilitaron ejercer el derecho de acción con antelación a la fecha de
presentación de la demanda -sobre esto último no sustentaron ni especificaron
alguna causa o circunstancia en particular-.
Trámite relevante en segunda instancia
20. El recurso fue admitido mediante auto del 22 de enero de 2021 7. Posteriormente,
el apoderado de la parte actora presentó alegatos en los que indicó que, por tratarse
de un asunto de violación grave de derechos humanos, se debe acudir al principio
de reparación integral y acceder a las pretensiones. Asimismo, solicitó inaplicar, por
inconstitucional, el precedente jurisprudencial relativo a la caducidad fijado por la
Sección Tercera del Consejo de Estado8. A su turno, el municipio de Aguazul
manifestó que no tiene reparos en contra de la decisión apelada 9. El Ministerio
Público rindió concepto en el que pidió confirmar la sentencia de primera
instancia10. La Policía Nacional guardó silencio en esta etapa procesal11.
21. El 6 de septiembre de 2024, se ordenó la remisión de este asunto 12 al despacho
del consejero ponente, en compensación, de conformidad con lo establecido en la
Circular 010 del 11 de marzo de 2019, expedida por la presidencia de esta
Corporación.
22. El 3 de febrero de 2025, en cumplimiento del criterio jurisprudencial fijado en la
sentencia SU-167 de 2023 proferida por la Corte Constitucional, se requirió a los
recurrentes para que informaran las razones jurídicas que, conforme a la
providencia de unificación de 29 de enero de 2020 de la Sección Tercera de esta
Corporación, le llevaron a sostener que, en el caso concreto, el derecho de acción
para incoar la demanda no ha caducado13.
7 Actuación digital, índice 7 del historial de actuaciones de Samai.
8 Actuación digital, índice 16 del historial de actuaciones de Samai.
9 Actuación digital, índice 15 del historial de actuaciones de Samai.
10 Actuación digital, índice 17 del historial de actuaciones de Samai.
11 Información corroborada con el informe secretarial que obra en el Índice 18 de Samai.
12 El proceso fue remitido desde el despacho del magistrado Nicolás Yepes Corrales. Actuación digital, índice
68 del historial de actuaciones de Samai
13 Índice 72 del historial de actuaciones de Samai del Consejo de Estado.
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Radicación: 85001-2333-000-2018-00154-00 (66.126)
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Nacional y otro
Referencia: Reparación directa
23. El apoderado de la parte requerida allegó memorial en el que indicó las razones por
las que, según su criterio, los demandantes no pudieron ejercer el derecho de
acción durante los dos años siguientes a la muerte de Wilson Amézquita Rodríguez,
las cuales sustentó así: (i) el criterio de la sentencia de unificación del 29 de enero
de 2020 no es aplicable al asunto debido a que la controversia inició previo al
cambio jurisprudencial; (ii) los demandantes no tenían certeza de que la muerte de
su familiar ocurrió por acciones de los paramilitares, lo que limitó el ejercicio de su
derecho de acción; y (iii) el orden público en el departamento de Casanare durante
la década del 2000 impedía a las víctimas denunciar la responsabilidad de la Nación
– Ministerio de Defensa – Policía Nacional y del municipio de Aguazul.
24. Previo a decidir el caso en segunda instancia, esta Sala de decisión requirió, de
manera oficiosa, a las siguientes entidades: (i) a la Fiscalía General de la Nación
para que remitiera las copias procesales de la investigación penal adelantada por
la muerte del señor Wilson Amézquita Rodríguez; (ii) a la Unidad para la Atención
y Reparación Integral de las Víctimas -UARIV-, con el fin de que informara sobre la
supuesta situación de desplazamiento de los demandantes, particularmente, la
manera en la que se produjo y eventualmente si esta cesó o se prolongó
indefinidamente y (iii) al Centro Nacional de Memoria Histórica con el propósito de
allegar los informes concluidos en los que se expliquen las dinámicas regionales y
locales del conflicto armado ocurridas en el municipio Aguazul (Casanare) desde el
homicidio de la víctima hasta la fecha de presentación de la demanda.
25. Los documentos requeridos fueron aportados por las distintas entidades 14 y se
pusieron en conocimiento de los sujetos procesales por un término de 3 días, sin
que las partes hicieran manifestación alguna respecto de la información allegada.
CONSIDERACIONES
26. La Sala no advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo
actuado, por lo que procede a resolver en segunda instancia el presente asunto.
Adicionalmente, se evidencia el cumplimiento de los presupuestos procesales de
jurisdicción, competencia, legitimación en la causa por activa y por pasiva, y el
agotamiento del requisito de conciliación extrajudicial. Lo referente a la oportunidad
para presentar la demanda, por haber sido cuestionada concretamente en el
recurso de apelación, se abordará al decidir el caso concreto.
Objeto del recurso de apelación y los problemas jurídicos para resolver la
controversia
27. Antes de enunciar los interrogantes cuya solución acometerá esta Subsección, es
necesario delimitar el reproche de la parte apelante en contra del fallo de primera
instancia, encargado de fijar el marco del presente pronunciamiento 15, el cual
14 Los documentos aportados se encuentran en el historial de actuaciones de Samai, así. (i) Jurisdicción
Especial para la Paz (índice 94); (ii) Centro Nacional de Memoria Histórica (índice 95); (iii) Fiscalía General de
la Nación (índices 100 y 101); (iv) Unidad para la Atención de las Víctimas (índices 104 y 110).
15 Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012 – CGP) – Artículo 328, inciso primero: “El juez de segunda
instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las
decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley”. En cuando al desarrollo jurisprudencial
de este precepto, ver, entre otras: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera
– Subsección A. Sentencia del 12 de julio de 2024. Rad. 13001-23-33-000-2015-00015-01 (70.692). C.P.
Fernando Alexei Pardo Flórez.
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Radicación: 85001-2333-000-2018-00154-00 (66.126)
Demandante: María Lilia Rodríguez de Amézquita y otros
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Nacional y otro
Referencia: Reparación directa
consiste en insistir en que en el sub lite no se debe aplicar el criterio de caducidad
adoptado por la Sección Tercera en la sentencia de unificación proferida el 29 de
enero de 2020, por los siguientes motivos: (i) la falta de conocimiento de la
responsabilidad de las ACC en el homicidio de Wilson Amézquita Rodríguez; (ii) la
imprescriptibilidad de la responsabilidad del Estado por vulneración de derechos
humanos; y (iii) la imposibilidad de presentar la demanda en el término fijado por el
literal (I) del artículo 164 del CPACA. De ese modo en el caso que se concluya que
la demanda fue presentada oportunamente se deberá auscultar la responsabilidad
de las entidades demandadas -a pesar de que el Tribunal a quo no se haya
pronunciado al respecto-.
28. Así las cosas, en consideración a que la sentencia de primer grado se fundó en la
declaratoria de oficio de la caducidad de la acción, el primer problema jurídico que
se debe abordar en esta instancia consiste en: (i) establecer si la demanda se
presentó de manera oportuna. Solo en caso de que se determine que no se
configuró la caducidad de la acción de reparación directa, (ii) se verificará si se
reúnen los presupuestos para declarar la responsabilidad de la Nación – Ministerio
de Defensa – Policía Nacional y del municipio de Aguazul por la muerte de Wilson
Amézquita Rodríguez; de resultar procedente; (iii) se establecerá la indemnización
de perjuicios y, por último, (vi) se abordará la imposición de la condena en costas
en segunda instancia.
La oportunidad legal para presentar la demanda
29. Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales y evitar que las
situaciones queden indefinidas en el tiempo, el legislador estableció unos plazos
razonables con el propósito de que las personas acudan ante la jurisdicción con el
fin de satisfacer sus pretensiones cuando pretendan la reparación directa por
hechos atribuibles al Estado término que, al vencerse, tiene como consecuencia la
ocurrencia del fenómeno jurídico procesal de la caducidad, lo cual implica la pérdida
del derecho de accionar.
30. Dicha figura, por regla general, no admite suspensión, salvo situaciones especiales,
como que se presente solicitud de conciliación extrajudicial en derecho16, así como
tampoco admite renuncia y, de encontrarse probada, debe ser declarada incluso de
oficio por el juez.
31. De ese modo, la Sala en este acápite deberá: (a) definir la aplicación en este
proceso, de la regla de unificación sobre caducidad de la reparación directa que fue
fijada el 29 de enero de 2020 y, acto seguido, (b) determinar el momento en que
debe computarse el plazo para demandar en este proceso, previa referencia de los
medios de convicción relevantes para ello.
16 También puede acaecer por medidas adoptadas, a través de normas de orden público, como por ejemplo en
el Decreto Legislativo 564 de 2020 “Por el cual se adoptan medidas para la garantía de los derechos de los
usuarios del sistema de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, que
en su artículo 1, dispuso: “suspensión de los términos de prescripción y caducidad. Los términos de prescripción
y de caducidad previstos en cualquier norma sustancial o procesal para ejercer derechos, acciones, medios de
control o presentar demandas ante la Rama Judicial o ante los tribunales arbitrales, sean de días, meses o
años, se encuentran suspendidos desde el 16 de marzo de 2020 hasta el día que el Consejo Superior de la
Judicatura disponga la reanudación de los términos judiciales (…)”.
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Radicación: 85001-2333-000-2018-00154-00 (66.126)
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Aplicación en el tiempo de la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020
32. La Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a través de sentencia
de unificación del 29 de enero de 2020, fijó los parámetros del cómputo de la
caducidad de la reparación directa en los eventos de graves violaciones de
derechos humanos, que se sintetizan, así: (i) excepto en los casos de desaparición
forzada, que tienen regulación expresa17, el plazo para demandar se contabiliza
desde la ocurrencia del hecho causante del daño, siempre que desde ese momento
los afectados hubiesen estado en posibilidad de conocerlo y, por ende, de poder
advertir la posibilidad de imputar responsabilidad al Estado en tales hechos; (ii) el
término legal es aplicable en todos los asuntos en los que se solicite la declaratoria
de responsabilidad patrimonial al Estado, incluso en aquellos casos que versen
sobre daños derivados de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra18, pues
ni el Decreto 01 de 1984 ni la Ley 1437 de 2011 excluyen tales asuntos de la regla
general prevista para ejercer el derecho de acción y (iii) en los casos en que se
adviertan situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho
de acción no es exigible haber presentado la demanda en los plazos fijados por la
ley, hasta tanto se superen las circunstancias de imposibilidad; lo anterior, en virtud
de la excepción de inconstitucionalidad19.
33. Al respecto, es importante señalar que la decisión de unificación jurisprudencial en
cita cuenta con carácter vinculante, pues el Consejo de Estado, como órgano de
cierre, tiene la función de unificar la jurisprudencia para garantizar que la aplicación
del derecho sea homogénea. La obligatoriedad del precedente se justifica en la
necesidad de acatar lo previsto en los artículos 23020 y 23721 de la Constitución
Política, que someten a los jueces al imperio del derecho, incluida “la interpretación
jurisprudencial de los máximos órganos judiciales, la cual informa la totalidad del
ordenamiento jurídico”22, así como de garantizar los principios de igualdad,
seguridad jurídica, legalidad y confianza legítima.
17 En efecto, el inciso segundo del numeral 8 del artículo 136 del C.C.A., adicionado por el artículo 7 de la Ley
589 de 2000, prevé que: “el término de caducidad de la acción de reparación directa derivada del delito de
desaparición forzada se contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la
ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que tal acción pueda intentarse
desde el momento en que ocurrieron los hechos”, regla que también se encuentra prevista en el literal i) del
numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.
18 En tal providencia se consideró que la imprescriptibilidad que operaba en materia penal no se extendía a la
pretensión de reparación directa, por lo siguiente:
“Las situaciones que se pretenden salvaguardar con la imprescriptibilidad de la acción penal en los delitos de
lesa humanidad y los crímenes de guerra se encuentran previstas en materia de lo contencioso administrativo
al amparo de la hipótesis del conocimiento del hecho dañoso y en virtud de lo cual el término de caducidad sí
debe exigirse en estos eventos, pero a partir de que se advierta que el interesado sabía o tenía la
posibilidad de advertir que el Estado tuvo alguna injerencia en la controversia y era susceptible de ser
demandado en los términos del artículo 90 de la Constitución Política” (se destaca).
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 7
de marzo de 2025, expediente. 69.540 C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.
20 “Artículo 230. Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la
jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad
judicial”.
Sobre este último asunto, en la Sentencia C-539 de 2011, la Corte Constitucional determinó que la
expresión imperio de la ley comprende la “[a]plicación del conjunto de normas constitucionales y legales,
valores y objetivos, incluida la interpretación jurisprudencial de los máximos órganos judiciales, la cual informa
la totalidad del ordenamiento jurídico”.
21 “Artículo 237. Son atribuciones del Consejo de Estado: 1. Desempeñar las funciones de tribunal supremo
de lo contencioso administrativo, conforme a las reglas que señale la ley”.
22 Al respecto, ver: Corte Constitucional, Sentencia C-486 de 1993.
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Radicación: 85001-2333-000-2018-00154-00 (66.126)
Demandante: María Lilia Rodríguez de Amézquita y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional y otro
Referencia: Reparación directa
34. Sobre el particular, la Corte Constitucional, en la sentencia SU-312 de 2020, que
dicha providencia resultaba vinculante desde que fue proferida y aplicable a los
casos que se encontraban en curso -efectos retrospectivos– y a los iniciados luego
–efectos prospectivos–, sin que resultaran oponibles los pronunciamientos
expedidos con anterioridad a la providencia de unificación en un sentido distinto 23,
pues, a partir de su adopción, este era el criterio vigente y, por ende, el precedente
constitucional aplicable.
35. Bajo este contexto, en el sub lite se advierte que el Tribunal a quo declaró la
caducidad de la acción de reparación directa en providencia del 23 de julio de 2020,
luego de que se profirió la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020; siendo
esta la tesis jurisprudencial que debía tenerse en cuenta para decidir el caso que
se encontraba pendiente de decisión judicial en primera instancia; al igual que debe
hacerlo ahora esta Subsección, al margen de que el proceso hubiese iniciado antes
de que se adoptara el criterio unificado por la Sala Plena de la Sección Tercera.
Asimismo, tanto el Consejo de Estado24 como la Corte Constitucional25 han
descartado la vulneración de derechos fundamentales por el hecho de aplicar el
precedente vigente al momento de proferir sentencia y no la jurisprudencia
imperante al momento de presentación de la demanda26 (a menos que en la
providencia de unificación se condicionen sus efectos de manera prospectiva).
36. Establecida la obligatoriedad de la sentencia de unificación del 29 de enero de
2020, lo siguiente es determinar desde qué momento se debe contabilizar el plazo
para demandar.
La oportunidad de la demanda en el caso concreto
37. Respecto de la decisión de unificación del 29 de enero de 2020, la Corte
Constitucional27 en la sentencia SU-312 de 2020, definió el alcance de la postura
desarrollada por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, y
dentro de las subreglas jurisprudenciales que fijó para el efecto esta Subsección
destaca dos: (i) que, en virtud del principio pro damnato o favor victimae, el término
de caducidad no puede aplicarse de manera rígida, porque en ocasiones, “dadas
las circunstancias particulares del caso, pueden admitirse flexibilizaciones
23 De manera concreta, la Corte Constitucional sostuvo: “[a]sí, la sentencia de unificación del 29 de enero de
2020 de la Sección Tercera del Consejo de Estado y la SU-312 de 2020 de la Corte Constitucional son los
precedentes vinculantes en relación con el término de caducidad de las acciones de reparación directa
relacionadas con delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio. Por el contrario, las decisiones
citadas por los accionantes no son precedentes aplicables al presente caso, en tanto fueron dictadas con
anterioridad a la sentencia de unificación jurisprudencial y, adicionalmente, no expresan un criterio
jurisprudencial unificado en la materia”.
24 Al respecto, se pueden consultar las siguientes providencias dictadas por esta Corporación: i) Sección
Tercera, Subsección A, auto del 30 de julio de 2021, exp: 66.941 y ii) Sección Primera, sentencia de 29 de abril
de 2021, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, exp: 2021-01372-00 (AC), entre otras.
25 Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, sentencia T-044 del 14 de febrero de 2022, M.P: Paola Andrea
Meneses Mosquera, exp: T-8.263.898.
26 La Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha sostenido: “(…) el Tribunal aplicó la regla de
unificación vigente y aplicable al momento de resolver el asunto sometido a su consideración (…).
Adicionalmente, debe indicarse que no resultan de recibo los argumentos de la parte actora dirigidos a afirmar
que debió aplicarse la tesis prevista en la sentencia de (…), por ser esa la vigente al momento de presentar la
demanda, pues, como lo ha indicado el Consejo de Estado, por regla general y salvo que de manera expresa
se disponga lo contrario, los operadores judiciales deben privilegiar la tesis jurisprudencial vigente al momento
de resolver el asunto sometido a su consideración, a efectos de salvaguardar valores superiores como la
igualdad, la seguridad jurídica y la aplicación uniforme e inmediata del derecho” (sentencia del 25 de agosto de
2022, expediente 66.535, M.P. Nicolás Yepes Corrales).
27 Sentencias T-044 del 14 de febrero de 2022 y T-210 del 10 de junio de 2022, Corte Constitucional.
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Radicación: 85001-2333-000-2018-00154-00 (66.126)
Demandante: María Lilia Rodríguez de Amézquita y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional y otro
Referencia: Reparación directa
necesarias para garantizar el acceso efectivo a la administración de justicia y la
reparación integral de las víctimas” y (ii) que sólo empieza a contabilizarse cuando
exista claridad en torno a lo sucedido; luego, lo determinante es fijar desde qué
momento el interesado tuvo la posibilidad de identificar la participación en los
hechos de sujetos vinculados al Estado y de acudir a la jurisdicción para presentar
una reclamación.
38. Adicionalmente, el Tribunal Constitucional en la sentencia SU-429 de 2024 indicó
que, en los casos de reparación por delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra
y genocidio, el juez de lo contencioso administrativo debe tener en cuenta (i) el
conocimiento sobre los hechos que permitan atribuir responsabilidad patrimonial al
Estado y (ii) las barreras de acceso a la administración de justicia que padecieron
las víctimas de los hechos de violencia.
39. A su vez, en materia de desplazamiento forzado, esta Corporación ha considerado
que el término de caducidad se cuenta desde el momento en el que el daño cesa 28,
evento que puede acontecer desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el
proceso penal seguido por los hechos o desde la fecha del retorno o
restablecimiento de las víctimas al lugar de origen o, en su defecto, desde que están
dadas las condiciones de seguridad para que se produzca el retorno,
independientemente de que los afectados procedan o no a hacerlo 29. De igual
manera, la Corte Constitucional30, recientemente, precisó que en los casos en que
se aluden graves violaciones de derechos humanos, el juez de la causa debe
propender por la protección de los derechos de las víctimas del conflicto armado,
incluso a través de un ejercicio de flexibilización probatoria, con el objetivo de arribar
a la verdad histórica y adoptar decisiones de justicia material.
40. De conformidad con lo descrito, se destaca que en el sub-lite se probó la muerte de
Wilson Amézquita Rodríguez, ocurrida el 17 de junio del 2000, según da cuenta su
registro civil de defunción31. Además, sobre El conocimiento del hecho dañoso por
parte de los demandantes, La Policía Nacional – Departamento de Casanare
constató que, según el libro de población de la estación de Policía de Aguazul, en
los registros que van del 22 de mayo al 19 de julio del 2000, se observa la novedad
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 21
de marzo de 2025, exp. 62.577. C.P. María Adriana Marín.
29 Ídem.
30 Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, sentencia T-014 del 23 de enero de 2025, M.P. Jorge Enrique
Ibáñez Najar, en la que se indicó “145. Así, la jurisprudencia referida ha determinado que, cuando se trate de
controversias que aludan graves violaciones de derechos humanos y en las que una de las partes sea, por
ejemplo, una víctima del conflicto armado, en atención a su situación de vulnerabilidad, el juez de la causa
debe aplicar una actuación probatoria que flexibilice el estándar de que quien alega un hecho se encarga de
probarlo. Ello implica también una valoración de las pruebas con base en criterios flexibles y razonables que le
permitan formar su criterio respecto de, si es ese el motivo del litigio, la responsabilidad del Estado.
(…).
147. (…). Las personas que son víctimas del conflicto armado, por el hecho de serlo, enfrentan, en el contexto
de violación de sus derechos, situaciones de riesgo que en la mayoría de las ocasiones les impiden considerar
o tener presente la necesidad de recaudar elementos probatorios, con miras a lograr una indemnización por el
agravio enfrentado. Por ejemplo, una persona que se ve forzada a desplazarse por una situación de violencia
extrema tiene como norte proteger su vida y la de sus allegados, por lo que está lejos de considerar o tener
presente que, al tiempo que huye de manera forzosa, debe recaudar elementos probatorios que le permitan
buscar el resarcimiento del daño padecido.
148. Así, siempre que una determinada autoridad jurisdiccional se encuentre ante una circunstancia como la
anotada, este, en aras de proteger los derechos de las víctimas, aplicará una postura flexible en el trámite
probatorio de un litigio. Ello con el fin de que cuente con elementos que le permitan arribar a una verdad histórica
de lo ocurrido, para así tomar las decisiones en un plano de justicia material”.
31 Folio 39 del cuaderno principal, visible en el índice 3 de Samai.
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Demandante: María Lilia Rodríguez de Amézquita y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional y otro
Referencia: Reparación directa
número 171 en la que se mencionó el homicidio de Wilson Amézquita Rodríguez;
sin referir ninguna explicación al respecto.
41. Adicionalmente, en virtud de las pruebas de oficio decretadas, la Unidad para la
Atención y Reparación Integral para las Víctimas -UARIV-, en oficio 2025-1045371-
1 del 10 de julio de 202532, informó que todos los demandantes se encuentran
incluidos en el Registro Único de Víctimas por el homicidio de su familiar Wilson
Amézquita Rodríguez. Adicionalmente, algunos de ellos también están inscritos en
el RUV por otros hechos victimizantes, así:
• Edilberto Amézquita Rodríguez: (i) amenaza padecida el 12 de junio del 2000
y (ii) desplazamiento forzado ocurrido el 1 de noviembre de 2002.
• Marlén Amézquita Rodríguez: desplazamiento forzado el 15 de marzo de
2002.
• Aristóbulo Amézquita Rodríguez: (i) desplazamiento forzado el 8 de marzo
de 2002 y (ii) secuestro el 8 de febrero de 2003.
• Fernando Amézquita Rodríguez: sobre esta persona se advirtió que se
encuentra en revisión su inclusión en el RUV, como víctima de los siguientes
hechos: (i) amenaza del 10 de junio de 1998 y (ii) secuestro el 15 de julio de
2002.
42. En cuanto a José Luis Amézquita Rodríguez, se advierte que no aparece enlistado
en el registro de víctimas allegado por la UARIV; sin embargo, la entidad requerida
aportó la información que reposa en sus archivos sobre este demandante en la que
se observa que acudió ante entidades del Estado, en las siguientes ocasiones:
(i) El 2 de abril de 2013 rindió declaración ante la Unidad para la Atención
y Reparación Integral de las Víctimas33 en la que narró los hechos
relativos al secuestro padecido por él y su hermano -sin especificar a
quien se refería- el mes 8 de febrero de 2003, en el municipio de
Chámeza (Casanare) cuando, según su relato, fue interceptado por un
grupo de Paramilitares que lo trasladaron hasta la vereda Guribita donde
un comandante denominado “el loco” lo acusó de ser auxiliador de la
guerrilla y lo retuvo hasta horas de la noche, momento en que lo dejó ir
con la condición de que se presentara en un sitio denominado “Santa
Teresa”; sin embargo indicó que ante las amenazas recibidas “el día 11
nos desplazamos hacia Sogamoso”, en concordancia con esta narración
se tiene que la UARIV también allegó la declaración jurada presentada
por María Alicia Chaparro Fonseca que manifestó conocer a José Luis,
Néstor y Aristóbulo Amézquita Rodríguez así como del secuestro que
padecieron en el 2003.
(ii) El 18 de noviembre de 2016, José Luis Amézquita Rodríguez acudió
ante la Fiscalía General de la Nación34 a interponer denuncia por la
extorsión padecida por causa del cobro de vacunas que le exigió la
32 Índice 110 de Samai. Documento “146_850012333000201800154012MemorialWeb202571121222”.
33 Id. Documento. “148_850012333000201800154014MemorialWeb202571121222”.
34 Id. Documento “147_850012333000201800154013MemorialWeb202571121222”.
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Radicación: 85001-2333-000-2018-00154-00 (66.126)
Demandante: María Lilia Rodríguez de Amézquita y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional y otro
Referencia: Reparación directa
guerrilla para permitirle transportar cerveza y gaseosa en el municipio de
Chámeza (Casanare) entre 1998 y 2002.
43. Asimismo, respecto de Fernando Amézquita Rodríguez, aunque aún no se
encuentra incluido en el registro de víctimas según lo certificado por la referida
entidad, su caso está en revisión por presuntamente haber sufrido por los delitos
de amenaza y secuestro, acontecidos el 10 de junio de 1998 y el 15 de julio de
2002, respectivamente.
44. Para la Sala es menester resaltar que, en efecto, Edilberto, Marlén, Aristóbulo,
Fernando y José Luis Amézquita Rodríguez acudieron a la UARIV con el fin de que
se les inscribiera en el Registro Único de Víctimas, por diferentes hechos acaecidos
entre los años 1998 y 2003. Si bien, según indicó la UARIV en el 2011 se les
reconoció y pagó una indemnización administrativa por la muerte de Wilson
Amézquita Rodríguez, dicha circunstancia no es demostrativa de la superación de
la situación de desplazamiento o de haber encontrado las condiciones de
estabilidad socioeconómicas necesarias, especialmente porque en el caso sub
examine la misma entidad certificó que ninguno de los aquí demandantes ha
accedido a procesos de retornos y reubicaciones35 al sitio en el cual padecieron
hechos de violencia.
45. Sobre lo acontecido frente a los integrantes del grupo familiar Amézquita
Rodríguez, se debe señalar que el artículo 28 numeral 11 de la Ley 1448 de 2011
establece que el retorno o reubicación en condiciones de voluntariedad, seguridad
y dignidad, constituyen un derecho de las víctimas de desplazamiento forzado.
46. Al respecto, esta Sala de decisión36 ha precisado que el Estado tiene el deber de
acompañar a la población víctima de desplazamiento forzado que ha tomado la
decisión de retornar, reubicarse o integrarse localmente bajo los principios de
seguridad, dignidad y voluntariedad, mediante acciones que garanticen el principio
de seguridad para evitar la vulneración de los derechos humanos y la ocurrencia
de infracciones al Derecho Internacional Humanitario, durante y después del
retorno o la reubicación, con el fin de garantizar la permanencia de la población en
su territorio. De modo que sólo podría considerarse la cesación del desplazamiento
forzado, a partir de un regreso seguro, en el que se verifique la superación del
estado de vulnerabilidad, lo cual implica la consolidación o estabilización
socioeconómica de los afectados en unas condiciones que garanticen una vida y
subsistencia dignas.
47. A su vez, según la Corte Constitucional, la superación de la situación de
vulnerabilidad comporta la estabilización socioeconómica de la población
desplazada; por tanto, las autoridades públicas deben asegurar de manera
prioritaria los derechos a la salud, educación, alimentación, reunificación familiar,
vivienda, orientación ocupacional y atención psicosocial, y de forma progresiva, el
35 Índice 104 de Samai.
36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 5
de mayo de 2025, exp. 64.872. C.P. María Adriana Marín.
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Demandante: María Lilia Rodríguez de Amézquita y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional y otro
Referencia: Reparación directa
acceso o restitución de tierras, servicios públicos básicos, vías y comunicaciones,
seguridad alimentaria, ingresos y trabajo37.
48. En efecto, las personas víctimas de desplazamiento forzado afrontan la afectación
de múltiples derechos fundamentales y la emergencia que sobreviene luego de la
ocurrencia de este hecho, así como el daño que ocasiona el desarraigo y cómo éste
genera la pérdida de bienes jurídicos y materiales a las víctimas de graves
violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional
Humanitario38.
49. Asimismo, cabe resaltar que la Corte Constitucional, en sentencia SU-429 de 2024,
reajustó la regla jurisprudencial en cuanto al cómputo de la caducidad en casos en
que los demandantes han padecido hechos de desplazamiento forzado, en el
siguiente sentido:
“La Sala Plena parte del siguiente supuesto: recientemente la Sentencia SU-167 de
2023 unificó la regla de aplicación de la caducidad para las demandas de reparación
por delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio atribuibles al Estado,
con fundamento en el literal i) del artículo 164.2 de la Ley 1437 de 2011, así:
(i) El plazo de caducidad definido por el legislador en el artículo 164 de la Ley 1437
de 2011 aplica para las demandas dirigidas a obtener el reconocimiento y pago de
una indemnización por delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio.
Sin embargo, ese plazo de dos años no se cuenta desde el momento en el que se
produce el daño, sino desde cuando las víctimas conocieron o debieron saber de la
participación del Estado y advirtieron que podían atribuirle responsabilidad
patrimonial.
(ii) El juez competente debe analizar la caducidad de una demanda de reparación,
a partir de las barreras de acceso al derecho a la administración de justicia que
pudo enfrentar el demandante, en cada caso particular.
Esta sentencia agrega un componente a este segundo criterio, aplicable para los
casos en los que quien demanda es una persona víctima del desplazamiento
forzado. Así, el juez de la causa debe considerar, en su análisis de las barreras de
acceso a la administración de justicia que pudo enfrentar la parte demandante,
todos los factores de vulnerabilidad que se asocian al flagelo del desplazamiento
forzado y que padecen quienes son víctimas de ese fenómeno”.
50. Así las cosas, debe tenerse en cuenta que la situación de desplazamiento obliga a
este grupo poblacional a enfocarse en superar las situaciones de vulnerabilidad,
marginalidad e indefensión que este tipo de hechos genera y acceder a las
condiciones mínimas de subsistencia; por tanto, en este tipo de casos resulta
necesario verificar si los afectados, antes de la fecha en que se ejerció el derecho
de acción, estaban realmente en condiciones socioeconómicas de demandar al
Estado con la asesoría jurídica y los recursos que se requieren para tal efecto, lo
cual no se puede establecer en el presente caso.
51. Por otra parte, en relación con los demás integrantes del núcleo familiar que actúan
como demandantes, es decir, María Lilia Rodríguez de Amézquita y Pedro Enrique
Amézquita Rodríguez, no se encuentra material probatorio que permita establecer
37 Corte Constitucional, sentencia T-014 de 2015, autos 331 de 2019 y 326 de 2020.
38 Corte Constitucional, auto 326 de 2020.
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Demandante: María Lilia Rodríguez de Amézquita y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional y otro
Referencia: Reparación directa
que acudieron a las entidades administrativas con el fin de denunciar o poner en
conocimiento haber sido víctimas de desplazamiento forzado. Sin embargo, la Sala
considera que, a pesar de la falta de reconocimiento administrativo por parte de la
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas (UARIV) que los acredite como víctimas del conflicto armado en el
departamento de Casanare, esta circunstancia no desvirtúa el contexto de violencia
padecido por toda la familia, que conllevó al fallecimiento de uno de sus integrantes
(Wilson Amézquita Rodríguez), así como al desplazamiento forzado y amenazas
padecidos por otros familiares durante la década de los años 2000.
52. Bajo el contexto fáctico descrito, es necesario traer a colación que esta
Subsección39 ha precisado que en los eventos en que se discuta la responsabilidad
extracontractual del Estado, por hechos de graves violaciones de derechos
humanos, corresponde al juzgador determinar si las víctimas han logrado la
estabilización socioeconómica que les permita el goce efectivo de sus derechos,
entre lo que se encuentra, la posibilidad acudir ante la jurisdicción contencioso-
administrativa para endilgar la responsabilidad extracontractual del Estado.
53. En el caso sub examine, el Centro Nacional de Memoria Histórica allegó al
expediente una publicación institucional denominada “Memorias de una guerra por
los Llanos – Tomo I”40 en la cual se indicó que en el departamento del Casanare,
durante la década de 1990 e inicios del 2000, se desarrolló una disputa territorial
entre las Autodefensas Campesinas del Casanare y el Bloque Centauros de las
Autodefensas Unidas de Colombia (al mando de Héctor Germán Buitrago Parada,
alias “Martín Llanos”). Asimismo, en cuanto al papel de la fuerza pública, el informe
reveló que: “Fueron comunes los casos en los que miembros de la fuerza pública
les entregaban listas de supuestos auxiliadores de la guerrilla a las ACC”41.
54. Así las cosas, en el contexto descrito, aunque en el informe del Centro Nacional de
Memoria Histórica -CNMH no se relacionó el homicidio de Wilson Amézquita
Rodríguez, la Sala no puede pasar por alto que María Lilia Rodríguez de Amézquita
y Pedro Enrique Amézquita Rodríguez sufrieron la muerte de su hijo y hermano,
además del desplazamiento -acreditado- de los demás integrantes de la familia; de
ese modo, si bien respecto de estos demandantes no hay prueba que permita
identificar si sufrieron o no desplazamiento de su lugar habitual de residencia, lo
cierto es que no se pueden desconocer como víctimas del conflicto armado, cuyo
núcleo familiar fue desintegrado producto de los múltiples desplazamientos y
amenazas, sin que se encuentre acreditada la consolidación de un proceso de
estabilización socioeconómica; por lo que, en aplicación del mandato de igualdad42
contenido en el artículo 13 de la Constitución Política, se debe extender la misma
conclusión respecto de sus familiares que también actúan como demandantes en
el presente litigio.
39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 5
de mayo de 2025, exp. 65967. C.P. María Adriana Marín. Criterio reiterado en providencia del 11 de agosto de
2025, exp. 70.411. C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.
40 Índice 95 de Samai.
41 Ibidem. “Memorias de una guerra por los Llanos – Tomo I”, P. 292.
42 Criterio aplicado por esta Sala de decisión en sentencia del 11 de agosto de 2025, exp. 70.411. C.P. Fernando
Alexei Pardo Flórez.
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Nacional y otro
Referencia: Reparación directa
55. Así las cosas, según las condiciones puestas de presente, la Sala constata que los
integrantes de la familia Amézquita Rodríguez padecieron múltiples hechos de
violencia en el departamento del Casanare durante la década de los 2000, entre los
cuales se identificó que varios integrantes del grupo familiar fueron víctimas de los
delitos de amenaza43, desplazamiento forzado44 y secuestro45, sin que hasta el 10
de julio del 2025 -fecha del informe presentado por la UARIV- existiera registro de
su retorno y/o reubicación en el sitio del cual tuvieron que desplazarse a causa de
las amenazas recibidas.
56. Ahora bien, en el expediente consta que el 30 de enero de 2012, José Luis
Amézquita Rodríguez interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación en
el municipio de Yopal, por el delito de homicidio del cual fue víctima Wilson
Amézquita Rodríguez, atribuyendo el hecho delictivo a las Autodefensas
Campesinas de Casanare y como fundamento de su alegación declaró: “Esa es la
versión que tengo porque una señora de las que iba en la buseta me comentó.
Posteriormente se supo que quien cometió este homicidio fueron las autodefensas
de HK. Informó que alias el coplero confesó que había participado en este hecho”46.
57. Al respecto, la Sala destaca que, según la Corte Constitucional, la denuncia en un
proceso penal no es equiparable al inicio de un proceso declarativo en el que se
pretenda la responsabilidad extracontractual del Estado47, debido a que en eventos
como el acaecido en el sub lite “[d]eben analizarse aspectos relacionados con: (i)
la calidad de los accionantes como sujetos de especial protección constitucional al
haber sufrido graves violaciones a los derechos humanos; (ii) el momento en el que
las víctimas tuvieron la posibilidad real de advertir que la pretensión de reparación
directa resultaba procedente de acuerdo con el artículo 90 de la Constitución; y (iii)
la posibilidad material de las víctimas de acudir a la justicia debido a la situación de
extrema vulnerabilidad en la que se encuentran”48. En el mismo sentido, se ha
indicado que “exigir a las víctimas que actúen basadas en simples sospechas o
especulaciones, sin contar con elementos probatorios relevantes, resulta
irrazonable y vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
efectivo a la administración de justicia, así como las garantías de verdad, reparación
integral y no repetición”49
43 Ley 599 de 2000. Artículo 347. “El que por cualquier medio atemorice o amenace a una persona, familia,
comunidad o institución, con el propósito de causar alarma, zozobra o terror en la población o en un sector de
ella, incurrirá por esta sola conducta, en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de trece punto treinta y
tres (13.33) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (…)”.
44 Id. Artículo 180. “El que de manera arbitraria, mediante violencia u otros actos coactivos dirigidos contra un
sector de la población, ocasione que uno o varios de sus miembros cambie el lugar de su residencia, incurrirá
en prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses, multa de ochocientos (800) a dos mil
doscientos cincuenta (2.250) salarios mínimos legales mensuales vigentes y en interdicción de derechos y
funciones públicas de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses”.
45 Id. Artículo 168. “El que con propósitos distintos a los previstos en el artículo siguiente, arrebate, sustraiga,
retenga u oculte a una persona, incurrirá en prisión de ciento noventa y dos (192) a trescientos sesenta (360)
meses y multa de ochocientos (800) a mil quinientos (1500) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
46 Folios 24 a 26 del cuaderno principal, visible en el índice 3 de Samai.
47 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, sentencia T-202 del 28 de mayo de 2025, MP. Juan Carlos
Cortés González.
48 Sala Plena de la Corte Constitucional, sentencia SU-241 del 20 de junio de 2024, M.P. Cristina Pardo
Shclesinger.
49 Sala Plena de la Corte Constitucional, sentencia SU-439 del 16 de octubre de 2024, M.P. Diana Fajardo
Rivera.
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Nacional y otro
Referencia: Reparación directa
58. Bajo el criterio interpretativo expuesto, se encuentra que el señor José Luís
Amézquita Rodríguez fundó la narración de los hechos planteados en la denuncia
penal instaurada el 30 de enero de 2012 ante la Fiscalía General de la Nación, en
el municipio de Yopal, en que había escuchado de una señora -no identificada-, en
una buseta, que el homicidio de su hermano había sido perpetrado por un grupo de
paramilitares y que alias Coplero -integrante de las Autodefensas Campesinas de
Casanare- confesó su participación en este hecho.
59. Así las cosas, de conformidad con lo narrado no es posible concluir que para el
momento de presentación de la denuncia penal -30 de enero de 2012- el grupo
familiar Amézquita Rodríguez contara con los elementos probatorios necesarios
para endilgar la responsabilidad patrimonial del Estado por la muerte de Wilson
Amézquita Rodríguez. Asimismo, se destaca que la puesta en conocimiento de los
hechos ante la justicia penal aconteció en Yopal, distinto al lugar en que ocurrieron
los hechos del 29 de enero del 2000 -Aguazul- y diferente a la localidad de la cual
se tuvieron que desplazar los familiares de la víctima - Chámeza-, por lo que no es
posible, con sustento en la referida diligencia penal, concluir con certeza que frente
a los demandantes se han superado las barreras de acceso a la administración de
justicia.
60. Bajo el contexto descrito, para privilegiar el acceso a la Administración de Justicia
de un grupo poblacional vulnerable y sujeto de especial protección constitucional,
la Sala acudirá a la aplicación de los principios pro damato, pro actione y procederá
a estudiar el fondo del asunto50, en relación con el grupo familiar Amézquita
Rodríguez -que son víctimas del delito de desplazamiento forzado- para el
momento de presentación de la demanda -16 de noviembre de 2018-, no había
empezado a contabilizarse el término de caducidad, esto se debe a que, aunque
en el caso sub examine el desplazamiento de las víctimas no hace parte de la
discusión de fondo sobre la responsabilidad patrimonial endilgada al Estado, lo
cierto es que dicha circunstancia, tal como se indicó en la jurisprudencia citada en
los párrafos precedentes, se constituyó como una barrera para el acceso a la
administración de justicia de los demandantes.
61. Por consiguiente, debido a que las circunstancias materiales de los demandantes -
víctimas de amenaza, desplazamiento forzado y secuestro- impidieron el acceso a
la administración de justicia ante la jurisdicción contencioso-administrativa, en el
caso concreto el término de caducidad establecido en el literal i) del numeral
segundo del artículo 164 del CPACA, no había iniciado a contabilizarse al momento
de presentación de la demanda. Por este motivo, se estima que el Tribunal a quo
erró al considerar que la demanda había sido extemporánea y, como consecuencia
de esta determinación, se abordarán los demás aspectos de la discusión en esta
instancia.
50 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 21 de mayo de 2021. Exp: 52796. M.P. José Roberto
Sáchica Méndez; sentencia de 21 de marzo de 2025, exp. No. 62577.
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Radicación: 85001-2333-000-2018-00154-00 (66.126)
Demandante: María Lilia Rodríguez de Amézquita y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional y otro
Referencia: Reparación directa
La determinación de responsabilidad patrimonial del Estado por la muerte de
Wilson Amézquita Rodríguez
62. En el presente asunto, los demandantes adujeron haber sufrido un daño derivado
de la muerte de su familiar -Wilson Amézquita Rodríguez-, lo cual se acreditó con
su registro civil de defunción51. Adicionalmente, con la certificación expedida por la
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas se constató que los
aquí demandantes se encuentran incluidos en el Registro Único de Víctimas por el
homicidio de su familiar52.
63. En la demanda se afirmó que, si bien el hecho dañoso fue perpetrado por las
Autodefensas Campesinas de Casanare -ACC- “existió una clara falla del servicio,
ante la omisión e ineptitud de las autoridades en cuanto a la toma de medidas de
seguridad y la expedición de instrucciones u órdenes a la fuerza pública y a la
Policía Nacional acantonada en ese municipio [Aguazul]”53. Adicionalmente, se
refirió que la entidad territorial demandada “omitió su deber constitucional y legal
de proteger a la población (…) en sus vidas”54. Es decir, en el caso sub examine se
imputó la falla del servicio por la omisión en adoptar mecanismos de protección
necesarios para salvaguardar a la población civil, lo que permitió el asesinato de
Wilson Amézquita Rodríguez.
64. En relación con la obligación de protección y vigilancia a cargo del Estado, se debe
precisar que tiene su principal fundamento en el artículo 2 de la Constitución
Política, según el cual “las autoridades de la República están instituidas para
proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes,
creencias y demás derechos y libertades”.
65. En tal virtud, el Estado responderá por los daños sufridos por quienes han padecido
una situación de riesgo o amenaza previamente conocida por las autoridades, ya
sea porque el afectado solicitó medidas de protección o porque sus circunstancias
de vulnerabilidad eran ampliamente conocidas por las instituciones de seguridad
en un contexto de violencia en que las autoridades debido a su omisión permitieron
la causación del daño por parte de grupos armados al margen de la ley.
66. Al respecto, la Sala recuerda que, en casos como el formulado, la jurisprudencia de
esta Sección ha sido reiterada en señalar que la Administración responderá
patrimonialmente, a título de falla en el servicio por omisión en el cumplimiento del
deber de brindar seguridad a las personas, en los eventos que: (i) se solicita
protección con indicación de las especiales condiciones de riesgo y (ii) cuando sin
que medie solicitud de salvaguarda alguna, de todas maneras resulta evidente que
la víctima la necesitaba en consideración a que existían pruebas o indicios
conocidos que permitieran asegurar que se encontraba amenazada o expuesta a
sufrir graves riesgos contra su vida, en razón de sus funciones55.
51 Folio 39 del cuaderno principal, visible en el índice 3 de Samai.
52 Índice 110 del historial de actuaciones de Samai.
53 Escrito de demanda visible en el índice 3 del historial de actuaciones de Samai del Tribunal, documento
denominado “00-2018-00154-00 C- Ppal.pdf”.
54 Ibidem.
55 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de
unificación del 13 de mayo de 2014, C.P: Mauricio Fajardo Gómez, exp. 23.128.
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Demandante: María Lilia Rodríguez de Amézquita y otros
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Nacional y otro
Referencia: Reparación directa
67. De acuerdo con dicho criterio, para que el Estado responda por el incumplimiento
de la obligación de brindar protección y seguridad, se debe establecer que las
autoridades tenían conocimiento de la situación de riesgo o peligro en que se
encontraba la víctima, pues “tal conocimiento es el que posibilita y hace exigible la
actuación y protección de las autoridades”56.
68. En síntesis, si bien el Estado tiene una responsabilidad respecto de la seguridad de
los habitantes, lo cierto es que este tipo de obligaciones estatales no son absolutas,
puesto que dependen de las capacidades establecidas por cada entidad, por lo que
no todos los daños le sean imputados cuando provengan por hechos de terceros,
como en el sub examine, motivo por el que se debe revisar cada caso en particular,
para analizar si se configura la falla del servicio endilgada por la parte demandante.
69. Ahora bien, sobre las condiciones de seguridad de Wilson Amézquita Rodríguez, la
Policía Nacional – Departamento de Policía de Casanare, a través de comunicación
de 24 de septiembre de 2019, indicó que no se encontró ningún informe de
inteligencia, documentos o pruebas sobre los hechos acontecidos en el municipio
de Aguazul, Casanare en el año 2000. En ese mismo sentido se pronunció el
Ministerio de Defensa al afirmar que no encontró en sus documentos hechos
relacionados con ataques violentos en el municipio de Aguazul.
70. A su vez, la Unidad Nacional de Protección, aunque fue creada mediante Decreto
Ley 4065 del 31 de octubre de 201157 -con posterioridad a los hechos-, mediante
oficio OFI-19-00028544 del 20 de agosto de 2019 indicó que en sus archivos no
existe registro sobre lo acontecido con la muerte de Wilson Amézquita Rodríguez.
71. Por otra parte, se encuentra que José Luis Amézquita Rodríguez, el 30 de enero
de 2012, interpuso denuncia penal por el homicidio de su hermano Wilson
Amézquita Rodríguez ante la Fiscalía General de la Nación, en la que relató lo
siguiente (se transcribe de forma literal, incluso con los posibles errores):
“El día sábado 12 de junio del año 2000 a las 14:00 horas la buseta de placas
XGJ-637 modelo 1974 de servicio particular de mi propiedad que trabajaba de
transporte de Chámeza a Yopal, salió de Yopal con destino a Chámeza con el
conductor Octavio Acevedo y mi hermano Wilson ayudante de la misma, iba
con un viaje de personas profesores y gente de la región por donde se hacía el
recorrido, ellos tanquiaron el vehículo y salieron, antes de llegar a la localidad de
Aguazul empezó a cobrar lo del transporte y dos tipos no le pagaron le dijeron
que más adelante le cancelaban. Tan pronto llegaron a Aguazul no lo dejaron
entrar al terminal sino que le dijeron que continuara derecho los llevaron por la
marginal de la serva en la vía que va a la localidad de Tauramena, había una
camioneta esperándolos y los echaron por delante la buseta con todos los
pasajeros, los llevaron cerca a Tauramena (…) se llevaron dos personas y
después volvieron a la buseta se regresaron un poco más cogiendo la vía a
Aguazul con el chofer y el ayudante y se subieron otro poco de hombres armados
56 Ibidem, reiterado por la Subsección A en sentencia del 21 de marzo de 2025, exp. 62.577. C.P. María Adriana
Marín.
57 Decreto Ley 4065 de 2011. Artículo 1. “Creación y Naturaleza Jurídica de la Unidad Nacional de Protección
(UNP). Créase la Unidad Administrativa Especial del orden nacional, denominada Unidad Nacional de
Protección (UNP), con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio, adscrita
al Ministerio del Interior, hará parte del Sector Administrativo del Interior y tendrá el carácter de organismo
nacional de seguridad”.
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y luego tomaron una entrada como a una finca y ahí bajaron al conductor y al
ayudante y quemaron la buseta y luego los asesinaron a ellos. Esa es la versión
que tengo porque una señora de las que iba en la buseta me comentó.
Posteriormente se supo que quien cometió este homicidio fueron las
autodefensas de HK. Informó que alias el coplero confesó que había
participado en este hecho. Manifiesto que esta buseta era el sustento de mi
familia y la perdí en su totalidad”58. (se destaca).
72. De manera oficiosa, se incorporó al expediente la investigación penal 115305 junto
con la investigación 115506 adelantada por los hechos de violencia ocurridos el 17
de junio del 2000 en el municipio de Aguazul, Casanare y en los que se produjo el
homicidio de Wilson Amézquita Rodríguez.
73. Entre los documentos del referido expediente penal, se cuenta con diferentes
elementos de investigación sobre la muerte de Wilson Amézquita Rodríguez, entre
los que se encuentran versiones libres, declaraciones y decisiones adoptadas en el
proceso penal59, las cuales fueron legalmente obtenidas60 y serán objeto de
valoración, según su utilidad, pertinencia y conducencia para determinar la
responsabilidad endilgada a las entidades demandadas:
74. La versión libre rendida el 25 de enero de 2013 por José Reinaldo Cárdenas
Vargas -alias el Coplero- ante la Fiscalía General de la Nación61, en la que indicó
(se transcribe de forma literal, incluso con los posibles errores):
“Voz del Postulado (VP). En el año 2000 entre mayo o junio no estoy seguro por
orden de HK me dice que me movilice a Aguazul y me ubique en la vía a Sogamoso
y que espere a Solin que viene en un bus que va para Chámeza y yo espere ahí
como media hora (…) ellos ya tenían ordenes de tomarse el bus entonces
desviamos el bus en la vía a Tauramena y seguimos (….) ahí llegó HK con sus
escoltas y traía a un señor apodado Pedro Renan que era en un tiempo 98 o 99
había sido miliciano del frente 56 de las Farc con el comandante Emilio y señaló al
ayudante y al conductor que ellos eran los que provisionaban y transportaban armas
y razones entonces HK les echó discurso y política (….) y dio la orden de ultimarlos,
eso fue como a las 8 o 9 de la noche, yo me parqueé en una Toyota rija listo para
la evasión (…), lo que fue Yeison, Solin, Boyaco, Jaime y Águila ultimaron a las
víctimas y quemaron la buseta y se le reportó a HK que se había cumplido la orden.
Voz Fisca (VF)l. ¿Cuáles fueron los motivos para quitarle la vida a las víctimas? VP.
58 Folios 24 a 26 del cuaderno principal, visible en el índice 3 de Samai.
59 La Sala advierte que los elementos probatorios relacionados a continuación son plenamente admisibles y
susceptibles de valoración en tanto el expediente penal fue legalmente decretado como prueba a través de
auto del 5 de mayo de 2025, con anuencia de los sujetos procesales que no se opusieron a su incorporación
al sub lite. Asimismo, es importante señalar que la Corte Constitucional en sentencia T-204 de 2018 indicó que
la validez de la valoración de una prueba trasladada dependía del ejercicio del derecho de contradicción que
se surtiera sobre ella, en el proceso de origen o en el que la recibe, por ende, se destaca que en este caso se
respetó el derecho de contradicción y defensa con el traslado realizado a las partes el 15 de julio de 2025
(índice 105 de Samai).
Adicionalmente, la controversia acá planteada comportó una violación de los derechos humanos, aspecto que
quedará en evidencia con posterioridad, y que impone que la valoración probatoria deba ser más flexible, dadas
las circunstancias de indefensión en la que se encuentran las víctimas en este tipo de eventos. Sobre este
criterio ha discurrido esta Sala de decisión en las siguientes sentencias: (i) 13 de agosto de 2024, exp. 68.668
C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez; (ii) 15 de julio de 2022, exp. 50211, C.P. María Adriana Marín y (iii) 18 de
marzo de 2022, exp. 58.045, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
60 En cuanto a la información legalmente obtenida, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
ha sostenido que “[c]omprende (…) toda fuente de información legalmente obtenida que no tenga cabida en la
definición de elemento material probatorio y evidencia física, como las entrevistas realizadas por policía judicial,
las exposiciones tomadas por la fiscalía) y las declaraciones juradas rendidas ante los Alcaldes, los Inspectores
de Policía o los Notarios Públicos, a instancias de la defensa (artículo 272)” (Corte Suprema de Justicia, Sala
de Casación Penal, sentencia del 18 de marzo de 2015, expediente 44.540, M.P. Eugenio Fernández Carlier).
61 Índice 100 de Samai. Documento denominado
129_850012333000201800154013MemorialWeb2025616212830.pdf. Folios 5 a 17.
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Lo que le referí hace un momento, Pedro Renan los sindicó de auxiliadores de las
FARC (…). VF. Indique los autores. VP. Mi persona, Águila, Aguilar, Renegado,
Yeison y Solin Boyaco, Jaime HK y Pedro Renan que sindicó a las personas. VF
¿Pedro Renan señaló al conductor y al ayudante solamente? VP. Si señor, no
señaló a las demás personas. (…). VF. ¿Que se supo posterior a este hecho a las
personas se les amenazó o se les dijo que no denunciaran? VP. Siempre se utilizó
ese patrón de comportamiento de la organización después de que se soltaban a las
personas se amenazaban para que no fueran a denunciar. (…) VF ¿Quemar el bus
y matar a estas personas era para infundir terror a la población de Chámeza? VP.
Si. Inclusive después se retuvieron a otras personas entre ellas a la mujer y el hijo
de un guerrillero y HK les mandó razón y les decía que tarde pero seguro llegaría a
Chámeza. VF ¿Pero más allá del mensaje lo cierto era que era una intención para
aterrorizar? CP. Si, eso era así tanto como para la guerrilla como para la población
(…)”62.
75. La diligencia de indagatoria que rindió Josué Darío Orjuela Martínez (alías Solin),
el 23 de septiembre de 2015, en la que, respecto de la muerte de Wilson Amézquita
Rodríguez, manifestó (se transcribe de forma literal, incluso con los posibles
errores):
“Preguntado. Indíquele al despacho todo lo que sepa o tenga conocimiento respecto
de los hechos sucedidos en el municipio de Aguazul (Casanare), el 17 de junio de
2000, cuando un grupo de hombres armados detuvo un bus con 20 o 30 pasajeros,
los llevaron hasta un sector rural, ultimaron al ayudante y al conductor del vehículo
e intimidaron a todos los ocupantes y luego procedieron a quemar la buseta.
Contestó. Recuerdo que en el Yopal nos subimos con el finado Yeison (…) íbamos
sin armas, en Aguazul nos estaba esperando Coplero, ahí hacemos el pare al bus
como si nos fuéramos a bajar y entran los paracos con pistolas, desviamos al bus
hacía la vía río chiquito y antes de llegar se hizo desviar a la Cordillera, eso es lo
que recuerdo. Preguntado. De otra parte, por estos hechos el postulado José
Reinaldo Cárdenas Vargas, alias Coplero ha dicho lo siguiente (…). Contestó. No
recuerdo de los muertos, pero si recuerdo de los hechos, si dicen que participé en
el hecho tuvo que ser así. Preguntado. Informe si tienen conocimiento quien es
Pedro Renan, donde se puede ubicar o si se encuentra detenido o muerto. Contestó
Era un miliciano de nosotros, lo mataron hace como cinco o seis años en
Monterrey”63.
76. La indagatoria rendida el 25 de septiembre de 2015 por Alvis Anceno Noguera
Martínez (alias el Águila), en la que expresó:
“Preguntado. Indíquele al despacho todo lo que sepa o tenga conocimiento respecto
de los hechos sucedidos en el municipio de Aguazul (Casanare), el 17 de junio de
2000, cuando un grupo de hombres armados detuvo un bus con 20 o 30 pasajeros,
los llevaron hasta un sector rural, ultimaron al ayudante y al conductor del vehículo
e intimidaron a todos los ocupantes y luego procedieron a quemar la buseta.
Contestó. La buseta a que se refieren fue interceptada entre Yopal y Aguazul, era
una buseta que hacía línea para Chámeza, no recuerdo exactamente quienes la
retuvieron, esa buseta fue llevada a la vereda río Chiquito, donde estábamos con el
señor HK con su grupo de escoltas (…). Nos dieron la orden de que lleváramos la
buseta con los civiles y los dejáramos en la carretera central que conduce del
Venado hacía Aguazul, también no dieron la orden de que ejecutáramos al
conductor y el ayudante de esta buseta, es así, como después de dejar los civiles
en la carretera, nos dirigimos por la vía que conduce de río Chiquito hacía Aguazul
(…) y allí procedimos a ultimar al conductor y al ayudante de esta buseta. De otra
parte, por estos hechos el postulado José Reinaldo Cárdenas Vargas, alias Coplero
62 Ibidem.
63 Ibidem. Folios 29 a 32.
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ha dicho lo siguiente (…). Contestó. Lo de Pedro Renan no lo sabía. Preguntado.
Indique al despacho si usted tiene conocimiento del motivo por el cual se ordenó la
muerte del conductor de la buseta y su ayudante. Contestó, Porque los sindicaron
de ser auxiliadores e informantes de la guerrilla. Preguntado. Informe si tiene
conocimiento de quien es Pedro Renan, donde se puede ubicar o si se encuentra
detenido o muerto. Contestó. Yo a ese señor lo vi en varias ocasiones, pero no se
que papel desempeñaba en la organización (…)”64.
77. Asimismo, se encuentra la providencia proferida por la Fiscalía General de la
Nación el 26 de mayo de 2020, mediante la cual resolvió la situación jurídica de
Héctor José Buitrago Rodríguez, Héctor German Buitrago Parada, Nelson Orlando
Buitrago Parada, Josué Darío Orjuela Martínez y Alvis Anceno Noguera Martínez,
por los delitos de secuestro, tortura y homicidio en persona protegida por los hechos
ocurridos el 17 de junio del 2000, en los que fallecieron Wilson Amézquita
Rodríguez y Octavio Acevedo Cárdenas. Sobre la determinación de la conducta, la
entidad acusadora indicó:
“Las Autodefensas Campesinas del Casanare, como todo grupo armado tiene una
estructura piramidal que se observa con meridiana claridad en los actos que aquí
se estudia. La muerte del ciudadano mencionado, no es iniciativa de uno o varios
militantes rasos, ni siquiera de un mando medio, es el resultado de una orden cuya
génesis se encuentra en la cúspide del mando y para cuyo cumplimiento se
transmite a través de los diferentes estamentos de jerarquía militar.
Alias HK era el jefe militar de ese grupo al margen de la ley, descendiendo se
encontraba Solin, cabecilla de las especiales, como ya se dijo, enlace insustituible
de este tipo de directrices provenientes de los altos mandos, ya sea para
transmitirles a sus subalternos o para reportar su ineludible cumplimiento; mas [sic]
debajo de la cadena de mando se encontraba alías Coplero, comandante del grupo
de sicarios que operaba en los municipios de Aguazul y Maní.
De tal manera que, nos equivocamos al afirmar que, en el asunto de estudio, como
ocurrió en otras tantas veces, el engranaje delictivo del grupo armado al margen de
la ley, jerárquicamente hablando, funcionó a la perfección y este es el fundamento
de la responsabilidad que se predica en esta oportunidad de Héctor José Buitrago
Rodríguez, Héctor German Buitrago Parada, Nelson Orlando Buitrago Parada,
Josué Darío Orjuela Martínez65”.
78. Por último, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) informó que, consultado el
Sistema de Gestión Documental de la Entidad, no se evidenciaron trámites, donde
se registre el nombre de Wilson Amézquita Rodríguez66.
79. Bajo ese contexto probatorio, la Sala constata que efectivamente en el
departamento de Casanare, específicamente, entre los municipios de Aguazul y
Chámeza había presencia de grupos armados ilegales, sin embargo en el
expediente no obra elemento de convicción alguno que permita establecer que la
Fuerza Pública y los agentes de seguridad del Estado tenían conocimiento del
ataque terrorista que se ejecutó el 17 de junio del 2000, en el cual miembros de las
Autodefensas Campesinas del Casanare interceptaron un vehículo de transporte
público, retuvieron a la población civil y, finalmente, asesinaron a Wilson Amézquita
Rodríguez.
64 Ibidem. Folios 36 a 37.
65 Ibidem. Folios 84 a 94.
66 Índice 94 de Samai.
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80. Si bien la parte actora afirmó que las entidades demandadas omitieron proteger la
vida de Wilson Amézquita Rodríguez, lo cierto es que no existe alguna prueba que
permita indicar que la víctima de homicidio o sus familiares hubieran puesto en
conocimiento de las autoridades competentes amenazas en contra de su vida, ni
mucho menos se observa alguna solicitud de protección en la que se mencionara
alguna situación de riesgo para que en ese momento las entidades tuvieran que
realizar actos positivos de protección.
81. También, se destaca que, en el caso concreto no es posible evidenciar que el hecho
delictivo del 17 de junio del 2000 fue perpetrado con colaboración y/o tolerancia de
las fuerzas de seguridad del Estado; si bien en el informe allegado por el Centro
Nacional de Memoria Histórica se indicó que “Fueron comunes los casos en los que
miembros de la fuerza pública les entregaban listas de supuestos auxiliadores de
la guerrilla a las ACC”, lo cierto es que en el expediente no existe prueba alguna
que acredite o permita siquiera inferir que la fuerza pública entregó alguna lista a
los grupos armados ilegales en la que apareciera el nombre de Wilson Amézquita
Rodríguez, mucho menos como integrante o auxiliador de la guerrilla; por lo tanto,
no es posible determinar que su asesinato se produjo con complicidad o
connivencia de las entidades públicas demandadas”.
82. Contrario a lo afirmado en precedencia, en el sublite se evidenció de las
declaraciones de los confesos exparamilitares, que el homicidio de Wilson
Amézquita Rodríguez se dio por orden de alias HK y, supuestamente, por el
señalamiento realizado por Pedro Renan -ex miliciano de la guerrilla de las FARC-
y, posteriormente, colaborador de las autodefensas, quien para la época en que se
adelantó la investigación penal ya había fallecido.
83. Asimismo, de la versión libre de José Reinaldo Cárdenas Vargas -alias el Coplero-
se reconoció que la incineración de la buseta de transporte público tuvo como
objetivo generar terror y zozobra a los miembros de la comunidad a través de
hechos de terrorismo-, pero tampoco existe evidencia o pruebas que permitan
establecer que la fuerza pública conocía de esta situación y que no actuara de
manera diligente para evitarlo.
84. En conclusión, en el proceso no se demostró que los demandados hubieran
participado por acción u omisión del deber de seguridad- en el asesinato de Wilson
Amézquita Rodríguez, ni mucho menos que hubieran sido cómplices de actores
armados ilegales o tolerantes respecto de las acciones de que fueron víctimas los
demandantes.
85. Por lo anterior, para la Subsección no está acreditado que las entidades
demandadas desconocieron sus deberes de seguridad y protección, pues no obran
pruebas en el expediente que evidencien que Wilson Amézquita Rodríguez hubiera
denunciado ante las entidades demandadas (municipio de Aguazul y Policía
Nacional) sobre la existencia de amenazas por parte de algún grupo al margen de
la ley.
86. En el proceso tampoco se tiene algún medio de convicción que permita entender
que las entidades demandadas podían determinar, inclusive de oficio, que en ese
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lugar específico de la vereda río Chiquito, en el municipio de Aguazul, se
presentaría una situación de riesgo y que podían ser objetivo de un ataque por parte
de grupos armados al margen de la ley.
87. De ese modo, ante la ausencia de denuncia y solicitud de protección por parte de
la víctima directa, no es posible concluir que las Fuerzas Militares y de Policía
omitieron realizar acciones necesarias para evitar el daño, pues en ningún
momento se les informó de una situación particular de riesgo o amenaza de Wilson
Amézquita Rodríguez.
88. Las anteriores razones son suficientes para concluir que no se acreditó que el daño
alegado hubiera sido imputable a las entidades demandadas en virtud de alguna
conducta activa u omisiva, como tampoco que se hubiera producido por la anuencia
o con la complicidad de estas, configurándose, en consecuencia, el eximente de
responsabilidad del hecho exclusivo de un tercero. Además, se itera, no se probó
que la víctima directa hubiera puesto en conocimiento de las referidas autoridades
la existencia de amenazas en contra de su vida; por lo tanto, tampoco se demostró
que se encontraba en una situación de peligro previa y plenamente conocida por
los miembros de la Policía Nacional o por las autoridades locales de Aguazul, bajo
la cual se tornara en imperiosa la adopción de medidas de precaución tendientes a
resguardar la integridad de Wilson Amézquita Rodríguez.
89. Con fundamento en lo expuesto, la Sala revocará la sentencia de primera instancia
que declaró probada de oficio la excepción de caducidad de la acción judicial y, en
su lugar, negará las pretensiones de la demanda.
Condena en costas
90. En el sub lite la normativa aplicable es la contenida en la Ley 1437 de 2011, que en
su artículo 188 establece que en la sentencia se dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por el procedimiento civil, siendo las
disposiciones del Código General del Proceso las vigentes para la fecha de
presentación de la demanda -16 de noviembre de 2018-.
91. No obstante, la Corte Constitucional en sentencia de unificación SU-241 de 2024
ha considerado que en este tipo de procesos relativos a la responsabilidad por
graves violaciones a los derechos humanos se ventila un interés público, de manera
que al tenor de lo dispuesto en el art 188 del CPACA, aun habiendo desestimado
la alzada, entiende la Sala que, en este tipo de asuntos, el criterio indicado cobija
a los demandantes, por lo que no procede la condena en costas en ninguna de las
instancias67.
92. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
67 Criterio adoptado por esta Sala de decisión, entre otras, en las siguientes sentencias (i) 21 de marzo de 2025,
exp. 62.577; C.P. María Adriana Marín; (ii) 5 de mayo de 2025, exp. 65.967 C.P. María Adriana Marín y (iii) 11
de agosto de 2025, exp. 70.411. C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.
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Referencia: Reparación directa
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 23 de julio de 2020, proferida por el Tribunal
Administrativo de Casanare y, en su lugar se dispone:
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las
razones expuestas en esta providencia.
TERCERO: Sin condena en costas.
CUARTO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con aclaración de voto
Nota: Esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha.
VF
24
Sigue leyendo
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