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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 85001-23-33-000-2019-00029-01

Fecha
14 de agosto de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 85001-23-33-000-2019-00029-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 6 de diciembre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, que negó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO. Una vez en firme esta decisión, la Secretaría procederá al archivo del expediente, con las constancias de rigor. 37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 26 de enero de 2023, radicación 25000-23-41-000-2017-00164-01, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. 38 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 29 de agosto de 2024, radicación 2014-00287-01, C.P. Oswaldo Giraldo López. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 34 Radicado: 85001 23 33 000 2019 00029 01 Demandante: Armando Alfredo Vargas Fuentes Demandado: Contraloría General de la República

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 85001-23-33-000-2019-00029-01

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

14 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., catorce (14) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 85001-23-33-000-2019-00029-01
Demandante: Armando Alfredo Vargas Fuentes
Demandado: Contraloría General de la República
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Notificación de las actuaciones en el marco de la responsabilidad
fiscal. La calidad de gestor fiscal.
Decisión: Confirma el fallo de primera instancia que negó las pretensiones de
la demanda

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el actor contra la sentencia de 6
de diciembre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, que negó las
pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo -CPACA-, el señor Armando Alfredo Vargas Fuentes, por conducto de
apoderado, demandó a la Contraloría General de la República, con el objeto de que se
accediera a las siguientes pretensiones:

Respetuosamente me permito solicitar DECRETARSE LA NULIDAD del proceso FISCAL
ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2014-02601_UCC-PRF-085-2013,
auto No. 1082 del 26 de Julio de 2018 por medio del cual se falla con RESPONSABILIDAD
FISCAL frente a unos imputados y sin responsabilidad fiscal frente a otros dentro del
proceso ordinario de responsabilidad fiscal No. PRF-2014-02601_UCC-PRF-085-2013.

SEGUNDA: como consecuencia de la anterior declaración, a título de restablecimiento: se
excluya de toda responsabilidad fiscal a mi poderdante dentro del proceso
RESPONSABILIDAD FISCAL en o PRF-2014-02601_UCC-PRF-085-2013

TERCERO: condenas en costas y gastos procesales a la parte demandada.

1.2. Actos acusados

Auto núm. 1082 del 26 de julio de 2018 «POR MEDIO DEL CUAL SE FALLA CON
RESPONSABILIDAD FISCAL FRENTE A UNOS IMPUTADOS Y SIN RESPONSABILIDAD
FISCAL FRENTE A OTROS DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO DE
RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2014-02601_UCC-PRF-085-2013».

Radicado: 85001 23 33 000 2019 00029 01
Demandante: Armando Alfredo Vargas Fuentes
Demandado: Contraloría General de la República

RESUELVE

PRIMERO: Fallar con Responsabilidad Fiscal, en forma solidaria, en cuantía de TRES MIL
TRECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS, CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS
M/cte. ($3.347.698.634,50) INDEXADO al 30 de junio de 2018. de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de la presente decisión, de conformidad con el artículo 53 de
la Ley 610 de 2000 en contra de:

[…]

➢ ARMANDO ALFREDO VARGAS FUENTES, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 7.361.493, en condición de Secretario de Obras Públicas y Transporte del
Departamento del Casanare para la época de ocurrencia de los hechos, quién en virtud de
lo señalado en la cláusula sexta de los convenios interadministrativos No. 0067 y 0069 de
2010, ejercía la vigilancia y supervisión de estos acuerdos contractuales y quién revisó y
avaló los estudios previos a la celebración de dichos convenios. Respecto del hecho
generador del daño I) y II) de conformidad con las consideraciones.

[…]

SEGUNDO: Fallar sin Responsabilidad Fiscal y en favor de:

[…]

TERCERO: DECLARAR COMO TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE a la
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A, identificada con el NIT 860.524.654-6,
de conformidad con los amparos dispuestos en la Póliza No. 605-47-994000005195 en su
condición de garante e INCORPORAR al presente Fallo con Responsabilidad Fiscal, la
Póliza No. 605-47-994000005195, por el monto del daño patrimonial causado al Estado.

CUARTO: NOTIFICAR personalmente o por intermedio de sus apoderados el presente
FALLO, a través de la Secretaría Común de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra
la Corrupción en la forma y términos indicados en el artículo 55 de la ley 610 de 2000 y el
artículo 106 de la ley 1474 de 2011 a las siguientes personas naturales y jurídicas:

[…]
➢ ARMANDO ALFREDO VARGAS FUENTES, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 7.361.493, en condición de Secretario de Obras Públicas y Transporte del
Departamento del Casanare para la época de ocurrencia de los hechos, quién en virtud de
lo señalado en la cláusula sexta de los convenios interadministrativos No. 0067 y 0069 de
2010, ejercía la vigilancia y supervisión de estos acuerdos contractuales y quién revisó y
avaló los estudios previos a la celebración de dichos convenios.

[…]

QUINTO: RECURSOS: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y
en subsidio el de apelación, los cuales deberán interponerse personalmente y por escrito,
con indicación de los motivos de inconformidad, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación de esta providencia, y ser radicados en la oficina de
correspondencia ubicada en la … de Bogotá, según lo previsto en el artículo 56 de la Ley
610 de 2000.

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Radicado: 85001 23 33 000 2019 00029 01
Demandante: Armando Alfredo Vargas Fuentes
Demandado: Contraloría General de la República

SEXTO: CONSULTA: Remitir el Proceso al Despacho del Señor Contralor General de la
República, para que conforme a su competencia decida sobre el Grado de Consulta, de
conformidad con el artículo 18 de la Ley 610 de 2000, una vez surtido el trámite previsto en
el artículo cuarto de la presente providencia.

SEPTIMO: FIJAR el término de diez (10) días a partir del día siguiente de la ejecutoria, para
consignar el valor citado ante la Tesorería respectiva, lo cual deberá acreditarse ante esta
Contraloría Delegada.

Auto núm. 1166 del 22 de agosto de 2018, mediante el cual se resolvió el recurso de
reposición interpuesto contra el anterior fallo con responsabilidad fiscal, así:

PRIMERO: NO REPONER la decisión adoptada en el Fallo No. 1082 del 26 de julio de
2018, de acuerdo con las razones expuestas en el presente proveído.

SEGUNDO: CONCEDER el recurso de apelación interpuesto por los doctores: Germán
Soto Díaz, apoderado de confianza del señor Jhon Miller Domínguez y de Nixon Hilton
Pacheco Vega; Javier Alirio Medina, apoderado de confianza de la señora María Victoria
Mora Fonseca y apoderado de J.J. Construcciones y Cía. Ltda.; Andrés Sierra Amazo,
apoderado de confianza de la Corporación Huellas de Paz; Martha Yorleny Jiménez
Aranguren; Melany Daniela Castañeda Villamil, defensora de oficio de Cristian Andrés
Ortega y María del Alma Cerchiaro Monsalve, defensora de oficio de Armando Alfredo
Vargas Fuentes; Lucas Abril Lemus, apoderado de confianza de Diego Ignacio Arenas;
María Angélica Ramírez Arciniegas, apoderada de confianza de Construcciones Deico Ltda
[…].

Auto ORD-80112-0202-2018 del 30 de agosto de 2018, mediante el cual el Contralor
General de la República resolvió el grado jurisdiccional de consulta y los recursos de
apelación formulados contra la decisión de primera instancia, en los siguientes términos:

PRIMERO: REVOCAR EN GRADO DE CONSULTA el numeral octavo del artículo segundo
del Auto número 1082 de 26 de julio de 2018, en el sentido de Fallar con responsabilidad
fiscal a título de culpa grave en contra del señor ARMANDO ALFREDO VARGAS
FUENTES […], con ocasión de su calidad de supervisor del Contrato de Consultoría No
0257 de 14 de febrero de 2011 en forma solidaria por haber causado un daño al patrimonio
público de las regalías del departamento del Casanare por un valor de TRES MIL
TRECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS, CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS
M/cte. ($3.347.698.634,50) INDEXADO al 30 de junio de 2018. de conformidad con lo
expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR EN GRADO DE CONSULTA, los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y
9 del artículo segundo del Auto No. 1082 de 26 de julio de 2018, por las cuales se falló con
responsabilidad fiscal, dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal número UCC-PRF-
085-2013, con base en los argumentos expuestos en la parte considerativa de la presente
providencia.

TERCERO: CONFIRMAR EN GRADO DE CONSULTA, los numerales 9 y 11 del artículo
primero del Auto No. 1082 de 26 de julio de 2018, por los cuales se Falló con
Responsabilidad Fiscal y los responsables fueron representados por apoderado de oficio,
dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal número UCC-PRF-085-2013, con base en
los argumentos expuestos en la presente providencia.

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Demandado: Contraloría General de la República

CUARTO: CONFIRMAR EN SEDE DE APELACIÓN lo dispuesto en el Auto número 1082
de 26 de julio de 2018, proferido por el Contralor Delegado Intersectorial 12 de la Unidad
de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, respecto del proceso de
responsabilidad fiscal número UCC-PRF-085-2013, con base en los argumentos expuestos
en la parte considerativa de la presente providencia […].

1.3. Fundamentos de hecho

El demandante indicó que ejerció como secretario de Obras Públicas y Transporte del
departamento de Casanare entre el 3 de septiembre de 2010 y el 12 de mayo de 2011.

Manifestó que el 4 de septiembre de 2013, mediante Auto 001443, la Contraloría General
de la República inició investigación fiscal en contra del alcalde del municipio de Recetor,
la representante legal de la empresa EMCOOP LTDA, JJ CONSTRUCCIONES Y CIA
LTDA, Integrante de la Unión Temporal NUEVO DESARROLLO URBANO DE RECETOR
UNO, contratista cedente CORPORACIÓN HUELLAS DE PAZ, miembro del Consorcio
INGEPAZ, miembro del Consorcio D&A, Construcciones DEICO LTDA, el Supervisor de
la Secretaría de Obras Públicas del departamento de Casanare, el Secretario de
Planeación y Obras Públicas del municipio Recetor, el director técnico del departamento
del Casanare, el supervisor, el director de contratación del departamento de Casanare y
el gerente de la Empresa Pública de Recetor S.A.E.S.P.

Alegó que el citado proceso de responsabilidad fiscal PRF-2014-02601_UCC-PRF-085-
2013 no le fue notificado, es decir, ninguna actuación como el auto de apertura, tampoco
fue escuchado en descargos ni participó en ningún trámite procesal, a diferencia de otros
procesos de la misma índole, los cuales si le fueron notificados de manera legal.

Precisó que se le designó una defensora de oficio, es decir, una estudiante de derecho,
la cual presentó una defensa insuficiente que adoleció de técnica y, además, no
controvirtió ni aportó pruebas durante todo el proceso ni presentó solicitud alguna.

Señaló que las acciones que la Contraloría desplegó en contra del demandante son
violatorias de la Constitución Política y la ley, ya que desconoció el procedimiento previsto
en el CPACA, en especial, porque se podía determinar con exactitud el lugar de
notificación del investigado, así como sus redes sociales y correo electrónico, además,
para ese momento residía en la ciudad de Yopal, es oriundo del departamento de
Casanare y su centro de negocios y asiento principal es el citado municipio.

Efectuó un resumen de los fundamentos fácticos que dieron lugar a la sanción dentro de
la investigación fiscal mencionada, tal como el convenio interadministrativo núm. 0067
para la construcción del sistema de acueducto para el nuevo desarrollo urbanístico del
municipio de Recetor del departamento del Casanare, el convenio núm. 0069 para la
construcción de 54 sistemas individuales de abastecimiento y potabilización de agua para
uso humano en la población dispersa en el área rural del municipio, el contrato
interadministrativo núm. 0809, cuyo objeto era aunar esfuerzos para la construcción del
referido sistema de acueducto, entre otros.

Afirmó que, revisado el expediente, se logró establecer que la Contraloría General de la
República le endilgó una responsabilidad basada en «deficiencias en la planeación,
concretamente en los estudios y diseños que antecedieron los convenios

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interadministrativos núms. 0067 y 0069 de 2010 y, el contrato de obra pública EPRO 008
del mismo año», de los cuales no era el encargado, pues no ejercía su vigilancia ni
supervisión y, por consiguiente, nunca omitió su deber legal, pues dicha función había
sido designada a un tercero, mediante el contrato de interventoría «consorcio D&A 079,
representado legalmente por Diego Ignacio Arenas, contrato de consultoría 0257 de
fecha 14 de febrero de 2011».

Sostuvo que las responsabilidades tanto fiscales como disciplinarias y penales son
individuales, máxime cuando fueron los funcionarios de la Alcaldía de Recetor, quiénes
conocían la necesidad de la población y el lugar exacto en donde podía ser de mayor
utilidad la obra, así como las condiciones propias del terreno, situación que debió ser
analizada por los funcionarios del municipio. De las pruebas allegadas al proceso, se
puede establecer que el daño fiscal determinado por la Contraloría ocurre desde el
momento en que los funcionarios encargados del municipio adelantaron los estudios
previos y la planeación del proyecto.

Indicó que, en la investigación el ente de control encontró probado que la persona que
elaboró los estudios previos fue el secretario de Obras Públicas del municipio, estudios
que sirvieron de fundamento para que la Empresa de Servicios Públicos de Recetor
adelantara el proceso licitatorio

Manifestó que el 22 de noviembre de 2010 designó a un funcionario en calidad de
supervisor del convenio 067 y 069 de 2010, suscrito entre el departamento y el municipio,
el cual le dio cumplimiento a la cláusula quinta, referida a los requisitos de
perfeccionamiento y ejecución.

Aclaró que no firmó el acta de iniciación de los convenios ni autorizó desembolso alguno,
por cuanto dicha función se encontraba delegada y los recursos girados en calidad de
desembolso al municipio de Recetor estaban en las cuentas de ahorro exclusivamente
para el desarrollo de los citados convenios, es decir, «los recursos públicos no tenían
ningún peligro de mala inversión pues estaban a nombre del municipio y no de ningún
contratista».

Alegó que en el periodo del convenio él designó la supervisión, no hubo ejecución de
obras y los recursos públicos siempre estuvieron en cuentas bancarias destinadas al
manejo exclusivo de estos aportes y en el caso del contrato EPRO 008 estaban
amparados por garantías legalmente constituidas.

Manifestó que mediante Auto núm. 0682 de 15 de mayo de 2018, la Contraloría imputó
responsabilidad fiscal sobre los investigados, sin embargo, no le fue notificada en debida
forma dicha actuación. Posteriormente, se emitió el Auto núm. 1082 del 16 de julio de
2018, el ente de control profirió fallo con responsabilidad fiscal con respecto a unos
imputados y sin responsabilidad fiscal frente a otros.

Aclaró que no se le notificó en debida forma el fallo de responsabilidad, sin embargo, la
abogada de oficio presentó recurso de apelación.

Adujo que mediante Auto núm. 1166 del 22 de agosto de 2018, la Contraloría resolvió de
manera desfavorable el recurso de reposición y concedió el de apelación. El cual, a su
vez, se resolvió, igualmente, en forma desfavorable. Adicionalmente, revocó en grado de

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consulta el numeral 8 del artículo 2 del Auto 1082 del 26 de julio de 2018, en el sentido
de fallar con responsabilidad fiscal a título de falta grave en contra del hoy demandante,
con ocasión de su calidad de supervisor del contrato de consultoría núm. 0257 del 14 de
febrero de 2011, en forma solidaria, por haber causado un daño al patrimonio público.
Asimismo, entre otros, rechazó por extemporáneo unos recursos y unas nulidades
propuestas.

Aseveró que se enteró por un tercero acerca de los fallos con responsabilidad fiscal,
emitidos tanto en primera como en segunda instancia, por lo que el 6 de diciembre de
2018, por conducto de apoderado, radicó solicitud de revocatoria directa, de la cual se
desconoce pronunciamiento alguno.

1.4. Normas violadas y concepto de violación

El demandante invocó como normas violadas los artículos 6, 29 y 121 de la Constitución
Política, «los artículos 2, 6, 25, 29, 53 y 209, de la Ley 996 de 2005, el Art. 32 y el inciso
4, del parágrafo del artículo 38, del Decreto 770 de 2005, el inciso 1° del artículo 2°, de
la Ley 909 de 2004, el numeral 1° del artículo 19, del Decreto Ley 2400 de 1968, el artículo
26 inciso 1°. CPACA, artículos 1. 2, 3, 44, Ley 270 de 1996 regula el artículo 138 de la
Ley 1437 de 2011 y demás normas legales en su parte pertinente que tengan que ver
con el tema».

Primer cargo. «Con el proceso de RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2014-
02601_UCC-PRF-085-2013, el cual se adelantó sin la presencia de mi apoderado, se
violan derechos y principios fundamentales como DERECHO A LA DEFENSA CON
SU PILAR FUNDAMENTAL APORTAR Y CONTROVERTIR LAS PRUEBAS
PROCESO ADMINISTRATIVO»

Alegó que, en repetidas ocasiones las Altas Cortes se han pronunciado respecto al
derecho fundamental al debido proceso, siendo este parte esencial y primordial en las
actuaciones de quienes ostentan poder, bien sea administrativa o judicialmente, lo cual
garantiza el acceso a la justicia y condiciones de igualdad y equidad.

Indicó que las actuaciones caprichosas deben quedar relegadas en un país en el que
existe normatividad que regula cada caso en concreto. De tal suerte que obedecer los
postulados en la Constitución y la ley implica una obligación para el funcionario, pues no
puede abusar del poder conferido.

Precisó que la Contraloría General de la República tiene todas las herramientas
necesarias para poder notificar a cualquier sujeto procesal y hacerlo parte dentro de un
proceso de responsabilidad fiscal, por lo que no es comprensible que no hubiera hecho
este trámite, pues hubiera podido pedir apoyo de las entidades departamentales,
municipales de control y vigilancia para que le aportaran la ubicación exacta de cualquier
procesado.

Señaló que esta situación le vulneró los derechos fundamentales a la defensa y al debido
proceso, consagrados en los artículos 29 de la Constitución Política y 209 del CPACA.
Este derecho está consagrado como un principio jurídico procesal o sustantivo, según el
cual, toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un

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resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído
y a hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez.

Sostuvo que la Corte Constitucional, en sentencia T-419/94, señaló que la extensión de
garantías del debido proceso en el ámbito administrativo «no implica, sin embargo, que
su alcance sea idéntico en la administración de justicia y en el ejercicio de la función
pública. A pesar de la importancia que tiene para el orden constitucional la vigencia del
debido proceso en todos los escenarios en los que el ciudadano puede ver afectados sus
derechos por actuaciones públicas (sin importar de qué rama provienen), es necesario
que la interpretación de las garantías que lo componen tome en consideración los
principios que caracterizan cada escenario, así como las diferencias que existen entre
ellos».

Adujo que, frente a la notificación, la citada corporación judicial en la referida sentencia,
señaló que esta es una condición de posibilidad de la ejecución del debido proceso, por
lo que el ocultamiento del acto, equivale a la vulneración de dicha garantía, que incorpora
en su núcleo esencial la posibilidad de conocer los actos públicos y ejercitar todos los
recursos y acciones que le concede la ley, por lo tanto, la insistencia de la administración
en ejecutar un acto ineficaz afecta la esfera patrimonial de una persona.

Afirmó que el procedimiento fiscal también establece en su régimen probatorio propio
algunas disposiciones de obligatorio cumplimiento que son de absoluto conocimiento del
ente fiscal, tal como lo es el artículo 26 de la Ley 610 de 2000, que prevé la apreciación
integral de las pruebas, lo cual deberá hacerse en conjunto de acuerdo con las reglas de
la sana crítica y la persuasión racional.

Arguyó que la Corte Constitucional, en sentencias C-031 de 2014 y C-089 de 2011,
señaló que el derecho al debido proceso hace referencia al comportamiento que deben
observar las autoridades en ejercicio de sus funciones, pues están obligadas a actuar
conforme a los procedimientos previamente establecidos en la ley con el fin de garantizar
los derechos de quienes puedan resultar afectados por las decisiones de la
administración.

Indicó que la jurisprudencia ha señalado que hacen parte de las garantías del citado
derecho entre otros los derechos a: ser oído durante toda la actuación, a la notificación
oportuna y de conformidad con la ley, a que el trámite se surta sin dilaciones
injustificadas, que se permite la participación en la actuación desde el inicio hasta su
culminación, entre otras. Asimismo, ha diferenciado entre las garantías previas y
posteriores que implica el derecho al debido proceso en materia administrativa.

Segundo cargo. «Seguridad jurídica»

Explicó que los funcionarios deben obrar de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 6
de la Carta Política en cuanto dispone a que todo servidor público responde por infringir
la Constitución, de conformidad con el artículo 121 ibidem, que prevé que aquellos
pueden ejecutar únicamente las funciones que determine la norma superior y la ley.

Relató que el principio de legalidad es una restricción al ejercicio de poder público, en
virtud del cual «las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda, sino
dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas propias de

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cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que garantizan a las
personas el ejercicio pleno de sus derechos».

Indicó que la administración pública debe brindarle todas las garantías consagradas por
la Constitución y debe aplicar las normas preexistentes al procedimiento, el cual debe
observar con plenitud las formas propias, es decir, con sujeción a las reglas de los
trámites fijados, para garantizar la participación del interesado de manera previa a la
adopción de la decisión.

Manifestó que en este caso nunca se le notificó ningún acto al sancionado, en un trámite
en el que se vulneraron sus derechos constitucionales y principios de la administración,
pues es de público conocimiento que la notificación es un acto por medio del cual se da
a conocer al interesado una decisión en su contra. Más importante aún, es que dicha
comunicación es la que le garantiza al ejecutado el derecho a controvertir las pruebas del
caso, aportar las que crean necesarias, con lo cual se materializa el derecho a la defensa
del ciudadano involucrado en la investigación.

Afirmó que la normatividad mencionada y la jurisprudencia de las Altas Cortes conduce
necesariamente la nulidad del acto demandado, pues al no haber sido parte del proceso,
se configura la vulneración a los principios y derechos fundamentales que son pilar del
Estado de derecho.

1.5. Contestación de la demanda1

La Contraloría General de la República – CGR, por conducto de apoderado, contestó la
demanda en oportunidad y se opuso a las pretensiones por considerar que carecen de
fundamento fáctico y jurídico.

Indicó que frente a la causal denominada «Con el proceso de RESPONSABILIDAD
FISCAL No. PRF-2014- 02601_UCC-PRF085-2013, el cual se adelantó sin la presencia
de mi apoderado, se violan derechos y principios fundamentales como DERECHO A LA
DEFENSA CON SU PILAR FUNDAMENTAL APORTAR Y CONTROVERTIR LAS
ADMINISTRATIVO PRUEBAS PROCESO (sic)» el demandante no expone
argumentación que permita deducir violación al derecho a la defensa de aportar y
controvertir pruebas, pues solo se queda en enunciado.

Explicó que al investigado se le garantizó el debido proceso al nombrársele apoderado
de oficio, tal y como lo prevé la Ley 610 de 2000, y lo señalado por la Corte Constitucional
en sentencia C-131 de 2000, en la cual expone la clase de proceso que es la
responsabilidad fiscal y la forma de mantener y garantizar el derecho a la defensa.

Sostuvo que al demandante se le notificó de forma personal el auto de apertura de la
investigación en la ciudad de Yopal, en la misma dirección aportada por la gobernación
del Casanare y que figuraba en su hoja de vida.

Adujo que el actor fue citado a rendir versión libre y espontánea mediante Auto 0311 del
4 de marzo de 2016. Así mismo, fue citado con Oficio 2016EE00 29239 del 8 de marzo
de 2016 a la dirección aportada por la gobernación del Casanare. Sin embargo, no

1 Índice 00031 ED_CUADERNO3_08CONTESTACIONDEMAND(.pdf) NroActua 31.

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Demandante: Armando Alfredo Vargas Fuentes
Demandado: Contraloría General de la República

compareció a la diligencia, según constancia del despacho visible a folio 2662 del
expediente fiscal.

Precisó que en atención a que el señor Armando Alfredo Vargas no asistió a rendir
versión libre y espontánea, el despacho, en aras de garantizar el debido proceso y el
derecho a la defensa, le designó una defensora de oficio, la estudiante universitaria María
del Alma Cerchiario Monsalve.

Alegó que, de conformidad con el principio de buena fe, es deber de las personas
intervinientes dentro del proceso de responsabilidad fiscal, entre otras, comunicar por
escrito cualquier cambio de domicilio o del lugar denunciado para recibir notificaciones
personales, por lo que el actor está alegando su propia culpa, pues faltó a su deber legal
de actualizar la dirección si fuera del caso que había cambiado de residencia. Así mismo,
sí sabía de la existencia del proceso, lo abandonó, pues jamás acudió para averiguar en
qué estado se encontraba o radicar memorial alguno para solicitar información al
respecto.

Concluyó que, dentro del proceso de responsabilidad fiscal, se recopiló material
probatorio que permitía establecer de manera clara los elementos que dieron lugar a
determinar el actuar negligente del señor Armando Alfredo Vargas Fuentes en su
condición de secretario de Obras Públicas y Transporte del departamento de Casanare
para la época de ocurrencia de los hechos, quien en virtud de lo señalado en la cláusula
sexta de los convenios interadministrativos núms. 0067 y 0069 de 2010, ejercía vigilancia
y supervisión de estos acuerdos contractuales y, además, fue quien revisó y avaló los
estudios previos a la celebración de dichos convenios. Aspectos analizados dentro de las
actuaciones proferidas dentro del trámite fiscal censurado.

Propuso la siguiente excepción de «INEPTA DEMANDA POR INEXISTENCIA DE
CAUSAL PARA DEMANDAR LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO», al
considerar que la demanda adolece de una explicación razonada de los conceptos de
violación y de la formulación de cargos específicos en contra de los actos administrativos
censurados, pues no configura causal alguna de conformidad con lo señalado en el
artículo 137 del CPACA.

Indicó que se trata de una demanda «afincada en apreciaciones sin fundamento fáctico
o jurídico», por lo que no se evidencia presupuesto para el ejercicio de la acción de
nulidad ni para pretender restablecimiento de derecho alguno.

Trajo a colación la sentencia del 5 de mayo de 2016, proferida por el Consejo de Estado,
mediante la cual, se indica que constituye un impedimento para el juez administrativo
pronunciarse de fondo cuando se evidencia la completa ausencia del concepto de
violación de las normas superiores señaladas de haber sido vulneradas, debido a que los
actos administrativos gozan de presunción de legalidad, por lo que la falta de los cargos
correctamente estructurados y expuestos, la autoridad judicial carece de elementos
concretos para realizar un juicio capaz de fundamentar una decisión que merezca los
efectos de la cosa juzgada. Por consiguiente, aunque se trata de un asunto que posee
un sentido formal, lo cierto es que tiene una innegable dimensión material.

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II. LA SENTENCIA APELADA

En sentencia de 6 de diciembre de 2019, el Tribunal Administrativo de Casanare resolvió2:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda instaurada por ARMANDO ALFREDO
VARGAS FUENTES en contra de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por
las razones indicadas en la parte considerativa.

SEGUNDO: No CONDENAR en costas en esta instancia.

TERCERO: En firme esta providencia ORDENAR devolver el remanente de las sumas
consignadas para gastos del proceso, en caso de que existan.

CUARTO: Si este fallo no es apelado ARCHIVAR el expediente, dejando las constancias
de rigor.

Manifestó que, una vez analizadas las pruebas allegadas a la actuación, pudo establecer
que le asiste razón al ente de control y al Ministerio Público cuando afirman que el señor
Armando Alfredo Vargas Fuentes si fue notificado personalmente del proceso de
responsabilidad fiscal que se adelantó en su contra.

Indicó que la Contraloría le remitió al actor citación para que rindiera exposición libre y
espontánea dentro del proceso de responsabilidad fiscal para el día 29 de marzo de 2016,
a la dirección que informó para efectos de notificación, pero él no compareció.

Señaló que por Auto núm. 0233 del 28 de febrero de 2018, se designó como apoderada
de oficio a la estudiante María del Alma Cerchiaro Monsalve para que representara al
actor en el proceso de investigación fiscal, la cual presentó escrito de descargos.

Afirmó que, revisada la actuación fiscal, se observa que se respetaron las garantías
procesales en el desarrollo del proceso, pues el demandante fue citado a rendir versión
libre, y al no comparecer tácitamente renunció a ejercer su derecho de defensa que es
una de las finalidades de la versión libre. Así mismo, renunció al derecho de solicitar
pruebas y controvertir las aportadas.

Adujo que, sin que fuera necesario designarle defensora de oficio el investigado pudo
haber ejercido su derecho a la defensa, puesto que fue notificado de la vinculación al
proceso fiscal.

Sostuvo que se establece la falta de veracidad de las situaciones fácticas planteadas en
el escrito de demanda y el desinterés del señor Armando Alfredo Vargas Fuentes en el
desarrollo del proceso de responsabilidad fiscal que se adelantó en su contra y, al cual
no quiso concurrir de forma voluntaria, pues siempre fue de su conocimiento la existencia
de este.

Frente a los demás reparos efectuados por el demandante, se determinó que el actor
fungió como secretario de Obras Públicas y Transportes desde el 3 de septiembre de
2010 al 12 de mayo de 2011, período en el cual se suscribieron los convenios
interadministrativos 067 y 069 de 2010.

2 Índice 00031 ED_CUADERNO3_24FALLO-PRIMERAINSTANCIA(.pdf) NroActua 31.

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Relató que en dichos convenios se estableció en la cláusula séptima y en la sexta,
respectivamente, que correspondía al secretario de Obras Públicas y Transporte ejercer
su vigilancia y supervisión, así como el debido cumplimiento del mismo en su parte
técnica, administrativa, financiera y ambiental.

Explicó que, en lo que atañe a que no tuvo injerencia alguna en los estudios previos de
los convenios mencionados, las pruebas obrantes acreditan una situación distinta, dado
que allí aparecen firmados por el actor. Además, en atención al cargo que ejercía y a que
el departamento suscribió los citados convenios con el municipio, se colige que
necesariamente debían ser analizados por él o su equipo para poder dar viabilidad a
dichos convenios. Los cuales a juicio de la contraloría resultaron insuficientes y
parcialmente inadecuados, lo que condujo a la inoperancia de las obras realizadas en la
ejecución de los convenios tal como consta en los informes técnicos que se practicaron
durante la investigación fiscal.

Asevera que los reparos que hoy eleva el demandante frente a la responsabilidad fiscal,
debieron haberse realizado durante la citada investigación, sin embargo, el demandante
prefirió no concurrir al proceso, por lo que tal como lo indicó el Ministerio Público, no es
aceptable que, en la demanda aduzca que no le asiste responsabilidad porque la
supervisión fue delegada a otro servidor, pues ello no lo exime de responsabilidad, dado
que él ejercía como secretario de Obras Públicas del departamento de Casanare y como
tal debía velar porque la supervisión se realizara adecuadamente.

III. RECURSO DE APELACIÓN

El actor inconforme con lo decidido por el Tribunal interpuso recurso de apelación que
sustentó en los siguientes términos3:

Consideró que el a quo no identificó plenamente el proceso de contratación estatal ni los
medios necesarios para determinar cada una de las etapas del proceso contractual cómo
lo establece la Ley 80 de 1993, pues omitió el estudio y la competencia de cada una de
las actuaciones realizadas por el demandante, es decir, que tomó como base la relación
jurídica de todo el proceso de contratación por parte del secretario de Obras Públicas de
la gobernación de Casanare, desde su inicio, con los estudios previos, asimismo, como
el estudio de viabilidad, sin embargo, no tuvo en cuenta que el actor duró solo 5 meses
en el cargo y se le tuvo como responsable de todo el proceso de contratación, inclusive
la adjudicación, hecho en el que él no intervino.

Alegó que el Tribunal no observó detenidamente el Auto 001443 de 2013 -inicio de la
investigación fiscal-, el cual desconoció el procedimiento establecido en el CPACA, en
especial, por cuanto no fue notificado en debida forma, dado que se podía establecer con
exactitud en lugar de notificación del investigado. Esto, por cuanto el actor reside la
ciudad de Yopal dónde se encuentra su centro de negocios y asiento principal, además,
por cuanto él ya había sido investigado en otros procesos por el mismo ente acusador en
los cuales sí le efectuaron la notificación personal de manera legal.

Adujo que le están cobrando una sanción pecuniaria, sin que se le diera la oportunidad
de esgrimir sus argumentos, situación que es ilegal e injustificada, toda vez que el ente

3 Índice 00031 ED_CUADERNO3_26RECURSOAPELACIONP(.pdf) NroActua 31

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de control continuó la actuación sin haberlo notificado personalmente y al haberle
nombrado un defensor de oficio que no era de su confianza, lo cual conllevó a su
condena.

Indicó que las actuaciones surtidas dentro de la investigación fiscal no le fueron
comunicadas, siendo que la Contraloría tiene todos los medios para buscar las
direcciones de residencia, correo electrónico, número de celular y demás para proceder
a comunicar personalmente todas las decisiones desde que inició el trámite.

Precisó que ni la Contraloría ni el Tribunal tuvieron en cuenta que el demandante no
elaboró los estudios previos ni participó en la etapa de planeación ni programación del
acueducto, dado que dichos estudios fueron realizados por los ingenieros Gilberto Acuña,
Jaime Acuña, Lucas Emilio Niño, Sandra Suárez, Fabián Ferney Álvarez y Leonardo
Becerra.

Explicó que, si bien es cierto, la investigación fiscal se originó por la no terminación de la
obra, también lo es que el detrimento es por no ejecutar la misma tal como se contrató,
por lo que se estableció que el contratista no terminó el contrato, pero no por avalar los
estudios previos, al igual que su evaluación se llevan a un banco de proyectos los cuales
no solo es el secretario de Obras quien da la viabilidad, sino que lo hace un equipo
interdisciplinario, cuyos integrantes en su mayoría no fueron vinculados al proceso y los
otros, fueron exonerados.

Afirmó que la función de supervisión y vigilancia fue designada a un funcionario del
departamento mediante contrato de interventoría al Consorcio D&A 079, contratista de la
consultoría núm. 0257 de 2011 para el contrato de obra EPRO 008 de 2010 para la época
de la ocurrencia de los hechos, representado legalmente por Diego Ignacio Arenas, sobre
el cual recae dicha obligación de vigilancia, control y supervisión, por lo que no existe
nexo de causalidad.

Arguyó que el Tribunal no es coherente al determinar el grado de responsabilidad de cada
una de las etapas contractuales, pues simplemente afirma lo expuesto por la Contraloría
al mencionar que él autorizaba o manejaba los anticipos o desembolso financiero, dado
que, si se observa bien el contrato de interventoría, dichas funciones fueron designadas
únicamente al citado Consorcio D&A 079.

Destacó que ninguno de dichos anticipos fue firmado ni autorizado por el secretario de
Obras Públicas departamental, ya que ellos sabían que no tenía ninguna responsabilidad
en dicho contrato y el dinero estaba en una cuenta bancaria manejada por el municipio
de Recetor. Es decir que, dicho control financiero, lo tenía el titular de la cuenta, ya que
es imposible ponerse a revisar cualquier desembolso cuando no se tiene el control sobre
el dinero y todo lo maneja el mismo beneficiario.

Expresó que, basta con observar las actas de pagos parciales hechas a los contratistas,
las cuales son las 01 del 13 de diciembre de 2011 y la 02 del 27 del mes y año
mencionado, pagos que fueron realizados por el Consorcio D&A 079, en virtud del
contrato de consultoría 0257 de 2011, pues se demuestra que ellos eran los que
realizaban la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental del contrato
EPRO 008 de 2010. En dicho contrato se estableció que entre las funciones
administrativas del citado consorcio estaba en seguimiento, control y aprobación de

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anticipos, por lo tanto, si sobre alguien debe recaer la responsabilidad sobre el daño al
patrimonio de la Nación es sobre el citado consorcio, mas no sobre el demandante.

Precisó que cuando se delegan funciones, también se delegan responsabilidades, por lo
que no es procedente endilgarle responsabilidad alguna, por cuanto él no tenía la gestión
fiscal, es decir, no era el encargado de manejar ni administrar los recursos públicos, ni
jurídica ni materialmente. Aunado al hecho de que tales recursos reposaban en una
cuenta bancaria, sobre la cual era imposible efectuar seguimiento y control alguno, dado
que la titular era una entidad diferente, la alcaldía de Recetor, por lo que no tenía ningún
tipo de injerencia, al igual que nunca se le requirió de su aval para pagar algún anticipo o
realizar algún desembolso.

Alegó que no se configura el requisito de responsabilidad fiscal, según el cual se
responde por acción u omisión, pues el demandante no omitió cumplir con las funciones
de su cargo, en tanto que no se podía efectuar vigilancia, supervisión y control cuando
las funciones habían sido delegadas a un tercero. En consecuencia, no se pudo lograr
determinar el nexo de causalidad como un elemento de responsabilidad fiscal entre el
actor y la obra, lo cual permite dar aplicación a la teoría de la causalidad adecuada entre
la conducta del gestor fiscal y el daño patrimonial ocasionado al Estado.

Alegó que el a quo considera que lo que causa un detrimento patrimonial fue el hecho de
que él revisara y avalara los estudios previos a la celebración de los convenios, lo que
trajo como consecuencia que se suscribieran los mismos, con lo cual el Tribunal efectúa
una afirmación basada en la teoría de la equivalencia de las condiciones que, no puede
tenerse en cuenta, toda vez que el hecho de darse un aval para firmar los contratos no
producirá el daño pues ello no es indicio suficiente para deducir que se puede causar
algún detrimento a la nación.

Adujo que es incoherente, apresurado y malicioso realizar tal afirmación cuando la fuente
de dicho daño patrimonial fue la no ejecución de la obra y la entrega del dinero al
contratista, situaciones en las que no participó, además, las funciones del Secretario de
Obras no se encontraba la interventoría de contratos, por lo que no es coherente imponer
la responsabilidad al actor cuando no está autorizado ni le habían encomendado tales
funciones.

Indicó que, desde un inicio se demostró la falta de notificación en los términos que
establece la ley, lo que ha ocasionado una vulneración directa al debido proceso y al
derecho de defensa dentro de la investigación fiscal, pues se desconoció el
procedimiento establecido en el CPACA, por lo que es evidente que el ente fiscal no
realizó lo establecido en las normas procesales cómo lo es la notificación personal, por
aviso o emplazamiento, de conformidad con lo previsto en los artículos 67, 68, 69 y
siguientes ibidem. Por consiguiente, se advierte negligencia por parte de la Contraloría,
quién no tomó las acciones necesarias con el fin de dar a conocer las actuaciones del
caso concreto al actor como si lo realizó en otras investigaciones.

Precisó que el Consejo de Estado en sentencia del 23 de agosto de 20184, indicó que las
providencias que se adopten por el funcionario competente tanto en las indagaciones
preliminares como en el proceso de responsabilidad fiscal, sean de trámite ordinario o en

4 Señala a la sentencia radicada bajo el núm, 25000232400020100128201

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el verbal, deben ser puestos en conocimiento del implicado y de los terceros interesados
o de sus apoderados para que tengan la oportunidad de hacer uso de los diferentes
recursos que la ley consagra para impugnar las decisiones o para que proceda a
cumplirlas.

Afirmó que, en el caso bajo examen, no se efectuaron los procedimientos del caso, pues
se envió la notificación personal a una residencia que no es el domicilio del demandante
ni tampoco era un inmueble de su propiedad, lo cual se demuestra en el registro de
instrumentos públicos que se anexa.

Arguyó que «LA CONTRALORIA NO IDENTIFICÓ LA NOTIFICACIÓN POR AVISO»,
pues el artículo 68 de la Ley 1437 de 2011, establece que cuando no es posible realizar
la notificación personal, porque han transcurrido 5 días sin que el citado comparezca, la
forma subsidiaria para garantizar la publicidad en el proceso y el derecho de defensa del
presunto responsable fiscal, es proceder a la notificación por aviso.

Expresó que se configuró una «INDEBIDA APLICACIÓN DE LA NOTIFICACIÓN POR
EDICTO», tipo de notificación que se encuentra reservado a la hipótesis prevista en el
artículo 49 de la Ley 610 de 2000. Por consiguiente, si como resultado del aviso u otra
notificación sucedánea a la personal, el presunto responsable no acude al proceso, o
acude, pero no designa apoderado, es necesario agotar la notificación por edicto.

Alegó que, como consecuencia de estas omisiones, es evidente que no se agotaron las
respectivas notificaciones para dar por enterado al actor y, por el contrario, se le nombró
un abogado de oficio, un estudiante de derecho, que no hizo una defensa técnica que
cumplieran con las expectativas, razón por la cual es claro que se ha vulnerado
directamente el derecho de defensa del demandante.

IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

4.1. El 19 de febrero de 2020, el asunto se radicó en el Consejo de Estado y en la misma
fecha pasó al Despacho.

4.2. Por auto del 2 de abril de 2020, la Sala aceptó el impedimento manifestado por el
Consejero de Estado Dr. Roberto Augusto Serrato Váldes5.

4.3. Mediante providencia de 9 de noviembre de 20206, se admitió el recurso de apelación
interpuesto por el actor. En auto del 19 de marzo de 20217, se corrió traslado a las partes
para presentar sus respectivos alegatos de conclusión y al Ministerio Público para rendir
el concepto de rigor.

4.4. El apoderado de la Contraloría General de la República 8 reiteró los argumentos
expuestos en la contestación de la demanda y, adicionalmente, indicó que, dentro del
proceso de responsabilidad fiscal se investigaron 3 hechos generadores del daño fiscal
así:

5 El 28 de febrero de 2020
6 Índice 00014 del aplicativo Samai.
7 Índice 00020 del aplicativo Samai.
8 Índice 00028 del aplicativo Samai.

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i) Deficiencias en la planeación, concretamente en los estudios y diseños que
antecedieron los convenios interadministrativos N°0067 y N°0069 de 2010, y el
Contrato de Obra Pública EPRO 008 del mismo año, toda vez que eran apenas
incipientes.
ii) La indebida administración de los recursos entregados en anticipo del valor del
contrato: Los recursos no fueron aplicados en su totalidad a la ejecución de la obra
pública, sino que presuntamente se utilizaron en beneficio del contratista de obra
o de un tercero, lo que conllevó a su incumplimiento.
iii) Por la no ejecución de la obra derivada de la presunta deficiencia en la
prestación del servicio de interventoría ofrecido por el Consorcio D&A 079, con
base en el Contrato de Consultoría N°0257 de 14 de febrero de 2011, ya que no
fue eficiente ni eficaz, en controlar la adecuada realización de la obra y no previno
oportunamente la paralización del contrato. Esto debido a deficiencias en la
planeación de estudios y diseños y por la indebida administración de los recursos
entregados en anticipo del valor del contrato de obra, así como a la no ejecución
de los contratos que llevaron a la pérdida de los recursos mencionados y su
consecuente incumplimiento.

Explicó que, con el propósito de tener certeza de los hechos en mención, se recaudaron
pruebas dentro de la investigación administrativa, como lo es el informe técnico decretado
mediante Auto núm. 001855 del 7 de noviembre de 2013, por el cual se concluyó que las
obras del convenio interadministrativo núm. 067 de 2010 y parte del contrato de obra
EPRO 008/2010, se encontraban totalmente inconclusas y en estado de abandono desde
hacía más de 2 años, al igual que el convenio interadministrativo 069 de 2010. Así mismo,
el informe técnico decretado mediante Auto núm. 1457 del 1 de septiembre de 2017, el
cual arrojó como resultado que las obras de los citados convenios no se encontraban en
funcionamiento y, por el contrario, presentaban señales de deterioro.

Precisó que el actor, en condición de Secretario de Obras Públicas y Transporte del
departamento del Casanare, para la época de ocurrencia de los hechos, en virtud de lo
señalado en la cláusula sexta de los convenios interadministrativos núms. 0067 y 0069
de 2010, ejercía la vigilancia y supervisión de estos acuerdos contractuales, además,
revisó y avaló los estudios previos a la celebración de dichos convenios.

Adujo que el demandante en su calidad de supervisor permitió que se desarrollaran y
ejecutaran las obras sin atender las exigencias de estos es las calidades previstas en los
convenios, contribuyó en la generación del daño ya que algunos de los componentes de
las obras entregadas al municipio de Recetor, no cumplían con las especificaciones
técnicas contempladas en los estudios previos y pliego de condiciones.

Afirmó que el demandante debió desplegar acciones oportunas y efectivas tendientes a
que para desarrollar la obra del contrato EPRO 008 de 2010, los contratistas cumplieran
con el objeto contractual y no permitir que se apartara de lo estipulado en los estudios
previos, diseños y pliegos de condiciones y el contrato en mención.

Manifestó que el actor dejó de cumplir con las obligaciones legales, contractuales y
funcionales, lo cual, permite calificar su conducta a título de culpa grave, pues con la
misma, contribuyó a que se generara el detrimento patrimonial.

Explicó que el hecho generador del daño atribuido al actor corresponde a «i) deficiencias
en la planeación, concretamente en los estudios y diseños que antecedieron los

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convenios interadministrativos 0067 y 0069 de 2010, y el Contrato de Obra Pública EPRO
008 del mismo año, toda vez que eran apenas incipientes», por haberlos supervisado y
avalado.

Indicó que el fallo de responsabilidad se emitió por cuanto el actor no aplicó el principio
de planeación, lo que condujo que en la ejecución de la obra se tuvieran que realizar
modificaciones de las condiciones del contrato, por desconocimiento de las necesidades
para construcción, es decir, que no se establecieron los procedimientos necesarios que
garantizaran que, con el levantamiento de la obra se iba a llevar un beneficio a la
comunidad.

Manifestó que, adicionalmente, se pudo determinar que la obra contratada era
técnicamente inejecutable, por lo que la actitud del secretario de Obras públicas y
Transporte del departamento de Casanare quebrantó las normas que rigen la
contratación estatal y el suscribir el contrato de interventoría y los Convenios
Interadministrativos sin tener en cuenta que se cumpliera con su finalidad, permitió que
la Contraloría calificara la conducta como culpa grave.

Resaltó que la omisión del actor en el ejercicio del deber de control y vigilancia de una
obra con inversión de cuantiosos recursos públicos, con problemas iniciales de diseño,
fue determinante para que se materializara la afectación del patrimonio estatal, pues su
omisión permitió, como lo dice la imputación, que los recursos públicos pagados al
contratista no cumplieron con la finalidad para el cual fue contratada, toda vez que la
construcción del sistema de acueducto para el nuevo desarrollo urbanístico del municipio
de Recetor y la construcción de 54 sistemas individuales de abastecimiento y
potabilización de agua es una obra inconclusa que no ha sido puesta en funcionamiento.

Concluyó que de conformidad con lo establecido en el artículo 67 Constitucional, los
servidores públicos deben responder por su omisión en el ejercicio de sus funciones, y
para el caso que nos ocupa, el señor Armando Alfredo Vargas Fuentes, en su calidad de
secretario de Obras del departamento de Casanare, para la época de los hechos, faltó a
sus deberes como se expuso en el Auto de imputación núm. auto 0682 del 15 de mayo
de 2018 y el fallo con responsabilidad fiscal núm.1082 del 26 de julio de 2018, y el auto
núm. ORD-80112 0202 -2018 del 30 de agosto de 2018.

4.5. El actor9 insistió en las manifestaciones plasmadas en el recurso de apelación. Por
su parte, el Agente del Ministerio Público guardó silencio.

V. CONSIDERACIONES

5.1. Competencia

La Sala es competente para conocer del presente recurso de apelación, de conformidad
con lo previsto por los artículos 150 del CPACA y 13 del Acuerdo 80 del 12 de marzo de
201910 (modificado por el artículo 1º del Acuerdo núm. 434 de 2024), que regula la
distribución de negocios entre las secciones.

9 Índice 00027 del aplicativo Samai.
10 Que compiló y actualizó el Reglamento del Consejo de Estado.

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5.2. Delimitación de la controversia

En el caso bajo examen, como ya se dijo, el señor Armando Alfredo Vargas Fuentes
presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Auto núm. 1082
del 26 de julio de 2018, por medio del cual, entre otros, se le declaró fiscalmente
responsable dentro de la investigación radicada bajo el núm. PRF-2014-02601_UCC-
PRF-085-2013.

El Tribunal Administrativo de Casanare denegó las súplicas de la demanda, por
considerar que al entonces investigado sí se le notificó la actuación desde el comienzo
del proceso y que, el demandante decidió no comparecer, lo que dio lugar a concluir su
desinterés por participar en la actuación investigativa. Así mismo, encontró demostrado
que el señor Armando Alfredo Vargas suscribió los estudios previos de los convenios
interadministrativos 067 y 069 de 2010, los cuales tenían cláusulas que indicaban que al
secretario de Obras Públicas y Transporte le correspondía ejercer su vigilancia y
supervisión, como el debido cumplimiento del mismo.

Inconforme con lo anterior, el demandante interpuso recurso de apelación por considerar
que el a quo omitió el estudio y la competencia de cada una de las actuaciones que
realizó dentro el proceso de contratación y que, además, duró solo 5 meses en el cargo
y se le tuvo como responsable de todo proceso de contratación, inclusive la adjudicación,
hecho en el que él no intervino. Que la revisión y aval de los estudios previos no ocasionó
el daño patrimonial, por cuanto la fuente de dicho daño fue la no ejecución de la obra.
Además, la supervisión y vigilancia fue delegada a un funcionario del departamento
mediante contrato de interventoría al Consorcio D&A 079, contratista de la Consultoría
núm. 0257 de 2011 para el contrato de obra EPRO 008. Adujo, igualmente, que no es
cierto que él autorizaba o manejaba los anticipos o desembolso financiero, por cuanto
dicha función le correspondía al citado Consorcio. Por consiguiente, él no tenía la gestión
fiscal de las obras contratadas.

Alegó, igualmente, que no fue notificado en debida forma, dado que se podía establecer
con exactitud el lugar de notificación del investigado, sin embargo, la Contraloría no usó
los medios que tenía a su disposición para determinar que su centro de negocios y
asiento principal era el municipio de Yopal. Que el ente fiscal no realizó lo establecido en
las normas procesales cómo lo es la notificación personal, por aviso o emplazamiento, ni
edicto.

En este orden de ideas, el presente asunto se contrae a establecer si la Contraloría
General de la República le vulneró al actor los derechos al debido proceso y a la defensa,
por no haber sido presuntamente notificado de la investigación fiscal dentro de la
oportunidad pertinente. Así mismo, le corresponde a la Sala determinar si la
responsabilidad endilgada se encuentra conforme a derecho, pues, a juicio del
demandante, él no ostentaba las calidades que daban lugar a declararlo responsable,
dado que delegó funciones y no tenía bajo su potestad la administración de los recursos.

5.3. De la notificación de la actuación fiscal al demandante.

El demandante adujo que la entidad accionada incurrió en una vulneración de sus
derechos de defensa y contradicción dentro del proceso de responsabilidad fiscal. Lo
anterior, al no haberle notificado personalmente las providencias ni aplicado de forma

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subsidiaria los demás medios previstos en la ley, sumado a la falta de diligencia para
consultar las fuentes de información disponibles que hubiesen permitido establecer su
lugar de notificación.

Respecto de lo anterior, la Sala empieza por poner de presente que, el artículo 106 de la
Ley 1474 de 2011 expresamente establece las providencias que deben notificarse
personalmente al investigado, así:

ARTÍCULO 106. NOTIFICACIONES. En los procesos de responsabilidad fiscal que se
tramiten en su integridad por lo dispuesto en la Ley 610 de 2000 únicamente deberán
notificarse personalmente las siguientes providencias: el auto de apertura del proceso de
responsabilidad fiscal, el auto de imputación de responsabilidad fiscal y el fallo de primera
o única instancia; para estas providencias se aplicará el sistema de notificación personal y
por aviso previsto para las actuaciones administrativas en la Ley 1437 de 2011. Las demás
decisiones que se profieran dentro del proceso serán notificadas por estado.

En cuanto al trámite de las notificaciones personales, los artículos 67, 68 y 69 de la Ley
1437 de 2011 establecen lo siguiente:

Artículo 67. Notificación personal. Las decisiones que pongan término a una actuación
administrativa se notificarán personalmente al interesado, a su representante o apoderado,
o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse.

En la diligencia de notificación se entregará al interesado copia íntegra, auténtica y gratuita
del acto administrativo, con anotación de la fecha y la hora, los recursos que legalmente
proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo.

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos invalidará la notificación.

[…].

Artículo 68. Citaciones para notificación personal. Si no hay otro medio más eficaz de
informar al interesado, se le enviará una citación a la dirección, al número de fax o al correo
electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, para
que comparezca a la diligencia de notificación personal. El envío de la citación se hará
dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición del acto, y de dicha diligencia se
dejará constancia en el expediente.

Cuando se desconozca la información sobre el destinatario señalada en el inciso anterior,
la citación se publicará en la página electrónica o en un lugar de acceso al público de la
respectiva entidad por el término de cinco (5) días.

Artículo 69. Notificación por aviso. Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de
los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá
a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o
puedan obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia íntegra del acto
administrativo. El aviso deberá indicar la fecha y la del acto que se notifica, la autoridad que
lo expidió, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben
interponerse, los plazos respectivos y la advertencia de que la notificación se considerará
surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino.

Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del
acto administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo caso en un lugar de

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acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días, con la advertencia
de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso».

Precisado lo anterior, la Sala estima necesario relacionar las actuaciones más relevantes
para la resolución de esta controversia y que fueron adelantadas por la demandada en el
marco del proceso de responsabilidad fiscal en el que se profirió el acto aquí acusado.
Veamos:

• Mediante Auto núm. 1509 de 19 de octubre de 201511, se vinculó al aquí demandante
al proceso de responsabilidad fiscal, tal como se observa a continuación:

PRIMERO.- VINCULAR al presente proceso de responsabilidad fiscal como
presuntos responsables fiscales a las siguientes personas:

[…]

• ARMANDO ALFREDO VARGAS FUENTES, identificado con C. C. […], en condición de
Secretario de Obras Públicas y Transporte del Departamento de Casanare para la época
de ocurrencia de los hechos, quien en virtud de lo señalado en la cláusula sexta de los
Convenios Interadministrativos No. 0067 y 0069 de 2010, ejercería la vigilancia y
supervisión de estos acuerdos contractuales y quien revisó y avaló los estudios previos a
la celebración de dichos convenios.

[…]

• El 23 de octubre de 2015, la Contraloría General de la República le envió citación al
señor Armando Alfredo Vargas Fuentes con el fin de notificarlo personalmente de las
decisiones adoptadas en el marco del proceso fiscal12.

• El 4 de noviembre de 2015, el señor Armando Alfredo Vargas Fuentes compareció a las
instalaciones físicas de la Contraloría para notificarse personalmente del auto que lo
vinculaba al proceso fiscal, la cual se realizó ese día, tal como se advierte en la siguiente
captura de pantalla13:

11 Folio 298, CD, págs. 2451 a 2457.
12 Folio 298, CD, pág. 2533. Citación que fu recibida el 28 de octubre de 2015.
13 Folio 298, CD, pág. 2535.

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• Mediante Auto 0311 de 4 marzo de 201614, se fijó fecha para la práctica y recepción de
la diligencia de versión libre y espontánea, en los siguientes términos:

PRIMERO.- Fijar como fecha para la práctica y recepción de la diligencia de versión libre y
espontánea de RODRIGO TADEO FLECHAS RAMÍREZ, ARMANDO ALFREDO VARGAS
FUENTES y HELBERT HERIBERT NIÑO REYES el 29 de marzo de 2016 a las 9 a. m.,
10:30 a. m. y 2:00 p. m., respectivamente, ante la Unidad de Investigaciones Especiales
contra la Corrupción ubicada en la Carrera 63 No. 14-97, Piso 5, Bogotá D. C., advirtiendo
que pueden estar asistidos por apoderado de confianza.

• La anterior decisión fue remitida a la dirección suministrada por el demandante el día
que se notificó personalmente, tal como se observa a continuación15:

14 Folio 298, CD, págs. 2643 a 2646.
15 Folio 298, CD, pág. 2649.

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• El 29 de marzo de 2019, se expidió constancia de no comparecencia a una exposición
libre y espontánea dentro del proceso de responsabilidad fiscal núm. UCC-PRF- 085 de
2013:

En Bogotá, D. C, hoy veintinueve (29) de marzo de (2016), se deja constancia, que la
exposición libre y espontánea del implicado Armando Alfredo Vargas Fuentes, programada
para las 10 y 30 a. m, no se realizó por la no comparecencia del presunto responsable. No
siendo otro el motivo de la presente se deja constancia y firma a los veintinueve (29) de
marzo de dos mil dieciséis (2016).

• El 7 de abril de 201616, se volvió a citar al demandante para que rindiera versión libre y
espontánea programada para el 26 de abril de 2016, a las 10:30 AM, a la cual tampoco
asistió tal como se dejó en la constancia de no comparecencia de esa misma fecha17.

• En Oficio de 8 de noviembre de 201718, la Contraloría le solicita a varias universidades
designar cuatro (4) estudiantes miembros de la facultad de derecho adscritos al
consultorio jurídico para que asistan a varias personas naturales y jurídicas que se
encuentran vinculadas al proceso de responsabilidad fiscal núm. UCC-PRF- 085 de 2013,

16 Folio 298, CD, pág. 2664.
17 Folio 298, CD, pág. 2670.
18 Folio 298, CD, págs. 3761-3764.

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dentro de los cuales se encuentra relacionado el nombre del señor Armando Alfredo
Vargas Fuentes. Dicho oficio fue reiterado el 23 de enero de 201819.

• Mediante Auto 0233 de 28 de febrero de 201820, la Contraloría General de la República
designó como apoderada de oficio del señor Armando Alfredo Vargas Fuentes a la
estudiante María del Alma Cerchiaro Monsalve.

• La estudiante María del Alma Cerchiaro Monsalve21, en su condición de abogada de
oficio del aquí demandante, solicitó copia del proceso de responsabilidad fiscal22.

• Por Auto 0682 de 15 de mayo de 201823, la Contraloría General de la República imputó
responsabilidad fiscal a varios de los intervinientes en la ejecución de los Convenios
Interadministrativos núms. 0067 y 0069 de 2010 y del contrato de obra pública EPRO-
008 de 2010, entre ellos, al señor Armando Alfredo Vargas Fuentes. Dicho auto fue
notificado personalmente a la defensora de oficio del aquí demandante24.

• La defensora de oficio del señor Vargas Fuentes presentó descargos alegando que este
no tenía la calidad de gestor fiscal, por cuanto no administraba o manejaba recursos
públicos. Igualmente, advirtió que los recursos estuvieron a cargo del municipio de
Recetor, de los contratistas del contrato EPRO 008 de 2010 y del Consorcio D&A 79.
Asimismo, indicó que su defendido no omitió cumplir con las funciones a su cargo, por lo
que actuó diligentemente. Además, destacó que no se puede aseverar que el señor
Armando Alfredo Vargas Fuentes dio lugar a la causación del daño, dado que no fue él
quien hizo los pagos parciales al contratista ni estaba a cargo de la ejecución de la obra,
entre otros argumentos25.

• Por Auto 1082 de 26 de julio de 2018, la Contraloría General de la República profirió
fallo con responsabilidad fiscal dentro del proceso PRF-2014-02601/UCC-PRF-085-2013
en cuantía de $3.347.598’634,50, contra varias personas naturales y jurídicas dentro de
las cuales se encuentra el demandante.

• La decisión anterior fue notificada personalmente a la defensora de oficio del señor
Armando Alfredo Vargas Fuentes, la cual presentó recurso de apelación26.

• Mediante Auto núm. ORD-80112-0202 del 30 de agosto de 2018, el Despacho del
Contralor General de la República resolvió el grado de consulta y los recursos de
apelación interpuestos dentro del proceso PRF-2014-02601/UCC-PRF-085-2013,
incluido el presentado por la defensora de oficio del señor Vargas Fuentes, así:

2.2.9. ARMANDO ALFREDO VARGAS.

19 Folio 298, CD, pág. 3777.
20 Folio 298, CD, págs. 3798 a 3802.
21 Fue posesionada el 1º de marzo de 2018.
22 Folio 298, CD, pág. 3803.
23 Folio 298, CD, págs. 3864 a 3947.
24 Folio 298, CD, pág. 3962.
25 Folio 298, CD, págs. 3964 a 3974.
26 Folio 298, CD, págs. 5271 a 5282.

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La estudiante María del Alma Cerchiaro Monsalve, designada como defensora de oficio del
servidor público ARMANDO ALFREDO VARGAS FUENTES, Secretario de Obras Públicas
y Transporte del Departamento del Casanare para la época de ocurrencia de los hechos,
presentó Recurso de Apelación, con radicado No. 2018ER0081664 el 10 de agosto de
2018, contra el Auto N° 1082 del 26 de julio de 2018, que falló con responsabilidad entre
otros contra el citado gestor fiscal, decisión proferida por el Contralor Delegado
Intersectorial No.12 Grupo para el Conocimiento y Tramite del Proceso de Responsabilidad
Fiscal Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción. (Folios 5271 a 5282).

Del citado recurso se destaca lo siguiente:

Respecto de su defendido no se puede configurar el daño patrimonial toda vez que quienes
recibieron los pagos como consecuencia de la celebración del contrato EPR0008 de 2010
fueron los contratistas que lo suscribieron con las Empresas Públicas de Recetor; dado que
en la cláusula cuarta del contrato anteriormente nombrado se especificó que los pagos
serian realizados al contratista44.

Actas de pagos parciales hechas a los contratistas las cuales son la 01 del 13 de diciembre
de 2011 y la 02 del 27 de diciembre de 2011; pagos parciales realizados por el consorcio
D&A 079, en virtud del contrato de consultoría 0257 de 2011, que tenía como objeto realizar
la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental e informar sobre cualquier
irregularidad, frente a la ejecución del contrato EPRO 008 DE 2011 y en el cual se estableció
que entre las funciones administrativas de dicho consorcio estaba “el seguimiento, control
y aprobación de anticipos”, por tanto la responsabilidad del daño al patrimonio al Estado
recae sobre dicho consorcio.

Respecto conducta del gestor fiscal señala que por el hecho de haber avalado los
estudios previos de los convenios interadministrativos no le implicaba tener la calidad
gestión fiscal, pues no era el encargado de manejar o administrar los recursos públicos;
que el manejo de los recursos públicos estuvo a cargo de la Empresa de Servicios Públicos
de Recetor, de los contratistas del contrato EPRO 008 DE 2010 y del consorcio D&A 79
responsable de la interventoría en el contrato EPRO 008 DE 2010, por tanto es de ellos de
quienes es predicable la gestión fiscal.

También señala que alrededor de las obras se presentaron problemas de orden público y
recomendación del servicio geológico, que impidieron el cabal cumplimiento del contrato,
argumentando que no se configura la responsabilidad fiscal, pues el implicado, no omitió
cumplir con las funciones de su cargo en tanto que no se puede hacer vigilancia de una
obra respecto de la que hubo recomendación de no continuar y frente a la cual se
presentaba una situación de peligrosidad.

En relación con el nexo causal: sostiene que el implicado al revisar y avalar los estudios
previos de dichos convenios no dio lugar al daño, porque el hecho de suscribir un contrato
no es indicio suficiente para deducir que se puede causar algún detrimento a la nación.

Frente a los argumentos del recurso de alzada, procede el siguiente análisis:

El Departamento de Casanare suscribió con el Municipio de Recetor el 4 de noviembre de
2010, dos Convenios Interadministrativos: los números 0067 y 0069 con el fin de construir
54 sistemas individuales de abastecimiento y potabilización de agua para uso humano en
población dispersa y área rural del municipio de Recetor en el Departamento de Casanare.
En los referidos convenios se pactó la supervisión de los contratos, en los siguientes
términos:

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"SUPERVISION. La vigilancia y supervisión del presente convenio será ejercida por
el Secretario de Obras Públicas y Transporte del Departamento, o por quien él
designe, quien vigilará el cumplimiento del mismo en su pare técnica, administrativa,
financiera y ambiental. PARAGRAFO: En ejercicio de la vigilancia del factor
financiero del proyecto, el supervisor designado por el Departamento, vigilará
y aprobará todo desembolso de recursos que con ocasión del convenio
interadministrativo se generen por parte del Municipio, previa presentación de los
informes pertinentes.

A su turno, el 3 de diciembre de 2010, el Municipio de Recetor suscribió con la Empresas
Públicas de Recetor S.A.S. E.S.P., el contrato interadministrativo No.809 con el fin de
“AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO
PARA EL NUEVO DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE RECETOR,
DEPARTAMENTO DE CASANARE”. En la CLÁUSULA SEPTIMA, estableció: La
Supervisión Administrativa del presente contrato será ejercida por quien el Alcalde
delegue.

La Empresa de servicios Públicos de Recetor, unifica en un solo proceso de invitación
pública abierta de mayor cuantía, los dos objetos de los contratos interadministrativos 809
y 810 de 2010, y de esta decisión, resulto el contrato de obra EPRO 008 de 2010 suscrito
el 21 de diciembre de 2010, con la UT Nuevo Desarrollo Urbano de Recetor Uno, por un
valor de $4.858.298.900.00, con igual forma de pago de los contratos y convenios
anteriormente citados. En la Cláusula Décima se señaló sobre la interventoría y supervisión,
lo siguiente:

“La interventoría del contrato será contratada con recursos del departamento de
Casanare. Sin embargo, EL CONTRATISTA acepta el control técnico y administrativo
de la ejecución del contrato, ejercido por E.P.R.S.A.S. E.S.P, El interventor y el
supervisor de E.P.R.S.A.S. E.S.P. velarán por el cumplimiento de lo previsto por el
artículo cuarto de la ley 80 de 1993, y ejercerán sus funciones de conformidad con las
normas legales vigentes sobre la materia.”

Como pruebas que sustentan la responsabilidad del supervisor se encuentran:

Copia del Contrato de Obra EPRO 008 de 2010, suscrito entre las Empresas Públicas de
Recetor S.A.S. E.S.P. y la Unión Temporal Nuevo Desarrollo Urbano de Recetor Uno, del
21 de diciembre de 2010 Copia de cuadro de "control contractual al Contrato de Obra EPRO
008 de 2010", elaborado por el Consorcio D&A 079, con fecha octubre de 2012. (fl.26).

Copia del contrato de cesión de derechos y utilidades del Contrato de Obra No. EPRO 008
de 2010, documento ilegible (folios 34-37).

Ahora bien, no obra en el plenario prueba alguna de las actuaciones relacionadas con la
supervisión que asumió el ingeniero ARMANDO ALFREDO VARGAS FUENTES, en el
contrato EPRO 008 de 2010 como supervisor de la relación entre la Empresas públicas de
Recetor S.A.S. E.S.P. y el contratista U.T. Nuevo Desarrollo de Recetor Uno.

Por lo tanto, observa este Despacho que desconoció sus obligaciones como supervisor de
los Convenios 067 y 069 de 2010, tendiente a la ejecución del contrato EPRO 008 de 2010,
por lo que en el acervo probatorio no obran los requerimientos, ni acciones de seguimiento
y gestión a los contratistas tendientes a la correcta ejecución del mencionado contrato, de
los recursos desembolsados de los referidos convenios.

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No obstante que la Empresa de Servicios Públicos de Recetor, aprueba un primer
desembolso equivalente al 15% del valor total del contrato por la suma de $728.744.835.00
entregados al contratista en calidad anticipo; recursos que estaban bajo la supervisión del
gerente de la Empresa de servicios Públicos de Recetor y el Supervisor de la Empresa
(según consta en el acta de inicio del contrato EPRO 008 de 2010). (fl.4303).

La Empresa de Servicios Públicos de Recetor, aprueba un segundo desembolso y pago del
acta parcial 1 y acta parcial, tal y como se estableció en el capítulo del daño (valor del daño).

Por lo que con su actuar el encartado, incumplió los deberes de lealtad, buena fe y
responsabilidad con la administración, por cuanto era su deber verificar y supervisar la
ejecución de las obras con el fin de que las mismas correspondieran con las efectivamente
ejecutadas y pagadas, y no lo hizo.

Al no haber ejercido la supervisión, no alertó que la obra no llevaba los avances
equivalentes a los pagos y finalmente quedó inconclusa y abandonada, sin que se
cumpliera el fin del mencionado contrato y por el contrario diera lugar a la pérdida de los
dineros públicos en virtud que la obra no aportó ningún beneficio a la comunidad.

En consecuencia, se encuentra plenamente establecido con los informes técnicos que
obran en el expediente, que no existió ningún control por parte del supervisor de los
convenios cuya finalidad era la ejecución del contrato EPRO 008 de 2010.

Por lo que se mantiene la calificación a título de CULPA GRAVE, imputada mediante Auto
No. 0682 del 15 de mayo de 2018 por cuanto el servidor público ARMANDO ALFREDO
VARGAS, como Secretario de Obras Públicas del Departamento de Casanare y con
supervisor de los convenios interadministrativos N° 067 y 069 de 2010, a pesar de conocer
los deberes que le asistían, no actúo debidamente para impedir la pérdida de los recursos
públicos, puesto que está que al momento de la ejecución de las obras las mismas no se
estaban ejecutando de conformidad con los estudios previos y pliegos de condiciones, que
indicaban los lineamientos que se debían seguir para que las obras que se iban a ejecutar
cumplieran con la finalidad para la cual se realizó la contratación.

Del recuento procesal de la actuación administrativa, la Sala considera que la Contraloría
General de la República garantizó el derecho al debido proceso27 del demandante, en
razón a que le notificó personalmente los autos de apertura (Auto 01443 de 4 de
septiembre de 2013), el que lo adicionó (Auto 001804 del 28 de julio de 2014) y el que lo
vinculó al proceso de responsabilidad fiscal (Auto 1509 del 19 de octubre de 2015).
Igualmente, ante la falta de su comparecencia al trámite fiscal procedió a designarle
defensora de oficio.

Al respecto, resulta preciso señalar que la demandada adelantó el trámite
correspondiente para lograr la comparecencia del investigado Vargas Fuentes antes de
acudir a la designación de una defensora de oficio, enviando las citaciones
correspondientes a la dirección física que suministró el referido ciudadano al momento
de notificarse personalmente del auto que lo vinculaba al proceso fiscal, sin embargo, no
fue posible su comparecencia a la diligencia de versión libre, tal como quedó expuesto
de la actuación administrativa previamente relacionada.

27 El debido proceso «garantiza que las actuaciones administrativas se lleven a cabo con estricta sujeción
al conjunto de etapas y requisitos previamente establecidos en la Constitución, la ley y los reglamentos».

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Ante la falta de comparecencia del demandante al proceso de responsabilidad fiscal, la
Contraloría General de la República se encontraba en el deber legal de designarle un
abogado de oficio, con el fin de garantizar el ejercicio del derecho de defensa y
contradicción, de conformidad con lo previsto en el artículo 43 de la Ley 610 de 2000,
cuyo tenor literal es el siguiente:

ARTÍCULO 43. NOMBRAMIENTO DE APODERADO DE OFICIO. Si el implicado no puede
ser localizado o citado no comparece a rendir la versión, se le nombrará apoderado
de oficio con quien se continuará el trámite del proceso.

Para este efecto podrán designarse miembros de los consultorios jurídicos de las
Facultades de Derecho legalmente reconocidas o de las listas de los abogados inscritos en
las listas de auxiliares de la justicia conforme a la ley, quienes no podrán negarse a cumplir
con este mandato so pena de incurrir en las sanciones legales correspondientes. [Negrillas
por fuera del texto original].

Además, con la designación de una abogada de oficio, la Contraloría General de la
República salvaguardó la garantía de la defensa del investigado de que trata el artículo
42 de la Ley 610 de 2000:

ARTÍCULO 42. GARANTÍA DE DEFENSA DEL IMPLICADO. Quien tenga conocimiento de
la existencia de indagación preliminar o de proceso de responsabilidad fiscal en su contra
y antes de que se le formule auto de imputación de responsabilidad fiscal, podrá solicitar al
correspondiente funcionario que le reciba exposición libre y espontánea, para cuya
diligencia podrá designar un apoderado que lo asista y lo represente durante el proceso, y
así se le hará saber al implicado, sin que la falta de apoderado constituya causal que
invalide lo actuado.

En todo caso, no podrá dictarse auto de imputación de responsabilidad fiscal si el
presunto responsable no ha sido escuchado previamente dentro del proceso en
exposición libre y espontánea o no está representado por un apoderado de oficio si no
compareció a la diligencia o no pudo ser localizado. [Negrillas por fuera del texto original].

En este orden de ideas, se tiene que, al encontrase el señor Armando Alfredo Vargas
Fuentes debidamente representado por una abogada de oficio, las notificaciones
personales de las decisiones adoptadas en el trámite del proceso fiscal que debían
efectuársele se podían surtir por conducto de aquella. Ello, en atención a lo previsto en
el artículo 67 del CPACA que establece que «Las decisiones que pongan término a una
actuación administrativa se notificarán personalmente al interesado, a su representante
o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse».
[Negrillas por fuera del texto original].

Así las cosas, al haberse notificado personalmente a la defensora de oficio del señor
Vargas Fuentes de los autos de imputación y de aquel que resolvió fallar con
responsabilidad fiscal, resultaba innecesario adelantar el trámite previsto en los artículos
68 y 69 de la Ley 1437 de 2011, dado que este solo resulta procedente cuando no se ha
podido efectuar la notificación personal al interesado.

Por tanto, la Sala no advierte la indebida notificación alegada por el demandante respecto
de los autos previos al fallo de responsabilidad fiscal de segunda instancia, pues como
quedó evidenciado, tuvo conocimiento de la existencia de la actuación administrativa que

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se inició en su contra (él mismo se notificó del auto de apertura) y le fue asignado una
abogada de oficio, con el fin de garantizarle su derecho de defensa y contradicción. En
este punto, resulta oportuno destacar que la apoderada ejerció una defensa técnica
presentando descargos y recurso de apelación contra el fallo de primera instancia.

Ahora, no es de recibido el argumento según el cual el demandante cambió su lugar de
notificaciones y que, por ende, no se enteró de los avances de la investigación fiscal,
debido a que, él tenía la obligación de informar a la Contraloría acerca del cambio de
domicilio para tales efectos, sin embargo, no lo hizo28, de conformidad con lo previsto en
el artículo 112 de la Ley 1474 de 2011:

ARTÍCULO 112. CITACIONES Y NOTIFICACIONES. Cuando se deba notificar
personalmente una decisión, o convocarse a la celebración de una audiencia se citará
oportunamente a las partes, al garante, testigos, peritos y demás personas que deban
intervenir en la actuación.

El presunto responsable y su apoderado si lo tuviere, o el defensor de oficio, y el
garante en calidad de tercero civilmente responsable, tendrán la obligación procesal
de señalar la dirección, el correo electrónico o cualquier otro medio idóneo de
comunicación, en el cual se recibirán las citaciones. Igualmente tendrán el deber de
informar cualquier cambio que se presente en el curso del proceso. Cuando se haga
un cambio de dirección, el funcionario responsable deberá hacer en forma inmediata el
respectivo registro, so pena de sanción de conformidad con lo establecido en el Código
Único Disciplinario. La omisión a este deber implicará que sean legalmente válidas las
comunicaciones que se envíen a la última dirección conocida. [Negrillas por fuera del
texto original].

De otra parte, en cuanto al argumento consistente en que la Contraloría General de la
República actuó con falta de diligencia al no consultar las fuentes de información
disponibles para establecer el lugar de notificación del señor Vargas Fuentes, la Sala
considera que dicha actuación resultaba innecesaria, por cuanto el demandante se
notificó personalmente del proceso de responsabilidad fiscal y, en esa diligencia,
expresamente suministró la dirección en la que recibiría notificaciones. En consecuencia,
dentro de la actuación administrativa se contaba con una dirección proporcionada por el
propio interesado a la cual se podía enviar las notificaciones a que hubiere lugar.

En este contexto, la Sala concluye que el cargo de la apelación relacionado con la
indebida notificación no prospera.

5.4. Análisis de la responsabilidad fiscal del actor

El señor Armando Alfredo Vargas alega que el Tribunal no es coherente en determinar
su responsabilidad, dado que no identificó las etapas del proceso contractual, pues omitió
el estudio de cada una de las actuaciones que realizó, al tenérsele como responsable de
todo el proceso de contratación, inclusive la adjudicación, hecho en el que él no intervino.
Precisó que no elaboró los estudios previos ni participó en la etapa de planeación ni
programación del acueducto. Que el hecho de avalar los estudios previos no dio lugar a

28 De conformidad con el acervo probatorio obrante en el expediente, el actor no allegó memorial alguno
que permita tener acreditado que informó su cambio de dirección. Además, tampoco plantea un argumento
asociado a que sí informó algún cambio de dirección.

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la no terminación de la obra. Además, la función de supervisión y vigilancia fue designada
al Consorcio D&A 079, el cual autorizaba los anticipos desembolso financiero. Así mismo,
que el dinero se encontraba en una cuenta bancaria del municipio de Recetor sobre la
cual él no tenía potestad.

El Tribunal concluyó que le asistió razón a la Contraloría en declararlo fiscalmente
responsable, toda vez que de las pruebas arrimadas a la actuación se pudo establecer
que:

• El actor fungió como secretario de Obras Públicas y Transportes desde el 3 de
septiembre de 2010 al 12 de mayo de 2011, período en el cual se suscribieron los
convenios interadministrativos 067 y 069 de 2010.

• En tales convenios se estipuló que correspondía al secretario de Obras Públicas
y Transporte ejercer su vigilancia y supervisión, así como el debido cumplimiento
de este en su parte técnica, administrativa, financiera y ambiental.

• El demandante firmó los estudios previos, los cuales debieron ser examinados
conforme a su calidad de secretario de Obras Públicas y Transporte.

• La Contraloría estimó que los estudios previos resultaron insuficientes y
parcialmente inadecuados, lo que condujo a la inoperancia de las obras realizadas
en la ejecución de los convenios, tal como consta en los informes técnicos que se
practicaron durante la investigación fiscal.

• La delegación de la supervisión a otro servidor, no lo exime de responsabilidad,
dado que él ejercía como secretario de Obras Públicas y Transporte del
departamento de Casanare y como tal debía velar porque la supervisión se
realizara adecuadamente.

Del acervo probatorio obrante en el expediente, la Sala encuentra acreditado que:

Mediante Decreto 0154 del 31 de agosto de 201029, el gobernador de Casanare (E)
nombró, entre otros, al señor Armando Alfredo Vargas Fuentes como secretario de Obras
Públicas y Transporte, código 020, grado 09. De acuerdo con la certificación del 11 de
diciembre de 201830, el demandante desempeñó dicho cargo por el periodo comprendido
entre el 3 de septiembre de 2010 y el 12 de mayo de 2011.

Los responsables del estudio previo de la «CONSTRUCCIÓN, OPTIMIZACIÓN,
HABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, ESTUDIOS, DISEÑOS Y MANTENIMIENTO DE LAS
REDES DEL ACUEDUCTO, SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y
POZOS PROFUNDOS DE LAS CABECERAS MUNICIPALES RURALES Y CENTROS
POBLADOS», referente a la «CONSTRUCCIÓN DE 54 SISTEMAS INDIVIDUALES DE
ABASTECIMIENTO Y POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA USO HUMANO EN
POBLACIÓN DISPERSA EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO RECETOR,
DEPARTAMENTO DE CASANARE» fueron los siguientes servidores públicos:

29 Índice 00031 Samai denominado ED_CUADERNO3_01ANEXOSDEMANDA-
CONTINUACIÓNANEXOS (.pdf) NroActua 31.
30 Idem.

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Así las cosas, no le asiste razón al demandante cuando pretende desligar su
responsabilidad al afirmar que él no elaboró los estudios previos de la obra inconclusa
que dio lugar a la investigación fiscal, pues él suscribió dichos estudios como uno de los
responsables de la obra y, en su condición de secretario de Obras Públicas y Transporte
del municipio de Recetor debía ejercer su vigilancia, supervisión y verificar el
cumplimiento del mismo en su parte técnica, administrativa, financiera y ambiental.

Cabe resaltar que los intervinientes de la construcción se encontraban sujetos al principio
consagrado en el artículo 26 de la Ley 80 de 1993, según el cual los servidores públicos
están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la
correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del
contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.
Razón por la cual, los funcionarios que dieron el aval de los estudios previos, mientras
estuviesen ejerciendo el cargo, tenían la obligación de asegurarse de la debida ejecución
del proyecto.

Así mismo, se advierte que conforme a los Convenios Interadministrativos núms. 067 y
06931 suscritos dentro del contrato EPRO 008, el demandante ejercía vigilancia y
supervisión. En efecto, la cláusula sexta de cada uno (reproducida de manera idéntica)
estableció lo siguiente:

CLÁUSULA SEXTA. SUPERVISION. La vigilancia supervisión del presente convenio
interadministrativo será ejercida por el Secretario de Obras Públicas y Transporte del
Departamento, o por quien él designe, quien vigilará el cumplimiento del mismo en su
parte técnica, administrativa, financiera y ambiental. PARAGRAFO: En ejercicio de la

31 Visible índice 00031 de Samai ED_CUAD3CD4FOLIO298A_TESTIGODOCUMENTALC(.pdf) NroActua

31

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vigilancia del factor financiero del proyecto, el supervisor designado por el
Departamento, vigilará y aprobará todo desembolso de recursos que con ocasión del
convenio interadministrativo se generen por parte del Municipio, previa presentación de los
informes pertinentes.

Aunado a lo anterior, según el manual de funciones del departamento de Casanare32, el
cargo desempeñado por el actor tenía, entre otras, las de: dirigir la construcción y
mantenimiento de los componentes de la infraestructura de obras públicas regional y
elaborar programas concretos para su operación eficiente; adoptar programas de
asesoría a los municipios en materia de construcción de obras públicas,
valorización, tránsito y transporte en coordinación con el departamento administrativo de
planeación; orientar las visitas a las obras públicas en desarrollo, la evaluación de
su avance y tomar las decisiones pertinentes para garantizar su efectiva
culminación.

Conforme a lo anterior, es claro para la Sala que el señor Armando Alfredo Vargas
Fuentes, entonces secretario de Obras Públicas y Transporte, tenía la obligación de
ejercer vigilancia y control sobre la construcción de la infraestructura de 54 sistemas
individuales de abastecimiento y potabilización de agua para uso humano en la población
dispersa en el área rural del municipio de Recetor.

En efecto, la Sala encuentra que el demandante no solo avaló los diseños previos
elaborados para la referida obra, sino que, además, las funciones designadas en el
manual referido en precedencia son inherentes a su cargo, por lo que no puede desligarse
de la responsabilidad derivada de las mismas.

Ahora bien, el actor afirmó que él no era el encargado de la supervisión de la obra en
mención, por cuanto dicha labor había sido designada al Consorcio D&A. Al respecto, la
Sala encontró que, aunque la gobernación de Casanare suscribió el contrato 0257 del 14
de febrero de 2011 con el citado consorcio, lo cierto es que, en la cláusula décima séptima
de este se indicó lo siguiente:

[…] DÉCIMA SÉPTIMA: SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA: El control y vigilancia de la
ejecución del objeto del contrato será ejercida por el secretario de obras y transportes
del departamento o por quién este designe por escrito para tal fin. […].33

Así las cosas, es evidente la responsabilidad que tenía el demandante frente a la
construcción de la infraestructura contratada y aun si no se hubiese incluido la cláusula
transcrita, lo cierto es que igualmente no habría eximente de responsabilidad, pues el
manual de funciones del cargo desempeñado por el señor Vargas Fuentes, es el
marco de referencia que define el alcance de sus obligaciones y, en el presente caso, el
demandante debió asegurarse que la obra se estuviese desarrollando apropiadamente
con las especificaciones establecidas, en aras de garantizar su debida culminación
conforme al aval otorgado.

En efecto, el artículo 209 de la Carta Política prevé que «[L]a función administrativa está
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios

32 Visible índice 00031 de Samai ED_CUAD3CD4FOLIO298A_TESTIGODOCUMENTALC(.pdf) NroActua

31.
33 Idem.

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de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad,
mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el
adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en
todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que
señale la ley». [Se destaca]

Tampoco es de recibo para la Sala el argumento señalado por actor, según el cual, se le
encontró responsable por todo el proceso de contratación, pues la Contraloría fue clara
en señalar que la misma se debió a la falta de supervisión y vigilancia de los
Convenios Interadministrativos núms. 067 y 069 de 2010. En efecto, mediante Auto 0682
del 15 de mayo de 2018, se le imputó responsabilidad fiscal a varios de los intervinientes
en la ejecución de los citados convenios. Respecto de la responsabilidad del señor
Armando Alfredo Vargas Fuentes se sostuvo siguiente:

ARMANDO ALFREDO VARGAS FUENTES, identificado con la cédula de ciudadanía […],
en condición de Secretario de Obras Públicas y Transporte del Departamento del Casanare
para la época de ocurrencia de los hechos, quién en virtud de lo señalado en la cláusula
sexta de los convenios interadministrativos No.0067 y 0069 de 2010, ejercía la vigilancia y
supervisión de éstos acuerdos contractuales y quién revisó y avaló los estudios previos a
la celebración de dichos convenios (folios 2902-2904). En su condición de supervisor, quien
estaba en la obligación de velar por el correcto desarrollo y cumplimiento de las normas de
calidad y seguridad y realizar los controles respectivos para la ejecución de las obras objeto
de los convenios y así colaborar con la administración en la búsqueda de los fines sociales
del Estado.

Igualmente, las obligaciones legales y contractuales que omitió cumplir fueron:

Ley 80 de 1993:

[…]

Así mismo tal y como se explicó en el acápite de daño, al revisar y avalar los estudios
previos a la celebración de dichos convenios realizó una gestión, que trajo como
consecuencias que se suscribieran los mismos, los cuales fueron firmados sin tener en
cuenta los principios de la Gestión fiscal ni los principios de la función administrativa, así
como tampoco se tuvo en cuenta el principio de planeación. Sobre el particular cabe
recordar lo sostenido por la Procuraduría General de la Nación en su Cartilla
Recomendaciones para la Elaboración de Estudios Previos, en donde sostuvo lo siguiente:
[…]

Así mismo, Téngase en cuenta, la importancia de los fines en la contratación estatal frente
a lo cual la Honorable Corte Constitucional en sentencia C-713/09 preciso:

[…]

De acuerdo con el material probatorio, el señor ARMANDO ALFREDO VARGAS FUENTES,
en su calidad de supervisor, omitió su deber de lealtad y buena fe99 y omite igualmente el
cumplimiento del principio de responsabilidad 100, ya que al permitir que se desarrollaran
y ejecutaran las obras sin atender las exigencias de calidad previstas en los convenios,
contribuyó en la generación del daño ya que algunos de los componentes de las obras

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entregadas al municipio de Recetor, no cumplían con las especificaciones técnicas
contempladas en los estudios previos y pliego de condiciones.

Lo anterior se corrobora con la valoración de los informes técnicos presentados por los
ingenieros 1. JORGE ÁLVARO CALA FLÓREZ y 2. VÍCTOR HUGO ROJAS
CASTELLANOS:

[…]
También omitió el señor ARMANDO ALFREDO VARGAS FUENTES, en su calidad de
supervisor el cumplimiento del deber de lealtad, buena fe101 y responsabilidad 102 con la
administración en el sentido que, debió verificar y supervisar la ejecución de las obras con
el fin de que las mismas correspondieran con las efectivamente ejecutadas y pagadas, y no
lo hizo así.

Además en su condición de supervisor, debió tener en cuenta que para la ejecución del
proyecto se debía realizar una planeación lo que permitía establecer de manera clara y
contundente, cuáles iban a ser los verdaderos beneficios para la comunidad, cuál es la
población a impactar, lo anterior con el objeto de priorizar la inversión de recursos y así
cumplir de manera eficiente con los fines de la contratación del Estado 103.

Así mismo, observa el despacho que por no ejercer estricta vigilancia y control a la ejecución
del proyecto, permitió que se ejecutara la obra y que la misma quedara totalmente
inconclusa y en estado de abandono, razones por las cuales no es funcional, ni ha prestado
servicio alguno, existiendo serias dudas sobre la calidad y estabilidad de las mismas y a
pesar de ello permitió que se pagarán obras realmente no ejecutadas. Omisiones estas que
generaron la pérdida de recursos en cuantía de DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
SEIS MILLONES CIENTO DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS,
CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS M/cte. ($2.476.112.456,39), sin indexar.

Está demostrado por el Despacho que el señor VARGAS FUENTES, laboró en la Secretaría
de Obras Públicas y Transporte de la Gobernación de Casanare (folios 2902-2904) y actuó
en calidad de supervisor, razón por la cual era el encargado por parte de la Administración
de informar los posibles inconvenientes que se presentaran en la ejecución del contrato, tal
como lo establece la ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción, donde se encuentra en el
artículo 83 párrafo 2 estructurada la definición de la supervisión y que a su tenor dice:

[…]

La Responsabilidad del Señor ARMANDO ALFREDO VARGAS FUENTES, identificado con
la cédula de ciudadanía No. 7.361.493, se le endilga a Título de culpa grave, ya que el
mismo a pesar de conocer los deberes que le asistían, le faltó actuar más diligentemente
para evitar la pérdida de los recursos públicos, puesto que está demostrado que al momento
de la ejecución de las obras se estaba contrariando las recomendaciones y los actos propios
de la Administración, en especial los estudios previos y pliegos de condiciones, que
indicaban los lineamientos que se debían seguir para que las obras que se iban a ejecutar
cumplieran con la finalidad para la cual se realizó la contratación.

Así mismo es necesario anotar que de forma negligente, con su actitud de certificar y avalar
los estudios y diseños para la firma de los convenios, logró que en los mismos NO se
aplicaran el principio de planeación, lo que condujo que en ejecución de los mismos se
tuvieran que realizar modificaciones de las condiciones del contrato, por desconocimiento
de las necesidades para construcción de la obra contratada, es decir que no se
establecieron los procedimientos necesarios que garantizaran que con la construcción de
la obra se iba a llevar un beneficio a la comunidad, aunado a ello se pudo determinar que

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la obra contratada era inejecutable técnicamente, esa actitud del señor Vargas Fuentes
quebranta las normas que rigen la contratación estatal y el permitir que se suscribieran los
convenios sin tener en cuenta que se cumpliera con su finalidad.

Es claro, entonces, que la conducta del aquí investigado es reprochable, como se ha podido
establecer dentro de este proceso, pues desatendió los principios que de manera general
regulan el ejercicio de la función púbica de acuerdo con el artículo 209 de la Constitución.

Igualmente, resulta inadmisible la excusa emitida por el señor Vargas Fuentes en cuanto
a que carece de responsabilidad por no haber aprobado la transferencia de recursos ni
tener bajo su potestad la administración de la respectiva cuenta bancaria, pues esta
Sección34 ha sido reiterativa en señalar lo siguiente:

La Sala recuerda que la gestión fiscal no se limita al “giro” de recursos públicos, en la
medida en que esta comprende el conjunto de actividades económicas, jurídicas y
tecnológicas a cargo de los servidores públicos y las personas de derecho privado que
manejan o administran recursos o fondos públicos y que están destinados a la correcta
adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación,
consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la
recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del
Estado35.

El Departamento de Casanare realizó una inversión de recursos públicos para evitar que el
centro poblado Bocas del Pauto se inundara, a través de la construcción de un sistema de
alcantarillado pluvial. Sin embargo, esta infraestructura no entró en funcionamiento por
errores que se presentaron durante el diseño y la construcción, los cuales podían ser
conjurados con la intervención adecuada del Secretario de Obras Públicas y Transporte,
teniendo en cuenta que tenía la competencia para ello, por razón de las funciones del
empleo. La parte demandante, al omitir los deberes que le asistían, contribuyó con la lesión
del patrimonio público.

En este orden de ideas, resulta evidente que el demandante, en su condición de
secretario de Obras Públicas y Transporte del departamento de Casanare, en el término
que ejerció dicho cargo, omitió el deber de vigilar y supervisar la adecuada ejecución de
la obra y, por ende, la correcta gestión de los recursos públicos invertidos en la misma.

De ahí que, el argumento alegado por el demandante consistente en que no elaboró los
estudios previos ni participó en la etapa de planeación ni programación del acueducto no
lo exime de su responsabilidad, dado que, al omitir los deberes que le correspondían en
su condición de secretario de Obras Públicas y Transporte del departamento de
Casanare contribuyó a la afectación del patrimonio público, por lo que, en los términos
del artículo 119 de la Ley 1474 de 201136 debe responder solidariamente con los demás
responsables del detrimento patrimonial.

34 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 29 de octubre de 2020, radicado núm.
85001233300020180002001.
35 Artículo 3.° Ley 610.
36 «Artículo 119. Solidaridad. En los procesos de responsabilidad fiscal, acciones populares y acciones de

repetición en los cuales se demuestre la existencia de daño patrimonial para el Estado proveniente de
sobrecostos en la contratación u otros hechos irregulares, responderán solidariamente el ordenador del
gasto del respectivo organismo o entidad contratante con el contratista, y con las demás personas que
concurran al hecho, hasta la recuperación del detrimento patrimonial».

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Precisamente, el artículo 119 de la Ley 1474 de 2011 prevé que, en los procesos de
responsabilidad fiscal, cuando varias personas concurran en la producción de un mismo
daño patrimonial, responderán solidariamente frente al Estado. Por tanto, «la solidaridad
parte del supuesto de una culpa compartida, de ahí que el pago pueda exigirse de uno o
de ambos deudores que desaparece en el evento de que uno de los implicados resulte
exonerado»37. Sobre el alcance de dicha figura, esta Sala ha precisado que38:

[L]a responsabilidad solidaria no es un parámetro de imputación, ni hace más gravosa la
situación del apelante. Lo dicho por cuanto la responsabilidad solidaria no modifica la
cuantía del daño causado al erario, ni equivale a que el actor deba pagar de manera
individual la totalidad de las sumas de dinero establecidas como detrimento patrimonial,
sino que la solidaridad implica que el monto total de la condena pueda ser exigible a
cualquiera de los declarados fiscalmente responsables, quienes, a su vez, pueden repetir
contra los demás.

Precisamente el artículo 1579 del Código Civil dispone que “el deudor solidario que ha
pagado la deuda o la ha extinguido por alguno de los medios equivalentes al pago, queda
subrogado en la acción del acreedor con todos sus privilegios y seguridades, pero limitada
respecto de cada uno de los codeudores a la parte o cuota que tenga este codeudor en la
deuda”.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Sala concluye que el cargo de la
apelación no prospera, motivo por el cual se confirmará el fallo apelado, como en efecto
se dispondrá en la parte resolutiva de esta sentencia.

5.5. Condena en costas

La Sala no condenará en costas en la presente instancia, comoquiera que las mismas no
aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo
188 del CPACA, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso
por la remisión del artículo 306 de la mencionada ley.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 6 de diciembre de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo de Casanare, que negó las pretensiones de la demanda, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

TERCERO. Una vez en firme esta decisión, la Secretaría procederá al archivo del
expediente, con las constancias de rigor.

37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 26 de enero

de 2023, radicación 25000-23-41-000-2017-00164-01, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
38 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 29 de agosto de 2024, radicación

2014-00287-01, C.P. Oswaldo Giraldo López.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZON
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

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