Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 85001-23-33-000-2019-00033-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 85001-23-33-000-2019-00033-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 85001-23-33-000-2019-00033-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
28 de noviembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES (E)
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 85001 23 33 000 201900033 01 (3345-2020)
Demandante: William Rogelio Arenas Garzón
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social ꟷUGPPꟷ.
Temas: Reconocimiento de Pensión Gracia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra
la sentencia proferida el 26 de febrero de 2020 por el Tribunal Administrativo del
Casanare, que accedió a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA, el señor William Rogelio Arenas Garzón, por
conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de
las siguientes Resoluciones: i) RDP 35558 del 30 de agosto de 2018, que le negó el
reconocimiento de la pensión gracia; y ii) RDP 45320 del 27 de noviembre de 2018,
que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la anterior decisión y la
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www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 85001 23 33 000 2019 00033 01 (3345-2020)
Demandante: William Rogelio Arenas Garzón
confirmó. Los mencionados actos fueron proferidos por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, la
accionante solicitó condenar a la UGPP a lo siguiente: i) reconocer y pagar la pensión
gracia de jubilación equivalente al 75% del salario básico y demás factores
salariales, como ordena la Ley 114 de 1913; ii) actualizar el valor de la condena, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011; iii) indexar la
primera mesada pensional; (iv) cumplir la sentencia al tenor de lo dispuesto en el
artículo 192 del CPACA; y (v) condenar en costas procesales.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:
i) El señor William Rogelio Arenas nació el 7 de octubre de 1957, luego cumplió 50
años de edad el 7 de octubre de 2007.
ii) Prestó servicios como docente territorial por más de 20 años, de la siguiente
manera:
• Municipio de San Luis de Palenque: nombramiento en provisionalidad del 31
de julio al 16 de septiembre de 1979.
• Departamento del Casanare: contrato número 237 del 15 de septiembre de
1989, del 15 de septiembre al 30 de noviembre de 1989.
• Docente municipal [sic]: nombramiento en propiedad desde el 11 de marzo
de 1996 hasta, por lo menos, la fecha de presentación de la demanda.
iii) El señor William Arenas cuenta con más de 20 años de servicio docente honrado,
idóneo y de buena conducta, prestado al magisterio.
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Radicación: 85001 23 33 000 2019 00033 01 (3345-2020)
Demandante: William Rogelio Arenas Garzón
iv) El 13 de junio de 2018, el accionante solicitó ante la UGPP el reconocimiento de
la pensión gracia; sin embargo, la petición fue negada mediante los actos
administrativos enjuiciados.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron las Leyes 114 de 1913; 33 de 1985; 91 de 1989; 115 de
1994; 715 de 2001; y 812 de 2003. Al desarrollar el concepto de violación, el
apoderado de la actora expuso lo siguiente:
i) Los actos administrativos demandados son nulos, porque desconocen el derecho
fundamental que le asiste al señor William Rogelio Arenas a que le sea concedida
la pensión gracia de jubilación, al cumplir los requisitos fijados por el legislador
relativos a contra con 50 años de edad, 20 años de servicio docente no nacional,
desempeño de la labor con honradez y buena conducta y contar con vinculaciones
laborales a la docencia oficial antes del 31 de diciembre de 1980.
ii) La Unidad se ha negado a valorar correctamente las pruebas aportadas en sede
administrativa que dan cuenta del tiempo laborado por el demandante antes del 31
de diciembre de 1980.
iii) Todas las relaciones laborales en el sector docente han sido de carácter
territorial, pues ha sido nombrado para prestar sus servicios en el municipio de San
Luis de Palenque y en el departamento de Casanare, propiamente dicho.
1.2. Contestación de la demanda
El apoderado de la UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda y expuso las
siguientes razones de defensa:1
1 Folios 51 al 71 del documento «00-2019-00033-00» del expediente digital en Samai.
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Radicación: 85001 23 33 000 2019 00033 01 (3345-2020)
Demandante: William Rogelio Arenas Garzón
i) El demandante no cumple con el requisito de haber prestado el servicio docente
en el orden territorial, pues el certificado expedido por la Secretaría de Educación
departamental del Casanare no es un documento idóneo para dar cuenta de los
servicios prestados, toda vez que dicha información debe ser suministrada a través
de los formatos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio;
además, la Resolución de nombramiento 189 del 1 de agosto de 1979 fue allegada
en copia simple, por lo que carece de valor probatorio, mientras que la Resolución
2 del 11 de marzo de 1996, a pesar de haber sido aportada en copia auténtica no
contiene la fecha a partir de la cual fue nombrada la docente.
ii) Para el 31 de diciembre de 1980, el accionante no se encontraba vinculado al
servicio docente oficial, por lo que no cumple con la exigencia prevista en el literal
a, del numeral 2, del artículo 15 de la Ley 91 de 1989. Finalmente, la Corte
Constitucional, en sentencias C-84 de 1999 y C-489 del 2000 estableció que solo
habría lugar a reconocer las pensiones gracia causadas hasta el 29 de diciembre
de 1989. De acuerdo con lo anterior, el señor Arenas Garzón no acredita los
requisitos necesarios para conceder el derecho que reclama.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Casanare, mediante sentencia escrita proferida el 26
de febrero de 2020, accedió a las pretensiones de la demanda, con sustento en las
siguientes consideraciones:2
i) De acuerdo con las pruebas documentales allegadas al proceso, el señor William
Arenas Garzón cumplió 50 años de edad el 7 de octubre del año 2007 y el 5 de abril
de 2015 cumplió 20 años de servicio docente, prestados al departamento del
Casanare, en calidad de docente territorial, y cuyos emolumentos salariales fueron
sufragados por parte del Sistema General de Participación.
2 Folios 189 al 200 del documento «00-2019-00033-00» del expediente digital en Samai.
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Radicación: 85001 23 33 000 2019 00033 01 (3345-2020)
Demandante: William Rogelio Arenas Garzón
ii) La ley no establece tarifas probatorias, por lo que los certificados aportados al
proceso tienen la idoneidad de demostrar el tiempo de servicio y el tipo de
vinculación del accionante y, en ese sentido, no es necesario aportar nuevos
documentos como actos de nombramiento o actas de posesión, en tanto el nivel
territorial de las vinculaciones laborales del demandante se encuentra plenamente
demostrado.
iii) El demandante también cumple con el requisito de haber estado vinculado al
servicio docente antes del 31 de diciembre de 1980, lo cual ocurrió a través de la
Resolución 189 del 1 de agosto de 1979. Además, en cuanto al contrato de
prestación de servicios que tuvo lugar en el año 1989, el Consejo de Estado 3 ha
considerado que dicho tiempo es completamente válido para efectos del
reconocimiento de la pensión gracia.
iv) En virtud del certificado de antecedentes disciplinarios está demostrado que el
señor William Arenas no ha sido objeto de sanciones, por lo que puede concluirse
que desempeñó sus funciones con honradez y buena conducta; así, tiene derecho
al reconocimiento de una pensión gracia de jubilación en cuantía del 75 % del
promedio de la asignación básica y demás factores salariales devengados durante
el año anterior a la causación del derecho, es decir, entre el 5 de abril de 2014 y el
5 de abril de 2015. Con efectos fiscales a partir del 12 de junio de 2015, por
prescripción trienal.
1.4. El recurso de apelación
El apoderado de la UGPP interpuso recurso de apelación contra la referida sentencia
con base en los siguientes argumentos:4
i) El accionante no cumple con los requisitos que exige la norma para el
reconocimiento de una pensión gracia de jubilación; no se aportaron al proceso los
3
Sentencia del 22 de enero de 2015, radicado 25000 23 42 000 2012 02017 01.
4 Folios 202 al 2013 del documento «00-2019-00033-00» del expediente digital en Samai
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Radicación: 85001 23 33 000 2019 00033 01 (3345-2020)
Demandante: William Rogelio Arenas Garzón
actos de nombramiento o posesión de los periodos laborados; no pueden
computarse tiempos nacionales; no puede tenerse en cuenta el periodo servido por
medio de contrato de prestación de servicios; y el interesado no se encontraba
vinculado al servicio docente oficial para el 31 de diciembre de 1980.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
Las partes guardaron silencio.5
1.6. El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.6
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
El problema jurídico consiste en determinar si el demandante tiene derecho a que
la UGPP le reconozca la pensión gracia, en aplicación del régimen consagrado en la
Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación.
2.2. Marco normativo
El artículo 1° de la Ley 114 de 1913 dispuso que los maestros de escuelas primarias
oficiales «que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte
años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las
prescripciones de la presente Ley».
5 Constancia en el índice 29 del portal Samai.
6 Constancia en el índice 29 del portal Samai.
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Radicación: 85001 23 33 000 2019 00033 01 (3345-2020)
Demandante: William Rogelio Arenas Garzón
Por su parte, las Leyes 116 de 19287 y 37 de 19338 consagraron la posibilidad de
que los docentes obtuvieran la pensión gracia computando los años laborados en
la enseñanza secundaria, normalista o como inspectores de instrucción pública,
siempre y cuando cumplieran los demás requisitos fijados por el artículo 4 de la Ley
114 de 1913, pues estos no fueron modificados por la normativa posterior. 9
Dentro de los requerimientos para acceder al mencionado beneficio, el artículo 4
ibidem incluyó el referente a que el educador no haya recibido o reciba «otra pensión
o recompensa de carácter nacional».10
En virtud de dicho condicionamiento, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante
Sentencia S-699 de 1997 del 29 de agosto de 1997, concluyó que «la pensión
gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye
requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución
alguna de la nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado
por cuenta de ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran
los educadores locales o regionales».11
7 Artículo 6. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción
Pública tienen derecho a jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que
a esta complementan. Para el computo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas
épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria cono en el de la normalista, pudiéndose contar
en aquella la que implica la inspección.
8 Artículo 3. Las pensiones de jubilación de los maestros de escuela rebajadas por decreto de
carácter legislativo, quedaran nuevamente en la cuantía señalada por las leyes.
Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicios
señalados por la Ley, en establecimientos de enseñanza secundaria.
9 Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia de
16 de junio de 1995, radicado: 10665; ii) sentencia de 29 de agosto de 1997, radicado: S-699.
10 Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por
consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo
tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa,
de ganar lo necesario para su sostenimiento.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de
1997, radicado: S-699. También pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección
Segunda que han acogido igual lineamiento: i) Subsección A, sentencia del 10 de marzo de 2016,
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Radicación: 85001 23 33 000 2019 00033 01 (3345-2020)
Demandante: William Rogelio Arenas Garzón
Al respecto, es preciso resaltar que la prestación en comento se creó con la finalidad
de compensar a los profesores adscritos a entidades territoriales en razón a la
diferencia salarial que se evidenciaba en comparación con los docentes nacionales;
sin embargo, este objetivo inicial perdió su fundamento con ocasión del proceso de
nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 1975 y en razón a que el
artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que tal beneficio sería compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial de la Nación».
En virtud de la expedición de la Ley 91 de 1989, la Sala Plena de esta corporación,
en la referida Sentencia S-699 de 1997, afirmó que la pensión gracia debe
reconocerse a los docentes nacionalizados, en aras de «colmar las expectativas
de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su
labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria
oficiales».
Ahora bien, la Ley 91 de 1989 pretendió desmontar el reconocimiento de la pensión
gracia en consideración a que ya no existía la diferencia salarial anotada; sin
embargo, en su artículo 15, numeral 2, literal a), previó lo siguiente:
Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones:
[…]
2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
radicado: 52001-23-33-000-2013-00145-01 (2604-2014); ii) Subsección B, sentencia del 1 de marzo
de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-06449-01 (3989-2015); y iii) Subsección B, sentencia del
30 de enero de 2020, radicado: 23001-23-33-000-2016-00431-01 (5640-2018). En similar sentido,
puede consultarse la Sentencia C-085 de 2002, proferida por la Corte Constitucional.
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Radicación: 85001 23 33 000 2019 00033 01 (3345-2020)
Demandante: William Rogelio Arenas Garzón
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en
el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
La Sentencia C-489 de 2000 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión
«vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980» contenida en la norma transcrita,
bajo el entendido de que «las situaciones jurídicas particulares y concretas que se
hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del 29
de diciembre de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto
constituyen derechos adquiridos que el legislador no podía desconocer».
Mediante sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,12 la Sección Segunda
del Consejo de Estado analizó el alcance de la citada disposición, en consonancia
con la jurisprudencia constitucional proferida en la materia, con el fin de determinar
si era necesario tener consolidado el derecho pensional al 29 de diciembre de 1989.
Al respecto, se explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989
contiene dos fechas relevantes para estudiar el derecho a la pensión gracia, a saber:
1) 31 de diciembre de 1980 - constituye el último momento en que podía
realizarse la vinculación del docente que pretendiera el reconocimiento
pensional.
2) 29 de diciembre de 1989 - corresponde a la fecha de entrada en vigencia de
la Ley 91 de 1989; sin embargo, esta «no puede entenderse como un plazo que
demarque la última oportunidad para consolidar el derecho a la pensión gracia».13
En este orden de ideas, tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel
docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial
antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114
de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre
12 Radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado
15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
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Radicación: 85001 23 33 000 2019 00033 01 (3345-2020)
Demandante: William Rogelio Arenas Garzón
colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio, es decir, que lo haga antes o
después del 29 de diciembre de 1989. Al respecto, esta corporación explicó lo
siguiente:14
[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del
docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos
posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o
territoriales».15
[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición
buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta
ese momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por
ende, el único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales
y nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos
como las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional,
pues las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]
v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al
límite temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso
a la pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de
diciembre de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar
los requisitos previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista
laboral respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas.
vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el
artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible,
esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los
profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los
inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían
acceder a la prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de
diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho
entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de
la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley
91 de 1989.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado
15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
15 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-
03-15-000-2019-02219-01 (AC).
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Radicación: 85001 23 33 000 2019 00033 01 (3345-2020)
Demandante: William Rogelio Arenas Garzón
Bajo este contexto, se fijó como regla de unificación que «[l]os docentes pueden
acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre
y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31
de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos
para su reconocimiento».
Una vez aclarado este aspecto, es preciso tener en cuenta que para determinar la
plaza docente que permite obtener el beneficio pensional en comento, en sentencia
del 21 de junio de 2018,16 esta corporación fijó las siguientes reglas de
unificación:17
(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a
los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;
(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se
pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya
intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el
respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal
o la vacancia definitiva del cargo;
(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la
aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores
territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas de la
respectiva localidad, o de las -situado fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través
de los endógenas exógenas fondos educativos regionales, y en lo que tiene que ver
con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se
enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones;
y
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado:
25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
17 Para mayor claridad se separaron cada una de las reglas, pero se conservó el contenido literal de
la sentencia transcrita.
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Radicación: 85001 23 33 000 2019 00033 01 (3345-2020)
Demandante: William Rogelio Arenas Garzón
El escenario normativo y jurisprudencial antes transcrito permite concluir que, en lo
que atañe al requerimiento de acreditar de 20 años en el servicio educativo para
acceder a la pensión gracia, los docentes deben demostrar una vinculación en una
plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y pueden
acumular dichos tiempos con los posteriores laborados en similar condición.
A su vez, no se les puede exigir haber completado todos los requisitos antes del 29
de diciembre de 1989 y tampoco es válido impedir el acceso al beneficio pensional
bajo el argumento de que los salarios fueron pagados total o parcialmente con
recursos provenientes del situado fiscal o del sistema general de participaciones,
pues « lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida prestación,
es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o
nacionalizada».18
2.3. Hechos probados
2.3.1. Edad y tiempo de servicios
i) De conformidad con el acta de nacimiento, el señor William Rogelio Arenas nació
el 7 de octubre de 1957; por lo tanto, cumplió 50 años de edad el 7 de octubre de
2007.19
ii) El 1 de agosto de 1979, mediante Resolución 189, «por la cual se concede
licencia por maternidad a una profesora de enseñanza primaria del fondo Educativo
Regional de Casanare» la secretaria de educación del departamento del Casanare,
en uso de sus atribuciones legales, encargó a William Rogelio Arenas para que
reemplazara a una docente a quien se le concedió licencia de maternidad, por el
término de 56 días, entre el 31 de julio y el 16 de septiembre de 1979, en la Escuela
Rural El Merey del municipio de San Luis de Palenque.20
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado:
25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
19
Folio 34 del documento «00-2019-00033-00» del expediente digital en Samai.
20
Folio 33 del documento «00-2019-00033-00» del expediente digital en Samai
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Radicación: 85001 23 33 000 2019 00033 01 (3345-2020)
Demandante: William Rogelio Arenas Garzón
iii) De acuerdo con el certificado número 630-2704 del 15 de mayo de 2018, emitido
por la Secretaría de Educación departamental del Casanare, el señor William
Arenas prestó sus servicios a través del contrato número 237 del 15 de septiembre
de 1989, entre el 5 de febrero y el 30 de octubre de ese año, como docente de la
Escuela Rural El Delirio del municipio de Orocue; además, fue nombrado en
propiedad por medio del Decreto 2 del 11 de marzo de 1996, como docente del
Instituto Educativo Camilo Torres del municipio de Aguazul, cargo del cual tomó
posesión el mismo día.
En el citado certificado también se da cuenta de dos traslados que no modificaron
el tipo de vinculación laboral, que tuvieron lugar por medio de las Resoluciones: (i)
1290 del 17 de agosto de 2006, hacia la Institución Educativa El Paraíso del
municipio de Yopal y (ii) 1602 del 12 de octubre de 2006 hacia la Institución
Educativa Luis María Jiménez del municipio de Aguazul.21
iv) De acuerdo con el certificado número 110859338 del 9 de junio de 2018, emitido
por la Procuraduría General de la Nación, el señor William Rogelio Arenas no cuenta
con sanciones disciplinarias.22
2.3.2. Actuación administrativa
i) El 30 de agosto de 2018, la UGPP profirió la Resolución RDP 35558 por medio de
la cual negó el reconocimiento y pago de una pensión mensual vitalicia de jubilación
gracia elevada por el demandante el 13 de junio de ese año, toda vez que no
contaba con la información necesaria para analizar su situación laboral, por lo que
le solicitó al interesado aportar copias auténticas de los certificados de información
laboral, de factores salariales, actos administrativos de nombramiento y actas de
posesión.23
21
Folio 29 del documento «00-2019-00033-00» del expediente digital en Samai.
22
Folio 35 del documento «00-2019-00033-00» del expediente digital en Samai
23
Folios 21 al 23 del documento «00-2019-00033-00» del expediente digital en Samai.
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Radicación: 85001 23 33 000 2019 00033 01 (3345-2020)
Demandante: William Rogelio Arenas Garzón
ii) El 27 de noviembre de 2018, la UGPP expidió la Resolución RDP 45320, por la cual
resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la anterior decisión y la
confirmó.24
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
Teniendo en cuenta el anterior recuento fáctico, en consonancia con el marco
normativo y jurisprudencial descrito en acápites anteriores, la Sala confirmará la
decisión del a quo que accedió al reconocimiento de la pensión gracia a favor de la
demandante al observar las siguientes circunstancias.
Para efectos metodológicos, el tiempo de servicio prestado por la demandante en
la docencia oficial se estudiará en dos momentos relevantes, pues a cada uno le
corresponden análisis normativos y probatorios independientes, conforme se
explicará, a continuación.
2.4.1. Primer período. Del 31 de julio al 16 de septiembre de 1979
En este lapso el señor William Rogelio Arenas Garzón desarrolló actividades en
calidad de maestro en la Escuela El Merey del municipio de San Luis de Palenque,
cuyo nombramiento ocurrió por medio de la Resolución 189 del 1 de agosto de 1979,
circunstancia que también fue certificada por la Secretaría de Educación del
departamento del Casanare.
24
Folios 24 al 27 del documento «00-2019-00033-00» del expediente digital en Samai.
14
Radicación: 85001 23 33 000 2019 00033 01 (3345-2020)
Demandante: William Rogelio Arenas Garzón
Bajo este escenario, tal como lo determinó el a quo, se encuentra acreditado que el
demandante prestó servicios en calidad de docente territorial, en atención a que
la secretaría de educación del departamento del Casanare reconoció que aquel
fungió como maestro «encargado» al servicio del departamento, concretamente en
la Escuela El Merey del municipio de San Luis de Palenque, y por tal motivo autorizó
el pago de los emolumentos correspondientes con cargo al Fondo Educativo
Regional de ese departamento.
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede inferir válidamente que la vinculación del
actor se dio de manera provisional, pues tenía como propósito cubrir la licencia de
maternidad que le fue concedida a otra docente. Respecto de esta forma de
incorporación debe precisar la Sala que esta Corporación en múltiples
pronunciamientos ha sostenido que los servicios prestados por docentes vinculados
en forma temporal deben ser tenidos en cuenta para el cómputo de los 20 años
exigidos en la Ley 114 de 1913.
15
Radicación: 85001 23 33 000 2019 00033 01 (3345-2020)
Demandante: William Rogelio Arenas Garzón
En tal sentido se pronunció la Subsección en sentencia del 13 de febrero de 2014,
al señalar lo siguiente:25
En este punto, vale la pena aclarar que no le asiste razón a la entidad demanda (sic)
al señalar que los tiempos que la demandante pretende hacer valer, en los que laboró
por los periodos arriba mencionados como docente interina para cubrir licencias de
otros docentes, no pueden ser tenidos en cuenta como quiera que no se generó
relación laboral alguna y ningún tipo de vinculación, pues la Corte Constitucional26 ha
venido sosteniendo, lo siguiente:
“…
Sostuvo que, en ningún caso, esos parámetros de contratación son imputables
al docente quien, sin importar la forma como ha de ser vinculado, cumple
funciones similares en el campo educativo y, en consecuencia, está obligado a
acreditar iguales condiciones de formación y experiencia. Ello, por supuesto,
descarta que la ley y las propias instituciones, dentro de la autonomía de que gozan
para darse sus propios estatutos, puedan establecer regímenes restrictivos que
desconozcan el derecho de los docentes ocasionales y hora cátedra, a percibir las
prestaciones sociales reconocidas por el orden jurídico para todos los trabajadores
públicos o privados, las cuales deben otorgarse en proporción al tiempo laborado.
[Resalta la Sala].
En consecuencia, esta Subsección encuentra que la vinculación temporal del señor
Arenas Garzón como docente en el año 1979 puede ser tenida en cuenta para el
reconocimiento de la pensión gracia, pues para ello no resulta «relevante la forma
en la que fue provisto el empleo, es decir, si lo fue en carrera o en forma interina o
temporal, pues no existe diferencia en la forma en que dichos servidores desarrollan
la actividad docente con aquellos que han sido nombrados en propiedad».27
Ahora bien, en cuanto al pago de los emolumentos salariales con cargo al Fondo
Educativo Regional, debe decirse que la participación de dicho fondo no implica que
la designación laboral haya provenido del gobierno nacional. La anterior afirmación
se soporta en que para la época en que se produjo el nombramiento, esta
Corporación ha sostenido que los FER «eran financiados con bienes o recursos
aportados tanto por la Nación como por las entidades territoriales, de cuya
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 13 de febrero de 2014,
radicado 17001 23 31 000 2012 00008 01(2022-13), M.P. Alfonso Vargas Rincón.
26 Sentencia C-517 de 1999
27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 3 de noviembre de 2022,
radicado 25000234200020130396301 (6014-2018), M.P. William Hernández Gómez.
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Radicación: 85001 23 33 000 2019 00033 01 (3345-2020)
Demandante: William Rogelio Arenas Garzón
administración se responsabilizó a las “autoridades” de los referidos entes, bajo la
supervisión de un delegado del Ministerio de Educación Nacional».28
Así pues, se ha concluido que los docentes no adquieren la condición de nacionales
por la intervención de un delegado del Ministerio de Educación ante los fondos
educativos regionales o porque sus salarios se pagaran con recursos del situado
fiscal o por el hecho de que las autoridades territoriales actuaran en calidad de
presidentes de las Juntas Administradoras de los FER.29
Por el contrario, conforme se expuso en acápites anteriores, esta Sección unificó su
criterio en el sentido de indicar que tales razonamientos no podían oponerse para
reconocer la pensión gracia, toda vez que los dineros provenientes del entonces
situado fiscal -ahora sistema general de participaciones- «le pertenecía[n] de forma
exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad
de rentas endógenas y exógenas».30
De esta manera, los docentes territoriales y/o nacionalizados no se convierten en
nacionales «por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento
tienen su origen o fuente en la Nación» y ello tampoco ocurre «cuando en el acto
de vinculación del docente haya intervenido el delegado permanente del Ministerio
de Educación Nacional ante el respectivo fondo educativo regional o haya
certificado la disponibilidad presupuestal o la vacancia definitiva del cargo».
Además, la Ley 91 de 1989 únicamente definió como docentes nacionales a los
nombrados por la mencionada cartera ministerial y el artículo 15 ibidem amparó la
expectativa de quienes se habían vinculado antes del 31 de diciembre de 1980
como educadores territoriales o nacionalizados para acceder a la pensión gracia.
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado:
25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
29 Ver las siguientes sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A: i) del 23
de marzo de 2023, radicado 63001-23-33-000-2015-00045-01 (3422-2015); y ii) del 6 de julio de
2023, radicado 54001 23 33 000 2017 00661 01 (0605–2019).
30 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado:
25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
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Radicación: 85001 23 33 000 2019 00033 01 (3345-2020)
Demandante: William Rogelio Arenas Garzón
De ese modo, no se puede perder de vista que, en lo que atañe al requisito de
acreditar 20 años en el servicio educativo para acceder a la pensión gracia, los
docentes deben demostrar una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial
antes del 31 de diciembre de 1980 y pueden acumular dichos tiempos con los
posteriores laborados en similar condición. En ese orden, no existe soporte legal o
jurisprudencial que permita exigir a los interesados en esta pensión un tiempo de
servicio mínimo o específico con anterioridad a la fecha ibidem, como lo pretende la
entidad accionada.
Así las cosas, este primer periodo resulta computable para determinar el derecho a
la pensión reclamada, el cual corresponde a un total 1 mes y 17 días. Además, con
el presente análisis se tiene por cumplido el requisito de haber ostentado una
vinculación territorial con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
2.4.2. segundo periodo. Del 5 de febrero al 30 de noviembre de 1989
El interregno objeto de revisión corresponde al tiempo laborado por el señor William
Arenas como docente de la Escuela Rural El Delirio del municipio de Orocué,
departamento del Casanare, el cual tuvo origen en el contrato de prestación de
servicios número 237 del 15 de septiembre de 1989, que fue certificado por la
Secretaría de Educación de ese departamento y que no fue cuestionado por parte
de la UGPP en relación con la existencia del contrato o la prestación del servicio,
sino que únicamente alegó la supuesta falta de idoneidad de este tiempo para
efectos del reconocimiento de la mesada.
De ese modo, la UGPP ha argumentado que este periodo no puede ser computado
para la concesión de la pensión gracia del señor William Arenas, por considerar que
el tiempo laborado por prestación de servicios no es idóneo para tales efectos; sin
embargo, como ha explicado esta Subsección en otras oportunidades, los contratos
de prestación de servicios son computables para efectos de acreditar los 20
18
Radicación: 85001 23 33 000 2019 00033 01 (3345-2020)
Demandante: William Rogelio Arenas Garzón
años de ejercicio de la docencia en el nivel territorial o nacionalizado requeridos
para beneficiarse del derecho pensional reclamado.
En reciente providencia, esta Sala sostuvo lo siguiente respecto de la vinculación
contractual en la docencia oficial:31
En estos casos, dada la naturaleza de la función docente, el principio de la primacía
de la realidad sobre las formalidades cobra especial relevancia, habida cuenta de que
la labor desempeñada a través de contratos u órdenes de prestación de servicios
desentraña una verdadera relación de trabajo sobre la apariencia que haya querido
ocultarla, comoquiera que los maestros vinculados bajo esa modalidad de
contratación, se insiste, cumplen similares funciones a los de planta que están sujetos
a un específico régimen legal y reglamentario y, además, deben acreditar iguales
condiciones de formación y experiencia.
De igual forma, en lo que respecta a este tipo de vinculación, en particular cuando se
trata de maestros, la Corte Constitucional es del criterio que la «[...] primacía de la
realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones
laborales, es un principio constitucional [...]», y si el intérprete judicial, «[...] en un caso
concreto, decide, porque lo encuentra probado, otorgarle a un docente-contratista el
carácter de trabajador al servicio del Estado, puede hacerlo con base en el artículo
53 de la CP [...]».
En estos casos, dada la naturaleza de la función docente, el principio de la primacía
de la realidad sobre las formalidades cobra especial relevancia, puesto que la labor
desempeñada a través de órdenes de prestación de servicios desentraña una
verdadera relación de trabajo sobre la apariencia que haya querido ocultarla,
comoquiera que los maestros vinculados bajo esa modalidad de contratación, se
insiste, cumplen similares funciones a los de planta que están sujetos a un específico
régimen legal y reglamentario y, además, deben acreditar iguales condiciones de
formación y experiencia.
Por tanto, la Sala valida el tiempo laborado por el accionante como docente mediante
contratos de prestación de servicios, para que sea contabilizado con el ejercido en
propiedad, circunstancia que le permite, previo estudio de su caso particular, acceder
al reconocimiento de la pensión gracia.
Por consiguiente, el lapso en que se desarrollen actividades docentes a través de
la figura de la contratación es claramente computable para adquirir la prestación
deprecada, pues «el tiempo requerido para el reconocimiento de la pensión gracia
31 Ver entre otras sentencias del: 10 de noviembre de 2022, rad. 05001-23-33-000-2014-1000-01
(0823-2017);15 de julio de 2010. Rad. 25000 23 25 000 2007 91356 01 (1465-09); 10 de marzo de
2016, radicado 52001-23-33-000-2013-00145-01 (2604-14); del 19 de febrero de 2018, Rad:
25000234200020150003201 (2300–2017); 11 de marzo de 2001, radicado 52001-23-33-000-2016-
00499-01(2298-19); 19 de julio de 2018, radicado 17001-23-33-000-2013-00457-01 (3598-14).
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Radicación: 85001 23 33 000 2019 00033 01 (3345-2020)
Demandante: William Rogelio Arenas Garzón
no solo es aquel que se deriva de las relaciones regulares y en titularidad, debido a
que se trata de una prestación cimentada en la prestación efectiva de labores de
educador»,32 siempre y cuando, la vinculación sea territorial.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, de los documentos aportados al proceso se
extraen elementos que permiten determinar de manera inequívoca que para efectos
de ejecutar la labor docente encomendada al demandante no se inmiscuyó al
Ministerio de Educación Nacional en la designación, se desempeñó en una escuela
de carácter territorial y sus emolumentos fueron cancelados con recursos propios.
Finalmente, el recurso de apelación también sugiere que esta vinculación laboral no
puede computarse, ya que no fue certificada en el respectivo formato de historia
laboral, consideración que no comparte la Sala por cuanto no existe un único
documento o una única prueba que permita acreditar el tipo de vinculación de los
docentes que pretendan el reconocimiento de la pensión gracia. Sobre la
procedencia de la prueba para la verificación de la vinculación de los docentes, la
sentencia de unificación del 21 de junio de 2018 señaló lo siguiente:
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial […]
De suerte que, en el presente caso, no se puede desconocer que en el dossier
reposa copia del acto por medio del cual se reconoció la prestación del servicio por
parte de la docente, del que se extrae con claridad los extremos temporales de la
relación y la autoridad nominadora. Por consiguiente, verificada la pertinencia del
medio de prueba para establecer la naturaleza del vínculo sostenido por la actora
durante el lapso en mención, no cabe duda de que este fue territorial.
32
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de noviembre de 2022, rad. 05001-23-33-
000-2014-1000-01 (0823-2017).
20
Radicación: 85001 23 33 000 2019 00033 01 (3345-2020)
Demandante: William Rogelio Arenas Garzón
Por las anteriores razones, el tiempo de servicio acreditado por el señor William
Rogelio Arenas y certificado por el departamento del Casanare como docente por
contrato de prestación de servicios entre el 15 de febrero y el 30 de noviembre de
1989 resulta computable para determinar el derecho a la pensión gracia reclamada
y corresponde a un total de 9 meses y 15 días.
2.4.2. Tercer período. Del 11 de marzo de 1996 al 15 de mayo de 201833
Este tercer período el señor William Arenas Garzón prestó servicios como docente
nombrado por medio del Decreto 2 del 11 de marzo de 1996, cargo del que tomó
posesión el mismo día, y del que da cuenta la certificación expedida por la
Secretaría de Educación del Casanare:
En relación con este vínculo, debe advertir la Sala que al plenario solo se allegaron
certificados de historia laboral, pero no obra el referido acto de nombramiento. No
obstante, tal circunstancia no constituye un obstáculo para definir el asunto,
teniendo en cuenta que el tiempo de servicio prestado a partir de esa fecha no ha
sido reprochado por la entidad ni en sede administrativa ni en sede judicial, toda vez
que los argumentos para negar el reconocimiento de la pensión gracia solicitada por
33 Fecha de la certificación de tiempos laborados.
21
Radicación: 85001 23 33 000 2019 00033 01 (3345-2020)
Demandante: William Rogelio Arenas Garzón
el accionante se han centrado en la idoneidad del tiempo por contrato de prestación
de prestación de servicio, la supuesta no vinculación antes del 31 de diciembre de
1980 y el no aporte de copias auténticas de los documentos requeridos.
Así, la UGPP no discutido la relación laboral surgida desde el año 1996, sino que
ha criticado la calidad de las relaciones laborales anteriores. En ese sentido, en la
Resolución RDP 45320 del 27 de noviembre de 2018 [acto demandado] se indica
que el interesado aportó «copia auténtica del [Decreto] 2 de 1996» y «acta de
posesión», pero no se efectuó análisis alguno sobre dichos documentos, toda vez
que el derecho se negó al esgrimir que no es posible contabilizar el período
presuntamente laborado antes del 31 de diciembre de 1980, por encontrarse mal
certificado por parte de la autoridad competente, lo que traduce en que no se
acreditó el requisito de vinculación anterior a 1980 exigida en estos casos.
Así las cosas, del certificado suministrado por el departamento del Casanare se
advierte de manera inequívoca que se trata de una vinculación de carácter
territorial, por cuanto así se afirmó en dicho documento en el que se manifestó,
expresamente, que el accionante se desempeña como docente de esa entidad
territorial «financiado con recursos del sistema general de participaciones», es decir,
no se especifica que la plaza sea nacional o que la designación provenga
directamente o por autorización del Ministerio de Educación Nacional.
Ahora bien, en el referido oficio se informa de dos traslados ocurridos a través de
las Resoluciones 1290 del 17 de agosto de 2006 y 1602 del 12 de octubre de 2006,
de las que no puede inferirse que haya mutado el tipo de vinculación laboral surgida
del Decreto 2 de 1996, pues obedecen únicamente a cambios hacia las Instituciones
Educativas El Paraiso del municipio de Yopal y Luis María Jiménez del municipio de
Aguazul, es decir, son actos proferidos por la misma autoridad nominadora y a
planteles de la misma índole territorial.
Así, el departamento del Casanare certificó dichos tiempos de servicio sin afirmar
que impliquen modificaciones en la vinculación laboral ocurrida en el año 1996 o en
22
Radicación: 85001 23 33 000 2019 00033 01 (3345-2020)
Demandante: William Rogelio Arenas Garzón
la financiación que, como se señaló en el documento aludido, proviene de los
recursos del sistema general de participaciones, por lo que no hay indicio alguno
del que pueda asumirse que los señalados actos administrativos mutaron la
vinculación del accionante a nacional, de modo que el tiempo transcurrido desde
esas fechas no pueda ser tenido en cuenta para el reconocimiento de la pensión
gracia.
En este orden de ideas, este tercer período analizado, que suma un total de 22
años, 2 meses y 4 días, también resulta válido para estudiar las pretensiones del
demandante.
Así las cosas, el tiempo de servicio computable para obtener la pensión gracia
corresponde al siguiente:
Carácter de la plaza Desde Hasta Tiempo laborado
ocupada Día Mes Año Día Mes Año Días Meses Años
Territorial 31-07-1979 16-09-1979 17 01 0
Territorial 15-02-1989 30-11-1989 15 09 00
Territorial 11-02-1996 15-05-2018 4 02 22
SUBTOTAL 65 12 22
TOTAL 05 01 23
De esta manera, el demandante acreditó con suficiencia el ejercicio de la profesión
docente en plazas del orden territorial y nacionalizado por más de 20 años y cumplió
con la exigencia de haberse vinculado antes del 31 de diciembre de 1980, tal como
lo determinó el a quo; por lo tanto, se itera, el interesado cumplió el requisito del
tiempo de servicio previsto por el legislador para acceder a la prestación pretendida.
El señor Arenas Garzón cuenta con más de 50 años de edad, los cuales cumplió el
10 de octubre del año 2007, y durante su ejercicio como docente no se registraron
23
Radicación: 85001 23 33 000 2019 00033 01 (3345-2020)
Demandante: William Rogelio Arenas Garzón
sanciones disciplinarias,34 es decir, que cumple con las exigencias de edad, buena
conducta y desempeño laboral con honradez y consagración previstos por la Ley
114 de 1913 para el reconocimiento del beneficio pensional reclamado.
En este punto vale la pena señalar que el juez de primera instancia consideró que
el derecho pensional se consolidó el 5 de abril del año 2015; no obstante, al revisar
el cómputo del tiempo de servicio se advierte que ello ocurrió, en realidad, el día 10
del mismo mes y año, razón por la que se modificará la parte resolutiva de la
sentencia apelada, de acuerdo con lo explicado.
2.5. De la condena en costas
El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».
Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que, para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,35 en
la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.
Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
34 Aspecto no fue objeto de discusión en sede administrativa o en la primera instancia. Además, así
fue certificado por la Procuraduría General de la Nación.
35 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01
(1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández
Gómez.
24
Radicación: 85001 23 33 000 2019 00033 01 (3345-2020)
Demandante: William Rogelio Arenas Garzón
De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.
En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción
de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se
apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas en
segunda instancia.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, en
casos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio, y en el
acervo probatorio, se concluye que debe modificarse la fecha de adquisición del
derecho a la pensión gracia, para, en su lugar, fijarla en el 10 de abril de 2015; en
lo demás la decisión del a quo debe ser confirmada, pues se acreditaron los
requisitos previstos en la norma para acceder a la pensión gracia reclamada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Modificar el numeral tercero de la sentencia objeto de apelación en el
sentido de fijar la fecha de adquisición del derecho pensional en el 10 de abril de
2015. El citado numeral quedará del siguiente modo:
3°CONDENAR a la UGPP, a título de restablecimiento del derecho, a reconocer,
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Radicación: 85001 23 33 000 2019 00033 01 (3345-2020)
Demandante: William Rogelio Arenas Garzón
liquidar y pagar la pensión de jubilación gracia al señor WILLIAM ROGELIO
ARENAS GARZÓN, causada el 10/04/2015, en cuantía equivalente al 75 % del
promedio de lo devengado durante el último año de servicios anterior a la fecha en
que adquirió el estatus pensional (10/04/2014 a 05/04/2015), según los parámetros
consignados en la motivación. La mesada se incrementará anualmente con los
ajustes legales pertinentes.
La condena será exigible respecto de las mesadas causadas a partir del 14/06/2015,
en virtud de la prescripción parcial que se dispone en el ordinal 2°.
Las sumas netas que se ordena reconocer se deberán indexar de acuerdo con la
fórmula señalada en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Confirmar en todo lo demás la sentencia del 26 de febrero de 2020,
proferida por el Tribunal Administrativo del Casanare, que accedió a las
pretensiones de la demanda de la referencia, conforme a lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
Tercero. Sin condena en costas, por lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
En firme esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las
anotaciones de rigor.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES (E)
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MLBC
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
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