Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 85001-23-33-000-2019-00037-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 85001-23-33-000-2019-00037-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 85001-23-33-000-2019-00037-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
18 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 85001-23-33-000-2019-00037-01 (5548-2022)
Demandante: Rubén Dionicio Jiménez Galindo
Demandada: Departamento de Casanare
Tema: Sanción de destitución e inhabilidad de 10 años a docente
Sentencia de segunda instancia
Asunto
La Sala, en ejercicio de sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias, decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante
contra la sentencia del 4 de agosto de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo
de Casanare que negó sus pretensiones.
I. Antecedentes
1. Demanda
1.1. Pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho1 Rubén
Dionicio Jiménez Galindo demandó la nulidad de: (i) los actos administrativos
disciplinarios de primera y segunda instancia del 8 de marzo y 29 de agosto de
2018, por medio de los que la Oficina de Control Disciplinario Interno de la
Gobernación del Casanare y la Gobernación de Casanare, respectivamente, lo
sancionaron con destitución e inhabilidad por 10 años, y (ii) de la resolución 2333
del 27 de septiembre de 2018 emitida por la Secretaría de Educación de la
Gobernación del Casanare que ejecutó la sanción impuesta al demandante.
A título de restablecimiento del derecho solicitó que se condenara a la entidad
demandada a: (i) excluirlo del boletín de personas inhabilitadas de la Procuraduría
General de la Nación, PGN, y (ii) pagarle de manera indexada una indemnización
por los daños y perjuicios materiales y morales que la sanción le causó porque
afectó su buen nombre.
1.2. Fundamentos fácticos
Los hechos relevantes del caso son los siguientes:
• Rubén Dionicio Jiménez Galindo empezó a laborar como docente al servicio
del Departamento de Casanare el 11 de enero de 2011.
1 Señalado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA.
Demandante: Rubén Dionicio Jiménez Galindo
Radicado: 85001-23-33-000-2019-00037-01 (5548-2022)
• El 8 de febrero de 20112, por medio de sentencia de primera instancia proferida
por el Juzgado 2 Penal del Circuito de Saravena, Arauca, en el proceso 81001-
61-05711-2010-80259-00, fue condenado a la pena principal de 32 meses de
prisión y a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y
funciones públicas por el mismo término, al haber sido hallado responsable
de la comisión del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
En la misma providencia, el juzgado penal le concedió la suspensión
condicional de la ejecución de la pena para que continuara en libertad,
inicialmente por un «período de prueba», para lo cual suscribió acta de
compromiso ese mismo día, con la advertencia de que en caso de
incumplimiento se le podría hacer efectiva la ejecución de la sentencia .
• Pese a ello, el demandante siguió laborando sin informar a las autoridades
administrativas, especialmente a la Secretaría de Educación de Casanare, que
había sido condenado penalmente.
• A través de oficio del 5 de agosto de 2013, el Ministerio de Educación Nacional,
MEN, infirmó al departamento de Casanare que Rubén Dionicio Jiménez
Galindo había sido condenado penalmente e inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas por 32 meses.
• El 19 de septiembre de 2013 la Secretaría de Educación del Casanare expidió
la resolución 2276, por la cual lo destituyó del ejercicio del cargo de docente que
desempeñaba en provisionalidad en el Instituto Educativo Indígena Alegaxu del
municipio de Hato Corozal3, Casanare, con ocasión de la inhabilidad que le fue
impuesta en la condena penal. El referido acto administrativo señaló:
«[…] se evidencia que el precitado docente fue condenado el día febrero 08 de 2011
por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Arauca a la pena privativa de la
libertad por el término de 32 meses y como Pena Accesoria a la inhabilidad para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término, tipificándose la
conducta del punible de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes de
conformidad con la Ley 599 de 2000.
Que la Ley 734 de 2002 y el artículo 6º de la Ley 190 de 1995, estipulan lo referente
a las inhabilidades sobrevinientes que se presentan cuando al quedar en firme la
sanción de destitución e inhabilidad general o la de suspensión e inhabilidad
especial, o cuando se presente el hecho que […] el sujeto disciplinable sancionado
se encuentra ejerciendo cargo o función pública diferente de aquel o aquella en cuyo
ejercicio cometió la falta objeto de sanción. En tal caso se comunicará al actual
nominador para que proceda en forma inmediata a hacer efectivas las
consecuencias.
Que se denomina inhabilidad sobreviniente a la que se presenta con posterioridad
al acto de nombramiento o posesión y conlleva el retiro inmediato del servidor
público cuando esta se ha generado por culpa o dolo atribuible al mismo.
Que la condena a la pena accesoria de inhabilitación de derechos y funciones
públicas priva al servidor público de carrera que se encuentra en esas circunstancias
del derecho al ejercicio de funciones, y en consecuencia, debe ser retirado en forma
perentoria por el nominador una vez se tenga conocimiento de la sentencia.
Que el artículo 41 de la Ley 909 de 2004 prevé los casos en que procede el retiro
del servicio de empleados de libre nombramiento y remoción y de carrera
2 Folios 35 a 40 del pdf «02-Demanda.pdf»
3 Folios 45 y 46 del pdf «02-Demanda.pdf»
Demandante: Rubén Dionicio Jiménez Galindo
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administrativa entre las que el literal “K” señala “POR ORDEN O DECISIÓN JUDICIAL”
[…]» (Sic).
• El Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Arauca,
mediante auto del 22 de octubre de 2013, declaró la extinción y liberación
definitiva de la pena principal de 32 meses de prisión y la accesoria de
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo
término, que el Juzgado 2 Penal del Circuito de Saravena le había impuesto
a Rubén Dionicio Jiménez Galindo por la comisión del delito de tráfico,
fabricación o porte de estupefacientes.
• El 19 de noviembre de 2013, la Secretaría de Educación de Casanare solicitó a
la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Gobernación, que abriera una
investigación disciplinaria en contra de Rubén Dionicio Jiménez Galindo, quien
para ese momento se desempeñaba como docente provisional en el Instituto
Educativo Indígena Alegaxu del municipio de Hato Corozal, por no informar al
nominador de su situación penal.
• El 25 de noviembre de 2014 el jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno
de la Gobernación de Casanare profirió auto de apertura formal de investigación
disciplinaria en contra del demandante y ordenó la práctica de las siguientes
pruebas:
«2.1. Oficiar a la Secretaría de Educación Departamental a fin de que certifique la
clase de vinculación, sueldo, número de teléfono, correo electrónico y última
dirección registrada en la hoja de vida del señor RUBEN DIONICIO JIMÉNEZ
GALINDO. De igual manera indique si la Resolución Nº 2276 de 2013 fue objeto de
recursos o se encuentra debidamente ejecutoriada.
2.2. Escuchar en Versión libre al investigado.
2.3. Las que surjan de las anteriores».4 (Sic).
• La referida decisión se le notificó personalmente al investigado el 14 de junio de
20165. En esta diligencia el disciplinado dejó constancia de sus direcciones de
notificación física y digital.
• El demandante rindió versión libre el 5 de julio de 2016, ante la Oficina de Control
Disciplinario Interno de la Gobernación de Casanare. En esta diligencia,
manifestó:
«[…] En el momento que cometí el ilícito fue el 24 de diciembre de 2010, en ese
entonces estaba de vacaciones y residenciado en la casa de una hermana, la cual
estaba dedicada a negocios ilícitos en [los que] fui involucrado, viéndome afectado,
el cual no era mi trabajo ni estaba dedicado a ese tipo de negocios, el cual me llevó
a impedimentos para ejercer cargos públicos. En el año 2010 trabaje por año lectivo
en la comunidad indígena de Morichito, para la época en que ocurrieron los hechos
no tenía vínculo con la Institución Educativa Alegaxu, porque me encontraba en
vacaciones. En el mes de enero de 2011 fui nombrado en provisionalidad,
desconociendo que en sentencia de fecha 8 de febrero de 2011, fui condenado a 32
meses de prisión y pena accesoria de inhabilidad para el ejercicio de derechos y
funciones públicas por el mismo período. Con el transcurrir del tiempo, estando
ejerciendo mi cargo fui suspendido de mi cargo por la Secretaría de Educación por
la inhabilidad existente en ese momento, al verificar mis antecedentes disciplinarios
4 Visible a folio 10 del PDF denominado «EXP 1800-2014.pdf»
5 Visible a folio 29 del PDF denominado «EXP 1800-2014.pdf»
Demandante: Rubén Dionicio Jiménez Galindo
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me di cuenta de la inhabilidad existente para el ejercicio de funciones públicas hasta
el 8 de febrero de 2016, fecha estipulada por la Procuraduría, en este tiempo me
dediqué a labores extras a mi perfil profesional por la misma situación que padecía
[…]»6. (Sic).
• El 13 de octubre de 2016 la Oficina de Control Disciplinario Interno de la
Gobernación profirió auto de cierre de la investigación disciplinaria, el cual se le
notificó personalmente al investigado el 19 de diciembre de 20167.
• El 30 de marzo de 2017 la Oficina de Control Disciplinario Interno8 formuló pliego
de cargos en su contra, al encontrar posible que hubiera incurrido, a título de
dolo, en la falta gravísima del artículo 48.17 de la Ley 734 de 2002, que alude a
«actuar u omitir, a pesar de la existencia de causales de incompatibilidad, inhabilidad y
conflicto de intereses, de acuerdo con las previsiones constitucionales y legales».
• Como el disciplinado no se notificó de la referida decisión, la autoridad
disciplinaria mediante oficio 0295 del 17 de mayo de 2017, solicitó al Consultorio
Jurídico de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, con sede en Yopal, que
designara un defensor de oficio en representación del docente, como en efecto
se hizo de conformidad con el certificado del 18 de mayo de 20179.
• La defensora designada se posesionó y notificó del auto de cargos el 22 de mayo
de 201710.
• Una vez enterado del auto de cargos, el demandante presentó descargos el 6
de junio de 201711. Alegó que: (i) al posesionarse como docente aportó dos
certificados proferidos por los entes de control, en los que consta que no tenía
inhabilidades registradas que le impidieran desempeñarse como docente oficial,
(ii) no le era exigible que, una vez se encontrara posesionado, aportara
nuevamente los certificados de antecedentes, (iii) no actuó con dolo, comoquiera
que en virtud de su profesión no debía conocer las posibles sanciones
accesorias que se le pudieran imputar en un proceso penal, (iv) dadas sus
condiciones laborales, esto es, que se encontraba incomunicado al estar
ubicado en una comunidad indígena aislada, no se podía enterar de la aludida
inhabilidad y (vi) no existió un detrimento patrimonial, pues únicamente percibió
un salario durante el tiempo que prestó sus servicios al departamento.
Finalmente, solicitó incorporar como pruebas su hoja de vida, sus antecedentes
judiciales y que se verificara por parte de la autoridad disciplinaria la ubicación
geográfica de la institución en la que prestaba sus servicios al momento que se
le impuso la sanción.
• El 9 de junio de 2017 la Oficina de Control Disciplinario Interno profirió auto de
pruebas, en el que negó la solicitud probatoria del disciplinado. Luego, el día 28
de esos mismos mes y año corrió traslado para alegar.
• Mediante acto administrativo del 8 de marzo de 2018, la Oficina de Control
Disciplinario Interno de la Gobernación de Casanare sancionó disciplinariamente
6Visible a folio 30 del PDF denominado «EXP 1800-2014.pdf»
7Visible a folios 40 y 44 del PDF denominado «EXP 1800-2014.pdf»
8Visible a folio 45 del PDF denominado «EXP 1800-2014.pdf»
9 Visible a folio 60 del PDF denominado «EXP 1800-2014.pdf»
10 Visible a folios 62 y 63 del PDF denominado “EXP 1800-2014.pdf»
11 Visible a folio 64 del PDF denominado «EXP 1800-2014.pdf»
Demandante: Rubén Dionicio Jiménez Galindo
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al demandante con destitución e inhabilidad por 10 años. Para el efecto precisó,
que el comportamiento del encartado se enmarcó en la conducta prevista en los
artículos 23, 34.2, 38.3 y 50 de la Ley 734 de 2002 y 6 de la Ley 190 de 1995,
porque incumplió el deber de avisar a la administración de la existencia de una
inhabilidad sobreviniente para el desempeño de un empleo público. En cuanto
al análisis de la culpabilidad, se le imputó la conducta a título de dolo, porque
pese a conocer la condena penal en su contra, omitió informar de esta a la
entidad nominadora y continuó en el ejercicio funciones públicas como docente
oficial, pese a estar inhabilitado.
• El demandante interpuso recurso de apelación en el que en esencia argumentó,
que la acción disciplinaria prescribió porque el omitir informar sobre la inhabilidad
sobreviniente es una falta de carácter instantáneo que se agotó en febrero de
2011 cuando le fue impuesta la condena penal.
• La Gobernación del Casanare confirmó la sanción a través de acto administrativo
del 29 de agosto de 201812. La autoridad disciplinaria indicó que no se trató de
una falta de naturaleza instantánea porque la sanción penal estuvo vigente de
febrero de 2011 a octubre de 2013, tiempo durante el cual el disciplinado omitió
informar a la entidad nominadora de la inhabilidad que le sobrevino, impuesta en
la sentencia penal del 8 de febrero de 2011, por lo que incumplió con el deber
que en ese sentido prevén los artículos 6 de la Ley 190 de 1995 y 48.17 de la
Ley 734 de 2002.
• La sanción se ejecutó mediante resolución 2333 del 27 de septiembre de 2018
proferida por la Secretaría de Educación del Departamento de Casanare.
1.2. Normas violadas y concepto de violación
Como tales señaló el artículo 29 de la Constitución Política.
En el concepto de violación el demandante adujo que la autoridad disciplinaria
vulneró su derecho al debido proceso porque desconoció el principio de non bis in
ídem, puesto que fue sancionado dos veces por un mismo hecho: primero fue
destituido por la Secretaría de Educación de Casanare mediante resolución 2276
del 19 de septiembre de 2013, en cumplimiento de la inhabilidad para desempeñar
funciones públicas declarada por un juez penal en el marco de un proceso judicial
y, luego, por la misma circunstancia la Oficina de Control Disciplinario Interno de la
entidad territorial, en primera, y la Gobernación, en segunda, lo sancionó
disciplinariamente con destitución e inhabilidad.
También argumentó que la conducta que le fue reprochada es atípica porque el
mismo Juzgado Segundo Penal del Circuito de Arauca que lo condenó, le concedió
la suspensión condicional de la ejecución de la condena, por lo tanto, la pena
accesoria de inhabilidad para ejercer cargos públicos corría la misma suerte que la
principal, es decir que también se encontraba suspendida, y en consecuencia, el
demandante no tenía el deber de informar de su existencia a la autoridad
nominadora.
12 Visible a folios 129 y ss. del PDF denominado «EXP 1800-2014.pdf»
Demandante: Rubén Dionicio Jiménez Galindo
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2. Contestación de la demanda13
El Departamento de Casanare se opuso a las pretensiones de la demanda, porque
en su criterio: (i) el docente no fue sancionado dos veces por un mismo hecho, pues,
en 2013 fue destituido como consecuencia de la inhabilidad accesoria que le aplicó
el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Arauca, mientras que en 2018 fue
sancionado porque incurrió en la falta de omitir informar esa situación a la autoridad
nominadora, (ii) no es relevante el hecho de que la condena penal hubiese sido
suspendida, porque lo que disciplinariamente se le censuró fue que siguió laborando
como docente y no advirtió a la entidad de la inhabilidad sobreviniente.
3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Casanare, negó las pretensiones de la demanda, sin
condenar en costas, en sentencia de primera instancia del 4 de agosto de 202214,
con base en los siguientes argumentos:
Los actos administrativos disciplinarios demandados no se encuentran viciados de
nulidad porque el departamento de Casanare adelantó el proceso disciplinario
correspondiente, en el que garantizó el debido proceso y demostró que el
demandante había incurrido en una conducta sancionable previamente determinada
en los artículos 6 de la Ley 190 de 1995 y 48.17 de la Ley 734 de 2002, ya que no
advirtió a la entidad demandada de su inhabilidad sobreviniente derivada de la
condena penal impuesta.
No se violó el principio del non bis in ídem porque el Departamento del Casanare lo
destituyó el 19 de septiembre de 2013 como consecuencia directa de la inhabilidad
impuesta en la jurisdicción penal, en cambio, la destitución de que fue objeto en
2018 fue producto del proceso disciplinario adelantado en su contra por no informar
al nominador de esa circunstancia.
Por último, que si bien la suspensión de la ejecución de la sanción penal se extiende
a la pena accesoria, es decir, a la inhabilidad para ejercer cargos públicos, ello no
eximía al demandante del deber de informar a la entidad donde prestaba el servicio
de su existencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la Ley 190 de
1995.
4. El recurso de apelación15
El demandante presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, en el que reiteró los argumentos expuestos en el proceso disciplinario y
en la demanda.
5. Pronunciamiento en segunda instancia
13 Archivo «19-Contestación demanda.pdf»
14 Visible a índice 2 de SAMAI.
15 Archivo PDF denominado «9. Recurso de Apelación.pdf»
Demandante: Rubén Dionicio Jiménez Galindo
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De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar.
6. Concepto del Ministerio Público16
El Ministerio Público no rindió concepto en esta oportunidad.
II. Consideraciones
7. Problema jurídico
Se circunscribe a resolver los siguientes interrogantes: ¿la autoridad disciplinaria
desconoció el debido proceso y el principio de non bis ídem al expedir los actos
administrativos sancionatorios demandados? y, ¿la conducta del demandante es
atípica porque él no tenía el deber de informar que le habían impuesto una sanción
penal porque la jurisdicción penal suspendió condicionalmente su ejecutoria?
8. Estudio y resolución del problema jurídico
Para estudiar el problema jurídico planteado, la Sala deberá abordar previamente
los siguientes aspectos: (i) el debido proceso disciplinario; (ii) el principio de non bis
in ídem; (iii) marco jurídico de las inhabilidades; (iv) la falta disciplinaria grave del
artículo 48.17 de la Ley 734 de 2002, frente a la prohibición constitucional de
autoincriminación; (v) la suspensión de la ejecución de la pena, y (vi) caso concreto.
8.1. Debido proceso en el procedimiento disciplinario
Los artículos 29 de la Constitución Política y 6 de la Ley 734 de 2002 establecen la
garantía del debido proceso, que comprende un conjunto de principios materiales y
formales de obligatorio acatamiento por parte de las autoridades disciplinarias, en
cuanto constituyen derechos de los sujetos disciplinables que se traducen, entre
otras cosas, en la posibilidad de defenderse, presentar y controvertir pruebas e
impugnar las decisiones que los afecten.
8.2. Principio de non bis in ídem
De conformidad con el articulo 21 de la Ley 734 de 2002, en la aplicación del
régimen disciplinario prevalecerán los principios rectores del proceso disciplinario y
de la Constitución, y en lo no previsto en dichos cuerpos normativos, por lo señalado
en convenios internacionales de la OIT ratificados por Colombia, y lo dispuesto en
los códigos Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo, Penal, de
Procedimiento Penal y de Procedimiento Civil, en lo que no contravengan la
naturaleza del derecho disciplinario.
En ese sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo
8.4 se refirió al principio de non bis in ídem como una garantía judicial, según la cual
«el inculpado absuelto por una sentencia en firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por
los mismos hechos». En el ámbito nacional, este principio se deriva del principio
fundamental del debido proceso, previsto en el artículo 29 de la Constitución,
16 Visible a índice 12 de Samai.
Demandante: Rubén Dionicio Jiménez Galindo
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puntualmente de su inciso 4 que establece que toda persona tiene derecho «a no
ser juzgado dos veces por el mismo hecho».
Respecto de su extensión al proceso disciplinario, la Corte Constitucional ha
precisado que «…la aplicación del principio non bis in idem no está restringida al derecho
penal, sino, como lo ha dicho esta Corporación, “se hace extensivo a todo el universo del
derecho sancionatorio del cual forman parte las categorías del derecho penal delictivo, el
derecho contravencional, el derecho disciplinario, el derecho correccional, el derecho de
punición por indignidad política (impeachment) y el régimen jurídico especial ético -
disciplinario aplicable a ciertos servidores públicos (pérdida de investidura de los
Congresistas)”. En resumen, el principio analizado hace parte de las garantías a las que
tiene derecho el sindicado, en sentido amplio, por procesos disciplinarios. Así, una persona
no puede ser juzgada disciplinariamente dos veces por los mismos hechos contrarios al
régimen disciplinario. Empero, la Corte ha considerado que una misma persona puede ser
juzgada dos veces por los mismos hechos cuando la jurisdicción es diferente dado que tales
hechos son calificados como infracciones diversas por regímenes sancionadores distintos.
Hasta la fecha, no ha declarado inexequible una norma por permitir que ello ocurra»17.
En la sentencia C-391 de 2022, la Corte Constitucional estudió la constitucionalidad
del artículo 25.10 del anterior Código Disciplinario Único, Ley 200 de 1995, que
también establecía como falta gravísima «actuar a sabiendas de estar incurso en
causales de incompatibilidad, inhabilidad, impedimento o conflicto de intereses,
establecidos en la Constitución o en la ley». El actor planteó en ese entonces, que el
ejercicio de la acción electoral ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo
y, simultáneamente, el seguimiento de un proceso disciplinario en la Procuraduría
General de la Nación contra quien ha accedido a la función pública a pesar de
encontrarse inhabilitado para ello, vulnera el principio non bis in ídem consagrado
en el artículo 29 de la Carta pues implica la imposición de dos sanciones por un
mismo hecho. La Sala transcribe in extenso los argumentos de la Corte para
declarar la constitucionalidad de la norma acusada:
«Como se advierte, este argumento se dirige a cuestionar la legitimidad de la
capacidad de configuración normativa de que es titular el legislativo en un punto
específico: La determinación de las faltas disciplinarias. Ello es así porque para el
actor, el Congreso debe abstenerse de incluir entre tales faltas la actuación en la
función pública de un agente estatal pese a la conocida existencia de una causal de
inhabilidad pues tal actuación debe cuestionarse ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo. Pero como el legislador, al expedir la norma
demandada, ha optado por incluir tal actuación entre las faltas disciplinarias,
haciéndolo además entre aquellas consideradas como gravísimas, debe declararse
su contrariedad con la Carta.
[…]
En ese contexto, si se analiza, por una parte, la naturaleza de la acción electoral, y,
por otra, la índole de la acción disciplinaria, y las consecuentes competencias de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo y de la Procuraduría General de la
Nación y demás autoridades disciplinarias, se advertirá que se trata de acciones y
procesos completamente diferentes y, por tanto, ajenos a la identidad exigida para
la aplicación del principio non bis in idem.
La acción electoral es una acción pública especial de legalidad o de impugnación de
un acto administrativo electoral que puede ejercerse por cualquier persona en el
plazo indicado por la ley, que procede contra actos de elección y de nombramiento
y cuyo conocimiento le incumbe a la jurisdicción contencioso-
administrativa. Aunque puede plantearse como una acción de restablecimiento por
17 Sentencia C-870 de 2002.
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el perjudicado con el acto de elección o nombramiento, su naturaleza es la de una
acción pública de legalidad en cuanto con su ejercicio se procura la anulación de un
acto electoral en razón de su ilegalidad.
La acción disciplinaria, en cambio, es una acción pública que se orienta a garantizar
la efectividad de los fines y principios previstos en la Constitución y en la ley para el
ejercicio de la función pública; cuya titularidad radica en el Estado; que se ejerce por
la Procuraduría General de la Nación, las personerías, las oficinas de control
disciplinario interno, los funcionarios con potestad disciplinaria y la jurisdicción
disciplinaria; que es independiente de las acciones que puedan surgir de la comisión
de la falta y que permite la imposición de sanciones a quienes sean encontrados
responsables de ellas.
Como puede advertirse, mientras en la acción electoral se cuestiona la legalidad de
un acto administrativo de elección o nombramiento, en la acción disciplinaria se
determina la responsabilidad que le asiste al agente estatal por la infracción de sus
deberes funcionales. De allí que mientras con la acción electoral se pretende la
anulación de un acto administrativo ilegal, la acción disciplinaria se orienta a la
sanción del sujeto disciplinable encontrado responsable de una falta de esa
naturaleza. Ello explica que existan fenómenos que impiden la prosperidad de la
acción electoral, como la caducidad de la acción, y que ellos no tengan ninguna
incidencia en la acción disciplinaria. De igual manera, esa diversa naturaleza
permite comprender por qué en esa acción especial se presume la legalidad del acto
impugnado en tanto que en el derecho disciplinario se parte de la presunción de
inocencia del disciplinado, con total independencia de la legalidad o ilegalidad del
acto emitido.
Luego, no puede afirmarse que al promover una acción electoral y una acción
disciplinaria con ocasión del nombramiento o la elección de un agente estatal y de
la actuación de éste en la función pública a pesar de estar incurso en una inhabilidad,
se esté generando un doble juzgamiento pues sólo el proceso disciplinario implica
ejercicio de poder sancionador, recae sobre el agente estatal, involucra un juicio de
reproche por la infracción de sus deberes funcionales, entre ellos el de observar el
régimen de inhabilidades e incompatibilidades, y conduce a la imposición de
sanciones.
La jurisdicción de lo contencioso administrativo, en cambio, decide si tiene
fundamento o no el cuestionamiento de la legalidad de un acto de elección o
nombramiento por haber recaído sobre una persona afectada con una
inhabilidad. Su decisión deja sin efectos ese acto administrativo por su contrariedad
con el ordenamiento jurídico, pero en manera alguna involucra ejercicio de potestad
sancionadora sobre el agente estatal así nombrado o elegido.
Por otra parte, teniendo en cuenta que la acción electoral y la acción disciplinaria
tienen objetos completamente diferentes y que los fundamentos de las decisiones a
emitir no son los mismos, es posible que concurran decisiones en apariencia
contradictorias. Con todo, esa es una circunstancia posible y explicable en razón
de la distinta naturaleza de esas actuaciones, pero no por ello se ganan argumentos
para afirmar la inexequibilidad de la norma demandada.
Así, adviértase, por ejemplo, que para determinar la legalidad del acto
administrativo, es indiferente el conocimiento o desconocimiento que la
administración haya tenido de la existencia de un hecho que excluía la posibilidad
de nombrar o elegir a aquél en quien tal hecho concurría. Sin embargo, para
determinar la responsabilidad disciplinaria del agente estatal es necesario acreditar
que él tenía conocimiento de ese hecho y de su previsión normativa como
inhabilidad y que no obstante ese conocimiento tomó la decisión de acceder a la
función pública y de actuar en ella. En este caso, el reproche procede porque existe
una manifestación de voluntad pues se acepta el cargo a pesar de la concurrencia
de la inhabilidad y en virtud de ese asentimiento se toma posesión de él y se actúa
en la función pública.
De acuerdo con esto, es posible que la acción electoral prospere y que la acción
disciplinaria no lo haga en ausencia del conocimiento de la inhabilidad como
Demandante: Rubén Dionicio Jiménez Galindo
Radicado: 85001-23-33-000-2019-00037-01 (5548-2022)
elemento del ilícito disciplinario, pero esa posibilidad se explica en virtud de la
distinta índole de tales acciones y no tiene incidencia alguna si lo que se pretende
es la declaratoria de inexequibilidad de la norma demandada.
Como puede advertirse, entonces, el cargo planteado por el actor no está llamado a
prosperar pues la regla de derecho demandada no vulnera el artículo 29 de la Carta
en cuanto no implica la imposición de dos sanciones por un mismo hecho».
Por su parte, el Consejo de Estado ha definido en relación con el principio del non
bis in idem, que no se configura cuando las sanciones impuestas sean de distinta
naturaleza: «el artículo 29, inciso 1, de la Carta Política consagra que el debido proceso
se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas; y en el inciso 4, señala
que quien sea sindicado tiene derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Ahora, tal prohibición no implica que por un mismo hecho no se puedan infligir varias
sanciones, de distinta naturaleza, como ocurre, por ejemplo, cuando un funcionario público
incurre en el delito de peculado, conducta esta que no solo puede dar lugar a una sanción
penal, sino a una disciplinaria (destitución) y a una administrativa (responsabilidad fiscal).
Es decir, que la prohibición opera frente a sanciones de una misma naturaleza»18.
8.3. Marco jurídico de las inhabilidades
Las inhabilidades son prohibiciones de acceso a la función pública, esto es,
circunstancias fácticas que al verificarse impiden al individuo en el que concurre
acceder a un cargo público o continuar desempeñándolo. Su finalidad se
circunscribe a garantizar que los servidores públicos sean ciudadanos ejemplares,
así el cumplimiento de los principios que rigen la función pública, como la
imparcialidad, moralidad, igualdad y eficiencia de la Administración19.
El Código Disciplinario Único, Ley 734 de 2002, artículo 196, ha consagrado que el
incumplimiento de deberes y prohibiciones, así como la incursión en inhabilidades,
impedimentos, incompatibilidades, etc. constituyen falta disciplinaria. De la misma
manera, el Estatuto Disciplinario, en su artículo 36 ordena entre otras cosas,
incorporar a él las inhabilidades señaladas en la Constitución y en la Ley; el artículo
37 define las inhabilidades sobrevinientes, así como el 38 relaciona las inhabilidades
para desempeñar cargos públicos. Por eso, en el Código Único Disciplinario se ha
consagrado falta disciplinaria gravísima el: «Actuar u omitir, a pesar de la existencia de
causales de incompatibilidad, inhabilidad y conflicto de intereses, de acuerdo con las
previsiones constitucionales y legales».
En el campo disciplinario el legislador previó dos tipos de inhabilidades, en primer
lugar, aquellas que se deben verificar al ingreso del funcionario público al cargo, y
en segundo las que sobrevienen al nombramiento y posesión.
En cuanto a las primeras, la Ley 734 de 2002 en su artículo 38 señaló aquellas que
impiden el desempeño de cargos públicos, a partir de la ejecutoria del fallo, entre
las que incluyó en su numeral 3, el «hallarse […] inhabilitado por una sanción
disciplinaria o penal». El Consejo de Estado ha señalado en relación con este tipo
inhabilidades, que «son limitaciones taxativas establecidas por el legislador para ejercer
o continuar ejerciendo cargos públicos, las cuales tienen por finalidad que quien ocupe un
cargo sea la persona más idónea posible, con lo que se busca proteger la moralidad pública
18 Consejo de Estado. 29 de noviembre de 2001. Radicación número: 25000-23-24-000-1996-8048-
01(6075).
19 Corte Constitucional, sentencia C-544 de 2005.
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de los servidores y evitar que se comprometa la imparcialidad y eficiencia de la
administración»20.
En lo que interesa al caso, el artículo 43.1. del Código Penal prevé como pena
privativa de derechos «[l]a inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones
públicas», la cual es definida en el artículo 44 del referido Código como aquella que
«priva al penado de la facultad de elegir y ser elegido, del ejercicio de cualquier otro derecho
político, función pública, dignidades y honores que confieren las entidades oficiales». En
ese sentido, el artículo 52 de la norma en estudio establece que «[e]n todo caso, la
pena de prisión conllevará la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y
funciones públicas».
Respecto de las inhabilidades sobrevinientes el legislador las definió en el artículo
37 de la Ley 734 de 2002, en los siguientes términos:
«Artículo 37. Inhabilidades sobrevinientes. Las inhabilidades sobrevinientes se
presentan cuando al quedar en firme la sanción de destitución e inhabilidad general
o la de suspensión e inhabilidad especial o cuando se presente el hecho que las
generan, el sujeto disciplinable sancionado se encuentra ejerciendo cargo o función
pública diferente de aquel o aquella en cuyo ejercicio cometió la falta objeto de la
sanción. En tal caso, se le comunicara al actual nominador para que proceda en
forma inmediata a hacer efectivas sus consecuencias».
En consonancia, el artículo 6 de la Ley 190 de 1995 dispone que cuando
sobrevenga una inhabilidad al acto de nombramiento o posesión, el servidor público
está obligado a informarlo a la entidad en la que presta el servicio. La norma en su
tenor literal, dicta:
«Artículo 6. En caso de que sobrevenga al acto de nombramiento o posesión alguna
inhabilidad o incompatibilidad, el servidor público deberá advertirlo inmediatamente
a la entidad a la cual preste el servicio.
Si dentro de los tres (3) meses siguientes el servidor público no ha puesto final a la
situación que dio origen a la inhabilidad o incompatibilidad, procederá su retiro
inmediato, sin perjuicio de las sanciones a que por tal hecho haya lugar».
La Corte Constitucional en sentencia C-038 de 1996 al estudiar la exequibilidad del
inciso segundo de la norma en cita, encontró que el término de 3 meses otorgado
al servidor público que haya incurrido en una inhabilidad o incompatibilidad
sobreviniente es constitucionalmente válido:
«La Corte considera que es importante efectuar una distinción. Si la inhabilidad o
incompatibilidad sobrevinientes se originan en causas imputables al dolo o culpa del
nombrado o al funcionario, no cabe duda de que la norma examinada es
inconstitucional. Los principios en los que se basa la función pública quedarían
sacrificados si no se optara, en este caso, por el retiro inmediato del funcionario o la
negativa a posesionarlo.
Si, por el contrario, en la inhabilidad o incompatibilidad sobrevinientes, no se ha
incurrido por el dolo o culpa del nombrado o al funcionario, y siempre que éstos en
sus actuaciones se ciñan a la ley y eviten los conflictos de interés, puede
considerarse razonable que se disponga de un término de tres meses para poner fin
a la situación. De esta manera se preserva el derecho al trabajo, su estabilidad, y el
acceso al servicio público, sin que por este hecho se coloque a la administración en
trance de ver subvertidos sus principios medulares».
20 Consejo de Estado. 30 de enero de 2020. Radicación 11001-03-25-000-2013-00998-00(2214-13).
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Es decir, que procederá la destitución del funcionario, al igual que otras sanciones,
cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente haya sido el resultado de su
actuar culposo o doloso.
En relación con las inhabilidades sobrevinientes el Consejo de Estado ha señalado
que son las que deben verificarse después del nombramiento o posesión, es decir,
durante el ejercicio del cargo:
«[A]unque con las inhabilidades se busca evitar el acceso a la función pública de
quienes están en alguna situación que prohíba su ingreso, no se puede desconocer
que aquellos servidores públicos que se encuentren en ejercicio del mismo pueden
incurrir en una inhabilidad sobreviniente, lo que conlleva a que no se pueda
continuar con la prestación del servicio, a manera de protección de la administración
y con el fin de evitar que cargos públicos se desempeñen por personas que no son
idóneas para desarrollar las funciones encomendadas»21.
En conclusión, las inhabilidades de los servidores públicos bien sean para ejercer o
continuar con la prestación del servicio, tienen como finalidad proteger la moralidad
pública y evitar que se comprometa la imparcialidad y eficiencia de la
administración.
8.4. La falta disciplinaria grave del artículo 48.17 de la Ley 734 de 2002, frente
a la prohibición constitucional de autoincriminación
El artículo 33 de la Constitución establece que nadie puede ser obligado a declarar
contra sí mismo, su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. No es necesario
adentrarse en largas explicaciones para determinar que el artículo constitucional
citado protege el derecho a la no autoincriminación y ampara la armonía familiar,
fundada en el deber de solidaridad que consagra el artículo 1 de la Carta Política,
para garantizar el derecho de las personas de procurar el bienestar suyo y de sus
familiares, pues cualquier conducta que la obligue a declarar contra sí mismo o
contra sus parientes más cercanos debe ser censurada.
Es decir, dentro del proceso penal, y por extensión en el disciplinario22, el silencio
voluntario del individuo se constituye en un derecho de carácter fundamental que
hace parte del debido proceso. Sobre el particular, en la sentencia C-621 de 1998,
la Corte Constitucional señaló:
«Con base en la garantía constitucional sobre no autoincriminación, el silencio
voluntario del individuo llamado a indagatoria se constituye en una forma de defensa
y por tanto en un verdadero derecho de carácter fundamental que hace parte del
debido proceso. Ante la evidencia de que contra la persona se inicia un proceso
penal que eventualmente puede culminar en una sentencia en su contra, aquélla
cuenta con la garantía constitucional que presume su inocencia. Es el Estado el que
corre con la carga de la prueba y, en consecuencia, es de su resorte impulsar la
actividad procesal orientada a establecer la verdad de los hechos y a desvirtuar, si
las pruebas que aporte y que se controvierten a lo largo del proceso se lo permiten,
la presunción que favorece al procesado. De allí resulta que éste, quien no está en
la posición jurídica activa, se halla exento de la carga de la prueba. No debe
demostrar su inocencia. Le es lícito, entonces, hacer o dejar de hacer; decir o dejar
de decir todo aquello que tienda a mantener la presunción que el ordenamiento
21 Consejo de Estado. 30 de enero de 2020.Radicación 1001-03-25-000-2013-00998-00(2214-13)
22
C-431 de 2004.
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jurídico ha establecido en su favor. Y en esa actitud, que es justamente la que el
debido proceso protege, le es permitido callar. Más aún, la Constitución le asegura
que no puede ser obligado a hablar si al hacerlo puede verse personalmente
comprometido, confesar o incriminar a sus allegados».
De igual manera, ha de advertirse que la Constitución no sólo consagra los derechos
fundamentales de todas las personas, como la garantía de autoincriminación, sino
que, además, establece los deberes a cumplir por parte de ellas, de lo cual se ocupa
expresamente el artículo 95, que expresamente instituye que «el ejercicio de los
derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica
responsabilidades. […].Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes.
[…]».
Por consiguiente, todo ciudadano se encuentra obligado por mandato constitucional
a cumplir la Constitución y las leyes, entre ellas las leyes 190 de 1995 y 734 de
2002, cuyos artículos 6 y 48.17, respectivamente, establecen el deber de avisar a
la administración de la existencia de una inhabilidad sobreviniente para el
desempeño de un empleo público.
En ese sentido, la garantía de la no incriminación implica un derecho al silencio, a
utilizar las estrategias que se consideren más adecuadas para la defensa, pero no
se extiende hasta las conductas fraudulentas u obstructivas. Además, una vez la
persona haya sido condenada, ya no se estaría en el ámbito de la garantía
constitucional en comento, puesto que sería evidente que ya la autoincriminación
carecería de relevancia jurídica, y que la persona ya no sería susceptible de ser
obligada a declarar en un proceso que habría concluido con la condena.
8.5. La suspensión condicional de la ejecución de la penal
De conformidad con el artículo 63 del Código Penal, la ejecución de la pena privativa
de la libertad podrá ser suspendida de manera condicional cuando concurran una
serie de requisitos, a saber:
«Artículo 63. Suspensión condicional de la ejecución de la pena. La ejecución de la
pena privativa de la libertad impuesta en sentencia de primera, segunda o única
instancia se suspenderá por un período de dos (2) a cinco (5) años, de oficio o a
petición del interesado, siempre que concurran los siguientes requisitos:
1. Que la pena impuesta sea de prisión que no exceda de tres (3) años.
2. Que los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado, así como
la modalidad y gravedad de la conducta punible sean indicativos de que no existe
necesidad de ejecución de la pena.
La suspensión de la ejecución de la pena privativa de la libertad no será extensiva
a la responsabilidad civil derivada de la conducta punible.
Su concesión estará supeditada al pago total de la multa.
El juez podrá exigir el cumplimiento de las penas no privativas de la libertad
concurrentes con ésta. En todo caso cuando se trate de lo dispuesto en el inciso
final del artículo 122 de la Constitución Política, se exigirá su cumplimiento»23.
El Consejo de Estado ha precisado que si bien la pena accesoria de inhabilidad para
el ejercicio de derechos y funciones públicas puede ser suspendida, tal
circunstancia no exime al servidor público sentenciado del deber impuesto por el
23 Texto original de la Ley 599 de 2000, vigente a la fecha de los hechos.
Demandante: Rubén Dionicio Jiménez Galindo
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artículo 6 de la Ley 190 de 1995, consistente en informar a la autoridad nominadora
de la inhabilidad impuesta:
«Lo anterior permite afirmar, en primer lugar, que en el caso concreto del actor se
configuró una inhabilidad sobreviniente, en los términos del artículo 37 de la Ley 734
de 2002 frente a la circunstancia de que con posterioridad a su vinculación a la
Empresa Social del Estado Hospital del Sur, le fue impuesta como pena accesoria
la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 3
años y, en segundo lugar, que le asistía el ineludible deber de poner dicha
circunstancia en conocimiento de la autoridad nominadora de la referida Empresa
Social del Estado, en los términos del artículo 6 de la Ley 190 de 1995.
Es precisamente frente a la omisión al deber legal previsto en el artículo 6 de la Ley
190 de 1995, en concordancia con el numeral 178 del artículo 48 de la Ley 734 de
2002, que la Empresa Social del Estado Hospital del Sur estructura el reproche de
naturaleza disciplinaria contra el señor Carlos Antonio Paipilla Rojas, en razón a que
éste no puso en su conocimiento la inhabilidad que le impedía el ejercicio de
derechos y funciones públicas.
Así las cosas, advierte la Sala que en el período comprendido entre el 2 de agosto
de 2006 y el 19 de junio de 2009, esto es, entre la ejecutoria de la sentencia que le
impuso pena accesoria al actor, que le impedía el ejercicio de derechos y funciones
públicas, y la de su retiro definitivo del servicio, éste se encontraba inhabilitado para
el ejercicio de derechos y funciones públicas.
[…] [E]stima la Sala que la Ley 190 de 1995, artículo 6, radicaba en el demandante
el deber de poner en conocimiento de la Empresa Social del Estado la existencia de
la inhabilidad sobreviniente vigente que le impedía el desempeño del cargo de
Técnico de Área de la Salud, deber que, debe decirse, éste inobservó en la medida
en que no sólo no informó a la entidad tal circunstancia, sino que continuó laborando
en el referido empleo hasta tanto fue dispuesto su retiro definitivo del servicio.
En materia de valoración del ilícito disciplinario no basta por parte del servidor
público, el simple desconocimiento del deber funcional que le ha sido atribuido por
la Constitución Política, la ley y los reglamentos para que se estructure en su contra
un grado de responsabilidad, toda vez que, se requiere adicional a ello la ilicitud
sustancial en el entendido de que con el desvalor en su acción el servidor público
no sólo desconoce el deber funcional asignado, sino que dicho desconocimiento
afecta en forma correlativa los principios básicos que sustenta la existencia de esos
deberes en el marco de un Estado Social y Democrático de Derecho […]».24
Se concluye de lo expuesto, que el servidor público sobre el cual recaiga una
inhabilidad sobreviniente tiene el deber de informar a la autoridad nominadora de
dicha circunstancia, inclusive cuando esta se origine en una condena penal cuya
ejecución se halle suspendida de manera condicional.
8.5. Caso concreto
La Sala procederá a analizar cada una de las presuntas irregularidades procesales
señaladas por el demandante, las cuales serán agrupadas en 2 ejes temáticos: (i)
violación al debido proceso y (ii) violación del principio de non bis in ídem.
8.5.1. Violación del debido proceso
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 15 de agosto de 2013, radicado No. 11001-
03-25-000-2011-00034-00(0113- 11).
Demandante: Rubén Dionicio Jiménez Galindo
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Según el demandante se vulneró su debido proceso al ser sancionado por una
inhabilidad sobreviniente que no tenía efectos, porque se encontraba suspendida
por orden del juez penal.
Al respecto la Sala resalta, como se expuso en líneas precedentes, que de acuerdo
con la jurisprudencia de esta corporación, la suspensión condicional de la ejecución
de la condena penal no eximía al servidor público del deber de informar a la
autoridad nominadora de la ocurrencia de una inhabilidad sobreviniente.
En el sub-lite está probado que el Juzgado 2 Penal del Circuito de Saravena,
Arauca, mediante sentencia el 8 de febrero de 2011 condenó a Rubén Dionicio
Jiménez Galindo a la pena principal de 32 meses de prisión y la accesoria de
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo
término. Pese a ello, el demandante siguió laborando sin informar a las autoridades
administrativas, especialmente a la Secretaría de Educación de Casanare, que
había sido condenado penalmente.
Asimismo, que fue el Ministerio de Educación Nacional, mediante oficio del 5 de
agosto de 2013, quien informó al departamento de Casanare de la existencia de la
inhabilidad del demandante. Razón por la que El 19 de septiembre de 2013 la
Secretaría de Educación del Casanare expidió la resolución 2276, por la cual lo
destituyó del ejercicio del cargo de docente que desempeñaba en provisionalidad
en el Instituto Educativo Indígena Alegaxu del municipio de Hato Corozal25,
Casanare, con ocasión de la inhabilidad que le fue impuesta en la condena penal.
Aunado a ello, se evidencia que la Oficina de Control Disciplinario Interno de la
Gobernación de Casanare, mediante auto del 25 de noviembre de 2014, dio
apertura formal a la investigación disciplinaria en contra de Rubén Dionicio Jiménez
Galindo, en virtud de la omisión del deber de informar de la existencia de una
inhabilidad sobreviniente.
Para la Sala es claro que en el período comprendido entre la ejecutoria de la
sentencia que le impuso pena accesoria al demandante, la cual le impedía el
ejercicio de derechos y funciones públicas, y la de su retiro definitivo del servicio,
éste se encontraba inhabilitado para el ejercicio de derechos y funciones públicas y
no sólo omitió informarlo, sino que continuó la labor docente hasta tanto fue
dispuesto su retiro definitivo del servicio.
Por lo tanto, incumplió con el deber establecido en el artículo 6 de la Ley 90 de 1995,
que lo obligaba a informarle a la autoridad nominadora apenas tuviera conocimiento
de la inhabilidad.
En este punto la Sala reitera que, si bien la pena accesoria de inhabilidad para el
ejercicio de derechos y funciones públicas puede ser suspendida, tal circunstancia
no exime al servidor público sentenciado del deber impuesto por el artículo 6 de la
Ley 190 de 1995, consistente en informar a la autoridad nominadora de la
inhabilidad impuesta.
En consecuencia, la actuación administrativa demandada no incurrió en la violación
del debido proceso, comoquiera que la acción disciplinaria obedeció a la omisión
25 Folios 45 y 46 del pdf «02-Demanda.pdf»
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del deber que tenía como servidor público, la cual está ampliamente comprobada
en el sub-lite.
8.5.2. Violación del principio de non bis in ídem
Según el demandante, la autoridad disciplinaria violó el principio del non bis in ídem,
porque tanto el proceso disciplinario, como la actuación de destitución, se fundaron
en los mismos hechos y conductas, lo que claramente comporta una doble sanción.
Para la Sala, en el presente caso no se desconoció el aludido principio, comoquiera
que no hubo identidad de objeto ni de causa26, según se señaló en párrafos
precedentes, como se procede a explicar:
• La Secretaría de Educación del Casanare mediante la Resolución 2276 del 19
de septiembre de 2013, ordenó la destitución del cargo de docente en razón a la
inhabilidad sobreviniente derivada de la condena penal impartida el 8 de febrero
de 2011 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Arauca. Ello, en
cumplimiento de lo previsto en los artículos 37 de la Ley 734 de 2002 y 6 de la
Ley 190 de 1995.
• Mientras que, la actuación disciplinaria demandada tuvo como finalidad
determinar si el demandante había incurrido en la falta disciplinaria gravísima
prevista en el artículo 48 numeral 17 de la Ley 734 de 2002: «actuar u omitir, a
pesar de la existencia de causales de incompatibilidad, inhabilidad y conflicto de
intereses, de acuerdo con las previsiones constitucionales y legales».
Es decir, que el retiro del cargo del demandante se dio en virtud de la inhabilidad
que se configuró con ocasión de la sentencia judicial proferida el 8 de febrero de
2011 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Arauca, mientras que la sanción
disciplinaria censurada en esta oportunidad se impuso debido a que incurrió en una
falta disciplinaria al incumplir con los deberes legales que tenía en razón a su calidad
de servidor público, puntualmente del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.
9.- Costas
La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal».
Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada, no
presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución.
26 Consejo de Estado, 17 de agosto de 2011. Radicación número: 25000-23-25-000-1999-06324-
01(1155-08).
Demandante: Rubén Dionicio Jiménez Galindo
Radicado: 85001-23-33-000-2019-00037-01 (5548-2022)
Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez
de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma27.
Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de la condena en costas a la parte
demandante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia del 4 de agosto de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo de Casanare, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
Segundo: Sin condena en costas.
Tercero: Notificar y devolver el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
EdelaOssa
27En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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