Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 85001-23-33-000-2019-00059-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 85001-23-33-000-2019-00059-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 85001-23-33-000-2019-00059-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
24 de agosto de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 85001-23-33-000-2019-00059-01 (2608-2021)
Demandantes: Domingo Conde Rueda, Diego Humberto López Martínez,
Jorge García Lizarazo y Luis Alexis García Barrera
Demandada: Procuraduría General de la Nación, PGN
Tema: Sanción de multa
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Asunto
La Sala, en ejercicio de sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias, decide el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia del 11 de febrero de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo de Casanare, que negó las pretensiones de la demanda.
I. Antecedentes
1. La demanda
1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho1,
Domingo Conde Rueda, Diego Humberto López Martínez, Jorge García Lizarazo,
Luis Alexis García Barrera, demandaron la nulidad de los actos administrativos
disciplinarios de primera y segunda instancia, del 2 de febrero y 12 de octubre de
2018, proferidos por la Procuraduría Regional de Casanare y la Procuraduría
Delegada para la Economía y la Hacienda Pública, respectivamente, por medio de
los cuales fueron sancionados con suspensión de 3 meses en el ejercicio del
cargo de diputados de la Asamblea Departamental de Casanare 2004-2007,
convertida en multa para cada uno de $16.871.400.
Como consecuencia de lo anterior, solicitaron a título de restablecimiento del
derecho, que se condenara a la PGN a: (i) reintegrar -de manera indexada- el
dinero pagado por virtud de la sanción impuesta, (ii) pagar por concepto de daños
y perjuicios ocasionados, reparación integral, perjuicios morales, materiales y a la
1 Consagrado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Domingo Conde Rueda y Otros
Radicado: 85001-23-33-000-2019-00059-01 (2608-2021)
vida de relación, así como los gastos de la defensa técnica, la suma de
$15.000.000 para cada uno, (iii) excluir del registro de antecedentes disciplinarios
la sanción impuesta, y (iv) pagar las costas y agencias en derecho.
1.2. Fundamentos fácticos
Los hechos relevantes del caso son los siguientes:
Domingo Conde Rueda, Diego Humberto López Martínez, Jorge García Lizarazo y
Luis Alexis García Barrera, fueron elegidos como como diputados de la Asamblea
Departamental de Casanare para el periodo 2008-2011.
Jaime Montañez Pérez presentó queja ante la Procuraduría Regional de Casanare
el 23 de febrero de 2012 contra los diputados de la Asamblea Departamental por
supuestas irregularidades en la aprobación de la Ordenanza 12 del 30 de
noviembre del 20112, ya que a través de sus artículos 543 y 554 se autorizó al
gobernador a incorporar mediante decreto los recursos provenientes del ejercicio
del cierre fiscal del año anterior, y para que en un término de 6 meses ejecutara
los traslados, realizara adiciones y creara asignaciones presupuestales, es decir,
modificara el presupuesto anual de rentas y gastos del departamento, en ese
sentido, desplazaron hacia el gobernador potestades propias de la corporación
departamental de una manera indeterminada.
La Procuraduría Regional de Casanare mediante auto del 30 de julio de 2012
abrió indagación preliminar contra los diputados de la Asamblea Departamental de
Casanare. Por auto del 29 de noviembre de 2013, ordenó la apertura de
investigación disciplinaria contra estos5. A través de auto del 30 de marzo de
2016, profirió pliego de cargos por haber incurrido a título de dolo en la falta grave
de los artículos 34, numerales 16 y 27, y artículo 35, numeral 18, de la Ley 734 de
2 Por medio de la cual se expidió el presupuesto de Rentas, Recursos de Capital y Apropiaciones
del Departamento de Casanare para la vigencia fiscal 2012.
3 El artículo en cita señala, “Artículo 54. Autorícese al Gobernador del Departamento para que
mediante Decreto incorpore los recursos provenientes del ejercicio de cierre fiscal de la vigencia
inmediatamente anterior, y la celebración de los actos administrativos necesarios para la correcta
ejecución del presupuesto del departamento.”
4 El mencionado artículo señala, “Artículo 55. Facúltese al Gobernador del Departamento de
Casanare por el término de seis (6) meses para ejecutar los traslados, adiciones y creación de
asignaciones presupuestales, con el objeto de dar cumplimiento al Programa de Gobierno y a la
presente ordenanza y celebrar y ejecutar toda clase de contratos y convenios relacionados con el
mismo objeto”.
5 Contra los señores Diego Humberto López, Domingo Conde, Alexander Barrera, Rodolfo
Chaparro, Jorge Eliecer López, Jorge García Lizarazo, Holguer Ricardo Rincón, Luis Robert Larios,
Osbaldo Cáceres, Luis Alexis García y César Granados.
6 Deberes. Son deberes de todo servidor público: 1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes
contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás
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2002, en concordancia con los artículos 79 y 80 del Decreto 111 de 1996 y
artículos 345, 346, 352 y 353 de la Constitución Política, por desconocer las
normas que reglamentan los principios y competencias para la modificación del
presupuesto, en razón a que este no puede ser cambiado unilateralmente por el
ejecutivo departamental.
La Procuraduría Regional del Casanare profirió fallo de primera instancia el 2 de
febrero de 20189, que declaró disciplinariamente responsable a los investigados
solo frente al reproche de la facultad otorgada en el artículo 55 de la Ordenanza
en cita10, imponiéndoles sanción de suspensión en el ejercicio del cargo por el
término de 4 meses, e inhabilidad especial por el mismo tiempo, convertida en
salarios, decisión que fue apelada por los ahora demandantes.
La Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública mediante fallo
de segunda instancia del 12 de octubre de 201811, modificó la calificación de la
culpabilidad, de dolo a culpa gravísima, en consecuencia, cambió la sanción a
suspensión en el ejercicio del cargo por 3 meses, convertida en multa de
$16.309.020.
1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 29 de la Constitución y 4, 5 y 6 de la Ley
734 de 2002.
Los demandantes sostuvieron en el concepto de violación que las decisiones
sancionatorias se encuentran viciadas de nulidad por violación del debido proceso
-artículo 29 de la Constitución Política-, y el principio de legalidad por atipicidad de
la infracción en materia disciplinaria -artículo 4 de la Ley 734 de 2002-, porque no
ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y
municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las
decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las
órdenes superiores emitidas por funcionario competente.
7 Ibídem. 2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada de un
servicio esencial, o que implique abuso indebido del cargo o función.
8 Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido: 1. Incumplir los deberes o abusar de los
derechos o extralimitar las funciones contenidas en la Constitución, los tratados internacionales
ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y
municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las
decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas y los contratos de trabajo.
9 Visible en folio 20 del expediente digitalizado en SAMAI en el documento
8_ED_ACTUACIONE_0020190005900.
10 No se condenó al actor por la autorización otorgada en el artículo 54 de la Ordenanza en cita,
pues consideró que la autorización corresponde a una que está determinada en las normas
reglamentarias,
11 Visible en folio 42 del expediente ídem.
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existe prohibición constitucional, legal o reglamentaria sobre el hecho de facultar al
gobernador del departamento para realizar operaciones de tesorería provenientes
del superávit del ejercicio anterior, antes por el contrario, ejecutar el gasto público
tiene amparo en el sistema presupuestal.
Así mismo, aclararon que en todo caso el artículo 55 de la Ordenanza 12 de 2011,
facultó al gobernador para ejecutar el presupuesto, no para modificarlo ni para
realizar o efectuar aumentos en las cuantías de las apropiaciones aprobadas
inicialmente por la Asamblea en la ordenanza de presupuesto, ni tampoco crear
nuevos rubros dentro del mismo.
2. Contestación de la demanda12
La PGN contestó la demanda y se opuso a las pretensiones con base en los
siguientes argumentos:
La autoridad disciplinaria no vulneró el debido proceso de los investigados, toda
vez que durante el trámite disciplinario actuó de conformidad con la Constitución y
la ley, les garantizó el derecho a defenderse y contradecir las decisiones tomadas
en el proceso administrativo sancionatorio.
No se incurrió en indebida valoración probatoria, toda vez que, de conformidad
con el material probatorio allegado al plenario, se logró concluir que los
accionantes en su calidad de diputados para la época de los hechos incumplieron
con las reglas fijadas por la Constitución, la ley y los reglamentos, sobre la
aprobación del presupuesto departamental para el año 2012, en consecuencia, la
conducta reprochada constituyó falta disciplinaria, al concurrir los elementos de
tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad.
La autoridad disciplinaria comprobó la infracción de las normas enrostradas a los
investigados, esto es el artículo 34, numerales 1 y 2, y el artículo 35 de la Ley 734
de 2002, en concordancia con los artículos 345, 352 y 353 de la Constitución, y los
artículos 79 y 80 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, en adelante EOP,
tratándose de una falta prevista en el ordenamiento jurídico como una infracción a
directrices que les eran de obligatorio cumplimiento en su calidad de diputados de
Casanare.
El operador disciplinario lo que censuró fue la autorización otorgada al gobernador
de Casanare a través de la ordenanza citada, para modificar unilateralmente el
presupuesto de rentas y gastos, lo que transgredió el procedimiento que se debía
12 Visible en folio 113 del expediente digitalizado en SAMAI en el documento
8_ED_ACTUACIONE_0020190005900.
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seguir (artículos 62 y 63 de la Ordenanza 102 de 1996), cuando se requiriera
hacer traslados, adiciones o crear partidas presupuestales, ya que las mismas
solo proceden por autorización de la Asamblea con la concurrencia de los
presupuestos de temporalidad y precisión.
Los hechos objeto de reproche se encuentran acreditados, al estar comprobada la
infracción al ordenamiento jurídico en razón de la facultad otorgada al gobernador
del citado departamento en virtud del artículo 55 de la Ordenanza 12 de 2011,
pues las atribuciones que se conceden al ejecutivo no pueden ser genéricas o
indeterminadas a la luz de lo previsto en la Constitución y la ley, y en ellas se
deben respetar los límites de las competencias, en ese sentido, la delegación
debe estar fijada para temas específicos y no generales.
3. La sentencia apelada13
El Tribunal Administrativo del Casanare14, en sentencia de primera instancia del 11
de febrero de 2021, negó las pretensiones de la demanda, con base en los
siguientes argumentos:
La autoridad disciplinante no vulneró el debido proceso de los investigados, esto
por cuanto describió de manera clara los hechos imputados permitiendo a los
investigados rendir descargos, aportar o solicitar pruebas, presentar los recursos
de ley correspondientes, y en general ejercer la defensa técnica que desplegaron
a través de su apoderado de confianza.
El juicio de adecuación típica se hizo de manera correcta porque como se observa
en el pliego de cargos y en las providencias sancionatorias en ambas instancias,
en las que se indicó claramente lo siguiente: (i) los actores participaron en la
discusión del proyecto que se convirtió en Ordenanza 12 de 2011, por la cual se
adoptó el presupuesto general de Casanare para el año 2012, (ii) lo hicieron en
ejercicio de sus funciones como diputados, integrantes de la comisión
reglamentaria y en la votación de plenaria, en la que aprobaron el texto propuesto
por esa comisión, (iii) en el artículo 55 de la ordenanza se autorizó al gobernador
para adoptar decisiones relativas al presupuesto, (iv) según la perspectiva de la
autoridad disciplinaria, esas autorizaciones desbordaron el marco constitucional de
Hacienda Pública, el EOP (D.L. 111 de 1996) y el régimen propio de la Asamblea
de Casanare (arts. 62 y 63 de la Ordenanza 102/1996), al considerar que
desplazaron hacia el gobernador potestades propias de la corporación
departamental de una manera indeterminada, ubicándose la adecuación típica en
13 Visible en índice 2 del expediente digitalizado en SAMAI, en el documento
35_ED_ACTUACIONE_2685001233300 020190(.pdf) NroActua 2.
14 M.P. Néstor Trujillo González.
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el artículo 34, numerales 1 y 2, y en el artículo 35, numeral 1, de la Ley 734 de
2002.
El operador disciplinario estableció que los investigados desconocieron el deber
funcional de ceñir las determinaciones relativas a las modificaciones del
presupuesto departamental a las reglas de los artículos 345, 346, 352 y 353 de la
Carta y a los arts. 76, 77, 79 y 80 al 84 del EOP (Ley 18 de 1999, compilación del
D.L. 111 de 1996), en consecuencia, el argumento relativo a la indebida
adecuación típica de la conducta como garantía del debido proceso no tiene
vocación de prosperar.
Aunado a lo anterior, se logró comprobar lo siguiente: (i) el gobernador pidió
facultades para celebrar (entiéndase expedir) los actos administrativos necesarios
para la correcta ejecución del presupuesto, (ii) los actores y otros diputados
ampliaron esas atribuciones, precedidas del verbo rector ejecutar, a traslados,
adiciones y creación de asignaciones presupuestales, (iii) la comisión no explicó
en su informe a plenaria las razones ni los alcances de esa nueva redacción no
propuesta por el gobernador, ni autorizada por el gobierno departamental, de
manera que el artículo 55 de la Ordenanza 12 de 2011, confirió más de lo que el
gobernador pidió15, y declinando esta corporación departamental a sus propias
competencias, dejando de lado el régimen orgánico de presupuesto, y el de
conformación del plan periódico de desarrollo que debían observar.
La ilicitud sustancial se encuentra acreditada, por cuanto los diputados tenían el
deber de conocer la normativa y la jurisprudencia constitucional, en virtud de la
debida diligencia, ya que cuando menos les correspondía oír asesores técnicos,
examinar con rigor el alcance de las autorizaciones pedidas por el gobernador a
través del proyecto de ordenanza, y las que finalmente se otorgaron, pero no lo
hicieron; en ese sentido, se comprobó que la conducta imputada objetivamente
existió y fueron los demandantes quienes la realizaron.
El efecto útil del artículo 55 de la Ordenanza 12 de 2011, permite determinar que
se violentaron las normas constitucionales y legales que gobiernan los
presupuestos públicos, más aún porque la Corte Constitucional ha enseñado
como esas atribuciones de las corporaciones administrativas son propias e
intransferibles a través del mecanismo de las facultades extraordinarias -artículo
300-9 de la Carta-.
15 Permitirle, durante los primeros seis (6) meses de la vigencia fiscal de 2012, disponer a
discreción, sin intervención previa de la asamblea, lo que estimara necesario para dar
cumplimiento al programa de gobierno, en materia de traslados, adiciones y creación de
asignaciones presupuestales.
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4. El recurso de apelación16
La parte demandante presentó recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia, con base en los siguientes argumentos:
La autoridad disciplinaria vulneró el debido proceso de los investigados, en razón
a que el cargo único que les endilgó es atípico, esto por cuanto el artículo 55 de la
Ordenanza 12 de 2011, que es del siguiente tenor: «facúltese al gobernador del
departamento de Casanare por el termino de 6 meses para ejecutar los traslados,
adiciones y creación de asignaciones presupuestales, con el objeto de dar cumplimiento
al Programa de Gobierno y a la presente ordenanza y celebrar y ejecutar toda clase de
contratos y convenios relacionados con el mismo objeto» (subrayado por la defensa),
autoriza solo para ejecutar los traslados y demás modificaciones presupuestales,
lo cual no conlleva a ampliar la norma hasta modificar el presupuesto, aspecto que
denota la falta de tipicidad en la infracción.
No es cierto que el efecto útil del artículo 55 de la Ordenanza 12 de 2011 permite
determinar que se violentaron las normas que gobiernan los presupuestos
estatales, pues si ello fuese así, no existiría dentro de la referida ordenanza un
capítulo especial para regular, lo atinente a «las modificaciones presupuestales», en
ese sentido, lo que ocurrió fue un exceso de ritualidad manifiesto o una norma fútil
vista desde el aspecto disciplinario, es decir, la ordenanza en su contexto contiene
las regulaciones sobre modificaciones presupuestales -artículos 41 y s.s.-,
generando un exceso de regulación con el artículo referido.
5. Pronunciamiento en segunda instancia
Las partes17 guardaron silencio en esta oportunidad procesal, también el Ministerio
Público se abstuvo de presentar su concepto, tal como se observa del informe de
secretarial del 16 de noviembre de 202118.
II.- Consideraciones
6. El problema jurídico
Se circunscribe a establecer si la autoridad disciplinaria vulneró el debido proceso
y desconoció el principio de legalidad porque la conducta endilgada era atípica, o
16 Visible en índice 2 del expediente digitalizado en SAMAI, documento
38_ED_ACTUACIONE_29APELACIONJO RGE(.doc) NroActua 2.
17 A índice 8 del expediente digitalizado en SAMAI, se observa memorial allegado vía correo
electrónico por la parte demandada, con renuncia al poder otorgado.
18 Visible en el índice 10 del expediente digitalizado en SAMAI.
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si por el contrario, el proceso disciplinario se surtió en debida forma y con
observancia de las garantías sustanciales de los investigados y de conformidad
con lo establecido en la ley sustancial y procesal.
7. Cuestiones previas sobre la convencionalidad de la facultad de la PGN
para investigar, sancionar, destituir e inhabilitar a funcionarios de elección
popular
Para resolver el primer problema jurídico propuesto, la Sala (i) se referirá a los
debates de la Asamblea Nacional Constituyente en torno a la facultad de la PGN
para investigar, sancionar, destituir e inhabilitar a funcionarios de elección popular,
(ii) aludirá a la reciente jurisprudencia contenciosa sobre la inconvencionalidad de la
facultad de la PGN para suspender, destituir e inhabilitar a servidores públicos de
elección popular, y (iii) mencionará el carácter vinculante u obligatorio del precedente
judicial.
7.1. Estudio de los debates de la Asamblea Nacional Constituyente respecto de
la facultad de la PGN para investigar y sancionar a funcionarios de elección
popular
El estudio de las -pocas y además desordenadas- discusiones que se dieron al
interior de la Asamblea Nacional Constituyente sobre la competencia disciplinaria
de la PGN sobre los funcionarios públicos de elección popular permite concluir que
la verdadera intención del constituyente primario no era el de atribuir a la PGN la
competencia para desvincular a funcionarios de elección popular, o por lo menos,
tuvo muchas dudas y reparos al respecto.
En efecto, sobre la potestad para desvincular funcionarios de elección popular, el
24 de abril de 1991 se desarrolló el siguiente debate en la Comisión IV de la
Asamblea Nacional Constituyente:
«creo que hay un caso que vale la pena considerar, y es el caso de los
funcionarios que son de elección popular, porque evidentemente ahí se está
creando un problema bastante grave, si se entrega esa potestad de desvinculación
del cargo a funcionarios de elección popular. Yo entiendo que una persona comete
una falta de esa naturaleza de ser destituida, pero después de un proceso distinto,
necesariamente en virtud de esta capacidad sancionatoria, que si algo la
caracteriza es lo expedita que puede ser. Y no sé si valga la pena, y aquí recojo
también el proyecto de gobierno, se menciona expresamente que esta facultad
rige excepto para los casos en que se dé la elección popular, porque
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indiscutiblemente ese es un conflicto político complicado y puede convertirse en un
instrumento de persecución política19.
«No. Habría simplemente que añadir (…) que no se incluyan los funcionarios de
elección popular, para la desvinculación del cargo, exacto, exclusivamente para
eso, no para los efectos de la investigación y sanción. O darles un fuero, alguna
cosa así.
«… entonces evidentemente el Procurador se le impedirá desvincular del cargo a
otro tipo de funcionarios que no lo tengan bajo su órbita otro tipo de personal.
«No, la Procuraduría en general tiene esa potestad disciplinaria. Está ya aprobado.
En el numeral quinto [en la actual constitución numeral 6 del artículo 277],
supervigilar la conducta oficial de los servidores públicos, incluso los de elección
popular, y ejercer el poder disciplinario. Salvo lo dispuesto en otras normas
constitucionales, adelantar las investigaciones correspondientes e imponer las
respectivas sanciones conforme a la ley. Ahí está el poder disciplinario en general.
Esto tiene relación con la autoridad. En el momento de ser ejercida sobre los
subalternos. Es concretamente ese el caso (…) Es decir cuando no se ejerce la
potestad de vigilancia por el superior jerárquico20” (Subrayas fuera de texto).
Pese a las dudas planteadas en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente,
los artículos 277.6 y 278.1 de la Constitución, finalmente atribuyeron al procurador
general de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes, entre otras,
las funciones de (i) ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes
desempeñen funciones públicas, inclusive los de elección popular, (ii) ejercer
preferentemente el poder disciplinario, (iii) adelantar las investigaciones
correspondientes, e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley, (iv)
desvincular del cargo, previa audiencia y mediante decisión motivada, al
funcionario público que (a) infrinja de manera manifiesta la Constitución o la ley,
(b) derive evidente e indebido provecho patrimonial en el ejercicio de su cargo o
de sus funciones, (c) obstaculizar, en forma grave, las investigaciones que realice
la Procuraduría o una autoridad administrativa o jurisdiccional, y (d) obrar con
manifiesta negligencia en la investigación y sanción de las faltas disciplinarias de
los empleados de su dependencia, o en la denuncia de los hechos punibles de
que tenga conocimiento en razón del ejercicio de su cargo.
19 Fl. 75 Asamblea Nacional Constituyente, Antecedentes artículo 277-278 – Sesión Comisión
Cuarta de 24 de abril.
20 Fl. 76 – 77 Asamblea Nacional Constituyente, Antecedentes artículo 277-278 – Sesión Comisión
Cuarta de 24 de abril.
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7.2. La jurisprudencia contenciosa sobre la inconvencionalidad de la facultad
de la PGN para suspender, destituir e inhabilitar a servidores públicos de
elección popular
Con fundamento en lo previsto en los artículos 277.621 y 278.122 de la Constitución
Política de 1991, y con base en la doctrina constitucional sobre la materia, el
Consejo de Estado había reconocido validez constitucional a la potestad de la
PGN para imponer sanciones disciplinarias de suspensión y destitución a
servidores públicos de elección popular.
Sin embargo, esta Subsección ha considerado en recientes sentencias23, luego de
efectuar un ejercicio de control de convencionalidad, que la jurisprudencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, especialmente la emitida en los
casos López Mendoza contra Venezuela en 2011 y, Petro Urrego contra Colombia
en 2020, evidencia un nuevo contexto normativo, que en razón del postulado del
derecho viviente, obliga a las autoridades judiciales y administrativas a realizar
una interpretación del sistema jurídico interno conforme con la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, que permite concluir que: (i) de conformidad
con el art. 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos -especialmente la
contenida en los precedentes López Mendoza contra Venezuela y, Petro Urrego contra
Colombia-, los derechos políticos sólo pueden ser limitados por autoridades
jurisdiccionales -no necesariamente de naturaleza penal-, autónomas e
independientes, a través de procesos judiciales respetuosos del debido proceso,
(ii) en consecuencia, la facultad de la PGN para sancionar a los servidores
elegidos democráticamente es inconvencional, porque (a) ello limita el derecho
21 Según el cual, el procurador general de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y
agentes, tendrá entre otras, la función de ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de
quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente
el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las respectivas
sanciones conforme a la ley.
22 Según el cual, el procurador general de la Nación ejercerá directamente, entre otras, la función
de desvincular del cargo, previa audiencia y mediante decisión motivada, al funcionario público que
incurra en alguna de las siguientes faltas: infringir de manera manifiesta la Constitución o la ley;
derivar evidente e indebido provecho patrimonial en el ejercicio de su cargo o de sus funciones;
obstaculizar, en forma grave, las investigaciones que realice la Procuraduría o una autoridad
administrativa o jurisdiccional; obrar con manifiesta negligencia en la investigación y sanción de las
faltas disciplinarias de los empleados de su dependencia, o en la denuncia de los hechos punibles
de que tenga conocimiento en razón del ejercicio de su cargo.
23 La Sala se refiere a las sentencias del (1) 29 de junio de 2023 proferida en el expediente 2013-
00561-00 [1093-2013], (2) 27 de julio de 2023 expedida en el expediente 2017-351-01 [5471-2019],
(3) 3 de agosto de 2023 expedida en el expediente 2015-00321-02 [2849-2019], (3) 11 de agosto
de 2023 proferida en el expediente 2014-00564-01 [5828-2018], (4) 11 de agosto de 2023
expedida en el expediente 2014-00564-01 [5828-2018] y (5) 11 de agosto de 2023 proferida en el
expediente 2014-340-02 [0816-2015].
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político al sufragio pasivo, es decir, a ser elegido, y (b) la PGN es una autoridad de
naturaleza administrativa y no jurisdiccional.
Incluso así lo consideró la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, en
resolución del 25 de noviembre de 2021, al efectuar la «supervisión de cumplimiento
de [la] sentencia» del 8 de julio de 2020, proferida en el caso Petro Urrego contra
Colombia, concluyó que el Estado colombiano sigue incumpliendo la Convención
Americana porque la PGN aún conserva la facultad de limitar los derechos
políticos de los servidores públicos elegidos democráticamente, vía suspensión o
destitución.
En este punto es importante señalar, que frente a la orden de la CIDH al Estado
Colombiano de efectuar los ajustes al ordenamiento interno a través de medidas
legislativas para armonizarlo con las normas convencionales, la PGN presentó el
proyecto que dio origen a la Ley 2094 de 2021 «por medio de la cual se reforma la
Ley 1952 de 2019 y se dictan otras disposiciones», legislación en la que se le
pretendieron asignar funciones jurisdiccionales al ente de control disciplinario.
Sin embargo, mediante sentencia C-030 de 2023 la Corte Constitucional declaró
la inexequibilidad de las disposiciones que atribuían tareas jurisdiccionales al
órgano de control, en el entendido de que la determinación de las sanciones de
destitución, suspensión e inhabilidad a servidores públicos de elección popular,
corresponderá al juez contencioso administrativo, en virtud del trámite del recurso
extraordinario de revisión cuando se impongan sanciones de destitución,
suspensión e inhabilidad, conforme lo establece el artículo 54 de la referida Ley
2094 de 2021.
7.4. El caso concreto
El presente control de nulidad y restablecimiento del derecho está dirigido contra
los actos administrativos disciplinarios de primera y segunda instancia, del 2 de
febrero y 12 de octubre de 2018, proferidos por la Procuraduría Regional de
Casanare y la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública,
respectivamente, por medio de los cuales fueron sancionados con suspensión de
3 meses en el ejercicio del cargo de diputados de la Asamblea Departamental de
Casanare 2004-2007, convertida en multa para cada uno de $16.871.400.
Sobre el particular la Sala considera importante anotar que para efectos del control
de convencionalidad que se realiza la sanción disciplinaria de suspensión de 3
meses que fue impuesta a los demandantes, al ser finalmente convertida en una
multa de $16.871.400, con ella la PGN no contrarió el orden convencional en la
medida en que el régimen disciplinario contenido en la Ley 734 de 2002 no le
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Demandantes: Domingo Conde Rueda y Otros
Radicado: 85001-23-33-000-2019-00059-01 (2608-2021)
atribuye a las multas el alcance de limitar el derecho político pasivo de ser elegido
para ocupar una investidura o dignidad pública. Por consiguiente, la Subsección
continuará el estudio y resolución del problema jurídico propuesto.
8. Estudio y resolución del problema jurídico planteado
8.1. Normativa aplicable para la modificación de los presupuestos
departamentales
La Constitución Política establece en el numeral 5 del artículo 300 que el órgano
competente para fijar el presupuesto en los departamentos es la Asamblea
Departamental, por lo que a dicha Corporación le corresponde «expedir las normas
orgánicas del presupuesto departamental y el presupuesto anual de rentas y gastos».
También dispone su artículo 345 ibidem que «en tiempo de paz no se podrá percibir
contribución o impuesto que no figure en el presupuesto de rentas, ni hacer erogación con
cargo al tesoro que no se halle incluida en el de gastos. Tampoco podrá hacerse ningún
gasto público que no haya sido decretado por el Congreso, por las Asambleas
departamentales, o por los concejos distritales o municipales, ni transferir crédito alguno a
objeto no previsto en el respectivo presupuesto».
Por su parte, el artículo 352 superior versa que «además de lo señalado en esta
Constitución, la Ley Orgánica del Presupuesto regulará lo correspondiente a la
programación, aprobación, modificación, ejecución de los presupuestos de la Nación, de
las entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel administrativo,
y su coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo, así como también la capacidad de
los organismos y entidades estatales para contratar».
Aunado a lo anterior, el EOP -Decreto 111 de 1996-, al regular el régimen de
modificaciones al Presupuesto General de la Nación en sus artículos 76 a 88,
precisa que las adiciones o traslados presupuestarios que modifiquen los montos
aprobados por el Congreso deben ser efectuados mediante una ley, pese a lo
anterior, se advierte que el gobierno puede hacerlos cuando se hayan decretado
estados de excepción.
En efecto, los artículos 80, 81, 83 y 88 del EOP precisan lo siguiente:
«Art. 80. El Gobierno Nacional presentará al Congreso Nacional, proyectos de ley
sobre traslados y créditos adicionales al presupuesto, cuando sea indispensable
aumentar la cuantía de las apropiaciones autorizadas inicialmente o no
comprendidas en el presupuesto por concepto de gastos de funcionamiento,
servicio de la deuda pública e inversión.
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Demandantes: Domingo Conde Rueda y Otros
Radicado: 85001-23-33-000-2019-00059-01 (2608-2021)
Art. 81. Ni el Congreso ni el Gobierno podrán abrir créditos adicionales al
presupuesto sin que en la ley o decreto respectivo se establezca de manera clara
y precisa el recurso que ha de servir de base para su apertura y con el cual se
incrementa el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital, a menos que se trate
de créditos abiertos mediante contra créditos a la ley de apropiaciones.
(…) Art. 83. Los créditos adicionales y traslados al presupuesto general de la
Nación destinados a atender gastos ocasionados por los estados de excepción,
serán efectuados por el gobierno en los términos que éste señale. La fuente de
gasto público será el decreto que declare el estado de excepción respectivo.
(…) Art. 88. Los créditos adicionales al presupuesto de gastos no podrán ser
abiertos por el Congreso sino a solicitud del gobierno, por conducto del Ministro de
Hacienda y Crédito Público.».
En torno a la modificación del presupuesto la Corte Constitucional en sentencia C-
357 de 199424 sostuvo que es una facultad que atañe únicamente al Congreso, y
que es inconstitucional que la ley de presupuesto otorgue al gobierno una
prerrogativa que la Constitución no le confirió. En esa misma oportunidad, la Corte
concluyó que «…si el Gobierno pretende aumentar las apropiaciones presupuestales
con el fin previsto en el artículo 71, deberá acudir al Congreso, para que se modifique el
Presupuesto, mediante la apertura de los créditos adicionales que sean necesarios…».
Posteriormente, la Corte Constitucional en sentencia C-772 de 1998, expuso que
el presupuesto en el Estado Social de Derecho es una expresión de la separación
de poderes y un mecanismo de racionalización de la actividad estatal, que como
tal le corresponde expedir al Congreso en cuanto órgano de representación
popular, también reiteró que la modificación del presupuesto le corresponde al
legislador ordinario en tiempos de paz, y al extraordinario cuando se declaren
estados de excepción, en los siguientes términos, «(…) La Ley Orgánica de
Presupuesto, actualmente compilada en el Decreto 111 de 1996, prevé en sus artículos
83 y 84 la posibilidad de que el Gobierno Nacional introduzca directamente modificaciones
al presupuesto general de la Nación, a través de créditos adicionales y traslados, pero
única y exclusivamente para atender gastos ocasionados por la declaratoria de estados
de excepción.
(…) Es decir, que en desarrollo del mandato del artículo 352 superior, el legislador, en la
correspondiente ley orgánica de presupuesto, introdujo una excepción al principio rector
que señala que la modificación del mismo es competencia del Congreso, tal excepción
encuentra fundamento constitucional precisamente en la norma superior citada, pues en
ella el Constituyente le atribuyó de manera expresa al legislador la facultad, para, a través
24
Al revisar la constitucionalidad de algunos artículos de la Ley 88 de 1993, por medio de la cual se decretó el presupuesto
de rentas y gastos de la Nación para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 1994, y con fundamento en las
normas vigentes para ese momento,
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Demandantes: Domingo Conde Rueda y Otros
Radicado: 85001-23-33-000-2019-00059-01 (2608-2021)
de una ley orgánica, regular entre otros aspectos, el relativo a la modificación del
presupuesto.
El citado artículo 83 del Estatuto Orgánico de Presupuesto, establece que en esos casos
la fuente del gasto público será el decreto que declare el estado de excepción, es decir el
correspondiente decreto legislativo (…).
Queda claro entonces, que el Presupuesto General de la Nación solamente puede ser
modificado por el legislador, salvo en los casos de declaratoria de estados de excepción,
(arts. 213, 215 C.P.), en los cuales está habilitado para hacerlo el gobierno nacional, tal
como lo establece el Estatuto Orgánico de Presupuesto, lo que equivale a señalar que en
tiempos de normalidad el presupuesto sólo puede ser modificado por el Congreso,
mientras que en los casos de perturbación del orden económico y social, el ejecutivo,
previa la declaratoria del estado de excepción (…)».
Ahora bien, el Consejo de Estado en concepto emitido por la Sala de Consulta y
Servicio Civil el 5 de junio de 200825, refirió:
«Por disposición constitucional, la programación, aprobación, modificación y
ejecución de los presupuestos de los municipios, como entidades territoriales que
son, se regulan por la misma Constitución, la ley Orgánica del Presupuesto y las
normas orgánicas que compete dictar a los concejos en ejercicio de la atribución
conferida por el artículo 313, numeral 5º, superior, aplicando en lo pertinente “los
principios y las disposiciones” establecidos en el Título XII de la Carta. El Estatuto
Orgánico del Presupuesto, compilado en el decreto nacional 111 de 1996,
determina las reglas para las “modificaciones al presupuesto”, como parte de la
ejecución del mismo, en los artículos 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83 y 84, conforme a
los cuales pueden darse las siguientes situaciones:
1. La reducción o el aplazamiento de las apropiaciones presupuestales, total o
parcialmente, porque los recaudos del año pueden ser inferiores a los
compromisos; o no se aprobaron nuevos recursos; o los nuevos recursos
aprobados resultan insuficientes; o no se perfeccionan los recursos de crédito
autorizados; o por razones de coherencia macroeconómica. El Gobierno Nacional,
por decreto y previo concepto del Consejo de Ministros, señala las apropiaciones
que deben reducirse o aplazarse. La competencia se radica en el Gobierno
Nacional pues la jurisprudencia ha interpretado que las reducciones o
aplazamientos no modifican el presupuesto, en sentido estricto; pero sí deben
tomarse en forma razonable y proporcionada y a través de un acto administrativo
sujeto a control judicial.
2. Las adiciones al presupuesto o créditos adicionales, para aumentar el monto de
las apropiaciones o complementar las insuficientes, o ampliar los servicios
25
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, M.P. William Zambrano Cetina, Radicación número: 11001-03-06-
000-2008-00022-00 (1889) Actor: Ministerio del Interior y de Justicia.
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Demandantes: Domingo Conde Rueda y Otros
Radicado: 85001-23-33-000-2019-00059-01 (2608-2021)
existentes, o establecer nuevos servicios autorizados por la ley. La jurisprudencia
distingue los créditos suplementales, que corresponden al aumento de una
determinada apropiación, y los créditos extraordinarios, cuando se crea una
partida. En ambos casos la competencia es del Congreso a iniciativa del Gobierno
Nacional, porque se están variando las partidas que el mismo Congreso aprobó. El
Gobierno Nacional asume esta competencia cuando las adiciones sean única y
exclusivamente para atender gastos ocasionados por la declaratoria de estados de
excepción.
3. Los movimientos presupuestales consistentes en aumentar una partida (crédito)
disminuyendo otra (contracrédito), sin alterar el monto total de los presupuestos de
funcionamiento, inversión o servicio de la deuda, en cada sección presupuestal, o
sea, que sólo afectan el anexo del decreto de liquidación del presupuesto, se
denominan “traslados presupuestales internos”. Competen al jefe del órgano
respectivo, mediante resolución que debe ser refrendada por la Dirección General
del Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para su validez, y
concepto previo favorable del Departamento de Planeación Nacional si se trata del
presupuesto de inversión.
Por su parte, en relación con el artículo 110 del mismo Decreto Ley 111 de 1996,
con base en el cual se pregunta si el alcalde podría realizar traslados
presupuestales sin autorización del concejo (pregunta 4), la Sala observa que
dicho artículo no modifica ni crea excepciones respecto de las reglas antes
mencionadas, en ese sentido, la capacidad para contratar que se regula en esa
disposición legal, no se extiende a la posibilidad de modificar el presupuesto por
fuera de lo previsto en las normas presupuestales aplicables en cada caso
particular. Valga aclarar que en el nivel territorial no existe posibilidad normativa
alguna para asimilar los estados de excepción, a situaciones locales, de manera
que tampoco el alcalde municipal podrá asumir competencia para modificar el
presupuesto».
Resulta pertinente indicar que las anteriores disposiciones y citas jurisprudenciales
son aplicables, tanto a nivel nacional, como territorial, puesto que, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 352 superior, las autoridades nacionales y
territoriales, así como las descentralizadas de cualquier nivel administrativo, están
sometidas a la ley orgánica de presupuesto para efectos de programar,
aprobar, modificar, y ejecutar el presupuesto.
Ahora, en cuanto a la distribución de competencias entre gobernadores y
asambleas, y entre alcaldes y concejos, para la modificación del presupuesto, la
jurisprudencia constitucional ha precisado que esa atribución de las asambleas y
los concejos en tiempos de normalidad institucional es privativa e indelegable,
como se indica a continuación en la jurisprudencia constitucional:
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Demandantes: Domingo Conde Rueda y Otros
Radicado: 85001-23-33-000-2019-00059-01 (2608-2021)
«El EOP (Decreto 111 de 1996) diseña un mecanismo rígido para tales
modificaciones, así:
(…)
De manera que siempre el órgano colegiado ha de intervenir cuando corresponda
aumentar la cuantía de las apropiaciones iniciales o incluir nuevas tanto para
funcionamiento como para inversión y servicio de la deuda, esto es, virtualmente
para todo lo que pudiera ser objeto de traslados entre partidas del presupuesto o
de adiciones a las mismas. Será el respectivo ejecutivo (Gobierno, gobernadores y
alcaldes) el que pueda disminuirlas y, eventualmente, en virtud de contracréditos
hacer otros movimientos.
La comprensión que ha fijado la Corte Constitucional para esas restricciones
puede verse, entre otras, en la siguiente sentencia:
Consecuencia inmediata del principio de legalidad del gasto público es la
disposición contenida en el segundo inciso del artículo 345 de la Constitución26,
que indica que los traslados presupuestales deben ser ordenados por el legislador,
sin que sea posible que éste resigne dicha facultad en el Ejecutivo. Sobre el
particular la Corte ha insistido en la necesidad de que dichos traslados sean
aprobados directamente por el legislador. En este sentido ha expresado lo
siguiente:
“Tal y como ya lo ha señalado esta Corporación, el principio de legalidad
del gasto constituye un importante fundamento de las democracias
constitucionales. Según tal principio, es el Congreso y no el Gobierno quien
debe autorizar cómo se deben invertir los dineros del erario público, lo cual
explica la llamada fuerza jurídica restrictiva del presupuesto en materia de
gastos, según el cual, las apropiaciones efectuadas por el Congreso por
medio de esta ley son autorizaciones legislativas limitativas de la posibilidad
de gasto gubernamental27. Con base en tales principios, esta Corporación
ha concluido que no puede ordinariamente el Gobierno modificar el
presupuesto, pues tal atribución corresponde al Congreso, como legislador
ordinario, o al Ejecutivo, cuando actúa como legislador extraordinario
durante los estados de excepción28, por lo cual son inconstitucionales los
créditos adicionales o los traslados presupuestales administrativos. Es
cierto pues, como lo señala uno de los intervinientes, que no puede la ley
orgánica atribuir al Gobierno la facultad de modificar el presupuesto.”29
Así pues son inconstitucionales los traslados presupuestales administrativos, por lo
cual no se ajusta a la Constitución el que el Congreso le ordene al Gobierno llevar
a cabo tal operación. A propósito, no sobra recordar como en oportunidades
anteriores la Corte encontró fundadas objeciones presidenciales que acusaban
proyectos de ley por vulneración de los artículos 345 y 346 de la Constitución, al
26
El texto del segundo inciso del artículo 345 de la Constitución Política es el siguiente:
“Tampoco podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido decretado por el Congreso, por las asambleas
departamentales, o por los concejos distritales o municipales, ni transferir crédito alguno a objeto no previsto en el
respectivo presupuesto.”
27
Ver sentencia C-695/96. MP Alejandro Martínez Caballero. Fundamento Jurídico No 9 y ss.
28
Ver, entre otras, la sentencia C-357/94 y C-695/96.
29
Sentencia C- 192 de 1997, M.P Alejandro Martínez Caballero. Al respecto pueden consultarse también las sentencias C-
685 de 1996 y C- 357 de 1994.
16
Demandantes: Domingo Conde Rueda y Otros
Radicado: 85001-23-33-000-2019-00059-01 (2608-2021)
ordenar al Gobierno hacer traslados presupuestales a fin de asignar recursos para
el financiamiento de proyectos señalados por el Congreso30».
De conformidad con lo anterior, se tiene que el Congreso no puede desprenderse
de la potestad de votar las modificaciones al presupuesto, sea mediante orden al
gobierno o mediante autorizaciones para que lo haga en su lugar, en ese sentido,
tampoco pueden hacerlo las asambleas departamentales a favor de los
gobernadores, ni los concejos municipales para los alcaldes.
En sentencia C-357 de 1994, la Corte Constitucional señaló al respecto que para
modificar el presupuesto el ejecutivo siempre debe contar con la voluntad
concurrente de la corporación de elección popular.
También ha expresado la Corte Constitucional en la sentencia C-050 de 1997, «el
que las facultades extraordinarias deban ser "precisas", significa que, además de
necesarias e indispensables para el logro de determinado fin, han de ser también
puntuales, ciertas, exactas. Ello es explicable, pues son la excepción a la regla general
que enseña que de ordinario la elaboración de las leyes "corresponde al Congreso". Así,
pues, en tratándose de la competencia para el ejercicio de facultades extraordinarias, no
cabe duda de que el Presidente de la República debe discurrir bajo estrictos criterios
restrictivos.»31 Ya en la sentencia C-074 de 1993, que por axioma antinómico, lo
que semánticamente se contrapone a lo preciso, es lo impreciso, lo vago, lo
ambiguo, lo ilimitado, pero no lo amplio cuando es claro, ni lo genérico cuando es
limitado y nítido. Tampoco es admisible identificar como extensivo de lo preciso lo
restringido o lo expreso, porque lo que exige la Constitución en materia de
facultades extraordinarias es su claridad, su inequivocidad, su delimitada y concisa
expresión normativa, pero no su total expresividad32.
Siguiendo con este derrotero la doctrina ha expresado que «las modificaciones al
presupuesto están sometidas al principio según el cual las cosas se deshacen como se
hacen. Ello quiere decir que la composición del gasto aprobado por el Congreso, las
Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales solo pueden ser aumentadas o
modificadas por dichos cuerpos colegiados. (…) El presupuesto de gastos debe ser
aprobado por el respectivo Cuerpo Colegiado a nivel de Secciones distinguiendo entre
Gastos de funcionamiento, Servicio de la Deuda Pública y Programas y subprogramas de
inversión.»33
8.2. Resolución de los cargos de apelación referidos al problema jurídico
30
Corte Constitucional, sentencia C-1249 de 2001, Marco Gerardo Monroy Cabra. Invoca, entre otros precedentes, el fallo
C-581 de 1997.
31
Sentencia C-050 de 1997, M.P. Jorge Arango Mejía
32
Sentencia C-74 de 1993, M.P. Ciro Angarita Barón
33
Mejía Cardona, Mario. El Laberinto Fiscal. Escuela Superior de Administración Pública. Bogotá, 2002
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Demandantes: Domingo Conde Rueda y Otros
Radicado: 85001-23-33-000-2019-00059-01 (2608-2021)
La parte recurrente afirmó que el Tribunal A quo no tuvo en cuenta la presunta
vulneración del debido proceso por parte de la autoridad disciplinaria, por cuanto
el cargo único endilgado a los sancionados es atípico, en razón a que el artículo
55 de la Ordenanza 12 de 2011, faculta «al gobernador del departamento de
Casanare por el termino de seis (6) meses para ejecutar los traslados, adiciones y
creación de asignaciones presupuestales, con el objeto de dar cumplimiento al
Programa de Gobierno y a la presente ordenanza y celebrar y ejecutar toda clase
de contratos y convenios relacionados con el mismo objeto” (subrayado por la
defensa), y en ese sentido, la autorización esta ceñida a ejecutar los traslados y
demás modificaciones presupuestales, lo cual no conlleva a ampliar la norma
hasta modificar el presupuesto.
Así mismo, expuso que no es cierto que el efecto útil del artículo 55 de la
Ordenanza 12 de 2011 permite determinar que se violentaron las normas que
gobiernan los presupuestos estatales, pues si ello fuese así, no existiría dentro de
la referida ordenanza un capítulo especial para regular, lo atinente a «las
modificaciones presupuestales», en ese sentido, lo que ocurrió fue un exceso de
ritualidad manifiesto o una norma fútil vista desde el aspecto disciplinario, es decir,
la ordenanza en su contexto contiene las regulaciones sobre modificaciones
presupuestales -artículos 41 y s.s.-, generando un exceso de regulación con el
artículo referido.
Para analizar los argumentos expuestos la Sala considera pertinente referenciar
los hechos probados en el expediente, de la siguiente manera:
• Dentro del trámite para la aprobación de la Ordenanza 012 de 2011, por la cual
se expide el presupuesto general de rentas y recursos de capital y de
apropiaciones del departamento de Casanare para la vigencia fiscal del 1 de
enero al 31 diciembre de 201234, se presentó el proyecto de Ordenanza que
previó autorizaciones al gobernador del siguiente tenor:
«Artículo 55. Autorícese al Gobernador del Departamento, para la
celebración de actos administrativos necesarios para la correcta ejecución
del presupuesto del Departamento.»
• Los demandantes hicieron parte de la comisión que estudió el proyecto de
Ordenanza 012 de 201135, y el texto que pasó para segundo debate, en lo que
atañe al artículo 55, fue el siguiente:
34
carpeta CD FOLIO 110, subcarpeta Expediente 2018-80707. Página 10.
35
páginas 9, 37 y 40, carpeta Anexo 02, carpeta CD FOLIO 110.
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Demandantes: Domingo Conde Rueda y Otros
Radicado: 85001-23-33-000-2019-00059-01 (2608-2021)
«Artículo 55. Facúltese al gobernador del departamento de Casanare por el
término de seis (6) meses para ejecutar los traslados, adiciones y creación
de asignaciones presupuestales, con el objeto de dar cumplimiento al
Programa de Gobierno y la presente ordenanza, celebrar y ejecutar toda
clase de contratos y convenios relacionados con el mismo objeto.»
• En el informe de comisión para segundo debate, se precisó que el 22 de
diciembre de 2011 el gobernador encargado remitió a la Asamblea una
adenda, en la cual se efectúan unas correcciones al proyecto de ordenanza
012 de 2011, consistentes en incluir en la sección presupuestal de la
Secretaría de Hacienda algunos valores que no concordaban con lo indicado
en el Plan Operativo Anual de Inversiones, POAI, en el informe no se precisó si
la modificación del texto de los aludidos artículos correspondió a iniciativa de la
comisión, o hizo parte de las correcciones que hizo el gobernador y tampoco
se alude al estudio de las facultades otorgadas en el artículo 5536.
• De acuerdo con el citado informe de comisión «se realizó una revisión
minuciosa a las disposiciones generales del presupuesto contempladas en el
proyecto de ordenanza 11 de 2011. A través de estas disposiciones generales
se conceden las herramientas presupuestales necesarias para que el Gobierno
Departamental pueda ejecutar el presupuesto de la vigencia 2012, entre las
cuales se encuentran las facultades para contratar»37, sin hacer mención
alguna a las facultades incorporadas por la comisión de Presupuesto y
Hacienda Pública de la Asamblea Departamental en el texto propuesto para
segundo debate.
• El texto propuesto del artículo 55 por la comisión de Presupuesto y Hacienda
Pública para tercer debate fue el siguiente:
«Artículo 55. Facúltese al Gobernador del Departamento de Casanare por
el término de seis (6) meses para ejecutar los traslados, adiciones y
creación de asignaciones presupuestales, con el objeto de dar cumplimiento
al Programa de Gobierno y a la presente ordenanza y celebrar y ejecutar
toda clase de contratos y convenios relacionados con el mismo objeto.»
• Revisado el proyecto de ordenanza 012 de 2011 que fue adicionado por el
gobernador se advierte que conservó el texto inicial del artículo 5538.
36
página 31, carpeta Anexo 02, carpeta CD FOLIO 110.
37
Numeral 2, literal i, informe de comisión para segundo debate.
38
página 82, carpeta Anexo 02, carpeta CD FOLIO 110.
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Demandantes: Domingo Conde Rueda y Otros
Radicado: 85001-23-33-000-2019-00059-01 (2608-2021)
• Según la planilla de voto nominal, los demandantes hicieron parte de los
diputados que votaron afirmativamente en segundo debate el proyecto de
ordenanza 012 de 2011.
• La autoridad disciplinante comparó la forma en que se aprobó el citado artículo
55, con lo que había propuesto el gobernador, tanto en la versión inicial como
en la adenda posterior, así:
«En el proyecto de Ordenanza núm. 012 de 2011, radicado el 10 de octubre de
2011, se estableció en el artículo 55, expresamente lo siguiente:
Artículo 55. Autorícese al Gobernador del Departamento de Casanare la
celebración de actos administrativos para la correcta ejecución del
presupuesto del departamento.
El gobernador encargado mediante escrito radicado en la Asamblea
Departamental de Casanare el 22 de noviembre de 2011, presentó una adenda
correctiva al proyecto de ordenanza núm. 012 de 2011, el cual establecía lo
siguiente:
Artículo 55. Facúltese al Gobernador del Departamento de Casanare por el
término de seis (6) meses para ejecutar los traslados, adiciones y creación
de asignaciones presupuestales, con el objeto de dar cumplimiento al
Programa de Gobierno y a la presente ordenanza y celebrar y ejecutar toda
clase de contratos y convenios relacionados con el mismo objeto.»
• Se tiene que, el tenor literal del artículo 55 de la Ordenanza en cita que fue
aprobado por los demandantes es el siguiente:
«Artículo 55. Facúltese al Gobernador del Departamento de Casanare por
el término de seis (6) meses para ejecutar los traslados, adiciones y creación
de asignaciones presupuestales, con el objeto de dar cumplimiento al
Programa de Gobierno y a la presente ordenanza y celebrar y ejecutar toda
clase de contratos y convenios relacionados con el mismo objeto.»
De conformidad con lo anterior, la Sala concuerda con el análisis que realizó el
Tribunal A quo, en cuanto a que la secuencia de los textos proyectados y del que
se aprobó finalmente, permite establecer que: (i) el gobernador pidió facultades
para celebrar (expedir) los actos administrativos necesarios para la ejecución del
presupuesto, (ii) los actores y otros diputados ampliaron esas atribuciones,
precedidas del verbo rector ejecutar, los traslados, adiciones y creación de
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Demandantes: Domingo Conde Rueda y Otros
Radicado: 85001-23-33-000-2019-00059-01 (2608-2021)
asignaciones presupuestales, (iii) la comisión no explicó en su informe a plenaria
las razones ni los alcances de esa nueva redacción, no propuesta por el
gobernador, ni autorizada por el gobierno departamental.
Así las cosas, la Sala acoge la conclusión a la que arribo el A quo, en cuanto a
que los demandantes desbordaron el marco de la iniciativa originaria presentada
por el mandatario departamental al otorgarle más de lo que pidió, en ese sentido,
despojaron transitoriamente a la Asamblea Departamental de las potestades
constitucionales que le son privativas e intransferibles para votar o modificar el
presupuesto anual, pues se facultó al burgomaestre departamental «para ejecutar
los traslados, adiciones y creación de asignaciones presupuestales, con el objeto de dar
cumplimiento al Programa de Gobierno y la presente ordenanza, celebrar y ejecutar toda
clase de contratos y convenios relacionados con el mismo objeto», evidenciándose que
estas atribuciones no fueron concretas, delimitadas, específicas, y si bien estas
fueron pro tempore, no se determinaron, pues se concedieron con carácter
general, lo que vulnera los artículos 345, 346, 352 y 353 de la Carta, y a los
artículos 76, 77, 79 y 80 al 84 del D.L. 111 de 1996 -Estatuto Orgánico de
Presupuesto-.
De conformidad con lo anterior, la Sala concluye que el argumento del
demandante referido a la presunta atipicidad de la conducta endilgada no tiene
asidero, además, se evidencia que la autoridad disciplinaria imputó cargos claros,
tanto en sus presupuestos fácticos como en la tipificación de los deberes y
prohibiciones vulnerados, y se logró comprobar que la conducta imputada existió,
y fueron los demandantes, entre otros, quienes la realizaron.
Aunado a lo anterior, la Sala concuerda con lo señalado por el Tribunal A quo, en
el sentido de que carecería de efecto útil otorgar facultades por ordenanza para
hacer lo que ya la Constitución y la ley le ordena cumplir a los gobernadores
departamentales, ya que limitarse a ejecutar la ordenanza del presupuesto en
todos sus mandatos programáticos es una atribución natural permanente y propia
del mandatario, en ese sentido, el artículo 55 de la Ordenanza en cita se orientó a
conferir más de lo que el gobernador había solicitado, esto es concederle que
durante los primeros seis (6) meses de la vigencia fiscal de 2012, dispusiera a
discreción, sin intervención previa de la asamblea, lo que estimara necesario para
dar cumplimiento al programa de gobierno, en cuanto a traslados, adiciones y
creación de asignaciones presupuestales, es decir, que la Corporación
Departamental declinó sus propias competencias, desconoció el régimen orgánico
de presupuesto, desacatando la iniciativa restrictiva que dispuso el inciso 3 del
numeral 12 del artículo 300 de la Constitución Política.
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Demandantes: Domingo Conde Rueda y Otros
Radicado: 85001-23-33-000-2019-00059-01 (2608-2021)
Sin más consideraciones y a partir de una sana hermenéutica jurídica, la Sala
arriba a la convicción de que los actos administrativos cuestionados conservan su
validez y eficacia al no haber sido desvirtuada la presunción de legalidad que los
ampara, por tanto, se confirmará la sentencia apelada en cuanto negó las súplicas
de la demanda.
9. Costas
Por último, en cuanto a la condena en costas la Sala precisa que la norma que
prevé su condena en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo es el artículo
188 del CPACA que dispuso: «Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil. En todo caso, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda
con manifiesta carencia de fundamento legal».
Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución. Por ello, a diferencia
de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez de lo contencioso-
administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva respecto de la conducta
procesal asumida por las partes, previa imposición de la medida, que limitan el
arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable de la
norma. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.
En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal de única instancia, la Sala se abstendrá de
condenar en costas a la parte demandada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero: Confirmar la sentencia del 11 de febrero de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo de Casanare, en cuanto negó las pretensiones de la
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Demandantes: Domingo Conde Rueda y Otros
Radicado: 85001-23-33-000-2019-00059-01 (2608-2021)
demanda en el proceso instaurado por Domingo Conde Rueda y otros, en contra
de la Procuraduría General de la Nación, por las razones expuestas en la parte
motiva.
Segundo: Sin condena en costas en esta instancia.
Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
Cúmplase.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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