Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 85001-23-33-000-2019-00079-01
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 85001-23-33-000-2019-00079-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 85001-23-33-000-2019-00079-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
3 de febrero de 2023
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Radicado: 85001 23 33 000 2019 00079 01
Demandante: Danitxa Lisseth Romero Cruz
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D. C., tres (3) de febrero de dos mil veintitrés (2023)
Radicación núm.: 85001 23 33 000 2019 00079 01
Actor: Danitxa Lisseth Romero Cruz
Demandado: Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, Empresa
Departamental de Servicios Públicos de Casanare – Acuatodos S.A. E.S.P. y
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Tesis: Son suficientes los plazos de tres (3) y seis (6) meses concedidos por el
Tribunal, para que el Municipio de Yopal realice el diagnóstico de infraestructura y
saneamiento básico en zonas rurales y se adelanten las acciones necesarias para
definir si se construye un pozo profundo, se adecúa el existente o se determina otra
forma de suministrar agua potable a los habitantes de la vereda Buena Vista, si el
cumplimiento de las anotadas órdenes depende de la respuesta frente al
financiamiento de la obra por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y del
Departamento de Casanare.
Es suficiente y adecuado el plazo de seis (6) meses concedido por el Tribunal, para
que el Municipio de Yopal determine si se construye un pozo profundo, se repara el
existente o se determina otra forma de suministrar agua potable a los habitantes de la
vereda Buena Vista, si ello involucra la aplicación de la del Reglamento Técnico para
el Sector de Agua Potable adoptado en 20171 y por ende la contratación de estudios
especializados y la adquisición de los equipos e insumos que deben emplearse para
el análisis de alternativas.
SENTENCIA – SEGUNDA INSTANCIA
1
Resolución 330 de 2017, “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable
y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de
2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”.
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Radicado: 85001 23 33 000 2019 00079 01
Demandante: Danitxa Lisseth Romero Cruz
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el Municipio de Yopal,
Casanare, contra la sentencia del 4 de noviembre de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo de Casanare.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. La señora Danitxa Lisseth Romero Cruz presentó acción popular contra el
Municipio de Yopal, el Departamento de Casanare, la Empresa Departamental de
Servicios Públicos de Casanare – Acuatodos S.A. E.S.P. y el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, con la finalidad de obtener la protección de los derechos e intereses
colectivos a la moralidad administrativa, a la seguridad y salubridad públicas, al acceso
a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública y al acceso a los
servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna2.
1.2. Formuló las siguientes pretensiones3:
“1. Declarar que el MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE,
ACUATODOS SA ESP y el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
vulneraron los derechos colectivos a b) La moralidad administrativa; g) La
seguridad y salubridad públicas; h) El acceso a una infraestructura de servicios
que garantice la salubridad pública y j) El acceso a los servicios públicos y a que
su prestación sea eficiente y oportuna; de los habitantes de la vereda Buena Vista
Alta del municipio de Yopal por no garantizar la prestación del servicio público de
acueducto.
2. Como consecuencia de lo anterior, ordenar al MUNICIPIO DE YOPAL,
DEPARTAMENTO DE CASANARE, ACUATODOS SA ESP y el MINISTERIO DE
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO iniciar inmediatamente los procesos
contractuales (recursos propios – OCAD departamental o municipal)
correspondientes con el fin de poner en funcionamiento el acueducto veredal de
Buena Vista Alta, esto incluye, el mantenimiento y puesta en marcha del pozo
profundo existente o la construcción de uno nuevo con los permisos ambientales y
necesarios que corresponda.
3. Como consecuencia de lo anterior, ordenar al MUNICIPIO DE YOPAL,
DEPARTAMENTO DE CASANARE, ACUATODOS SA ESP y el MINISTERIO DE
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO mientras se surte el mantenimiento del pozo
existente y se pone en funcionamiento o se construye uno nuevo y se entrega
funcionando, ordenar el abastecimiento del servicio de acueducto a través de
2
Documento “ED_002DEMANDA(.pdf) NroActua 2”, visible en el índice 2 del proceso en el sistema
Samai:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=85001233300020
1900079011100103
3
Página 4 del escrito de la demanda.
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carrotanques de manera diaria con destino a las 40 familias de la vereda Buena
Vista Alta.
4. Conminar al MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE,
ACUATODOS SA ESP y el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
que en lo sucesivo garantice el mantenimiento semestral del acueducto veredal de
la vereda Buena Vista Alta del municipio de Yopal”.
1.3. Como sustento de las pretensiones adujo lo siguiente:
Sostuvo que en la vereda Buena Vista, ubicada en la zona rural del Municipio de Yopal,
hasta el año 2016 el servicio de acueducto se obtenía del aprovechamiento de agua
subterránea que se extraía de un pozo profundo. Sin embargo, desde esa época, como
consecuencia de la falta de mantenimiento, el pozo dejó de ser útil para la obtención
del agua.
Indicó que la Junta de Acción Comunal de la vereda Buena Vista envió las siguientes
comunicaciones al Municipio de Yopal, en relación con la problemática presentada en
el referido acueducto: (i) el 21 de septiembre de 2016, le solicitó llevar a cabo el
mantenimiento y la legalización de la concesión ante la Corporación Autónoma
Regional de la Orinoquía (en adelante Corporinoquia), al tiempo que le manifestó que
la Secretaria de Salud Municipal había realizado visitas en las que informó que era
necesario realizar de manera urgente el mantenimiento a la planta de tratamiento de
agua y reemplazar los filtros o de lo contrario sería necesario realizar su cierre y
clausura; (ii) el 8 de marzo de 2017, le pidió el suministro de agua potable mediante
carrotanques y le informó sobre el daño o avería de la bomba utilizada en el pozo; (iii)
el 18 de abril de 2017, le puso en conocimiento el daño que sufrió la bomba sumergible
del acueducto en el mes de febrero de ese año, lo que generó que no se suministrara
el agua a cuarenta (40) familias que residen allí; (iv) el 17 de agosto de 2017, le reiteró
la solicitud de arreglo y mantenimiento del acueducto y enfatizó que la falta de
prestación del servicio generaba problemas sanitarios y de salubridad; (v) el 13 de abril
y el 31 de octubre de 2018, le requirió nuevamente llevar a cabo el mantenimiento del
acueducto, y (vi) el 6 de diciembre de 2018, le pidió la revisión del pozo profundo,
teniendo en cuenta que la empresa Ferreaguas & Asociados S.A.S., subcontratista de
Acuatodos S.A. E.S.P., diagnosticó que este se encontraba seco4.
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Documentos que se anexaron a la demanda.
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Asimismo, expresó que, a través de comunicación del 8 de febrero de 2019, la Junta
de Acción Comunal de la vereda solicitó al Municipio de Yopal, al Departamento de
Casanare, al Ejército Nacional, a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de
Yopal E.I.C.E. E.S.P., a la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. y a la
Empresa Industrial y Comercial del Estado CEIBA E.I.C.E., la atención de las
necesidades de la comunidad, en especial, las relacionadas con el servicio de
acueducto.
Alegó que, por comunicación del 22 de marzo de 2019, Acuatodos S.A. E.S.P. entregó
al Municipio de Yopal el informe de resultados del estudio de prospección eléctrica del
acueducto de la vereda de Buena Vista, en el que se recomendó realizar un nuevo
estudio geoeléctrico. Y, a través de oficio del 20 de mayo de 2019, le envió el informe
del citado estudio geoeléctrico ya realizado, el informe fílmico y el archivo magnético
del convenio de Cooperación 1289 del 31 de octubre del año 2018.
Luego, se refirió al agua como derecho convencional y a los objetivos del desarrollo
sostenible, invocó las disposiciones de la Constitución Política que consagran el
derecho a la vida y los derechos fundamentales de los niños, y citó las normas de la
Ley 142 de 1994, que establecen el deber de intervención del Estado en los servicios
públicos, la competencia de la Nación, los departamentos y los municipios en cuanto
a la prestación de los servicios públicos, así como los derechos de los usuarios. Por
último, citó la sentencia T-223 de 2018, en la que la Corte Constitucional se refirió a
los deberes del Estado frente a la garantía del derecho al agua.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
2.1. La acción popular fue presentada el 12 de junio de 2019 y, mediante auto del 17
del mismo mes y año5, el Tribunal Administrativo de Casanare la admitió y ordenó
notificar como demandados al Municipio de Yopal, al Departamento de Casanare, a
Acuatodos S.A. E.S.P. y al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
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Documento “ED_005AUTO17JUN2019(.pdf) NroA ctua 2”, visible en el mismo enlace.
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2.2. A través de otra providencia, también dictada el 17 de junio de 2019, el Tribunal
decretó la medida cautelar consistente en ordenar al Municipio de Yopal: (i) efectuar
un censo poblacional en la vereda Buena Vista Alta; (ii) suministrar agua potable en
cantidad de cincuenta (50) litros diarios por cada persona, estableciendo las tarifas que
estas deban asumir; (iii) elaborar un plan tarifario para cada vivienda, y (iv) rendir
informes de cumplimiento de esta medida, con el visto bueno del Presidente de la
Junta de Acción Comunal de la vereda.
Asimismo, ordenó al Departamento de Casanare brindar apoyo logístico, técnico,
humano y financiero al Municipio, en caso de ser requerido por éste, en los siguientes
aspectos: (i) préstamo de carrotanques; (ii) apoyo de la oficina de gestión del riesgo;
(iii) compra o recaudo de agua potable; (iv) logística de entrega en cada vereda, y (v)
los demás apoyos que necesite el municipio para garantizar el abastecimiento de agua
potable.
Por último, ordenó a los habitantes de la vereda Buena Vista Alta pagar el valor
correspondiente al suministro de agua potable, en los términos indicados por el
Municipio de Yopal.
2.3. La Defensora del Pueblo, Regional Casanare, en memorial presentado el 29 de
julio de 20196, solicitó ser tenida como coadyuvante de la parte actora. En el escrito se
refirió a la naturaleza de las acciones populares y citó en extenso la sentencia T-223
de 2018, en la que la Corte Constitucional se pronunció sobre el derecho fundamental
al agua potable.
Por su parte, la señora Julia Nedy Holguín Parra, quien adujo actuar en calidad de
presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Buena Vista, solicitó ser
tenida como coadyuvante de la parte actora.
Las anteriores solicitudes de coadyuvancia fueron aceptadas por el Tribunal
Administrativo de Casanare en el auto del 29 de octubre de 2019 y en la sentencia de
primera instancia, respectivamente.
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Documento “ED_020SOLICITUDCOADYU(.pdf) Nr oActua 2”, visible en el mismo enlace.
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2.4. Las accionadas contestaron la demanda, esgrimiendo los siguientes argumentos:
2.4.1. El Municipio de Yopal7 contestó el libelo introductorio por intermedio de
apoderado y alegó que la entidad ha venido realizando una serie de acciones
necesarias para el suministro de agua potable a la comunidad. Sin embargo, reconoció
que aún no se han presentado soluciones definitivas a la problemática planteada en la
demanda, toda vez que enfrenta momentos difíciles en materia de salud, educación,
vivienda, infraestructura, seguridad y servicios públicos, particularmente en el
suministro del agua, con el agravante de que no existen recursos económicos
suficientes para atender todas estas necesidades, máxime cuando la actual
Administración recibió el Municipio con un déficit presupuestal de aproximadamente
dieciséis mil millones de pesos ($ 16.000’000.000).
En todo caso, aseveró que ese ente territorial está adelantado gestiones en materia
presupuestal para priorizar y atender oportunamente los diversos requerimientos de la
comunidad, especialmente para dar cumplimiento a distintas órdenes judiciales que se
encuentran ejecutoriadas y que demandan grandes inversiones.
Señaló que, en efecto, podría concluirse que actualmente la Administración no ha
llevado a cabo todas las actuaciones que le competen, lo cual se debe a la situación
presupuestal del Municipio, que le impide contrarrestar la problemática en su totalidad.
Por ello, afirmó que requiere del apoyo de las entidades vinculadas al proceso,
teniendo en cuenta los principios de la solidaridad, subsidiaridad y complementariedad.
Por último, propuso la excepción genérica y solicitó que se declare cualquier medio
exceptivo que se encuentre probado.
2.4.2. El Departamento de Casanare8 respondió oponiéndose a las pretensiones
formuladas por la parte actora, por considerarlas improcedentes e impertinentes.
Señaló que la entidad encargada de garantizar la prestación de los servicios de
acueducto y alcantarillado es la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal
7
Documento “ED_017CONTESTAYOPALP(.pdf) Nro Actua 2”, visible en el mismo enlace.
8
Documento “ED_012CONTESTACASANAR(.pdf) Nr oActua 2”, visible en el mismo enlace.
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E.I.C.E. E.S.P. Además, expuso que la Secretaría de Obras es la responsable de
ejecutar, mediante contratación o delegación administrativa, la construcción de las
obras de infraestructura física que requiera el municipio. Igualmente, dijo que la
Secretaría de Gobierno, por intermedio de la Oficina Municipal de Gestión de Riesgos
de Desastres, tiene a cargo la mitigación de contingencias como la que dio origen a la
acción popular.
Sostuvo que el Acuerdo Municipal 01 del 26 de abril de 2018, “Plan de Desarrollo
Municipal 2018-2019”, en el título “Agua Potable y Saneamiento Básico”9, señala que
la prestación del servicio de acueducto en el área rural está a cargo directamente del
municipio y que a éste también le corresponde la formulación del plan maestro, a
efectos de proyectar y planificar las prioridades de inversión en el sistema.
Destacó que los artículos 311 y 314, numeral 3º, de la Constitución Política, establecen
el deber de los municipios de prestar los servicios públicos a la comunidad, y que el
artículo 365 ibidem señala que los servicios públicos son inherentes a la finalidad del
Estado, el cual debe asegurar su funcionamiento, y establece que estos pueden ser
prestados directamente por él, por particulares o por comunidades organizadas, pero
siempre bajo su regulación, control y vigilancia.
Invocó los artículos 365 y 366 Superiores y señaló que el llamado a satisfacer las
necesidades planteadas por la demandante en materia de agua potable es el Municipio
de Yopal, y que, particularmente, el Alcalde es el encargado de determinar la mejor
estrategia para tal finalidad, de acuerdo con los programas establecidos por el
Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, para el abastecimiento de agua y el saneamiento básico en las zonas
rurales, con la finalidad de reducir la brecha existente frente a las zonas urbanas,
objetivo para el cual cuenta con recursos directamente asignados, sin que resulte
necesaria la intervención del Departamento.
9
Ibídem.
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2.4.3. La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare –
Acuatodos S.A. E.S.P.10 contestó la demanda por intermedio de apoderada judicial y
expuso los siguientes argumentos:
Anotó que era cierto que el 22 de marzo de 2019 presentó al Municipio de Yopal el
informe de resultados del estudio para la actividad de “Prospección Geoeléctrica con
equipo de resistividad TERRAMETER SAS 1000 ELETRIC-DIPOLO-200V de 300”11,
el cual fue incluido en las actividades de rehabilitación para el sistema de acueducto
de la vereda Buena Vista Alta. Asimismo, que era cierto que, mediante comunicación
del 20 de mayo de 2019, remitió a la Secretaría de Obras Públicas del Municipio los
resultados de los registros geoeléctricos y fílmicos del pozo profundo de la vereda
Buena Vista Alta, el cual evidencia que éste no cuenta con el nivel de agua necesaria
para la población del lugar.
Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva y señaló que, de
acuerdo con los artículos 365 y 366 de la Constitución Política, 3 al 5 de la Ley 136 de
1994 y el numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley 142 de 1994, es competencia del
Municipio de Yopal la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado.
Agregó que Acuatodos S.A. E.S.P. actualmente ejerce el rol de gestor del Plan
Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento
PAP-PDA y que los entes territoriales que lo componen, de acuerdo con los principios
constitucionales de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, deben expresar las
problemáticas de los diferentes sectores poblaciones, lo que le permite prestar la
asistencia técnica correspondiente.
En este caso, sostuvo que, con cargo a los recursos del PAP-PDA del Departamento
de Casanare, no se han presentado proyectos para ser viabilizados o incluidos en los
planes estratégicos y de inversiones, que versen o tengan relación con el
funcionamiento del sistema de acueducto de la vereda Buena Vista Alta del Municipio
de Yopal. Y, si bien Acuatodos S.A E.S.P. suscribió con dicho Municipio el convenio
interadministrativo 1289 de 2018, que tuvo por objeto “fortalecer la prestación de los
10
Documento “ED_014CONTESTAACUATOD(.pdf) Nr oActua 2”, visible en el mismo enlace.
11
Ibídem
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servicios de acueducto y alcantarillado en el área rural del Municipio de Yopal”12, lo
cierto es que éste se ejecutó entre el 7 de enero de 2019 y el 3 de marzo del mismo
año, razón por la cual a la fecha no se está operando ningún acueducto veredal de ese
ente territorial.
2.4.4. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio alegó que las pretensiones no
procedían en su contra, pues no ha incurrido en vulneración ni amenaza de los
derechos e intereses colectivos invocados, si se tiene en cuenta que solo es el ente
encargado de dictar la política en materia habitacional y no de la prestación de los
servicios públicos domiciliarios.
Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva y sostuvo que no
tuvo ninguna injerencia en la situación fáctica planteada por el demandante en la
acción popular.
Luego, formuló la excepción de “inexistencia de vulneración de los derechos colectivos
por parte del ministerio de vivienda, ciudad y territorio”13, y señaló que la entidad no
tiene ninguna relación de solidaridad o causalidad con la alegada carencia de un
acueducto eficiente en la vereda Buena Vista.
Como fundamento de las excepciones, explicó que, de conformidad con lo establecido
en el artículo 367 de la Constitución, la Ley realizó la siguiente distribución de
competencias: (i) a la Nación le corresponde brindar apoyo financiero, técnico y
administrativo a las entidades territoriales, (ii) a los departamentos les corresponde
realizar labores de apoyo y coordinación; y (iii) a los municipios les corresponde
ejecutar los proyectos, por lo que son los responsables de la prestación efectiva de los
servicios públicos de agua potable y saneamiento básico, lo que involucra la
formulación de los respectivos proyectos.
Dijo que el Gobierno nacional realiza transferencias de recursos provenientes del
Sistema General de Participaciones con destino al sector de agua potable y
saneamiento básico, los cuales deben utilizarse para otorgar subsidios a través del
12
Ibídem
13
Ibídem
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Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos y para efectuar las inversiones en
infraestructura que requiera el sector en el municipio, tanto en la zona urbana como en
la rural.
En tal sentido, aseguró que el Gobierno apoya financieramente los proyectos que
hagan parte del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de
Agua potable y Saneamiento Básico del respectivo departamento PAP-PDA, toda vez
que así lo prevé la política de inversión del sector, consagrada en el artículo 21 de la
Ley 1450 de 2011, que estableció el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, política
a la cual se dio continuidad con la Ley 1753 de 2015, Plan Nacional de Desarrollo
2014-2018, y en la Ley 1955 de 2019, que adoptó el Plan Nacional de Desarrollo 2018-
2022.
Al respecto, explicó que los PDA-PAP se han desarrollado como el mecanismo
fundamental de implementación de la estrategia del sector a través de planes de
inversión integrales con perspectiva regional, que articula diferentes fuentes públicas
de recursos, como los del Sistema General de Participaciones, los de regalías y los
aportes de las corporaciones autónomas regionales.
En este orden, se refirió a las funciones que el Decreto 3571 de 2011 asigna al
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y al Viceministerio de Agua y Saneamiento
Básico e indicó que el artículo 8 de la Ley 142 de 1994, que se refiere a la Competencia
de la Nación Para la Prestación de los Servicios Públicos, señala en el numeral 8.4
que a esta le corresponde “Apoyar financiera, técnica y administrativamente a las
empresas de servicios públicos o a los municipios que hayan asumido la prestación
directa, así como a las empresas organizadas con participación de la Nación o de los
Departamentos para desarrollar las funciones de su competencia en materia de
servicios públicos y a las empresas cuyo capital pertenezca mayoritariamente a una o
varias cooperativas o empresas asociativas e naturaleza cooperativa”14.
De acuerdo con lo anterior, advirtió que el Ministerio participa en la gestión de las
entidades territoriales mediante convenios interadministrativos orientados a prestar
apoyo técnico, administrativo y financiero a proyectos del sector de agua potable y
14
Visible a folio 119 del Cuaderno del Tribunal
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saneamiento básico que sean priorizados en el marco del Programa Agua para la
Prosperidad – Planes Departamentales de Agua – PDA, respecto de los municipios
que se encuentran vinculados al mismo, toda vez que así lo dispone la política de
inversión del sector.
En tal sentido, señaló que, para el otorgamiento de los apoyos financieros de la Nación
al sector de agua y saneamiento, de acuerdo con el artículo 2.4.3.1.7.20 del Decreto
1077 de 2015, los proyectos deben ser priorizados en el marco del PAP-PDA, para lo
cual deben ser formulados cumpliendo con los requisitos de presentación de proyectos
del Mecanismo de Viabilización de proyectos establecidos en la Resolución 1063 del
30 de diciembre de 2016, correspondiente a la Guía de Presentación de Proyectos de
Agua Potable y Saneamiento Básico.
Al respecto, enfatizó que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 5 de la Ley
142 de 1994 y 3 de la Ley 136 del mismo año, la responsabilidad en la estructuración
de los proyectos y la gestión de los recursos para el sistema de acueducto y
alcantarillado recae exclusivamente en el Municipio de Yopal, entidad que debe
concertar con el gestor del PAP-PDA cuáles proyectos se van a ejecutar en cada
vigencia fiscal, pudiendo apoyarse en las corporaciones autónomas regionales, por
tratarse de un acueducto rural. Sin embargo, expuso que, consultado el Sistema de
Información para la Gestión de Agua y Saneamiento Básico (SIGEVAS), el cual se
encuentra vinculado al PAP-PDA de Casanare, no había ningún proyecto radicado en
el Ministerio en relación con el acueducto para los habitantes de la vereda Buena Vista
del Municipio de Yopal.
En este orden, manifestó que, de conformidad con el artículo 287 de la Constitución,
las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, dentro
de los límites de la Constitución y la ley; y señaló que, en virtud de lo dispuesto los
artículos 7 y 7.2 de la Ley 142 de 1994, a los departamentos les corresponde apoyar
financiera, técnica y administrativamente a las empresas de servicios públicos que
operen en su jurisdicción, o a los municipios que hayan asumido la prestación directa,
así como a las empresas organizadas con participación de la Nación o de los propios
departamentos para desarrollar las funciones de su competencia.
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Expuso que el artículo 8 de la Ley 388 de 1997 ordena a los municipios localizar y
señalar las características de la infraestructura para los servicios públicos domiciliarios,
determinar las zonas no urbanizables que presenten riesgos para la localización de
asentamientos humanos por amenazas naturales, o que de otra forma presenten
condiciones insalubres para la vivienda, y dirigir y realizar la ejecución de obras de
infraestructura para los servicios públicos domiciliarios.
Asimismo, mencionó que el artículo 6 de la Ley 1551 de 2012, que modificó el artículo
3 de la Ley 136 de 1994, establece como funciones de los municipios prestar los
servicios públicos que determine la ley y garantizar la prestación del servicio de agua
potable y saneamiento básico a los habitantes de la jurisdicción, de acuerdo con la
normatividad vigente en materia de servicios públicos domiciliarios.
Además, anotó que, acuerdo con el artículo 5 de la Ley 142 de 1994, a los municipios
les corresponde asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los
servicios domiciliarios de acueducto y alcantarillado. Agregó que el artículo 76 de la
Ley 715 de 2001 determinó que los municipios deben, directa o indirectamente, con
recursos propios del Sistema General de Participaciones u otros, promover, financiar
o cofinanciar proyectos de interés municipal.
De acuerdo con todo lo expuesto, sostuvo que el Municipio de Yopal no ha llevado a
cabo las medidas administrativas necesarias para garantizar la prestación de los
servicios públicos domiciliarios, su cobertura y calidad. En especial, no se ha
presentado ningún proyecto ante el Ministerio en relación con el acueducto para los
habitantes de la vereda Buena Vista del Municipio de Yopal y, por ende, no le
corresponde a esa cartera ministerial intervenir para que esas labores se lleven a cabo,
pues ello no está consagrado entre sus competencias; y, en tal sentido, no tiene
vínculo de solidaridad o causalidad con el ente territorial, que pueda conllevar a ser
condenado en el presente asunto.
III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
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3.1. El Tribunal Administrativo de Casanare, dictó sentencia del 4 de noviembre
de 2021, cuya parte resolutiva dispuso:15,
“RESUELVE:
PRIMERO: Tener como coadyuvante de la parte actora a la señora Julia Nedy
Holguín, identificada con cédula de ciudadanía No. 47.432.911, de conformidad
con lo indicado en precedencia.
SEGUNDO: Declarar no probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva, propuesta por la Nación –Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y
Acuatodos S. A. ESP, por las razones señaladas en la parte motiva de esta
providencia.
TERCERO: Amparar los derechos colectivos amenazados al goce de un ambiente
sano, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad
pública y el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y
oportuna de los habitantes de la vereda Buena Vista Alta del municipio de Yopal,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: En consecuencia, imponer a las demandadas las siguientes medidas
definitivas:
Medidas definitivas Plazo Responsables
Fase de Diagnóstico
i) En aplicación de los Dos (2) meses a partir de la Municipio de Yopal
principios de coordinación y ejecutoria de la sentencia
subsidiariedad, el alcalde de
Yopal pondrá en conocimiento
del departamento de Casanare
y del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, las
necesidades reales
relacionadas con el servicio de
acueducto de la vereda Buena
Vista Alta, con el fin de
concertar y acordar la
obtención del apoyo
financiero, logístico y técnico
que se requiera.
El departamento de Tres (3) meses, contados a Departamento de Casanare y
Casanare y el Ministerio de partir de vencimiento del plazo Ministerio de Vivienda, Ciudad
Vivienda, Ciudad y anterior. y Territorio
Territorio, deberán dar
respuesta concreta a la
solicitud de la entidad
municipal.
ii) realizar un censo de la Un (1) mes, a partir de la Municipio de Yopal
vereda Buena Vista Alta, ejecutoria de la sentencia
discriminando el censo por
edad, sexo y si existen
personas de especial
protección y recopilar la
información necesaria para
15
Documento “ED_070FALLOESTIMATORI(.pdf) Nr oActua 2”, visible en el mismo enlace.
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orientar la dotación de
infraestructura básica de agua
y saneamiento básico o de las
soluciones alternativas en
zonas rurales.
iii) Realizar el respectivo Tres (3) meses, a partir de la Municipio de Yopal,
diagnóstico, teniendo en ejecutoria de la sentencia departamento de Casanare y
cuenta las normas Acuatodos S. A. E. S. P.
establecidas en el artículo
2.3.7.1.4.1 del Decreto 1898
de 2016, el censo realizado
por el ente municipal, los
estudios realizados por
Acuatodos S. A. ESP en
desarrollo del Convenio
Interadministrativo No. 1289
de 2018 y el mapa de riesgos
que se advierte en el sector.
iv) Adelantar las acciones Seis (6) meses, a partir de la Municipio de Yopal
necesarias para determinar si ejecutoria de la sentencia
construye un pozo profundo,
adecúa el ya existente o
determinar otra forma de
suministrar agua potable a los
habitantes de la vereda Buena
Vista Alta de manera
permanente.
Fase de formulación del proyecto
1. Con el resultado del Tres (3) meses, una vez se Municipio de Yopal y
diagnóstico, efectuar la haya legalizado el predio Acuatodos S.A. ESP.
planificación y elaboración del donde se pretende construir el
proyecto, teniendo en cuenta acueducto.
los resultados derivados del
Convenio Interadministrativo
1289 de 2918, etapa en la que
se deben evaluar las
necesidades advertidas en el
diagnóstico, presupuesto,
logística y demás criterios que
se requieran para dar
viabilidad al proyecto, etapa
que culminará con la
presentación del proyecto ante
el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio.
2. Presentar el proyecto y Un (1) mes, contado a partir Municipio de Yopal y
atender los ajustes sugiera el del vencimiento del plazo Acuatodos S. A. ESP.
Ministerio de Vivienda, Ciudad anterior
y Territorio.
Fase de seguimiento del proyecto
Realizar la correspondiente Dos (2) meses, contados a Ministerio de Vivienda, Ciudad
revisión al proyecto con partir de la presentación del y Territorio.
prioridad, emitiendo las proyecto.
observaciones, requerimientos
de ser necesarios o dar curso
al mismo sin dilaciones,
prestando la asistencia
técnica que requieran dichas
entidades, para que se logre
el buen curso del proyecto.
Fase planificación
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De manera coordinada, Cuatro (4) meses, contados a Municipio de Yopal y
teniendo definidos los recursos partir de la aprobación del Acuatodos S. A. ESP.
y/o apoyos de cofinanciación, proyecto.
deben realizar los estudios
previos para el diseño del
acueducto veredal o del
sistema definitivo que
garantice el suministro de
agua potable de manera
constante y de calidad,
incluyendo: i) plan los estudios
de factibilidad, ii) Plan de
presupuesto, iii) mapa riesgos
y iv) trámites de permisos
ambientales a que haya lugar.
Fase de contratación
Adelantar los trámites de Cuatro (4) meses, contados a Municipio de Yopal y
contratación y ejecución, con partir del vencimiento del Acuatodos S. A. ESP.
miras a materializar la plazo establecido en el
construcción de la obra numeral anterior.
establecida en el proyecto y en
los estudios previos, actuación
que está a cargo del municipio
de Yopal en coordinación con
Acuatodos S. A. ESP, previo
cumplimiento de los permisos
ambientales
Fase de ejecución
Ejecutar el contrato y recibo deDoce (12) meses, a partir del Municipio de Yopal y
obra vencimiento del plazo Acuatodos S. A. ESP.
establecido en el numeral
anterior.
Solución alternativa para el aprovisionamiento de agua potable
1. Adoptar una medida En firme esta providencia y de Municipio de Yopal
alternativa, en aplicación del manera periódica hasta que la
artículo 2.3.7.1.3.2 del vereda Buena Vista Alta
Decreto 1892 de 2016, a cuente con el servicio de
través de la cual se garantice acueducto
el suministro de 50 litros
diarios de agua potable a
cada habitante de la vereda
Buena Vista Alta, a través de
cualquier medio idóneo para
resolver las necesidades
básicas de dicha
comunidad.
La medida alternativa debe
permanecer hasta que el
sector afectado cuente con el
servicio regular o convencional
de acueducto.
2. Ejercer actividades de Dentro de los cinco (5) días Departamento de Casanare y
apoyo y coordinación, cuando siguientes a la solicitud Acuatodos S. A. ESP
el municipio de Yopal efectúe efectuada por el municipio de
la correspondiente solicitud Yopal.
(apoyo económico, financiero,
logístico, etc.)
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CUARTO: ORDENAR el apoyo constante de las entidades del orden
departamental y nacional así:
4.1. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, debe dar curso prioritario a
los proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo para la vereda Buena Vista Alta,
brindará asistencia técnica al municipio de Yopal, en caso de que la entidad así lo
requiera y contratará el seguimiento de los proyectos de acueducto, en caso de
brindarse apoyo financiero.
4.2. En todas las fases, el gobernador de Casanare y Acuatodos S. A. ESP
deben mantener una labor de coordinación y comunicación permanentes con el
alcalde de Yopal, para acordar las medidas y apoyo que se requiera para
implementar el sistema de acueducto en la vereda previamente señalada dando
aplicación a los principios de coordinación y subsidiariedad. El departamento de
Casanare informará al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, los avances que
se adelanten, solicitando de requerirse, la asistencia y/o acompañamiento de la
citada cartera, cuando se advierta la insuficiencia de recursos para dar
cumplimiento a las órdenes dispuestas en esta providencia.
QUINTO: Conformar un comité de verificación, que será integrado por el defensor
del Pueblo Regional Casanare, el gobernador del departamento de Casanare o su
delegado, el representante legal de Acuatodos S. A. ESP, el alcalde de Yopal, el
agente del Ministerio Público y la magistrada ponente de esta Corporación, cuyo
procedimiento se sujetará a las reglas trazadas en la parte motiva de esta
providencia y deberá rendir informes periódicos cada cuatro (4) meses; o cuando
ocurran novedades que requieran intervención judicial más temprana.
SEXTO: Acreditado el inicio de las medidas alternativas, declarar terminadas las
medidas cautelares, de conformidad con lo indicado en precedencia.
SÉPTIMO: Sin costas en esta instancia.
OCTAVO: Reconocer a la abogada Bertha Leonela Saravia Méndez, identificada
con C. C. 1.118.531.280 y T. P. 237.565 del C. S. J. como apoderada de la
Empresa de Servicios Públicos de Casanare –ACUATODOS S. A. ESP, en los
términos y para los efectos del poder obrante en la página 3 del consecutivo 64 del
cuaderno principal.
NOVENO: Remítase copia de esta providencia, así como de la demanda y del
auto admisorio a la Defensoría del Pueblo –Registro Público de Acciones
Populares y de Grupo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley
472 de 1998.
DÉCIMO: Por Secretaría insértese copia de esta providencia en el cuaderno de
medidas cautelares, con las constancias de notificaciones.”16 (Negrillas dentro del
texto)
3.2. En cuanto a las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva que
propusieron el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Acuatodos S.A ESP, en sus
16
Visible a folios 48 a 52 de la sentencia de primera instancia
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respectivos escritos de contestación a la demanda, resolvió declararlas como no
probadas, por las siguientes razones:
3.2.1. Respecto de la cartera ministerial, indicó que los artículos 162 de la Ley 142 de
1994, 11 de la Ley 1444 de 2011 y 2 de Decreto 3571 de 2011, determinaron que esa
entidad debe prestar asistencia técnica a las entidades territoriales y a las empresas
de servicios públicos domiciliarios y, además, debe diseñar y promover programas
especiales de agua potable y saneamiento básico para el sector rural. Precisó que, si
bien el Municipio de Yopal no ha presentado ningún proyecto relacionado con la vereda
Buena Vista Alta, también era cierto que necesitaba del apoyo económico, logístico y
financiero por parte del aludido Ministerio.
3.2.2. Frente Acuatodos S.A ESP, mencionó que el objeto principal de esa empresa
es la prestación de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, así como
desempeñar el papel de gestor o rol que su junta directiva determine en el PDA de
Casanare. De igual forma, advirtió que esa sociedad está conformada por todos los
Municipios de Casanare, en virtud de lo previsto en el Acuerdo nro. 200-02-017 de
junio 21 de 2009.
Indicó que, a través de la Ordenanza No. 010 del 18 de noviembre de 2013, esto es,
el Plan de Desarrollo Departamental, se contempló el programa denominado calidad,
cantidad, continuidad en el agua potable y saneamiento básico, mediante el cual se
pretende garantizar la prestación de servicios públicos domiciliarios y saneamiento
básico priorizando el sector rural, y concluyó que, en virtud de éste, la citada empresa
y el Municipio de Yopal suscribieron el Convenio Interadministrativo No. 1289 del 21
de octubre de 2018, cuyo objeto principal es el fortalecimiento de los servicios de
Acueducto y Alcantarillado en el área rural de Yopal.
En consecuencia, aseguró que dicha entidad debía seguir vinculada al proceso, dado
que es quien conoce si se pueden mejorar las condiciones del pozo objeto de
controversia y, por ende, puede brindar el acompañamiento que requiera el Municipio
de Yopal.
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3.3. Posteriormente descendió al caso en concreto y, luego de referirse a las
pruebas, a los derechos al agua potable, de acceso a los servicios públicos y a que su
prestación sea eficiente y oportuna y al régimen de los servicios de acueducto,
alcantarillado y aseo en zonas rurales, señaló que estaba probado que en la vereda
Buena Vista Alta del Municipio de Yopal se suministraba el agua a la comunidad a
través de un pozo profundo, cuya bomba de succión se encuentra averiada, por lo que
se realizaron estudios prospección geoeléctrica y sondeo fílmico para determinar el
estado de la perforación y se evidenció que la falta de registros de datos hidráulicos y
el análisis físico-químico de las aguas subterráneas generaban incertidumbre sobre la
conveniencia de destinar más recursos para la rehabilitación del pozo, por lo que era
necesario analizar otras alternativas.
Aseguró que lo anterior significa que la única fuente de abastecimiento de agua
existente en la vereda de Buena Vista Alta y de la que se benefician cuarenta (40)
personas no funciona y no se ha implementado un sistema de acueducto y
alcantarillado que lo reemplace, razón por la cual el municipio les suministra el agua
potable a través de carrotanques, en asocio con el Departamento de Casanare. No
obstante, si bien este mecanismo ha sido de utilidad, no puede considerarse una
solución definitiva a la problemática.
Advirtió que, pese a lo anterior, no estaba registrado en el Banco de Proyectos del
Departamento de Casanare ningún proyecto relacionado con la creación y puesta en
marcha de un nuevo sistema de acueducto y alcantarillado para la vereda, ni se había
radicado ningún proyecto ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y que, si
bien el ente territorial accionado suscribió convenio interadministrativo con Acuatodos
S.A. E.S.P., su objeto se circunscribió a verificar si era posible rehabilitar el pozo
profundo, lo que no se logró, teniendo en cuenta que los resultados de los estudios
que se realizaron indicaron falta de acuíferos, por lo cual se recomendó buscar el agua
en áreas cercanas.
En consecuencia, concluyó que las entidades responsables, principalmente el
Municipio de Yopal, no habían adelantado ninguna obra encaminada a la
implementación de un nuevo sistema que garantice el suministro de agua potable en
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la vereda Buena Vista Alta, como lo ordena el artículo 366 de la Constitución Política,
y que éstas no podrían excusarse en la falta de recursos financieros.
Por ende, concedió el amparo de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano,
el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública y el
acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna de los
habitantes de la vereda Buena Vista Alta del Municipio de Yopal. Así, ordenó al
Municipio de Yopal, al Departamento de Casanare, a Acuatodos S.A. E.S.P. y al
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio adelantar un proyecto que culmine con la
construcción de un acueducto que proporcione de manera definitiva el servicio de
acueducto en la mencionada vereda.
Para lo anterior, ordenó el agotamiento de las etapas establecidas en la Sección 4 del
Decreto 1898 de 2016, esto es, el diagnóstico, la planificación y la formulación del
proyecto, atendiendo al principio de coordinación, para lo cual el Departamento de
Casanare, Acuatodos S.A. E.S.P. y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
deben brindar el apoyo logístico y financiero, así como la asistencia técnica al
Municipio.
Finamente, precisó que la medida cautelar adoptada en proveído del 17 de junio de
2019 se mantendría vigente, hasta que la decisión de primera instancia estuviera en
firme y se demuestre la prestación continua del servicio con estándares de calidad y
cobertura, a través de las medidas alternativas, mientras se pone en funcionamiento
el servicio de acueducto y alcantarillado en el sector.
3.4. La presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Buena Vista,
reconocida como coadyuvante en el proceso, solicitó la adición de la sentencia del 4
de noviembre de 2021, en el sentido de pronunciarse sobre la vigencia de la medida
cautelar decretada mediante el auto del 17 de junio de 2019, determinando que las
medidas definitivas impuestas quedan vigentes hasta que se resuelva el recurso de
apelación presentado por el Municipio de Yopal.
3.4.1. La anterior solicitud fue denegada por el Tribunal mediante auto del 9 de
diciembre de 2021, al estimar que la sentencia del 4 de noviembre de esa misma
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anualidad estableció de manera clara que las medidas cautelares decretadas a través
del auto del 17 de junio de 2019, se mantendrán vigentes hasta que se resuelva el
recurso de apelación interpuesto por el Municipio de Yopal.
IV. RECURSO DE APELACIÓN
El Municipio de Yopal presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia17 y expuso los siguientes argumentos:
Mencionó que las actividades (iii) y (iv) de la primera fase del proyecto que el fallo
ordenó agotar, denominada fase de diagnóstico, que consiste en realizar un
diagnóstico y en determinar si es pertinente construir otro pozo profundo, adecuar el
ya existente o establecer otra forma de suministrar agua potable a los habitantes de la
vereda Buena Vista Alta de manera permanente, depende de los resultados de la
actividad 1 de la misma fase, que consiste en que el Municipio de Yopal ponga en
conocimiento del Departamento de Casanare y del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio las necesidades del acueducto veredal, con el fin de concertar y acordar la
obtención del apoyo financiero, logístico y técnico que se requiera.
Por lo tanto, expuso que la ejecución de dichas actividades solo podrá iniciarse una
vez se obtenga respuesta de las mencionadas entidades, lo cual puede producirse en
plazos sobre los que el Municipio no tendría el control.
Además, para el cumplimiento de éstas se hacía necesario agotar las exigencias de la
Resolución 330 de 201718, expedida por el Ministerio de Vivienda, lo que involucra la
contratación de estudios especializados y la adquisición de los equipos e insumos que
deben emplearse para el análisis de alternativas. En consecuencia, la entidad
requeriría de un plazo superior a seis (6) meses para cumplirlas.
17
Documento “ED_075RECURSOAPELACIO(.pdf) Nr oActua 2”, visible en el miso enlace.
18
“Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico
– RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447
de 2005 y 2320 de 2009”.
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De acuerdo con lo expuesto, solicitó “REVOCAR Y/O MODIFICAR”19 el ordinal cuarto de
la parte resolutiva de la sentencia apelada, en el sentido de ampliar los plazos
otorgados para el cumplimiento de las actividades (iii) y (iv) de la fase de diagnóstico,
teniendo en cuenta los trámites que para el efecto deberá llevar a cabo la entidad.
V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
5.1. Mediante auto del 11 de febrero de 202220, el Despacho sustanciador admitió el
recurso de apelación interpuesto por el Municipio de Yopal contra la sentencia del 4
de noviembre de 2021.
5.2. Mediante auto del 31 de marzo de 2022, el Despacho sustanciador prescindió del
término del traslado para alegar de conclusión en segunda instancia.
VI. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
A través de memorial del 19 de abril de 2022, la Procuraduría Quinta Delegada ante
el Consejo de Estado rindió concepto en los siguientes términos:
Tras referirse al marco jurídico de las acciones populares, dijo que en el presente
asunto estaba acreditada la vulneración a los derechos colectivos al goce de un
ambiente sano, de acceso a una infraestructura que garantice la salubridad pública, a
los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna de los habitantes
de la vereda Buena Vista del Municipio de Yopal.
Mencionó que la controversia se centra en establecer si los términos concedidos para
atender las actividades 3 y 4 del numeral cuarto de la sentencia recurrida eran
suficientes para su ejecución. Así, indicó que, para la primera de las anotadas
actividades, se dispuso un plazo de tres (3) meses, para el que el Municipio de Yopal
y el Departamento de Casanare realizaran el respectivo diagnóstico, teniendo en
cuenta las normas establecidas en el artículo 2.3.7.1.4.1. del Decreto 1896 de 2016,
el censo que debe efectuar el citado Municipio, los estudios realizados por Acuatodos
19
Visible a folio 3 del escrito de apelación
20
Índice 4 del proceso en el sistema Samai.
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S.A. ESP en desarrollo del Convenio Interadministrativo 1298 de 2018 y el mapa de
riesgos que se advierte en el sector.
Mientras que, en la actividad 4, se concedió un término de seis (6) meses, para
adelantar las acciones necesarias para determinar si construye un pozo profundo,
adecúa el existente o determina otra forma de suministrar agua potable a los habitantes
de la vereda Buena Vista.
Mencionó que el artículo 2.3.7.1.4.1. del Decreto 1898 de 2016, frente al diagnóstico
de infraestructura de agua, dispone que los departamentos deben recopilar la
información necesaria para orientar la dotación de infraestructura básica de agua y
saneamiento básico o de las soluciones alternativas en zonas rurales, y que dicha
información debe estar actualizada y disponible para las entidades públicas.
Anotó que en el oficio 600.13.0337 del 20 de mayo de 2019, radicado 2019116459 de
ese año, Acuatodos S.A. E.S.P. informó que el pozo de agua no cuenta con un acuífero
subterráneo que permita alimentarlo.
Expresó que era deber de los municipios prestar los servicios públicos, inherentes a
las finalidades del Estado, y que las Leyes 142 de 1994 y 1955 de 2019, así como el
Decreto 1898 de 2016, prevén que es responsabilidad de los entes territoriales
asegurar el aprovisionamiento de agua potable y saneamiento básico en la zona rural.
Agregó que el plazo concedido para la realización de las aludidas órdenes era
razonable, dado que, después de tantos años sin que se prestara el servicio de
acueducto en la zona, era incomprensible que el municipio, en el término de seis (6)
meses, no pueda determinar si construye un pozo profundo, adecúa el existente o
determina otra forma de suministrar agua potable.
Concluyó pidiendo se confirme la sentencia de primera instancia en tanto el municipio
no logró desvirtuar el grado de su responsabilidad, ni la insuficiencia de los plazos que
le fueron otorgados.
VII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
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7.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472 del 5 de agosto de
1998, el artículo 150 del CPACA, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 del Consejo
de Estado, esta Corporación es competente para conocer, en segunda instancia, de
los recursos de apelación en contra de las sentencias proferidas por los Tribunales
Administrativos en las acciones populares.
7.2. Hechos
7.2.1. En la vereda Buena Vista Alta del Municipio de Yopal se venía prestando el
servicio de acueducto mediante la extracción del agua subterránea de un pozo
profundo. Sin embargo, el pozo dejó de ser útil para la obtención del agua, debido al
daño de la bomba de succión.
7.2.2. Se realizaron estudios geoeléctricos y fílmicos en el pozo, que evidenciaron que
éste no cuenta con el nivel de agua necesaria para la población del lugar.
7.2.3. La señora Danitxa Lisseth Romero Cruz interpuso acción popular en la que
solicitó que se ordenara una solución para la problemática planteada, y, mediante
providencia del 17 de junio de 2019, el Tribunal Administrativo de Casanare decretó la
medida cautelar consistente en ordenar al Municipio de Yopal suministrar agua potable
en cantidad de cincuenta (50) litros diarios por cada persona; al Departamento de
Casanare brindar apoyo al Municipio, y a los habitantes de la vereda Buena Vista,
pagar el valor correspondiente al suministro de agua potable, en los términos indicados
por el Municipio de Yopal.
7.2.4. El Municipio de Yopal no ha presentado ningún proyecto para ser viabilizado en
el Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y
Saneamiento al PAP-PDA de Casanare, en relación con el acueducto para los
habitantes de la vereda Buena Vista.
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7.2.5. El Tribunal Administrativo de Casanare, mediante sentencia del 4 de noviembre
de 2021, concedió el amparo de los derechos e intereses colectivos invocados y
ordenó al Municipio de Yopal, al Departamento de Casanare, a Acuatodos S.A. E.S.P.
y al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio adelantar un proyecto que culmine con
la construcción de un acueducto que proporcione de manera definitiva el servicio en la
mencionada vereda.
7.2.6. El Municipio de Yopal apeló la sentencia de primera.
7.3. Planteamiento
Para resolver el recurso de apelación, la Sala observa que las partes concuerdan frente
a la vulneración de los derechos colectivos en el asunto de la referencia, debido a la
falta de suministro de agua potable a los habitantes de las veredas Buena Vista Alta
del Municipio de Yopal; y, además, comparten las órdenes que se deben adoptar para
superar dicha problemática.
Sin embargo, discuten respecto a los términos conferidos por el Tribunal Administrativo
de Yopal para el cumplimiento de las actividades previstas en los numerales (iii) y (iv)
de la fase de diagnóstico del proyecto, pues el recurrente es del criterio que no son
suficientes los plazos de tres (3) y seis (6) meses, respectivamente, que le fueron
concedidos para el agotamiento de esas tareas, si se tiene en cuenta que ello depende
de la respuesta frente a la financiación del proyecto por parte del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio y el Departamento de Casanare, así como el
cumplimiento de las etapas determinadas en la Resolución 330 de 2017, expedida por
el Ministerio de Vivienda, lo que involucra la contratación de estudios especializados y
la adquisición de los equipos e insumos que deben emplearse para el análisis de
alternativas; mientras que, para el Ministerio Público, deben confirmarse dichos
mandatos, pues asegura que los plazos allí determinados son razonables si se tiene
en consideración que a lo largo de los años el Municipio de Yopal no ha adelantado
ninguna acción dirigida a la superación de la problemática.
7.4. Generalidades de la acción popular
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De acuerdo con su definición constitucional - artículo 88 de la Constitución Política- y
legal -artículo 2, inciso 2 de la Ley 472 de 1998, las acciones populares se ejercen
para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, vulneración o
agravio sobre los derechos e intereses colectivos consagrados por la Constitución y la
ley, o para restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible.
Se trata, según lo dispuesto por el artículo 9 de la precitada ley, de acciones que
proceden contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o particulares que
hayan violado o amenacen violar los derechos e intereses colectivos. Por ende, a la
luz de lo dispuesto por los artículos 2 y 9 ejusdem, la acción popular se ha calificado
como un medio procesal de carácter preventivo, reparativo, correctivo o restitutorio,
dependiendo de las particularidades del caso.
7.5. De la controversia sobre los plazos concedidos por el Tribunal
7.5.1. En este punto, se tendrá que definir si son suficientes los plazos de tres (3) y
seis (6) meses concedidos por el Tribunal, para que el Municipio de Yopal realice el
diagnóstico de infraestructura y saneamiento básico en zonas rurales y se adelanten
las acciones necesarias para definir si se construye un pozo profundo, se adecúa el
existente o se determina otra forma de suministrar agua potable a los habitantes de la
vereda Buena Vista, si el cumplimiento de las anotadas órdenes depende de la
respuesta frente al financiamiento de la obra por parte del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio y del Departamento de Casanare.
En orden a resolver tal reparo, es preciso traer a colación la denominada fase de
diagnóstico, que fue adoptada en la decisión enjuiciada:
Medidas definitivas Plazo Responsables
Fase de Diagnóstico
i) En aplicación de los principios Dos (2) meses a partir de la Municipio de Yopal
de coordinación y subsidiariedad, ejecutoria de la sentencia
el alcalde de Yopal pondrá en
conocimiento del departamento
de Casanare y del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, las
necesidades reales relacionadas
con el servicio de acueducto de la
vereda Buena Vista Alta, con el
fin de concertar y acordar la
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obtención del apoyo financiero,
logístico y técnico que se
requiera.
El departamento de Casanare y Tres (3) meses, contados a Departamento de Casanare y
el Ministerio de Vivienda, partir de vencimiento del plazo Ministerio de Vivienda, Ciudad
Ciudad y Territorio, deberán anterior. y Territorio
dar respuesta concreta a la
solicitud de la entidad
municipal.
ii) realizar un censo de la vereda Un (1) mes, a partir de la Municipio de Yopal
Buena Vista Alta, discriminando ejecutoria de la sentencia
el censo por edad, sexo y si
existen personas de especial
protección y recopilar la
información necesaria para
orientar la dotación de
infraestructura básica de agua y
saneamiento básico o de las
soluciones alternativas en zonas
rurales.
iii) Realizar el respectivo Tres (3) meses, a partir de la Municipio de Yopal,
diagnóstico, teniendo en cuenta ejecutoria de la sentencia departamento de Casanare y
las normas establecidas en el Acuatodos S. A. E. S. P.
artículo 2.3.7.1.4.1 del Decreto
1898 de 2016, el censo realizado
por el ente municipal, los estudios
realizados por Acuatodos S. A.
ESP en desarrollo del Convenio
Interadministrativo No. 1289 de
2018 y el mapa de riesgos que se
advierte en el sector.
iv) Adelantar las acciones Seis (6) meses, a partir de la Municipio de Yopal
necesarias para determinar si ejecutoria de la sentencia
construye un pozo profundo,
adecúa el ya existente o
determinar otra forma de
suministrar agua potable a los
habitantes de la vereda Buena
Vista Alta de manera
permanente.
En tal escenario, se advierte que el Tribunal determinó que la fase de diagnóstico
estaba compuesta por cuatro (4) etapas: en la primera de ellas, determinó que el
Municipio de Yopal, dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de dicha
providencia, debía poner en conocimiento del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, las necesidades reales de la prestación del servicio de acueducto de la
vereda Buena Vista, ello a efectos de lograr el financiamiento y el apoyo técnico para
el proyecto que permita solventar esa problemática. A su vez, se dispuso que dichas
entidades debían dar una respuesta concreta a la anotada solicitud, para lo cual se les
concedió los tres (3) meses siguientes al vencimiento del anterior plazo.
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Ahora, en la segunda de las aludidas etapas, se contempló que, dentro del mes
siguiente a la ejecutoria de la sentencia, el Municipio de Yopal debía ejecutar un censo
que le permita orientar la dotación de la infraestructura básica del acueducto. Por su
parte, en la tercera etapa, se dispuso que el aludido ente territorial, el Departamento
de Casanare y la empresa Acuatodos S.A. S.A. debían realizar un diagnóstico y para
esos efectos, se delimitaron las fuentes de información que debían ser tenidas en
cuenta por las anotadas entidades para su elaboración; estas son, los criterios
definidos en el artículo 2.3.7.1.4.1. del Decreto 1898 de 2016, el censo que
previamente debía ser elaborado por el ente territorial demandado, los estudios
realizados por Acuatodos S.A. E.S.P. en desarrollo del Convenio Interadministrativo
No. 1289 de 2018 y el mapa de riesgos del sector.
Y finalmente, se dispuso que, dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria
del fallo recurrido, el Municipio de Yopal tenía que adelantar las acciones que le
permitan determinar si se construye un pozo definitivo, se adecúa el existente o si se
elige otro mecanismo alternativo para el suministro del líquido vital.
Por ende, advierte la Sala que la finalidad de la aludida etapa de diagnóstico no es otra
que se reúna la información a través de la cual sea factible identificar la problemática
y las medidas que preliminarmente permitan resolverla; o, en otras palabras, en dicha
etapa temprana del procedimiento, lo que se busca es dotar de la suficiente
información para que las etapas subsiguientes del proyecto tengan claridad sobre la
necesidad y la manera idónea de solventarla, de modo que su planeación y ejecución
sean eficaces y eficientes.
Lo expuesto es relevante, pues pone de presente que para las actividades
contempladas en los numerales iii) y iv) no es necesario que exista una respuesta
previa del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y del Departamento de Casanare
respecto a la financiación del proyecto, pues de lo que se trata, se reitera, es de reunir
la información que permita una correcta planeación y ejecución de las obras, de modo
que el Municipio puede ejecutarlas sin esperar la respuesta que pudiera dar la cartera
ministerial y el departamento.
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Por ende, a juicio de la Sala, el plazo establecido para el cumplimiento de las órdenes
dispuestas en los aludidos numerales es suficiente, pues las razones que aduce el
memorialista para controvertirlo no son ciertas.
En consecuencia, el cargo no prospera.
7.5.2. Por otro lado, tendrá que verificarse si no es suficiente ni adecuado el plazo de
seis (6) meses concedido por el Tribunal, para que el Municipio de Yopal determine si
se construye un pozo profundo, se repara el existente o se determina otra forma de
suministrar agua potable a los habitantes de la vereda Buena Vista, si ello involucra la
aplicación del Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable adoptado en 201721
y por ende la contratación de estudios especializados y la adquisición de los equipos
e insumos que deben emplearse para el análisis de alternativas.
Siendo ello así, lo que se advierte es que, como se vio en los antecedentes, las
órdenes impartidas por el Tribunal tuvieron como fundamento el Decreto 1898 de 2016,
que adoptó lo referente a los esquemas diferenciales para la prestación de los servicios
de acueducto, alcantarillado y aseo.
En efecto, en la sentencia recurrida se dijo:
“4. Medidas definitivas
Para garantizar la prestación del servicio de acueducto para el suministro de agua
potable en la vereda Buena Vista Alta del municipio de Yopal, se tendrán en cuenta
los parámetros establecidos en la Sección 4 del Decreto 1898 de 2016:
“Artículo 2.3.7.1.4.1. Diagnóstico de infraestructura de agua
saneamiento básico en zonas rurales. Los departamentos deberán
recopilar la información necesaria para orientar la dotación de
infraestructura básica de agua y saneamiento básico o de las
soluciones alternativas en zonas rurales, acorde con el artículo 10 de la
Ley 1176 de 2007. Los departamentos deberán mantener esta información
actualizada y disponible para las entidades públicas que la requieran, de
acuerdo con los reportes, la periodicidad y los mecanismos que defina el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
21
Resolución 330 de 2017, “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable
y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de
2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”.
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Artículo 2.3.7.1.4.2. Fortalecimiento para prestadores de zonas rurales a
cargo de los municipios y distritos. Los municipios y distritos deberán
estructurar e implementar un programa de fortalecimiento para las
personas prestadoras de los servicios de acueducto, alcantarillado o
aseo que atiendan zonas rurales de su jurisdicción, acorde con el artículo
11 de la Ley 1176 de 2007. En este programa se definirán acciones concretas
para la administración y operación de los servicios de acueducto,
alcantarillado o aseo, el acompañamiento en aspectos jurídicos, técnicos y
administrativos, la gestión de información y la estructuración de proyectos,
de acuerdo con lo que defina el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Artículo 2.3.7.1.4.3. Apoyo y coordinación de los departamentos, para
la prestación en zonas rurales. Los departamentos prestarán apoyo
técnico, financiero y administrativo a los prestadores de los servicios
de acueducto, alcantarillado y aseo que atiendan zonas rurales, en la
formulación de los planes de gestión señalados en el artículo 2.3.7.1.2.3., y
acompañarán a los municipios en la formulación e implementación de los
programas de fortalecimiento señalados en el artículo 2.3.7.1.4.2.
Parágrafo. Para la formulación de los programas de fortalecimiento, el
departamento deberá suministrar al municipio los resultados del
diagnóstico señalado en el artículo 2.3.7.1.4.1.
Artículo 2.3.7.1.4.4. Asistencia técnica para departamentos a cargo del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. El Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, prestará asistencia técnica a los departamentos,
para la formulación de los planes de gestión señalados en el artículo
2.3.7.1.2.3., para la implementación del diagnóstico señalado en el artículo
2.3.7.1.4.1. y para los programas de fortalecimiento señalados en el artículo
2.3.7.1.4.2. con destino a los prestadores de los servicios de acueducto,
alcantarillado y aseo.” (Negrilla fuera de texto).
De conformidad con lo anterior, para adoptar las medidas definitivas, se tendrán
en cuenta las etapas previamente mencionadas, partiendo del diagnóstico,
planificación y formulación del proyecto para la construcción del acueducto en zona
rural; atendiendo al principio de coordinación, para lo cual, el departamento de
Casanare, Acuatodos S. A. y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
brindarán el apoyo logístico y financiero, así como la asistencia técnica, todo dentro
del marco de sus competencias.
Con el propósito de amparar los derechos colectivos amenazados al goce de un
ambiente sano en condiciones de seguridad, la seguridad y salubridad públicas, el
acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública y el
acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, las
entidades demandadas deberán cumplir las siguientes medidas, dentro de los
plazos indicados en la parte resolutiva de esta providencia:” (Subrayas de la Sala).
Ahora, dichos esquemas alternativos fueron reglamentados por la Resolución No.
0844 del 8 de noviembre de 2018, de modo que los proyectos de dicha índole deben
adecuarse a lo establecido en ese acto administrativo y en el Decreto 1898 de 2016 y,
de manera completaría, en lo previsto en la Resolución 330 de 2017.
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En efecto, el artículo 1º de la primera Resolución en comento es del siguiente tenor:
“ARTÍCULO 1o. OBJETO. La presente resolución establece los requisitos
técnicos aplicables durante las etapas de perfil de proyecto, planeación,
construcción y puesta en marcha, administración u operación y mantenimiento
de la infraestructura destinada al suministro de agua para consumo humano y
doméstico y saneamiento básico a población asentada en zonas rurales, en
concordancia con los esquemas diferenciales para la prestación de los servicios
de acueducto, alcantarillado y aseo, y para el aprovisionamiento de agua para
consumo humano y doméstico y de saneamiento básico en zonas rurales,
definidos en el Capítulo 1, del Título 7, de la Parte 3, del Libro 2 del Decreto
número 1077 de 2015, y de manera complementaria con las Resoluciones
número 330 de 2017 y 501 de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan." (Subrayas de la Sala).
En tal medida, frente a la fase de diagnóstico de los proyectos de esquemas
alternativos, existe una reglamentación expresa respecto a los documentos y estudios
que lo componen en los artículos 9 y 10 ibidem; veamos:
“Artículo 9o. Formulación del perfil de proyecto. Las entidades públicas y/o
privadas que promuevan inversiones del sector de agua potable y saneamiento
básico en zonas rurales, deberán formular perfiles de proyecto con información
suficiente en la que se identifique, la posible zona de actuación, las condiciones
particulares de dicha zona, y posibles soluciones identificando el esquema
diferencial aplicable. Para ello, cada perfil de proyecto deberá contener, como
mínimo, la siguiente información para su zona de influencia:
a) Identificación del uso y clasificación del suelo rural: cabeceras de
corregimientos, centros poblados rurales, parcelaciones campestres, u otros
núcleos de población aunque no hayan sido incluidos en el Plan de Ordenamiento
Territorial (POT), Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) o Esquema de
Ordenamiento Territorial (EOT), u otras viviendas dispersas.
b) Número de viviendas y entornos, y descripción del área en que habita la
comunidad, con datos estimados o aproximados si no existen datos precisos.
c) Información, cualitativa o cuantitativa, sobre alertas sanitarias o incidencia de
enfermedades asociadas al agua o al saneamiento básico en la localidad.
d) Identificación de los sistemas de agua o saneamiento básico que ya existan
en la comunidad, cualquiera que sea su estado de operación actual.
e) Identificación de personas prestadoras de los servicios de acueducto,
alcantarillado y/o aseo que atiendan zonas urbanas o rurales próximas a la
comunidad y posible disponibilidad para abastecerla.
f) Identificación preliminar de posibles fuentes abastecedoras.
g) Antecedentes y alertas asociadas a amenazas y vulnerabilidades en la
localidad.
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h) Para los proyectos de aseo, identificar los componentes del servicio público
de aseo que se están prestando en la localidad.
El perfil de proyecto deberá contener las siguientes conclusiones:
1. La descripción de los problemas de agua y saneamiento de la posible zona de
actuación.
2. La identificación preliminar del esquema diferencial a implementar en un
posible proyecto, y propuestas de solución, de acuerdo con el artículo 6o de la
presente Resolución.
Parágrafo. Los municipios y distritos, acorde con su responsabilidad de atender
las necesidades básicas y el aseguramiento de los servicios de agua y
saneamiento básico, identificarán y priorizarán las inversiones para mejorar el
acceso a estos servicios en las zonas rurales de jurisdicción, de acuerdo con los
perfiles de proyecto definidos en este artículo.
Cuando no se cuente con información de fuentes oficiales para elaborar un perfil
de proyecto, el respectivo municipio o distrito deberá recopilar información, con
sustento en otras fuentes secundarias confiables o mediante visita de campo.”
(Subrayas de la Sala).
“Artículo 10. Información para el perfil de proyecto. Para la formulación del
perfil de proyecto, podrán emplearse las siguientes fuentes de información
pública:
a) El Plan de Ordenamiento Territorial (POT), Plan Básico de Ordenamiento
Territorial (PBOT) o Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), según
corresponda, para el respectivo municipio o distrito, y la información de
estratificación rural.
b) El reporte del municipio o distrito al inventario de comunidades y sistemas al
Sistema Nacional de Inversiones en Agua y Saneamiento (SINAS) según el literal
a) del artículo 5o de la Resolución número 0487 de 2017 del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio o la norma que lo modifique, adicione o sustituya.
c) La información disponible en el Sistema de Información en Agua y
Saneamiento Rural (SIASAR), según el literal b) del artículo 5o de la Resolución
número 0487 de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o la norma
que lo modifique, adicione o sustituya.
d) Información secundaria sobre calidad del agua de las fuentes abastecedoras,
según lo establecido en los mapas de riesgo de las autoridades sanitarias y
ambientales de la Resolución número 4716 de 2010 de los Ministerios de
Protección Social y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, o la norma que
lo modifique, adicione o sustituya.
e) Los perfiles epidemiológicos disponibles para el municipio o distrito, según la
información reportada en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública
(Sivigila).
f) Información sobre la población a atender, derivada del Sistema de Selección
de Beneficiarios Para Programas Sociales (Sisbén) o de otros programas de
enfoque territorial o poblacional que se adelanten en el municipio.
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g) El Plan de Desarrollo Municipal y los Programas de Desarrollo con Enfoque
Territorial (PDET) u otros instrumentos de planeación para el desarrollo que
apliquen en la localidad a atender.
h) Los instrumentos de planificación y administración ambiental. En el caso
específico del recurso hídrico, los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas
(POMCA), Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH) y Planes de
Manejo Ambiental (PMA).
i) El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) y los programas de
recolección de residuos sólidos de las personas prestadoras del servicio de aseo.
j) El plan aprobado de gestión del riesgo para el respectivo municipio o distrito.
k) Cualquier fuente de información de acceso abierto que resulte útil para precisar
el perfil de proyecto.”
Por ende, es claro que, tratándose de la aludida fase, no es necesaria la remisión a la
Resolución 0330 de 2017, pues sobre la fase de diagnóstico existe completa
regulación en el Decreto 1898 de 2016 y en la Resolución No. 0844 del 8 de noviembre
de 2018, y por ende, no es menester tampoco los estudios especializados que refiere
el Municipio en la alzada, ni mucho menos se deben adquirir los equipos e insumos
para el análisis de alternativas, sino que debe identificarse el perfil del proyecto con
base en los anteriores documentos.
Por ende, como no se advierte que el fundamento de la entidad recurrente sea cierto,
el cargo no tiene vocación de prosperidad.
7.5.3. En suma, al no encontrarse algún motivo que habilite a la ampliación del plazo
concedido por el Tribunal para la realización de las actividades señaladas en los
numerales iii y iv) de la fase de diagnóstico del ordinal cuarto de la parte resolutiva de
la sentencia recurrida, el cargo no tiene vocación de prosperidad.
Sin embargo, la Sala considera que es necesario aplicar criterios de proporcionalidad
y razonabilidad al anotado plazo, en el marco de la competencia reconocida al Comité
de Verificación del cumplimiento del fallo; y por ende, se modificará el numeral cuarto
de la decisión recurrida, en el sentido de señalar que la Magistrada Ponente de la
decisión de primera instancia, en su condición de Presidente del aludido comité, podrá
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ampliar los plazos siempre que las circunstancias lo ameriten y motive debidamente
tal condición22.
7.5.4. De la medida cautelar adoptada por el Tribunal Administrativo de Casanare
Por otro lado, observa la Sala que, en la parte considerativa de la sentencia recurrida,
el anotado Tribunal indicó que la medida cautelativa adoptada en la providencia del 17
de junio de 2019 seguiría vigente hasta que la decisión de primera instancia estuviera
en firme y se acreditara que el suministro de agua potable se realizaba con estándares
de calidad y cobertura.
Al respecto, es preciso indicar que, de conformidad con el artículo 25 de la Ley 472 de
1998, el juez constitucional se encuentra facultado, para que, de oficio o a petición de
parte, adopte las medidas previas que estime pertinentes para prevenir un daño
inminente o para hacer cesar el que hubiere causado; veamos:
“Artículo 25. Medidas cautelares. Antes de ser notificada la demanda y en
cualquier estado del proceso podrá el juez, de oficio o a petición de parte, decretar,
debidamente motivadas, las medidas previas que estime pertinentes para prevenir
un daño inminente o para hacer cesar el que se hubiere causado. (…)” (Subrayas
de la Sala)
En consonancia con ello, el artículo 229 del CPACA indicó que las medidas cautelares
contenidas en dicho estatuto serían aplicables a los procesos que tengan como fin la
protección de derechos e intereses colectivos. La norma en cuestión es del siguiente
tenor:
“Artículo 229. Procedencia de medidas cautelares. En todos los procesos
declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto
admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte
debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en
22
Sobre el particular, esta Sección en sentencia del 1 de junio de 2020, emitida dentro del proceso
identificado con número de radicado 68001 23 31 000 2021 00091 01, con ponencia del Consejero de
Estado Hernando Sánchez Sánchez, expuso:
“203. Ahora bien, en el evento que durante la ejecución de la sentencia se observe que
razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional, el Tribunal Administrativo de
Santander, en el marco del Comité de Verificación, puede adoptar las decisiones que considere
necesarias para garantizar su cumplimiento, toda vez que el artículo 34 de la Ley 472 prevé que
mientras se ejecuta la sentencia el juez “[…] conservará la competencia para tomar las medidas
necesarias para la ejecución de la sentencia de conformidad con las normas contenidas en el
Código de Procedimiento Civil […]”. Lo anterior, incluye todas las órdenes de la sentencia.”
(Subrayas de la Sala, negrillas dentro del texto)
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providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para
proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la
sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo.
La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento.
Parágrafo. Las medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad la
defensa y protección de los derechos e intereses colectivos del conocimiento de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se regirán por lo dispuesto en este
capítulo y podrán ser decretadas de oficio.” (Subrayas de la Sala).
Así pues, de acuerdo con lo expuesto, es procedente afirmar que, dada la naturaleza
preventiva de las medidas cautelares y, por ende, transitoria, no pueden ser
mantenidas en el fallo de primera instancia, dado que las ordenes allí previstas están
orientadas a definir la litis.
Ello es así, pues uno es el objeto del fallo, constituido por la decisión sobre la
pretensión formulada y que será favorable al actor en caso de que demuestre la
titularidad del derecho reclamado, y otro, el de la medida cautelar determinado por la
tutela judicial efectiva, esto es, la garantía de la efectividad de la sentencia que se ve
en riesgo por la mora en el trámite del proceso.
Sobre el particular, esta Sección, en providencia del 15 de noviembre de 2019, dijo:
“46. Los pronunciamientos expuestos en precedencia reafirman el carácter previo
y transitorio que deben tener las medidas cautelares, como mecanismo para
garantizar el objeto del proceso, en el tiempo que dure su análisis por parte del
Juez. Esto implica que, una vez resuelto el objeto del litigio en la primera instancia,
se haga improcedente en tal decisión decretar cualquier medida de índole cautelar,
en tanto que la sentencia ordena las medidas definitivas para la protección de los
derechos e intereses colectivos. Lo anterior sin perjuicio de que con posterioridad
a la sentencia proferida, en primera instancia, el ad quem pueda decretar medidas
de ésta naturaleza, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 472,
si se dan los presupuestos establecidos en la Ley para ese efecto.
47. En ese orden de ideas, decretar medidas cautelares en la sentencia de primera
instancia o, como en el presente caso, anunciarlas en la sentencia y proferirlas en
auto separado de la misma fecha, contraría la naturaleza previa y provisional de
las mismas y además constituye una vulneración de los derechos a la doble
instancia y al debido proceso de sus destinatarios, conforme pasa a explicarse.”23
(Subrayas de la Sala).
23
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Auto del 15 de
noviembre de 2019. Proceso radicado número. 85001 23 33 000 2014 00186 02. Consejero Ponente:
Hernando Sánchez Sánchez.
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Demandante: Danitxa Lisseth Romero Cruz
Ante tal panorama, se ordenará levantar la aludida medida cautelativa y se instará al
Tribunal Administrativo del Casanare para que, en lo sucesivo, en las acciones
populares de su conocimiento, tenga en cuenta las consideraciones anteriormente
expuestas.
7.5.5. De la conformación del Comité de Verificación de la sentencia
En este punto, la Sala observa que la sentencia de primera instancia en lo que respecta
a la conformación del Comité de Verificación del cumplimiento del fallo, ordenó lo
siguiente:
QUINTO: Conformar un comité de verificación, que será integrado por el defensor
del Pueblo Regional Casanare, el gobernador del departamento de Casanare o su
delegado, el representante legal de Acuatodos S. A. ESP, el alcalde de Yopal, el
agente del Ministerio Público y la magistrada ponente de esta Corporación, cuyo
procedimiento se sujetará a las reglas trazadas en la parte motiva de esta
providencia y deberá rendir informes periódicos cada cuatro (4) meses; o cuando
ocurran novedades que requieran intervención judicial más temprana.
Ahora bien, el inciso 4 del artículo 34 de Ley 472 de 1998, indica sobre este preciso
aspecto que:
“Artículo 34. Sentencia.
(…)
En la sentencia el juez señalará un plazo prudencial, de acuerdo con el alcance de
sus determinaciones, dentro del cual deberá iniciarse el cumplimiento de la
providencia y posteriormente culminar su ejecución. En dicho término el juez
conservará la competencia para tomar las medidas necesarias para la ejecución
de la sentencia de conformidad con las normas contenidas en el Código de
Procedimiento Civil y podrá conformar un comité para la verificación del
cumplimiento de la sentencia en el cual participarán además del juez, las partes,
la entidad pública encargada de velar por el derecho o interés colectivo, el
Ministerio Público y una organización no gubernamental con actividades en el
objeto del fallo.
También comunicará a las entidades o autoridades administrativas para que, en lo
que sea de su competencia, colaboren en orden a obtener el cumplimiento del
fallo.” (Subrayas y resaltado de la Sala)
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Conforme a la anterior disposición, esta Sección en reciente jurisprudencia24 definió
que era menester no sólo que se incluyera, por mandato legal, al Tribunal que emitió
sentencia de primera instancia, sino que además precisó que quien debía presidirlo es
el Magistrado que había adelantado la sustanciación y proyección de la decisión en la
anotada instancia como Ponente de la misma25.
24
Verbigracia: Sentencia de 28 de junio de 2019, Consejero Ponente: Hernando Sánchez Sánchez. Radicación Número: 52001-23-33-000-2018-00361-01(AP), en la que se dijo:
“Comité de verificación. 167. Para el cumplimiento de las órdenes proferidas en esta sentencia, se ordenará la conformación de
un comité de verificación, según lo dispone el artículo 34 de la Ley 472:
“[…] En la sentencia el juez señalará un plazo prudencial, de acuerdo con el alcance de sus
determinaciones, dentro del cual deberá iniciarse el cumplimiento de la providencia y posteriormente
culminar su ejecución. En dicho término el juez conservará la competencia para tomar las medidas
necesarias para la ejecución de la sentencia de conformidad con las normas contenidas en el
Código de Procedimiento Civil y podrá conformar un comité para la verificación del cumplimiento
de la sentencia en el cual participarán además del juez, las partes, la entidad pública encargada
de velar por el derecho o interés colectivo, el Ministerio Público y una organización no
gubernamental con actividades en el objeto del fallo. También comunicará a las entidades o autoridades administrativas para que, en lo que sea de su
competencia, colaboren en orden a obtener el cumplimiento del fallo […]” (Resaltado fuera de texto
original). 1.Así las cosas, en el comité de verificación de esta sentencia participarán: i) la parte actora; ii) el
Municipio de Mocoa; ii) la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía –
CORPOAMAZONIA-; iii) la Empresa Metropolitana de Aseo EMAS Putumayo S.A.S. E.S.P.; y iv) el
delegado de la Procuraduría General de la Nación ante el Tribunal Administrativo de Nariño. Este Comité
será presidido por el Tribunal Administrativo de Nariño, a través de la Magistrada ponente de la
sentencia proferida, en primera instancia.” (Negrillas del texto original) (Subrayas de la Sala)
25
“Sobre el particular, la Sala advierte que de acuerdo con el artículo 34 de la Ley 472, el Juez tiene la
facultad de conformar un comité de verificación del cumplimiento de la sentencia en el cual participarán
además del juez, las partes, la entidad pública encargada de velar por el derecho o interés colectivo, el
Ministerio Público y una organización no gubernamental con actividades en el objeto del fallo. La implementación de dicho comité no pugna con la facultad que tienen las partes o los interesados de
acudir al incidente de desacato ante el incumplimiento de una orden judicial, pues aquel tiene por
finalidad efectuar un seguimiento a la ejecución de las medidas de amparo previstas en la sentencia y
también puede servir de instancia de articulación entre las partes, el juez y demás personas interesadas,
para lograr la efectiva protección de los derechos colectivos vulnerados. Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia T-254 de 2014, precisó lo siguiente:
“[…] Como punto de partida, se destaca el hecho de que ambos cuerpos normativos hayan considerado
que dichas autoridades debían conservar su competencia, después de proferido el fallo, para adoptar
las medidas que conduzcan a hacer efectivo el amparo. Eso explica que tanto el juez de tutela como el
de la acción popular puedan convocar a las entidades encargadas de ejecutar las órdenes de protección,
cuantas veces sea necesario; practicar pruebas para establecer los motivos de su negligencia y
adelantar las diligencias que correspondan para corregir tales obstáculos.25
El juez de la acción popular cuenta con una herramienta adicional para esos efectos: la conformación
del comité para la verificación del cumplimiento que, integrado de la manera en que se anunció
previamente (Supra 4.5.) cumple la función de asesorar al funcionario judicial en la formulación de
propuestas que conduzcan a realizar la protección concedida y, además, permite hacer un seguimiento
de las gestiones que los responsables de restablecer el derecho colectivo vulnerado han adoptado con
ese objeto.25
[…]
10.
Para resolver ese interrogante, hay que remitirse a lo referido con antelación acerca de la
responsabilidad del juez de la acción popular en la ejecución de sus sentencias y de los instrumentos
jurídicos de los que él y las partes pueden valerse para impulsar el cumplimiento de las órdenes de
protección de los derechos colectivos. Se dijo entonces que la sentencia de la acción popular debe indicar de forma precisa el plazo previsto
para su ejecución y que, durante ese término, el juez conserva la competencia para tomar las medidas
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En consecuencia, a efectos de aplicar dicho criterio, debe modificarse el numeral
quinto de la sentencia de primera instancia, con el fin de que el mencionado Comité
esté presidido por la Magistrada Ponente del Tribunal Administrativo del Casanare.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley,
FALLA
PRIMERO: MODIFICAR el numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia
apelada, el cual quedará así:
CUARTO: En consecuencia, imponer a las demandadas las siguientes medidas
definitivas:
Medidas definitivas Plazo Responsables
Fase de Diagnóstico
i) En aplicación de los Dos (2) meses a partir de la Municipio de Yopal
principios de coordinación y ejecutoria de la sentencia
subsidiariedad, el alcalde de
Yopal pondrá en conocimiento
del departamento de Casanare
y del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, las
que conduzcan a la pronta y efectiva materialización de la protección concedida. Esto significa que
puede practicar pruebas para identificar las circunstancias que obstaculizan la concreción del amparo,
requerir a las entidades encargadas de ejecutar las órdenes de protección y adoptar los correctivos que
conduzcan a superar la dilación verificada.
Además, se advirtió sobre el importante papel que cumplen el comité de verificación de cumplimiento
de la sentencia de acción popular y el incidente de desacato frente a dicho propósito, el primero porque
opera como un espacio para la elaboración y discusión de las alternativas de cumplimiento de la
sentencia y el segundo porque permite que, ante la inminencia de una sanción disciplinaria, las
autoridades se apresuren a ejecutar las medidas necesarias para hacer realidad el amparo concedido.
[…]
El papel que cumple el comité de verificación en la asesoría y seguimiento de las órdenes de protección,
la competencia que se le confirió al juez para vincular a las entidades que podrían contribuir a acelerar
el cumplimiento del fallo, la labor que en aras de este objetivo pueden ejercer los organismos de control
y los intereses que están en juego tratándose de derechos colectivos cuya protección, por definición,
concierne a toda la sociedad, son razones suficientes para considerar que, en efecto, el juez de la acción
popular está habilitado para ajustar sus órdenes cuando ello resulte indispensable para asegurar el goce
efectivo de tales derechos o conjurar las circunstancias que lo amenazan […]”.
Es por lo anterior que la Sala considera que el comité de verificación en el asunto sub-examine no debe
ser revocado, pero sí modificado en el sentido de incluir al Tribunal, a través de su magistrado ponente,
quien lo presidirá.”25 (Negrillas del original) (Subrayas de la Sala)
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necesidades reales
relacionadas con el servicio de
acueducto de la vereda Buena
Vista Alta, con el fin de
concertar y acordar la
obtención del apoyo
financiero, logístico y técnico
que se requiera.
El departamento de Tres (3) meses, contados a Departamento de Casanare y
Casanare y el Ministerio de partir de vencimiento del plazo Ministerio de Vivienda, Ciudad
Vivienda, Ciudad y anterior. y Territorio
Territorio, deberán dar
respuesta concreta a la
solicitud de la entidad
municipal.
ii) realizar un censo de la Un (1) mes, a partir de la Municipio de Yopal
vereda Buena Vista Alta, ejecutoria de la sentencia
discriminando el censo por
edad, sexo y si existen
personas de especial
protección y recopilar la
información necesaria para
orientar la dotación de
infraestructura básica de agua
y saneamiento básico o de las
soluciones alternativas en
zonas rurales.
iii) Realizar el respectivo Tres (3) meses, a partir de la Municipio de Yopal,
diagnóstico, teniendo en ejecutoria de la sentencia departamento de Casanare y
cuenta las normas Acuatodos S. A. E. S. P.
establecidas en el artículo
2.3.7.1.4.1 del Decreto 1898
de 2016, el censo realizado
por el ente municipal, los
estudios realizados por
Acuatodos S. A. ESP en
desarrollo del Convenio
Interadministrativo No. 1289
de 2018 y el mapa de riesgos
que se advierte en el sector.
iv) Adelantar las acciones Seis (6) meses, a partir de la Municipio de Yopal
necesarias para determinar si ejecutoria de la sentencia
construye un pozo profundo,
adecúa el ya existente o
determinar otra forma de
suministrar agua potable a los
habitantes de la vereda Buena
Vista Alta de manera
permanente.
Fase de formulación del proyecto
1. Con el resultado del Tres (3) meses, una vez se Municipio de Yopal y
diagnóstico, efectuar la haya legalizado el predio Acuatodos S.A. ESP.
planificación y elaboración del donde se pretende construir el
proyecto, teniendo en cuenta acueducto.
los resultados derivados del
Convenio Interadministrativo
1289 de 2918, etapa en la que
se deben evaluar las
necesidades advertidas en el
diagnóstico, presupuesto,
logística y demás criterios que
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se requieran para dar
viabilidad al proyecto, etapa
que culminará con la
presentación del proyecto ante
el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio.
2. Presentar el proyecto y Un (1) mes, contado a partir Municipio de Yopal y
atender los ajustes sugiera el del vencimiento del plazo Acuatodos S. A. ESP.
Ministerio de Vivienda, Ciudad anterior
y Territorio.
Fase de seguimiento del proyecto
Realizar la correspondiente Dos (2) meses, contados a Ministerio de Vivienda, Ciudad
revisión al proyecto con partir de la presentación del y Territorio.
prioridad, emitiendo las proyecto.
observaciones, requerimientos
de ser necesarios o dar curso
al mismo sin dilaciones,
prestando la asistencia
técnica que requieran dichas
entidades, para que se logre
el buen curso del proyecto.
Fase planificación
De manera coordinada, Cuatro (4) meses, contados a Municipio de Yopal y
teniendo definidos los recursos partir de la aprobación del Acuatodos S. A. ESP.
y/o apoyos de cofinanciación, proyecto.
deben realizar los estudios
previos para el diseño del
acueducto veredal o del
sistema definitivo que
garantice el suministro de
agua potable de manera
constante y de calidad,
incluyendo: i) plan los estudios
de factibilidad, ii) Plan de
presupuesto, iii) mapa riesgos
y iv) trámites de permisos
ambientales a que haya lugar.
Fase de contratación
Adelantar los trámites de Cuatro (4) meses, contados a Municipio de Yopal y
contratación y ejecución, con partir del vencimiento del Acuatodos S. A. ESP.
miras a materializar la plazo establecido en el
construcción de la obra numeral anterior.
establecida en el proyecto y en
los estudios previos, actuación
que está a cargo del municipio
de Yopal en coordinación con
Acuatodos S. A. ESP, previo
cumplimiento de los permisos
ambientales
Fase de ejecución
Ejecutar el contrato y recibo de Doce (12) meses, a partir del Municipio de Yopal y
obra vencimiento del plazo Acuatodos S. A. ESP.
establecido en el numeral
anterior.
Solución alternativa para el aprovisionamiento de agua potable
1. Adoptar una medida En firme esta providencia y de Municipio de Yopal
alternativa, en aplicación del manera periódica hasta que la
artículo 2.3.7.1.3.2 del vereda Buena Vista Alta
Decreto 1892 de 2016, a cuente con el servicio de
través de la cual se garantice acueducto
el suministro de 50 litros
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diarios de agua potable a
cada habitante de la vereda
Buena Vista Alta, a través de
cualquier medio idóneo para
resolver las necesidades
básicas de dicha
comunidad.
La medida alternativa debe
permanecer hasta que el
sector afectado cuente con el
servicio regular o convencional
de acueducto.
2. Ejercer actividades de Dentro de los cinco (5) días Departamento de Casanare y
apoyo y coordinación, cuando siguientes a la solicitud Acuatodos S. A. ESP
el municipio de Yopal efectúe efectuada por el municipio de
la correspondiente solicitud Yopal.
(apoyo económico, financiero,
logístico, etc.)
La Magistrada Ponente de la decisión de primera instancia, en su condición de
Presidente del Comité de verificación de la sentencia, podrá ampliar los anotados
plazos siempre que las circunstancias lo ameriten y se motive debidamente tal
condición.
SEGUNDO: MODIFICAR el numeral quinto del fallo apelado, así:
QUINTO: Conformar un comité de verificación, que será integrado por el defensor
del Pueblo Regional Casanare, el gobernador del departamento de Casanare o su
delegado, el representante legal de Acuatodos S. A. ESP, el alcalde de Yopal, el
agente del Ministerio Público y la magistrada ponente del Tribunal Administrativo
del Casanare, quien lo presidirá, cuyo procedimiento se sujetará a las reglas
trazadas en la parte motiva de la sentencia de primera instancia y deberá rendir
informes periódicos cada cuatro (4) meses; o cuando ocurran novedades que
requieran intervención judicial más temprana.
TERCERO: LEVANTAR la medida cautelar adoptada por el Tribunal Administrativo de
Casanare en auto del 17 de junio de 2019 y en consecuencia se INSTA a dicha
Corporación judicial para que, en lo sucesivo, en las acciones populares de su
conocimiento tenga en cuenta las consideraciones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
CUARTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998,
REMITIR copia de esta decisión a la Defensoría del Pueblo.
QUINTO: Ejecutoriado esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión del 3 de febrero de 2023.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
El presente auto fue firmado electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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