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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 85001-23-33-000-2019-00126-01

Fecha
18 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Maria Adriana Marin
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 85001-23-33-000-2019-00126-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare el 10 de septiembre de 2020, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONDENAR en costas en segunda instancia a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el a quo. Se fijan como agencias en derecho el equivalente a 1 SMLMV para la fecha de ejecutoria de la sentencia. 18 Radicación: 850012333000-2019-00126-01 (66547) Demandante: Equion Energía Limited Demandado: Agencia Nacional de Hidrocarburos Referencia: Proceso ejecutivo TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría se dispondrá DEVOLVER el expediente a su Tribunal de origen. Se deja constancia que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el enlace:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 85001-23-33-000-2019-00126-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

18 de septiembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de septiembre dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 850012333000-2019-00126-01 (66547)
Demandante: EQUION ENERGÍA LIMITED
Demandado: AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS –ANH
Referencia: PROCESO EJECUTIVO - LEY 1437 DE 2011

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada en contra de la sentencia proferida el 10 de septiembre de 2020 por el
Tribunal Administrativo de Casanare, mediante la cual se declararon no probadas
las excepciones propuestas, se ordenó seguir adelante con la ejecución y se
condenó en costas a la entidad ejecutada.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

El 11 de septiembre de 2019, la empresa Equion Energía Limited, actuando por
conducto de apoderado judicial (fls. 27-28, archivo: 3_ED_00-C. Principal), presentó
demanda ejecutiva en contra de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, con el fin de
que se acceda a las siguientes pretensiones:

PRIMERA. -Que se libre mandamiento ejecutivo en contra de la Agencia
Nacional de Hidrocarburos y a favor de Equion Energía Limited, para que
dicha agencia, en cumplimiento de sus obligaciones de hacer, efectúe el
ajuste a que haya lugar a la liquidación contenida en la Resolución ANH
1108 expedida el 30 de octubre de 2014 respecto de las regalías
generadas por la producción de hidrocarburos de los Campos Cusiana
Norte, Río Chitamena, Tauramena (Cusiana) Floreña, Floreña –
Recetor, Pauto Sur y Pauto Sur Recetor (Piedemonte) durante los meses
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Radicación: 850012333000-2019-00126-01 (66547)
Demandante: Equion Energía Limited
Demandado: Agencia Nacional de Hidrocarburos
Referencia: Proceso ejecutivo

de abril, mayo y junio de 2014, conforme lo previsto en los Artículos 1 y
2 de la Resolución No. 467 del 8 de julio de 2015.

SEGUNDA. - Que sobre los valores resultantes de realizar la liquidación
indicada en la pretensión anterior, se ordene a la Agencia Nacional de
Hidrocarburos reconocer a Equion Energía Limited intereses moratorios,
a partir del 28 de agosto de 2015.

TERCERA. - Que se condene en costas a la Agencia Nacional de
Hidrocarburos.

Como sustento fáctico de las pretensiones se narró, en síntesis, que Equion Energía
Limited tiene participación en los contratos de asociación Piedemonte y Río
Chitamena suscritos con Ecopetrol, en virtud de los cuales se obligó a cancelar
regalías por la explotación del recurso natural no renovable (gas).

La Agencia Nacional de Hidrocarburos expidió la Resolución No. 1108 del 30 de
octubre de 2014, mediante la cual se liquidaron las regalías correspondientes a la
explotación de gas del segundo trimestre de 2014.

Contra tal acto, la parte demandante interpuso recurso de reposición, desatado
mediante la Resolución No. 467 del 8 de julio de 2015, con la cual se repuso
parcialmente la liquidación contenida en la Resolución ANH 1108 del 30 de octubre
de 2014, tomando como deducibles los costos para llevar el recurso desde el punto
de entrega hasta el punto de entrada al sistema de transporte de gas, con el objetivo
de determinar el precio base de liquidación de las regalías. A su vez, se ordenó:

Artículo 2. Proceder a efectuar el ajuste a que haya lugar a la liquidación
contenida en la Resolución ANH 1108 expedida el 30 de octubre de 2014
respecto de las regalías generadas por la producción de hidrocarburos de los
Campos Cusiana Norte, Río Chitamena, Tauramena (Cusiana) Floreña,
Floreña-Recetor, Pauto Sur y Pauto Sur Recetor (Piedemonte) durante los
meses de abril, mayo y junio de 2014, conforme lo dispuesto en el Artículo 1.
de la presente Resolución.

A pesar de haber solicitado el cumplimiento de dicha resolución, la Agencia
Nacional de Hidrocarburos no ha acatado lo ordenado (fls. 1-25, archivo: 3_ED_00-
C. Principal).

1.2. Título ejecutivo

Con fundamento en lo anterior, la parte ejecutante adujo que el título ejecutivo lo
constituía los actos administrativos correspondientes a las Resoluciones ANH 1108

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Radicación: 850012333000-2019-00126-01 (66547)
Demandante: Equion Energía Limited
Demandado: Agencia Nacional de Hidrocarburos
Referencia: Proceso ejecutivo

del 30 de octubre de 2014 y la No. 467 del 8 de julio de 2015, de las cuales se
desprende una obligación de hacer, clara, expresa y exigible. Como anexos de la
demanda allegó:

a. Copia auténtica de la Resolución No. 467 del 8 de julio de 2015 de la Agencia
Nacional de Hidrocarburos (fls. 58-72, archivo: 3_ED_00-C. Principal).

b. Comunicación radicada bajo el número 20156240225492 del 28 de agosto de
2015 (fls. 77-80, archivo: 3_ED_00-C. Principal).

c. Comprobante de los pagos realizados por concepto de regalías en el segundo
trimestre de 2014 (fl. 81, archivo: 3_ED_00-C. Principal).

d. Disco compacto que contiene los siguientes documentos (CD. Fl. 26):

-Resolución No. 1108 del 30 de octubre de 2014 de la Agencia Nacional de
Hidrocarburos.
-Copia del contrato de Asociación Piedemonte.
-Copia del contrato de asociación Río Chitanema.
-Copia del contrato de asociación SDLA.
-Copia del contrato de asociación Tauramena.

2. Trámite en primera instancia

2.1. El 29 de octubre de 2019, el Tribunal Administrativo de Casanare libró
mandamiento de pago parcial, en los siguientes términos:

1° LIBRAR el mandamiento ejecutivo por obligación de hacer pedido por
Equion Energía Limited en contra de la Agencia Nacional de
Hidrocarburos-ANH-, derivado de la Resolución 457 de 2015, así:

La entidad ejecutada deberá reajustar la liquidación contenida en
la Resolución ANH 1108 de 2014 respecto de las regalías
generadas por la producción de hidrocarburos en los campos
Cusiana Norte, Río Chitamena, Tauramena (Cusiana) Floreña,
Floreña-Recetor, Pauto Sur y Pauto Sur Recetor (Piedemonte)
durante los meses de abril, mayo y junio de 2014, en los términos
indicados en los ordinales 1° y 2° de la Resolución 467/2015.

La obligación de hacer deberá realizarse dentro de los diez (10) días
siguientes a la notificación del mandamiento (art. 433 del C.G. del P.).

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Radicación: 850012333000-2019-00126-01 (66547)
Demandante: Equion Energía Limited
Demandado: Agencia Nacional de Hidrocarburos
Referencia: Proceso ejecutivo

Paralelamente, denegó el mandamiento ejecutivo por los presuntos perjuicios
causados al ejecutante, en atención a que no se indicaron los parámetros para
determinar los intereses moratorios, no fueron estimados bajo juramento y tampoco
se señaló la tasa de interés mensual, ligado a que los intereses moratorios se
causarían sobre una suma indeterminada que no sería definida en el proceso
ejecutivo (fls 94-98, archivo: 3_ED_00-C. Principal).

2.2. El 12 de noviembre de 2019, se remitió comunicación dirigida a la Agencia
Nacional de Hidrocarburos informando sobre el auto que libró mandamiento de pago
y corriendo traslado de la demanda, junto con sus anexos (fls.103-109, archivo:
3_ED_00-C. Principal).

2.3. El 16 de noviembre de 2019, la Agencia Nacional de Hidrocarburos interpuso
recurso de reposición en contra del auto que libró mandamiento ejecutivo.
Argumentó que se trataba de un título ejecutivo complejo y que expedir un nuevo
acto administrativo implicaría reconocer el enriquecimiento sin justa causa de la
empresa ejecutante, debido a que frente a la liquidación de las regalías no existe
certeza y claridad sobre el valor definitivo.

Afirmó que las resoluciones Nos. 1108 de 2014 y 467 de 2015 no corresponden a
decisiones con fuerza ejecutiva, ya que no se encuentran dentro de los títulos
ejecutivos reconocidos por la jurisprudencia contencioso administrativa, además de
la falta de claridad y certeza del valor a ser reliquidado.

Explicó que la entidad deberá respetar el marco jurídico aplicable para dar
cumplimiento a la obligación de ajustar la liquidación de las regalías, ello
desembocaría en una controversia respecto de la liquidación, incluso se podría
configurar una vía de hecho susceptible de ser reconocida mediante el control por
vía de excepción (fls. 119-128, archivo: 3_ED_00-C. Principal).

2.4. El Tribunal Administrativo de Casanare resolvió el recurso de reposición por
auto fechado el 12 de diciembre de 2019, en el sentido de confirmar la providencia,
dado que el título complejo contiene una obligación clara, expresa y exigible, al
incluir los parámetros que debían considerarse para proceder con el reajuste de la
liquidación de las regalías, acto administrativo que goza de presunción de legalidad.

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Radicación: 850012333000-2019-00126-01 (66547)
Demandante: Equion Energía Limited
Demandado: Agencia Nacional de Hidrocarburos
Referencia: Proceso ejecutivo

Aclaró que lo ordenado comprende únicamente la obligación de hacer de reajustar
la liquidación de las regalías, actuación que debe realizarse conforme al marco legal
y reglamentario aplicable, incluida la Resolución No. 351 de 2015, de ahí que todas
las controversias presentadas con posterioridad por la forma, término, contenido o
alcances del acto a expedir escapan de la órbita del proceso ejecutivo (fls. 145-147,
archivo: 3_ED_00-C. Principal).

2.5. El 22 de enero de 2020, la Agencia Nacional de Hidrocarburos formuló las
siguientes excepciones de mérito en contra del auto que libró mandamiento
ejecutivo:

Excepción por ilegalidad del acto: Con fundamento en el artículo 148 del CPACA,
solicitó la inaplicabilidad del acto administrativo objeto de ejecución, por encontrarse
en contradicción con el ordenamiento jurídico.

Indebida escogencia del medio de control: A partir de la falta de claridad, certeza,
imposibilidad de ejecución y controversia sobre la liquidación de las regalías,
consideró que, en ningún caso, el medio de control para exigir el cumplimiento de
obligaciones contractuales es el proceso ejecutivo.

Indebida integración del título ejecutivo: Señaló que se trata de un título ejecutivo
complejo, toda vez que la obligación no ejecutada deviene de un contrato de
exploración y producción de hidrocarburos. Los actos administrativos aportados, por
sí solos, no cuentan con la capacidad de obligar a la entidad, dada la existencia de
otros documentos en los que consta el alcance, la exigibilidad y el deber de
cumplimiento por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Controversia en caso de liquidación: Reiteró que, en caso de procederse con el
ajuste de la liquidación de las regalías, la entidad debe observar el marco jurídico,
reglamentario y contractual aplicable al asunto, esto derivaría en una controversia
sobre esa liquidación.

Por último, argumentó que, según la jurisprudencia contenciosa administrativa, las
resoluciones Nos. 1108 de 2014 y 467 de 2015 no corresponden a decisiones con
fuerza ejecutiva (fls. 153 – 167, archivo: 3_ED_00-C. Principal).

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Radicación: 850012333000-2019-00126-01 (66547)
Demandante: Equion Energía Limited
Demandado: Agencia Nacional de Hidrocarburos
Referencia: Proceso ejecutivo

2.6. Por auto del 12 de agosto de 2020, el Tribunal Administrativo de Casanare
concedió el término de 10 días para que las partes presentaran sus alegatos de
conclusión (Archivo: 5_ED_02- Auto 12 AGO 2020), oportunidad dentro de la cual
se pronunció la parte ejecutante y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (Archivos:
8_ED_05-ALEGATOS DE CONCLUSIÓN PROCESO 2019-0126 y 10_ED_07-
Alegatos de Conclusión YOPAL 2019-00126).

3. Sentencia de primera instancia

El 10 de septiembre de 2020, el Tribunal Administrativo de Casanare profirió
sentencia de primera instancia mediante la cual se declararon no probadas las
excepciones y se decidió seguir adelante la ejecución en contra de la Agencia
Nacional de Hidrocarburos; en consecuencia, le ordenó expedir el acto
administrativo correspondiente dentro de los 15 días siguiente a la ejecutoria de la
sentencia. A su vez, condenó en costas a la entidad ejecutada, fijando las agencias
en derecho en la suma equivalente a 3 SMLMV.

La anterior decisión se fundamentó en que los documentos aportados constituían
un título complejo, en particular, la Resolución 467/2015, anexo ostensible de la
demanda, mediante la cual la Agencia Nacional de Hidrocarburos se obligó a
realizar una actuación administrativa específica: reliquidar el valor de las regalías
por la explotación de gas en favor del ejecutante, en los términos allí indicados y en
lo no modificado del acto precedente.

La mencionada resolución se encontraba en firme, sin que haya sido derogada,
modificada o anulada, por tanto, no se advierte la falta de ejecutividad o ausencia
de requisitos formales que justifiquen la oposición a su ejecución forzada.

Respecto a la solicitud de la parte ejecutada consistente en inaplicar el acto
administrativo mediante el control por vía de excepción, se aclaró que en la
sentencia no podría definirse cómo hacer la liquidación pendiente, pues se trata de
una competencia administrativa que podría ser objeto de los medios de control
previstos para evaluar su legalidad, por tanto, la orden se limita al cumplimiento de
los propios actos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (Archivo: 21_ED_18-
2019-00126-00 fallo 10 sep 2020).

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Radicación: 850012333000-2019-00126-01 (66547)
Demandante: Equion Energía Limited
Demandado: Agencia Nacional de Hidrocarburos
Referencia: Proceso ejecutivo

4. Recurso de apelación

La Agencia Nacional de Hidrocarburos interpuso recurso de apelación, en vista de
que el juez de primera instancia no se pronunció expresa y claramente sobre las
excepciones, especialmente, la ilegalidad del acto.

Reiteró que para el presente asunto resulta procedente el control por vía de
excepción, en la medida que el cumplimiento de las Resoluciones 1108 de 2014 y
467 de 2015 implican una lesión para el ordenamiento jurídico, acorde con lo
dispuesto en el artículo 360 de la Constitución Política, los artículos 14 a 16 de la
Ley 1530 de 2012, el artículo 6 de la Resolución 4 0048 de 2015 del Ministerio de
Minas y Energía, así como las resoluciones Nos. 412 de 2013, 877 y 351 de 2014,
proferidas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, mediante las cuales se
estableció la metodología, términos y condiciones para la determinación del precio
base de liquidación de regalías de gas recaudadas en dinero.

Informó que la entidad ha iniciado los medios de control pertinentes para resolver la
controversia, por consiguiente, presentó ante el Consejo de Estado demanda de
nulidad contra las resoluciones que desconocen el marco jurídico, legal y
reglamentario.

Trajo a colación la acción de cumplimiento presentada por el ejecutante, cuya
pretensión consistía en el reajuste de la liquidación de las regalías del año 2015,
dentro de la cual el Consejo de Estado determinó la improcedencia de la excepción
de ilegalidad, pero reconoció la existencia de un debate que llevaba por lo menos 5
años de existencia, que “no se limita a ejecutar un mandato sin previamente definir
la legalidad del acto administrativo que lo contiene”.

Concluyó que el proceso no corresponde a uno de naturaleza ejecutiva, ante la
existencia de dudas, falta de certeza y claridad acerca de la conformación del título
y su mérito ejecutivo, aunado a la controversia respecto a la legalidad de los actos
administrativos, por ende, la entidad se encuentra en la imposibilidad de cumplir la
obligación de hacer, por no contar con los elementos de juicio, tanto técnicos como
legales, pues de ser ejecutada se infringe de manera directa todo el ordenamiento
jurídico que regula la materia (Archivo: 25_ED_22-Recurso de Apelación ANH
demanda Casanare 2019-00126).

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Radicación: 850012333000-2019-00126-01 (66547)
Demandante: Equion Energía Limited
Demandado: Agencia Nacional de Hidrocarburos
Referencia: Proceso ejecutivo

El 5 de octubre de 2020, el Tribunal Administrativo de Casanare concedió el recurso
de apelación (Archivo: 29_ED_26-Auto 5 OCT 2020 - Concede apelación), decisión
confirmada al desatar el recurso de reposición interpuesto por la parte ejecutante
(Archivos: 33_ED_30-Recurso Reposición y 36_ED_33-Auto 11 dic 2020 no
repone).

5. Trámite en segunda instancia

Por auto fechado el 2 de septiembre de 2021, este Despacho admitió el recurso de
apelación (Archivo: 48_AUTOADMITIENDORECURSO). Posteriormente, el 14 de
octubre de 2021 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al
Ministerio Público para que emitiera concepto de fondo (Archivo:
52_TRASLADODE10DIASPARAALEGATOSDECONCLUSION), término durante el
cual Equion Energía Limited y la Agencia Nacional de Hidrocarburos presentaron
sus alegaciones finales (Archivos: 55 y 59).

II. CONSIDERACIONES

Conforme al parágrafo 2 del artículo 243 del CPACA, la apelación en los procesos
ejecutivos se tramitará de acuerdo a las normas especiales que lo regulan, de tal modo que
al no existir una normativa específica para los procesos ejecutivos que se adelanten ante
esta jurisdicción, se deberá acudir a las normas del Código General del Proceso, por
remisión expresa del artículo 306 del CPACA.

1. Jurisdicción y competencia

En el presente asunto, la obligación de hacer que se pretende ejecutar se encuentra
contenida en unos actos administrativos expedidos por la Agencia Nacional de
Hidrocarburos con el fin de liquidar el valor de las regalías por concepto de la
explotación de un recurso natural no renovable (gas), obligación consagrada en el
artículo 360 de la Constitución Política.

Ahora, de conformidad con el artículo 297 del CPACA, constituyen títulos ejecutivos
ante esta jurisdicción:

4. Las copias auténticas de los actos administrativos con constancia de
ejecutoria, en los cuales conste el reconocimiento de un derecho o la existencia
de una obligación clara, expresa, y exigible a cargo de la respectiva autoridad

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Demandante: Equion Energía Limited
Demandado: Agencia Nacional de Hidrocarburos
Referencia: Proceso ejecutivo

administrativa. La autoridad que expida el acto administrativo tendrá el deber
de hacer constar que la copia auténtica corresponde al primer ejemplar.

En ese orden, el conocimiento de un proceso ejecutivo cuyo título de recaudo
consiste en un acto administrativo recae en la Jurisdicción Contencioso
Administrativo, en tanto el artículo 104 del CPACA consagra que conocerá de las
controversias y litigios originados en actos sujetos al derecho administrativo en el
que estén involucradas entidades públicas, sin que sea un asunto expresamente
excluido por el artículo 105 del mencionado estatuto procesal.

A la luz del artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 615 del CGP, la Sala
es competente para conocer del presente asunto por tratarse de un recurso de
apelación presentado en contra de una sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Casanare, corporación competente en primera instancia según lo
dispuesto por el numeral 7 del artículo 152 del CPACA.

2. Ejercicio oportuno de la acción

A la luz de lo previsto en el literal k) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, el
término para presentar la demanda ejecutiva es de cinco años contados desde la
fecha en que se hizo exigible la obligación.

En el presente caso, se pretende la ejecución de una obligación de hacer contenida,
entre otros documentos, en las Resoluciones No. 1108 de 2014 y No. 467 de 2015,
que según la certificación expedida por la Agencia Nacional de Hidrocarburos
cobraron firmeza el 21 de agosto de 2015 (fls. 73-74, 3_ED_00-C. Principal).

Como la obligación de hacer no estaba supeditada a plazo o condición, se entiende
que su cumplimiento resultaba exigible a partir del 21 de agosto de 2015, de ahí
entonces que el término para presentar la demanda se extendía, en principio, hasta
el 21 de agosto de 2020; como aquella fue radicada el 11 de septiembre de 2019,
se concluye que la demanda se presentó oportunamente.

3. Caso concreto

El proceso ejecutivo tiene como finalidad garantizar la efectividad de las
obligaciones claras, expresas y exigibles originadas en una relación jurídica, de la

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Demandante: Equion Energía Limited
Demandado: Agencia Nacional de Hidrocarburos
Referencia: Proceso ejecutivo

cual se desprende una prestación a cargo del ejecutado y en favor del ejecutante,
quien se encuentra legitimado para pretender su cumplimiento forzoso.

Esa finalidad se ve reflejada en el diseño del proceso ejecutivo, con la introducción
de una serie de limitaciones para evitar la discusión jurídica y probatoria en los
mismos términos de un juicio declarativo, justamente en este punto radica la
diferencia entre ambos procesos, mientras que en los declarativos el derecho se
encuentra en discusión y deberá determinarse a quién le asiste razón, en los
ejecutivos ese debate deberá encontrarse resuelto con la existencia de un título
contentivo de una obligación plenamente determinada, pero insatisfecha, por ello
se solicita coercitivamente su cumplimiento1.

La prosperidad de la pretensión ejecutiva estará supeditada a la existencia de un
título ejecutivo, bien sea simple o complejo2, siempre y cuando reúna las
condiciones formales y sustanciales. Las primeras se refieren a que la obligación
debe constar: i) en documentos auténticos que provengan del deudor o de su
causante y que constituyan plena prueba contra él, o ii) en providencias emanadas
de autoridades competentes que tengan fuerza ejecutiva, conforme a la ley, como,
por ejemplo, las sentencias de condena y otro tipo de providencias judiciales que
impongan obligaciones, verbigracia, aquellas que fijan honorarios a los auxiliares de
la justicia, las que aprueban la liquidación de costas, etc. Las condiciones
sustanciales, por su parte, se traducen en que las obligaciones que se acrediten a
favor del ejecutante y a cargo del ejecutado sean claras, expresas y exigibles. 3

La obligación será clara cuando sea inteligible y su interpretación sea unívoca, sin
lugar a equívocos o confusiones, puesto que la causa, objeto y sujetos de la
obligación a ejecutar deben estar plenamente identificados; será expresa cuando
por lenguaje escrito aparezca visible, patente y explícita en el título ejecutivo,
excluyendo así la posibilidad de ejecutar obligaciones implícitas o presuntas; por

1 Hernando Devís Echandía. (2015). Teoría General del Proceso. Editorial Temis, (Págs. 145-147).
2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
providencia del 14 de junio de 2019, radicación No. 25000-23-26-000-2011-00995-02(61805), C.P.
María Adriana Marín.
3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
providencia del 30 de agosto de 2022, radicación No. 25000-23-26-000-2019-000907-01 (67633),
C.P. María Adriana Marín.
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Radicación: 850012333000-2019-00126-01 (66547)
Demandante: Equion Energía Limited
Demandado: Agencia Nacional de Hidrocarburos
Referencia: Proceso ejecutivo

último, será exigible cuando pueda solicitarse su cumplimiento porque se venció el
plazo, se cumplió la condición o la obligación era pura y simple.4

Dentro del cúmulo de obligaciones que pueden ser objeto del proceso ejecutivo, se
encuentran las obligaciones de hacer, consistentes en la realización de una acción
positiva, bien sea material o jurídica, a cargo del deudor y en favor del acreedor5,
cuya ejecución se rige por el artículo 433 del CGP.

Esa obligación de hacer puede estar contenida en un acto administrativo, el cual
constituye título ejecutivo en los procesos adelantados ante la Jurisdicción
Contenciosa Administrativa bajo los condicionamientos señalados por el artículo
297 del CPACA.

En el presente asunto precisamente se discute la ejecución de un título ejecutivo
complejo comprendido por actos administrativos, en primer término, por la
Resolución No. 1108 del 30 de octubre de 2014, mediante la cual la Agencia
Nacional de Hidrocarburos liquidó las regalías definitivas generadas por la
explotación de hidrocarburos durante los meses de abril, mayo y junio de 2014, en
el cual se incluyen las regalías a cargo de Equion Energía Limited por la explotación
de gas (CD Fl. 26, archivo: 1. Resolución 1108 de 2014).

En segundo término, por la Resolución No. 467 del 8 de junio de 2015 proferida por
la Agencia Nacional de Hidrocarburos, mediante la cual se resolvió el recurso de
reposición interpuesto por Equion Energía Limited en contra de la Resolución No.
1108 de 2014, en el sentido de reponerla parcialmente y ordenar la reliquidación de
las regalías.

De lo anterior se deduce que se trata de un título complejo en vista de que ambas
resoluciones constituyen una unidad jurídica a partir de la cual se avizora la
existencia de una obligación en cabeza de la entidad ejecutada, dado que la
Resolución No. 1108 de 2014 no puede ser interpretada sin la modificación parcial
auspiciada por la Resolución No. 467 de 2015; al mismo tiempo, considerar
aisladamente este último acto administrativo deja sin piso jurídico la liquidación de

4 Hernán Fabio López Blanco. (2017). Código General del Proceso: parte especial. Editorial Dupre
Editores Ltda. (Págs. 507-511).
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
providencia del 9 de septiembre de 2021, radicación No. 76001-23-33-000-2015-00265-02(3660-19),
C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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Radicación: 850012333000-2019-00126-01 (66547)
Demandante: Equion Energía Limited
Demandado: Agencia Nacional de Hidrocarburos
Referencia: Proceso ejecutivo

las regalías definitivas de los meses de abril, mayo y junio de 2015 efectuada
mediante la Resolución No. 1108 de 2014.

Ahora bien, en la Resolución No. 467 del 8 de junio de 2015 se concluyó (fls.58-72,
archivo: 3_ED_00-C. Principal):

(…) ii) Le asiste entonces parcialmente razón a Equion Energía Limited en lo
que respecta a los costos incurridos después del Punto de Entrega y hasta el
Punto de Entrada al Sistema Nacional de Transporte de Gas, los cuales deben
considerarse como costos deducibles para efectos de la determinación del
precio base de liquidación de regalías para cada campo, conforme a la
regulación vigente; razón por la cual debe procederse a efectuar el ajuste
correspondiente a la liquidación del segundo trimestre de 2014,

(…)

Teniendo en cuenta que los costos en que se incurre para llevar el gas del
Punto de Entrega al Punto de Entrada cuando tales puntos no coinciden (Dcm)
son únicos para cada campo, se ajustará la liquidación de regalías de cada uno
de los campos en mención efectuada mediante Resolución 1108 de 2014 y, por
ende, se debe ajustar el cobro de las regalías a cada uno de los socios de los
Campos de Cusiana y Piedemonte sobre su participación en la producción de
los mismos.

(…)

RESUELVE:

Artículo 1. Reponer parcialmente, conforme a lo expuesto en el Numeral 1.3
de la parte motiva de la presente Resolución, la liquidación contenida en la
Resolución ANH 1108 expedida el 30 de octubre de 2014 respecto de las
regalías generadas por la producción de hidrocarburos de los Campos Cusiana
Norte, Río Chitamena, Tauramena (Cusiana) Floreña, Floreña-Recetor, Pauto
Sur y Pauto Sur Recetor (Piedemonte) durante los meses de abril, mayo y junio
de 2014, recurrida por Equion Energía Limited, en el sentido de considerar
como deducibles para efectos de la determinación del predio base de
liquidación de regalías los costos incurridos para llevar el gas desde el Punto
de Entrega hasta Punto de Entrada al Sistema de Transporte, cuando tales
puntos no coinciden, conforme a lo previsto en la Resolución ANH 351 de 2015.

Artículo 2. Proceder a efectuar el ajuste a que haya lugar a la liquidación
contenida en la Resolución ANH 1108 expedida el 30 de octubre de 2014
respecto de las regalías generadas por la producción de hidrocarburos de los
Campos Cusiana Norte, Río Chitamena, Tauramena (Cusiana) Floreña,
Floreña-Recetor, Pauto Sur y Pauto Sur Recetor (Piedemonte) durante los
meses de abril, mayo y junio de 2014, conforme a lo dispuesto en el Artículo 1.
de la presente Resolución. (…)

Respecto de estos actos administrativos, la Agencia Nacional de Hidrocarburos
certificó que se trata de copias auténticas (fls. 75-76, archivo: 3_ED_00-C. Principal)
y adquirieron firmeza el 21 de agosto de 2015 (fls. 73-74, archivo: 3_ED_00-C.
Principal).

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Demandante: Equion Energía Limited
Demandado: Agencia Nacional de Hidrocarburos
Referencia: Proceso ejecutivo

Así mismo, se aportaron una serie de escrituras públicas que daban cuenta de los
contratos de asociación para la exploración y explotación de hidrocarburos, en los
cuales participaba la empresa Equion Energía Limited (CD Fl. 26, archivos:
CDPruebasDigitales No. 2-5).

Por lo anterior, le asiste razón al juez de primera instancia, puesto que el título
ejecutivo fue integrado debidamente, en tanto las resoluciones Nos. 1108 de 2014
y la 467 de 2015 obran en el expediente y de ellas se dio traslado a la entidad
ejecutada (fls.103-109, archivo: 3_ED_00-C. Principal), estos documentos
configuran la unidad jurídica predicable de los títulos ejecutivos complejos.

Es verdad que el Tribunal Administrativo de Casanare no se pronunció
expresamente sobre todas las excepciones de mérito propuestas por la Agencia
Nacional de Hidrocarburos, pero lo cierto es que a través de la argumentación
expuesta en el fallo de primera instancia se avizora la solución al problema jurídico,
descartando la prosperidad de dichas excepciones, por ello no puede afirmarse un
desconocimiento del artículo 187 del CPACA, máxime cuando el a quo aclaró que
varios de los argumentos planteados como excepciones fueron objeto de
pronunciamiento al desatar el recurso de reposición en contra del mandamiento
ejecutivo.

En efecto, se corroboró que la Resolución 467 de 2015, expedida por la Agencia
Nacional de Hidrocarburos contienen una obligación expresa, en razón a que es
patente y manifiesta su inclusión en la parte resolutiva del acto administrativo; es
clara, porque a la entidad ejecutada se impone la obligación de efectuar una
reliquidación de las regalías generadas por la producción de hidrocarburos (gas) en
favor de Equion Energía Limited, precisando los términos y condiciones para tal
operación, y es exigible, dado que la misma entidad certificó la firmeza del acto en
cuestión, y no se contempló la existencia de un plazo o condición que difiriera su
cumplimiento, mucho menos se acreditó su revocatoria, modificación o anulación.

Por estas razones, y por el hecho de que los actos administrativos sí pueden
constituir título ejecutivo, según el numeral 4° del artículo 297 del CPACA, se
descarta la excepción denominada: “las resoluciones Nos. 1108 de 2014 y 467 de
2015 no corresponden a decisiones con fuerza ejecutiva”.

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Demandante: Equion Energía Limited
Demandado: Agencia Nacional de Hidrocarburos
Referencia: Proceso ejecutivo

En ese mismo orden de ideas, no se configuró una indebida escogencia del medio
de control, toda vez que, al constatarse la existencia de una obligación clara,
expresa y exigible a cargo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y en favor de
Equion Energía Limited, consistente en la reliquidación de las regalías para el
segundo trimestre del año 2014, resultaba procedente la radicación de la demanda
ejecutiva.

Ahora bien, el argumento central de defensa de la Agencia Nacional de
Hidrocarburos consistió en la imposibilidad de ejecutar la Resolución 467 de 2015,
por su transgresión a normas de orden constitucional, legal y reglamentarias, ya que
para determinar el precio base de liquidación de las regalías no procedía el
reconocimiento como deducible de los costos en que hubiere incurrido la empresa
Equion Energía Limited para llevar el gas desde el punto de entrega hasta el punto
de entrada al sistema de transporte, cuando estos no coincidían; es decir, el
cumplimiento de la obligación desembocaría en un detrimento patrimonial del
Estado y en el reconocimiento del enriquecimiento sin causa de la empresa
ejecutante.

Tal argumento fue acompañado con una serie de memorandos, comunicaciones
internas y conceptos técnicos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos orientadas
a explicar la incorrecta interpretación en la que se incurrió, concretamente, acerca
de la regulación normativa y el entendimiento del denominado punto de entrega (CD
fl.112).

Bajo estos razonamientos, se solicitó reiteradamente acceder al control por vía de
excepción consagrado en el artículo 148 del CPACA:

En los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, inaplicar con
efectos interpartes los actos administrativos cuando vulneren la Constitución
Política o la ley.

La decisión consistente en inaplicar un acto administrativo sólo producirá
efectos en relación con el proceso dentro del cual se adopte.

Según lo ha explicado esta Corporación6, la excepción de ilegalidad se refiere a la
potestad que tiene el juez administrativo de inaplicar, en el transcurso de un juicio

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 12 de
julio de 2018, radicación No. 11001-03-24-000-2010-00001-00. C.P. Oswaldo Giraldo López.
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Referencia: Proceso ejecutivo

bajo su conocimiento, un acto administrativo lesivo del orden legal superior.
Conviene precisar que la aplicación de esta figura, desde ningún punto de vista,
implica que se sustituya el juicio de validez de carácter general y definitivo que
puede efectuarse sobre el acto inaplicado. En cualquier caso, esa inaplicación no
tiene el efecto de expulsar el acto del ordenamiento jurídico, puesto que se trata de
una decisión adoptada para el caso concreto.

Esta Sala debe reiterar que el proceso ejecutivo no es el escenario idóneo para
debatir y decidir la legalidad de los actos administrativos que sirven como título de
recaudo, comoquiera que dicha competencia radica de manera exclusiva en los
jueces de conocimiento, quienes pueden examinar estos cargos en el marco de un
proceso declarativo, desatado a través de los medios de control idóneos: nulidad,
nulidad y restablecimiento del derecho o controversias contractuales.7

En sentencia del 16 de julio de 2008, la Sección Tercera de esta Corporación
señaló:

(…) No resulta jurídicamente viable que el juez del proceso ejecutivo, el cual
parte de la certeza y validez del derecho cuya ejecución se pretende, pueda
arrogarse competencias propias del juez ordinario asignado para estudiar y
determinar la validez de los actos administrativos o contractuales en los cuales
se fundamenta la ejecución. Lo anterior por las siguientes razones:

a) Primero, porque podría prestarse para que se desconozcan los términos de
caducidad de las acciones ordinarias establecidos para controvertir la legalidad
y validez de los actos administrativos en los cuales se encuentran contenidas
las obligaciones cuya ejecución se persigue.

b) Segundo, porque la ley procesal no autoriza al juez de ejecución para que,
por la vía de la proposición de la excepción de ilegalidad, realice un análisis
que, de conformidad con el ordenamiento jurídico, corresponde a otra acción,
a otro juez y a otro procedimiento (acciones de los artículos 84 a 87 C.C.A.).

c)Tercero, porque si bien podría argumentarse que el juez de la ejecución
puede llegar a ser el mismo juez que el del contrato, lo cierto es que el
procedimiento ejecutivo, dada su estructura, no está diseñado para que el
fallador pueda realizar una valoración jurídica y probatoria lo suficientemente
profunda dirigida exclusivamente a establecer la legalidad o ilegalidad de los
actos sobre los cuales se fundamenta el título ejecutivo.

d) Cuarto, porque el juez de la ejecución, como máximo, podría decretar, de
oficio o a solicitud de parte, la suspensión del proceso a términos de lo
dispuesto en el artículo 170 del C. de P.C. (…)

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, providencia del 27 de
julio de 2005, radicación No. 25000-23-26-000-1996-01357-01(23565), C.P. Ruth Stella Correa
Palacio; Sección Tercera, Subsección A, providencia del 14 de marzo de 2019, radicación No. 25000-
23-26-000-2006-01921-02(46616), C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; Subsección A,
providencia del 22 de abril de 2022, radicación No. 05001233300020150092701 (60587), C.P. María
Adriana Marín.
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Referencia: Proceso ejecutivo

Si bien el inciso segundo del numeral 2 del citado artículo 170 ibídem, establece
que no será procedente la suspensión del proceso ejecutivo por el sólo hecho
de que exista otro proceso que verse sobre la validez del título en los eventos
en los cuales resulte posible que en el ejecutivo se aleguen los mismos hechos
como excepción, lo cierto es que, como se puso de presente anteriormente, la
excepción de ilegalidad o invalidez de los actos administrativos no se puede
proponer en el proceso ejecutivo, tal y como lo preceptúa el artículo 509 del C.
de P. C. 8

Aceptar la competencia del juez del proceso ejecutivo para conocer del juicio de
legalidad de los actos administrativos que sirven como título de recaudo, desconoce
las garantías del debido proceso9 y del juez natural10, por cuanto implicaría darle al
proceso ejecutivo un trámite diferente al señalado por el legislador, por la ampliación
del objeto del litigio a temas que no son discutibles en este tipo de trámites judiciales
e implicaría surtir la revisión de legalidad del acto administrativo ante un juez
diferente de aquel establecido por la ley11.

El fundamento a dicha restricción radica en las presunciones de ejecutividad y
legalidad de los actos administrativos previstas en los artículos 91 12 y 88 de la Ley
1437 de 2011. Este último mandato dispone:

Los actos administrativos se presumen legales mientras no hayan sido
anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Cuando fueren
suspendidos, no podrán ejecutarse hasta tanto se resuelva definitivamente
sobre su legalidad o se levante dicha medida cautelar.

En consecuencia, estudiar excepciones en torno a la legalidad de los actos
administrativos que sirven de título de recaudo desnaturaliza el objeto del proceso
ejecutivo, a través del cual se pretende obtener coercitivamente el cumplimiento del
deudor a favor del acreedor de una obligación sobre la que no existe duda respecto
a su claridad, certeza y exigibilidad. Por tal motivo, el trámite de excepciones no

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, providencia del 16 de
julio de 2008, radicación No. 25000-23-26-000-1996-02381-02(23363), C.P. Mauricio Fajardo
Gómez.
9 Artículo 29 de la Constitución Política.
10 “La exigencia de un juez competente, independiente e imparcial remite necesariamente a la noción
de ‘juez natural’, que tiene en el ordenamiento jurídico colombiano un significado preciso, esto es,
aquél a quien la Constitución o la ley le ha atribuido el conocimiento de un determinado asunto”
(Corte Constitucional C-200 de 2002).
11 Capítulos I a III del Título IV “Distribución de competencias C.P.A.C.A.
12 Artículo 91 del C.P.A.C.A. “Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos en firme
serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo (…)”.
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Referencia: Proceso ejecutivo

permite discusiones diferentes al cumplimiento o incumplimiento de la obligación,
pues aceptar lo contrario daría lugar a convertirlo en un proceso de conocimiento.

En esa línea de pensamiento, resulta improcedente el control por vía de excepción
solicitado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos sobre la Resolución No. 467
del 2015, en la medida que implica el análisis de la legalidad de un acto
administrativo que goza de las presunciones de ejecutividad y legalidad, objeto que
escapa de los asuntos propios de un proceso ejecutivo.

Como se explicó anteriormente, la entidad ejecutada contaba con otros mecanismos
judiciales para discutir la legalidad de su propio acto administrativo, al considerarlo
lesivo del ordenamiento jurídico; sin embargo, solo en el proceso ejecutivo adujo
que ese acto administrativo, contentivo de un título ejecutivo, resulta contrario a
normas de orden constitucional, legal y reglamentario.

Conclusión que no varía al considerar el proceso de nulidad adelantado por la
Agencia Nacional de Hidrocarburos en contra de la Resolución No. 467 del 2015,13
máxime cuando por auto del 16 de enero de 2023 se rechazó la demanda, en
consideración a que el medio de control adecuado era la nulidad y restablecimiento
del derecho, para el cual habría operado la caducidad.

El hecho que la ejecución del acto administrativo eventualmente genere
controversias por la liquidación de las regalías no tiene la virtualidad de revocar la
sentencia de primera instancia, debido a que las controversias sobre la legalidad o
no de los actos administrativos que se expidan, deberán ventilarse mediante los
medios de control dispuestos para ello.

Finalmente, cabe aclarar que, si bien el proceso ejecutivo no fue previsto para
discutir la legalidad de los títulos base de recaudo, ello no significa que la decisión
de continuar adelante la ejecución subsane los vicios de los cuales adolezca el acto
administrativo; la administración pública se encuentra sujeta al marco normativo
aplicable para el caso concreto, en virtud del principio de legalidad.

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
providencia del 16 de enero de 2023, radicación No. 11001-03-26-000-2020-00035-00 (65874),
C.P. Nicolás Yepes Corrales.
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Radicación: 850012333000-2019-00126-01 (66547)
Demandante: Equion Energía Limited
Demandado: Agencia Nacional de Hidrocarburos
Referencia: Proceso ejecutivo

En conclusión, se confirmará la sentencia de primera instancia proferida por el
Tribunal Administrativo de Casanare, que ordenó seguir adelante la ejecución en
contra de la Agencia Nacional de Hidrocarburos; en consecuencia, deberá producir
el acto administrativo correspondiente, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la
ejecutoria de esta sentencia.

4. Condena en costas en segunda instancia

De conformidad con el artículo 365 del Código General del Proceso, se condenará
en costas a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, a quien se le resolvió
desfavorablemente el recurso de apelación. En cuanto a su liquidación se hará de
manera concentrada por el a quo, según lo previsto por el artículo 366 del estatuto
procesal general.

Respecto a las agencias en derecho correspondientes a esta instancia, en
aplicación del acuerdo No. PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 expedido por el
Consejo Superior de la Judicatura, aplicable al presente asunto, se fija como
agencias en derecho la suma de 1 SMLMV para el momento de ejecutoria de la
sentencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Casanare el 10 de septiembre de 2020, conforme a lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR en costas en segunda instancia a la Agencia Nacional de
Hidrocarburos, las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el a quo. Se
fijan como agencias en derecho el equivalente a 1 SMLMV para la fecha de
ejecutoria de la sentencia.

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Radicación: 850012333000-2019-00126-01 (66547)
Demandante: Equion Energía Limited
Demandado: Agencia Nacional de Hidrocarburos
Referencia: Proceso ejecutivo

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría se dispondrá DEVOLVER
el expediente a su Tribunal de origen.

Se deja constancia que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace:

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Firmado electrónicamente

MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

VF

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