Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 85001-23-33-000-2019-00133-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 85001-23-33-000-2019-00133-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 85001-23-33-000-2019-00133-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 85001-23-33-000-2019-00133-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
27 de febrero de 2025
Radicado: 85001-23-33-000-2019-00133-01 (28012)
Demandante: Myriam García Oros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 85001-23-33-000-2019-00133-01 (28012)
Demandante MYRIAM GARCÍA OROS
Demandado UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
UGPP
Temas Liquidación de aportes. IBC trabajadores independientes.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala1 decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia del 29 de junio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Casanare, que decidió lo siguiente2:
“PRIMERO: Negar las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
promovida por la señora Myriam García Oros contra la UGPP, por las razones expuestas en
la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
(…)”.
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
Previo requerimiento para declarar y/o corregir, la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en
adelante UGPP) expidió la Liquidación Oficial Nro. RDO 2017-02248 del 14 de julio de
2017, en la que determinó a cargo de la actora los aportes a salud por los períodos
de enero a diciembre de 2014, y la sancionó por omisión.
Contra la anterior decisión, la demandante presentó recurso de reconsideración, el
cual fue resuelto con la Resolución Nro. RDC 2018-00725 del 30 de julio de 2018,
en el sentido de reducir el monto de los aportes a salud determinados y la sanción.
ANTECEDENTES DEL PROCESO
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las
siguientes pretensiones3:
1
El asunto fue repartido al despacho ponente el 21 de agosto de 2024, teniendo en cuenta que el proyecto de fallo
presentado por el consejero Milton Chaves García no obtuvo la mayoría requerida de votos para su aprobación en la sala
celebrada el día 8 del mismo mes y año. Cfr. Samai, índice 13 e índice 17.
2
SAMAI del Tribunal. Índice 25.
3
Samai del Tribunal. Índice 1. PDF demanda.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 85001-23-33-000-2019-00133-01 (28012)
Demandante: Myriam García Oros
“I. PRETENSIONES PRINCIPALES
PRIMERO: Que es nulo el acto administrativo que se relaciona a continuación: Resolución
No. RDC-2018-00725 del 30/07/2018, a través del cual se resolvió el recurso de
reconsideración interpuesto contra la Liquidación Oficial No. RDO-2017-02248 del 14 de
julio del año 2017, acto administrativo de cierre del procedimiento administrativo, mediante
el cual la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales – UGPP, determinó,
líquidó y sancionó a la señora MYRIAM GARCIA OROS con el pago al Sistema General de la
Seguridad Social al Subsistema de Salud, dicho actuar es improcedente por cuanto el Tributo
para los Independientes sin contrato de Prestación de Servicios y los Rentistas de Capital,
para el año 2014 no se encontraba regulado en ninguna norma de manera precisa y clara; y
menos aún existía un reglamento sobre el Ingreso Base de Cotización (IBC), para calcularlo. Adicionalmente que las normas que cita la UGPP eran imposible de aplicarse de acuerdo a la
exposición y argumentación del presente Medio de Control. SEGUNDO: Que son nulos los actos administrativos que se relacionan a continuación: Liquidación Oficial No. RDO-2017-02248 del 14/07/2017 y la Resolución No. RDC-2018-
00725 del 30/07/2018, mediante los cuales la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales – UGPP, determinó, liquidó y sancionó a la señora MYRIAM GARCIA OROS con
el pago al Sistema General de la Seguridad Social al Subsistema de Salud, dicho actuar es
improcedente por cuanto el Tributo para los Independientes sin contrato de Prestación de
Servicios y los Rentistas de Capital, para el año 2014 no se encontraba regulado en ninguna
norma de manera precisa y clara; y menos aún existía un reglamento sobre el Ingreso Base
de Cotización (IBC), para calcularlo. Adicionalmente que las normas que cita la UGPP eran
imposible de aplicarse de acuerdo a la exposición y argumentación del presente Medio de
Control. TERCERO: Se ORDENE a la UGPP modificar la sanción por concepto de omisión por
evidenciarse que la base de la sanción no debe ser sobre el aporte del 100%, por no estar
reglado de manera clara, expresa e inequívoca el Ingreso Base de Cotización. CUARTO: Como consecuencia de todo lo anterior y a título de restablecimiento del derecho,
se indemnice por daños y perjuicios causados al señor (sic) MYRIAM GARCIA OROS,
conforme a las facturas de servicios en los cuales el contribuyente incurrió y las planillas
integradas de liquidación de aportes que canceló el demandante al Subsistema de Salud,
documentos que se adjuntan al presente medio de control Nulidad y Restablecimiento del
Derecho. II. PRETENSIONES SUBSIDIARIAS
En el evento que NO se decrete la Nulidad Absoluta del proceso demandado de la referencia,
solicitamos de manera subsidiaria las siguientes pretensiones: PRIMERO: Que se tenga como Ingreso Base de Cotización (IBC) un (1) salario mínimo
mensual vigente del año 2014, por cuanto para la época de los hechos fiscalizados y
sancionados (Año 2014), no se encontraba tipificados los elementos del tributo del pago de
aportes al Sistema General de la Seguridad Social en Pensiones, Salud y Fondo de
Solidaridad para los independientes sin contrato de prestación de servicios y los rentistas de
capital, por lo tanto el contribuyente de manera voluntaria podía cotizar sobre un salario
mínimo de la época fiscalizada. SEGUNDO: De no decretarse ninguna de las pretensiones anteriores, solicitamos que se
tenga como parámetro de la determinación del tributo para el Subsistema de Salud sobre el
cuarenta por ciento (40%) de la renta liquidada “Utilidad” señalada en la declaración de renta
que se encuentra en firme, con base en el artículo 135 de la Ley 1753 del año 2015. III. TASACIÓN DE PERJUICIOS
Mediante el presente acápite realizamos la tasación de los perjuicios: DAÑO EMERGENTE
1. Honorarios:
Soportados mediante Cuenta de cobro, por un valor total de DOS MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS M/TE ($2.500.000) por concepto de objeciones y motivos de
inconformidad contra el requerimiento para declarar y/o corregir. 2. Honorarios: Soportados mediante Cuenta de cobro, por un valor total de DOS MILLONES
DE PESOS M/TE ($2.000.000) por concepto de elaboración del recurso de
reconsideración contra la liquidación.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 85001-23-33-000-2019-00133-01 (28012)
Demandante: Myriam García Oros
3. Honorarios: Soportados mediante Cuenta de cobro, por un valor total de CINCO
MILLONES DE PESOS M/TE ($5.000.000) por concepto de medio de control, nulidad y
restablecimiento del derecho.
4. Planillas integradas de liquidación de aportes pagadas con intereses moratorios al
Subsistema de Salud por un valor de: UN MILLÓN OCHOCIENTOS (sic) PESOS
($1.819.000).
TOTAL: ONCE MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS M/TE ($11.319.000)
MÁS LOS INTERESES QUE SE CAUSEN HASTA EL MOMENTO QUE LOS SUBSISTEMAS
RETORNEN EL DINERO.”
A los anteriores efectos, la demandante invocó como violados los artículos 29, 150,
338 y 363 de la Constitución Política; 1, 2 y 3 de la Ley 153 de 1887; 714 del Estatuto
Tributario; 3, 52, 90, 157 (numeral 1), 177, 204 de la Ley 100 de 1993; 2, 3, 4, 5, 6, 7
de la Ley 797 de 2003; 10 y 18 de la Ley 1122 de 2007; 33 de la Ley 1438 de 2011;
179 de la Ley 1607 de 2012; 2 literal a (numeral 1 y 5) de la Ley 1562 de 2012; 319 de
la Ley 1819 de 2016; 16 literal c del Decreto 1406 de 1999, 26 del Decreto 806 de
1998; 1, 3 y 5, del Decreto 510 de 2003; 1 del Decreto 4982 de 2007; 13 del Decreto
723 de 2013; 5 del Decreto 3033 de 2013 y la Resolución 2388 de 2016.
La demandante propuso 12 cargos de nulidad, pero como los primeros 5 están
íntimamente relacionados por discutir los elementos del tributo, se resumirán en
conjunto, por lo que el concepto de la violación se expone de la siguiente manera:
1. Violación al principio de legalidad. Falta de determinación de los
elementos del tributo
La actora aseguró que la UGPP le adelantó un proceso de fiscalización por aportes
parafiscales sin que existiera una definición legal de los elementos del tributo para
el año 2014 respecto de los independientes sin contrato de prestación de servicios
y los rentistas de capital. Además, las normas invocadas en los actos demandados
no contienen dichos elementos y el fin de citarlas era convalidar la actuación que
fue adelantada sin fundamento legal ni jurisprudencial.
Explicó que las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 y el Decreto 806 de 1998, no
establecen el hecho generador en cuestión, solo contemplan la base gravable y la
tarifa para los trabajadores con vinculación laboral. Empero, la UGPP confundió
estos elementos y aplicó una norma que no incluyó a los independientes sin contrato
de prestación de servicios como sujetos obligados. Sumado a esto, para el año
2018, el Gobierno no había reglamentado la base de cotización conforme con el
artículo 204 de la Ley 100 de 1993.
Reprochó que la capacidad de pago, de manera general, sea considerada el hecho
generador de los aportes, por cuanto cada elemento debía ser claro y preciso, so
pena de ser improcedente su aplicación.
Consideró errado que el literal d) del artículo 26 del Decreto 806 de 1998 dispusiera
que los independientes que recibieran 2 o más salarios mínimos mensuales
estuvieran obligados a cotizar al sistema por ser una afirmación genérica, que
implicaría que todo ingreso de un independiente debía estar sujeto a gravarse.
Además, también consideró un error que los actos acusados citaran esta norma
cuando fue derogada por el artículo 89 del Decreto 2353 de 2015.
De conformidad con los numerales 1º y 5º del literal a) del artículo 2º de la Ley 1562
de 2012, solo los dependientes e independientes con contrato de prestación de
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 85001-23-33-000-2019-00133-01 (28012)
Demandante: Myriam García Oros
servicios están obligados afiliarse a ARL, por lo que esta norma no puede aplicarse
a los rentistas de capital ni a los independientes sin contrato de prestación de
servicios.
Sostuvo que, al no existir un hecho generador claro y preciso, no se podía identificar
el sujeto activo y pasivo. Tampoco, se podía extender la definición de afiliados a
los independientes sin contrato de prestación de servicios y rentistas de capital dada
la falta de inoponibilidad del hecho generador.
Afirmó que los artículos 3 y 4 de la Ley 797 de 2003, que modificaron los artículos
15 y 17 de la Ley 100 de 1993, ni el Decreto 1406 de 1999, contemplaron al rentista
de capital como sujeto pasivo y que el independiente sin contrato de prestación de
servicios quedó supeditado al concepto de capacidad de pago, el cual era general
y ambiguo.
Insistió en que el Gobierno Nacional tenía la obligación de reglamentar el sistema
de presunción de ingresos para los independientes sin contrato de prestación de
servicios (parágrafo 2 del artículo 204 de la Ley 100 de 1993), lo cual no sucedió. De esta
manera, a su juicio, era incorrecto que los actos refirieran normas que nada tenían
que ver con la base gravable de los aportes, más aún cuando los artículos 18 de la
Ley 1122 de 2007 y 33 de la Ley 1438 de 2011, también exhortaron al ejecutivo a
reglamentar la presunción sobre este tema.
El artículo 5 de la Ley 797 de 2003 tampoco determinó la base gravable para los
aportes de los independientes sin contrato de prestación de servicios y rentistas de
capital. Si bien el artículo 6 ibidem se refiere a este tipo de independientes y enfatizó
que cotizarían sobre los ingresos declarados guardando correspondencia con el
percibido, lo cierto es que no delimitó a qué concierne "el ingreso percibido", por lo que
la base gravable era imprecisa, y como esta disposición estipula que la cotización
no podrá ser inferior a un salario mínimo, de manera voluntaria podría hacerse sobre
dicha base.
Expuso que la demandante se cataloga como rentista de capital y que las normas
citadas por la UGPP no tenían relación alguna con esta actividad, debido a que se
referían a los trabajadores independientes, destacando que son categorías distintas
y sus efectos no pueden ser extensivos. Tampoco consideró que se asemejara a
las personas naturales que prestan servicios al Estado o a privados, conforme el
artículo 1 del Decreto 510 de 20034.
Sin perjuicio de lo anterior, destacó que, tratándose de los independientes sin
contrato de prestación de servicios, lo dispuesto en esa norma era ilógico, por
cuanto este tipo de personas podían tener meses con ingresos diferentes a los
reportados en la declaración que debía hacerse al comienzo de cada año,
obligándolos con ello a corregir mes a mes sus declaraciones, con el agravante de
tener que pagar intereses moratorios a la tasa máxima. Así mismo, si la obligación
es de cancelar mes anticipado, es materialmente imposible tomar un ingreso,
restarle los costos y gastos que no se han causado.
Expuso que la tarifa establecida en los artículos 20 y 204 de la Ley 100 de 1993,
10 de la Ley 1122 de 2007, 1 del Decreto 4982 de 2007 y 5 del Decreto 510 de 2003
para el pago de los aportes no era aplicable en el caso de los trabajadores
independientes porque la base gravable no existía.
4
Al respecto citó la sentencia de la Corte Constitucional T-903 de 2010.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 85001-23-33-000-2019-00133-01 (28012)
Demandante: Myriam García Oros
2. Improcedencia de la sanción por omisión
Sostuvo que en el trámite del proceso de fiscalización subsanó la conducta de
omisión realizando el pago de los aportes mediante planillas, las cuales fueron
puestas en conocimiento de la entidad con el recurso de reconsideración, pero no
se tuvieron en cuenta al haber sido presentadas después de la liquidación oficial,
por lo que se le sancionó a pesar de que el IBC para los independientes sin contrato
de prestación de servicios y rentistas de capital no estaba debidamente
reglamentado y, que el Ministerio de Trabajo no había expedido los decretos que
regulan la implementación de las planillas de pago para los rentistas de capital.
3. Imposibilidad de pagar los aportes en 2014. Información de las planillas
Afirmó que para el año 2014, según el artículo 13 del Decreto 723 de 2013 y el
Decreto 1670 de 2007, los aportes de los independientes se efectuaban de forma
anticipada cada mes, conforme el cálculo previsto en los artículos 1 y 3 del Decreto
510 de 2003, a pesar de que no existía certeza de cuáles serían los ingresos y
costos que se causarían en el respectivo mes. A esto se suma la inexistencia de
reglamentación del IBC, que al parecer se superó con la expedición del Decreto
1273 de 2018, en el cual se estableció el pago mes vencido de los aportes, pero
respecto de los independientes, quedando los rentistas de capital sin marco
normativo para ello.
Indicó que durante los períodos fiscalizados ningún operador de aportes recibía
pagos mes vencido de los independientes sin contrato de prestación de servicios y
rentistas de capital, ni existía una planilla que diferenciara el tipo de independiente
y menos el pago de aportes de estos. Por esta razón, no estaba obligada a aportar
en los términos pretendidos por la UGPP.
De manera que exigirle al contribuyente que al momento de la cotización se
clasificara como independiente sin contrato de prestación de servicios o rentista, era
imposible, ya que los operadores usaban las planillas “I” o “Y” y liquidaban un IBC
sobre el 40%, situación que ni siquiera se superó con la Ley 1753 de 2015, sino con
la expedición de las Resoluciones 2338 y 5858 de 2016.
4. Presunción de ingresos
Reiteró que las Leyes 100 de 1993, 1122 de 2007 y 1438 de 2011 encomendaron
al Gobierno Nacional la reglamentación del sistema de presunción de ingresos de
los independientes sin contrato de prestación de servicios y los rentistas de capital,
lo cual solo ocurrió con la Ley 1753 de 2015 y el Decreto 1273 de 2018.
Explicó que era improcedente la interpretación de la UGPP al tomar los ingresos
reportados en la declaración de renta, comoquiera que se trataba de un impuesto
correspondiente al ejercicio fiscal de todo un año, mientras que las contribuciones
eran de naturaleza mensuales. De igual manera, el pago a la seguridad social para
el año en cuestión solo permitía realizarlo bajo un solo tipo de cotizante, el
independiente con contrato de prestación de servicios, excluyendo a las demás
categorías, como es el caso del rentista de capital.
Además, se desconoció el principio de igualdad, por cuanto los independientes con
contrato de prestación de servicios liquidan sus aportes sobre el 40% del total de
sus ingresos contractuales, y los demás independientes debían hacerlo sobre el
100% de sus ingresos, sin contar con un marco legal y jurisprudencial claro.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 85001-23-33-000-2019-00133-01 (28012)
Demandante: Myriam García Oros
Mencionó que para la época regían las Leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011, por lo
que la Administración no podía fundamentar sus actos con normas anteriores.
5. Improcedencia de la sanción al liquidarse con un IBC inexistente
Indicó que la UGPP determinó la sanción por omisión desconociendo que antes de
la Ley 1753 de 2015 no existía claridad sobre el IBC por el que debían aportar los
rentistas de capital. En ese contexto, expedir actos administrativos sin soporte
normativo implicaba su nulidad por violación al principio de legalidad5.
6. Firmeza de las declaraciones tributarias
Expuso que como la Administración tomó la información de su declaración de renta,
debía observarse el artículo 714 del Estatuto Tributario, aplicable por remisión de la
Ley 1151 de 2007. Así, tanto los ingresos como los costos y gastos del denuncio
privado se encontraban en firme, por lo que era improcedente rechazar estos
últimos, so pena de desbordar las facultades y competencias por parte de UGPP
ante la falta de habilitación legal para hacerlo.
Precisó que la declaración de renta no podía ser fraccionada e interpretada de
manera sesgada por la demandada para desconocer las erogaciones. Así, para
determinar el IBC se debió tomar la renta líquida, es decir, su utilidad.
7. Desconocimiento del artículo 5 de la Ley 797 de 2003
Reprochó la mensualización efectuada por la entidad de los ingresos reportados en
la declaración de renta, comoquiera que el IBC de los aportes debía corresponder
a los ingresos del respectivo mes y depurarse conforme a los costos y gastos. Así
en algunos meses pudo tener pérdidas o no recibir ingresos, por lo que no era
procedente aplicar el tope de los 25 SMLMV.
8. Planilla tipo “I”
Afirmó que varios operadores de pago PILA dieron respuesta a unos derechos de
petición indicando que para el año fiscalizado el independiente solo podía pagar los
aportes mediante la planilla de pago tipo “I”, la cual no discriminaba actividad
económica alguna, por lo que “todos los independientes con contrato de prestación de servicios
o sin contrato de servicios, y los rentistas de capital liquidaban sus aportes mediante esta planilla sin
alguna diferenciación”6. Esto denotaba la complejidad del sistema, pues pretendía el
cobro de las cotizaciones cada mes de forma anticipada y se exigía la presentación
de una declaración de ingresos anuales en los 2 primeros meses de cada año.
Puso de presente que la Ley 1753 de 2015 dejó claro que el IBC de los
independientes correspondía al 40% del total de sus ingresos previa depuración de
los costos permitidos en los términos del artículo 107 del Estatuto Tributario. Así
mismo, el Ministerio del Trabajo expidió la Resolución Nro. 2388 de 2016, en la que
creó nuevos tipos de planillas donde se podía diferenciar la actividad económica de
cada independiente; y mediante el Decreto 1273 de 2018 se establecieron los
parámetros para cotizar mes vencido.
Oposición de la demanda
La demandada propuso como excepción previa la que denominó “falta de requisitos
formales – carencia actual de objeto y acto no susceptible de control judicial” porque la
5
Citó la sentencia C-891 de 2012 de la Corte Constitucional.
6
Samai del Tribunal, índice 1, PDF de la demanda, página 42.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 85001-23-33-000-2019-00133-01 (28012)
Demandante: Myriam García Oros
Resolución Nro. RDO 2020-M-04186 del 5 de noviembre de 2020 revocó
parcialmente de oficio los actos demandados dada la aplicación de la presunción de
costos para trabajadores independientes de la actividad alojamiento y servicios de
comida, conforme las Resoluciones Nro. 1400 de 2019 y Nro. 209 de 2020. De esta
forma, de acuerdo con la jurisprudencia, la actora debió formular la pretensión de
nulidad contra el acto de revocatoria directa por modificar su situación jurídica, pese
a lo cual no lo hizo. Se anticipa que esta excepción fue negada por el a quo mediante
auto del 2 de agosto de 2022 porque el trámite de revocatoria directa se adelantó
luego de interpuesta la demanda de la referencia, el 11 de enero de 2019, y porque
la discusión sobre la existencia de los elementos del tributo corresponde al litigio de
la referencia por ser el sustento de la liquidación oficial7..
De otro lado, controvirtió las pretensiones de la demanda señalando, frente a los
cargos relacionados con los elementos de la contribución y el IBC del año 2014,
que la obligación de cotizar al sistema a cargo de los independientes y la
determinación de la base gravable se encontraba establecida en los artículos 15,
17, 19, 157 y 204 de la Ley 100 de 1993, 33 de la Ley 1438 de 2011, 3 del Decreto
510 de 2003 y 66 del Decreto 806 de 1998.
Aclaró que en este caso únicamente se realizaron ajustes por aportes a salud, por
lo que las referencias a las normas de pensiones se hicieron porque comparten
normatividad y, por lo tanto, procede su explicación conjunta. Además, indicó que
no se determinó obligación alguna por riesgos laborales, de ahí que no se vulneró
lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 1562 de 2012.
Expuso que las Leyes 1151 de 2007 y 1607 de 2012 facultan a la UGPP para
verificar la correcta liquidación y pago de los aportes al sistema a cargo de los
independientes, incluidos los rentistas de capital, como en efecto lo han reconocido
tribunales y juzgados administrativos del país.
En lo atinente a la sanción por omisión, expuso que se cumplieron los requisitos
para su imposición porque la demandante no se afilió en el 2014 en calidad de
cotizante y los pagos realizados en 2017 son posteriores a la liquidación oficial, de
modo que no pueden ser tenidos en cuenta en sede administrativa ni judicial para
determinar la inexistencia de una omisión, pero podrán considerarse para efectos
de un eventual cobro coactivo.
Sobre la imposibilidad de aportar, aseguró que los pagos anticipados pueden ser
objeto de corrección ante cada administradora, señalando los períodos que se
pretendan corregir. Por otro lado, consideró que no es cierto que la planilla de pago
de los independientes los obligaba a cotizar sobre el 40% del IBC, puesto que la
Resolución Nro. 1747 de 2008 del Ministerio de la Protección Social reglamentó la
determinación del IBC para el pago anticipado y su posterior corrección, así como
la existencia de la Planilla “I” para independientes incluidos los rentistas de capital.
Frente a la presunción de ingresos, reiteró que el monto de las cotizaciones para
el caso de los trabajadores independientes contaba con el marco legal descrito en
cargos anteriores. De igual manera se garantizó el derecho a la igualdad de la
7
La Sala precisa que la oportunidad para revocar directamente los actos administrativos cuando se haya acudido a la
jurisdicción es hasta la notificación del auto admisorio de la demanda (art. 95 del CPACA) no la fecha de interposición de
ella. En este caso la notificación del acto de revocatoria fue anterior a la del auto admisorio, sin embargo, conforme la
sentencia de unificación CE-SUJ-4-005 del 5 de diciembre de 2024, C.P. Wilson Ramos Girón, ese acto de revocatoria
directa no es susceptible de control judicial porque no modifica la situación jurídica, se limitó a aplicar una presunción de
ingresos y costos.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 85001-23-33-000-2019-00133-01 (28012)
Demandante: Myriam García Oros
demandante al calcular el pago de los aportes sobre el 100% de sus ingresos con
la correspondiente depuración, y no sobre el 40%, en aplicación del artículo 1 del
Decreto 510 de 2003, destacando que la interesada en sede administrativa no
aportó prueba de sus costos y gastos.
En cuanto a la firmeza de la declaración de renta, explicó que, de conformidad
con el artículo 178 de la Ley 1607 de 2012, la Administración podía iniciar las
acciones de fiscalización dentro de los 5 años siguientes a la ocurrencia de la
conducta reprochada. Como en este caso los períodos fiscalizados correspondieron
al 2014 y la UGPP notificó el requerimiento para declarar y/o corregir el 13 de mayo
de 2017, su actuación estaba ajustada a los términos previstos en la ley.
Frente a la determinación del IBC adujo que la interesada omitió presentar las
pruebas que considerara pertinentes para demostrar su realidad económica, en
consecuencia, la entidad aplicó el artículo 742 del Estatuto Tributario y determinó
las obligaciones con base en la información suministrada con la respuesta al
requerimiento de información y el recurso de reconsideración.
Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Casanare, negó las pretensiones de la demanda, para
lo cual expuso los hechos que encontró probados y las facultades de la UGPP para
adelantar la fiscalización conforme con las Leyes 1151 de 2007 y 1607 de 2012 y
los Decretos 169 de 2008 y 575 de 2013. Aseguró que los artículos 156 y 157 de la
Ley 100 de 1993 y 26 del Decreto 806 de 1998 establecen que todos los habitantes
del territorio colombiano con capacidad de pago deben estar afiliados al sistema
general de seguridad social en calidad de cotizantes, incluidos los rentistas de
capital y trabajadores independientes.
Indicó que sí existe regulación de la base gravable para 2014 porque el artículo 1
del Decreto 510 de 2003 establecía que son ingresos efectivamente percibidos por
el afiliado aquellos obtenidos para su beneficio personal, que el artículo 3 ibidem
indicó que el IBC sería de mínimo 1 y máximo 25 SMLMV y que el artículo 33 de la
Ley 1438 de 2011 señala que se presume la capacidad de pago de las personas
naturales declarantes de renta. Por esto, consideró procedente la fiscalización y la
sanción impuesta a la actora, pues ella se dedicaba a la actividad de alojamiento en
hoteles y contaba con capacidad de pago, según la declaración de renta presentada
ante la DIAN para ese año.
Indicó que la base gravable para los independientes corresponde a sus ingresos,
previa deducción de los gastos en el desarrollo de la actividad productora de renta,
conforme el artículo 107 del Estatuto Tributario. En ese sentido, estaba ajustada a
derecho la base de cotización determinada por la UGPP en sede administrativa.
Sostuvo que la entidad era competente para verificar los requisitos establecidos en
el artículo 107 ibidem para la depuración de la base gravable de los aportes en
aplicación de la Ley 1151 de 2007, por lo que los actos acusados aceptaron los
gastos que cumplían con la relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad
con la actividad productora de renta de la demandante. Así, era deber de ésta
acreditar las erogaciones y no simplemente alegar la firmeza de los gastos
reportados ante la DIAN, en especial cuando la fiscalización de aportes al sistema
y de la declaración de renta son procedimientos independientes.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 85001-23-33-000-2019-00133-01 (28012)
Demandante: Myriam García Oros
Adujo que era procedente la sanción impuesta porque la actora no se pronunció
dentro del término para dar respuesta al requerimiento para declarar y/o corregir,
por ende, la sanción equivalía al 10% dejado de declarar y el valor por cada mes de
retardo sin exceder el 200%, tal como lo calculó la UGPP en los actos acusados.
Puso de presente que la Resolución Nro. RDO 2020-M-04186 del 5 de noviembre
de 2020 revocó parcialmente la liquidación oficial para aplicar el sistema de
presunción de costos de la Ley 1955 de 2019. Sin embargo, ello no desvirtuaba la
legalidad de las actuaciones previas debido a que, además de ser favorable para la
interesada, no demuestra la inexistencia de la conducta de omisión de aportes para
el año 2014.
Finalmente, se abstuvo de condenar en costas debido a que no encontró que la
demanda se hubiera presentado con carencia de fundamento legal, ni evidenció una
conducta irregular.
Recurso de apelación
La actora sustentó su impugnación con los siguientes argumentos:
1. Violación al principio según el cual nadie puede alegar a su favor su
propia culpa. Ausencia de reglamentación del IBC para los trabajadores
independientes. Hecho sobreviniente
Expuso que el Gobierno Nacional omitió reglamentar oportunamente las
cotizaciones de los trabajadores independientes ordenada en el parágrafo 2 del
artículo 204 de la Ley 100 de 1993, lo cual solo ocurrió luego de transcurridos 29
años y en ejecución de una sentencia proferida en una acción de cumplimiento por
la Sección Quinta del Consejo de Estado, del 5 de mayo de 2022, con la expedición
del Decreto 1601 de 2022.
Manifestó que el Tribunal cometió un error al establecer que existía la base gravable
que se echa de menos con fundamento en la definición de ingresos y los límites de
que tratan los artículos 1 y 3 del Decreto 510 de 2003, así como en la presunción
de capacidad de pago del artículo 33 de la Ley 1438 de 2011, por cuanto “es el Decreto
3085 de 2007, la reglamentación vigente para el año 2014, normativa reglamentaria que surgió
producto del artículo 44 de la Ley 1127 de 2007, y es ilegal pues contradijo el segundo parágrafo del
artículo 18 de la Ley 1127 de 2007, al no reglamentar precisamente la presunción de ingresos para
independientes, pues es evidente que la forma de declaración anticipada solamente podía
establecerse para un contratista de prestación de servicios con honorarios previamente pactados."
Por lo anterior, sostuvo que ante la omisión del Estado de reglamentar la base
gravable para los trabajadores independientes por el año 2014, la UGPP no puede
realizar cobros de aportes la seguridad social, pues esto violaría los principios de
igualdad, equidad y justicia. Además, el principio de solidaridad no puede
sobreponerse al de reserva legal con el simple supuesto de un deber de contribuir.
2. Violación del debido proceso por inexistencia de base gravable
Insistió en que, para el 2014, los artículos 18 de la Ley 1122 de 2007 y 33 de la Ley
1438 de 2011 ordenaban adoptar el sistema de presunción de ingresos para
trabajadores independientes, pero esto solo se cumplió con la expedición del
Decreto 1601 de 2022, en ejecución de una sentencia de acción de cumplimiento.
Por lo anterior, concluyó que la fiscalización adelantada por la UGPP omitió dicho
sistema de presunción de ingresos, “excediendo su facultad legal, y vulnerando, en
consecuencia, los principios de seguridad jurídica y debido proceso”.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 85001-23-33-000-2019-00133-01 (28012)
Demandante: Myriam García Oros
Además, para el período fiscalizado no era posible exigir la afiliación y pago de
aportes a la seguridad social para ese tipo de sujetos, pues el literal b del artículo
156 de la Ley 100 de 1993 exigía la previa reglamentación de la cotización de
aportes a salud por pago anticipado. Puso de presente las acciones de cumplimiento
interpuestas que se encaminaron a obtener la regulación de los aportes de los
independientes, las que solicita se valoren en segunda instancia.
3. Violación al principio según el cual nadie está obligado a lo imposible.
Inexistencia del IBC para trabajadores independientes
Afirmó que para el año 2014 los aportes a salud y pensión de los trabajadores
independientes con contratos de prestación de servicios se regulaba en los
Decretos 1406 de 1999, 510 de 2003 y 3805 de 2007, pero, estas normas no eran
aplicables a otros tipos de trabajadores independientes.
Reiteró que el a quo cometió un error al afirmar que el IBC de los demás trabajadores
independientes estaba regulado por el Decreto 510 de 2003, pues no tuvo en cuenta
que el Decreto 3805 de 2007 era la disposición vigente. Además, como la
reglamentación de presunción de ingresos solo se hizo en 2022, la regulación previa
de la que habla el literal b del artículo 156 de la Ley 100 de1993, no había sido
cumplida.
Reprochó que el artículo 1 del Decreto 3085 de 2007 dispusiera que todos los
trabajadores independientes, sin distinción, deben presentar una declaración anual
informando el ingreso que tendrían en cuenta para liquidar sus aportes, lo que
suponía exigir el cumplimiento de un imposible, predecir los ingresos futuros.
Además, la falta de diferenciación entre trabajadores independientes es lo que daba
lugar al desconocimiento del artículo 18 de la Ley 1122 de 2007.
Indicó que lo anterior se reflejó en el formulario que diseñó la Superintendencia
Financiera de Colombia, que hace referencia al ingreso mensual efectivamente
percibido, que por ser depurado necesariamente se refiere a un ingreso pasado.
Señaló que “Es fácil, hacer como ocurrió en este caso en la sentencia del juez, convalidar la
operación de tomar la declaración de renta y dividir en los meses que ya pasaron los ingresos
anuales reportados, a pesar de la exactitud que enarbolan, esto no es posible de vista del presente
hacia el futuro.” Agregó que la imposibilidad de predecir el ingreso futuro no se
subsanaba con la corrección de aportes prevista en el artículo 2 del Decreto 3085
de 2007, toda vez que los contribuyentes tenían el derecho de pagar un impuesto
exacto, reglado, en lugar de asumir intereses moratorios o sanciones.
4. Excepción prevista en el literal f) del artículo 2 del Decreto 758 de 1990
Indicó que la actora reportó en su RUT la actividad económica 5511 correspondiente
a actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados, por lo que,
al tratarse de una trabajadora por cuenta propia, no estaba en la obligación de
aportar al subsistema de pensiones, conforme lo previsto en la norma anunciada.
Sumado a esto, declaró el impuesto de renta bajo el método IMAS, cuyo formulario
no incluía los costos y gastos.
5. Exculpación de la sanción por error de derecho
Sostuvo que el Tribunal no analizó la improcedencia de la sanción por la inexistencia
del IBC. En todo caso, solicitó que, de forma subsidiaria, sea exonerada de la
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 85001-23-33-000-2019-00133-01 (28012)
Demandante: Myriam García Oros
sanción por omisión debido a un error en la interpretación del derecho, causal que
procede en todo régimen sancionatorio, aunque no sea expreso8, pues “de una
interpretación estrictamente literal de la ley, puede llegar a concluirse que mi representada, estaba
obligada a afiliarse a los sistemas de salud y pensión, así como realizar los aportes a dichos
subsistemas, pues esta nace a partir de una interpretación soslayada y en perjuicio de los rentistas
de capital y trabajadores independientes sin contrato de prestación de servicios como contribuyentes
para el año 2014, citadas en el acto administrativo de carácter particular "requerimiento de
información" y en el tiempo establecido en la UGPP. Es decir, que el juicio de comprensión respecto
de la obligación es razonable y que propició al contribuyente a la errónea creencia de no incurrir en
un comportamiento antijurídico.” 9. Tampoco se debe convalidar la actuación de un
funcionario, quien desarrolla actividades por fuera del marco jurídico, creando de
forma unilateral y arbitraría una regulación procesal que solamente “puede provenir de
un acto administrativo de carácter general, por tanto, aplica la causal de exculpación a partir de error
en el derecho aplicable, para el caso de marras.”.
Oposición a la apelación
La demandada guardó silencio.
Intervención del Ministerio Público
El agente del Ministerio Público tampoco se pronunció al respecto.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Problema jurídico
La Sala evidencia que el recurso de apelación plantea cargos nuevos, no
propuestos en la demanda, los cuales consistieron en: i) la exoneración de aportar
al subsistema de pensiones de conformidad con lo previsto en el literal f) del artículo
2 del Decreto 758 de 1990; y ii) la exculpación de la sanción por error de derecho.
En consecuencia, estos puntos no serán objeto de estudio en virtud del principio de
justicia rogada10, que impone al interesado la carga de exponer los argumentos que
sustentan su pretensión de nulidad en la demanda11 y le impide proponer nuevos
cargos de nulidad durante el trámite judicial12.
Precisado lo anterior, corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación
presentado por el demandante contra la sentencia de primera instancia, que negó
la nulidad de la Liquidación Oficial Nro. RDO 2017-02248 del 14 de julio de 2017 y
de la Resolución Nro. 2018-00725 del 30 de julio de 2018, por medio de las cuales
la UGPP determinó a cargo de la actora los aportes a salud por los períodos de
enero a diciembre de 2014, y la sancionó por omisión.
Análisis del caso concreto
Los primeros tres cargos de la apelación coinciden en que, para el 2014, no existía
base gravable para determinar los aportes al sistema de seguridad social a cargo
8
Al respecto citó la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 11 de junio de 2020, exp.21640, C.P. Julio
Roberto Piza Rodríguez.
9
Al respecto citó la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 11 de noviembre de 2021, exp.24719, C.P.
Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
10
Así mismo ocurrió en un caso en que estos mismos cargos fueron presentados en la apelación y no en la demanda. Cfr.
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 5 de octubre de 2023, exp. 26673, C.P. Myriam Stella Gutiérrez
Argüello.
11
Sentencia del 16 de octubre de 2019, exp. 23331, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez.
12
Sentencia del 11 de julio de 2019, exp. 21636, CP: Milton Chaves García.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 85001-23-33-000-2019-00133-01 (28012)
Demandante: Myriam García Oros
de los independientes, en tanto el Gobierno Nacional no había reglamentado el
sistema de presunción de ingresos conforme lo ordenado por el artículo 204 de la
Ley 100 de 1993.
Este asunto ya fue objeto de conocimiento por parte de esta Sala 13, concluyendo
que existía base gravable para los períodos de enero a diciembre de 2014, de
acuerdo con el siguiente análisis:
Frente al ingreso base de cotización en materia de salud, la Sala hizo referencia al
parágrafo 2º del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, que dispuso: “para efectos de
cálculo de la base de cotización de los trabajadores independientes, el Gobierno Nacional
reglamentará un sistema de presunciones de ingreso con base en información sobre el nivel de
educación, la experiencia laboral, las actividades económicas, la región de operación y el patrimonio
de los individuos. Así mismo, la periodicidad de la cotización para estos trabajadores podrá variar
dependiendo de la estabilidad y periodicidad de sus ingresos”.
Siguiendo con el precedente reiterado, para la determinación del IBC, el tema fue
decantado así:
“En cumplimiento de lo anterior [parágrafo 2 del artículo 204 de la Ley 100 de 1993], mediante
el artículo 4 del Decreto 1070 de 1995 14 se dispuso que era competencia de la
Superintendencia Nacional de Salud establecer el sistema de presunción de ingresos, lo que
llevó a la expedición de la Resolución Nro. 9 de 1996.
Posteriormente, el Decreto 806 de 1998, vigente para el año 2014, en su artículo 66
reglamentó la base de cotización para este tipo de trabajadores en los siguientes términos:
“Artículo 66. Base de cotización de los trabajadores independientes. La base de cotización
para los trabajadores independientes será determinada sobre los ingresos que calcule la EPS
de acuerdo con el sistema de presunción de ingresos definido por la Superintendencia
Nacional de Salud. En ningún caso el monto de la cotización de los trabajadores
independientes podrá ser inferior al equivalente al 12% de dos salarios mínimos mensuales
legales vigentes”.
De igual forma, el Decreto 1406 de 1999 señaló:
“ARTICULO 25. INGRESO BASE DE COTIZACION PARA TRABAJADORES
INDEPENDIENTES AFILIADOS AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN
SALUD-SGSSS. Las entidades promotoras de salud-EPS deberán, al momento de la
afiliación, aplicar con suma diligencia a los trabajadores independientes los cuestionarios que,
con el fin de determinar las bases presuntas mínimas de los aportes que dichos trabajadores
deben efectuar al SGSSS, han establecido los órganos de control o aquellos que sean
establecidos en el futuro.
En todo caso, cuando los ingresos reales del trabajador independiente sean superiores a los
que resulten de la aplicación de las presunciones sobre bases mínimas, los aportes de dicho
trabajador deberán hacerse con base en los ingresos reales. Para tal efecto, los trabajadores
independientes que deseen afiliarse al SGSSS deberán presentar una declaración anual, en
la cual informen a la EPS, de manera anticipada, el Ingreso Base de Cotización que se tendrá
en cuenta para liquidar sus aportes a partir del mes de febrero de cada año y hasta enero del
año siguiente.
Cuando el trabajador independiente no presente su declaración de Ingreso Base de Cotización
dentro de los plazos previstos en el presente decreto, se presumirá que el Ingreso Base de
Cotización para el período será el declarado en el año inmediatamente anterior, aumentado
en un porcentaje igual al reajuste del salario mínimo legal vigente. En todo caso, dicho Ingreso
Base de Cotización no será inferior a la base mínima legal que corresponda”. (resaltos de la
Sala)
13
Consejo de Estado. Sección Cuarta, sentencia del 14 de septiembre de 2023, exp. 26001, C.P. Myriam Stella Gutiérrez
Argüello y sentencia del 11 de octubre de 2024, exp. 26868, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
14
Decreto 1070 de 1995. Artículo 4. Las Entidades Promotoras de Salud, podrán continuar ofreciendo el Plan Obligatorio
de salud del régimen contributivo a los trabajadores independientes que venían cotizando sobre un ingreso entre uno y
dos salarios mínimos mensuales legales vigentes, que se hubieren afiliado con anterioridad al 20 de abril de 1995.
La Superintendencia Nacional de Salud establecerá el sistema de presunción de ingresos para los trabajadores
independientes, el cual deberá ser utilizado por las Entidades Promotoras de Salud para determinar la base de cotización.
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 85001-23-33-000-2019-00133-01 (28012)
Demandante: Myriam García Oros
Finalmente, la Ley 1438 de 2011, en su artículo 33, consagró una presunción de capacidad
de pago y de ingresos así:
“ARTÍCULO 33. PRESUNCIÓN DE CAPACIDAD DE PAGO Y DE INGRESOS. Se presume
con capacidad de pago y, en consecuencia, están obligados a afiliarse al Régimen Contributivo
o podrán ser afiliados oficiosamente:
33.1 Las personas naturales declarantes del impuesto de renta y complementarios, impuesto
a las ventas e impuesto de industria y comercio.
33.2 Quienes tengan certificados de ingresos y retenciones que reflejen el ingreso
establecido para pertenecer al Régimen Contributivo.
33.3 Quienes cumplan con otros indicadores que establezca el Gobierno Nacional.
Lo anterior, sin perjuicio de poder ser clasificado como elegible al subsidio por medio del
Sisbén, de acuerdo con las normas sobre la materia.
El Gobierno Nacional reglamentará un sistema de presunción de ingresos con base en la
información sobre las actividades económicas. En caso de existir diferencias entre los valores
declarados ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y los aportes al
sistema estos últimos deberán ser ajustados” (resaltos fuera del texto).
Por lo anterior se establece que las declaraciones tributarias, como las de renta, son un
indicador de ingresos, lo cual permite evidenciar la capacidad de pago y su obligación de
aportar al sistema, aun en el evento de que no existiera un sistema de presunción de ingresos.
Concluye la Sala que del sustento normativo citado se desprende que la base de cotización
tanto para salud como para pensión se compone de los ingresos percibidos por el trabajador
independiente, teniendo límites de cotización inferior y superior (entre 1 y 25 SMLMV), y en
todo caso, el mismo legislador ha señalado que estos deben corresponder a los ingresos
reales, de ahí que aun cuando se haya cotizado bajo ingresos presuntos o se omitiera la
obligación, deben ajustarse a los declarados ante la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN)”
De este recuento normativo la Sala en la sentencia del 11 de octubre de 2024, exp.
26868, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, estableció que: i) Por disposición legal,
el cálculo del IBC para liquidar los aportes a salud quedó a cargo del Gobierno
Nacional mediante reglamentación de un sistema de presunción de ingresos, que a
su vez el ejecutivo le asignó a la Superintendencia Nacional de Salud; ii) El citado
órgano de vigilancia y control por medio de acto administrativo adoptó y estableció
el diseño conceptual del sistema de presunción de ingresos; iii) La aplicación del
mencionado sistema estaba sujeto a la afiliación voluntaria por parte del trabajador
independiente, en cuyo caso, las entidades promotoras de salud debían procurar el
diligenciamiento de los cuestionarios que permitieran establecer la base presunta
mínima; iv) Cuando los ingresos reales del trabajador independiente superaban los
que resultaban de la aplicación de las presunciones sobre bases mínimas, los
aportes debían hacerse a partir de los ingresos reales; v) Las personas naturales
declarantes de renta, IVA e ICA, y quienes tienen certificado de ingresos y
retenciones que reflejan el ingreso mínimo para pertenecer al régimen contributivo,
se presumen con capacidad de pago, y deben afiliarse, so pena de ser inscritos
oficiosamente y vi) El último inciso del artículo 33 de la Ley 1438 de 2011 encargó
al Gobierno Nacional de la reglamentación de un sistema de presunción de
ingresos. Pero también estableció que, si existían diferencias entre los valores
declarados ante la DIAN y los aportes al sistema, estos debían ajustarse.
Y, concluyó que “es claro para la Sala que la presunción de ingresos para efectos de determinar
la base de los aportes al subsistema de salud aplica siempre y cuando el afiliado no se encuentre en
alguno de los supuestos previstos en el artículo 33 de la Ley 1438 de 2011 -personas naturales
declarantes de renta, IVA e ICA, y quienes tienen certificado de ingresos y retenciones-, porque en
esos eventos se cuenta con un indicador de ingreso que desplaza dicha presunción, cuestión que
deberá ser analizada en cada caso”.
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 85001-23-33-000-2019-00133-01 (28012)
Demandante: Myriam García Oros
Sobre la determinación de los ingresos se señaló que aquellos se fijan siguiendo la
metodología prevista en el parágrafo 1 del artículo 1 del Decreto 510 de 2003, según
el cual, “Se entiende por ingresos efectivamente percibidos por el afiliado aquellos que él mismo
recibe para su beneficio personal. Para este efecto, podrán deducirse las sumas que el afiliado recibe
y que debe erogar para desarrollar su actividad lucrativa en las mismas condiciones previstas por el
artículo 107 del Estatuto Tributario”. Aclarándose que, resulta aplicable la forma de fijar
los “ingresos efectivamente percibidos” a los “ingresos reales”, en atención a que se
consideran como los que en definitiva recibirá para su beneficio personal el afiliado,
y que se determinan detrayendo las erogaciones para desarrollar la actividad
económica. Además, que no podía pasarse por alto que por disposición del artículo
3 del Decreto 510 de 2003, la base de cotización en salud y pensiones es la misma.
Se tiene, entonces, que para el año 2014 esta clase de trabajadores, independientes
sin contrato de prestación de servicios y rentistas de capital, entre los cuales se
encuentra la demandante, sí contaban con una base determinada por el
ordenamiento jurídico para realizar sus aportes al Sistema de Seguridad Social y,
que, para el caso en concreto, se partió de un indicador de ingreso, la declaración
de renta, que desplaza la presunción de ingresos que echa de menos la
demandante.
Ahora, la actora también planteó la imposibilidad de predecir el ingreso para los
meses del 2014, pues las normas dispuestas para esa época pretendían
cotizaciones anticipadas en las que no se tenía certeza de los costos y gastos
incurridos. Además, indicó que el artículo 1 del Decreto 3085 de 2007 exige un
imposible, que consiste en presentar una declaración anticipada de ingresos que no
se pueden prever, sin que el artículo 2 subsane lo anterior permitiendo la corrección
para ajustarlo a la realidad.
Al respecto, la Sala observa que la demandante no presentó autodeclaraciones con
anterioridad al proceso de fiscalización, es decir durante el año 2014, de las cuales
se predicara irregularidad alguna para su corrección15.
En todo caso, como indicó esta Sala en otra ocasión16, se evidencia que este cargo
también está atado a la falta de reglamentación del sistema de presunción de
ingresos y a la determinación del IBC, que fue atendido líneas atrás, indicando que
los actos acusados partieron de un indicador de ingreso (declaración de renta) que debe
ser atendido por mandato legal (artículo 33 de la Ley 1438 de 2011). En consecuencia,
resulta irrelevante la obligación de presentar declaraciones anticipadas de ingresos
pues no demuestra de modo alguno que la UGPP haya incumplido su obligación
legal de ajustar los aportes al valor de la declaración de renta. Además, como se
indicó en el caso reiterado, “la sola referencia al principio de que «nadie está obligado a lo
imposible» no es razón suficiente para sustraerse de la obligación de afiliarse y pagar los aportes al
sistema de seguridad social, tampoco para declarar la nulidad del acto demandado”17.
Finalmente, la actora sostuvo que el Tribunal no analizó la improcedencia de la
sanción por la inexistencia de una base gravable para el 2014. Sin embargo, esto
no es cierto, pues dicho estudio fue realizado al momento de verificar la existencia
de los elementos del tributo para determinar si la demandante estaba obligada a
realizar los aportes fiscalizados.
15
En este sentido ver: Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 23 de noviembre de 2023, exp. 26613, C.P. Myriam
Stella Gutiérrez Argüello.
16
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 11 de octubre de 2024, exp. 26868, C.P. Stella Jeannette Carvajal
Basto.
17
Ibidem.
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 85001-23-33-000-2019-00133-01 (28012)
Demandante: Myriam García Oros
Ahora, frente a las pretensiones subsidiarias, según las cuales solicita se tenga
como IBC un (1) salario mínimo mensual vigente del año 2014, por cuanto para la
época de los hechos fiscalizados y sancionados, no se encontraban tipificados los
elementos del tributo para el pago de aportes al Sistema General de la Seguridad
Social de los independientes sin contrato de prestación de servicios y los rentistas
de capital y que se determine la contribución para el Subsistema de Salud sobre el
cuarenta por ciento (40%) de la renta liquidada señalada en la declaración de renta
que se encuentra en firme, con base en el artículo 135 de la Ley 1753 del año 2015,
se observa que para la primera de las peticiones y teniendo en cuenta la apelación
presentada, sí existía para la vigencia en cuestión la base gravable que se echa de
menos y respecto de la Ley 1753, para el año fiscalizado no se había expedido dicha
norma, y en todo caso, ese porcentaje solo aplicaba para los independientes con
contrato de prestación de servicios, calidad que no ostenta la demandante.
Conclusión
Por lo anterior, no prosperan los cargos de apelación propuestos por el demandante,
de modo que la Sala confirmará la sentencia de primera instancia.
Costas
La Sala se abstendrá de su imposición, toda vez que se observa que en el
expediente no obra prueba de su causación como lo exige el numeral 8 del artículo
365 del Código General del Proceso, norma aplicable por remisión expresa del
artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley.
FALLA
PRIMERO-. Confirmar la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Casanare del 29 de junio de 2023.
SEGUNDO-. Sin condena en costas.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente Salvo el voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.