Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 85001-23-33-000-2020-00008-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 85001-23-33-000-2020-00008-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 85001-23-33-000-2020-00008-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
24 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 24 de agosto de 2026
Radicado: 85001-2333-000-2020-00008-01 (70.028)
Demandante: Defensoría del Pueblo - Regional Casanare
Demandados: Departamento de Casanare y otros
Referencia: Acción popular
Temas: acción popular - protección de derechos e intereses colectivos - derecho colectivo
a la moralidad administrativa - derecho colectivo a la defensa del patrimonio público -
derecho colectivo a la seguridad y salubridad pública - derecho colectivo al acceso a
infraestructura y servicios públicos eficientes y oportunos - responsabilidad concurrente y
compartida entre la Nación, los departamentos y los municipios - alcance de la apelación
adhesiva
Síntesis del caso: se busca la protección de los derechos e intereses colectivos a la
moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público, la seguridad y salubridad
públicas, el acceso a infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública y el
acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, frente a
presuntas irregularidades en la construcción y puesta en funcionamiento de un nuevo
centro de salud en el municipio de San Luis de Palenque (Casanare).
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el Departamento de
Casanare y la apelación adhesiva interpuesta por la Red Salud Casanare
E.S.E., en contra de la sentencia de 11 de mayo de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Casanare, que declaró vulnerados los derechos
e intereses colectivos alegados como violados por la parte actora y, en
consecuencia, ordenó medidas para garantizar su protección1.
Contenido: 1. Antecedentes - 2. Consideraciones - 3. Decisión
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante - 1.2. Posición de la parte demandada -
1.3. Sentencia recurrida - 1.4. Recursos de apelación - 1.5. Trámite relevante en segunda
instancia
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 18 de diciembre de 2019, la Defensoría del Pueblo - Regional Casanare
(en adelante, la demandante o la parte actora), presentó demanda2, en
ejercicio del medio de control constitucional de protección de derechos e
intereses colectivos, contra el Departamento de Casanare (en adelante, el
Departamento), el Municipio de San Luis de Palenque (en adelante, el
Municipio), el Ministerio de Salud y Protección Social (en adelante, el
Ministerio) y solicitó la vinculación al proceso de la Red Salud Casanare E.S.E.
1 El Consejo de Estado es competente para conocer los recursos de apelación interpuestos en contra de las
sentencias dictadas por los tribunales administrativos en primera instancia, de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
2 Expediente Digital del Tribunal. Cuaderno Principal. Archivo “1ED_01 DEMANDA”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 85001-2333-000-2020-00008-01 (70.028)
Demandante: Defensoría del Pueblo - Regional
Casanare
Demandado: Departamento de Casanare y
otros
Referencia: Acción popular
Decisión: Confirma la sentencia
(en adelante, la ESE), la cual fue concedida3, con el propósito de que se
hicieran las siguientes declaraciones y se dieran las siguientes ordenes (se
transcribe):
“PRIMERA: Declarar vulnerados por parte de las entidades accionadas los
derechos colectivos contenidos en el artículo 4 de la Ley 472 de 1998, que
se enuncian a continuación:
A. La moralidad administrativa (literal b).
B. La defensa del patrimonio público (literal e).
C. La seguridad y salubridad pública (literal g).
D. El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad
pública (literal h).
E. El acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y
oportuna (literal j).
SEGUNDO: Ordenar a las entidades accionadas ejecutar las acciones
necesarias para evitar el daño contingente, y hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses
colectivos ya enunciados.
TERCERA: Proteger los derechos vulnerados, ordenando a los accionados,
realicen las gestiones necesarias para habilitar la infraestructura
correspondiente al Centro de Salud donde actualmente se presta el
servicio, en tanto, según parece, no tiene problemas estructurales serios
que impidan su adecuación, mientras se pone en marcha el hospital que
va a construir Red Salud Casanare E.S.E.
CUARTA: Se ordene la construcción de un nuevo centro de salud, que
cumpla con la normativ[a] exigida para ese tipo de infraestructura, así
como demás requerimientos técnicos necesarios, para que puedan
garantizar la prestación del servicio de salud, en condiciones de
salubridad, eficiencia y de forma oportuna y sin poner en peligro la
salubridad pública y el patrimonio del Estado.
QUINTA: Que se establezca la conformación de un comité para la
verificación del cumplimiento de sentencia, en el cual se haga efectiva
la participación de personas pertenecientes a la comunidad.”
2. La demandante fundamentó sus pretensiones, en síntesis, en los siguientes
hechos y afirmaciones:
3. 1) Durante una visita, realizada el 12 de abril de 2019, se constató que el
centro de salud del Municipio estaba “(…) en notorio y alto grado de
deterioro, ya que t[enía] paredes con grietas, techos en icopor (en varios
sectores no lo t[enían]), humedades grandes en pisos y paredes, pisos
levantados, vigas afectadas y goteras (…)”, lo cual comprometía la
seguridad de los usuarios y la adecuada prestación del servicio de salud.
4. 2) Ese mismo día se realizó visita al “nuevo” centro de salud y se evidenció
que “(…) la obra se enc[ontraba] inconclusa y en total abandono, en el
interior t[enía] escombros, alto grado de deterioro, basura, malos olores,
ventanas sin vidrios y los alrededores de la infraestructura est[aban] llenos
de maleza”.
5. 3) Como respuesta a una petición de la demandante, el 30 de mayo de
2019 el Departamento indicó que “(…) la edificación nueva del centro de
salud deb[ía] ser demolida y rediseñada, conforme a los requisitos mínimos
de construcción (…) motivo por el cual no est[aba] en funcionamiento (…)”.
En la misma respuesta se informó que la ESE registró en el Plan Bienal 2018-
3 Expediente Digital del Tribunal. Cuaderno Principal, Archivo “3AUTOADMISORIODELADEMANDA”.
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Demandante: Defensoría del Pueblo - Regional
Casanare
Demandado: Departamento de Casanare y
otros
Referencia: Acción popular
Decisión: Confirma la sentencia
2019 “(…) el proyecto “construcción del nuevo centro de salud de San Luis
de Palenque Casanare”, como tipo de obra nuevo, con un valor de (…)
$4.935.500.000”.
6. La demandante alegó que, conforme a la referida información, el centro
de salud debía ser demolido y, frente a ello, las demandadas “(…) no
tomaron medidas oportunas (…) no exigieron las pólizas del contrato y se
evidencia la falta de moralidad en la actuación, se teme porque ocurra
irregularidades tanto en la proyección como en la ejecución del contrato
(…)”. Además, era evidente que el nuevo centro de salud era una obra
inoperante, inconclusa y con dictamen de demolición, lo que demostraba
“(…) que fue construido sin ser funcional y malgastando recursos estatales
(…)”. Igualmente, el patrimonio público se afectó porque el antiguo centro
de salud tampoco había sido objeto de mantenimiento, con lo cual se
evidenciaba, además, la afectación a la seguridad y salubridad pública, y
al derecho colectivo a recibir servicios de salud en condiciones dignas,
seguras y eficientes.
1.2. Posición de la parte demandada
7. El Municipio contestó la demanda4 y se opuso a las pretensiones. Dio por
ciertos todos los hechos de la demanda, pero se opuso a las pretensiones
porque no participó en las lesiones a los derechos alegados. Propuso como
excepciones: 1) la inexistencia de afectación a los derechos colectivos,
porque ha realizado gestiones para protegerlos “(…) aun a sabiendas [de]
que el tema de infraestructura hospitalaria (…) est[aba] a cargo de [la ESE],
tal como lo dejó ver el oficio 900 51-01 de la Secretaría de Salud
Departamental de Casanare y, de otro lado, la competencia para este tipo
de reparaciones est[aba] a cargo del ente departamental”. 2) La falta de
legitimación pasiva en la causa, por no ser la entidad llamada a garantizar
la prestación del servicio de salud. Y, 3) la que denominó “genérica”.
8. El Ministerio contestó la demanda5 y se opuso a las pretensiones. Alegó
que, según la normativa vigente (Decreto 4107 de 2011), “(…) la obligación
de organizar, dirigir, coordinar y administrar la red de instituciones
prestadoras de salud públicas e[ra] de competencia del departamento
correspondiente (Casanare) (…)”. Por tanto, no era de recibo que la
demandante pretendiera trasladar dicha competencia al Ministerio.
Propuso como excepciones: 1) La “falta de legitimación en la causa por
pasiva” porque era competente de la prestación del servicio de salud, ni
de la organización, dirección, coordinación o administración de la red de
prestadores públicos. 2) La “inexistencia de la supuesta amenaza o
vulneración de derechos e intereses colectivos”, porque no había prueba
de ello. Y, 3) la que llamó “innominada”.
4 Expediente Digital del Tribunal. Cuaderno Principal. Archivo
“4RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_08CONTESTACIONSANLUISDEPALENQUE.PDF”.
5 Expediente Digital del Tribunal. Cuaderno Principal. Archivo
“7RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_11CONTESTACIONMINSALUD.PDF”.
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Demandado: Departamento de Casanare y
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Referencia: Acción popular
Decisión: Confirma la sentencia
9. La ESE contestó la demanda6 y se opuso a las pretensiones. Alegó que en
julio y en agosto de 2019 había hecho mantenimientos al centro de salud y
que en noviembre de 2019 el Municipio adjudicó un contrato para,
precisamente, continuar con dichos mantenimientos. Propuso como
excepciones: 1) la “inexistencia de vulneración daño o amenaza contra
derechos colectivos” porque, según las pruebas que aportó, había
cumplido con sus deberes. 2) La “insuficiencia probatoria – carga
probatoria en cabeza del accionante”, pues la demandante no probó los
hechos alegados. Y, 3) la “inexistencia de los derechos colectivos
invocados” porque “(…) est[aba] cumpliendo con la prestación del servicio
de nivel I, que legalmente le correspond[ía]”.
10. El Departamento contestó la demanda7 y se opuso a las pretensiones.
Indicó que era cierto que el nuevo centro de salud debía ser demolido, pero
alegó que “(…) la competencia en la obligación de realizar la habilitación
de la infraestructura del Centro de Salud del Municipio de
San Luis de Palenque, y/o la construcción de un nuevo Centro de Salud en
dicho Municipio (…) correspond[ía] única y exclusivamente a
la E.S.E. Red Salud Casanare (…)”, la cual administraba esos centros de
salud desde el 2004. Propuso como excepciones: 1) la “falta de legitimación
en la causa por pasiva” y 2) la “inexistente vulneración o amenaza de
derechos colectivos por parte del Departamento del Casanare”.
1.3. Sentencia recurrida
11. El 11 de mayo de 2023, el Tribunal Administrativo de Casanare profirió
sentencia de primera instancia8, en la que (se trascribe):
“Resuelve:
PRIMERO: Declarar no probada la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva, propuesta por la Nación - Ministerio de Salud
y Protección Social, el departamento de Casanare y el municipio de
San Luis de Palenque, de conformidad con las razones señaladas en
la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Amparar los derechos colectivos a la moralidad
administrativa, a la defensa del patrimonio público, a la seguridad y
salubridad públicas, el acceso a una infraestructura de servicios que
garantice la salubridad pública y el acceso a los servicios públicos y
a que su prestación sea eficiente y oportuna, de conformidad con lo
dispuesto en la parte considerativa de esta providencia.
TERCERO: En consecuencia, imponer a Red Salud Casanare E.S.E., al
departamento de Casanare, a la Nación - Ministerio de Salud y
Protección Social y al municipio de San Luis de Palenque, las
siguientes medidas definitivas: (…)9
CUARTO: Conformar un Comité de Verificación, que será integrado
por el alcalde del municipio de San Luis de Palenque, el ministro de
Salud y Protección Social o su delegado; el defensor del Pueblo o su
delegado, el gobernador del departamento de Casanare o su
delegado y el representante legal de Red Salud Casanare E.S.E. quien
6 Expediente Digital del Tribunal. Cuaderno Principal. Archivo
“9RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_13CONTESTACIONREDSALUD.PDF”.
7 Expediente Digital del Tribunal. Cuaderno Principal. Archivo
“10RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_14CONTESTACIONCASANARE.PDF”.
8 Expediente Digital del Tribunal. Cuaderno principal. Archivo “56_FALLO.PDF”.
9 En la sentencia, en este resuelve, se incluyó una tabla con 3 columnas, referidas a las “medidas definitivas”, el
“plazo” para su ejecución y los “responsables”, entre el Municipio, el Departamento, el Ministerio de Salud y
Protección Social y Red Salud Casanare ESE.
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Decisión: Confirma la sentencia
lo presidirá, cuyo procedimiento se sujetará a las reglas trazadas en
la parte motiva de esta providencia y deberá rendir informes
periódicos cada tres (3) meses; o cuando ocurran novedades que
requieran intervención judicial más temprana.
QUINTO: Sin costas en esta instancia.
SEXTO: Por Secretaría del Tribunal, remítase copia completa del
proceso en medio magnético o el link del expediente digitalizado, sin
esperar a ejecutoria, con destino a la Procuraduría General de la
Nación – Regional Casanare, a la Contraloría General de la
República y a la Fiscalía General de la Nación – Seccional Yopal, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SÉPTIMO: Remítase copia de esta providencia, así como de la
demanda y del auto admisorio a la Defensoría del Pueblo – Registro
Público de Acciones Populares y de Grupo, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.”
12. El tribunal indicó que los problemas jurídicos eran (se trascribe):
“¿Prospera la excepción de falta de legitimación material en la causa por
pasiva propuesta por la Nación - Ministerio de Salud y de la Protección
Social, el departamento de Casanare y el municipio de San Luis de
Palenque?” y “¿Las entidades demandadas están vulnerando los derechos
e intereses colectivos invocados en la demanda por no realizar el
mantenimiento de la infraestructura correspondiente al Centro de Salud
donde actualmente se presta el servicio de salud y la falta de habilitación y
funcionamiento de la nueva sede que se estaba construyendo?”.
13. Respecto del primer problema, consideró que el Ministerio, el
Departamento y el Municipio demandados, según lo previsto en los artículos
42, 43, 44 y 65 de la Ley 715 de 2001, el artículo 2.5.4.1.3 del Decreto 780 de
2016, el artículo 26 de la Ley 1454 de 2011 y el artículo 64 de la Ley 1438 de
2011, tenían competencias concurrentes en materia de salud, toda vez que
“(…) la entidad del orden nacional tiene a su cargo, impulsar, coordinar y
cofinanciar programas y proyectos en materia de salud, a partir de la
aprobación de los planes bienales de inversiones públicas; al ente
departamental le corresponde coordinar, cofinanciar y efectuar las
inversiones que se requieran para la prestación del servicio de salud, en
especial porque el Centro de Salud de San Luis de Palenque hace parte de
la red pública del departamento de Casanare, según lo dispuesto en el
artículo 3 del Decreto 001 del 16 de julio de 2004 y el municipio de San Luis
de Palenque debe garantizar el mejoramiento de las condiciones de salud
en jurisdicción, por ello tiene la obligación de promover la coordinación en
los diferentes sectores y entidades para que se ejecuten proyectos en su
territorio”. Por tanto, no prosperó la excepción de falta de legitimación.
14. En relación con el segundo problema jurídico, consideró que los
derechos invocados estaban siendo vulnerados porque “(…) el
mantenimiento de parte de las instalaciones, donde actualmente funciona
el Centro de Salud, no conlleva a garantizar de manera completa y
eficiente el acceso a la totalidad los derechos colectivos invocados”. Esto,
aun cuando con posterioridad a la visita de la demandante se ejecutó el
contrato No. 235 del 12 de noviembre del 2019, celebrado por el Municipio,
el cual se concretó en el mantenimiento del centro, pues si bien se
efectuaron algunas adecuaciones, los problemas estructurales de la sede
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Referencia: Acción popular
Decisión: Confirma la sentencia
no se habían superado. Además, según el concepto rendido en el marco
del contrato de consultoría No. 1270 de 2017, celebrado por el
Departamento10, la edificación nueva no cumplía los parámetros mínimos
de construcción NSR-10, se construyó con materiales de mala calidad y, por
ende, debía ser demolida y reconstruida.
15. Por lo tanto, al materializar la demolición del nuevo centro de salud se
limitaría aún más el acceso al servicio de salud de los habitantes del
Municipio, sumado a la incerteza de la nueva construcción y el riesgo de
lesión del erario. Concluyó resaltando que “(…) todas las entidades
vinculadas a esta acción popular deben actuar de manera articulada,
atendiendo el principio de [subsidiariedad] y concurrencia de acuerdo
[con] sus competencias (…)”, a fin de garantizar la efectividad de los
derechos colectivos vulnerados. Al efecto, ordenó la adopción de medidas
definitivas, dentro de los plazos indicados en la parte resolutiva y según la
distribución de actividades allí contenida.
1.4. Recursos de apelación
16. Contra la sentencia presentaron recurso de apelación el
Departamento11 y la ESE12. Sin embargo, solo fue concedido el del
Departamento, porque el de la ESE fue extemporáneo13. Posteriormente, la
ESE presentó apelación adhesiva14, la cual fue admitida, junto con la
apelación del Departamento15.
17. El Departamento, en su apelación, reiteró que carecía de legitimación
en la causa, pues según el Decreto departamental 5 de 11 de marzo de
2004, que creó a la ESE, era su responsabilidad la gestión de los centros de
salud. A su turno, según el artículo 193 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 780
de 2016, capitulo 8, sección 1, la ESE “(…) deb[ía] destinar el 5% de su
presupuesto de infraestructura hospitalaria (…)”, por lo tanto, a la misma ESE
le correspondía “(…) la competencia e iniciativa para disponer del arreglo
locativo del centro de salud de San Luis de Palenque y/o la construcción de
uno nuevo (…)”. Además, resaltó que su rol era aprobar los planes bienales
de inversión pública, lo cual satisfizo, según se observa en la respuesta
emitida por el Departamento con No. 900-51-01 de mayo de 2019, dirigida
a la demandante. Por lo anterior, solicitó que se revocara el numeral primero
de la sentencia y se declarara la falta de legitimación en la causa del
Departamento y, de no accederse a ello, se ordenara que “(…) el proyecto
de un nuevo centro de salud pueda ser impulsado y cofinanciado en este
10 Cuyo objeto era: “Realizar el estudio patológico, diagnóstico de vulnerabilidad sísmica, evaluación y
reforzamiento estructural y ajustes a los diseños arquitectónicos, entre otros, para la ampliación y puesta en
funcionamiento del Centro de Salud del municipio de San Luis de Palenque”.
11 Expediente Digital del Tribunal. Cuaderno Principal. Archivo
“59_RECIBEPORCORREOELECTRONICO_RECURSOCASANAREAPE.pdf”.
12 Expediente Digital del Tribunal. Cuaderno Principal. Archivo
“61_RECIBEPORCORREOELECTRONICO_RECURSOREDSALUDAP.pdf”.
13 Expediente Digital del Tribunal. Cuaderno Principal. Archivo “63_AUTOQUECONCEDE.pdf”.
14 Expediente Digital del Tribunal. Cuaderno Principal. Archivo
“65_MemorialWeb_ADHESIONAPELACIONYANEXOS.pdf”.
15 Expediente Digital del Consejo de Estado. Principal. “185AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION”.
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caso por el Ministerio de Salud y Protección Social, puesto que el
Departamento no cuenta con los recursos pertinentes para el caso”.
18. La ESE, en su adhesión a la apelación del Departamento, adujo que, de
conformidad a los argumentos expuestos por este, desde su creación se
dotó con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio
y, por lo tanto, “(…) ent[endía] que e[ra] responsabilidad de la ESE realizar
el mantenimiento de la infraestructura y/o la construcción de un nuevo
centro hospitalario, si es necesidad de la comunidad, para este caso, IPS
San Luis de Palenque”. En ese orden de ideas, afirmó que ha venido
realizando las labores pertinentes de mantenimiento y mejoramiento de la
infraestructura y, por lo tanto, “(…) operaría la carencia actual de objeto
por hecho superado y por daño consumado con la vulneración del
derecho colectivo (…).
1.5. Trámite relevante en segunda instancia
19. El Ministerio Público conceptuó16 y solicitó confirmar la sentencia porque,
primero, según la normativa aplicable, el Departamento sí estaba
legitimado en la causa y, segundo, si bien no se podía obviar la voluntad de
las demandadas para solucionar los problemas de los centros de salud del
municipio, no era cierto que hubiera carencia actual de objeto porque no
había certeza de que se hubieran superado las falencias estructurales,
encontradas en la visita del 12 de abril de 2019.
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia - 2.2. Análisis sustantivo - 2.3. Sobre la condena
en costas
2.1. Síntesis de la controversia
20. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia, que accedió a las
pretensiones de la demanda, porque los reparos formulados en los recursos
no se encuentran demostrados17 y, por lo tanto, no hay lugar a modificar o
revocar la decisión del tribunal.
2.2. Análisis sustantivo
21. El tribunal encontró que las demandadas estaban legitimadas en la
causa y consideró que, según las pruebas obrantes, la vulneración de los
16 Expediente Digital del Consejo de Estado. Principal. “189Memorial_NGB_189CONCEPTO.pdf”.
17 El ponente resalta que, en esta controversia, no advirtió la existencia de asuntos que debieran ser examinados
oficiosamente, por fuera de los reparos planteados en los recursos. Lo anterior se aclara considerando que el
ponente, como lo ha manifestado en otras oportunidades, considera que el juez de segunda instancia en las
acciones populares no está limitado por los reparos concretos de las apelaciones pues, en aplicación de lo previsto
en el artículo 44 de la Ley 472 de 1998, las exigencias procesales del CPACA y CGP son aplicables en los procesos
de acciones populares “(…) mientras no se opongan a la naturaleza y la finalidad de tales acciones”. Por lo tanto,
para garantizar la naturaleza constitucional de la acción popular y los fines que con ella se persiguen, según el
artículo 88 de la Constitución Política y 2 de la Ley 472 de 1998, el ponente considera que el juez popular está
obligado a pronunciarse incluso sobre aspectos no tratados en los recursos. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 18 de julio de 2025, Exp. 68.635 y
aclaración de voto en Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia de 22 de mayo de 2026, Exp. 72.267.
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Decisión: Confirma la sentencia
derechos e intereses colectivos quedó demostrada. Con base en lo anterior,
ordenó la adopción de medidas definitivas, dentro de los plazos indicados
en el resuelve y según la distribución de actividades entre el Ministerio, el
Departamento, el Municipio y la ESE. De las anteriores determinaciones, no
fueron objeto de discusión las relativas al Ministerio, el Municipio y la ESE, por
lo tanto, la Sala pasa a estudiar los cuestionamientos que planteó el
Departamento.
22. En relación con la entidad territorial departamental, el tribunal concluyó
que, según la normativa aplicable, “(…) le correspond[ía] coordinar,
cofinanciar y efectuar las inversiones que se requieran para la prestación
del servicio de salud, en especial porque el Centro de Salud de San Luis de
Palenque hac[ía] parte de la red pública del departamento de Casanare,
según lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 001 del 16 de julio de 2004
(…)”. Al respecto, el Departamento, en su recurso, insistió en la falta de
legitimación pasiva en la causa porque, por un lado, la ESE había sido
creada para, precisamente, la gestión de los centros de salud, dentro de
los que se encontraban los del municipio y, por otro lado, resaltó que su rol
se limitaba a aprobar los planes bienales de inversión pública, lo cual
satisfizo, según se observa en la respuesta emitida por el Departamento con
No. 900-51-01 de mayo de 2019, dirigida a la demandante. Solicitó que, en
caso de no acceder a lo anterior, se ordenara la cofinanciación del
proyecto junto con el Ministerio de Salud y Protección Social, puesto que el
Departamento no contaba con los recursos necesarios.
23. Al efecto, la Sala coincide con el tribunal y con el concepto del
Ministerio Público, en el sentido de que el Departamento cuenta con
legitimación pasiva en la causa porque, según la normativa aplicable, es
clara la identidad que existe entre el Departamento demandado y uno de
los sujetos que tiene el deber normativo de satisfacer los derechos colectivos
aducidos en la demanda18. Lo anterior porque: 1) según lo previsto en el
artículo 43 de la Ley 715 de 2001, en el sector salud, los departamentos
cumplen funciones de dirección, coordinación y vigilancia y, para ello,
tienen atribuidas las competencias de, entre otras, asistencia técnica y
asesoría a los municipios e instituciones públicas que prestan servicios de
salud, en su jurisdicción (art. 43.1.3.); supervisar y controlar el uso de los
recursos destinados a la salud (art. 43.1.4.); vigilar y controlar las actividades
que desarrollan los municipios de su jurisdicción (art. 43.1.5.), organizar,
dirigir, coordinar y administrar la red de Instituciones Prestadoras de Servicios
de Salud públicas en el departamento (art. 43.2.4.); concurrir en la
financiación de las inversiones necesarias para la organización funcional y
18 Esta Corporación ha considerado que la legitimación en la causa se configura cuando existe identidad entre
las partes del proceso y los titulares de la relación jurídica sustancial debatida. En concreto, se trata de un
presupuesto procesal (se trascribe) “(…) relacionado con la calidad o el derecho que tiene una persona (natural
o jurídica), como sujeto de la relación jurídica sustancial, para formular o para contradecir las pretensiones de la
demanda (…) la segunda (la legitimación por pasiva), es la identidad que tiene la parte accionada con quien
tiene el deber de satisfacer el derecho reclamado”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 31 de enero de 2019, Exp. 43.511. Reiterado en: Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 1 de marzo de 2023, Exp.
50.601; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del
19 de septiembre de 2025, Exp. 69.212, entre otras.
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Radicado: 85001-2333-000-2020-00008-01 (70.028)
Demandante: Defensoría del Pueblo - Regional
Casanare
Demandado: Departamento de Casanare y
otros
Referencia: Acción popular
Decisión: Confirma la sentencia
administrativa de la red de instituciones prestadoras de servicios de salud a
su cargo (art. 43.2.5.); avalar los Planes Bienales de Inversiones Públicas en
Salud, de los municipios de su jurisdicción (art. 43.2.7.); vigilar el cumplimiento
de las normas técnicas dictadas por la Nación para la construcción de
obras civiles, dotaciones básicas y mantenimiento integral de las
instituciones prestadoras de servicios de salud y de los centros de bienestar
de anciano (art. 43.2.8.). 2) Según el parágrafo del artículo 44 de la misma
Ley 715 de 2001, el Departamento debe articularse con los municipios de su
jurisdicción para ampliar los servicios de salud existentes. 3) Según el artículo
2.5.4.1.3 del Decreto 780 de 2016, el “(…) servicio de salud a nivel territorial
se prestará mediante la integración de redes, cuya organización, dirección,
coordinación y administración es competencia de los departamentos”. 4)
Según los artículos 26 y 27 de la Ley 1454 de 2011 en todos los sectores,
incluido el de salud, las competencias de las entidades territoriales se
ejercen con base en los principios de coordinación, concurrencia,
subsidiariedad, complementariedad, entre otros.
24. De este modo, para la Sala es claro que el ordenamiento jurídico
atribuye varias competencias al Departamento en relación con la
planificación, la cofinanciación, la dotación, la construcción, el
mantenimiento y la operación de la red de IPS públicas, dentro de las que
se encuentran, por supuesto, los centros de salud antiguo y nuevo del
Municipio. Y, por lo tanto, también resulta claro que el Departamento tiene
un expreso deber normativo de satisfacer los derechos colectivos alegados
en la demanda (a la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio
público, la seguridad y salubridad públicas, el acceso a infraestructura de
servicios que garantice la salubridad pública y el acceso a los servicios
públicos), previstos en el artículo 4 de la Ley 472 de 1998.
25. Lo anterior no desconoce que, como quedó demostrado en la primera
instancia y como lo reconoció el recurso de apelación, la ESE sea una
entidad pública descentralizada del orden departamental, con personería
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio y que dentro de los
municipios en los que opera se encuentre, precisamente, el de San Luis de
Palenque, pues esta circunstancia no suprime, ni condiciona, ni altera, ni
puede llevar a desconocer las competencias directamente atribuidas a los
departamentos en la materia, en este caso, al Departamento de Casanare.
Por lo tanto, el cargo sobre la configuración de la falta de legitimación
pasiva en la causa no prospera.
26. En subsidio de lo anterior, el departamento pidió que se ordenara “(…)
que el proyecto de un nuevo centro de salud pueda ser impulsado y
cofinanciado en este caso por el Ministerio de Salud y Protección Social,
puesto que el Departamento no cuenta con los recursos pertinentes para el
caso”. Sobre el asunto, la Sala encuentra que el tribunal, precisamente con
base en las normas que atribuyen competencias concurrentes y
complementarias a los distintos niveles territoriales y la ESE, determinó, en el
numeral 3 de la parte resolutiva de la sentencia, a través de una tabla con
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Radicado: 85001-2333-000-2020-00008-01 (70.028)
Demandante: Defensoría del Pueblo - Regional
Casanare
Demandado: Departamento de Casanare y
otros
Referencia: Acción popular
Decisión: Confirma la sentencia
3 columnas: 1) las “medidas definitivas” que se deben adoptar, distribuidas
en fases de “diagnostico”, de “formulación del proyecto”, de
“contratación”, de “ejecución” y de “presentación de informes”; 2) el
“plazo” para la ejecución de cada una de las medidas y las fases; y 3) los
“responsables” de cada medida y cada fase, distribuyendo las
responsabilidades entre el Municipio, el Departamento, el Ministerio de
Salud y Protección Social y la Red Salud Casanare ESE. Por lo tanto, la
petición de que el Ministerio participe en la satisfacción de los derechos
colectivas vulnerados, en el marco de sus competencias, ya fue adoptada
por la primera instancia, sin que dicho organismo haya interpuesto
apelación sobre el particular. Por lo anteriormente expuesto, la apelación
se resuelve desfavorablemente.
27. Por su parte, la ESE presentó apelación adhesiva19 a la apelación del
Departamento20, la cual fue admitida por constatar que “(…) se ejerció
dentro del término previsto por el parágrafo del artículo 322 del Código
General del Proceso (…). Según la jurisprudencia de la Corte
Constitucional21 y de esta corporación22 la parte que apela de manera
adhesiva está habilitada para cuestionar los puntos que a bien considere,
siempre que le sean desfavorables, interpretación que se soporta en lo
previsto en el parágrafo 3 del artículo 243 del CPACA, según el cual “[l]a
parte que no obre como apelante podrá adherirse al recurso interpuesto
por otra de las partes, en lo que la sentencia apelada le fuere
desfavorable”.
28. En la adhesión, además de resaltar su responsabilidad en la
construcción y mantenimiento de la IPS del municipio, la ESE alegó que
había venido realizando las labores pertinentes de mantenimiento y
mejoramiento de la infraestructura y, por lo tanto, que “(…) operaría la
carencia actual de objeto por hecho superado y por daño consumado con
la vulneración del derecho colectivo (…). En primer lugar, la Sala resalta que
la consumación del daño a los derechos o interese colectivos no comporta
una carencia de objeto, pues ello llevaría a un doble absurdo, por un lado,
hacer inoperante este mecanismo de control judicial y, por otro, incentivar
19 Expediente Digital del Tribunal. Cuaderno Principal. Archivo
“65_MemorialWeb_ADHESIONAPELACIONYANEXOS.pdf”.
20 Expediente Digital del Consejo de Estado. Principal. “185AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION”.
21 El recurso de apelación adhesiva es “(…) un mecanismo creado por el legislador, en ejercicio de la potestad
antes señalada, que permite a la parte que no apeló en forma directa dentro de la oportunidad procesal
contemplada en el artículo 352 del Código de Procedimiento Civil, que adhiera al recurso interpuesto por la otra
parte en lo que le sea desfavorable, actuación que puede ejercitar hasta antes del vencimiento del término para
alegar ante el superior. (…) Cuando una de las partes se adhiere al recurso presentado por la otra, es obvio concluir
que las dos están en desacuerdo con la decisión judicial materia de apelación, por ser desfavorable a sus
pretensiones y, por esta razón, ambas solicitan al juez de segunda instancia que la modifique o revoque en lo que
a cada uno le interesa.” Corte Constitucional, Sentencia C-165 de 1999.
22 “(…) en cuanto a las circunstancias susceptibles de ser cuestionadas a través de la apelación adhesiva se
concluye que las mismas corresponden a las cuestiones desfavorables para el recurrente adhesivo, al margen de
que hayan sido previamente atacadas por quien apeló la sentencia dentro del término de ejecutoria, pues el
legislador no estableció restricciones sobre el particular, contrario sensu en el artículo 353 ejusdem precisó que “[l]a
parte que no apeló [se] podrá adherir al recurso interpuesto por otra de las partes, en lo que la providencia
apelada le fuere desfavorable”.
Así las cosas, la parte que apela de manera adhesiva está habilitada para cuestionar los puntos que a bien
considere, siempre que le sean desfavorables (…)”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, sentencia de 23 de noviembre de 2017, Exp. 53.619, reiterado en Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 9 de julio de 2018, Exp. 41.356.
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Decisión: Confirma la sentencia
la consumación de ese tipo de daños con el fin de que la acción de popular
no procediera.
29. En relación con la carencia de objeto por hecho superado, la Sala
resalta que en el expediente no obran pruebas que lo demuestren pues, por
el contrario, tal como lo resalta la misma apelación adhesiva, a la fecha de
su radicación, existía: 1) un diagnóstico de las instalaciones, denominado
“Informe de medición y estimación de cantidades de obra para el
mejoramiento de la infraestructura del Centro de Salud de San Luis de
Palenque”; 2) un inventario de equipos; y 3) un proyecto de dotación de
equipos biomédicos. Es decir, si bien la ESE había adelantado algunas
gestiones y trámites de diagnóstico y valoración de las infraestructuras y de
los equipos necesarios para el centro de salud, ello no implicó que la
vulneración de los derechos e intereses colectivos, invocados en la
demanda, haya cesado. Por lo anterior, la apelación adhesiva no está
llamada a prosperar.
2.3. Sobre la condena en costas
30. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta corporación, en
sentencia de 6 de agosto de 201923, unificó jurisprudencia en lo relacionado
con el reconocimiento, la condena y la liquidación de costas en el trámite
del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos.
Al respecto, se definió que “(…) el artículo 38 de la Ley 472 de 1998 admite
el reconocimiento de las costas procesales a favor del actor popular y a
cargo de la parte demandada, siempre que la sentencia le resulte
favorable a las pretensiones protectorias de los derechos colectivos, y la
condena en costas, a la luz del artículo 361 del Código General del Proceso,
incorpora tanto el concepto de expensas y gastos procesales como el de
las agencias en derecho”.
31. Se señaló que la condena en costas “(…) incluye las expensas, gastos y
agencias en derecho con independencia de que la parte actora haya
promovido y/o concurrido al proceso mediante apoderado judicial o lo
haya hecho directamente (…)”. Pero se precisó que las expensas y/o gastos
procesales se reconocen cuando estas estén causadas en el proceso y se
liquidan en la medida de su comprobación. Igualmente, para la tasación
de las agencias en derecho, se le ordenó al juez tener en cuenta “(…) la
naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o
la parte que litigó personalmente, [entre] otras circunstancias especiales
(…)”.
32. La Sala encuentra que la Defensoría contó con apoderado durante el
trámite de la segunda instancia. Por tanto, de conformidad con el artículo
23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintisiete Especial de Decisión, Sentencia
de 6 de agosto de 2019, Exp. 15001-33-33-007-2017-00036-01(AP)REV-SU.
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Demandado: Departamento de Casanare y
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Referencia: Acción popular
Decisión: Confirma la sentencia
188 del CPACA24 y el numeral 3 del artículo 365 del CGP25, se condenará
en costas y agencias en derecho, de esta instancia, al Departamento de
Casanare y a la Red Salud Casanare E.S.E., a favor de la parte actora. Estas
deberán ser tasadas y liquidadas por el tribunal de primera instancia, de
acuerdo con los artículos 365 y 366 del CGP.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 11 de mayo de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Casanare, según las consideraciones expuestas.
SEGUNDO: CONDENAR en costas y agencias en derecho, de esta instancia,
al Departamento de Casanare y a la Red Salud Casanare E.S.E., a favor del
actor popular, las cuales se fijarán y liquidarán por el Tribunal de primera
instancia, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Por Secretaría, una vez ejecutoriada esta providencia,
DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente de la Subsección
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado Magistrado
24 “Artículo 188. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”.
25 “3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al
recurrente en las costas de la segunda”.
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