Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 85001-23-33-000-2020-00534-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 85001-23-33-000-2020-00534-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 85001-23-33-000-2020-00534-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
7 de septiembre de 2023
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, siete (7) de septiembre de dos mil veintitrés (2023).
Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 85001-23-33-000-2020-00534-01 (68.419)
Demandante: INGENIERÍA E INTERVENTORÍA NACIONAL INALTER
SAS
Demandado: EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS
PÚBLICOS DE CASANARE ACUATODOS SA ESP
Medio de control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO -
APELACIÓN DE SENTENCIA
Asunto: APLICACIÓN INDEBIDA DE UNA CAUSAL DE RECHAZO
EN PROCESO DE SELECCIÓN
Síntesis del caso: el demandante pretende la declaración de responsabilidad precontractual
de la empresa de servicios públicos demandada, porque desatendió el pliego de condiciones
por el hecho de no rechazar la oferta que finalmente resultó seleccionada, a pesar de que se
configuraban todos los requisitos para ello.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra
de la sentencia del 2 de diciembre de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo
de Casanare (índice 2 SAMAI) mediante la cual se dispuso lo siguiente:
“PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda incoada por
INGENIERÍA E INTERVENTORÍA NACIONAL INALTER SAS en contra
de ACUATODOS, por los motivos indicados en las consideraciones.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas en esta instancia.” (índice 2
SAMAI - negrillas y mayúsculas sostenidas del original).
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
Mediante escrito radicado el 27 de agosto de 2020 (índice 2 SAMAI), la compañía
Ingeniería e Interventoría Nacional Inalter SAS (Inalter SAS), en ejercicio del medio
de control jurisdiccional de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó
demanda en contra de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare
Acuatodos SA ESP con las siguientes súplicas:
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Expediente: 85001-23-33-000-2020-00534-01 (68.419)
Actor: Ingeniería e Interventoría Nacional INALTER SAS
Nulidad y restablecimiento del derecho
Apelación de sentencia
“a. Declarativas
PRIMERA: DECLARAR la nulidad de la Resolución número 600.31.059
del 29 de abril de 2020, por medio de la cual, la entidad EMPRESA
DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE
ACUATODOS SA ESP, adjudicó el CONCURSO DE MÉRITOS ACUA-CM-
001-2020, con objeto: ‘ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMISARIO FINAL DE AGUAS
RESIDUALES TRATADAS DESDE LA PTAR DEL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE AGUAZUL HASTA EL RÍO ÚNETE Y MODELACIÓN DE
LA CALIDAD DEL RECURSO HÍDRICO DE LA FUENTE RECEPTORA Y
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN
DEL SISTEMA DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN COMO SISTEMA DE
CONTINGENCIA DE LA PTAR, MUNICIPIO DE AGUAZUL,
DEPARTAMENTO DE CASANARE’, al proponente CONSORCIO
EMISARIO AGUAZUL, representada por AILYN ADJANY OSPINA
RINCÓN [sigue número de cédula de ciudadanía].
SEGUNDA: DECLARAR que la entidad EMPRESA DEPARTAMENTAL
DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE ACUATODOS SA ESP
adeuda a la sociedad INGENIERÍA E INTERVENTORÍA NACIONAL
INALTER SAS, la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN
MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS PESOS
M/CTE ($441.430.500), o el valor que se pruebe dentro del proceso, como
consecuencia de la utilidad dejada de percibir, siendo la oferta más
favorable para la entidad, por la NO adjudicación del CONCURSO DE
MÉRITOS ACUA-CM-001-2020, con objeto: ‘ELABORACIÓN DE LOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMISARIO
FINAL DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS DESDE LA PTAR DEL
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL HASTA EL RÍO ÚNETE
Y MODELACIÓN DE LA CALIDAD DEL RECURSO HÍDRICO DE LA
FUENTE RECEPTORA Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN
COMO SISTEMA DE CONTINGENCIA DE LA PTAR, MUNICIPIO DE
AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE’.
b. Condenatorias
PRIMERA: CONDENAR a la entidad EMPRESA DEPARTAMENTAL DE
SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE ACUATODOS SA ESP, a pagar
en favor de la sociedad INGENIERÍA E INTERVENTORÍA NACIONAL
INALTER SAS, la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN
MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS PESOS
M/CTE ($441.430.500), o al valor que se pruebe, como consecuencia de la
utilidad dejada de percibir por INALTER SAS, siendo la oferta más
favorable para la entidad, por la NO adjudicación del CONCURSO DE
MÉRITOS ACUA-CM-001-2020, con objeto: ‘ELABORACIÓN DE LOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMISARIO
FINAL DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS DESDE LA PTAR DEL
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL HASTA EL RÍO ÚNETE
Y MODELACIÓN DE LA CALIDAD DEL RECURSO HÍDRICO DE LA
FUENTE RECEPTORA Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN
COMO SISTEMA DE CONTINGENCIA DE LA PTAR, MUNICIPIO DE
AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE’.
SEGUNDA: Que los valores de las pretensiones de la condena sean
actualizados al momento de su pago efectivo y sobre ellas procedan los
intereses a la tasa máxima legal aplicable, de conformidad con lo
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Expediente: 85001-23-33-000-2020-00534-01 (68.419)
Actor: Ingeniería e Interventoría Nacional INALTER SAS
Nulidad y restablecimiento del derecho
Apelación de sentencia
establecido en los artículos 187 y 192 de la Ley 1437 de 2011,
respectivamente.
TERCERA: CONDENAR en costas y agencias en derecho a la parte
demandada, la entidad, EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS
PÚBLICOS DE CASANARE ACUATODOS SA ESP.” (índice 2 SAMAI -
negrillas y mayúsculas sostenidas del original).
2. Hechos
Como fundamento fáctico de las pretensiones la parte demandante expuso, en
síntesis, lo siguiente:
1) El 17 de marzo de 2020, a través de la Resolución número 600.31.042, la Empresa
Departamental de Servicios Públicos de Casanare Acuatodos SA ESP ordenó la
apertura del concurso de méritos número ACUA-CM-001-2020 para la “elaboración
de los estudios y diseños para la construcción del emisario final de aguas residuales
tratadas desde la PTAR del casco urbano del Municipio de Aguazul hasta el río Únete
y modelación de la calidad del recurso hídrico de la fuente receptora y actualización
de estudios y diseños para la optimización del sistema de lagunas de oxidación como
sistema de contingencia de la PTAR, Municipio de Aguazul, Departamento de
Casanare”.
2) El 30 de marzo de 2020, la entidad demandada indicó que la propuesta del
demandante cumplía con los requisitos habilitantes tanto jurídicos como financieros
pero, en el informe técnico de verificación de requisitos habilitantes, advirtió que no
cumplía con los técnicos.
Según la empresa prestadora, el especialista hidráulico ofrecido por el actor no
cumplía con los requisitos relacionados con la experiencia especifica porque, no
contaba con cuatro (4) años de experiencia en el desarrollo de estudios de hidrología,
hidráulica, de socavación o modelamientos hidráulicos fluviales.
El 2 de abril de 2020, el demandante aportó varios documentos para aclarar la
información presentada desde un inicio del proceso de selección, y precisó las
funciones que desarrolló en cada uno de los contratos que acreditaban la experiencia
especifica.
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Expediente: 85001-23-33-000-2020-00534-01 (68.419)
Actor: Ingeniería e Interventoría Nacional INALTER SAS
Nulidad y restablecimiento del derecho
Apelación de sentencia
3) El 3 de abril de 2020, el actor informó que el Consorcio Emisario Aguazul, que
resultó ser finalmente el adjudicatario, presentó un certificado laboral con información
inexacta, pues, allegó un documento que indicaba que una de sus ingenieras, la
propuesta como directora de consultoría, trabajó en el contrato de consultoría
número 618 de 2011 suscrito entre el Consorcio Asís 2011 y el Departamento de
Putumayo, pero, los cocontratantes de ese negocio informaron que la profesional no
tuvo ninguna participación en la ejecución.
4) El 21 de abril de 2020, una vez aclarado todo lo relacionado con la experiencia del
especialista hidráulico del actor, la entidad demandada actualizó el informe técnico
de verificación de requisitos habilitantes y aseguró que el demandante los cumplía.
5) En esa misma fecha, en el informe final de asignación de puntaje de propuestas,
la empresa prestadora ponderó las ofertas de los únicos proponentes habilitados y
les otorgó noventa y nueve (99) puntos al consorcio adjudicatario y ochenta y seis
(86) puntos a la sociedad demandante.
En esa oportunidad, se indicó que se le restaron catorce (14) puntos al actor de los
cien (100) posibles, porque la información que aportó el 2 de abril de 2020 –
relacionada con la experiencia específica–, según la entidad demandada, fue una
subsanación de los requisitos ponderables.
6) El 29 de abril de 2020, a través de la Resolución número 600.31.059, la empresa
demandada adjudicó el concurso de méritos al Consorcio Emisario Aguazul, a pesar
de que debió ser rechazada su oferta por presentar certificaciones de experiencia
profesional no fidedignas.
3. Cargos de la demanda
La parte demandante consideró que el acto acusado desconoció los artículos 29 y
83 de la Constitución Política y 32 de la Ley 1150 de 2007; la solicitud de nulidad se
sustentó en lo siguiente:
1) “Oferta del proponente favorecido incurrió en causal de rechazo en la etapa de
selección del contratista, violación de los parámetros y reglas establecidas en el
pliego de condiciones”, porque la empresa prestadora no aplicó el numeral 2.7
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Expediente: 85001-23-33-000-2020-00534-01 (68.419)
Actor: Ingeniería e Interventoría Nacional INALTER SAS
Nulidad y restablecimiento del derecho
Apelación de sentencia
(literales c y h) del pliego de condiciones que obligaba a rechazar la oferta del
adjudicatario pues, presentó documentos alterados o con información inexacta.
2) “Omisión indebida de la asignación de los catorce (14) puntos”, por cuanto la
entidad demandada erradamente entendió que la información proporcionada el 2 de
abril de 2020 era una subsanación y no una aclaración, distinción que es contraria a
la sentencia del 12 de noviembre de 20141, pues, únicamente, se detallaron las
actividades desarrolladas por el profesional en los múltiples contratos que se
presentaron desde un inicio para acreditar su experiencia.
4. Contestación de la demanda
La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare Acuatodos SA ESP
(índice 2 SAMAI) propuso las excepciones de i) “imposibilidad jurídica de nulidad
absoluta de la resolución”, ii) “inexistencia de elementos fácticos” y, iii) “ausencia de
concepto de violación”, toda vez que en relación con el certificado laboral presentado
por el Consorcio Emisario Aguazul, además de que la entidad no tenía competencia
para definir la alegada falsedad, este documento ninguna incidencia tuvo en el
proceso de selección ya que no se tuvo en cuenta al momento de ponderar la oferta
del consorcio adjudicatario.
Asimismo, la experiencia del personal ofrecido tenía una doble connotación, como
requisito habilitante y también ponderable, en esa medida se permitió al participante
subsanar este aspecto únicamente para habilitar su oferta pero, no se lo consideró
al momento de ponderarla, ya que no podía subsanarse un requisito que otorgara
puntaje.
5. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Casanare, en providencia del 2 de diciembre de 2021
negó las pretensiones de la demanda con los siguientes fundamentos:
1) La oferta del consorcio adjudicatario no podía ser rechazada por cuanto no se
configuraron las causales previstas en el numeral 2.7 (literales c y h) del pliego de
1 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 12 de noviembre de 2014,
exp. 27.986, CP Enrique Gil Botero.
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Expediente: 85001-23-33-000-2020-00534-01 (68.419)
Actor: Ingeniería e Interventoría Nacional INALTER SAS
Nulidad y restablecimiento del derecho
Apelación de sentencia
condiciones, en efecto, de un lado, no se comprobó la supuesta falsedad de la
certificación laboral presentada por el Consorcio Emisario Aguazul, pues, ninguna
autoridad la había declarado y la entidad demandada carecía de competencia para
hacerlo y, de otro, la información consignada en el documento tampoco era inexacta
toda vez que, no existía ninguna imprecisión en los datos ahí consignados, todos
coincidían con los soportes que acompañaban a dicha certificación.
En todo caso, el certificado laboral no fue tenido en cuenta por la entidad al momento
de ponderar la oferta del participante que finalmente resultó escogido, por ende, no
afectó el resultado del proceso de selección.
2) A la oferta del actor no se le podían adicionar los catorce (14) puntos que pide en
la demanda porque las certificaciones laborales que presentó solo daban cuenta de
que el profesional se desempeñó como ingeniero diseñador, en ningún momento
especificaban las labores adelantadas y menos si estas guardaban relación con el
desarrollo de estudios de hidrología, hidráulica y/o socavación o modelamientos
hidráulicos fluviales, tal como lo exigía el pliego de condiciones, razón que en un
principio llevó a no tener por habilitada la oferta.
No obstante, el demandante subsanó lo relacionado con la experiencia especifica del
especialista hidráulico, pues, el demandante presentó nuevas certificaciones que sí
incluían la ejecución de actividades relacionadas con la experiencia específica, lo
cual, a todas luces, es una subsanación y no una aclaración de la información
presentada desde un inicio y, aunque la entidad habilitó su propuesta con
fundamento en esos documentos, ello no implicaba que necesariamente debía
asignársele puntos dado que los aspectos que otorgan puntaje no son subsanables.
6. Recurso de apelación
La parte demandante (índice 2 SAMAI) manifestó su inconformidad con los
siguientes argumentos:
1) La oferta del consorcio adjudicatario debió ser rechazada, porque la certificación
laboral de una de las profesionales contenía información inexacta según una
comunicación de la persona que supuestamente la suscribió, quien desconoció su
contenido y aseguró que suplantaron su firma, además, debió considerarse el oficio
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Expediente: 85001-23-33-000-2020-00534-01 (68.419)
Actor: Ingeniería e Interventoría Nacional INALTER SAS
Nulidad y restablecimiento del derecho
Apelación de sentencia
del Departamento de Putumayo que advertía que dicha ingeniera no participó en la
ejecución del contrato presentado para certificar su experiencia profesional.
Para que procediera la causal de rechazo no era indispensable que un juez declarara
la falsedad del documento, bastaba que existieran evidencias serias, sustentadas,
ostensibles y contundentes que señalaran de manera inequívoca la ausencia de
veracidad de la información.
2) A la oferta del actor no se le debieron descontar catorce (14) puntos ya que no la
subsanó, simplemente aportó documentos aclaratorios sobre la experiencia del
especialista hidráulico, en efecto, al inicio del proceso de selección presentó unas
certificaciones laborales que no detallaban concretamente las actividades que el
profesional desarrolló en la ejecución de cada uno de los contratos y, para aclarar el
punto, entregó documentos adicionales con la información detallada sobre las
funciones del profesional.
7. Actuación surtida en segunda instancia
Por auto del 2 de agosto de 2022 (índice 4 SAMAI) se admitió el recurso de apelación
y no se decretaron pruebas en segunda instancia, el agente del Ministerio Público
guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, la Sala procede a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de la
decisión, 2) el caso concreto y, 3) condena en costas.
1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión
La posición unificada de la Sección Tercera2 sobre la materia indica que, salvo
excepción legal expresa, los actos precontractuales de las empresas prestadoras de
servicios públicos domiciliarios no son actos administrativos, pues, se rigen por
normas civiles y comerciales y por los principios que orientan la función
administrativa, por tanto, las controversias relacionadas con dichos actos
2 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 3 de septiembre de 2020, exp.
42.003, CP Alberto Montaña Plata.
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Expediente: 85001-23-33-000-2020-00534-01 (68.419)
Actor: Ingeniería e Interventoría Nacional INALTER SAS
Nulidad y restablecimiento del derecho
Apelación de sentencia
precontractuales se tramitan a través de reparación directa inclusive las iniciadas
antes de la sentencia de unificación.
En consecuencia, a pesar de que el presente asunto inició como nulidad y
restablecimiento del derecho se resolverá como reparación directa para garantizar el
derecho de acceso a la administración de justicia, en los términos de la postura
unificada, con la claridad de que las decisiones acusadas por el demandante no son
actos administrativos y que las pretensiones y supuestos fácticos se analizarán
conforme al régimen jurídico aplicable a este tipo de actos.
Aclarado lo anterior y una vez corroborada la presentación oportuna de la demanda3,
a la Sala le corresponde determinar, conforme a las apelación de la parte
demandante, si se debe revocar la decisión de primera instancia porque, a juicio del
impugnante, la entidad demandada, de una parte, debió rechazar la propuesta del
consorcio adjudicatario toda vez que allegó documentos que contenían información
no veraz y, de otra, no debió restarle catorce (14) puntos, pues, en relación con la
experiencia especifica del especialista hidráulico, no subsanó su oferta únicamente
aclaró la información presentada desde un inicio.
La Sala revocará la decisión impugnada y accederá parcialmente a las pretensiones
por cuanto, durante el proceso de selección la entidad demandada debió rechazar la
propuesta del oferente que finalmente resultó favorecido, pues, presentó información
inexacta relacionada con la experiencia profesional de uno de los integrantes de su
equipo de trabajo.
2. El caso concreto
2.1 La propuesta del consorcio adjudicatario debió ser rechazada porque
presentó información inexacta
1) El demandante aseguró que la sentencia apelada indebidamente concluyó que no
había razón para que la entidad demandada rechazara la propuesta del consorcio
adjudicatario; al respecto, es necesario precisar lo siguiente:
3 En consideración al término de caducidad del medio de control de reparación directa, se advierte
que el proceso de selección que suscitó la presente controversia terminó con adjudicación del 29 de
abril de 2020 (índice 2 SAMAI) y la demanda se presentó oportunamente el 27 de agosto de ese
mismo año (índice 2 SAMAI), además, el término de caducidad se suspendió entre el 11 de mayo y el
17 de junio de 2020 por el trámite conciliatorio (fl. 39 cdno. ppal.).
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Expediente: 85001-23-33-000-2020-00534-01 (68.419)
Actor: Ingeniería e Interventoría Nacional INALTER SAS
Nulidad y restablecimiento del derecho
Apelación de sentencia
a) El numeral 2.7 (literal h) del pliego de condiciones base del contrato estableció la
siguiente causal de rechazo:
“2.7. CAUSALES DE RECHAZO
En adición a otras causas previstas por la ley, ACUATODOS SA ESP
rechazará las Ofertas presentadas por los Proponentes que: (…).
h) Cuando se compruebe inexactitud en la información suministrada
por el Proponente o en la contenida en los documentos y certificados
anexos a la propuesta, y las explicaciones del Proponente no aclaren la
situación, o esta aclaración implica modificación o mejoramiento de la
Propuesta, siempre y cuando se trate de aspectos sustanciales y no sean
de forma, y tampoco sean subsanables.” (índice 2 SAMAI - mayúsculas
fijas del original - negrillas adicionales).
b) El Consorcio Emisario Aguazul –el vencedor en el proceso de selección– presentó,
entre otras, la siguiente certificación laboral para acreditar la experiencia del director
de consultoría:
“El suscrito (…) representante legal de Consorcio Asís 2011 (…) se permite
certificar que la ingeniera [sigue nombre, número de cédula de ciudadanía
y de matrícula profesional de la ingeniera] se vinculó con el consorcio para
participar en el proyecto que se relaciona a continuación en los cuales
ejerció el cargo de director de consultoría.
Entidad contratante: Gobernación del Putumayo
Contrato: 618/2011
Objeto: Consultoría para la elaboración de estudios y
diseños del plan maestro de acueducto del
Municipio de San Miguel, plan maestro de
alcantarillado del Municipio de Puerto Asís en
el Departamento de Putumayo
Valor: $1.699.956.800
Fecha de inicio: 29 de marzo de 2012
Fecha de terminación: 24 de junio de 2014
Plazo de ejecución: 27 meses
Cumplimiento: bueno.” (índice 2 SAMAI).
c) La empresa demandante presentó observaciones al informe técnico de verificación
de requisitos habilitantes y alegó que existían inconsistencias en la mencionada
certificación laboral, pues, el representante legal del Consorcio Asís 2011 y el
Departamento del Putumayo advirtieron que dicha profesional no participó en la
ejecución del contrato de consultoría número 618 de 2011 (índice 2 SAMAI).
Para acreditar la irregularidad, la sociedad actora le entregó a la entidad demandada
una comunicación suscrita por el representante legal del Consorcio Asís 2011 con el
siguiente contenido:
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Expediente: 85001-23-33-000-2020-00534-01 (68.419)
Actor: Ingeniería e Interventoría Nacional INALTER SAS
Nulidad y restablecimiento del derecho
Apelación de sentencia
“[E]n mi calidad de representante legal en la época de ejecución del
contrato de la referencia [hace alusión al contrato de consultoría número
618 de 2011], me permito dar testimonio de la falsedad presentada por
el proponente Consorcio Emisario Aguazul, en cuanto a la hoja de
vida de la ingeniera [sigue nombre, número de cédula de ciudadanía y de
matrícula profesional] en el proceso de contratación, puesto que el
director de la consultoría fue [otro] el Dr. [sigue nombre del geólogo que
fungió como directo de consultoría] con dedicación total al proyecto.”
(índice 2 SAMAI - resalta la Sala).
En esa oportunidad, el actor también suministró el informe de evaluación del
concurso de méritos adelantado para adjudicar el mencionado contrato de
consultoría número 618 de 2011 suscrito por funcionarios del Departamento del
Putumayo, donde se calificó la experiencia de cada uno de los profesionales que
conformaban el equipo de trabajo del Consorcio Asís 2011, en el cual no aparece la
ingeniera que supuestamente se desempeñó como directora de consultoría (índice 2
SAMAI).
Además, el demandante también aportó un certificado expedido por el Departamento
del Putumayo, entidad contratante en el referido contrato de consultoría número 618
de 2011, donde se manifiesta lo siguiente:
“Una vez revisado los archivos que reposan en la Gobernación del
Putumayo, nos permitimos informar que el Consorcio Asís 2011 (…)
ejecutó el contrato de consultoría número 618 de 2011, el cual tuvo
como director de consultoría al geólogo [sigue nombre del profesional]
desde el inicio a la terminación del contrato, sin presentarse
modificación y/o reemplazo del profesional.
De otra parte, manifestamos que revisado en su integridad el expediente
físico y digital de todo el expediente contractual se observa que no hay
ninguna participación ni directa ni indirectamente ni mediante tercero
en el proyecto de la referencia de la ingeniera [sigue nombre de la
profesional ofertada como directora de consultoría en el proceso de
selección que suscrito la presente controversia], dado que no figura como
profesional interviniente, ni tampoco hace parte del equipo profesional
técnico ofertado en la propuesta del contratista, ni tampoco durante
ninguna etapa del proceso de ejecución del contrato de consultoría número
618 de 2011 (…) en consecuencia, se desconoce por completo a la
profesional antes mencionada.” (índice 2 SAMAI - negrillas adicionales).
d) Por su parte, el Consorcio Emisario Aguazul –el finalmente adjudicatario– indicó
frente a esas observaciones que, de un lado, ningún juez había declarado la falsedad
del documento y, de otro, que la profesional certificó experiencia general y específica
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Expediente: 85001-23-33-000-2020-00534-01 (68.419)
Actor: Ingeniería e Interventoría Nacional INALTER SAS
Nulidad y restablecimiento del derecho
Apelación de sentencia
por encima de lo requerido, por lo tanto, si se descontaban los catorce (14) meses4
del certificado supuestamente adulterado, con todo, la ingeniera cumplía con creces
las exigencias del pliego de condiciones.
e) La entidad demandada desestimó las observaciones del actor con los siguientes
fundamentos:
“Con relación a la presunta falsedad, y una vez analizados los
argumentos expuestos por el Consorcio Emisario Aguazul, así como la
buena fe que se debe presumir en las actuaciones realizadas por los
proponentes dentro del proceso precontractual, el Comité Asesor de
Contratación acepta los argumentos expuestos por el Consorcio Emisario
Aguazul, ya que al tenor de lo dispuesto en el artículo 291 del Código
de Procedimiento Civil, será el juez quien declare si el documento en
discusión es o no falso. No obstante, ACUATODOS SA ESP, realizara el
traslado correspondiente de las denuncias realizadas a los entes de control
que correspondan.
Respecto a la solicitud que hace sobre el rechazo de la propuesta, de
acuerdo al numeral h) de las causales de rechazo establecidas en el
pliego de condiciones, el Comité Asesor de Contratación no dará
aplicación a esta causal por cuanto no se considera inexacta la
información contenida en la certificación, por cuanto lo plasmado allí
no contiene errores imprecisos relacionados con los tiempos,
funciones, información de quien suscribe la certificación, pues al
cotejar la certificación con los soportes que adjuntan a la misma se
puede establecer que tanto el objeto como los tiempos del contrato
coinciden entre sí. Lo que entra en discusión con relación a esa
certificación es la presunta falsedad denunciada por [el representante legal
del Consorcio Asís 2011], para lo cual ya se informó que no es competencia
de ACUATODOS SA ESP emitir juicios sobre esta o realizar las respectivas
investigaciones.
Es pertinente señalar, que la certificación expedida por el Consorcio
Asís 2011, para efectos de la evaluación técnica, solo se tuvo en
cuenta como experiencia profesional el cual es un requisito
habilitante. Por lo anterior y teniendo en cuenta que esta experiencia
no hace parte de la calificación para la comparación de las ofertas, ni
incide en la consecución del mínimo de años requeridos para dar
cumplimiento al total de los requisitos para este profesional, así como
la petición realizada por el mismo Consorcio Emisario Aguazul, la
experiencia en cuestión será retirada del cálculo para determinar la
experiencia profesional, ajuste que se notará reflejado en la actualización
del informe de evaluación del aspecto técnico.” (índice 2 SAMAI - resalta la
Sala).
4 El consorcio adjudicatario precisó en su propuesta que solo acreditaba experiencia con fundamento
en el contrato de consultoría número 618 de 2011 entre el 29 de marzo de 2013 y el 24 de junio de
2014, esto es, por catorce (14) meses, a pesar de que la ejecución de ese negocio se extendió por
veintisiete (27) meses pues, el resto del plazo se traslapaba con otros contratos (índice 2 SAMAI).
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Expediente: 85001-23-33-000-2020-00534-01 (68.419)
Actor: Ingeniería e Interventoría Nacional INALTER SAS
Nulidad y restablecimiento del derecho
Apelación de sentencia
2) Visto lo anterior, para que se configure la causal de rechazo prevista en el numeral
2.7 (literal h5) del pliego de condiciones se deben cumplir cuatro (4) requisitos: a)
inexactitud comprobada en la información suministrada por el proponente en la
propuesta o en los anexos; b) las explicaciones del proponente sean insuficientes o
que estas impliquen la modificación o el mejoramiento de su oferta; c) la información
inexacta debe estar relacionada con aspectos sustanciales, es decir, que no se trate
de condiciones formales y, d) la información también debe recaer sobre asuntos que
no puedan ser subsanados.
3) Así las cosas, la entidad demandada debió rechazar la oferta del consorcio
adjudicatario, pues, estaban debidamente acreditadas todas las condiciones para
aplicar la causal en comento, como se expone a continuación:
a) En primer lugar, es especialmente relevante destacar que la autoridad demandada
disponía de pruebas, precisas y suficientes, que demostraban la inexactitud de la
información contenida en uno de los anexos presentados por el consorcio
adjudicatario del proceso de selección, para sustentar esta afirmación resultan
ilustrativas las siguientes consideraciones que ha expuesto la jurisprudencia de la
Sección Tercera del Consejo de estado:
“[E]n relación con las causales de rechazo relativas a la
descalificación de las propuestas por presentar documentos o
información no veraz o que no correspondan a lo afirmado por el
proponente, la Sala considera que una previsión de esa índole halla
cimiento en la estricta observancia del deber de selección objetiva, en
cuanto materialmente no resultaría posible concluir sobre la
existencia de la oferta más favorable, si la misma se estructura en
información espuria e inconcordante con la realidad. (…).
Sin embargo, a juicio de la Sala, esta regla de descalificación puede
tener cabida siempre que existan evidencias serias, sustentadas,
ostensibles y contundentes que apunten a señalar de manera
inequívoca la ausencia de veracidad de la información y de los
documentos que soportan la propuesta y que tengan la virtualidad de
afectar la selección objetiva de la oferta.
Contrario sensu, su procedencia no podría fundarse en meras
sospechas o elucubraciones, en tanto se pondría en riesgo el respeto
al principio constitucional de buena fe del que están revestidos los
oferentes y que en caso de duda está llamado a prevalecer.
5 “h) Cuando se compruebe inexactitud en la información suministrada por el Proponente o en la
contenida en los documentos y certificados anexos a la Propuesta, y las explicaciones del Proponente
no aclaren la situación, o esta aclaración implica modificación o mejoramiento de la Propuesta,
siempre y cuando se trate de aspectos sustanciales y no sean de forma, y tampoco sean
subsanables.” (índice 2 SAMAI).
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Expediente: 85001-23-33-000-2020-00534-01 (68.419)
Actor: Ingeniería e Interventoría Nacional INALTER SAS
Nulidad y restablecimiento del derecho
Apelación de sentencia
Se suma a lo anotado, que la ausencia de veracidad o información
fraudulenta no se materializa por la simple discrepancia entre conceptos,
opiniones, nociones o percepciones sino por la certeza de la falta de
coincidencia entre lo que se afirma y su correspondencia con la realidad,
convicción que en todo caso debe obtenerse como resultado de la
implementación de elementos objetivos de verificación.”6 (negrillas
adicionales).
Con fundamento en esa perspectiva jurisprudencial, se advierte que, en el presente
caso, una de las certificaciones de experiencia de la directora de consultoría
presentada como parte del equipo de trabajo del adjudicatario indicaba que laboró
por catorce (14) meses en la ejecución del contrato de consultoría número 618 de
2011 suscrito entre el Departamento del Putumayo y el Consorcio Asís 2011; no
obstante, las partes de ese contrato certificaron, explícita y puntualmente, que dicha
profesional no participó ni tuvo ninguna relación con el proyecto.
Los cocontratantes indicaron que el director de interventoría del contrato de
consultoría fue un geólogo y no la ingeniera que hacía parte del talento humano del
oferente favorecido, incluso enlistaron todo el personal que prestó sus servicios en
esa oportunidad y en ningún momento mencionaron a dicha profesional, además,
aseguraron que nunca varió la persona que ocupaba esa posición, en consecuencia,
la certificación laboral contenía información incorrecta, errónea y equivocada ya que
la ingeniera era totalmente ajena al proyecto con el cual se pretendía acreditar
catorce (14) meses de experiencia.
Las pruebas en cuestión, examinadas de manera conjunta, eran sólidas y
convincentes, indicaban la falta de veracidad de los datos contenidos en uno de los
documentos que respaldaban la propuesta, en consecuencia, la procedencia de la
causal de rechazo no se sustentaba en simples conjeturas o especulaciones, por el
contrario, el hecho de que los cocontratantes que supuestamente habían empleado
los servicios de la directora de consultoría desconocieran tal información obligaba a
restarle toda credibilidad al certificado.
Ahora bien, el hecho de que un juez no hubiera declarado la falsedad de la
certificación no era óbice para desechar la propuesta porque, la causal de rechazo
no requiere que el documento sea falso, ni siquiera menciona la necesidad de que
6 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 10 de noviembre de 2017, exp.
52.733, CP Marta Nubia Velásquez Rico.
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Expediente: 85001-23-33-000-2020-00534-01 (68.419)
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Apelación de sentencia
se adelante esa diligencia para el efecto, únicamente exige que la información sea
inexacta, esto es, que sea incoherente, imprecisa o equivoca.
Por consiguiente, para determinar si la información no se ajustaba a la realidad
bastaba con contrastar el contenido del documento con el resto de las evidencias
entregadas, en su momento, por la empresa actora a la entidad demandada, ejercicio
que es totalmente ajeno a la tacha de falsedad propia de los procesos judiciales.
b) Las explicaciones del proponente sobre la falta de declaratoria de falsedad por
parte de un juez no aclaran la situación porque, como ya se indicó, la causal de
rechazo en ningún momento estableció que el anexo de la propuesta debía ser falso
para que esta se configurara, además, la ausencia de este trámite en nada esclarece
la contradicción existente entre el certificado presentado y el resto de las evidencias.
c) Adicionalmente, es importante resaltar que la inexactitud de la información se
centraba en aspectos fundamentales de la propuesta, específicamente en la
experiencia del director de consultoría, la cual era relevante ya que era indispensable
para la evaluación y ponderación de la oferta, en efecto, el oferente estaba obligado
a cumplir con ciertos requisitos según lo previsto en el pliego de condiciones en los
siguientes términos:
“Para los profesionales contemplados en la propuesta, se debe
adjuntar la carta de intención del personal (FORMATO 5, CARTA DE
COMPROMISO PARA LOS PROFESIONALES DEL PROYECTO)
debidamente firmada, así como las certificaciones o documentos que
acrediten el cumplimiento del perfil exigido sobre experiencia y
estudios indicados (diplomas, tarjetas profesionales, certificaciones), y
consignar dicha información en el FORMATO 9 EXPERIENCIA
ESPECÍFICA DEL PERSONAL PROFESIONAL.
5.3.2.1. Director de Consultoría
El Director de Consultoría, debe ser Profesional en Ingeniería Civil o
Ingeniería Sanitaria y Ambiental, con estudios de posgrado en Gerencia de
Proyectos, y/o, sistemas hídricos urbanos o afines; además, cumplir con
los siguientes requisitos: (…).
a. Experiencia Profesional
Equivale a tener conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas o
desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión y certificada no
menor a ocho (8) años, contados a partir de la expedición de la tarjeta
profesional y hasta el cierre del presente Concurso de Méritos.
b. Experiencia Específica
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Expediente: 85001-23-33-000-2020-00534-01 (68.419)
Actor: Ingeniería e Interventoría Nacional INALTER SAS
Nulidad y restablecimiento del derecho
Apelación de sentencia
Debe acreditar experiencia específica mínima de cuatro (4) años,
como director de consultorías relacionadas con el sector de agua
potable y/o saneamiento básico, contados a partir de la expedición de
la tarjeta profesional y hasta el cierre del presente concurso de
Méritos.” (índice 2 SAMAI - mayúsculas fijas del original - resaltado de la
Sala).
Por lo , el asunto no era meramente formal ni trivial, la información presentada era
de total trascendencia, debido a que sin esta el oferente no podría ni siquiera
participar.
Pese a lo anterior, la entidad demandada desestimó la importancia de la inexactitud
en la experiencia laboral, argumentando que la ingeniera propuesta como directora
de consultoría cumplía con el mínimo requerido; no obstante, la causal de rechazo
solo permitía obviar la falencia solo si recaía sobre aspectos formales, no si afectaba
datos sustanciales, en consecuencia, la solución dada por la entidad de reemplazar
o desestimar la tergiversada experiencia no estaba prevista en la causal, pues,
precisamente, si se presentaba una situación de ese tipo lo que procedía era el
rechazo de la propuesta.
Además, es necesario enfatizar que la mera coincidencia de los datos del certificado
de experiencia con el contrato de consultoría supuestamente ejecutado no era
suficiente para afirmar que el documento carecía de información inexacta, tal como
lo entendió la entidad demandada, toda vez que esta correspondencia por sí sola no
refutaba el hecho de que la profesional nunca participó en el contrato suscrito por el
Consorcio Asís 2011 y el Departamento del Putumayo.
d) Por último, es igualmente relevante destacar que lo relativo a la experiencia
específica no podía ser subsanado, según lo expresamente previsto en el pliego de
condiciones en los siguientes términos:
“2.6.1. Subsanabilidad de Documentos
De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 1º del artículo 5º de la Ley
1150 de 2007, modificado por el artículo 5º de la Ley 1882 de fecha 15 de
enero de 2018, “la ausencia de requisitos o la falta de documentos
referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para
la comparación de las propuestas no servirán de título suficiente para
el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos
aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de
puntaje, deberán ser solicitados por las entidades estatales y deberán
ser entregados por los proponentes hasta el término de traslado del
informe de evaluación que corresponda a cada modalidad de selección a
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Expediente: 85001-23-33-000-2020-00534-01 (68.419)
Actor: Ingeniería e Interventoría Nacional INALTER SAS
Nulidad y restablecimiento del derecho
Apelación de sentencia
través del sistema de subasta. Serán rechazadas las ofertas de aquellos
proponentes que no suministren la información y la documentación
solicitada por la entidad estatal hasta el plazo anteriormente señalado.”
(índice 2 SAMAI - negrillas adicionales).
Así las cosas, las reglas de participación establecieron que solo aquellos requisitos
que no afectaran la asignación de puntaje podían subsanarse y, la experiencia
específica adicional, precisamente, otorgaba puntos, en tanto el oferente debía
acreditar que el director de consultoría contaba con mínimo cuatro (4) años de
experiencia especifica en el sector de agua potable y/o saneamiento básico y si tenía
más tiempo podría obtener desde siete (7) hasta veinticinco (25) puntos de los cien
(100) posibles, de conformidad con las siguientes reglas de ponderación previstas en
el pliego de condiciones:
“La ponderación de la experiencia del Director de Consultoría será de la
siguiente forma:
Talento Experiencia Puntaje
humano específica máximo
Acreditar experiencia específica adicional, mayor a
tres (3) meses y menor o igual a seis (6) meses, como
7
director de consultorías relacionadas con el sector de
agua potable y/o saneamiento básico.
Acreditar experiencia específica adicional, mayor a
Director de seis (6) meses y menor o igual a doce (12) meses,
14
consultoría como director de consultorías relacionadas con el
sector de agua potable y/o saneamiento básico.
Acreditar experiencia específica adicional, mayor a
doce (12) meses, como director de consultorías
25
relacionadas con el sector de agua potable y/o
saneamiento básico.
(…)” (índice 2 SAMAI).
De esta forma, con base en el certificado laboral que contenía información inexacta,
el consorcio adjudicatario consignó en el formato de “experiencia específica del
personal profesional” (índice 2 SAMAI) que la ingeniera acreditaba catorce (14)
meses de los catorce (14) años totales de experiencia que la profesional tenía, por
lo tanto, como el aspecto otorgaba puntaje no podía ser subsanado.
4) Por todo lo anterior se concluye, que se configuraron todos los presupuestos para
que operara la causal de rechazo prevista en el numeral 2.7 (literal h) del pliego de
condiciones porque: a) se comprobó la inexactitud de la información consignada en
uno de los anexos de la propuesta, b) las explicaciones dadas por el oferente no
aclararon la situación, c) la inexactitud recaía en aspectos fundamentales y, d)
también estaba relacionada con asuntos no subsanables.
17
Expediente: 85001-23-33-000-2020-00534-01 (68.419)
Actor: Ingeniería e Interventoría Nacional INALTER SAS
Nulidad y restablecimiento del derecho
Apelación de sentencia
5) Una vez verificada la exclusión del otro participante –el único que competía con la
empresa demandante–, se concluye que el actor era el llamado a ser el adjudicatario,
ciertamente cumplía con todos los requisitos tal como quedó definido en la audiencia
de apertura, revisión de propuesta económica y de adjudicación donde se precisó lo
siguiente:
“El informe de evaluación dio como resultado final el siguiente:
Verificación Verificación
Orden Proponente Verificación técnica
jurídica financiera
1 Consorcio Emisario Aguazul Habilitada Habilitada Habilitada
2 Consorcio AA2020 Habilitada Habilitada No habilitada
3 INALTER SAS Habilitada Habilitada Habilitada
4 Consorcio Aguazul 2020 Habilitada Habilitada Rechazado
En cuanto a la asignación de puntaje final se tiene:
Consorcio INALTER
Criterio de ponderación
Emisario Aguazul SAS
Experiencia específica del proponente adicional
1 30 30
a la mínima requerida
Experiencia profesional adicional del equipo de
2 39 25
trabajo
Formación académica adicional del equipo
3 20 20
profesional
Incentivo en favor de personas con
4 0 1
discapacidad
5 Apoyo a la industria nacional 10 10
Puntaje total 99 86
Conforme a lo descrito en el numeral anterior, se establece el orden de
elegibilidad, así:
Proponente Puntaje Elegibilidad
Consorcio Emisario Aguazul 99 Primer lugar
Inalter SAS 86 Segundo lugar
(…)” (índice 2 SAMAI).
Así las cosas, según el artículo 860 del Código de Comercio, la adjudicación debía
hacerse al “mejor postor” de acuerdo con las condiciones y reglas previstas en el
pliego de condiciones; sin embargo, la entidad seleccionó a un proponente que no
podía ser considerado como tal.
En efecto, de haberse aplicado correctamente la causal en estudio la otra oferta en
competencia debía ser rechazada y el actor hubiera obtenido el primer orden de
elegibilidad, pues, acreditó que su oferta era la mejor y más conveniente para la
administración, por ende, la empresa demandante fue privada de su derecho a ser
adjudicataria del contrato, a celebrarlo y a ejecutarlo para obtener la utilidad
proyectada.
18
Expediente: 85001-23-33-000-2020-00534-01 (68.419)
Actor: Ingeniería e Interventoría Nacional INALTER SAS
Nulidad y restablecimiento del derecho
Apelación de sentencia
2.2 Los perjuicios reclamados por el demandante
1) Respecto de la cuantificación del lucro cesante, en la demanda se señaló que “el
valor de la propuesta económica de la oferta presentada fue la suma de mil
cuatrocientos setenta y un millones cuatrocientos treinta y cinco mil pesos
($1.471.435.000), valor que incluye todos los gatos e impuestos a que haya lugar, lo
que arroja en un cálculo simple el valor esperado como utilidad que se dejó de
percibir por la no adjudicación de este proceso fue la suma de cuatrocientos cuarenta
y un millones cuatrocientos treinta mil quinientos pesos ($441.430.500)” (índice 2
SAMAI).
2) Así pues, bastaría multiplicar el porcentaje de utilidad fijado en la propuesta del
actor para verificar el lucro cesante, pues, el pliego de condiciones exigía determinar
ese aspecto en los siguientes términos:
“El valor total de la propuesta (ajustado al peso) debe cubrir todos los
costos directos e indirectos derivados de la ejecución del contrato.
Entre otros, los salarios y prestaciones sociales del personal vinculado al
contrato, los honorarios, asesorías en actividades objeto del contrato,
gastos de viajes, horas extras, transportes, equipos de oficina, papelería,
fotocopias y demás, impuestos legalmente a su cargo, deducciones a que
haya lugar y en general todo costo en que incurra el consultor para la
ejecución de los trabajos; la utilidad del proponente y el impuesto al
valor agregado (IVA).” (índice 2 SAMAI - resalta la Sala).
Sin embargo, la empresa demandante no determinó con claridad a cuánto ascendía
la ganancia esperada, si bien en su oferta económica el actor calculó el factor
multiplicador donde indicó que los honorarios correspondían al 30%, lo cierto es que
no es posible tomar ese porcentaje porque todos los rubros suman en total 130%, en
efecto, el factor multiplicador estaba compuesto por los siguientes conceptos (índice
2 SAMAI):
Descripción Porcentaje
Prestaciones sociales 21,83%
Sistema de Seguridad Social Integral 18,044%
Otros 3%
Gastos generales 33%
Impuestos, timbres y perfeccionamiento 13,75%
Imprevistos 1,876%
Honorarios 30%
Impuesto de renta 8,5%
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Expediente: 85001-23-33-000-2020-00534-01 (68.419)
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Apelación de sentencia
3) Sobre este aspecto, se tiene que para acreditar los perjuicios se practicó un
dictamen pericial, el cual extrajo el porcentaje de utilidad del mencionado factor
multiplicador con el siguiente resultado:
“Honorarios y/o utilidad: En los contratos de servicios de consultoría
se definen los honorarios o la utilidad para el contratista como un
porcentaje sobre el valor total del personal y está incluido en el factor
multiplicador, concepto que se relaciona a continuación. (…).
[E]l Factor Multiplicador desglosando el mismo (…) [en] prestaciones
sociales (21,83%), seguridad social integral (18,044%) y otros (3%),
más los costos directos entre los cuales se incluyen costos generales
(33%) e impuestos (13,75%) y por último los imprevistos (1,876%),
honorarios (30%) y declaración de renta (8,5%) (…) tomando la
información del valor total de la propuesta económica sin incluir IVA
[la propuesta económica antes de IVA ascendía a $1.236.500.000] y el
porcentaje total de los honorarios esperados, el cual equivale al 30%,
se calcula el valor total de la utilidad esperada por concepto de honorarios
de acuerdo a la siguiente fórmula:
Vd = valor total costo directo
Ph = porcentaje esperado de honorarios
Vh = valor total de los honorarios o utilidad esperada
Vh = Vd * Ph
Vh = $1.236.500.000 * 30%
Vh = $370.950.000
A partir de la información de las fórmulas anteriores se concluye que el
valor total dejado de percibir de utilidad u honorarios por parte de la
empresa INGENIERÍA E INTERVENTORÍA NACIONAL INALTER SAS
equivale a trescientos setenta millones novecientos cincuenta mil pesos
($370.950.000).” (índice 2 SAMAI - negrillas adicionales).
Sin embargo, la Sala no comparte el análisis matemático presentado en la experticia,
debido a que todos los conceptos suman 130% lo cual genera un desfase en los
cálculos, nótese que si se aplicaran cada uno de esos porcentajes al valor de la
propuesta, esta superaría tanto el presupuesto oficial del proceso de selección
($1.471.899.120) (índice 2 SAMAI) como el de la oferta presentada por el actor
($1.471.435.000).
Ciertamente, si se toma el porcentaje correspondiente a cada componente y se aplica
al valor de la oferta sin incluir el IVA ($1.236.500.000), la suma resultaría en
$1.607.450.000, como se muestra a continuación:
Descripción Porcentaje Valor de cada rubro
Prestaciones sociales 21,83% $ 269.927.950
Sistema de Seguridad Social Integral 18,044% $ 223.114.060
20
Expediente: 85001-23-33-000-2020-00534-01 (68.419)
Actor: Ingeniería e Interventoría Nacional INALTER SAS
Nulidad y restablecimiento del derecho
Apelación de sentencia
Descripción Porcentaje Valor de cada rubro
Otros 3% $ 37.095.000
Gastos generales 33% $ 408.045.000
Impuestos, timbres y perfeccionamiento 13,75% $ 170.018.750
Imprevistos 1,876% $ 23.196.740
Honorarios 30% $ 370.950.000
Impuesto de renta 8,5% $ 105.102.500
Total $ 1.607.450.000
4) Así las cosas, como en la propuesta ni en el dictamen pericial se aclaró la razón
del desfase se desconoce el porcentaje o monto real de ganancia que el actor
aspiraba a percibir, en consecuencia, se reconocerá por concepto de utilidad
esperada el 5% del valor de la oferta presentada por el actor ($73.571.750), por ser
el porcentaje que normalmente se espera obtener por la ejecución de los negocios
jurídicos celebrados con el Estado, según las reglas de la experiencia, la sana crítica
y la equidad, criterio de valoración que ya ha aplicado la jurisprudencia de la Sección
Tercera del Consejo de Estado7 en los siguientes términos:
“Por razones de dificultad probatoria, atendida la materia específica
sobre la cual se proyecta el daño –utilidad no recibida por el no
adjudicatario–, valorará equitativamente el quantum del daño, no sin
antes precisar que, el recto entendimiento que ha de darse a la noción de
‘valoración en equidad’, no permite al juzgador por esta vía y so pretexto
de la aplicación de tal principio, suponer la existencia de hechos no
acreditados durante la instancia configuradores de los elementos
axiológicos que fundamentan el juicio de responsabilidad.
Por el contrario, la posibilidad de acudir al principio de la valoración de
daños en equidad, exige del juez de la responsabilidad, una
ponderación del daño sobre bases objetivas y ciertas, que han de
aparecer acreditadas en la instancia y que, fundamentan el poder o
facultad discrecional que a él asiste, para completar las deficiencias
o dificultades de orden probatorio, sobre la específica materia del
quantum indemnizatorio.
La Sala subraya que el principio de valoración en equidad supone y exige
que el elemento daño antijurídico aparezca debidamente acreditado en
cuanto a su ocurrencia y existencia, quedando reducida la aplicación del
principio a la exclusiva determinación del quantum, cuando por razones
varias sea difícil su acreditamiento y, todo lo cual, con el propósito
fundamental de concretar una indemnización acorde y razonable, habida
consideración del evento dañino, posibilitando de esta manera la
efectividad del principio informador de nuestro ordenamiento de la
indemnizabilidad del daño antijurídico.”8 (se resalta).
7 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 14 de febrero de 2019, exp.
58.894, CP Marta Nubia Velásquez Rico.
8 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de abril de 1999, exp. 11.344, CP Daniel
Suárez Hernández.
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Expediente: 85001-23-33-000-2020-00534-01 (68.419)
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Apelación de sentencia
Esta cifra que se actualizará desde el 14 de enero de 2021 cuando finalizó el contrato
que suscribió el proponente que debió ser rechazado (índice 2 SAMAI), de
conformidad con la siguiente fórmula:
índice final
vf = vi x
índice inicial
Dónde:
vf: es el valor final o condena actualizada o ajustada.
vi: es el valor inicial.
índice final: el último disponible a esta sentencia (agosto de 2023).
índice inicial: vigente a la finalización del contrato (enero de 2021).
135,39
vf = $73.571.750 x
105,91
vf = $94.050.413
En consecuencia, la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare
Acuatodos SA ESP adeuda $94.050.413 a la compañía Ingeniería e Interventoría
Nacional Inalter SAS.
Sobre la deuda a cargo de la entidad demandada no se reconocerán intereses debido
a que la obligación de pago surge a partir de lo decidido en la presente providencia,
sin perjuicio de los que se causen luego de la ejecutoria de la misma.
5) Se pone de presente que todo lo expuesto es motivo suficiente para sostener que
el demandante debió ser el adjudicatario lo cual exime a la Sala de pronunciarse
sobre la configuración de la otra causal de rechazo alegada prevista en el numeral
2.7 (literal c) del pliego de condiciones, así como también de la posible adición de los
catorce (14) puntos a la propuesta de la sociedad actora.
6) En esa medida será revocada la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se
accederá parcialmente a las pretensiones de la demanda.
3. Condena en costas
En los términos de los artículos 188 del CPACA y 365 (numeral 1) del Código General
del Proceso, la parte demandada resultó vencida porque se revocó totalmente la
sentencia de primera instancia que negó las pretensiones, por lo tanto asumirá las
costas procesales de ambas instancias, la condena incluirá las agencias en derecho
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Apelación de sentencia
que para esta instancia se fijan, en atención al concepto y los criterios definidos para
su causación en el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016 del Consejo Superior de la
Judicatura, en tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de
la ejecutoria de esta decisión para la parte demandante ya que no tuvo necesidad de
intervenir en la segunda instancia.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º) Revócase la sentencia del 2 de diciembre de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo de Casanare.
2º) Declárase patrimonialmente responsable a la Empresa Departamental de
Servicios Públicos de Casanare Acuatodos SA ESP por privar a la compañía
Ingeniería e Interventoría Nacional INALTER SAS del derecho a ser la adjudicataria
del contrato que resultó del concurso de méritos número ACUA-CM-001-2020.
3º) Condénase a la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare
Acuatodos SA ESP a pagar la suma de noventa y cuatro millones cincuenta mil
cuatrocientos trece pesos ($94.050.413) en favor de la compañía Ingeniería e
Interventoría Nacional INALTER SAS.
4º) Niéganse las demás súplicas de la demanda.
5º) Condénase en costas de ambas instancias a la Empresa Departamental de
Servicios Públicos de Casanare Acuatodos SA ESP y fíjanse las agencias en
derecho para esta instancia en cuantía de tres (3) salarios mínimos legales
mensuales vigentes al momento de la ejecutoria de esta decisión en favor de la
compañía Ingeniería e Interventoría Nacional INALTER SAS.
6º) Dése cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 192 y 195 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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Apelación de sentencia
7º) Ejecutoriada la presente sentencia, por la secretaría devuélvase el expediente al
tribunal de origen para lo su cargo, previas las correspondientes constancias
secretariales de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Sala
(Firmado electrónicamente)
Aclaración de voto
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados en la
plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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