Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 85001-23-33-000-2021-00135-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 85001-23-33-000-2021-00135-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 85001-23-33-000-2021-00135-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
17 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 85001-23-33-000-2021-00135-01
ACCIÓN POPULAR – FALLO
Actores: DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CASANARE Y
OTRO
TESIS: NO HAY CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO
SUPERADO, PUESTO QUE RED SALUD NO DEMOSTRÓ HABER
EJECUTADO LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN QUE REQUIERE EL CENTRO DE
SALUD DE OROCUÉ. TAMPOCO ES PROCEDENTE ABSOLVERLA DE
RESPONSABILIDAD POR EL HECHO DE QUE LAS E.P.S. TENGAN A SU
CARGO LA FUNCIÓN DE ASEGURAMIENTO DEL RIESGO EN SALUD.
EL DEPARTAMENTO DEBE CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LAS
MEDIDAS QUE MEJOREN LAS CONDICIONES DEL CENTRO DE
SALUD.
DERECHOS COLECTIVOS INVOCADOS COMO VULNERADOS: ACCESO
A UNA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS QUE GARANTICE LA
SALUBRIDAD PÚBLICA Y ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y A
QUE SU PRESTACIÓN SEA EFICIENTE Y OPORTUNA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por RED
SALUD CASANARE E.S.E.1 y por el DEPARTAMENTO DE
CASANARE2 contra la sentencia del 1o. de junio de 2023, proferida
por el Tribunal Administrativo de Casanare3.
1 En adelante RED SALUD.
2 En adelante el DEPARTAMENTO.
3 En adelante el Tribunal.
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Actores: Defensoría del Pueblo Regional Casanare y otro
I.- ANTECEDENTES
I.1- La demanda
La DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CASANARE y la
PERSONERÍA DE OROCUÉ4, en ejercicio de la acción popular
prevista en el artículo 88 de la Constitución Política, desarrollada por
la Ley 472 de 5 de agosto de 19985, presentaron demanda contra el
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL6, el
DEPARTAMENTO, el MUNICIPIO DE OROCUÉ7 y RED SALUD,
tendiente a que se protegieran los derechos colectivos al acceso a
una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública,
y al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente
y oportuna.
I.2. Hechos
Manifestó que, en visita de 12 de abril de 2019, evidenció que el
centro de salud de Orocué: i) carece de personal suficiente para la
4 En adelante los accionantes.
5 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación
con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
6 En adelante el MINISTERIO.
7 En adelante el MUNICIPIO.
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prestación adecuada del servicio de salud a una población de más de
8.400 personas; ii) no cuenta con atención especializada; iii) sus 5
módulos de atención se encuentran en alto grado de deterioro; y iv)
no tiene equipos de rayos X o de imágenes diagnósticas; todo lo cual
impide el acceso a los servicios de salud de forma oportuna y
eficiente.
Informó que, en Oficio de 13 de noviembre de 2019, el
DEPARTAMENTO le reconoció que el centro de salud de Orocué es
una de las sedes de la I.P.S. RED SALUD y que, según el Plan Bienal
de Inversiones Públicas en Salud 2018-2019, el proyecto para la
remodelación de su infraestructura estaba en etapa de formulación
por parte de RED SALUD para ser viabilizado por el MINISTERIO,
previa revisión de la Secretaría de Salud de Casanare.
Mencionó que, en Oficio de 13 de noviembre de 2019, RED SALUD
le indicó que la ausencia de atención especializada y de equipos de
RX o imágenes diagnósticas obedece a que la infraestructura no está
en condiciones sísmico-resistentes óptimas, motivo por el cual la
Secretaría Departamental de Salud conceptuó que el centro de salud
debe ser intervenido totalmente, aunque no tenga presupuesto para
ello.
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Indicó que, en Oficio de 13 de noviembre de 2019, el MUNICIPIO
le manifestó que el centro de salud carece de personal del área de la
salud para la atención en el servicio de urgencia y servicio médico de
consulta externa, entre otros.
Señaló que, en visita de 10 de mayo de 2021, verificó las falencias
mencionadas en torno al estado actual de la infraestructura, y que
por la ausencia de personal se cancelan las citas agendadas, se
acumulan las funciones, se paralizan los procesos, entre otras
dificultades, que afectan la prestación del servicio.
I.3. Pretensiones
La parte actora solicitó, además del amparo de los derechos
colectivos invocados y la declaratoria de responsabilidad de los
demandados, lo siguiente:
“[…] TERCERA: Proteger los derechos vulnerados, ordenando a los
accionados, realicen las adecuaciones necesarias del centro de salud
donde actualmente se está atendiendo a la población del Municipio de
Orocué, mientras se pone en marcha el hospital y funcionamiento un
hospital de mayor cobertura o nivel de atención.
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CUARTA: Se ordene la construcción de un nuevo centro de salud u
hospital de mayor cobertura o nivel de atención, que cumpla con
todos los requerimientos técnicos y de personal necesarios, para que
puedan garantizar la prestación del servicio de salud, en condiciones
de salubridad, eficiencia y oportunidad. […]”8.
I.4. Defensa
I.4.1.- El MINISTERIO solicitó que se denegaran las súplicas de la
demanda porque no ha omitido el ejercicio de ninguna de sus
competencias previstas en las leyes 715 de 2001, 1122 de 2007 y
1438 de 2011 y el Decreto-ley 4107 de 2011, en las que, por demás,
no se encuentra alguna relacionada con las pretensiones de la
demanda.
Manifestó que en el 2016 el DEPARTAMENTO le presentó un
documento con una propuesta de remodelación / adecuación para la
ESE Red salud Casanare, sede Centro de Salud Orocué, por un valor
de $220.000.000, que fue aprobado y, por tanto, el proyecto fue
incluido en los planes bienales de 2018-2019 y 2020-2021.
Mencionó que emitió concepto técnico desfavorable respecto del
proyecto de “Dotación biomédica para la prestación de servicios en
8 Cfr., índice 3 del expediente digital de primera instancia.
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Red Salud Casanare E.S.E., sede IPS Centro de Salud Orocué,
Departamento de Casanare”, pues el DEPARTAMENTO no cumplió
con los requisitos legales correspondientes.
Indicó que, en ejercicio de sus funciones de seguimiento, ha
verificado que RED SALUD ha avanzado en: i) la apertura de dos
plazas para médico SSO; ii) incentivos a los profesionales de la salud;
iii) procedimiento triage; iv) balas de oxígeno; v) coordinador para
la I.P.S.; vi) parto humanizado con enfoque de género y etnocultural;
vii) consulta especializada de ginecoobstetricia; y viii) ambulancia.
Propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por
pasiva y “ausencia de responsabilidad”, puesto que no hay
fundamentos legales para atribuirle una acción lesiva de los derechos
colectivos y porque no es viable que proceda a cumplir con lo
pretendido.
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I.4.2.- El DEPARTAMENTO se opuso a las pretensiones de
rehabilitación de infraestructura y de construcción de un nuevo
hospital porque esto corresponde exclusivamente a RED SALUD,
quien tiene a su cargo la administración de la red de centros de salud
pública de Casanare.
Indicó que RED SALUD fue constituida con personería jurídica,
autonomía administrativa y patrimonio propio para asumir la
responsabilidad de los 16 centros de salud de los diferentes
municipios del departamento, conforme se advierte del Decreto
Departamental 005 de 11 de marzo de 2004.
Explicó que el Decreto 780 de 6 de mayo de 2016, en concordancia
con el artículo 189 de la Ley 100 de 1993, estableció que RED
SALUD debía destinar el 5% de su presupuesto para el
mantenimiento de la infraestructura y de la dotación hospitalaria de
los hospitales públicos a su cargo, lo cual comprende el arreglo
locativo y/o construcción del centro de salud de Orocué.
Manifestó que, conforme a sus competencias, RED SALUD incluyó el
proyecto “remodelación del Centro de Salud de Orocué” en el plan
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bienal de inversiones públicas en salud 2020-2021, pero no se le ha
presentado ni le ha reportado avances en su estructuración.
Adujo que, no obstante lo anterior, no tiene asignado presupuesto
para el mejoramiento del centro de salud, ya que no tiene
competencia para el mantenimiento de la infraestructura
hospitalaria.
Por las razones expuestas, planteó las excepciones de falta de
legitimación en la causa por pasiva, “inexistente vulneración o
amenaza de derechos colectivos” y “las demás que se prueben en el
proceso”.
I.4.3.- RED SALUD aseguró que ha prestado de manera eficiente
los servicios de salud autorizados en el municipio de Orocué con la
mayor diligencia posible dentro de sus limitaciones económicas, por
lo cual no se probó fehacientemente una amenaza de los derechos
colectivos.
Indicó que es una empresa social del Estado, a la cual están adscritas
16 I.P.S. de 19 municipios de Casanare, que proporciona servicios de
salud de primer nivel de complejidad, y que, pese a los escasos
recursos, sigue cumpliendo con el objetivo primordial de prestar un
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servicio de salud adecuado y eficiente en cumplimiento de las
directrices y postulados señalados en la ley.
Adujo que, de conformidad con el Decreto 1876 de 1994, aclarado
por el Decreto 1621 de 1995, las empresas sociales del Estado tienen
como objetivo prestar los servicios de salud que, de acuerdo con su
desarrollo y recursos disponibles, puedan ofrecer.
Propuso las excepciones de “inexistencia de vulneración, daño o
amenaza actual contra los derechos colectivos – inexistencia de
responsabilidad”, “insuficiencia probatoria – carga probatoria en
cabeza del accionante” e “inexistencia de los derechos colectivos
incoados”.
I.4.4.- El MUNICIPIO adujo que no se encuentra certificado por el
MINISTERIO para prestar el servicio de salud.
Puso de manifiesto que, en virtud de la Ley 715 de 2001, el
DEPARTAMENTO es el competente para dirigir, coordinar y
administrar la red de instituciones prestadoras de los servicios de
salud, por lo que ningún municipio puede asumir directamente
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nuevos servicios de salud ni ampliar los existentes, pues debe
articularse a la red departamental.
Manifestó que, sin embargo, en desarrollo de los principios de
complementariedad y concurrencia, tiene la intención de aportar
$210´285.609,11 provenientes de la cuenta maestra del régimen
subsidiado, para invertir en el mejoramiento de la infraestructura y
dotación de la red pública de instituciones prestadoras del servicio de
salud y que solo podrán ser ejecutados dentro del marco del plan
bienal de salud que desarrolle el DEPARTAMENTO.
Informó que, a partir de las deficiencias presentadas, se ha articulado
con el DEPARTAMENTO y RED SALUD para aunar esfuerzos y
garantizar la atención oportuna y de calidad del servicio de salud.
Planteó las excepciones de “improcedencia de la acción popular” y
falta de legitimación en la causa por pasiva.
I.5. Pacto de cumplimiento
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La audiencia de pacto de cumplimiento se surtió el 16 de diciembre
de 20219, declarándose fallida por ausencia de ánimo para pactar.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
El Tribunal, en sentencia del 1o. de junio de 202310, amparó los
derechos colectivos “a la seguridad y salubridad públicas”, al acceso
a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública,
y de acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente
y oportuna, al estimar que las instalaciones donde funciona el centro
de salud de Orocué requieren medidas de adecuación y
rehabilitación, lo que redunda en la adecuada y oportuna prestación
del servicio de salud a la comunidad de dicho municipio.
Evidenció que, aunque la planta física del centro de salud no
representa riesgo de colapso y sigue siendo idónea para el
funcionamiento del centro de salud, si presenta grietas, humedades,
goteras, falta de mantenimiento en techos y vigas afectadas, con
mobiliario obsoleto y equipos que ya cumplieron su vida útil, además,
no cuenta con “camas higiénicas y adecuadas”, “equipos médicos
9 Cfr., índice 31 del expediente digital de primera instancia.
10 Cfr., índice 58 del expediente digital de primera instancia.
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necesarios” y personal médico suficiente, lo cual es relevante si se
tiene en cuenta que el hospital de segundo nivel más próximo se
encuentra a 181 km en el municipio de Yopal.
Reconoció que se han realizado adecuaciones tendientes a mejorar
las condiciones estructurales del establecimiento, pero “la parte
accionada no logró probar en el expediente que los problemas
estructurales cesaron“.
A su juicio, “el solo mantenimiento de parte de las instalaciones
donde actualmente funciona [el] Centro de Salud de Orocué, no
conlleva a asegurar que toda la población tiene acceso efectivo,
constante y oportuno a la atención hospitalaria básica o al suministro
de medicamentos de acuerdo a las patologías de los pacientes”.
Negó la pretensión de construir un nuevo centro de salud porque en
los planes bienales de proyectos 2018-2019 y 2020-2021, se
inscribió “la remodelación y adecuación del centro de salud” de
Orocué, pero no se hizo referencia a la construcción de una nueva
sede, por lo que no puede “determinar o variar el reporte efectuado
en el correspondiente plan bienal en salud, ni reemplazar o
desconocer la información reportada por Red Salud Casanare ESE y
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el departamento de Casanare ante el Ministerio de Salud y Protección
Social”.
Precisó, frente a la imputación de la vulneración, que: i) el
MINISTERIO tiene el deber de impulsar, coordinar y cofinanciar
programas, planes y proyectos de inversión en materia de
infraestructura y equipos de salud a través de los planes bienales de
inversiones públicas; ii) el DEPARTAMENTO es competente para
coordinar, administrar y efectuar las inversiones requeridas para la
debida prestación del servicio de salud; iii) RED SALUD se
encuentra adscrita a su Secretaría de Salud; y iv) el MUNICIPIO
debe realizar las actuaciones necesarias para coordinar e informar la
situación que se presenta en la prestación del servicio, a fin de que
se mejoren las falencias advertidas.
Manifestó que las autoridades señaladas deben articular sus
funciones para garantizar la prestación efectiva del servicio de salud
a los habitantes de Orocué, en relación con la pretensión de
remodelación del centro de salud de ese municipio, motivo por el cual
resolvió:
“[…]TERCERO: En consecuencia, imponer a Red Salud Casanare E.
S. E., al departamento de Casanare, a la Nación – Ministerio de Salud
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Actores: Defensoría del Pueblo Regional Casanare y otro
y Protección Social y al municipio de Orocué, las siguientes medidas
definitivas:
Medidas definitivas Plazo Responsables
fase de diagnóstico
Elaborar un diagnóstico de las condiciones en las que
se encuentra el Centro de Salud La Candelaria del
municipio de Orocué, en su parte estructural en
muros, vigas y fachada; indicando si se presentan
daños pendientes de reparación, si hay consultorios
y/o unidades que no estén habilitadas, verificar en su
totalidad si estos están dotados o no con los
elementos que se requieren para garantizar la
correcta prestación del servicio de salud, si hay
equipos médicos instalados en el Centro de Salud que
presenten fallas en su funcionamiento, si los mismos Municipio de
son suficientes para atender a la población de Orocué Orocué y Red
y los habitantes que de otros municipios que allí Salud Casanare
concurren, si las unidades sanitarias son suficientes Un (1) mes a partir de E.S.E. tienen la
para la cantidad de usuarios y pacientes que allí la ejecutoria de la carga de
concurren y si se encuentran o no en buen estado de sentencia elaborar el
funcionamiento. Igualmente deben verificar el estado diagnóstico e
en que están las ambulancias y si éstas son o no inventario de
medicalizadas. Verificar e identificar los servicios que manera
se prestan, el personal médico que se encuentra conjunta.
vinculado al Centro de Salud de Orocué y las falencias
que en este aspecto se presentan.
Como resultado de este diagnóstico se elaborará un
inventario general de la planta física en que se
relacione cada oficina, consultorio, sala o unidad que
tiene el Centro de Salud, señalando tanto los sectores
que se encuentran pendientes de mantenimiento
como las falencias de dotación en equipos médicos y
suministros indispensables para la prestación del
servicio
Fase formulación del proyecto
1. Presentar un plan de trabajo para realizar el
mantenimiento a los sectores que no han sido
reparados en el Centro de Salud de Orocué, teniendo
en cuenta el diagnóstico e inventario elaborado. Para
ello debe apropiar el presupuesto que se requiera,
elaborar el estudio previo y la contratación
correspondiente, señalando el plazo de ejecución. 2. Dos (2) meses, una
Ajustar los proyectos denominados “Remodelación de vez se haya efectuado Red Salud
la infraestructura del centro de salud de Orocué, el diagnóstico Casanare E.S.E.
departamento de Casanare”, “Dotación biomédica presentado.
para la prestación de servicios en Red Salud Casanare
E.S.E., sede IPS centro de salud Orocué,
Departamento de Casanare” y de “Mejoramiento del
Servicio de Transporte Asistencial a través del
fortalecimiento y ampliación del parque automotor de
Red Salud Casanare E.S.E.” y acreditar su radicación
ante la Secretaría de Salud de Casanare.
Una vez, la Secretaría de Salud de Casanare reciba los
proyectos ajustados, debe analizarlos, efectuar las Tres (3) meses,
observaciones del caso; en el evento de que los contados a partir del
proyectos presenten falencias debe orientar a la momento en que
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mencionada IPS y, una vez aprobados procederá a reciba el proyecto Departamento
trasladar al Ministerio de Salud y Protección Social, radicado por Red de Casanare, a
aquellos que se encuentren cargados en el Plan Bienal Salud Casanare ESE. través de la
de Salud. Igualmente dará trámite a aquellos Secretaría de
proyectos presentados por Red Salud Casanare E.S.E. Salud.
que no se encuentren incluido en el Plan Bienal de
Salud
Radicados los proyectos, el Ministerio de Salud y
Protección Social, debe informar si los mismos están
incluidos en el Plan Bienal de Salud que esté vigente
y aprobado, brindar la asesoría y asistencia técnica Tres (3) meses, desde Nación –
que requiera Red Salud Casanare E.S.E. y en caso de el momento en que la Ministerio de
que la cartera ministerial advierta inconsistencias en Secretaría de Salud de Salud y
el presupuesto, logística y demás criterios que se Casanare traslade el Protección
requieran para dar viabilidad a los proyectos, dará las proyecto para su Social.
indicaciones pertinentes con el fin de obtener la aprobación.
correspondiente asignación de recursos necesarios
para la adecuación y remodelación del Centro de
Salud de Orocué, su dotación y la adquisición de un
ambulancia medicalizada.
Fase de contratación
Adelantar los trámites de estudios previos, Un (1) mes, contado a
contratación y ejecución, con miras a materializar el partir del vencimiento
mantenimiento del Centro de Salud de Orocué que del plazo establecido Red Salud
actualmente se encuentra en funcionamiento. en el numeral anterior Casanare E.S.E.
para el mantenimiento
del Centro de Salud.
Fase de ejecución
cuatro (4) meses,
contados a partir del
Ejecutar los contratos para el mantenimiento del vencimiento del
Centro de Salud de Orocué, adquisición de la término establecido en Red Salud
ambulancia medicalizada y dotación de equipos la fase previa de Casanare E. S.
médicos. contratación, para el E.
mantenimiento del
Centro de Salud.
Presentación de informes
De forma mensual, a Las entidades
Las entidades obligadas rendirán informes mensuales partir del vencimiento obligadas,
en las que conste el desarrollo de las actividades del primer mes según la etapa
adelantadas para dar cumplimiento a esta sentencia siguiente a la que
ejecutoria de esta corresponda.
sentencia.
CUARTO: Conformar un Comité de Verificación, que será integrado
por el alcalde del municipio de Orocué, el ministro de Salud y
Protección Social o su delegado; el defensor del Pueblo o su delegado,
el gobernador del departamento de Casanare o su delegado y el
representante legal de Red Salud Casanare E.S.E. quien lo presidirá,
cuyo procedimiento se sujetará a las reglas trazadas en la parte
motiva de esta providencia y deberá rendir informes periódicos cada
tres (3) meses; o cuando ocurran novedades que requieran
intervención judicial más temprana.
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QUINTO: Sin costas en esta instancia […]” (Negrilla del texto
original).
III.- FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN
III.1- RED SALUD solicitó que se revoque la sentencia de primera
instancia porque los derechos colectivos amparados no fueron
vulnerados y porque ha cumplido con su obligación de prestar el
servicio, según su nivel de complejidad y en atención a los decretos
1020 de 2007 y 1876 de 1994, aclarado por el 1621 de 1995, lo cual
no fue tenido en cuenta por el Tribunal.
Aseguró que el centro de salud de Orocué está prestando los servicios
que le corresponde “con la mayor diligencia posible dentro de sus
dificultades existentes”.
Afirmó haber realizado mejoras a la infraestructura del centro
hospitalario y las adecuaciones requeridas, con lo cual se “ha venido
garantizando [la] prestación del servicio de salud”. Para el efecto,
enumeró las siguientes intervenciones: i) “Mejoramiento de la
infraestructura física del Centro de Salud de Orocué”; ii) convenio
interadministrativo para “Aunar esfuerzos administrativos y
económicos para la construcción del puesto de atención primaria en
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salud vereda el Algarrobo municipio de Orocué Casanare”; iii)
convenio interadministrativo para “Aunar esfuerzos administrativos
y económicos para la adquisición de equipo de RX para el Centro de
Salud la candelaria Municipio de Orocué - Casanare”; iv) formulación
del proyecto “Mejoramiento del tiempo de respuesta para la atención
inmediata de la población de 16 municipios del departamento de
Casanare a través del fortalecimiento del servicio de transporte
asistencial en el marco de la implementación del SEM”; y v) por
medio de la Resolución 051 de 2017, asignó recursos para el
mantenimiento preventivo de dotación e infraestructura del
establecimiento de Orocué.
Afirmó que el artículo 14 de la Ley 1122 de 2007 estableció que las
E.P.S. son las responsables de cumplir con las funciones indelegables
del aseguramiento.
Adujo en que, con ocasión de las gestiones presupuestales y
administrativas para lograr la continuidad en los servicios de salud
de primer nivel adelantadas, operó “la carencia actual de objeto por
hecho superado, y por daño consumado con la vulneración del
derecho colectivo relacionado”.
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III.2- El DEPARTAMENTO solicitó que se declare su falta de
legitimación en la causa, por cuanto RED SALUD es a la que le
corresponde realizar las adecuaciones, máxime si dicha empresa
tiene personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio
propio y, además, no tiene recursos.
Explicó que RED SALUD debe realizar los arreglos locativos del
centro de salud, pues: i) conforme al Decreto departamental 005 de
11 de marzo de 2004, es la encargada de administrar los centros de
salud que hacen parte de la red pública de Casanare desde el 2004;
ii) de acuerdo con el artículo 194 de la Ley 100 de 1993, es la
responsable de prestar los servicios de salud; y iii) según el Decreto
780 de 2016, el 5% de sus recursos deben ser destinados al
mantenimiento de la infraestructura hospitalaria.
Se opuso a “la cofinanciación”, pues, comoquiera que la obra a
realizarse supera los 10 smlmv, debe contar con aprobación del
MINISTERIO y ser incluida en los respectivos planes bienales,
conforme lo ordena el artículo 8° de la Resolución 2514 de 2012.
Adujo que en el plan bienal de inversiones públicas en salud 2020-
2021, RED SALUD incluyó el proyecto “remodelación del centro de
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salud de Orocué”, el cual ya fue aprobado por el MINISTERIO, pero,
a la fecha, “la ESE Red Salud Casanare no ha presentado, ni radicado
a esta dependencia, el proyecto o avances en su estructuración”.
IV.- TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
IV.1- Mediante auto de 29 de septiembre de 2023, el Despacho
sustanciador, además de admitir los recursos de apelación, tuvo
como pruebas en segunda instancia los documentos presentados por
RED SALUD, con los que pretende demostrar el mejoramiento de las
condiciones del centro de salud de Orocué, por lo que se dio traslado
de la documental decretada a las partes por el término de tres (3)
días.
Transcurrido el término anterior, la parte actora11 se pronunció sobre
las pruebas que fueron decretadas, en el sentido de indicar que los
documentos referidos en los literales a, b, c, d, e, f y k versan sobre
la viabilidad de la construcción de un puesto de atención primaria de
salud en la vereda El Algarrobo en Orocué, mientras que las pruebas
h, i, j y l corresponden a viabilidades de proyectos, por lo que, a su
11 Cfr., índice 15 del expediente digital del Consejo de Estado.
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juicio, no acreditan el mejoramiento del servicio ni alteran la
necesidad de amparo de los derechos colectivos, pues el centro de
salud que hoy existe permanece en alto grado de deterioro, lo cual
afecta la prestación básica adecuada de los servicios médicos.
Manifestó la necesidad de disponer de una atención médica de mayor
complejidad con servicios especializados que mejoren la cobertura,
el acceso y la calidad, a través de la construcción de un hospital con
los equipos, el personal y la dotación correspondiente.
IV.2- Mediante auto de 27 de octubre de 202312, se corrió traslado
a las partes para que alegaran de conclusión, término en el cual:
IV.2.1.- RED SALUD volvió a aportar su escrito de apelación.
IV.2.2.- El MINISTERIO solicitó que se declare el cumplimiento
total de lo ordenado en la sentencia de primera instancia, puesto
que: i) al proyecto de mejoramiento de la infraestructura del centro
de salud de Orocué se le asignó recursos, se ejecutó totalmente y
está en proceso de cierre; ii) para el proyecto de mejoramiento de la
capacidad instalada y adecuaciones físicas, se deben aplicar los
12 Cfr., índice 19 del expediente digital del Consejo de Estado.
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criterios de priorización para la asignación de recursos en el marco
del plan bienal de inversiones en salud del DEPARTAMENTO; y iii)
en el 2022 cofinanció varios proyectos presentados por RED SALUD,
entre los cuales se encontraba la solicitud de una ambulancia
medicalizada terrestre que fue asignada a través de la Resolución
2538 de 2022.
V.- CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
IV.2.3.- El MINISTERIO PÚBLICO solicitó que se confirme la
sentencia de primera instancia al estimar que las entidades
accionadas no han brindado soluciones oportunas para mitigar la
afectación a los habitantes de Orocué, quienes no pueden acceder
oportunamente a la prestación del servicio de salud por la pésima
infraestructura en que se encuentra el centro de salud.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Generalidades de la acción popular
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La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política
y desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto de 199813, tiene como
finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos, cuando
estos resulten amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o
un daño contingente, por la acción o la omisión de las autoridades
públicas o de los particulares. El objetivo de estas acciones es dotar
a la comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo
para la protección de esa clase de derechos.
Problemas jurídicos
De conformidad con la condena emitida por el Tribunal y los
argumentos expuestos en los recursos de apelación, a la Sala le
corresponde determinar lo siguiente:
i) ¿Operó la carencia actual de objeto por hecho superado?
ii) ¿Si los argumentos expuestos por el DEPARTAMENTO,
referentes a su competencia, responsabilidades de RED SALUD y del
13 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación
con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
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MINISTERIO y la ausencia de recursos, lo eximen del cumplimiento
de lo ordenado por el Tribunal?
De la carencia actual de objeto por hecho superado
El Tribunal declaró vulnerados los derechos colectivos de acceso a
una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública,
y de acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente
y oportuna, al encontrar demostrado que las instalaciones donde
funciona el centro de salud de Orocué requieren medidas de
adecuación y rehabilitación.
En consecuencia, el a quo le ordenó a RED SALUD que realice: i) un
diagnóstico de las condiciones del centro de salud; ii) un inventario
general de la planta física; iii) un plan de trabajo; iv) ajustar y volver
a radicar tres proyectos en trámite; v) apropiaciones presupuestales;
vi) estudios previos; vii) contratación y viii) ejecución de los
contratos.
Sin embargo, en su recurso de apelación RED SALUD solicitó que se
valoren cuatro documentos que, a su juicio, demuestran las acciones
con las que ha mejorado las condiciones del centro de salud de
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Orocué y que evidenciarían la prestación adecuada del servicio de
salud, en virtud de lo cual, la situación vulneradora de los derechos
colectivos sería superada.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala determinará si la afectación
de los derechos colectivos persiste o si fue conjurada por el actuar
de RED SALUD.
Para el efecto, la Sala destaca que RED SALUD alegó la
demostración de las mejoras y adecuaciones de la infraestructura,
así como la dotación de equipos médicos para el centro de salud de
Orocué, bajo los siguientes fundamentos probatorios:
“[…] INFRAESTRUCTURA:
[…] se gestionó $333.453.331 a través del proyecto denominado
“Mejoramiento de la infraestructura física del Centro de Salud de
Orocué”. Financiado por el Ministerio de Salud y Protección Social
mediante Resolución N. 2772 del 27 de diciembre de 2022. Anexo
1[14].
[…] se suscribió convenio interadministrativo N. 435 del 29 de
diciembre de 2022 cuyo objeto es “Aunar esfuerzos administrativos y
económicos para la construcción del puesto de atención primaria en
salud vereda el Algarrobo municipio de Orocué Casanare”. Este
proyecto fue viabilizado por la Secretaría de Salud Departamental el
día 07 de diciembre de 2022. Anexo 2[15].
14 Cfr., índice 63 del expediente digital de primera instancia, anexos, folio 1.
15 Cfr., índice 63 del expediente digital de primera instancia, anexos, folio 54.
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Finalmente, […] se han realizado jornadas de embellecimiento para el
centro de salud de Orocué, financiado con recursos propios.
DOTACIÓN EQUIPOS BIOMÉDICOS:
Se suscribió convenio interadministrativo N. 434 del 28 de diciembre
de 2022 cuyo objeto es “Aunar esfuerzos administrativos y
económicos para la adquisición de equipo de RX para el Centro de
Salud la candelaria Municipio de Orocué - Casanare”. Este proyecto
fue viabilizado por la Secretaría de Salud Departamental el día 20 de
diciembre de 2022. Anexo 3[16].
AMBULANCIAS
[…] formuló proyecto denominado “Mejoramiento del tiempo de
respuesta para la atención inmediata de la población de 16 municipios
del departamento de Casanare a través del fortalecimiento del
servicio de transporte asistencial en el marco de la implementación
del (SEM)”, el cual fue viabilizado y aprobado a través de Decreto N.
118 del 23 de mayo de 2023 de la Gobernación de Casanare y la
Resolución N. 2772 del 27 de diciembre de 2022 del Ministerio de
Salud y Protección Social. Anexo 4[17]. […].
[…] de conformidad con la resolución 051 de 2017, asigna recursos
para el mantenimiento preventivo de dotación e infraestructura a la
IPS de Orocué […]”. (Negrilla del texto original).
Vista la naturaleza y alcance de los documentos invocados por la
recurrente, la Sala observa que los avances efectivamente
demostrados para mejorar las condiciones físicas y funcionales del
centro de salud de Orocué no tienen la entidad suficiente para
entender configurada la carencia actual de objeto por hecho
superado, con lo cual se concluye que la situación transgresora de
los derechos colectivos persiste.
16 Cfr., índice 63 del expediente digital de primera instancia, anexos, folio 43.
17 Cfr., índice 63 del expediente digital de primera instancia, anexos, folio 70.
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Lo anterior, por cuanto el proyecto de construcción de un nuevo
puesto de atención primaria en salud en la vereda El Algarrobo del
municipio de Orocué no fue comprendido en la sentencia apelada
como una medida de amparo de los derechos colectivos, sino que,
por el contrario, el Tribunal negó dicha pretensión debido a que el
proyecto no se encontraba incluido en los respectivos planes
bienales, motivo por el cual “[…] no podía reemplazar o desconocer
la información reportada por […]” las autoridades competentes. De
tal modo, dicha prueba resulta impertinente, pues pretende acreditar
el cumplimiento de una obligación que no le fue impuesta.
En lo que respecta a las “jornadas de embellecimiento del centro de
salud”, la Sala destaca que no está demostrada su inversión y menos
su ejecución.
Finalmente, aunque se demostraron gestiones administrativas en
materia de infraestructura, dotación y transporte, lo cierto es que
dichas iniciativas se encuentran en etapa de estructuración
financiera. En efecto, RED SALUD no demostró que se hayan
ejecutado labores puntuales de mejoramiento estructural, que se
hayan adquirido equipos de rayos X, ni que se encuentren en
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funcionamiento, o que el centro de salud de Orocué cuente con un
servicio de transporte asistencial terrestre en óptimas condiciones.
La totalidad de medios de prueba que la recurrente aportó en la
segunda instancia refieren a proyectos de mejoramiento de
infraestructura física, conceptos de viabilidades técnicas y
económicas, planes de inversión, aprobación de proyectos,
priorización y asignación de recursos económicos, convenios de
articulación y a otros instrumentos de gestión, pero ninguno acredita
un resultado concreto orientado a la mejora de las condiciones de
infraestructura y dotación hospitalaria de Orocué.
Al respecto, valga precisar que el MINISTERIO, mediante la
Resolución 2538 de 19 de diciembre de 2022, asignó recursos para
sistemas de transporte asistencial básico y medicalizado (TAB-TAM),
no para Orocué, sino para Yopal18.
Mediante la Resolución 2772 de 27 de diciembre de 2022 se le
asignaron recursos a RED SALUD para el proyecto de mejoramiento
de infraestructura física19. Sin embargo, al tenor de los artículos 2°,
18 Cfr., índice 63 del expediente digital de primera instancia, anexos, folio 85.
19 Cfr., índice 63 del expediente digital de primera instancia, anexos, folio 1.
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4° y 5° del referido acto administrativo, la E.S.E. no demostró: i)
haber cumplido con los requisitos para el giro de los recursos; ii)
haber destinado los $333´453.331 para la financiación del proyecto
aprobado; iii) haber remitido al MINISTERIO los soportes de
garantía y ejecución idónea de los recursos; ni iv) haber elaborado
un informe de ejecución de los recursos, con los archivos
documentales de los rubros pagados para cada actividad del
proyecto.
Además de lo anterior, el MINISTERIO tampoco demostró haber
realizado el debido seguimiento a la ejecución de los recursos, como
lo exige el artículo 7° de la Resolución 2772.
Asimismo, la Sala pone de manifiesto que el 28 de diciembre de
2022, el MUNICIPIO suscribió con RED SALUD el convenio
interadministrativo núm. 434, con el fin de “Aunar esfuerzos
administrativos y económicos para la adquisición de equipo de RX
para el Centro de Salud la candelaria Municipio de Orocué”, pese a lo
cual, no se aportó prueba alguna sobre el estado de cumplimiento
del convenio y mucho menos que en la actualidad el centro de salud
cuente con la dotación referida, ni que ésta se encuentre en óptimas
condiciones de funcionamiento. Tampoco fueron allegadas las actas
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de supervisión, de entrega ni de liquidación, pese a que se pactó
como plazo de ejecución el término de tres meses.
Por su parte, el DEPARTAMENTO, en virtud del Decreto 118 de 23
de mayo de 2023, priorizó el proyecto para el “mejoramiento del
tiempo de respuesta para la atención inmediata de la población de
16 municipios del departamento de Casanare a través del
fortalecimiento del servicio de transporte asistencial”. Sin embargo,
no se conoce el nivel de ejecución, ni su incidencia específica en el
centro de salud de Orocué, pues, como se observa, los recursos
habrían de ser invertidos en 16 municipios de Casanare sin contar
con mecanismos de priorización a la hora de invertirlos.
Sobre el particular, esta Sección, en sentencia de 1o. de febrero de
202420, no encontró que la E.S.E. accionada cumpliera con su
obligación procesal21 de aportar las pruebas sobre el presunto hecho
superado que alegó, pues no demostró el suministro efectivo de
personal y de la totalidad de servicios de salud requeridos, lo cual
acarreó la vulneración de los derechos colectivos a la salubridad
pública y de acceso a la infraestructura de servicios que la garantice.
20 Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 1.° de febrero de 2024. Rad. núm.
05001-23-33-000-2022-00819-01. C.P.: Hernando Sánchez Sánchez.
21 Artículo 167 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012, según el cual incumbe a las partes
probar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen.
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De otro lado, en providencia de 6 de agosto de 202022, la Sala advirtió
que el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud 23,
comprende el acceso a los establecimientos y bienes de salud, es
decir, a hospitales, clínicas e infraestructuras destinadas a la
prestación de tales servicios. En consecuencia, la garantía del
servicio y de los derechos asociados a este, está directamente
relacionada con el acceso a una infraestructura de salud adecuada24.
Al realizar una lectura de la Constitución y la Ley Estatutaria de
Salud, se precisó que:
“[…] el Sistema de Salud se explica y se justifica por y para los
usuarios de salud. Por esa razón, los usuarios se hacen
merecedores de todos los servicios, bienes, tecnologías,
establecimientos, personal e infraestructura que permitan
materializar debidamente su derecho constitucional a la
salud”. (Negrilla del texto original).
Por lo anterior, se concluye que la situación transgresora de los
derechos colectivos amparados por el Tribunal no ha sido superada,
puesto que RED SALUD no demostró haber gestionado y ejecutado
la totalidad de acciones necesarias para el mejoramiento de la
infraestructura, la dotación y el transporte del centro de salud de
Orocué y, por tanto, el establecimiento no cuenta con las condiciones
22 Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 6 de agosto de 2020. Rad. núm.
17001-23-33-000-2018-00350-01 (AP). C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés.
23 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 12.
24 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-313 de 29 de mayo de 2014. M.P: Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
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físicas y funcionales adecuadas para garantizar la prestación eficiente
del servicio de salud conforme a su nivel de complejidad.
De la responsabilidad del DEPARTAMENTO
El Tribunal, como consecuencia de la transgresión de los derechos
colectivos, ordenó, entre otras cosas, que el DEPARTAMENTO, a
través de su Secretaría de Salud: i) reciba y analice los proyectos de
mejora de la infraestructura hospitalaria ajustados por RED SALUD;
ii) realice las observaciones del caso a fin de orientar la idoneidad de
los proyectos; y iii) una vez que los apruebe, realice su traslado al
MINISTERIO para la respectiva asignación de recursos.
Sin embargo, en el recurso de apelación, el DEPARTAMENTO afirmó
que no le corresponde dar cumplimiento a dichas obligaciones,
debido a que: i) el competente para realizar el mantenimiento y
arreglos locativos al centro de salud de Orocué es RED SALUD; ii)
RED SALUD no ha avanzado en la estructuración del proyecto de
remodelación del centro de salud; iii) “la obra a realizarse […] debe
contar con aprobación del Ministerio […] y […] ser incluida en los
respectivos planes bienales”; y iv) no cuenta con recursos.
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Al respecto, la Sala advierte que varios de los planteamientos de
apelación formulados por el DEPARTAMENTO no son pertinentes ni
tienen la idoneidad para revocar la sentencia en cuanto a las
obligaciones que le fueron impuestas, por cuanto: i) no se le ordenó
realizar algún tipo de adecuación del centro de salud, y ii) el ente
territorial no explicó por qué la estructuración del proyecto de
remodelación del centro de salud de Orocué por parte de RED
SALUD es insuficiente, ni de qué forma eso le impide cumplir las
órdenes judiciales dictadas en la primera instancia.
Con todo, la Sala destaca que dentro de las funciones del
DEPARTAMENTEO está: i) dirigir el sector de la salud en su ámbito
territorial y desarrollar los planes, programas, estrategias y
proyectos correspondientes; ii) prestar asistencia técnica y asesoría
a RED SALUD; iii) vigilar y controlar el cumplimiento de las
actividades que se desarrollen para garantizar el logro de las metas
departamentales en salud; iv) gestionar la prestación adecuada del
servicio de salud a través de RED SALUD; v) financiar con recursos
propios y/o de la Nación la prestación del servicio de salud; vi)
administrar la red departamental de I.P.S., y concurrir en la
financiación de las inversiones para el funcionamiento de estas; vii)
vigilar el cumplimiento de las normas técnicas para el mantenimiento
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integral de las I.P.S.; viii) garantizar la contratación y prestación del
servicio de salud en zonas alejadas o de difícil acceso; ix) supervisar
las acciones de salud pública que se proyecten en su jurisdicción25;
entre otras que le permiten vigilar, orientar e impulsar la ejecución
del proyecto mencionado a cargo de RED SALUD.
Asimismo, la Sala advierte que el hecho de que los proyectos de
inversión a ejecutar en el centro de salud de Orocué deban “[…]
contar con aprobación del Ministerio […] y […] ser incluid[os] en los
respectivos planes bienales […]”, no evidencia un error de la
sentencia apelada ni constituye una razón de peso para revocarla,
pues, por el contrario, para concretar los aspectos señalados por el
DEPARTAMENTO, su participación resulta indispensable, dado que
según el artículo 43 de la Ley 71526, reglamentado por la Resolución
2514 de 201227, el ente territorial está en la obligación de revisar los
proyectos de inversión a efectos de registrarlos, objetarlos y
25 Ley 715 de 2001, artículo 43, numerales 1.1., 1.2., 1.3., 1.5., 1.9., 2.1., 2.2., 2.4., 2.5.,
2.8., 2.9., 3.9.
26 “Artículo 43. Competencias de los departamentos en salud. Sin perjuicio de las
competencias establecidas en otras disposiciones legales, corresponde a los departamentos,
dirigir, coordinar y vigilar el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud
en el territorio de su jurisdicción, atendiendo las disposiciones nacionales sobre la materia.
Para tal efecto, se le asignan las siguientes funciones: […].
43.1.9. Promover planes, programas, estrategias y proyectos en salud para su inclusión
en los planes y programas nacionales. […].
43.2.7. Preparar el plan bienal de inversiones públicas en salud, en el cual se incluirán
las destinadas a infraestructura, dotación y equipos, de acuerdo con la Política de Prestación
de Servicios de Salud. […]”. (Negrilla fuera del texto).
27 Artículo 4.°, literales a), d), e), f) y h).
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devolverlos, aceptar o rechazar las correcciones, consolidarlos y,
finalmente, remitirlos al MINISTERIO para su aprobación; todo a
través del aplicativo de planes bienales de inversiones en salud
dispuesto por esa cartera28.
En consecuencia, antes de que el MINISTERIO apruebe los
proyectos presentados para su financiación o cofinanciación con
recursos del Presupuesto General de la Nación y, en consecuencia,
pasen a constituir los planes bienales de inversión en salud29, es
necesario agotar el trámite de viabilidad previa de los proyectos que
se surte ante el DEPARTAMENTO.
Ahora bien, es necesario precisar que no todo proyecto de inversión
en salud que se quiera ejecutar en Casanare debe contar con la
intervención, aprobación y financiación del MINISTERIO (Nación y
Sistema General de Participaciones), pues la normativa aplicable
también previó la cofinanciación de proyectos directamente con
recursos propios del DEPARTAMENTO.
28 Artículo 6.°.
29 Artículo 4.°, literal j),
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En efecto, de acuerdo con la Ley 715, el DEPARTAMENTO debe: i)
recaudar, supervisar, controlar y aplicar sus recursos financieros;
esto es, del Fondo Departamental de Salud, para proyectos de salud
en su territorio; ii) financiar con recursos propios la prestación de los
servicios de salud; iii) concurrir en la financiación de las inversiones
necesarias para el funcionamiento de la red departamental de I.P.S.
a su cargo; y iv) cofinanciar la prestación del servicio de salud y
tecnologías en zonas alejadas o de difícil acceso 30.
En razón de lo anterior, el artículo 8.2. de la Resolución 2514
estableció la posibilidad de que en Casanare se ejecuten proyectos
de inversión en salud cuya financiación sea únicamente con recursos
del DEPARTAMENTO. La misma disposición aclaró que este tipo de
proyectos financiados con recursos del orden territorial no deben
contar con aprobación o concepto técnico de viabilidad por parte del
MINISTERIO en todos los casos; pero, el proyecto que se pretenda
financiar con recursos de la entidad territorial en beneficio de la I.P.S.
pública de la misma jurisdicción, deberá ser registrado por esta en el
aplicativo dispuesto por dicha cartera31.
30 Artículo 43, numerales 1.4., 2.2., 2.5. y 2.9.
31 Resolución 2514 de 2012, artículo 4.°, literal a), in fine.
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En consecuencia, los trámites invocados por el DEPARTAMENTO no
constituyen un argumento contra la validez de la sentencia
impugnada.
Finalmente, en cuanto a la presunta falta de recursos para dar
cumplimiento a las órdenes de la sentencia, la Sección ha sostenido
reiteradamente que la falta de disponibilidad presupuestal o la
ausencia de recursos económicos, no es un argumento válido para
desvirtuar la afectación de los derechos colectivos o para impedir la
adopción de las medidas de amparo correspondientes32.
En consecuencia, conforme al principio de articulación de la función
administrativa, el DEPARTAMENTO debe contribuir técnica y
financieramente en caso de que RED SALUD lo requiera, para la
debida ejecución de los proyectos de infraestructura y dotación del
centro de salud del municipio de Orocué.
Por todo lo anterior, la Sala concluye que el DEPARTAMENTO no
desvirtuó los fundamentos de la sentencia impugnada, motivo por el
cual se confirmarán las medidas de amparo que le fueron impuestas.
32 Ver entre otras, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 17 de noviembre de
2023, radicación número: 05001-23-33-000-2021-00462-02, C.P. Germán Eduardo Osorio
Cifuentes.
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Ahora, la Sala advierte que RED SALUD alegó que el a quo no tuvo
en cuenta que, conforme a la Ley 1122 de 9 de enero33 y el Decreto
1020 de 30 de marzo de 200734, las E.P.S. deben cumplir con las
funciones indelegables de aseguramiento y administración del riesgo,
por lo que ello no le corresponde.
Frente a este cargo, la Sala precisa que el objeto del proceso versa
puntualmente sobre las deficiencias de infraestructura y dotación
hospitalaria del centro de salud de Orocué35, por lo que es
improcedente abrir en segunda instancia el debate relacionado con
las obligaciones de aseguramiento de las E.P.S., ya que no fue un
tema objeto de discusión a lo largo del proceso.
En efecto, el cargo planteado refiere a las cargas financieras que
deben asumir las E.P.S. para garantizar el contenido específico de las
prestaciones de salud en beneficio de los usuarios del sistema, lo que
difiere de las condiciones físicas de los establecimientos de salud
33 “Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social
en Salud y se dictan otras disposiciones”.
34 “Por el cual se reglamenta la ejecución y giro de unos recursos del régimen subsidiado y
aspectos de la prestación de servicios de salud a la población cubierta con subsidios a la
demanda”.
35 En la sentencia de primera instancia se planteó el siguiente problema jurídico: “¿Las
entidades demandadas están vulnerando los derechos e intereses colectivos invocados en
la demanda por no realizar el mantenimiento de la infraestructura correspondiente
al Centro de Salud donde se presta el servicio de salud de Orocué y la falta de un nuevo
Centro de Salud que cumpla con todos los requerimientos técnicos con el personal
necesario?”. (Negrilla fuera del texto).
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administrados por las I.P.S., razón por la que la Sala no efectuará
ningún pronunciamiento de fondo sobre el particular.
Por las razones expuestas, la Sala concluye que no hay lugar a
declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, puesto que
RED SALUD no demostró haber ejecutado las acciones de
mantenimiento de la infraestructura y dotación hospitalaria que
requiere el centro de salud de Orocué.
Asimismo, no hay lugar a absolver de responsabilidad al
DEPARTAMENTO, pues en virtud de sus competencias debe
contribuir al desarrollo de las medidas que permitan mejorar las
condiciones del centro de salud de Orocué.
Ahora, la Sala advierte que en el numeral cuarto de la parte
resolutiva de la sentencia apelada se indicó que el comité de
verificación debía ser presidido por el representante legal de RED
SALUD, lo cual debe ser modificado, toda vez que, de conformidad
con el artículo 34 de la Ley 472 y la jurisprudencia de la Sección, esta
función compete al Juez que conoció del asunto en primera instancia,
esto es, en el caso concreto, al magistrado ponente del Tribunal,
conforme se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR el ordinal cuarto de la parte resolutiva de
la sentencia proferida el 1o. de junio de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Casanare, el cual quedará así:
“CUARTO: Conformar un comité para la verificación del
cumplimiento de esta sentencia, el cual estará integrado por el
Tribunal Administrativo del Casanare, a través de su magistrado
ponente -quien lo presidirá-; por la Defensoría del Pueblo
Regional Casanare y la Personería de Orocué; por el municipio
de Orocué; por el departamento de Casanare; por Red Salud
Casanare E.S.E.; por el Ministerio de Salud y Protección Social;
y por el delegado del Ministerio Público ante el Tribunal”.
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia impugnada.
TERCERO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del
Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472.
Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal
de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
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Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión de 17 de octubre de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por
los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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