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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 85001-23-33-000-2021-00135-01

Fecha
17 de octubre de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 85001-23-33-000-2021-00135-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia proferida el 1o. de junio de 2023 por el Tribunal Administrativo de Casanare, el cual quedará así: “CUARTO: Conformar un comité para la verificación del cumplimiento de esta sentencia, el cual estará integrado por el Tribunal Administrativo del Casanare, a través de su magistrado ponente -quien lo presidirá-; por la Defensoría del Pueblo Regional Casanare y la Personería de Orocué; por el municipio de Orocué; por el departamento de Casanare; por Red Salud Casanare E.S.E.; por el Ministerio de Salud y Protección Social; y por el delegado del Ministerio Público ante el Tribunal”. SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia impugnada. TERCERO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 85001-23-33-000-2021-00135-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

17 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 85001-23-33-000-2021-00135-01
ACCIÓN POPULAR – FALLO
Actores: DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CASANARE Y
OTRO

TESIS: NO HAY CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO
SUPERADO, PUESTO QUE RED SALUD NO DEMOSTRÓ HABER
EJECUTADO LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN QUE REQUIERE EL CENTRO DE
SALUD DE OROCUÉ. TAMPOCO ES PROCEDENTE ABSOLVERLA DE
RESPONSABILIDAD POR EL HECHO DE QUE LAS E.P.S. TENGAN A SU
CARGO LA FUNCIÓN DE ASEGURAMIENTO DEL RIESGO EN SALUD.
EL DEPARTAMENTO DEBE CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LAS
MEDIDAS QUE MEJOREN LAS CONDICIONES DEL CENTRO DE
SALUD.

DERECHOS COLECTIVOS INVOCADOS COMO VULNERADOS: ACCESO
A UNA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS QUE GARANTICE LA
SALUBRIDAD PÚBLICA Y ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y A
QUE SU PRESTACIÓN SEA EFICIENTE Y OPORTUNA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por RED

SALUD CASANARE E.S.E.1 y por el DEPARTAMENTO DE

CASANARE2 contra la sentencia del 1o. de junio de 2023, proferida

por el Tribunal Administrativo de Casanare3.

1 En adelante RED SALUD.
2 En adelante el DEPARTAMENTO.
3 En adelante el Tribunal.

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Actores: Defensoría del Pueblo Regional Casanare y otro

I.- ANTECEDENTES

I.1- La demanda

La DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CASANARE y la

PERSONERÍA DE OROCUÉ4, en ejercicio de la acción popular

prevista en el artículo 88 de la Constitución Política, desarrollada por

la Ley 472 de 5 de agosto de 19985, presentaron demanda contra el

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL6, el

DEPARTAMENTO, el MUNICIPIO DE OROCUÉ7 y RED SALUD,

tendiente a que se protegieran los derechos colectivos al acceso a

una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública,

y al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente

y oportuna.

I.2. Hechos

Manifestó que, en visita de 12 de abril de 2019, evidenció que el

centro de salud de Orocué: i) carece de personal suficiente para la

4 En adelante los accionantes.
5 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación

con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
6 En adelante el MINISTERIO.
7 En adelante el MUNICIPIO.

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prestación adecuada del servicio de salud a una población de más de

8.400 personas; ii) no cuenta con atención especializada; iii) sus 5

módulos de atención se encuentran en alto grado de deterioro; y iv)

no tiene equipos de rayos X o de imágenes diagnósticas; todo lo cual

impide el acceso a los servicios de salud de forma oportuna y

eficiente.

Informó que, en Oficio de 13 de noviembre de 2019, el

DEPARTAMENTO le reconoció que el centro de salud de Orocué es

una de las sedes de la I.P.S. RED SALUD y que, según el Plan Bienal

de Inversiones Públicas en Salud 2018-2019, el proyecto para la

remodelación de su infraestructura estaba en etapa de formulación

por parte de RED SALUD para ser viabilizado por el MINISTERIO,

previa revisión de la Secretaría de Salud de Casanare.

Mencionó que, en Oficio de 13 de noviembre de 2019, RED SALUD

le indicó que la ausencia de atención especializada y de equipos de

RX o imágenes diagnósticas obedece a que la infraestructura no está

en condiciones sísmico-resistentes óptimas, motivo por el cual la

Secretaría Departamental de Salud conceptuó que el centro de salud

debe ser intervenido totalmente, aunque no tenga presupuesto para

ello.

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Indicó que, en Oficio de 13 de noviembre de 2019, el MUNICIPIO

le manifestó que el centro de salud carece de personal del área de la

salud para la atención en el servicio de urgencia y servicio médico de

consulta externa, entre otros.

Señaló que, en visita de 10 de mayo de 2021, verificó las falencias

mencionadas en torno al estado actual de la infraestructura, y que

por la ausencia de personal se cancelan las citas agendadas, se

acumulan las funciones, se paralizan los procesos, entre otras

dificultades, que afectan la prestación del servicio.

I.3. Pretensiones

La parte actora solicitó, además del amparo de los derechos

colectivos invocados y la declaratoria de responsabilidad de los

demandados, lo siguiente:

“[…] TERCERA: Proteger los derechos vulnerados, ordenando a los
accionados, realicen las adecuaciones necesarias del centro de salud
donde actualmente se está atendiendo a la población del Municipio de
Orocué, mientras se pone en marcha el hospital y funcionamiento un
hospital de mayor cobertura o nivel de atención.

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CUARTA: Se ordene la construcción de un nuevo centro de salud u
hospital de mayor cobertura o nivel de atención, que cumpla con
todos los requerimientos técnicos y de personal necesarios, para que
puedan garantizar la prestación del servicio de salud, en condiciones
de salubridad, eficiencia y oportunidad. […]”8.

I.4. Defensa

I.4.1.- El MINISTERIO solicitó que se denegaran las súplicas de la

demanda porque no ha omitido el ejercicio de ninguna de sus

competencias previstas en las leyes 715 de 2001, 1122 de 2007 y

1438 de 2011 y el Decreto-ley 4107 de 2011, en las que, por demás,

no se encuentra alguna relacionada con las pretensiones de la

demanda.

Manifestó que en el 2016 el DEPARTAMENTO le presentó un

documento con una propuesta de remodelación / adecuación para la

ESE Red salud Casanare, sede Centro de Salud Orocué, por un valor

de $220.000.000, que fue aprobado y, por tanto, el proyecto fue

incluido en los planes bienales de 2018-2019 y 2020-2021.

Mencionó que emitió concepto técnico desfavorable respecto del

proyecto de “Dotación biomédica para la prestación de servicios en

8 Cfr., índice 3 del expediente digital de primera instancia.

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Red Salud Casanare E.S.E., sede IPS Centro de Salud Orocué,

Departamento de Casanare”, pues el DEPARTAMENTO no cumplió

con los requisitos legales correspondientes.

Indicó que, en ejercicio de sus funciones de seguimiento, ha

verificado que RED SALUD ha avanzado en: i) la apertura de dos

plazas para médico SSO; ii) incentivos a los profesionales de la salud;

iii) procedimiento triage; iv) balas de oxígeno; v) coordinador para

la I.P.S.; vi) parto humanizado con enfoque de género y etnocultural;

vii) consulta especializada de ginecoobstetricia; y viii) ambulancia.

Propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por

pasiva y “ausencia de responsabilidad”, puesto que no hay

fundamentos legales para atribuirle una acción lesiva de los derechos

colectivos y porque no es viable que proceda a cumplir con lo

pretendido.

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I.4.2.- El DEPARTAMENTO se opuso a las pretensiones de

rehabilitación de infraestructura y de construcción de un nuevo

hospital porque esto corresponde exclusivamente a RED SALUD,

quien tiene a su cargo la administración de la red de centros de salud

pública de Casanare.

Indicó que RED SALUD fue constituida con personería jurídica,

autonomía administrativa y patrimonio propio para asumir la

responsabilidad de los 16 centros de salud de los diferentes

municipios del departamento, conforme se advierte del Decreto

Departamental 005 de 11 de marzo de 2004.

Explicó que el Decreto 780 de 6 de mayo de 2016, en concordancia

con el artículo 189 de la Ley 100 de 1993, estableció que RED

SALUD debía destinar el 5% de su presupuesto para el

mantenimiento de la infraestructura y de la dotación hospitalaria de

los hospitales públicos a su cargo, lo cual comprende el arreglo

locativo y/o construcción del centro de salud de Orocué.

Manifestó que, conforme a sus competencias, RED SALUD incluyó el

proyecto “remodelación del Centro de Salud de Orocué” en el plan

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bienal de inversiones públicas en salud 2020-2021, pero no se le ha

presentado ni le ha reportado avances en su estructuración.

Adujo que, no obstante lo anterior, no tiene asignado presupuesto

para el mejoramiento del centro de salud, ya que no tiene

competencia para el mantenimiento de la infraestructura

hospitalaria.

Por las razones expuestas, planteó las excepciones de falta de

legitimación en la causa por pasiva, “inexistente vulneración o

amenaza de derechos colectivos” y “las demás que se prueben en el

proceso”.

I.4.3.- RED SALUD aseguró que ha prestado de manera eficiente

los servicios de salud autorizados en el municipio de Orocué con la

mayor diligencia posible dentro de sus limitaciones económicas, por

lo cual no se probó fehacientemente una amenaza de los derechos

colectivos.

Indicó que es una empresa social del Estado, a la cual están adscritas

16 I.P.S. de 19 municipios de Casanare, que proporciona servicios de

salud de primer nivel de complejidad, y que, pese a los escasos

recursos, sigue cumpliendo con el objetivo primordial de prestar un

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servicio de salud adecuado y eficiente en cumplimiento de las

directrices y postulados señalados en la ley.

Adujo que, de conformidad con el Decreto 1876 de 1994, aclarado

por el Decreto 1621 de 1995, las empresas sociales del Estado tienen

como objetivo prestar los servicios de salud que, de acuerdo con su

desarrollo y recursos disponibles, puedan ofrecer.

Propuso las excepciones de “inexistencia de vulneración, daño o

amenaza actual contra los derechos colectivos – inexistencia de

responsabilidad”, “insuficiencia probatoria – carga probatoria en

cabeza del accionante” e “inexistencia de los derechos colectivos

incoados”.

I.4.4.- El MUNICIPIO adujo que no se encuentra certificado por el

MINISTERIO para prestar el servicio de salud.

Puso de manifiesto que, en virtud de la Ley 715 de 2001, el

DEPARTAMENTO es el competente para dirigir, coordinar y

administrar la red de instituciones prestadoras de los servicios de

salud, por lo que ningún municipio puede asumir directamente

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nuevos servicios de salud ni ampliar los existentes, pues debe

articularse a la red departamental.

Manifestó que, sin embargo, en desarrollo de los principios de

complementariedad y concurrencia, tiene la intención de aportar

$210´285.609,11 provenientes de la cuenta maestra del régimen

subsidiado, para invertir en el mejoramiento de la infraestructura y

dotación de la red pública de instituciones prestadoras del servicio de

salud y que solo podrán ser ejecutados dentro del marco del plan

bienal de salud que desarrolle el DEPARTAMENTO.

Informó que, a partir de las deficiencias presentadas, se ha articulado

con el DEPARTAMENTO y RED SALUD para aunar esfuerzos y

garantizar la atención oportuna y de calidad del servicio de salud.

Planteó las excepciones de “improcedencia de la acción popular” y

falta de legitimación en la causa por pasiva.

I.5. Pacto de cumplimiento

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La audiencia de pacto de cumplimiento se surtió el 16 de diciembre

de 20219, declarándose fallida por ausencia de ánimo para pactar.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

El Tribunal, en sentencia del 1o. de junio de 202310, amparó los

derechos colectivos “a la seguridad y salubridad públicas”, al acceso

a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública,

y de acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente

y oportuna, al estimar que las instalaciones donde funciona el centro

de salud de Orocué requieren medidas de adecuación y

rehabilitación, lo que redunda en la adecuada y oportuna prestación

del servicio de salud a la comunidad de dicho municipio.

Evidenció que, aunque la planta física del centro de salud no

representa riesgo de colapso y sigue siendo idónea para el

funcionamiento del centro de salud, si presenta grietas, humedades,

goteras, falta de mantenimiento en techos y vigas afectadas, con

mobiliario obsoleto y equipos que ya cumplieron su vida útil, además,

no cuenta con “camas higiénicas y adecuadas”, “equipos médicos

9 Cfr., índice 31 del expediente digital de primera instancia.
10 Cfr., índice 58 del expediente digital de primera instancia.

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necesarios” y personal médico suficiente, lo cual es relevante si se

tiene en cuenta que el hospital de segundo nivel más próximo se

encuentra a 181 km en el municipio de Yopal.

Reconoció que se han realizado adecuaciones tendientes a mejorar

las condiciones estructurales del establecimiento, pero “la parte

accionada no logró probar en el expediente que los problemas

estructurales cesaron“.

A su juicio, “el solo mantenimiento de parte de las instalaciones

donde actualmente funciona [el] Centro de Salud de Orocué, no

conlleva a asegurar que toda la población tiene acceso efectivo,

constante y oportuno a la atención hospitalaria básica o al suministro

de medicamentos de acuerdo a las patologías de los pacientes”.

Negó la pretensión de construir un nuevo centro de salud porque en

los planes bienales de proyectos 2018-2019 y 2020-2021, se

inscribió “la remodelación y adecuación del centro de salud” de

Orocué, pero no se hizo referencia a la construcción de una nueva

sede, por lo que no puede “determinar o variar el reporte efectuado

en el correspondiente plan bienal en salud, ni reemplazar o

desconocer la información reportada por Red Salud Casanare ESE y

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el departamento de Casanare ante el Ministerio de Salud y Protección

Social”.

Precisó, frente a la imputación de la vulneración, que: i) el

MINISTERIO tiene el deber de impulsar, coordinar y cofinanciar

programas, planes y proyectos de inversión en materia de

infraestructura y equipos de salud a través de los planes bienales de

inversiones públicas; ii) el DEPARTAMENTO es competente para

coordinar, administrar y efectuar las inversiones requeridas para la

debida prestación del servicio de salud; iii) RED SALUD se

encuentra adscrita a su Secretaría de Salud; y iv) el MUNICIPIO

debe realizar las actuaciones necesarias para coordinar e informar la

situación que se presenta en la prestación del servicio, a fin de que

se mejoren las falencias advertidas.

Manifestó que las autoridades señaladas deben articular sus

funciones para garantizar la prestación efectiva del servicio de salud

a los habitantes de Orocué, en relación con la pretensión de

remodelación del centro de salud de ese municipio, motivo por el cual

resolvió:

“[…]TERCERO: En consecuencia, imponer a Red Salud Casanare E.
S. E., al departamento de Casanare, a la Nación – Ministerio de Salud

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y Protección Social y al municipio de Orocué, las siguientes medidas
definitivas:

Medidas definitivas Plazo Responsables
fase de diagnóstico
Elaborar un diagnóstico de las condiciones en las que
se encuentra el Centro de Salud La Candelaria del
municipio de Orocué, en su parte estructural en
muros, vigas y fachada; indicando si se presentan
daños pendientes de reparación, si hay consultorios
y/o unidades que no estén habilitadas, verificar en su
totalidad si estos están dotados o no con los
elementos que se requieren para garantizar la
correcta prestación del servicio de salud, si hay
equipos médicos instalados en el Centro de Salud que
presenten fallas en su funcionamiento, si los mismos Municipio de
son suficientes para atender a la población de Orocué Orocué y Red
y los habitantes que de otros municipios que allí Salud Casanare
concurren, si las unidades sanitarias son suficientes Un (1) mes a partir de E.S.E. tienen la
para la cantidad de usuarios y pacientes que allí la ejecutoria de la carga de
concurren y si se encuentran o no en buen estado de sentencia elaborar el
funcionamiento. Igualmente deben verificar el estado diagnóstico e
en que están las ambulancias y si éstas son o no inventario de
medicalizadas. Verificar e identificar los servicios que manera
se prestan, el personal médico que se encuentra conjunta.
vinculado al Centro de Salud de Orocué y las falencias
que en este aspecto se presentan.
Como resultado de este diagnóstico se elaborará un
inventario general de la planta física en que se
relacione cada oficina, consultorio, sala o unidad que
tiene el Centro de Salud, señalando tanto los sectores
que se encuentran pendientes de mantenimiento
como las falencias de dotación en equipos médicos y
suministros indispensables para la prestación del
servicio
Fase formulación del proyecto
1. Presentar un plan de trabajo para realizar el
mantenimiento a los sectores que no han sido
reparados en el Centro de Salud de Orocué, teniendo
en cuenta el diagnóstico e inventario elaborado. Para
ello debe apropiar el presupuesto que se requiera,
elaborar el estudio previo y la contratación
correspondiente, señalando el plazo de ejecución. 2. Dos (2) meses, una
Ajustar los proyectos denominados “Remodelación de vez se haya efectuado Red Salud
la infraestructura del centro de salud de Orocué, el diagnóstico Casanare E.S.E.
departamento de Casanare”, “Dotación biomédica presentado.
para la prestación de servicios en Red Salud Casanare
E.S.E., sede IPS centro de salud Orocué,
Departamento de Casanare” y de “Mejoramiento del
Servicio de Transporte Asistencial a través del
fortalecimiento y ampliación del parque automotor de
Red Salud Casanare E.S.E.” y acreditar su radicación
ante la Secretaría de Salud de Casanare.
Una vez, la Secretaría de Salud de Casanare reciba los
proyectos ajustados, debe analizarlos, efectuar las Tres (3) meses,
observaciones del caso; en el evento de que los contados a partir del
proyectos presenten falencias debe orientar a la momento en que

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mencionada IPS y, una vez aprobados procederá a reciba el proyecto Departamento
trasladar al Ministerio de Salud y Protección Social, radicado por Red de Casanare, a
aquellos que se encuentren cargados en el Plan Bienal Salud Casanare ESE. través de la
de Salud. Igualmente dará trámite a aquellos Secretaría de
proyectos presentados por Red Salud Casanare E.S.E. Salud.
que no se encuentren incluido en el Plan Bienal de
Salud
Radicados los proyectos, el Ministerio de Salud y
Protección Social, debe informar si los mismos están
incluidos en el Plan Bienal de Salud que esté vigente
y aprobado, brindar la asesoría y asistencia técnica Tres (3) meses, desde Nación –
que requiera Red Salud Casanare E.S.E. y en caso de el momento en que la Ministerio de
que la cartera ministerial advierta inconsistencias en Secretaría de Salud de Salud y
el presupuesto, logística y demás criterios que se Casanare traslade el Protección
requieran para dar viabilidad a los proyectos, dará las proyecto para su Social.
indicaciones pertinentes con el fin de obtener la aprobación.
correspondiente asignación de recursos necesarios
para la adecuación y remodelación del Centro de
Salud de Orocué, su dotación y la adquisición de un
ambulancia medicalizada.
Fase de contratación
Adelantar los trámites de estudios previos, Un (1) mes, contado a
contratación y ejecución, con miras a materializar el partir del vencimiento
mantenimiento del Centro de Salud de Orocué que del plazo establecido Red Salud
actualmente se encuentra en funcionamiento. en el numeral anterior Casanare E.S.E.
para el mantenimiento
del Centro de Salud.
Fase de ejecución
cuatro (4) meses,
contados a partir del
Ejecutar los contratos para el mantenimiento del vencimiento del
Centro de Salud de Orocué, adquisición de la término establecido en Red Salud
ambulancia medicalizada y dotación de equipos la fase previa de Casanare E. S.
médicos. contratación, para el E.
mantenimiento del
Centro de Salud.
Presentación de informes
De forma mensual, a Las entidades
Las entidades obligadas rendirán informes mensuales partir del vencimiento obligadas,
en las que conste el desarrollo de las actividades del primer mes según la etapa
adelantadas para dar cumplimiento a esta sentencia siguiente a la que
ejecutoria de esta corresponda.
sentencia.

CUARTO: Conformar un Comité de Verificación, que será integrado
por el alcalde del municipio de Orocué, el ministro de Salud y
Protección Social o su delegado; el defensor del Pueblo o su delegado,
el gobernador del departamento de Casanare o su delegado y el
representante legal de Red Salud Casanare E.S.E. quien lo presidirá,
cuyo procedimiento se sujetará a las reglas trazadas en la parte
motiva de esta providencia y deberá rendir informes periódicos cada
tres (3) meses; o cuando ocurran novedades que requieran
intervención judicial más temprana.

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QUINTO: Sin costas en esta instancia […]” (Negrilla del texto
original).

III.- FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN

III.1- RED SALUD solicitó que se revoque la sentencia de primera

instancia porque los derechos colectivos amparados no fueron

vulnerados y porque ha cumplido con su obligación de prestar el

servicio, según su nivel de complejidad y en atención a los decretos

1020 de 2007 y 1876 de 1994, aclarado por el 1621 de 1995, lo cual

no fue tenido en cuenta por el Tribunal.

Aseguró que el centro de salud de Orocué está prestando los servicios

que le corresponde “con la mayor diligencia posible dentro de sus

dificultades existentes”.

Afirmó haber realizado mejoras a la infraestructura del centro

hospitalario y las adecuaciones requeridas, con lo cual se “ha venido

garantizando [la] prestación del servicio de salud”. Para el efecto,

enumeró las siguientes intervenciones: i) “Mejoramiento de la

infraestructura física del Centro de Salud de Orocué”; ii) convenio

interadministrativo para “Aunar esfuerzos administrativos y

económicos para la construcción del puesto de atención primaria en

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salud vereda el Algarrobo municipio de Orocué Casanare”; iii)

convenio interadministrativo para “Aunar esfuerzos administrativos

y económicos para la adquisición de equipo de RX para el Centro de

Salud la candelaria Municipio de Orocué - Casanare”; iv) formulación

del proyecto “Mejoramiento del tiempo de respuesta para la atención

inmediata de la población de 16 municipios del departamento de

Casanare a través del fortalecimiento del servicio de transporte

asistencial en el marco de la implementación del SEM”; y v) por

medio de la Resolución 051 de 2017, asignó recursos para el

mantenimiento preventivo de dotación e infraestructura del

establecimiento de Orocué.

Afirmó que el artículo 14 de la Ley 1122 de 2007 estableció que las

E.P.S. son las responsables de cumplir con las funciones indelegables

del aseguramiento.

Adujo en que, con ocasión de las gestiones presupuestales y

administrativas para lograr la continuidad en los servicios de salud

de primer nivel adelantadas, operó “la carencia actual de objeto por

hecho superado, y por daño consumado con la vulneración del

derecho colectivo relacionado”.

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III.2- El DEPARTAMENTO solicitó que se declare su falta de

legitimación en la causa, por cuanto RED SALUD es a la que le

corresponde realizar las adecuaciones, máxime si dicha empresa

tiene personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio

propio y, además, no tiene recursos.

Explicó que RED SALUD debe realizar los arreglos locativos del

centro de salud, pues: i) conforme al Decreto departamental 005 de

11 de marzo de 2004, es la encargada de administrar los centros de

salud que hacen parte de la red pública de Casanare desde el 2004;

ii) de acuerdo con el artículo 194 de la Ley 100 de 1993, es la

responsable de prestar los servicios de salud; y iii) según el Decreto

780 de 2016, el 5% de sus recursos deben ser destinados al

mantenimiento de la infraestructura hospitalaria.

Se opuso a “la cofinanciación”, pues, comoquiera que la obra a

realizarse supera los 10 smlmv, debe contar con aprobación del

MINISTERIO y ser incluida en los respectivos planes bienales,

conforme lo ordena el artículo 8° de la Resolución 2514 de 2012.

Adujo que en el plan bienal de inversiones públicas en salud 2020-

2021, RED SALUD incluyó el proyecto “remodelación del centro de

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salud de Orocué”, el cual ya fue aprobado por el MINISTERIO, pero,

a la fecha, “la ESE Red Salud Casanare no ha presentado, ni radicado

a esta dependencia, el proyecto o avances en su estructuración”.

IV.- TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

IV.1- Mediante auto de 29 de septiembre de 2023, el Despacho

sustanciador, además de admitir los recursos de apelación, tuvo

como pruebas en segunda instancia los documentos presentados por

RED SALUD, con los que pretende demostrar el mejoramiento de las

condiciones del centro de salud de Orocué, por lo que se dio traslado

de la documental decretada a las partes por el término de tres (3)

días.

Transcurrido el término anterior, la parte actora11 se pronunció sobre

las pruebas que fueron decretadas, en el sentido de indicar que los

documentos referidos en los literales a, b, c, d, e, f y k versan sobre

la viabilidad de la construcción de un puesto de atención primaria de

salud en la vereda El Algarrobo en Orocué, mientras que las pruebas

h, i, j y l corresponden a viabilidades de proyectos, por lo que, a su

11 Cfr., índice 15 del expediente digital del Consejo de Estado.

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juicio, no acreditan el mejoramiento del servicio ni alteran la

necesidad de amparo de los derechos colectivos, pues el centro de

salud que hoy existe permanece en alto grado de deterioro, lo cual

afecta la prestación básica adecuada de los servicios médicos.

Manifestó la necesidad de disponer de una atención médica de mayor

complejidad con servicios especializados que mejoren la cobertura,

el acceso y la calidad, a través de la construcción de un hospital con

los equipos, el personal y la dotación correspondiente.

IV.2- Mediante auto de 27 de octubre de 202312, se corrió traslado

a las partes para que alegaran de conclusión, término en el cual:

IV.2.1.- RED SALUD volvió a aportar su escrito de apelación.

IV.2.2.- El MINISTERIO solicitó que se declare el cumplimiento

total de lo ordenado en la sentencia de primera instancia, puesto

que: i) al proyecto de mejoramiento de la infraestructura del centro

de salud de Orocué se le asignó recursos, se ejecutó totalmente y

está en proceso de cierre; ii) para el proyecto de mejoramiento de la

capacidad instalada y adecuaciones físicas, se deben aplicar los

12 Cfr., índice 19 del expediente digital del Consejo de Estado.

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criterios de priorización para la asignación de recursos en el marco

del plan bienal de inversiones en salud del DEPARTAMENTO; y iii)

en el 2022 cofinanció varios proyectos presentados por RED SALUD,

entre los cuales se encontraba la solicitud de una ambulancia

medicalizada terrestre que fue asignada a través de la Resolución

2538 de 2022.

V.- CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

IV.2.3.- El MINISTERIO PÚBLICO solicitó que se confirme la

sentencia de primera instancia al estimar que las entidades

accionadas no han brindado soluciones oportunas para mitigar la

afectación a los habitantes de Orocué, quienes no pueden acceder

oportunamente a la prestación del servicio de salud por la pésima

infraestructura en que se encuentra el centro de salud.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Generalidades de la acción popular

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La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política

y desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto de 199813, tiene como

finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos, cuando

estos resulten amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o

un daño contingente, por la acción o la omisión de las autoridades

públicas o de los particulares. El objetivo de estas acciones es dotar

a la comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo

para la protección de esa clase de derechos.

Problemas jurídicos

De conformidad con la condena emitida por el Tribunal y los

argumentos expuestos en los recursos de apelación, a la Sala le

corresponde determinar lo siguiente:

i) ¿Operó la carencia actual de objeto por hecho superado?

ii) ¿Si los argumentos expuestos por el DEPARTAMENTO,

referentes a su competencia, responsabilidades de RED SALUD y del

13 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación

con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.

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MINISTERIO y la ausencia de recursos, lo eximen del cumplimiento

de lo ordenado por el Tribunal?

De la carencia actual de objeto por hecho superado

El Tribunal declaró vulnerados los derechos colectivos de acceso a

una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública,

y de acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente

y oportuna, al encontrar demostrado que las instalaciones donde

funciona el centro de salud de Orocué requieren medidas de

adecuación y rehabilitación.

En consecuencia, el a quo le ordenó a RED SALUD que realice: i) un

diagnóstico de las condiciones del centro de salud; ii) un inventario

general de la planta física; iii) un plan de trabajo; iv) ajustar y volver

a radicar tres proyectos en trámite; v) apropiaciones presupuestales;

vi) estudios previos; vii) contratación y viii) ejecución de los

contratos.

Sin embargo, en su recurso de apelación RED SALUD solicitó que se

valoren cuatro documentos que, a su juicio, demuestran las acciones

con las que ha mejorado las condiciones del centro de salud de

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Orocué y que evidenciarían la prestación adecuada del servicio de

salud, en virtud de lo cual, la situación vulneradora de los derechos

colectivos sería superada.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala determinará si la afectación

de los derechos colectivos persiste o si fue conjurada por el actuar

de RED SALUD.

Para el efecto, la Sala destaca que RED SALUD alegó la

demostración de las mejoras y adecuaciones de la infraestructura,

así como la dotación de equipos médicos para el centro de salud de

Orocué, bajo los siguientes fundamentos probatorios:

“[…] INFRAESTRUCTURA:

[…] se gestionó $333.453.331 a través del proyecto denominado
“Mejoramiento de la infraestructura física del Centro de Salud de
Orocué”. Financiado por el Ministerio de Salud y Protección Social
mediante Resolución N. 2772 del 27 de diciembre de 2022. Anexo
1[14].

[…] se suscribió convenio interadministrativo N. 435 del 29 de
diciembre de 2022 cuyo objeto es “Aunar esfuerzos administrativos y
económicos para la construcción del puesto de atención primaria en
salud vereda el Algarrobo municipio de Orocué Casanare”. Este
proyecto fue viabilizado por la Secretaría de Salud Departamental el
día 07 de diciembre de 2022. Anexo 2[15].

14 Cfr., índice 63 del expediente digital de primera instancia, anexos, folio 1.
15 Cfr., índice 63 del expediente digital de primera instancia, anexos, folio 54.

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Finalmente, […] se han realizado jornadas de embellecimiento para el
centro de salud de Orocué, financiado con recursos propios.

DOTACIÓN EQUIPOS BIOMÉDICOS:

Se suscribió convenio interadministrativo N. 434 del 28 de diciembre
de 2022 cuyo objeto es “Aunar esfuerzos administrativos y
económicos para la adquisición de equipo de RX para el Centro de
Salud la candelaria Municipio de Orocué - Casanare”. Este proyecto
fue viabilizado por la Secretaría de Salud Departamental el día 20 de
diciembre de 2022. Anexo 3[16].

AMBULANCIAS

[…] formuló proyecto denominado “Mejoramiento del tiempo de
respuesta para la atención inmediata de la población de 16 municipios
del departamento de Casanare a través del fortalecimiento del
servicio de transporte asistencial en el marco de la implementación
del (SEM)”, el cual fue viabilizado y aprobado a través de Decreto N.
118 del 23 de mayo de 2023 de la Gobernación de Casanare y la
Resolución N. 2772 del 27 de diciembre de 2022 del Ministerio de
Salud y Protección Social. Anexo 4[17]. […].

[…] de conformidad con la resolución 051 de 2017, asigna recursos
para el mantenimiento preventivo de dotación e infraestructura a la
IPS de Orocué […]”. (Negrilla del texto original).

Vista la naturaleza y alcance de los documentos invocados por la

recurrente, la Sala observa que los avances efectivamente

demostrados para mejorar las condiciones físicas y funcionales del

centro de salud de Orocué no tienen la entidad suficiente para

entender configurada la carencia actual de objeto por hecho

superado, con lo cual se concluye que la situación transgresora de

los derechos colectivos persiste.

16 Cfr., índice 63 del expediente digital de primera instancia, anexos, folio 43.
17 Cfr., índice 63 del expediente digital de primera instancia, anexos, folio 70.

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Lo anterior, por cuanto el proyecto de construcción de un nuevo

puesto de atención primaria en salud en la vereda El Algarrobo del

municipio de Orocué no fue comprendido en la sentencia apelada

como una medida de amparo de los derechos colectivos, sino que,

por el contrario, el Tribunal negó dicha pretensión debido a que el

proyecto no se encontraba incluido en los respectivos planes

bienales, motivo por el cual “[…] no podía reemplazar o desconocer

la información reportada por […]” las autoridades competentes. De

tal modo, dicha prueba resulta impertinente, pues pretende acreditar

el cumplimiento de una obligación que no le fue impuesta.

En lo que respecta a las “jornadas de embellecimiento del centro de

salud”, la Sala destaca que no está demostrada su inversión y menos

su ejecución.

Finalmente, aunque se demostraron gestiones administrativas en

materia de infraestructura, dotación y transporte, lo cierto es que

dichas iniciativas se encuentran en etapa de estructuración

financiera. En efecto, RED SALUD no demostró que se hayan

ejecutado labores puntuales de mejoramiento estructural, que se

hayan adquirido equipos de rayos X, ni que se encuentren en

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funcionamiento, o que el centro de salud de Orocué cuente con un

servicio de transporte asistencial terrestre en óptimas condiciones.

La totalidad de medios de prueba que la recurrente aportó en la

segunda instancia refieren a proyectos de mejoramiento de

infraestructura física, conceptos de viabilidades técnicas y

económicas, planes de inversión, aprobación de proyectos,

priorización y asignación de recursos económicos, convenios de

articulación y a otros instrumentos de gestión, pero ninguno acredita

un resultado concreto orientado a la mejora de las condiciones de

infraestructura y dotación hospitalaria de Orocué.

Al respecto, valga precisar que el MINISTERIO, mediante la

Resolución 2538 de 19 de diciembre de 2022, asignó recursos para

sistemas de transporte asistencial básico y medicalizado (TAB-TAM),

no para Orocué, sino para Yopal18.

Mediante la Resolución 2772 de 27 de diciembre de 2022 se le

asignaron recursos a RED SALUD para el proyecto de mejoramiento

de infraestructura física19. Sin embargo, al tenor de los artículos 2°,

18 Cfr., índice 63 del expediente digital de primera instancia, anexos, folio 85.
19 Cfr., índice 63 del expediente digital de primera instancia, anexos, folio 1.

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4° y 5° del referido acto administrativo, la E.S.E. no demostró: i)

haber cumplido con los requisitos para el giro de los recursos; ii)

haber destinado los $333´453.331 para la financiación del proyecto

aprobado; iii) haber remitido al MINISTERIO los soportes de

garantía y ejecución idónea de los recursos; ni iv) haber elaborado

un informe de ejecución de los recursos, con los archivos

documentales de los rubros pagados para cada actividad del

proyecto.

Además de lo anterior, el MINISTERIO tampoco demostró haber

realizado el debido seguimiento a la ejecución de los recursos, como

lo exige el artículo 7° de la Resolución 2772.

Asimismo, la Sala pone de manifiesto que el 28 de diciembre de

2022, el MUNICIPIO suscribió con RED SALUD el convenio

interadministrativo núm. 434, con el fin de “Aunar esfuerzos

administrativos y económicos para la adquisición de equipo de RX

para el Centro de Salud la candelaria Municipio de Orocué”, pese a lo

cual, no se aportó prueba alguna sobre el estado de cumplimiento

del convenio y mucho menos que en la actualidad el centro de salud

cuente con la dotación referida, ni que ésta se encuentre en óptimas

condiciones de funcionamiento. Tampoco fueron allegadas las actas

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de supervisión, de entrega ni de liquidación, pese a que se pactó

como plazo de ejecución el término de tres meses.

Por su parte, el DEPARTAMENTO, en virtud del Decreto 118 de 23

de mayo de 2023, priorizó el proyecto para el “mejoramiento del

tiempo de respuesta para la atención inmediata de la población de

16 municipios del departamento de Casanare a través del

fortalecimiento del servicio de transporte asistencial”. Sin embargo,

no se conoce el nivel de ejecución, ni su incidencia específica en el

centro de salud de Orocué, pues, como se observa, los recursos

habrían de ser invertidos en 16 municipios de Casanare sin contar

con mecanismos de priorización a la hora de invertirlos.

Sobre el particular, esta Sección, en sentencia de 1o. de febrero de

202420, no encontró que la E.S.E. accionada cumpliera con su

obligación procesal21 de aportar las pruebas sobre el presunto hecho

superado que alegó, pues no demostró el suministro efectivo de

personal y de la totalidad de servicios de salud requeridos, lo cual

acarreó la vulneración de los derechos colectivos a la salubridad

pública y de acceso a la infraestructura de servicios que la garantice.

20 Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 1.° de febrero de 2024. Rad. núm.

05001-23-33-000-2022-00819-01. C.P.: Hernando Sánchez Sánchez.
21 Artículo 167 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012, según el cual incumbe a las partes

probar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen.

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De otro lado, en providencia de 6 de agosto de 202022, la Sala advirtió

que el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud 23,

comprende el acceso a los establecimientos y bienes de salud, es

decir, a hospitales, clínicas e infraestructuras destinadas a la

prestación de tales servicios. En consecuencia, la garantía del

servicio y de los derechos asociados a este, está directamente

relacionada con el acceso a una infraestructura de salud adecuada24.

Al realizar una lectura de la Constitución y la Ley Estatutaria de

Salud, se precisó que:

“[…] el Sistema de Salud se explica y se justifica por y para los
usuarios de salud. Por esa razón, los usuarios se hacen
merecedores de todos los servicios, bienes, tecnologías,
establecimientos, personal e infraestructura que permitan
materializar debidamente su derecho constitucional a la
salud”. (Negrilla del texto original).

Por lo anterior, se concluye que la situación transgresora de los

derechos colectivos amparados por el Tribunal no ha sido superada,

puesto que RED SALUD no demostró haber gestionado y ejecutado

la totalidad de acciones necesarias para el mejoramiento de la

infraestructura, la dotación y el transporte del centro de salud de

Orocué y, por tanto, el establecimiento no cuenta con las condiciones

22 Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 6 de agosto de 2020. Rad. núm.

17001-23-33-000-2018-00350-01 (AP). C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés.
23 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 12.
24 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-313 de 29 de mayo de 2014. M.P: Gabriel Eduardo

Mendoza Martelo.

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físicas y funcionales adecuadas para garantizar la prestación eficiente

del servicio de salud conforme a su nivel de complejidad.

De la responsabilidad del DEPARTAMENTO

El Tribunal, como consecuencia de la transgresión de los derechos

colectivos, ordenó, entre otras cosas, que el DEPARTAMENTO, a

través de su Secretaría de Salud: i) reciba y analice los proyectos de

mejora de la infraestructura hospitalaria ajustados por RED SALUD;

ii) realice las observaciones del caso a fin de orientar la idoneidad de

los proyectos; y iii) una vez que los apruebe, realice su traslado al

MINISTERIO para la respectiva asignación de recursos.

Sin embargo, en el recurso de apelación, el DEPARTAMENTO afirmó

que no le corresponde dar cumplimiento a dichas obligaciones,

debido a que: i) el competente para realizar el mantenimiento y

arreglos locativos al centro de salud de Orocué es RED SALUD; ii)

RED SALUD no ha avanzado en la estructuración del proyecto de

remodelación del centro de salud; iii) “la obra a realizarse […] debe

contar con aprobación del Ministerio […] y […] ser incluida en los

respectivos planes bienales”; y iv) no cuenta con recursos.

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Al respecto, la Sala advierte que varios de los planteamientos de

apelación formulados por el DEPARTAMENTO no son pertinentes ni

tienen la idoneidad para revocar la sentencia en cuanto a las

obligaciones que le fueron impuestas, por cuanto: i) no se le ordenó

realizar algún tipo de adecuación del centro de salud, y ii) el ente

territorial no explicó por qué la estructuración del proyecto de

remodelación del centro de salud de Orocué por parte de RED

SALUD es insuficiente, ni de qué forma eso le impide cumplir las

órdenes judiciales dictadas en la primera instancia.

Con todo, la Sala destaca que dentro de las funciones del

DEPARTAMENTEO está: i) dirigir el sector de la salud en su ámbito

territorial y desarrollar los planes, programas, estrategias y

proyectos correspondientes; ii) prestar asistencia técnica y asesoría

a RED SALUD; iii) vigilar y controlar el cumplimiento de las

actividades que se desarrollen para garantizar el logro de las metas

departamentales en salud; iv) gestionar la prestación adecuada del

servicio de salud a través de RED SALUD; v) financiar con recursos

propios y/o de la Nación la prestación del servicio de salud; vi)

administrar la red departamental de I.P.S., y concurrir en la

financiación de las inversiones para el funcionamiento de estas; vii)

vigilar el cumplimiento de las normas técnicas para el mantenimiento

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integral de las I.P.S.; viii) garantizar la contratación y prestación del

servicio de salud en zonas alejadas o de difícil acceso; ix) supervisar

las acciones de salud pública que se proyecten en su jurisdicción25;

entre otras que le permiten vigilar, orientar e impulsar la ejecución

del proyecto mencionado a cargo de RED SALUD.

Asimismo, la Sala advierte que el hecho de que los proyectos de

inversión a ejecutar en el centro de salud de Orocué deban “[…]

contar con aprobación del Ministerio […] y […] ser incluid[os] en los

respectivos planes bienales […]”, no evidencia un error de la

sentencia apelada ni constituye una razón de peso para revocarla,

pues, por el contrario, para concretar los aspectos señalados por el

DEPARTAMENTO, su participación resulta indispensable, dado que

según el artículo 43 de la Ley 71526, reglamentado por la Resolución

2514 de 201227, el ente territorial está en la obligación de revisar los

proyectos de inversión a efectos de registrarlos, objetarlos y

25 Ley 715 de 2001, artículo 43, numerales 1.1., 1.2., 1.3., 1.5., 1.9., 2.1., 2.2., 2.4., 2.5.,

2.8., 2.9., 3.9.
26 “Artículo 43. Competencias de los departamentos en salud. Sin perjuicio de las

competencias establecidas en otras disposiciones legales, corresponde a los departamentos,
dirigir, coordinar y vigilar el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud
en el territorio de su jurisdicción, atendiendo las disposiciones nacionales sobre la materia.
Para tal efecto, se le asignan las siguientes funciones: […].
43.1.9. Promover planes, programas, estrategias y proyectos en salud para su inclusión
en los planes y programas nacionales. […].
43.2.7. Preparar el plan bienal de inversiones públicas en salud, en el cual se incluirán
las destinadas a infraestructura, dotación y equipos, de acuerdo con la Política de Prestación
de Servicios de Salud. […]”. (Negrilla fuera del texto).
27 Artículo 4.°, literales a), d), e), f) y h).

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devolverlos, aceptar o rechazar las correcciones, consolidarlos y,

finalmente, remitirlos al MINISTERIO para su aprobación; todo a

través del aplicativo de planes bienales de inversiones en salud

dispuesto por esa cartera28.

En consecuencia, antes de que el MINISTERIO apruebe los

proyectos presentados para su financiación o cofinanciación con

recursos del Presupuesto General de la Nación y, en consecuencia,

pasen a constituir los planes bienales de inversión en salud29, es

necesario agotar el trámite de viabilidad previa de los proyectos que

se surte ante el DEPARTAMENTO.

Ahora bien, es necesario precisar que no todo proyecto de inversión

en salud que se quiera ejecutar en Casanare debe contar con la

intervención, aprobación y financiación del MINISTERIO (Nación y

Sistema General de Participaciones), pues la normativa aplicable

también previó la cofinanciación de proyectos directamente con

recursos propios del DEPARTAMENTO.

28 Artículo 6.°.
29 Artículo 4.°, literal j),

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En efecto, de acuerdo con la Ley 715, el DEPARTAMENTO debe: i)

recaudar, supervisar, controlar y aplicar sus recursos financieros;

esto es, del Fondo Departamental de Salud, para proyectos de salud

en su territorio; ii) financiar con recursos propios la prestación de los

servicios de salud; iii) concurrir en la financiación de las inversiones

necesarias para el funcionamiento de la red departamental de I.P.S.

a su cargo; y iv) cofinanciar la prestación del servicio de salud y

tecnologías en zonas alejadas o de difícil acceso 30.

En razón de lo anterior, el artículo 8.2. de la Resolución 2514

estableció la posibilidad de que en Casanare se ejecuten proyectos

de inversión en salud cuya financiación sea únicamente con recursos

del DEPARTAMENTO. La misma disposición aclaró que este tipo de

proyectos financiados con recursos del orden territorial no deben

contar con aprobación o concepto técnico de viabilidad por parte del

MINISTERIO en todos los casos; pero, el proyecto que se pretenda

financiar con recursos de la entidad territorial en beneficio de la I.P.S.

pública de la misma jurisdicción, deberá ser registrado por esta en el

aplicativo dispuesto por dicha cartera31.

30 Artículo 43, numerales 1.4., 2.2., 2.5. y 2.9.
31 Resolución 2514 de 2012, artículo 4.°, literal a), in fine.

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En consecuencia, los trámites invocados por el DEPARTAMENTO no

constituyen un argumento contra la validez de la sentencia

impugnada.

Finalmente, en cuanto a la presunta falta de recursos para dar

cumplimiento a las órdenes de la sentencia, la Sección ha sostenido

reiteradamente que la falta de disponibilidad presupuestal o la

ausencia de recursos económicos, no es un argumento válido para

desvirtuar la afectación de los derechos colectivos o para impedir la

adopción de las medidas de amparo correspondientes32.

En consecuencia, conforme al principio de articulación de la función

administrativa, el DEPARTAMENTO debe contribuir técnica y

financieramente en caso de que RED SALUD lo requiera, para la

debida ejecución de los proyectos de infraestructura y dotación del

centro de salud del municipio de Orocué.

Por todo lo anterior, la Sala concluye que el DEPARTAMENTO no

desvirtuó los fundamentos de la sentencia impugnada, motivo por el

cual se confirmarán las medidas de amparo que le fueron impuestas.

32 Ver entre otras, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 17 de noviembre de

2023, radicación número: 05001-23-33-000-2021-00462-02, C.P. Germán Eduardo Osorio
Cifuentes.

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Ahora, la Sala advierte que RED SALUD alegó que el a quo no tuvo

en cuenta que, conforme a la Ley 1122 de 9 de enero33 y el Decreto

1020 de 30 de marzo de 200734, las E.P.S. deben cumplir con las

funciones indelegables de aseguramiento y administración del riesgo,

por lo que ello no le corresponde.

Frente a este cargo, la Sala precisa que el objeto del proceso versa

puntualmente sobre las deficiencias de infraestructura y dotación

hospitalaria del centro de salud de Orocué35, por lo que es

improcedente abrir en segunda instancia el debate relacionado con

las obligaciones de aseguramiento de las E.P.S., ya que no fue un

tema objeto de discusión a lo largo del proceso.

En efecto, el cargo planteado refiere a las cargas financieras que

deben asumir las E.P.S. para garantizar el contenido específico de las

prestaciones de salud en beneficio de los usuarios del sistema, lo que

difiere de las condiciones físicas de los establecimientos de salud

33 “Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social

en Salud y se dictan otras disposiciones”.
34 “Por el cual se reglamenta la ejecución y giro de unos recursos del régimen subsidiado y

aspectos de la prestación de servicios de salud a la población cubierta con subsidios a la
demanda”.
35 En la sentencia de primera instancia se planteó el siguiente problema jurídico: “¿Las

entidades demandadas están vulnerando los derechos e intereses colectivos invocados en
la demanda por no realizar el mantenimiento de la infraestructura correspondiente
al Centro de Salud donde se presta el servicio de salud de Orocué y la falta de un nuevo
Centro de Salud que cumpla con todos los requerimientos técnicos con el personal
necesario?”. (Negrilla fuera del texto).

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administrados por las I.P.S., razón por la que la Sala no efectuará

ningún pronunciamiento de fondo sobre el particular.

Por las razones expuestas, la Sala concluye que no hay lugar a

declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, puesto que

RED SALUD no demostró haber ejecutado las acciones de

mantenimiento de la infraestructura y dotación hospitalaria que

requiere el centro de salud de Orocué.

Asimismo, no hay lugar a absolver de responsabilidad al

DEPARTAMENTO, pues en virtud de sus competencias debe

contribuir al desarrollo de las medidas que permitan mejorar las

condiciones del centro de salud de Orocué.

Ahora, la Sala advierte que en el numeral cuarto de la parte

resolutiva de la sentencia apelada se indicó que el comité de

verificación debía ser presidido por el representante legal de RED

SALUD, lo cual debe ser modificado, toda vez que, de conformidad

con el artículo 34 de la Ley 472 y la jurisprudencia de la Sección, esta

función compete al Juez que conoció del asunto en primera instancia,

esto es, en el caso concreto, al magistrado ponente del Tribunal,

conforme se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR el ordinal cuarto de la parte resolutiva de

la sentencia proferida el 1o. de junio de 2023 por el Tribunal

Administrativo de Casanare, el cual quedará así:

“CUARTO: Conformar un comité para la verificación del
cumplimiento de esta sentencia, el cual estará integrado por el
Tribunal Administrativo del Casanare, a través de su magistrado
ponente -quien lo presidirá-; por la Defensoría del Pueblo
Regional Casanare y la Personería de Orocué; por el municipio
de Orocué; por el departamento de Casanare; por Red Salud
Casanare E.S.E.; por el Ministerio de Salud y Protección Social;
y por el delegado del Ministerio Público ante el Tribunal”.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia impugnada.

TERCERO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del

Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal

de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

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Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión de 17 de octubre de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por
los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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