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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 85001-23-33-000-2021-00207-01

Fecha
2 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 85001-23-33-000-2021-00207-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA CON RESPONSABILIDAD FISCAL A UN IMPUTADO DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No 2016- 00358. […]” Problema jurídico 81. Corresponde a la Sala, con fundamento en los recursos de apelación interpuestos por las partes demandante y demandada, y el Ministerio Público, determinar: 15 Cfr. Índice SAMAI actuación núm. 2 “[…] Expediente Digital – TESTIGO DOCUMENTAL CE PROCESO EN SU INTEGRIDAD(.pdf) […]”. 16 Cfr. Índice SAMAI actuación núm. 2 “[…] Expediente Digital – TESTIGO DOCUMENTAL CE PROCESO EN SU INTEGRIDAD(.pdf) […]”. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 31 Núm. único de radicación: 850012333000 2021 00207 00 Demandante: Javier Montoya Salcedo 82. Si el Fallo con responsabilidad fiscal núm. 1413 de 12 de noviembre de 2020 fue expedido con infracción de los artículos 3, 4, 7, 9 y 16 de la Ley 610. 83. Si los actos administrativos acusados infringieron el artículo 29 de la Constitución, vulnerando el derecho al debido proceso y a la defensa de la parte demandante. 84. Si es procedente o no declarar la nulidad del Fallo con responsabilidad fiscal núm. 1413 de 12 de noviembre de 2020. 85. Si el Tribunal Administrativo de Casanare decidió la controversia por fuera de los parámetros señalados en el planteamiento del problema jurídico, y en consecuencia, si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia proferida, en primera instancia. 86. Los problemas jurídicos planteados se desarrollarán infra, de la siguiente manera: Marco normativo de las atribuciones ejecutadas por la Nación – Contraloría General de la República en los procesos de responsabilidad fiscal 87. Visto el numeral 5.° del artículo 26817 de la Constitución Política, el Contralor General de la República tiene como atribución “[…] [e]stablecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la misma […]”. La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 85001-23-33-000-2021-00207-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

2 de noviembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Número único de radicación: 850012333000 2021 00207 01
Demandante: Javier Montoya Salcedo
Demandado: Contraloría General de la República

Asunto: Proceso de responsabilidad fiscal: Régimen probatorio. Daño patrimonial

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes demandante,
demandada y el Ministerio Público contra la sentencia proferida en primera
instancia, el 9 de marzo de 2023 por el Tribunal Administrativo de Casanare.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda1

1. El señor Javier Montoya Salcedo2, en adelante la parte demandante, presentó
demanda contra la Contraloría General de la República, en adelante la parte
demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20113.

Pretensiones

1 Cfr. Índice SAMAI actuación núm. 2 “[…] Expediente Digital – TESTIGO DOCUMENTAL CE PROCESO EN

SU INTEGRIDAD(.pdf) […]”.
2 Por intermedio de apoderado
3 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”

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Núm. único de radicación: 850012333000 2021 00207 00
Demandante: Javier Montoya Salcedo

2. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1.- Declarar la NULIDAD del Auto No. 1413 del 12 de noviembre del año 2020,
el Auto No. 1696 del 18 de diciembre del año 2020 y Auto No. ORD-891119-018-2021
del 21 de enero del año 2021 proferidos dentro del proceso de responsabilidad fiscal
No. 2016-00358, a través del cual se declaró la responsabilidad fiscal de JAVIER
MONTOYA SALCEDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.811.710 de
Maní, y se le impuso como sanción el pago de una multa por valor de CINCO MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO
MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS CON DIEZ Y SIETE CENTAVOS
($5.333.365.615,17). por violación al debido proceso, derecho de contradicción y
defensa, inobservancia de las normas constitucionales y legales, desconocimiento de
los preceptos normativos que regulan el proceso de responsabilidad fiscal, infracción
normativa, etc. […]” (Negrillas del texto original)

3. A título de restablecimiento del derecho solicitó que: “[…] se exonere de
responsabilidad al señor JAVIER MONTOYA SALCEDO […]”, y a “[…] Condenar
al pago de 100 smlmv como daños inmateriales, en la modalidad de daño moral y
daño al buen nombre por el perjuicio causado con el proceso […]”.

Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar
sus pretensiones, los cuales se expondrán en el mismo orden expuestos en el
escrito de demanda4:

5. Indicó que el proceso de responsabilidad fiscal núm. 2016-00358, tuvo origen con
ocasión al Contrato Interadministrativo núm. 018 de 30 de diciembre de 2008,
suscrito entre el Municipio de Maní (Casanare) y la Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Maní E.A.A.A.M. S.A. E.S.P., cuyo objeto era “[…]
Construcción e Interventoría de los sistemas de acueductos en las veredas Las
Brisas, Guafal Pintado, Guinea, Belgrado, Guayanas, Santa María del Palmarito y
Marabe del municipio de Maní, Departamento de Casanare […]”, por un valor de
“[…] SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS
CUARENTA MIL UN PESO CON SIETE CENTAVOS ($6.252.240.001,07) M/Cte
[…]”.

4 Cfr. Índice SAMAI actuación núm. 2 “[…] Expediente Digital – TESTIGO DOCUMENTAL CE PROCESO EN

SU INTEGRIDAD(.pdf) […]”.

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Núm. único de radicación: 850012333000 2021 00207 00
Demandante: Javier Montoya Salcedo

6. Mencionó que de “[…] los resultados de dicha actuación especial se advierte que
los sistemas de acueductos veredales a que hace referencia el Contrato
Interadministrativo No. 018 del del 30 de diciembre del año 2008 "(...) se encuentran
sin funcionamiento debido a la falta de permisos ambientales, y adicionalmente
observan que los mismos se encuentran (...) en proceso de deterioro." […]”

7. Indicó que “[…] La actuación especial de fiscalización a los recursos de regalías,
puntualmente los ejecutados a través del Contrato Interadministrativo No. 018 del
30 de diciembre del año 2008, […] su adicional en valor No. 03 del 25 de noviembre
de 20097 (sic), se pudo establecer que, la: "Construcción de los sistemas de
acueducto rurales, de los cuales nunca entraron en funcionamiento debido a la falta
de permisos ambientales." Por lo que se estableció un hallazgo, con una cuantía
inicial de $ 5.803.958.300.31 que corresponde al valor total pagado por los
acueductos veredales. […]” (Negrillas y resaltado del texto original)

8. Refirió que a través del Auto núm. 1413 de 12 de noviembre de 2020 se profirió
falló con responsabilidad fiscal, en donde se dispuso:

“[…] “PRIMERO: FALLAR CON RESPONSABILIDAD FISCAL, en cuantía de CINCO
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y
CINCO MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS CON DIEZ Y SIETE CENTAVOS
($5.333.365.615,17), a título de culpa grave, en forma solidaria y atendiendo las
razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia, de conformidad con
el artículo 53 de la Ley 610 de 2000 en contra de:

• JAVIER MONTOYA SALCEDO, identificado con la cédula de ciudadanía No.
74.811.710 en su calidad de alcalde del municipio de Maní — Casanare en el periodo
2008 a 2011.” […]”

9. Indicó que, mediante auto núm. 1696 de 18 de diciembre de 2020 se resolvió el
recurso de reposición interpuesto contra el fallo de responsabilidad fiscal y a través
del auto núm. ORD-891119-018-2021 de 21 de enero de 2021, se resolvió el recurso
de apelación, en el cual se revocó parcialmente la decisión de primera instancia en
los siguientes términos:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR parcialmente el Fallo No. 1413 del 12 de
noviembre de 2020, proferido por la Contraloría Delegada Intersectorial No. 9 de la
de la Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías de la Contraloría General de la
República, mediante el cual FALLA CON RESPONSABILIDAD FISCAL A UN
IMPUTADO DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD
FISCAL No 2016-00358 y en su lugar FALLAR SIN RESPONSABILIDAD FISCAL a
favor de JAVIER MONTOYA SALCEDO, identificado con la cédula de ciudadanía No.
74.811.710 en su calidad de alcalde del municipio de Maní - Casanare en el periodo

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Núm. único de radicación: 850012333000 2021 00207 00
Demandante: Javier Montoya Salcedo

2008 a 2011, en lo que respecta exclusivamente al hecho relacionado con el valor de
las obras pagadas sobre las cuales no existe soporte de las mismas y/o de las
cantidades ejecutadas por valor de $59.162.990,42, de conformidad con lo expuesto
en este proveído.

ARTÍCULO SEGUNDO: CONFIRMAR, salvo lo revocado parcialmente en el artículo
PRIMERO de esta providencia, el Fallo No. 1413 del 12 de noviembre de 2020,
proferido por la Contraloría Delegada Intersectorial No. 9 de la de la Unidad de
Responsabilidad Fiscal de Regalías de la Contraloría General de la República,
mediante el cual SE FALLA CON RESPONSABILIDAD FISCAL A UN IMPUTADO
DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No 2016-
00358. […]”

10. Resaltó que “[…] La Alcaldía del municipio de Maní suscribió el contrato de obra
No. 0318 del 27 de noviembre del año 2020, con el señor CARLOS DARÍO
RODRÍGUEZ […] cuyo objeto consistió en: “PRIMERA ETAPA DE
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTOS DE
LAS VEREDAS GUAYANAS, SANTA MARIA, GUINEA, MARARABE, BELGRADO,
GUAFAL Y BRISAS DEL MUNICIPIO DE MANI – CASANARE”, con un plazo de
ejecución de un (1) mes y un calor de $245.742.017. […]”

11. Al respecto, señaló que el 26 de enero de 2021, se suscribió acta de terminación
del contrato por vencimiento del plazo contractual, el cual se encuentra liquidado
desde el 16 de abril de 2021.

12. Expuso que, “[…] De acuerdo con el informe de cumplimiento presentado por el
contratista, CARLOS DARÍO RODRÍGUEZ, se concluye que las plantas de
tratamiento de agua potable de las veredas Guayanas, Santa María, Guinea,
Mararabe, Belgrado, Guafal y Brisas del municipio de Maní, a la fecha se encuentran
en funcionamiento y operación con la rehabilitación efectuada por la actual
administración municipal, lo que desmiente las conclusiones a las que arribó la
Contraloría General de la República en el proceso 2016-00358. […]”

13. Finalmente indicó que:

“[…] A la fecha, la Alcaldía del municipio de Maní se encuentra adelantando proceso
administrativo con el fin de obtener el permiso sanitario ante la Secretaría de Salud
de la Gobernación de Casanare y la Concesión de Aguas ante la Corporación
Autónoma Regional de la Orinoquia – Corporinoquia.

Así las cosas, la declaratoria de responsabilidad fiscal realizada por medio del auto
No. 1413 del 12 de noviembre del año 2020, confirmada en primera instancia por
medio del auto No. 1696 del 18 de diciembre del año 2020 y en segunda instancia por
el Auto No. ORD-891119-018-2021 del 21 de enero del año 2021, con la

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Núm. único de radicación: 850012333000 2021 00207 00
Demandante: Javier Montoya Salcedo

correspondiente multa (sic) por valor de CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS QUINCE
PESOS CON DIEZ Y SIETE CENTAVOS ($5.333.365.615,17).

El sustento que tuvo en cuenta la Contraloría General de la República para sancionar
(sic) a mi poderdante, se centró en que los acueductos veredales de Guayanas, Santa
Maria, Guinea, Mararabe, Belgrado, Guafal y Brisas del municipio de Mani, no
funcionaron por no tener concesiones ni permisos de vertimientos, desconociendo la
responsabilidad de los mandatarios en los periodos 2012 a 2015 y del 2016 al 2019,
quienes no cumplieron con la obligación de tramitar y obtener los permiso sanitarios
y ambientales.

De acuerdo con el informe final de cumplimiento del contrato de obra No. 0318 del 27
de noviembre del año 2020, los acueductos veredales si están en funcionamiento y
están operando en la actualidad. […]”

Normas violadas

14. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:

• Artículo 267 de la Constitución Política.
• Artículos 3, 4, 7, 9 y 16 de la Ley 610 de 20005.
• Artículo 87 de la Ley 1437 de 2011.

Concepto de violación

15. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de
violación así:

Primer Cargo: Caducidad de la acción fiscal

16. Indicó que, la investigación fiscal de la parte demandante giró “[…] entorno a su
actuación como ordenador del gasto en el mandato que dirigió las riendas del
municipio de Maní entre el año 2008 y el año 2011, en donde suscribió con la
EAAAM SA ESP los convenios interadministrativos 018 del año 2009 cuyo objeto
consistió en “Construcción e interventoría de los sistemas de acueductos en las
veredas las Brisas, Guafal Pintado, Guinea, Belgrado, Guayanas, Santa María de
Palmarito y Mararabe” y 025 del año 2011 entre Maní y la EAAAM SA ESP, cuyo
objeto era “rehabilitación y optimización del sistema de acueducto para los centros
poblados de las veredas Guafal y Gaviotas del municipio de Maní”. […]”, y refirió

5 “[…] por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las

contr4alorias […]”

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que “[…] De acuerdo con los hallazgos de la Gerencia Departamental de Casanare
de la Contraloría General de la República, el hecho de no haber tramitado los
permisos ambientales y sanitarios para poner en funcionamiento dichos acueductos
generó un detrimento patrimonial endilgado al investigado […]”

17. Resaltó que “[…] se debe tener en cuenta que al momento de adquirir firmeza y
ejecutoria la decisión de apertura de investigación fiscal, se había configurado el
fenómeno extintivo de la caducidad de la acción fiscal […]”; y al respecto precisó
que el “[…] 4 de abril del año 2011 se suscribió acta de liquidación final del convenio
No. 018 del 30 de diciembre del año 2008, lo que conlleva que el término máximo
para iniciar el proceso de responsabilidad fiscal con la decisión de apertura y su
notificación fenecía para cada uno de los convenios los días 4 de abril del año 2016
[…]”; sostuvo que “[…] en el expediente aparece como fecha de emisión del auto
número 100 de apertura de responsabilidad fiscal 2016-00358 el día 1° de abril del
año 2016, que convenientemente se ubica dentro del interregno comprendido entre
el 4 de abril del año 2011 y el 4 de abril del año 2016 […]”

Segundo Cargo: Inexistencia de gestión fiscal deficiente

18. Señaló que “[…] no puede señalarse la existencia de una gestión fiscal
ineficiente por parte del investigado, toda vez que los acueductos veredales que hoy
en día no se encuentran en funcionamiento, para la época del mandato de mi
poderdante estaban listos para la operación y solo bastaba la obtención de los
permisos ambientales y sanitarios […]”

19. Aseveró que “[…] Para el momento de finalizar mi gestión como Alcalde del
municipio de Maní el día 31 de diciembre del año 2011, los acueductos veredales
de las Brisas, Guafal Pintado, Guinea, Belgrado, Guayanas, Santa María de
Palmarito y Mararabe, Guafal y Gaviotas del municipio de Maní se encontraban en
perfecto funcionamiento, prueba de ello son las actas de recibo de la totalidad de
los contratos de obra y de interventoría suscritos por la Gerente, el supervisor y el
interventor contratado por la EAAAM SA ESP quienes dan cuenta que las
construcciones contratadas cumplieron con su objetivo de prestar el servicio público
de acueducto a los habitantes de las zona rural del municipio […]”

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20. Refirió que, “[…] no está comprobado el elemento de la culpa como sustento
de la responsabilidad fiscal del investigado, pues la carga de la prueba la tiene la
Contraloría General de la República en demostrar que para el momento de la
liquidación de los convenios suscritos con la EAAAM SA ESP y para la suscripción
de las actas de terminación y recibo final de las obras los referidos acueductos
veredales no servían o funcionaban, es decir, que por éstos no se podía obtener y
transportar el preciado líquido. […]”.

Tercer Cargo: Ausencia de vinculación de terceros responsables
solidariamente

21. Señaló que, no fueron vinculados al proceso las personas que tenían a su cargo
la tarea de adelantar los trámites de concesión de aguas y permisos sanitarios.

22. Mencionó que la señora Piedad Adriana Camacho Camacho, se desempeñó
como alcalde para el periodo entre el 2012 a 2015, y refirió que “[…] desde la
comisión de empalme se le informó a esa servidora y a sus delegados la importancia
y necesidad de tramitar y obtener los permisos ambientales y sanitarios para poner
en funcionamiento los acueductos veredales ya enunciados […]”.

23. Mencionó varios contratos celebrados entre el 2012 y el 2015, entre los cuales
se observan algunos que tenían como objeto la rehabilitación y mejoramiento de los
sistemas de acueductos de las veredas del Municipio de Maní.

24. Respecto al señor Tony Wilfred Ávila Hernández señaló que “[…] ostenta el
cargo del Alcaldesa (sic) del municipio de Maní en el periodo constitucional 2016 al
2019 y pese a que por medio de oficio No. 930.29-01 01023 del 7 de diciembre del
año 2017, la Secretaría de Salud de la Gobernación de Casanare certificó que
desde el año 2014 se contaba con las resoluciones por medio de las cuales se
autorizaba sanitariamente favorable para la concesión de agua para consumo
humano de las veredas Mararabe, Palmarito, Guinea, Guafal Pintado, las Brisas,
Belgrado y Las Villas de Maní, no hizo nada para optimizar los acueductos y pedir
los permisos ambientales […]”.

25. Finalmente mencionó al señor Rolfer Mariño Sánchez, quien se desempeñó
como secretario de obras públicas del municipio de Maní en el periodo 2008 al 2011

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y a la señora Alix Moreno Romero en su condición de Gerente de la EAAAM SA
ESP por el mismo periodo y quienes “[…] suscribieron las correspondientes actas
de inicio, aprobación de desembolso de anticipos y actas parciales y de liquidación
de los convenios investigados […]”.

Cuarto Cargo: Rehabilitación y puesta en funcionamiento de los acueductos
veredales

26. Para el desarrollo de este cargo realizó un cuadro paralelo entre los argumentos
expuestos por la Contraloría General de la República y la “[…] realidad material y
procesal […]” en los siguientes términos:

“[…]

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REALIDAD MATERIAL Y PROCESAL
REPÚBLICA
Los sistemas de acueductos veredales a Los acueductos veredales construidos
que hace referencia el Contrato estaban en funcionamiento al momento de
Interadministrativo No. 018 del 30-dic- liquidación del contrato interadministrativo
2008 se encuentran sin funcionamiento No. 018 de 2008, y la responsabilidad de
debido a la falta de permisos ambientales tramitar los permisos ambientales y evitar
y adicionalmente observan que los el deterioro era de los mandatarios que
mismos se encuentran (…) en proceso de asumieron el cargo de Alcaldes en los
deterioro periodos 2012-2015 y 2016-2019.
Los anteriores acueductos veredales LA FECHA DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN
fueron recibidos a entera satisfacción por DEL CONVENIO
los funcionarios del municipio de Maní – INTERADMINISTRATIVO 018 DE 2008
Casanare, pero los mismos no entraron en ES DEL 4 DE ABRIL DEL AÑO 2011, A
operación, por tanto, no prestaron ni PARTIR DE LA CUAL SE ENTREGAN
prestan el servicio de suministro de agua LOS ACUEDUCTOS AL MUNICIPIO DE
potable a la comunidad, y, además, por el MANÍ.
transcurso del tiempo, los mismo se LA RESPONSABILIDAD DE NO
encuentran deteriorados y abandonados. TRAMITAR LA CONCESIÓN DE AGUAS
Lo que generó el daño patrimonial aquí ES DE LOS ALCALDES DE LOS
investigado. PERIODOS SUBSIGUIENTES.

El Despacho procederá a analizar las LA RESPONSABILIDAD DE NO
pruebas obrantes en el proceso, y que dan TRAMITAR LA CONCESIÓN DE AGUAS
cuenta del daño al patrimonio, en cual se ES DE LOS ALCALDES DE LOS
circunscribe a que los acueductos de las PERIODOS SUBSIGUIENTES.
veredas Las Brisas, Guafal Pintado,
Guinea, Belgrado, Guayanas, Santa María
del Palmarito y Mararabe del municipio de
Maní, departamento de Casanare, a pesar
de haber sido construidos y recibidos a
satisfacción por el municipio de Maní –
Casanare, los mismos no entraron en
funcionamiento, no entraron en operación,
no están prestando el servicio de
suministro de agua potable a la
comunidad, y, además, por el transcurso

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del tiempo, los mismos se encuentran
deteriorados y abandonados.

Pruebas estas suficientes para establecer Los acueductos veredales eran
que los acueductos veredales contratados funcionales a partir del 4 de abril del año
por la Empresa de Acueducto, 2011, fecha de recibo y liquidación del
Alcantarillado y Aseo de Maní – “E.A.A.M. convenio interadministrativo objeto de
S.A. E.S.P., fueron construidos reproche. La responsabilidad por el
cumpliendo con las características abandono y no tramitar la concesión era
técnicas previstas en cada uno de los de los alcaldes que sucedieron a mi
contratos, es decir, este sistema de poderdante.
acueductos veredales estaban
funcionales.
Pero, tal como se dijo en el auto de No es posible tomar como el fin del
imputación No. 0317 del 04 de marzo de mandato del señor Montoya la fecha para
2020 el hecho generador del daño hace la caducidad de la acción fiscal,
referencia a la falta de gestión de los conveniente interpretación, ya que se
permisos de concesión de aguas insiste que el hecho generador data del
subterráneas que otorga la Corporación acta de liquidación del 4 de abril del año
Autónoma Regional para la Orinoquía 2011, por lo tanto, al momento de la
CORPORINOQUIA y de la certificación notificación del auto de apertura de
sanitaria de la Secretaría de Salud investigación ya había transcurrido el
Departamental a fin que pudieran entrar plazo de cinco años.
en operación y funcionamiento los
acueductos de las veredas Las Brisas,
Guafal Pintado, Guinea, Belgrado,
Guayanas, Santa María del Palmarito y
Mararabe, obligación legal que estaba en
cabeza del municipio de Maní -
Casanare75, es por ellos que, se toma el
31 de diciembre de 2011 como fecha para
contar la caducidad de la acción fiscal, ya
que, siendo una obligación del alcalde, la
de obtener los respectivos permisos,
licencias y concesión de agua para poder
suministrar agua potable a la comunidad
expedida por la Corporación Autónoma
Regional de la Orinoquía
CORPORINOQUIA, así como certificación
sanitaria que expide la Secretaria de
Salud, esta era la fecha límite -31 de
diciembre de 2011-, para hacerlo en su
condición de alcalde del municipio de
Maní - Casanare
Ahora, en cuanto al permiso de concesión El Despacho sustanciador demuestra un
de aguas subterráneas que otorga la total desconocimiento del procedimiento
Corporación Autónoma Regional de la para obtener la concesión de aguas, ya
Orinoquía CORPORINOQIA, que se requiere inicialmente obtener la
indispensable para poner en certificación sanitaria que se demora
funcionamiento y operación los aproximadamente seis meses y después
acueductos, y así suministrar agua ir a la Corporación a tramitar la concesión,
potable a la comunidad de las veredas de por lo tanto, desde abril de 2011 mi
Las Brisas, Guafal Pintado, Guinea, prohijado no podía exigirle a la
Belgrado, Guayanas, Santa María del Corporación entregar la concesión y era
Palmarito y Mararabe del municipio de responsabilidad de los mandatarios que
Maní, omitió hacerlo, durante su periodo siguieron hacer los trámites
como alcalde del municipio de Maní – correspondientes.

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Casanare, a pesar de haber contado con
tiempo suficiente para hacerlo.

[…]”

27. Además precisó que “[…] el municipio de Maní suscribió el contrato de obra No.
0318 del 27 de noviembre del año 2020, con el señor CARLOS DARÍO
RODRÓGUEZ (sic), identificado con cédula de ciudadanía No. 74.795.327 de Maní,
cuyo objeto consistió en: “PRIMERA ETAPA DE REHABILITACION Y
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTOS DE LAS VEREDAS
GUAYANAS, SANTA MARIA, GUINEA, MARARABE, BELGRADO, GUAFAL Y
BRISAS DEL MUNICIPIO DE MANI – CASANARE”, con un plazo de ejecución de
un (1) mes y un calor de $245.742.017 […]”; afirmó que “[…] el contrato ya fue
ejecutado, recibido y liquidado por la administración municipal, lo que genera que
los acueductos ya estén en funcionamiento y se encuentren en etapa de obtención
de los permisos sanitarios y ambientales ante las autoridades correspondiente […]”.

28. Expuso que atendiendo el informe de cumplimiento presentado por el contratista
Carlos Darío Rodríguez “[…] se concluye que las plantas de tratamiento de agua
potable de las veredas Guayanas, Santa Maria, Guinea, Mararabe, Belgrado, Guafal
y Brisas del municipio de Mani, a la fecha se encuentran en funcionamiento y
operación con la rehabilitación efectuada por la actual administración municipal, lo
que desmiente las conclusiones a las que arribó la Contraloría General de la
República en el proceso 2016-00358. […]”.

29. Resaltó que “[…] El sustento que tuvo en cuenta la Contraloría General de la
República para sancionar a mi poderdante, se centró en que los acueductos
veredales de Guayanas, Santa Maria, Guinea, Mararabe, Belgrado, Guafal y Brisas
del municipio de Mani, no funcionaron por no tener concesiones ni permisos de
vertimientos, desconociendo la responsabilidad de los mandatarios en los periodos
2012 a 2015 y del 2016 al 2019, quienes no cumplieron con la obligación de tramitar
y obtener los permiso sanitarios y ambientales […]”; y afirmó que “[…] De acuerdo
con el informe final de cumplimiento del contrato de obra No. 0318 del 27 de
noviembre del año 2020, los acueductos veredales si están en funcionamiento y
están operando en la actualidad […]”.

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Contestación de la demanda6

30. La Contraloría General de la República7 contestó la demanda, mediante escrito
de 5 de octubre de 2021, oponiéndose a las pretensiones de la parte demandante,
argumentando lo siguiente:

31. Adujo que los actos administrativos constitutivos del fallo con responsabilidad
fiscal fueron expedidos por la Contraloría General de Boyacá conforme a derecho y
con aplicación de todas las normas y garantías procesales.

Frente al primer cargo: Caducidad de la acción fiscal

32. Afirmó que “[…] tal como la sala advirtió en Auto ORD-891119-018-2021 del 21
de enero del año 2021 […] que si bien se le indilgó (sic) al señor Montoya Salcedo
que la oportunidad que le asistía para haber efectuado acciones para la obtención
de la licencia, era hasta el 31 de diciembre de 2011, fecha de dejación de su cargo,
como término para estudio de caducidad, debe precisarse que no obstante tenerse
como una fecha tomada por el a-quo, para todos los efectos legales vemos que el
Auto de Apertura de la presente causa fiscal data de abril 1 de 2016 y en
consideración que el Acta de liquidación del contrato interadministrativo 018 de 2028
(sic) corresponde al 4 de abril de 2011, tal circunstancia no comporta que de esta
última fecha haya operado el fenómeno de la caducidad, por no haber transcurrido
los 5 años de que trata el art. 9 de la ley 610 de 2000 […]”.

Frente al segundo cargo: Inexistencia de la gestión fiscal deficiente

33. Afirmó que “[…] no contradice el hecho cierto de la existencia de los acueductos
veredales al momento de la liquidación del contrato mencionado, ya que el objeto
de dicho contrato era efectivamente la construcción de estos […]”; sin embargo,
sostuvo que “[…] cosa muy distinta es la existencia física de los acueductos y otra
su oportuna habilitación para la entrada en operación, lo cual estaba supeditado al
cumplimiento de los requisitos legales ante las autoridades ambientales y
administrativas para la obtención de permisos y licencias, siendo responsabilidad
primeramente del alcalde aquí demandante, como un todo dentro del proyecto de

6 Cfr. Índice SAMAI actuación núm. 2 “[…] Expediente Digital – TESTIGO DOCUMENTAL CE PROCESO EN

SU INTEGRIDAD(.pdf) […]”.
7 Por intermedio de apoderado.

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acueducto concebido desde su etapa precontractual. Es decir, no se puede concebir
un acueducto como una obra meramente física ejecutada y recibida, cuando la
esencia de un acueducto conlleva necesariamente una finalidad y esto es el
suministro eficiente y continuo de agua para satisfacer a las comunidades ávidas de
este elemento esencial para la vida misma; acueductos veredales que así fueron
concebidos, pero que de lo probado, ante la negligencia administrativa, que a la
fecha del Fallo de Responsabilidad Fiscal estaban abandonados, siendo un hecho
cierto la causación de daño patrimonial […]”.

34. Resaltó que “[…] Ante la omisión de tramitar en tiempo oportuno la concesión
de aguas para la puesta en operación de los sistemas de acueductos por parte del
señor alcalde hoy demandante, quien fue responsabilizado fiscalmente, es que los
acueductos así concebidos se apartan de alcanzar los fines sociales perseguidos,
quedando los recursos públicos municipales invertidos desprotegidos, siendo una
gestión fiscal antieconómica atribuible directamente a este implicado, dado el
detrimento y deterioro sufridos por los bienes que conforman la infraestructura física
de estos acueductos veredales abandonados […]”.

35. Y en ese sentido resaltó que “[…] el contrato es un medio para realizar los fines
del Estado y por tanto, esta alcaldía de Maní, bajo la administración del alcalde aquí
demandante, al celebrar el contrato para la construcción de los acueductos, con su
ejecución no debía perseguir solamente la obra física como tal, justificando que ahí
la dejó al culminar su período, sino continuar con acciones de medio y de resultado
para buscar y alcanzar el cumplimiento de los fines estatales, que no era nada
distinto que la continua y eficiente prestación del servicio público de agua para estas
comunidades veredales a partir del otorgamiento de la concesión de aguas o de lo
contrario los acueductos no podían entrar a operar legalmente como así lo advirtió
Corporinoquia en su oportunidad al ordenar la suspensión de captación de aguas
sin licencia […]”.

36. Afirmó que “[…] se tiene como hecho cierto que el alcalde omitió continuar con
acciones proactivas para habilitar los acueductos y garantizar el suministro de agua,
como fin último perseguido con la contratación, ya que la infraestructura física, si
bien fue ejecutada, por sí sola no garantizaría el fin perseguido, sobre lo cual debe
precisarse que no sólo sus acciones debieron estar encaminadas desde abril de
2011, cuando recibió las obras y liquidó el contrato, sino desde la concepción misma

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del proyecto que dio lugar al Contrato Interadministrativo No. 018 del 30 de
diciembre de 2008, suscrito entre el municipio de Maní - Casanare y la Empresa de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Maní E.A A.A.M. S.A. E.S P. […]”.

37. Resaltó que, mal podría pensarse que después de ejecutadas las obras físicas
se adelantarán las gestiones para obtener las licencias de concesiones en aras de
buscar potenciales puntos para la captación de aguas; es decir “[…] la planeación
de los contratos estatales, constituye una garantía del interés general, debiendo ser
negocios debidamente diseñados, pensados y planeados conforme a las
necesidades y prioridades del interés público […]”.

Frente al tercer cargo: Ausencia de vinculación de terceros responsables
solidariamente

38. Precisó que “[…] la Contraloría General de la República en el Fallo de
Responsabilidad Fiscal, se pronunció, quien advirtió que de la valoración del
recaudo probatorio no halló mérito para vincularlas, sobre lo cual la segunda
instancia no ahonda, amparado en que la no vinculación de otras personas al
proceso, no lo vicia, pues lo que le corresponde a la defensa, no es acreditar que
otros sujetos fiscales son responsables y que por tanto deben ser llamados a
responder, sino que debe encaminarse a demostrar, contrario a lo considerado por
la Contraloría General en el Fallo y en el Auto que resolvió los recursos de reposición
acusados, que no existió responsabilidad fiscal de su prohijado y que debe
exonerarse de ésta [...]”

39. Además sostuvo que es potestad de la Contraloría General de la República
llamar a quien considere conveniente, y en razón de ello, no acepta el argumento
de la parte demandante según el cual la no vinculación al proceso de
responsabilidad fiscal vicia la actuación.

Frente al cuarto cargo: Rehabilitación y puesta en funcionamiento de los
acueductos veredales

40. Afirmó que “[…] lo que alude el demandante son Hechos nuevos no alegados
dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 2016-00358 NO EXISTE prueba

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alguna que demuestre o acredite lo afirmado por el doctor Sebastián Camilo Mesa
[…]”; y al respecto mencionó cuales fueron los hechos referidos:

“[…] 9.- La Alcaldía del municipio de Maní suscribió el contrato de obra No. 0318 del
27 de noviembre del año 2020, con el señor CARLOS DARÍO RODRÓGUEZ (sic),
identificado con cédula de ciudadanía No. 74.795.327 de Maní, cuyo objeto consistió
en: “PRIMERA ETAPA DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
DE ACUEDUCTOS DE LAS VEREDAS GUAYANAS, SANTA MARIA, GUINEA,
MARARABE, BELGRADO, GUAFAL Y BRISAS DEL MUNICIPIO DE MANI –
CASANARE”, con un plazo de ejecución de un (1) mes y un calor de $245.742.017.

10.- El día 26 de enero del año 2021 se suscribió acta de terminación del
contrato por vencimiento del plazo contractual.

11.- El contrato ya se encuentra liquidado desde el 16 de abril del año 2021.

12.- De acuerdo con el informe de cumplimiento presentado por el contratista,
CARLOS DARÍO RODRÓGUEZ, (SIC) se concluye que las plantas de tratamiento de
agua potable de las veredas Guayanas, Santa Maria, Guinea, Mararabe, Belgrado,
Guafal y Brisas del municipio de Mani, a la fecha se encuentran en funcionamiento y
operación con la rehabilitación efectuada por la actual administración municipal, lo
que desmiente las conclusiones a las que arribó la Contraloría General de la
República en el proceso 2016- 00358.

13.- A la fecha, la Alcaldía del municipio de Maní se encuentra adelantando proceso
administrativo con el fin de obtener el permiso sanitario ante la Secretaría de Salud
de la Gobernación de Casanare y la Concesión de Aguas ante la Corporación
Autónoma Regional de la Orinoquia – Corporinoquia” […]”

41. Precisó que “[…] el reproche que hizo la Contraloría General de la República
refiere a lo que se contrató inicialmente las obras no entraron en funcionamiento, es
decir que la administración municipal debió disponer de nuevos recursos para
colocar en funcionamiento una obra que se había asumido con recursos anteriores
que no tuvieron utilidad alguna […]”.

Sentencia apelada8

42. El Tribunal Administrativo de Casanare, mediante sentencia proferida el 9 de
marzo de 2023, resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial del auto No. ORD-891119-018-2021
del 21 de enero del 2021 proferido dentro del proceso de responsabilidad fiscal No.
2016-00358, específicamente en cuanto indicó que el daño ascendía a $
5.274.212.624,65

8 Cfr. Índice SAMAI actuación núm. 2 “[…] Expediente Digital – TESTIGO DOCUMENTAL CE PROCESO EN

SU INTEGRIDAD(.pdf) […]”.

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Consecuencialmente, DECLARAR que el daño fiscal causado por el demandante con
la omisión de sus funciones como alcalde de Maní asciende a la suma de $
700.855.588,53, de conformidad con lo señalado en las consideraciones.

Esa será la suma que deberá pagar el actor a título de daño fiscal con su respectiva
indexación desde la fecha de notificación de esta sentencia hasta que quede
ejecutoriada.

A partir de allí, dicho valor y su indexación devengarán intereses moratorios
comerciales, de conformidad con lo establecido con el artículo 195 numeral cuatro del
CPACA.

SEGUNDO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

TERCERO: No CONDENAR en costas en esta instancia.

CUARTO: ORDENAR el archivo del expediente, dejando las constancias de rigor,
cuando esta providencia se encuentre ejecutoriada. […]” Negrillas de texto original

Consideraciones en la sentencia proferida en primera instancia

43. El a quo señaló que, de conformidad con las pruebas allegadas al proceso, el
daño causado imputable a la parte demandante asciende a $ 700.855.588,53 y en
atención a ello, declaró la nulidad parcial del acto administrativo contenido en el auto
núm. ORD-891119-018-2021 de 21 de enero de 2021.

Sobre el cargo de caducidad de la acción fiscal

44. Sobre el cargo de caducidad de la acción fiscal indicó que adelantado el proceso
se vislumbran 3 posiciones de los sujetos procesales:

“[…] a.- La parte demandante aduce que está configurada la caducidad porque el auto
que abrió la investigación fiscal contra el accionante fue notificado personalmente
después de los 5 años de haberse suscrito el acta de liquidación.

b.- La entidad accionada indica que no se produjo la caducidad porque el acta de
liquidación se suscribió el 4 de abril de 2011 y el auto de apertura de la investigación
fiscal se profirió el 1 de abril de 2016, es decir, dentro de los 5 años de haberse
suscrito el acta de liquidación. Agrega que la responsabilidad fiscal no cesó para el
demandante con la suscripción del acta de liquidación sino el 31 de diciembre de 2011
cuando se terminó el mandato del actor en su calidad de alcalde del municipio de
Maní.

c.- Y el agente del ministerio público concuerda con la Contraloría en que el término
de caducidad es de 5 años que debe contarse, no desde la suscripción del acta de
liquidación sino desde el 1 de enero de 2012, es decir, inmediatamente después de
que se terminó el mandato del accionante en su calidad de alcalde del municipio de
Maní. Agrega que la notificación del auto de apertura de investigación se produjo por
aviso el 28 de abril de 2016, tal como consta en el folio 202 del expediente de
responsabilidad fiscal. […]”

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45. Refirió que “[…] Se comparte la posición de la parte demandada y del agente
del Ministerio Público en cuanto indican que, por tratarse de una responsabilidad
fiscal derivada de la omisión de funciones que como alcalde le correspondía al
demandante, el término de caducidad debe empezar a contarse no a partir de la
suscripción del acta de liquidación de los contratos celebrados para poner en
funcionamiento los acueductos veredales, sino desde que el actor culminó su
periodo de alcalde […]”.

46. Al respecto adujo que “[…] este Tribunal sobre este punto tiene dos soportes
jurídicos: a) se trata de la imputación de una omisión y el consecuente daño fiscal
causado por el demandante en su condición de alcalde del municipio de Maní y
suscriptor de los contratos que originaron el juicio de responsabilidad fiscal; por
ende, a la luz del artículo 9 de la Ley 610 de 2000 debe contarse desde el último
acto generador del daño, esto es, desde que cesó sus funciones en su condición de
alcalde, pues solo en esa fecha dejó de tener la obligación de solicitar las licencias
para que los acueductos empezaran a funcionar; b) estando en el desempeño de
sus funciones hasta el 31 de diciembre de 2011, el acta de liquidación de los
contratos no suspende ni termina la obligación de solicitar esas licencias […].

Sobre el cargo de la ausencia de vinculación de terceros responsables
solidariamente

47. El a quo al analizar este cargo consideró que “[…] a.- Efectivamente, tal como
lo indicó el agente del Ministerio Público, la responsabilidad fiscal de un alcalde por
omisión de funciones señaladas en la Constitución o en la ley, es individual. Por lo
tanto, si otros alcaldes o servidores públicos incurrieron también en esa omisión, su
responsabilidad también es individual. […]”

Sobre “[…] los demás argumentos planteados en la demanda para solicitar la
nulidad de los actos demandados (inexistencia de gestión fiscal deficiente y
rehabilitación y puesta en funcionamiento de los acueductos veredales)

Inexistencia de gestión fiscal deficiente

48. Refirió que “[…] la contratación no debe sujetarse solamente a las normas
técnicas, sino cumplir la finalidad del contrato, en este caso, operar y suministrar

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agua potable a la población de las veredas mencionadas, lo que no se cumplió
porque el demandante en su condición de alcalde de Maní, no gestionó las licencias
de concesión de aguas ante Corporinoquia ni la certificación de la calidad de ese
líquido ante la Secretaría de Salud Departamental, a pesar de que tuvo tiempo
suficiente para ello, es decir desde antes de la suscripción del contrato, tal como
quedó consignado en los estudios previos y hasta la finalización del periodo como
alcalde […]”; mencionó que en el proceso de responsabilidad fiscal se discutió la
falta de cumplimiento de la finalidad contractual.

49. Señaló que, con posterioridad a la liquidación del contrato, es decir el 11 de abril
de 2011, la alcaldía del Municipio de Maní celebró unos contratos cuyo objeto fue la
rehabilitación y optimización del sistema de acueducto construido en las veredas
previamente indicadas.

50. Consideró que, contrario a lo argumentado por la parte demandante “[…] está
demostrada la ineficacia de la gestión del demandante y la falta de efectividad de
los acueductos veredales construidos, no solo por la omisión de tramitar las
licencias de concepción de aguas ante Corporinoquia y la certificación ante la
Secretaría de Salud Departamental, sino también la calidad de las obras para el
sistema de los acueductos veredales mencionados, puesto que si efectivamente se
hubieran recibido a entera satisfacción, como se indica en el acta de liquidación, no
se hubiera necesitado suscribir por el mismo accionante los contratos indicados en
referencia del año 2011, ni la administración municipal posterior tendría la necesidad
de suscribir los contratos posteriores a ese año […]”.

Rehabilitación y puesta en funcionamiento de los acueductos veredales

51. Al respecto consideró que:

“[…] La Contraloría, después de adelantar el proceso de responsabilidad fiscal y
encontrar que los acueductos de las veredas Guayanas, Santa Maria, Guinea,
Mararabe, Belgrado, Guafal y Brisas del municipio de Maní no estaban funcionando
sino deteriorándose, estableció un daño por valor $ 5.274.212.624, 65.

Dentro del proceso de responsabilidad fiscal no se demostró lo contrario con relación
a tales acueductos.

Sin embargo, dentro del presente proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
y con base en las pruebas decretadas en la audiencia inicial, especialmente con los
documentos allegados por el municipio de Maní a solicitud de la Corporación y el

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dictamen pericial que se decretó y allegó, sin que fuera cuestionado por los sujetos
procesales se estableció lo siguiente:

a.- Al contrario de lo que argumenta la parte actora a través de su apoderado, está
demostrada la ineficacia de la gestión del demandante y la falta de efectividad de los
acueductos veredales construidos, no solo por la omisión de tramitar las licencias de
concepción de aguas ante Corporinoquia y la certificación ante la Secretaría de Salud
Departamental, sino también por la calidad de las obras para el sistema de los
acueductos veredales mencionados, puesto que si efectivamente se hubieran
recibido a entera satisfacción, como se indica en el acta de liquidación, no se hubiera
necesitado suscribir por el mismo accionante los contratos del año 2011, ni la
administración municipal que siguió tendría la necesidad de suscribir los contratos
posteriores a ese año, que se relacionaron con anterioridad en este literal (g del
numeral 5.1.4.3. de esta sentencia).

b.- Debido a esa ineficacia del demandante como alcalde de Maní, los citados
acueductos no entraron a operar inmediatamente después de su recibo y del acta de
liquidación, que era la finalidad para la cual fueron construidos, sino que
permanecieron inoperantes y deteriorándose hasta mediados del año 2022.

c.- Para la rehabilitación y puesta en funcionamiento de esos acueductos fue
necesaria la celebración y ejecución de los contratos de obra que se sintetizan en
seguida:

Contrato Objeto Valor inicial y Contratante Contratista
adiciones
015 del 29-6- OPTIMIZACIÓN Municipio de EAAAM
2011 SISTEMA Maní
ACUEDUCTO
VEREDA SANTA
MARÍA DE
PALMARITO,
OPTIMIZACIÓN
SISTEMA DE
ACUEDUCTO
VEREDA
GUAYANAS DEL
MUNICIPIO DE
MANÍ,
CONSTRUCCIÓN
DE SOLUCIÓN
INDIVIDUAL PARA
SUMINISTRO DE
AGUA APTA PARA
EL CONSUMO
HUMANO EN LA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA DE
LA VEREDA MATA
DE PIÑA DEL
MUNICIPIO DE
MANÍ, Y
OPTIMIZACIÓN
DE LA RED DE
DISTRIBUCIÓN
DE ACUEDUCTO
DEL SECTOR
URBANO DEL
MUNICIPIO DE
MANÍ
027-2011 OPTIMIZACIÓN $115.824.929,53 EAAAM
SISTEMA DE

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ACUEDUCTO
VEREDA
GUAYANAS) y 027
de 2011
(OPTIMIZACIÓN
SISTEMA
ACUEDUCTO
VEREDA SANTA
MARÍA DE
PALMARITO)
23-2011 OPTIMIZACIÓN $113.341.934,00 EAAAM
SISTEMA DE
ACUEDUCTO
VEREDA
GUAYANAS DEL
MUNICIPIO DE
MANI, CASANARE
Convenio 025 REHABILITACIÓN Municipio Maní EAAAM
de 2011 Y OPTIMIZACIÓN
DEL SISTEMA DE
ACUEDUCTO
PARA LOS
CENTROS
POBLADOS DE
LAS VEREDAS
GUAFAL Y
GAVIOTAS DEL
MUNICIPIO DE
MANÍ.
034 de 2011 REHABILITACIÓN $170.342.100,00 EAAAM
Y OPTIMIZACIÓN
DEL SISTEMA DE
ACUEDUCTO
PARA LOS
CENTROS
POBLADOS DE
LAS VEREDAS
GUAFAL Y
GAVIOTAS DEL
MUNICIPIO DE
MANÍ
118 de 2013 REHABILITACIÓN $102.376.034,00 Municipio Maní
Y
MEJORAMIENTO
DE SISTEMAS DE
ACUEDUCTOS DE
LAS VEREDAS
BELGRADO,
BRISAS, GUAFAL
PINTADO,
GUINEA, SANTA
HELENA DEL
CÚSIVA Y
MARARABE, DEL
MUNICIPIO DE
MANÍ, PARA
CONTINUAR CON
EL PROCESO DE
CONCESIÓN DE
AGUA Y SU
PUESTA EN
OPERACIÓN.
441 de 2021 SEGUNDA ETAPA $198.970.591,00 Municipio Maní
DE
REHABILITACIÓN

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DE LOS
SISTEMAS DE
ACUEDUCTOS
(MANTENIMIENTO
Y REPARACIÓN
DE LAS REDES
DE
DISTRIBUCIÓN)
EN LAS VEREDAS
GUAYANAS,
SANTA MARÍA,
GUINEA,
MARARABE,
BELGRADO,
GUAFAL Y
BRISAS DEL
MUNICIPIO DE
MANÍ -
CASANARE

Así las cosas, de conformidad con las pruebas allegadas, el daño causado con la
omisión del actor tantas veces referida en este fallo no suma $ 5.274.212.624,65
como lo indicó la Contraloría al resolver la apelación, sino $ 700.855.588,53, que
suman los contratos celebrados y ejecutados para poner en operación los citados
acueductos.

Por tal motivo se declarará la nulidad parcial del auto No. ORD-891119-018-2021 del
21 de enero del 2021 proferidos dentro del proceso de responsabilidad fiscal No.
2016-00358 y se disminuirá el monto del daño a $ 700.855.588,53 […]”

Recurso de apelación9

52. Las partes demandante, demandada y el Ministerio Público, interpusieron y
sustentaron oportunamente los recursos de apelación contra la sentencia proferida
en primera instancia el 9 de marzo de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Casanare; para lo cual expone los siguientes argumentos:

Recurso de apelación de la parte demandante

53. La parte demandante planteó como argumentos que: i) el principio de
congruencia en la sentencia judicial; ii) en la sentencia objeto de recurso el Tribunal
Administrativo de Casanare desconoció el principio de congruencia; iii) el
cumplimiento en el objeto del convenio investigado; y iv) el funcionamiento de los
acueductos veredales.

9 Cfr. Índice SAMAI actuación núm. 2 “[…] Expediente Digital – TESTIGO DOCUMENTAL CE PROCESO EN

SU INTEGRIDAD(.pdf) […]”.

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54. Y en ese sentido, indicó que “[…] la tesis planteada por el demandante dentro
de la presente acción de nulidad y restablecimiento del derecho se centra en
desvirtuar la responsabilidad fiscal endilgada dentro del proceso de responsabilidad
fiscal No. 2016-00358, al señor Javier Montoya Salcedo por la celebración del
Contrato Interadministrativo No. 018 del 30 de diciembre del año 2008, suscrito
entre el municipio de Maní y la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de
Maní E.A.A.A.M. S.A. E.S.P., cuyo objeto era: "Construcción e Interventoría de los
sistemas de acueductos en las veredas Las Brisas, Guafal Pintado, Guinea,
Belgrado, Guayanas, Santa María del Palmarito y Marabe del municipio de Maní,
Departamento de Casanare.", por un valor final de SEIS MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL UN PESO CON
SIETE CENTAVOS ($6.252.240.001,07) M/Cte. […]”. (Negrillas del texto original)

55. Refirió que “[…] verificada cada actuación administrativa adelantada en el
proceso de responsabilidad fiscal adelantada por la Contraloría General de la
República, se constatará que no se discutió ni fue objeto de tal proceso – ni tampoco
en el medio de control que nos atiende- lo atinente a los contratos posteriores
suscritos para la habilitación, mantenimiento de los acueductos veredales, que el
Tribunal en la decisión objeto de censura determino como daño patrimonial a cargo
de mi representado […]”.

56. Mencionó que, el a quo afectó el derecho fundamental al debido proceso de la
parte demandante al “[…] declararlo responsable por la ejecución de contratos que
no fueron objeto de debate en el proceso administrativo de responsabilidad fiscal
[…]”, y en razón de ello, señaló que, en la sentencia de primera instancia se
relacionaron los contratos de obra que fueron celebrados para la rehabilitación y
puesta en funcionamiento de los acueductos y con base en ellos, se concluyó el
daño fiscal, al respecto indicó que “[…] Es ahí donde se presenta el defecto
sustancial y probatorio, con el consecuente desconocimiento de la garantía
fundamental al debido proceso a favor de la parte demandante, ya que sin
justificación alguna, más allá de advertir que: “b.- Debido a esa ineficacia del
demandante como alcalde de Maní, los citados acueductos no entraron a operar
inmediatamente después de su recibo y del acta de liquidación, que era la finalidad
para la cual fueron construidos, sino que permanecieron inoperantes y
deteriorándose hasta mediados del año 2022.”, no se auscultó más allá del simple
objeto de esos contratos, para concluir que el daño fiscal no era por la ejecución del

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Contrato Interadministrativo No. 018 del 30 de diciembre del año 2008, sino por
otros contratos, suscritos en los años 2011, 2013 y 2021. […]”.

57. En ese sentido, afirmó que “[…] En la sentencia objeto de recurso, se modificó
la litis de lo discutido en el proceso de responsabilidad fiscal 2016-00358, para
transportarla a la ejecución de varios contratos suscritos en los años 2011, 2013 y
2012, los cuales con una simple suma fueron totalizados en el valor de $
700.855.588,53; y sin proceso de responsabilidad fiscal, sin derecho a
contradicción el Tribunal le endilgo daño y responsabilidad al aquí accionante […]”.
(Negrillas del texto original)

58. Como conclusión frente a estos argumentos expuso que “[…] No tiene asidero
jurídico la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Casanare, de declarar
la nulidad parcial de los actos administrativos demandados para en su lugar incluir
como daño fiscal el precio pagado por la administración municipal en otros contratos
que no fueron objeto de reproche por la Contraloría General de la República en el
proceso de responsabilidad fiscal 2016-00358, generando con esto un
desconocimiento del principio de congruencia y afectando gravosamente los
derechos y garantías fundamentales del señor Javier Montoya Salcedo, quien
resultó sorprendido y no contó con la oportunidad para defenderse de la variación
en la imputación fáctica que realizó el Tribunal y que está totalmente por fuera del
objeto de litigio del medio de control que nos ocupa […]”.

59. Finalmente, frente al argumentos en el cual indicó que los acueductos veredales
fueron construidos, alcanzaron a ser operados y actualmente funcionan, sin
embargo, aseveró que “[…] A lo largo del proceso administrativo de responsabilidad
fiscal, se imputó al señor Montoya Salcedo su ineficiencia por no obtener los
permisos ambientales a cargo de Corporinoquia como Autoridad Ambiental en la
jurisdicción y sanitarios competencia de la Secretaría de Salud de la Gobernación
de Casanare […]”.

60. Al respecto resaltó que “[…] es necesario señalar que el proceso constructivo
de los acueductos veredales inició con la obtención del permiso de exploración
o prospección otorgado por Corporinoquia, y que el municipio de Maní lo
cumplió a cabalidad ya que esa entidad certificó que: “En relación con los tramites
adelantados por el Municipio de Maní para los sistemas de acueductos de las

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veredas mencionadas en este punto, procedo a informar que, el ente territorial
tramitó y obtuvo Permisos de Exploración de Aguas Subterráneas, como
actividad de Prospección y Exploración que incluye perforaciones de prueba
en busca de agua subterránea con miras a su posterior aprovechamiento.”
[…]” (Negrillas del texto original)

61. Refirió que luego de la entrega de los acueductos, se alcanzó a obtener los
resultados de laboratorio para tramitar y obtener el permiso sanitario, que es el
primer paso para acudir a Corporinoquia para la concesión de aguas subterráneas,
al respecto precisó que “[…] el procedimiento legalmente establecido, es claro en
advertir que el principal requisito para tramitar las concesiones de aguas es contar
con el permiso sanitario a cargo de la Secretaría de Salud de la Gobernación de
Casanare y que el primer paso para acudir a esa instancia es tener los resultados
de las pruebas de laboratorio - diligente labor que realizó mi mandante-, y que solo
se validan en tanto se obtienen del agua captada luego de terminadas las obras de
acueducto. […]”.

62. Precisó que “[…] Los acueductos veredales eran funcionales, es decir, el
sistema de captación, tratamiento y distribución estaban en funcionamiento y
cumplían las condiciones técnicas para los que fueron contratados, - ello lo constató
el mismo ente fiscal-; ahora bien, una vez liquidados los contratos de construcción
y entregadas las obras al municipio, el ente territorial avanzo en las pruebas físico
químicas necesarias para la obtención del permiso sanitario; pero solo hasta que se
obtuviera el mismo era posible tramitar la concesión de aguas; no obstante, el
limitado tiempo restante de gobierno y los tramites que conlleva este tipo de
procesos no permitió lograr a 31 de Diciembre de 2011 obtener la concesión de
aguas; ante lo expuesto el señor Javier Montoya dejó claramente en el informe de
empalme, el trámite de concesiones de agua, como una actuación pendiente para
que la administración entrante tramitara a efectos de darle operatividad a los
acueductos y beneficiar a la población rural de las veredas Las Brisas, Guafal
Pintado, Guinea, Belgrado, Guayanas, Santa María del Palmarito y Marabe del
Municipio de Maní. […]”.

63. Refirió que dentro de las pruebas decretadas por el Tribunal Administrativo de
Casanare se encuentran los actos administrativos que contienen las concesiones

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de agua de los acueductos veredales e igualmente obra el dictamen en el cual se
señaló que:

“[…] Durante los días 08, 09 y 12 de junio de 2022, se realizó visita a cada uno de los
siete acueductos, en compañía de la secretaria de obras del municipio de Maní, la
Ingeniera Angélica Moreno, y los técnicos contratados para la operación de los
respectivos acueductos, en dicha visita se solicitó poner en funcionamiento cada uno
de estos, donde se pudo verificar que los sistemas se encuentran funcionales,
en la parte de captación, tratamiento y almacenamiento, es decir, desde el
bombeo del pozo profundo, pasando por la planta de tratamiento de agua
potable compacta y siendo bombeada al tanque de almacenamiento y
distribución elevado.

Posteriormente, para verificar el funcionamiento de las redes de distribución, se
realizó visitas aleatorias a algunas viviendas, (entre 2 y 4 por acueducto), donde se
pudo verificar que a la fecha de las inspecciones, el agua llegaba hasta las
viviendas.

En concordancia con lo anterior, se puede determinar que los siete acueductos se
encuentran funcionales , es decir, que pueden prestar el servicio si se ponen en
operación, sin embargo, considerando que aún no se ha recibido por parte del
municipio el contrato de obra No 441 de 2021, con el cual se habilitó el sistema de
distribución de los siete acueductos, aún no se ha puesto en operación, pero se hará
una vez reciba el contrato, puesto que ya cuenta con el personal y los insumos para
garantizar el correcto funcionamiento de los acueductos. (Véase Anexo No. 23).

Los siete acueductos a pesar de que actualmente se encuentran funcionales y
en buenas condiciones, se estima con base en la información recolectada, que no
operan desde finales del año 2010.

Por otra parte, el municipio de Maní realizó entrega de las siete resoluciones de
concesión de aguas subterráneas de los acueductos, las cuales fueron expedidas por
Corporinoquia el 17 de marzo de 2022, por tanto se encuentra subsanado el requisito
por el cual no se habían podido poner en operación los respectivos acueductos. Estos
permisos se concedieron por término de 5 años, prorrogables en el tiempo. Véase
Anexo 20. […]” (Negrillas del texto original)

64. Señaló que “[…] no se entiende como puede la Contraloría persistir en endilgarle
a mi representado, responsabilidad fiscal por el costo de unos acueductos veredales
que están en funcionamiento; tampoco se entiende como ahora el Tribunal dada la
situación objetiva del funcionamiento de los de los acueductos, determina por fuera
de lo que fue objeto de responsabilidad fiscal, imponerle al señor Javier Montoya,
en su lugar, el pago del valor de los contratos que se debieron suscribir con
posterioridad, algunos con objetos complementarios, y otros por la negligencia de
los gobiernos posteriores, frente a un trámite administrativo que debieron adelantar,
cómo fue la concesión de aguas, para su efectiva puesta en operación […]”.

Recurso de apelación de la parte demandada

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65. Precisó que el recurso de apelación se interpuso únicamente en lo que se refiere
a la nulidad parcial sobre la cuantía del daño al patrimonio público, y al respecto
indicó que “[…] A pesar de la gravedad de los hallazgos imputados y fallados por la
CGR, sobre el detrimento que se calculó e imputó en el proceso de responsabilidad
fiscal, el Tribunal infiere en pocas palabras que la cuantía del daño al patrimonio
público se limita a los pagos que realizaron las administraciones subsiguientes a
través de otros contratos de obra y que ascienden únicamente a un poco más de
700 millones de pesos […]”.

66. Resaltó que “[…] Esa inferencia del Tribunal no hace parte de las pretensiones
del demandante. Por la naturaleza rogada del medio de control de nulidad y
restablecimiento, era lógico que ese planteamiento se hubiera establecido
expresamente en la demanda y que hubiera sido parte de la fijación del litigio. De
otra forma, plantear una concepción diferente de la cuantía del daño resulta
sorpresivo para la entidad estatal y, hay que decirlo, desconocedora del debido
proceso establecido en el CPACA para el trámite de este medio de control. En otras
palabras, como consecuencia de ello, no se dio la posibilidad a la CGR e, incluso,
al Ministerio Público, para demostrar que la cuantía más razonable, aplicable a
quien omite cumplir un objeto contractual tan importante sí se puede conectar con
el valor contratado. […]”.

67. Al respecto, afirmó que “[…] la CGR considera respetuosamente que una vez el
Tribunal comprobó la existencia de los elementos de la responsabilidad fiscal, no
podía por su propia cuenta y asumiendo una postura por fuera del litigio, recalcular
el monto de la responsabilidad fiscal que, como se destacó en la propia sentencia,
hace parte de las competencias asignadas por la Constitución Política a la
Contraloría y que fue cuidadosamente probada y discutida en el curso del proceso
de responsabilidad fiscal […]”; además indicó que “[…] Si se asumiera que el
Tribunal sí tenía la competencia para verificar, analizar y recalcular el daño al
patrimonio y que ello no desconoce el debido proceso de la CGR, debe tenerse en
cuenta que la suma establecida por el Tribunal no es el reflejo real del detrimento al
patrimonio público y que, por tanto, la decisión de nulidad parcial desconoce la
naturaleza resarcitoria integral del proceso de responsabilidad fiscal. […]”.

Recurso de apelación del Ministerio Público

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68. Señaló que se “[…] disiente en lo concerniente a la errónea conclusión a
que se llegó y según la cual el monto del daño inferido y por el que debía ser
declarado responsable fiscalmente el señor JAVIER MONTOYA SALCEDO,
únicamente se contrae al valor de los contratos que tuvieron que firmarse
posteriormente por el municipio de Maní para hacer operables y poner el
funcionamiento los acueductos veredales […]” (Negrillas del texto original)

69. Preciso que “[…] dentro del proceso de responsabilidad fiscal la CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA determinó con todo el bagaje probatorio que los
acueductos contratados fueron recibidos a satisfacción por la entidad territorial, pero
que al momento de ponerlos en uso y funcionamiento NO FUE POSIBLE
HACERLO por la omisión del señor Alcalde JAVIER MONTOYA SALCEDO en
haber tramitado oportunamente las licencias y permisos ambientales y de concesión
de aguas, razón por la cual no entraron jamás en funcionamiento, quedaron
abandonados, se deterioraron y devinieron obsoletos, por lo que acertadamente se
cuantificó el daño en el valor total de todo lo invertido en su contratación,
incluyendo lo que se pagó por la interventoría de la ejecución de las obras
[…]”. (Negrillas del texto original)

70. Resaltó que “[…] el DAÑO CONSUMADO y CONSOLIDADO a la fecha en que
se tramitó y falló el proceso de responsabilidad fiscal ascendía a la suma indexada
claramente delimitada por la CGR, esto es, CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA
Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS
VEINTICUATRO PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS
($5.274.212.624,65), lo cual fue aceptado por el propio Tribunal al predicar que: “La
Contraloría, después de adelantar el proceso de responsabilidad fiscal y encontrar
que los acueductos de las veredas Guayanas, Santa María, Guinea, Mararabe,
Belgrado, Guafal y Brisas del municipio de Maní no estaban funcionando sino
deteriorándose, estableció un daño por valor $5.274.212.624,65. […]”, sin embargo
señaló que “[...] a renglón seguido el Tribunal determinó que la condena impuesta
en sede de responsabilidad fiscal al señor JAVIER MONTOYA SALCEDO
únicamente podía ser por el valor de los contratos que el Municipio de Maní debió
realizar posteriormente para poner en operación los mentados acueductos, razón
por la cual redujo a SETECIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y TRES

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CENTAVOS ($700.855.588,53) la cuantía o suma total de la responsabilidad del
aquí demandante. […]”. (Negrillas del texto original)

71. Afirmó que “[…] le asiste toda la razón y certeza al planteamiento del Honorable
Tribunal porque efectivamente la entidad territorial debió incurrir a posteriori en ese
mayor gasto para que los acueductos contratados pudieran entrar en
funcionamiento y ser aprovechados por la comunidad; pero lo procedente no era
reducir la cuantía de la responsabilidad sino ADICIONARLE a la deducida por la
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ese monto. […]”. (Negrillas del
texto original)

72. Y en ese sentido, refirió que “[…] el señor JAVIER MONTOYA SALCEDO se
desempeñó como Alcalde de Maní los años 2008, 2009, 2010 y 2011, cuatrienio
dentro del cual no solamente se recibieron a entera satisfacción los precitados
acueductos sino que además debió suscribirse los contratos 015, 023, 025, 027 y
034 con el objeto específico de OPTIMIZAR EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE
LAS VEREDAS SANTA MARÍA DE PALMARITO, GUAYANAS, GUAFAL y
GAVIOTAS, que son precisamente los centros poblados en donde se habían
construido los acueductos y que dada su inoperabilidad se incurrió en ese gasto
adicional; actuaciones que también resultaron infructuosas al punto que en los años
2013 y 2021 nuevamente el municipio se vio compelido a suscribir otros dos (2)
contratos en cuantía superior a los TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS
($300.000.000) con el mismo objeto de rehabilitación y mejoramiento de los
sistemas de acueducto de las veredas anteriormente enunciadas […]”; y afirmó que
“[…] la entidad territorial Municipio de Maní un gasto adicional de SETECIENTOS
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA
Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($700.855.588,53) para
lograr más de doce (12) años después de construidos y recibidos “a entera
satisfacción” los sistemas de acueducto ponerlos en funcionamiento […]”. (Negrillas
del texto original)

73. Finalmente solicitó que “[…] en este asunto en específico, tiene que declarar
que al monto aducido por la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA como
cuantía de la responsabilidad fiscal en cabeza del señor JAVIER MONTOYA
SALCEDO debe sumársele los $700.855.588,53 que se acreditaron como gasto
adicional para la puesta en funcionamiento de los sistemas de acueducto y/o por lo

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menos mantener el monto de la sanción por responsabilidad fiscal en CINCO
MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL
SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (
$5.274.212.624,65) conforme a lo probado dentro del proceso adelantado por el
organismo de control. […]”. (Negrillas del texto original)

Trámite en segunda instancia

74. El Despacho sustanciador, mediante auto de 2 de junio de 202310, admitió los
recursos de apelación interpuestos por las partes demandante y demandada y el
Ministerio Público contra la sentencia proferida el 9 de marzo de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Casanare.

75. Vistos los numerales 4.° a 6.° del artículo 24711 de la Ley 1437, sobre trámite
del recurso de apelación contra sentencias, encuentra el Despacho sustanciador
que, las partes no se pronunciaron en relación con el recurso de apelación y
tampoco fue necesario realizar el decreto de pruebas.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

76. La Sala procederá al estudio de: i) la competencia de la Sala; ii) los actos
administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) el marco normativo de las
atribuciones ejecutadas por la Nación – Contraloría General de la Republica en los
procesos de responsabilidad fiscal; v) el marco normativo del proceso de
responsabilidad fiscal; vi) el marco normativo de la culpa como elemento de la
responsabilidad fiscal; vii) el marco del debido proceso administrativo; viii) el marco
normativo del régimen probatorio en los procesos de responsabilidad fiscal y ix) el
análisis del caso en concreto.

Competencia de la Sala

77. Vistos los artículos 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo12 y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo

10 Cfr. Índice SAMAI actuación núm. 4 “[…] Auto que admite recurso de apelación […]”
11 Modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021
12 “[…] Artículo 150. Inciso modificado por el artículo 25, Ley 2080 de 2021. <El nuevo texto es el siguiente> El

Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las

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de 2019 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera del
Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto en segunda
instancia.

78. Agotados los procedimientos inherentes al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho sin que se observe vicio o causal de nulidad que
puedan invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver los recursos de apelación
interpuestos por las partes demandante y demandada y el Ministerio Público.

79. Vistos los artículos 320 y 328 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201213 sobre los
fines de la apelación y la competencia del superior, la Sala procederá a examinar
los argumentos expuestos por las partes demandante, demandada y Ministerio
Público en los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia proferida el 9
de marzo de 2023 por el Tribunal Administrativo de Casanare, mediante la cual se
declaró “[…] la nulidad parcial del auto núm. ORD-891119-018-2021 del 21 de enero
de 2021 […]”; y “[...] Consecuencialmente, DECLARAR que el daño fiscal causado
por el demandante con la omisión de sus funciones como alcalde de Maní asciende
a la suma de $ 700.855.588,53 [...]“; y se denegaron las pretensiones de la
demanda.

Actos administrativos acusados

80. Los actos administrativos acusados son los siguientes:

80.1. El acto administrativo que contiene el fallo con responsabilidad fiscal auto núm.
1413 de 12 de noviembre de 202014 resolvió:

“[…] PRIMERO: FALLAR CON RESPONSABILIDAD FISCAL, en cuantía de CINCO
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y
CINCO MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS CON DIEZ Y SIETE CENTAVOS
($5.333.365.615,17), a título de culpa grave, en forma solidaria y atendiendo las
razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia, de conformidad con
el artículo 53 de la Ley 610 de 2000 en contra de:

• JAVIER MONTOYA SALCEDO, identificado con la cédula de ciudadanía No.
74.811.710 en su calidad de alcalde del municipio de Maní - Casanare en el
periodo 2008 a 2011. […]"

apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que
se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código. […]
13 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”
14 Cfr. Índice SAMAI actuación núm. 2 “[…] Expediente Digital – TESTIGO DOCUMENTAL CE PROCESO EN

SU INTEGRIDAD(.pdf) […]”.

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80.2. El Auto núm. 1696 de 18 de diciembre de 202015, “[…] Por medio del cual se
resuelve recurso de reposición contra el fallo No. 1413 del 12 de noviembre de 2020
y se concede apelación dentro del proceso ordinario de responsabilidad fiscal No.
2016-00.58 […]”, que confirmó en su totalidad el auto núm. 1413 de 12 de noviembre
de 2020, no repuso la mencionada providencia y concedió los recursos de apelación
interpuestos.

80.3. Auto núm. ORD-891119-018-2021 de 21 de enero de 202116, “[…] Por el cual
se resuelve el recurso de apelación presentado contra el Auto no. 1413 del 12 de
noviembre de 2020, que falló con responsabilidad dentro del proceso fiscal No.
2016-00358 […]”, que revocó parcialmente el fallo núm. 1413 de 12 de noviembre
de 2020, en los siguientes términos:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR parcialmente el Fallo No. 1413 del 12 de
noviembre de 2020, proferido por la Contraloría Delegada Intersectorial No. 9 de la
de la Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías de la Contraloría General de la
República, mediante el cual FALLA CON RESPONSABILIDAD FISCAL A UN
IMPUTADO DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD
FISCAL No 2016-00358 y en su lugar FALLAR SIN RESPONSABILIDAD FISCAL a
favor de JAVIER MONTOYA SALCEDO, identificado con la cédula de ciudadanía No.
74.811.710 en su calidad de alcalde del municipio de Maní - Casanare en el periodo
2008 a 2011, en lo que respecta exclusivamente al hecho relacionado con el valor de
las obras pagadas sobre las cuales no existe soporte de las mismas y/o de las
cantidades ejecutadas por valor de $59.162.990,42, de conformidad con lo expuesto
en este proveído.

ARTÍCULO SEGUNDO: CONFIRMAR, salvo lo revocado parcialmente en el artículo
PRIMERO de esta providencia, el Fallo No. 1413 del 12 de noviembre de 2020,
proferido por la Contraloría Delegada Intersectorial No. 9 de la de la Unidad de
Responsabilidad Fiscal de Regalías de la Contraloría General de la República,
mediante el cual SE FALLA CON RESPONSABILIDAD FISCAL A UN IMPUTADO
DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No 2016-
00358. […]”

Problema jurídico

81. Corresponde a la Sala, con fundamento en los recursos de apelación
interpuestos por las partes demandante y demandada, y el Ministerio
Público, determinar:

15 Cfr. Índice SAMAI actuación núm. 2 “[…] Expediente Digital – TESTIGO DOCUMENTAL CE PROCESO EN

SU INTEGRIDAD(.pdf) […]”.
16 Cfr. Índice SAMAI actuación núm. 2 “[…] Expediente Digital – TESTIGO DOCUMENTAL CE PROCESO EN

SU INTEGRIDAD(.pdf) […]”.

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82. Si el Fallo con responsabilidad fiscal núm. 1413 de 12 de noviembre de 2020
fue expedido con infracción de los artículos 3, 4, 7, 9 y 16 de la Ley 610.

83. Si los actos administrativos acusados infringieron el artículo 29 de la
Constitución, vulnerando el derecho al debido proceso y a la defensa de la parte
demandante.

84. Si es procedente o no declarar la nulidad del Fallo con responsabilidad fiscal
núm. 1413 de 12 de noviembre de 2020.

85. Si el Tribunal Administrativo de Casanare decidió la controversia por fuera de
los parámetros señalados en el planteamiento del problema jurídico, y en
consecuencia, si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia proferida, en
primera instancia.

86. Los problemas jurídicos planteados se desarrollarán infra, de la siguiente
manera:

Marco normativo de las atribuciones ejecutadas por la Nación – Contraloría
General de la República en los procesos de responsabilidad fiscal

87. Visto el numeral 5.° del artículo 26817 de la Constitución Política, el Contralor
General de la República tiene como atribución “[…] [e]stablecer la responsabilidad
que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del
caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances
deducidos de la misma […]”. La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el
ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados.

88. Visto el artículo 272 de la Constitución Política, “[…] La vigilancia de la gestión
fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya contralorías,
corresponde a éstas en forma concurrente con la Contraloría General de la
República […]”; y “[…] La vigilancia de los municipios incumbe a las contralorías
departamentales, salvo lo que la ley determine respecto de contralorías municipales
[…]”.

17 Artículo modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo 4 de 2019 “[…] Por medio del cual se reforma el
Régimen de Control Fiscal […]”

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89. De la norma transcrita se colige que el Contralor General de la República, y en
las entidades territoriales, los contralores departamentales, entre otros aspectos,
establecen la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, la cual, incluye el
ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados, y recae en las
contralorías departamentales la vigilancia de los municipios.

Marco normativo del proceso de responsabilidad fiscal

90. El artículo 1. ° de la Ley 610, al definir el proceso de responsabilidad fiscal,
establece:

“[…] Definición. El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones
administrativas adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y establecer
la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el
ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en
forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado […]”.

91. Del mismo modo, el artículo 3.° de la Ley 610 definió el alcance de la gestión
fiscal como el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que
realizan los servidores públicos y las personas que manejen o administren recursos
o fondos públicos y cuyo objeto, conforme el artículo 4.º ibidem, es el resarcimiento
de los daños ocasionados al patrimonio público 18 como consecuencia de la
conducta dolosa o culposa de quienes realizaron la gestión fiscal mediante el pago
de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva
entidad estatal. A su vez, el parágrafo 1.º del citado artículo determinó que “[…] la
responsabilidad fiscal es autónoma e independiente y se entiende sin perjuicio de
cualquier otra clase de responsabilidad […]”, correspondiéndole a cada uno
consecuencias diferentes.

92. Para el establecimiento de la responsabilidad fiscal la autoridad competente
debe tener en cuenta el cumplimiento de los principios rectores de la función
administrativa y de la gestión fiscal.

18 Entendido como el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los

bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal
antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al
cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y
organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. Dicho daño podrá
ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho
privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio
público […]”18.

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93. Ahora bien, la responsabilidad fiscal es autónoma e independiente y se configura
sin perjuicio de otra clase de responsabilidad.

94. Visto el artículo 5.° ejusdem, los elementos de la responsabilidad fiscal son los
siguientes:

95. Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión
fiscal.

96. Un daño patrimonial al Estado, entendido como la lesión del patrimonio público
por el menoscabo, la disminución, el perjuicio, el detrimento, la pérdida o el deterioro
de bienes o recursos públicos y de intereses patrimoniales públicos, generada por
una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna que, en términos
generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales
del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o
proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías19.

97. Del contenido de las normas citadas supra, en la responsabilidad fiscal
confluyen tres elementos: i) elemento objetivo, consistente en que exista prueba
que acredite con certeza, por un lado, la existencia del daño al patrimonio público,
y, por el otro, su cuantificación; ii) elemento subjetivo, que evalúa la actuación del
gestor fiscal y que implica que aquél haya actuado al menos con culpa; y iii)
elemento de relación de causalidad, según el cual debe acreditarse que el daño
al patrimonio sea consecuencia del actuar del gestor fiscal.

98. En suma, el proceso de responsabilidad fiscal conduce a obtener una
declaración jurídica, en la cual se precisa con certeza que un determinado servidor
o particular debe cargar con las consecuencias que se derivan por sus actuaciones
irregulares en la gestión fiscal que ha realizado y que está obligado a reparar el
daño causado al erario público por su conducta dolosa o culposa.

Marco normativo de la culpa como elemento de la responsabilidad fiscal

19 Artículo 6.° de la Ley 610

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99. Como quedó visto, la Ley 42 reglamentó en los artículos 72 y siguientes el
proceso de responsabilidad fiscal, pero no hizo mención al grado de culpa en que
debían incurrir quienes tuvieran a su cargo la gestión fiscal para efectos de declarar
su responsabilidad.

100. Visto el parágrafo 2 del artículo 4 de la Ley 610, se refirió al grado de culpa
generador de responsabilidad fiscal en los siguientes términos:

“[…] Artículo 4°. Objeto de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal
tiene por objeto el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público como
consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes realizan gestión fiscal
mediante el pago de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido
por la respectiva entidad estatal.

Para el establecimiento de responsabilidad fiscal en cada caso, se tendrá en cuenta
el cumplimiento de los principios rectores de la función administrativa y de la gestión
fiscal.

Parágrafo 1°. La responsabilidad fiscal es autónoma e independiente y se entiende
sin perjuicio de cualquier otra clase de responsabilidad.

Parágrafo 2°. El grado de culpa a partir del cual se podrá establecer
responsabilidad fiscal será el de la culpa leve." […]”. (Destacado fuera de texto)

101. Visto el artículo 53 de la Ley 610, respecto del mismo concepto dispuso:

“[…] "Artículo 53. Fallo con responsabilidad fiscal. El funcionario competente
proferirá fallo con responsabilidad fiscal al presunto responsable fiscal cuando en el
proceso obre prueba que conduzca a la certeza de la existencia del daño al patrimonio
público y de su cuantificación, de la individualización y actuación cuando menos con
culpa leve del gestor fiscal y de la relación de causalidad entre el comportamiento del
agente y el daño ocasionado al erario, y como consecuencia se establezca la
obligación de pagar una suma líquida de dinero a cargo del responsable.

Los fallos con responsabilidad deberán determinar en forma precisa la cuantía del
daño causado, actualizándolo a valor presente al momento de la decisión, según los
índices de precios al consumidor certificados por el DANE para los períodos
correspondientes. […]”. (Destacado fuera de texto)

102. La Corte Constitucional20 declaró inexequibles los textos acusados con los
siguientes argumentos:

“[…] 6. (…) En el marco de la responsabilidad fiscal, el criterio normativo de
imputación no puede ser mayor al establecido por la Constitución Política en el
inciso 2° de su artículo 90 para el caso de la responsabilidad patrimonial de los
agentes frente al Estado.

20 Corte Constitucional. Sentencia C- 619 de 8 de agosto de 2002

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6.1. (…) a diferencia de lo que ocurre con la acción de repetición, el constituyente no
señala un criterio normativo de imputación de responsabilidad fiscal -entendiendo por
tal una razón de justicia que permita atribuir el daño antijurídico a su autor […]

6.2. En ese contexto, es entendible que el criterio normativo de imputación de la
responsabilidad fiscal sea determinado por el legislador con base en el artículo 124
de la Carta, de acuerdo con el cual "La ley determinará la responsabilidad de los
servidores públicos y la manera de hacerla efectiva" […]

6.3. Pero entonces, surge el siguiente cuestionamiento: ¿El legislador es autónomo
para determinar la fuente de la responsabilidad fiscal? Desde luego que no. En
ejercicio de la libertad de configuración política, en particular para regular los
procedimientos judiciales y administrativos, aquél se encuentra sometido al conjunto
de valores, principios, derechos y garantías que racionalizan el ejercicio del poder en
el Estado constitucional. […]

6.4. […] El Legislador también está limitado por la manera como la Carta ha
determinado la naturaleza de la responsabilidad patrimonial de los agentes estatales
en otros supuestos. Eso es así, si se repara en el hecho de que la ley no puede
concebir un sistema de responsabilidad, como lo es el fiscal, rompiendo la relación de
equilibrio que debe existir con aquellos regímenes de responsabilidad cuyos
elementos axiológicos han sido señalados y descritos por el constituyente, para el
caso, en el inciso 2° del artículo 90 de la Carta […]

6.5. Y es precisamente en ese punto en donde resalta la contrariedad de las
expresiones acusadas con el Texto Superior, toda vez que ellas establecen un
régimen para la responsabilidad fiscal mucho más estricto que el configurado por el
constituyente para la responsabilidad patrimonial que se efectiviza a través de la
acción de repetición (C.P. art. 90-2), pues en tanto que esta última remite al dolo o a
la culpa grave del actor, en aquella el legislador desborda ese ámbito de
responsabilidad y remite a la culpa leve […]

6.6. Para la Corte, ese tratamiento vulnera el artículo 13 de la Carta pues configura
un régimen de responsabilidad patrimonial en el ámbito fiscal que parte de un
fundamento diferente y mucho más gravoso que el previsto por el constituyente para
la responsabilidad patrimonial que se efectiviza a través de la acción de repetición.
Esos dos regímenes de responsabilidad deben partir de un fundamento de imputación
proporcional […]

6.8. Téngase en cuenta que ambas modalidades de responsabilidad -tanto la
patrimonial como la fiscal- tienen el mismo principio o razón jurídica: la protección del
patrimonio económico del Estado. En este sentido, la finalidad de dichas
responsabilidades coincide plenamente ya que la misma no es sancionatoria (reprimir
una conducta reprochable) sino eminentemente reparatoria o resarcitoria, están
determinadas por un mismo criterio normativo de imputación subjetivo que se
estructura con base en el dolo y la culpa, y parten de los mismos elementos
axiológicos como son el daño antijurídico sufrido por el Estado, la acción u omisión
imputable al funcionario y el nexo de causalidad entre el daño y la actividad del
agente. […]

6.11. […] desde una óptica estrictamente constitucional, lo que se advierte es que la
diferencia de trato que plantean las normas acusadas resulta altamente
discriminatoria, en cuanto aquella se aplica a sujetos y tipos de responsabilidad que,
por sus características y fines políticos, se encuentran en un mismo plano de igualdad
material. […]”. (Destacado fuera de texto)

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103. Conforme la sentencia citada supra, al legislador le está vedado establecer un
régimen de responsabilidad patrimonial con una exigencia de conducta mayor que
aquella que es utilizada para determinar la responsabilidad patrimonial de los
servidores públicos a través de acción de repetición, en los términos previstos en el
artículo 90 de la Constitución Política.

Marco normativo del debido proceso administrativo

104. Visto el artículo 29 de la Constitución Política, el debido proceso “[…] se
aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas […]”. Asimismo,
“[…] [n]adie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se
le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio […]”.

105. El Decreto 1 de 2 de enero de 198421 y la Ley 1437 regulan, de acuerdo con el
régimen de transición y vigencia, los procedimientos administrativos: entendidos
como el conjunto de normas a los que la autoridad acude para surtir un trámite que
sirve para formar la voluntad de la administración y que culmina con un acto
administrativo o una decisión que tiene efectos respecto de una situación jurídica,
general, impersonal o abstracta; o individualizada, según el destinatario de la
manifestación de la voluntad.

106. Las normas citadas constituyen el marco general para el trámite de los
procedimientos administrativos a los que es aplicable esa normativa, salvo el evento
en que el trámite se encuentre regido por una norma especial, caso en el cual la
administración tiene la obligación de aplicar ese procedimiento, por disposición
expresa de los artículos 1.° del Decreto 1 de 1984 y de la Ley 1437.

Marco normativo del régimen probatorio en los procesos de responsabilidad
fiscal

107. Visto el Título II, Capítulo I de la Ley 610, sobre pruebas en el proceso de
responsabilidad fiscal, en especial los artículos 22 a 32, en las cuales se prevé lo
siguiente:

21 “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”

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108. El principio de necesidad de la prueba en materia de responsabilidad fiscal
conforme al cual, los actos administrativos que contienen los fallos de
responsabilidad fiscal deben fundarse en pruebas legalmente producidas y
allegadas al proceso, sobre el daño patrimonial y la responsabilidad del
investigado22.

109. “[…] El investigado o quien haya rendido exposición libre y espontánea podrá
pedir la práctica de las pruebas que estime conducentes o aportarlas. La
denegación total o parcial de las solicitadas o allegadas deberá ser motivada y
notificarse al peticionario, decisión contra la cual proceden los recursos de
reposición y apelación […]”23.

110. El daño patrimonial y la responsabilidad del investigado podrán demostrarse
con cualquier medio de prueba24 y las pruebas deberán apreciarse, en conjunto, de
acuerdo con las reglas de la sana crítica y la persuasión racional25.

111. El investigado podrá controvertir las pruebas a partir de la exposición
espontánea en la indagación preliminar, o a partir de la notificación del auto de
apertura del proceso de responsabilidad fiscal26.

112. El investigado podrá controvertir las pruebas vencido el término de traslado del
auto de imputación de responsabilidad fiscal de que trata el artículo 50 de la Ley
610, y podrá presentar los argumentos de defensa frente a las imputaciones
efectuadas, así como solicitar y aportar las pruebas que se pretendan hacer valer.

113. El artículo 51 de la Ley 610 regula el decreto y práctica de pruebas en el
proceso de responsabilidad fiscal, según el cual, una vez vencido el término de
traslado del auto de imputación, la Nación – Contraloría General de la República
debe ordenar la práctica de las pruebas solicitadas o decretar de oficio las que
considere pertinentes y conducentes.

114. La parte interesada podrá interponer los recursos de reposición y apelación
contra el auto que rechaza la solicitud de pruebas.

22 Artículo 23
23 Artículo 24
24 Artículo 25
25 Artículo 26
26 Artículo 32

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115. Visto el artículo 30 de la Ley 610, las pruebas recaudadas sin el lleno de las
formalidades sustanciales o en forma tal que afecten los derechos fundamentales
del investigado se tendrán como inexistentes, es decir, no podrán ser valoradas por
la autoridad para determinar la responsabilidad fiscal.

116. Visto el artículo 31 de la Ley 610, en la práctica de visitas especiales, el
funcionario investigador procederá a examinar y reconocer los documentos, hechos
y demás circunstancias relacionadas con el objeto de la diligencia y
simultáneamente irá extendiendo la correspondiente acta, en la cual anotará
pormenorizadamente los documentos, hechos o circunstancias examinados y las
manifestaciones que bajo la gravedad del juramento hagan sobre ellos las personas
que intervengan en la diligencia.

117. Cuando lo estime necesario, el investigador podrá tomar declaraciones
juramentadas a las personas que intervengan en la diligencia y solicitar documentos
autenticados, según los casos, para incorporarlos al informativo.

118. Visto el artículo 117 de la Ley 1474, los órganos de vigilancia y control fiscal
podrán comisionar a sus funcionarios para que rindan informes técnicos que se
relacionen con su profesión o especialización. Así mismo, podrán requerir a
entidades públicas o particulares, para que en forma gratuita rindan informes
técnicos o especializados que se relacionen con su naturaleza y objeto. Estas
pruebas estarán destinadas a demostrar o ilustrar hechos que interesen al proceso.
El informe se pondrá a disposición de los sujetos procesales para que ejerzan su
derecho de defensa y contradicción, por el término que sea establecido por el
funcionario competente, de acuerdo con la complejidad de este.

Análisis del caso concreto

119. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio para, posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.

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120. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas solicitadas,
decretadas y recaudadas, en primera instancia, de conformidad con las reglas de la
sana crítica y en los términos del artículo 176 de la Ley 156427, aplicando para ello
las reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para
efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas
jurídicos planteados en los recursos de apelación interpuestos por las partes
demandante y demandado y el Ministerio Público.

Acervo y análisis probatorio

121. En el expediente obra como prueba, entre otras, el expediente administrativo
de responsabilidad fiscal28.

122. En la audiencia inicial de 30 de marzo de 202229, el Tribunal Administrativo de
Casanare decretó como pruebas las siguientes:

122.1. Las pruebas documentales allegadas con la demanda, su reforma y la
contestación de la demanda.

122.2. Copia del expediente contractual núm. 0318 de 27 de noviembre de 2020 y
núm. 0163 de 2021.

122.3. Copia del contrato de obra pública núm. 441 de 27 de diciembre de 2021 y
el certificado de ejecución.

122.4. Certificación en la constara si los acueductos veredales de Guayanas, Santa
María, Guinea, Mararabe, Belgrado, Guafal y Brisas del municipio de Maní, están
en funcionamiento y operación. Así mismo que certifique las gestiones adelantadas
para poner en funcionamiento los acueductos veredales mencionados.

122.5. Los actos administrativos expedidos por la Corporación Autónoma de la
Orinoquia a través de los cuales se otorgó las concesiones de aguas de los

27 Artículo 187 del Código de Procedimiento Civil.
28 En el Expediente Digital que obra que en el aplicativo SAMAI obra copia del expediente administrativo

29 Cfr. Índice SAMAI actuación núm. 2 “[…] Expediente Digital – TESTIGO DOCUMENTAL CE PROCESO EN
SU INTEGRIDAD(.pdf) […]”.

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acueductos veredales de Guayanas, Santa María, Guinea, Mararabe, Belgrado,
Guafal y Brisas del municipio de Maní.

122.6. Prueba pericial con la finalidad de realizar una visita técnica a los acueductos
veredales de Guayanas, Santa María, Guinea, Mararabe, Belgrado, Guafal y Brisas
del municipio de Maní, con el fin de que certificar si esos acueductos están en
funcionamiento y operación, además se deberá verificar la documentación existente
en el proceso, con el fin de establecer:

a.- Su existencia y ubicación.

b.- Capacidad, modo de funcionamiento, beneficiarios, fecha en que fueron
construidos y empezaron a operar.

c.- Contrato o contratos celebrados para la realización de esos acueductos,
especificando:

➢ Número de contrato.
➢ Cuantía.
➢ Objeto.
➢ Plazo, adiciones, suspensiones y prórrogas.
➢ Fecha de iniciación de la ejecución.
➢ Fecha de entrega y si ella se llevó a cabo a satisfacción o no.
➢ Fecha en que se pusieron en operación, de acuerdo a los contratos
celebrados y la documentación que haga parte de ellos.
➢ Y finalmente, si dichos acueductos están en funcionamiento o no y en caso
negativo por qué y desde cuándo no operan.

123. La Sala procede a pronunciarse sobre los argumentos expuestos por las partes
demandante y demandado y el Ministerio Público en los recursos de apelación, de
acuerdo con el problema jurídico indicado supra.

124. En el caso sub examine, esta Sala observa que en el auto núm. 1413 de 12 de
noviembre de 2020 “[…] por la cual se falla con responsabilidad fiscal a un imputado
dentro del proceso ordinario de responsabilidad fiscal No 2016-00358 […]”, la
Contraloría General de la República señaló como origen del proceso:

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“[…] la actuación especial, realizada por funcionarios de la Contraloría General de la
República al Contrato Interadministrativo No. 018 del 30-dic-2008, suscrito entre el
municipio de Maní - Casanare y la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de
Maní E.A.A.A.M. S.A. E.S.P., y cuyo objeto era: "Construcción e Interventoría de los
sistemas de acueductos en las veredas Las Brisas, Guafal Pintado, Guinea, Belgrado,
Guayanas, Santa María del Palmarito y Marabe del municipio de Maní, Departamento
de Casanare.", por un valor final de SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS
MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL UN PESO CON SIETE CENTAVOS
($6.252.240.001,07) M/Cte.

Según los resultados de dicha actuación especial se advierte que los sistemas de
acueductos veredales a que hace referencia el Contrato Interadministrativo No. 018
del 30-dic-2008 "(...) se encuentran sin funcionamiento debido a la falta de permisos
ambientales, y adicionalmente observan que los mismos se encuentran (...) en
proceso de deterioro. […]”

125. En el mismo acto administrativo se precisó que en la actuación especial de
fiscalización a los recursos de regalías, ejecutados a través del contrato
interadministrativo núm. 018 de 30 de diciembre de 2008 y su adicional, se
estableció que la “[…] Construcción de los sistemas de acueducto rurales, de los
cuales nunca entraron en funcionamiento debido a la falta de permisos ambientales
[…]”; y en ese sentido la cuantía inicial del hallazgo se fijó en $ 5.803.958.300
correspondientes al valor pagado por los acueductos.

126. Igualmente refirió que la parte demandante, omitió realizar actividades
administrativas, las cuales consistían en solicitar autorización sanitaria ante la
Secretaría de Salud Departamental y el permiso de concesión de aguas
subterráneas ante Corporinoquia, documentos básicos para poner en
funcionamiento los acueductos veredales, y cuya desatención repercutió
negativamente en la inversión de los dineros que hiciere el Municipio de Maní para
la construcción de los sistemas de acueducto.

127. Además se precisó que para el cumplimiento del contrato interadministrativo
núm. 18 de 2008, se adelantaron los siguientes procesos de contratación:

127.1. Contrato de Obra núm. 014 de 2009 suscrito entre la Unión Temporal Brisas
y la E.A.A.A.M. S.A. E.S.P., y cuyo objeto era la construcción del sistema de
acueducto para la vereda Brisas del municipio de Maní — Casanare, obra que inició
el 9 de agosto de 2009 y se terminó, recibió y liquidó el 1.° de diciembre de 2010.

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127.2. Contrato de Obra núm. 015 de 2009 suscrito entre la Unión Temporal Guinea
y la E.A.A.A.M. S.A. E.S.P., y cuyo objeto era la construcción del sistema de
acueducto para la vereda Guinea del municipio Maní - Casanare, obra que se inició
el 11 de febrero de 2009 y se terminó el 29 de enero de 2010, se recibió y liquidó el
26 de mayo de 2010.

127.3. Contrato de Obra núm. 016 de 2009 suscrito entre el consorcio Acuabelgrado
y la E.A.A.A.M. S.A. E.S.P., y cuyo objeto era la construcción del sistema de
acueducto para la vereda Belgrado del municipio de Maní - Casanare, obra que se
inició el 10 de febrero de 2009 y se terminó el 5 de enero de 2010, se recibió y
liquidó el 27 de agosto de 2010.

127.4. Contrato de Obra núm. 017 de 2009 suscrito entre la Unión Temporal
Guayanas y la E.A.A.A.M. S.A. E.S.P., y cuyo objeto era la construcción del sistema
de acueducto para la vereda Guayanas del municipio de Maní - Casanare, obra que
se inició el 10 de febrero de 2009, se terminó el 23 de noviembre de 2009, y se
recibió el 10 de mayo de 2010.

127.5. Contrato de Obra núm. 018 de 2009 suscrito entre la Unión Temporal
Palmeras y la E.A.A.A.M. S.A. E.S.P, y cuyo objeto era la construcción del sistema
de acueducto para la vereda Santa María del Palmarito del municipio de Maní —
Casanare, obra que se inició el 10 de febrero de 2009, se terminó el 27 de noviembre
de 2009 y se recibió el 22 de abril de 2010.

127.6. Contrato de Obra núm. 019 de 2009 suscrito entre la Unión Temporal
Acueducto Guafal y la E.A.A.A.M. S.A. E.S.P., y cuyo objeto era la construcción del
sistema del acueducto para la vereda Guafal del municipio de Maní - Casanare, obra
que se inició el 11 de febrero de 2009 y se recibió el 7 de julio de 2009.

127.7. Contrato de Obra núm. 025 de 2009 suscrito entre el Consorcio Acueducto
Mararabe y la E.A.A.A.M. S.A. E.S.P., y cuyo objeto era la construcción del sistema
de acueducto para la vereda Mararabe del municipio de Maní — Casanare, obra
que se inició el 23 de febrero de 2009 y se terminó y recibió el 22 de octubre de
2009 y liquidó el 23 de abril de 2010.

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127.8. Contrato de Interventoría núm. 013 de 2009 suscrito entre el Consorcio C&B
y la E.A.A.A.M. S.A. E.S.P., y cuyo objeto era la Interventoría Técnica,
Administrativa, Financiera, Legal y Ambiental de la construcción de Acueductos en
las veredas Brisas, Guinea, Belgrado, Guayanas, Santa María de Palmarito, Guafal
Pintado y Mararabe del municipio de Maní, Departamento de Casanare, consultoría
que se inició el 9 de febrero de 2009 y terminó el 5 de agosto de 2010, por el cual
se canceló la suma de $288.625.762,56

128. En el fallo de responsabilidad fiscal, la parte demandada afirmó que “[…] Los
anteriores acueductos veredales fueron recibidos a entera satisfacción por los
funcionarios del municipio de Maní — Casanare, pero los mismos no entraron en
operación, por tanto, no prestaron ni prestan el servicio de suministro de agua
potable a la comunidad, y, además, por el transcurso del tiempo, los mismo se
encuentran deteriorados y abandonados. Lo que generó el daño patrimonial aquí
investigado. […]”.

129. Además se mencionó que de las pruebas aportadas al proceso de
responsabilidad fiscal se constató que las actividades de ejecución de obras
correspondientes al sistema de acueducto de las veredas mencionadas fueron
adelantadas y recibidas a satisfacción, es decir, cumplían con las características
técnicas previstas en cada uno de los contratos, sin embargo, también se logró
establecer que ante la falta de permisos, tramites y licencias ambientales y/o
permisos otorgados por la Corporación Autónoma Regional para la Orinoquía los
cuales permiten el aprovechamiento de aguas, para el servicio de la comunidad.

130. Lo anterior tuvo fundamento en el Oficio núm. 2016ER0065565 de 26 de junio
de 2016 del Municipio de Maní, remitido a la Contraloría, en el cual indicó que:

“[…] De acuerdo a lo solicitado en el oficio del asunto, la Alcaldía Municipal de Maní
informa el estado actual de los sistemas de acueducto de las veredas Las Brisas,
Guafal Pintado, La Guinea, Belgrado, Guayanas, Santa María de Palmarito,
Mararabe, Gaviotas y Las Islas, adicionalmente el sistema de provisión de agua
potable para la institución educativa de la vereda Mata de Piña.

[…] Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo a visitas realizadas a los centros
poblados con el fin de verificar el funcionamiento de los Sistemas de Acueductos
Veredales y de la institución educativa, se puede evidenciar lo siguiente:

• En cada uno de los sistemas existen daños en varios de sus componentes
(dosifica dores, electro-sumergible, electrobomba externa, medidores,

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bandejas de aireación, tanque floculador, tanque sedimentador, infraestructura)
por lo que ninguno de los Sistemas se encuentran en funcionamiento.

• Adicionalmente se informa que el trámite de solicitud para obtención de certificación
concesiones de aguas se encuentra radicado en Corporinoquia resultado de los
Contratos N° 118/2013 y 254/2015. […]”

131. Precisó que de las pruebas obrantes en el expediente de responsabilidad fiscal
se demostró que “[…] si bien el sistema de acueductos veredales de Las Brisas,
Guafal Pintado, Guinea, Belgrado, Guayanas, Santa María del Palmarito y
Mararabe, fueron recibidos a satisfacción por la Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Maní — "E.A.A.M. S.A. E.S.P., los mismos no entraron en
funcionamiento y operatividad, por la falta de gestión por parte de la autoridad
municipal, de los permisos de concesión de aguas subterráneas que otorga la
Corporación Autónoma Regional para la Orinoquía CORPORINOQUIA, y la falta de
la certificación sanitaria de la Secretaría de Salud Departamental, generando con
ello su deterioro, su inoperatividad y posteriormente su abandono […]”

132. Verificada la existencia de un daño patrimonial, procedió a detallarlo y
cuantificarlo de la siguiente manera:

“[…]
SANTAMARÍA
LAS GUAFAL
VEREDA GUINEA BELGRADO GUAYANAS DE MARARABE
BRISAS PALMARITO
PINTADO

Componentes
No No No No No No No
del sistema
funcional funcional funcional funcional funcional funcional funcional
de acueducto
Construcción
tanque $- $- $9.516.396 $8.301.996 $14.491.323 $116.2096.352 $-
elevado
Pozo profundo
para
$136.561.095 $131.252.100 $146.908.762 $145.595.176 $150.237.949 $117.233.340 $179.799.377
extracción de
agua
Cerramiento $42.941.480 $- $- $- $- $865.547 $-
Caseta
sistema de $2.378.296 $4.210.023 $4.423.141 $- $5.453.538 $4.132.388 $15.671.278
bombeo
Instalaciones
eléctricas
(redes de $31.838.882 $16.192.615 $19.028.771 $25.050.516 $27.956.340 $23.121.043 $45.585.208
media y baja
tensión)
Planta de
tratamiento de $77.109.188 $73.788.973 $74.190.677 $73.977.488 $84.783.248 $50.312.759 $68.277.571
agua potable

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Línea de
conducción y $345.980.054 $125.567.940 $499.243.291 $396.201.566 $325.535.924 $192.003.325 $484.360.969

distribución
Total por
$636.808.998 $351.011.652 $753.311.028 $649.126.741 $608.458.322 $503.877.754 $793.694.403
Vereda
Total por
$4.296.288.899
contrato

2°. Obras pagadas y de las cuales no existe soporte de su ejecución, las cuales
ascienden a la suma de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y
DOS MIL NOVECIENTTOS NOVENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS
CENTAVOS ($59.162.990,42).

3°. Valor pagado por concepto del contrato de interventoría No. 013 de 2009, suscrito
entre el consorcio C&B y la E.A.A.A.M. S.A. E.S.P., y que ascienden a la suma de
$288.625.762,56.

De acuerdo con las pruebas aportadas al proceso, el Despacho encuentra que, con
fundamento en ellas, se determina con certeza la existencia del daño al patrimonio
público, el cual se cuantifica en CUATRO MIL SEIS CIENTOS CUARENTA Y
CUATRO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN
PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($4.644.077.651,98) sin indexar.
[…]”

133. Reitera que el daño patrimonial en el presente asunto de responsabilidad fiscal
se configuró por:

“[…] Debe recordar el despacho que el daño patrimonial en el presente caso se
encuentra basado en las obras que por no haber entrado en operación desde el año
2010 se encuentran en un estado de abandono ya no son funcionales, tal como se
prueba con el informe técnico"' y en el cual se determina:

"(...) el estado en que se evidenciaron durante la visita es claro que estas no son
funcionales tal y como se encontraron (estado del cual se registró mediante las
fotografías tomadas in situ durante la visita realizada en enero de 2020), en razón a
que los elementos observados presentan faltantes de materiales y daños como
fracturas, grietas, corrosión, cristalización, desprendimientos, quemaduras, entre
otros y, que las condiciones en las que se evidenciaron al momento de la visita,
imposibilitan totalmente que los elementos instalados y/o construidos presenten
alguna probabilidad de uso en el estado actual encontrados. (...)"

Por tanto, el hecho que la administración municipal de Maní — Casanare esté
adelantando un proceso de contratación tendiente a la rehabilitación de estos
acueductos, no desvirtúa el daño patrimonial causado, y que se encuentra
plenamente acreditado y probado en este proceso de responsabilidad fiscal. […]”

134. La Sala de Decisión de la Sala Fiscal y Sancionatoria de la Contraloría General
de la República, mediante auto núm. ORD-801119-018-2021 de 21 de enero de
2021 “[…] Por el cual se resuelve el recurso de apelación presentado contra el Auto
no. 1413 del 12 de noviembre de 2020, que falló con responsabilidad dentro del
proceso de responsabilidad fiscal No. 2016-00358 […]”, afirmó que:

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“[…] la Sala no refuta el hecho cierto de la existencia de los acueductos veredales al
momento de la liquidación del contrato mencionado, ya que el objeto de dicho contrato
era efectivamente la construcción de los mismos, pero comparte la decisión del a-
quo, ya que cosa muy distinta es la existencia física de los acueductos y otra su
oportuna habilitación para la entrada en operación, lo cual estaba supeditado al
cumplimiento de los requisitos legales ante las autoridades ambientales y
administrativas para la obtención de permisos y licencias, siendo responsabilidad
primeramente del alcalde aquí encartado, como un todo dentro del proyecto de
acueducto concebido desde su etapa precontractual. Es decir, no se puede concebir
un acueducto como una obra meramente física ejecutada y recibida, cuando la
esencia de un acueducto conlleva necesariamente una finalidad y esto es el
suministro eficiente y continuo de agua para satisfacer a las comunidades ávidas de
este elemento esencial para la vida misma; acueductos veredales que así fueron
concebidos, pero que de lo probado, ante la negligencia administrativa, hoy están
abandonados, siendo un hecho cierto la causación de daño patrimonial.

Bajo tal entendido, ante la omisión de tramitar en tiempo oportuno la concesión de
aguas para la puesta en operación de los sistemas de acueductos por parte del señor
alcalde, aquí responsabilizado fiscalmente, es que los acueductos así concebidos se
apartan de alcanzar los fines sociales perseguidos, quedando los recursos públicos
municipales invertidos desprotegidos, siendo una gestión fiscal antieconómica
atribuible directamente a este implicado, dado el detrimento y deterioro sufridos por
los bienes que conforman la infraestructura física de estos acueductos veredales
abandonados. […]”

135. Mediante el acto administrativo indicado supra revocó parcialmente la decisión
adoptada en el fallo de responsabilidad fiscal, respecto a “[…] FALLAR SIN
RESPONSABILIDAD FISCAL a favor de JAVIER MONTOYA SALCEDO,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.811.710 en su calidad de alcalde
del municipio de Maní - Casanare en el periodo 2008 a 2011, en lo que respecta
exclusivamente al hecho relacionado con el valor de las obras pagadas sobre las
cuales no existe soporte de las mismas y/o de las cantidades ejecutadas por valor
de $59.162.990,42, de conformidad con lo expuesto en este proveído […]” (Negrillas
del texto original); y confirmó las demás decisiones adoptadas.

136. Ahora, en el proceso adelantado en primera instancia en el Tribunal
Administrativo de Casanare, se decretaron las pruebas indicadas en el numeral 122
supra, y en atención a ello, el a quo consideró que:

“[…] La Contraloría, después de adelantar el proceso de responsabilidad fiscal y
encontrar que los acueductos de las veredas Guayanas, Santa Maria, Guinea,
Mararabe, Belgrado, Guafal y Brisas del municipio de Maní no estaban funcionando
sino deteriorándose, estableció un daño por valor $ 5.274.212.624, 65.

Dentro del proceso de responsabilidad fiscal no se demostró lo contrario con
relación a tales acueductos.

Sin embargo, dentro del presente proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, y con base en las pruebas decretadas en la audiencia inicial,
especialmente con los documentos allegados por el municipio de Maní a

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solicitud de la Corporación y el dictamen pericial que se decretó y allegó, sin
que fuera cuestionado por los sujetos procesales se estableció lo siguiente:

a.- Al contrario de lo que argumenta la parte actora a través de su apoderado, está
demostrada la ineficacia de la gestión del demandante y la falta de efectividad de los
acueductos veredales construidos, no solo por la omisión de tramitar las licencias de
concepción de aguas ante Corporinoquia y la certificación ante la Secretaría de Salud
Departamental, sino también por la calidad de las obras para el sistema de los
acueductos veredales mencionados, puesto que si efectivamente se hubieran
recibido a entera satisfacción, como se indica en el acta de liquidación, no se hubiera
necesitado suscribir por el mismo accionante los contratos del año 2011, ni la
administración municipal que siguió tendría la necesidad de suscribir los contratos
posteriores a ese año, que se relacionaron con anterioridad en este literal (g del
numeral 5.1.4.3. de esta sentencia).

b.- Debido a esa ineficacia del demandante como alcalde de Maní, los citados
acueductos no entraron a operar inmediatamente después de su recibo y del acta de
liquidación, que era la finalidad para la cual fueron construidos, sino que
permanecieron inoperantes y deteriorándose hasta mediados del año 2022.

c.- Para la rehabilitación y puesta en funcionamiento de esos acueductos fue
necesaria la celebración y ejecución de los contratos de obra […]

Así las cosas, de conformidad con las pruebas allegadas, el daño causado con
la omisión del actor tantas veces referida en este fallo no suma $
5.274.212.624,65 como lo indicó la Contraloría al resolver la apelación, sino $
700.855.588,53, que suman los contratos celebrados y ejecutados para poner
en operación los citados acueductos. […]” (Negrillas de la Sala)

137. Ahora bien, conforme a lo señalado supra esta Sala encuentra que el reproche
elevado a la parte demandante en el proceso de responsabilidad fiscal fue el daño
patrimonial ocasionado por la falta de funcionamiento y operatividad de los
acueductos construidos en las veredas las Brisas, Guafal Pintado, Guinea,
Belgrado, Guayanas, Santa María del Palmarito y Mararabe del Municipio de Maní
– Casanare, por la falta de los permisos de concesión de aguas subterráneas que
otorga la Corporación Autónoma Regional para la Orinoquía – CORPORINOQUIA
y la certificación sanitaria de la Secretaría de Salud Departamental.

138. La parte demandante, en sus argumentos de defensa presentados tanto en el
proceso de responsabilidad fiscal como en el presente proceso, ha reiterado que los
sistemas de acueductos veredales fueron construidos y actualmente se encuentran
en funcionamiento.

139. Ahora, verificado el contrato interadministrativo núm. 18 de 30 de diciembre de
2008 suscrito entre el Municipio de Maní y la Empresa de Acueducto, Alcantarilla y
Aseo de Maní S.A. E.S.P., se encuentra que el objeto contractual era “[…]
CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: El presente contrato interadministrativo tiene por

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objeto realizar CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA DE LOS SISTEMAS DE
ACUEDUCTOS EN LAS VEREDAS LAS BRISAS, GUAFAL PINTADO, GUINEA,
BELGRADO, GUAYANAS, SANTA MARÍA DE PALMARITO, Y MARARABE DEL
MUNICIPIO DE MANÍ, DEPARAMENTO DE CASANARE […]” (Negrillas y
subrayado del texto original).

140. En el mismo documento se precisa que la apropiación presupuestal que se
dispone para la ejecución del contrato interadministrativo corresponde al rubro
denominado “[…] Construcción acueductos y soluciones individuales para el
suministro de agua apta para el consumo humano en el área Rural del Municipio
[…]”; igualmente se indicó que:

“[…] Que con la suscripción del presente contrato interadministrativo se pretende
posibilitar la CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORIA DE LOS SISTEMAS DE
ACUEDUCTOS EN LAS VEREDAS LAS BRISAS, GUAFAL PINTADO, GUINEA,
BELGRADO, GUAYANAS, SANTA MARIA DE PALMARITO, Y MARARABE DEL
MUNICIPIO DE MANI, DEPARTAMENTO DE CASANARE. 18. En el plan de
desarrollo Municipal: "CON CORAZÓN DE PUEBLO" 2008 - 2011 "DESARROLLO
FÍSICO DEL TERRITORIO."; Componente 3.3 "Agua Potable y Saneamiento Básico,
Un Derecho de Todos" en el programa 3.3.1 Consolidación de las Coberturas Mínimas
en Agua Potable y Saneamiento Básico en el subprograma 3.3.1.1 Agua Apta para el
Consumo Humano, se encuentra inmerso el proyecto "CONSOLIDACIÓN DE LAS
COBERTURAS MINIMAS EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, requiere
identificar los subproyectos en los cuales se den solución a las necesidades,
carencias y prioridades y aplicar procesos para garantizar la mejor utilización de los
recursos disponibles y de ésta manera cumplir las metas establecidas en el plan de
desarrollo Municipal […]” (Negrillas del texto original)

141. En ese sentido, para esta Sala resulta claro que el objeto del contrato
interadministrativo indicado supra, tenía como finalidad no solo la construcción de
un sistema de acueductos para algunas veredas del Municipio de Maní –
(Casanare), si no debía garantizar la cobertura mínima y el suministro de agua
potable para dar solución a las necesidades y carencias de la población de las
mencionadas veredas.

142. Al respecto, esta Sala de las pruebas obrantes en el expediente administrativo
del proceso de responsabilidad fiscal y las decretadas en el presente proceso en
primera instancia, se advierte que se suscribieron los siguientes contratos de
construcción, rehabilitación y mejoramiento del sistema de acueducto y los permisos
otorgados para su funcionamiento, de la siguiente manera:

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Permiso Certificación
Concesión de sanitaria
Núm. Contrato Otros aguas otorgado por
Veredas
de obra Contratos subterráneas la Secretaría
otorgado por de Salud
Corporinoquia Departamental
Contrato de
obra núm. 118
de 2013
(Rehabilitación
y Mejoramiento
del sistema de Resolución Resolución
acueducto) núm. núm. 1090 de
Contrato núm.
Las Brisas Contrato de 500.36.22-0314 13 de
014 de 2009
obra núm. 0441 de 17 de marzo septiembre de
de 2021 de 2022 2021
(Segunda
etapa de
rehabilitación
de las redes de
distribución)
Contrato de
obra núm. 034
de 2011
(Rehabilitación
y Optimización
del sistema de
acueducto)
Resolución Resolución
Contrato de
núm. núm. 1089 de
Contrato núm. obra núm. 118
Guafal Pintado 500.36.22-0313 13 de
019 de 2009 de 2013
de 17 de marzo septiembre de
(Rehabilitación
de 2022 2021
y Mejoramiento
del sistema de
acueducto)
Contrato de
obra núm. 0441
de 2021
(Segunda

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etapa de
rehabilitación
de las redes de
distribución)
Contrato de
obra núm. 118
de 2013
(Rehabilitación
y Mejoramiento
del sistema de Resolución Resolución
acueducto) núm. núm. 1091 de
Contrato núm.
Guinea Contrato de 500.36.22-0310 13 de
015 de 2009
obra núm. 0441 de 17 de marzo septiembre de
de 2021 de 2022 2021
(Segunda
etapa de
rehabilitación
de las redes de
distribución)
Contrato de
obra núm. 118
de 2013
(Rehabilitación
y Mejoramiento
del sistema de Resolución Resolución
acueducto) núm. núm. 1086 de
Contrato núm.
Belgrado Contrato de 500.36.22-0311 13 de
016 de 2009
obra núm. 0441 de 17 de marzo septiembre de
de 2021 de 2022 2021
(Segunda
etapa de
rehabilitación
de las redes de
distribución)
Resolución Resolución
Contrato de
núm. núm. 1092 de
Contrato núm. obra núm. 23
Guayanas 500.36.22-0312 13 de
017 de 2009 de 2011
de 17 de marzo septiembre de
(Optimización
de 2022 2021

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del sistema de
acueducto)
Contrato de
obra núm. 0441
de 2021
(Segunda
etapa de
rehabilitación
de las redes de
distribución)
Contrato de
obra núm. 27
de 2011
(Optimización
del sistema de
Resolución Resolución
acueducto)
núm. núm. 1088 de
Santa María Contrato núm. Contrato de
500.36.22-0315 13 de
del Palmarito 018 de 2009 obra núm. 0441
de 17 de marzo septiembre de
de 2021
de 2022 2021
(Segunda
etapa de
rehabilitación
de las redes de
distribución)
Contrato de
obra núm. 118
de 2013
(Rehabilitación
y Mejoramiento
del sistema de Resolución Resolución
acueducto) núm. núm. 1087 de
Contrato núm.
Mararabe Contrato de 500.36.22-0316 13 de
025 de 2009
obra núm. 0441 de 17 de marzo septiembre de
de 2021 de 2022 2021
(Segunda
etapa de
rehabilitación
de las redes de
distribución)

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143. Para esta Sala, no hay duda que el Municipio de Maní efectuó las gestiones
tendientes a la construcción de los sistemas de acueductos en las veredas Las
Brisas, Guafal Pintado, Guinea, Belgrado, Guayanas, Santa María del Palmarito y
Mararabe del Municipio de Maní, sin embargo, el objeto contractual se satisfacía
además con la puesta en funcionamiento y suministro de agua potable a la
población de las veredas, así que no bastaba con la mera construcción, puesto que
no se realizaron las gestiones administrativas tendientes a obtener los permisos de
ambientales para su operatividad.

144. Y en ese sentido, la parte demandada planteó el hallazgo que dio origen al
proceso de responsabilidad fiscal núm. 2016-00358 determinando que “[…] se
advierte que los sistemas de acueductos veredales a que hace referencia el
Contrato Interadministrativo No. 018 del 30-dic-2008 “(…) se encuentran sin
funcionamiento debido a la falta de permisos ambientales, y adicionalmente
observan que los mismos se encuentran (…) en proceso de deterioro.” […]”.

145. Respecto a ello, la parte demandante como argumento de defensa indicó que
efectuó la construcción de los acueductos veredales, y en razón de ello, la parte
demandada en reiteradas ocasiones en el Auto núm. 1413 de 12 de noviembre de
2020, advirtió que la investigación por responsabilidad fiscal se adelantó por la falta
de operación de los acueductos construidos, funcionamiento que estaba
condicionado a las actuaciones administrativas que debía adelantar el Alcalde
municipal, determinando de esa manera el nexo causal entre la conducta omisiva y
el daño patrimonial causado.

146. Ahora, la parte demandante sostuvo que los acueductos construidos “[…]
actualmente […]” se encontraban en funcionamiento, y en razón de ello no debía
responder fiscalmente por el presunto detrimento patrimonial al Municipio de Maní
(Casanare), y para probar tal situación solicitó las pruebas señaladas en el numeral
122 supra.

147. El a quo decretó las pruebas solicitadas, efectuó su incorporación al proceso y
corrió traslado a las partes, y al realizar un estudio integral de las mismas con el fin
de resolver el problema jurídico planteado, consideró que se probó la existencia de
un daño patrimonial al Municipio de Maní, sin embargo, no fue en la cuantía

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dispuesta en el proceso de responsabilidad fiscal, si no, por aquellas sumas que el
Municipio tuvo que incurrir para poner en funcionamiento los acueductos
previamente construidos.

148. Y en razón de ello, dentro de los documentos que obran como prueba en el
presente proceso están los contratos que suscribió el Municipio que tenían como
objeto la rehabilitación y mejoramiento a cada uno de los acueductos de las veredas,
relacionados en el numeral 142 supra, los cuales ascienden a la suma de $
700.855.588,53.

149. Esta Sala considera ajustado el análisis probatorio efectuado por el Tribunal
Administrativo de Casanare, en la sentencia de primera instancia, toda vez que, no
puede desconocerse que la parte demandante durante su gestión como Alcalde del
Municipio de Maní efectuó las actuaciones tendientes a la construcción de los
sistemas de acueductos en las veredas Las Brisas, Guafal Pintado, Guinea,
Belgrado, Guayanas, Santa María del Palmarito y Mararabe, con los recursos
destinados para tal fin; no obstante, al no entrar en operación y funcionamiento, el
Municipio de Maní en cabeza de otros alcaldes tuvo que destinar nuevos recursos
para lograr su rehabilitación y mantenimiento, y justamente son esas inversiones las
que generan el daño fiscal objeto de la presente controversia.

150. Ahora, la parte demandante en el recurso de apelación sostuvo que el a quo
con la decisión adoptada “[…] SORPRENDE al señor Javier Montoya con la
decisión de declararlo responsable por la ejecución de unos contratos que no
fueron objeto de debate ni en el proceso de responsabilidad fiscal y mucho
menos en el presente proceso judicial […]”

151. Al respecto, esta Sala considera que:

151.1. El a quo no sorprendió a las partes con el análisis probatorio realizado, toda
vez que: i) el dictamen pericial y las pruebas documentales fueron solicitadas por
las partes en el escrito de demanda, reforma y contestación; ii) se decretaron en la
audiencia inicial llevaba a cabo el 30 de marzo de 2022; iii) se corrió traslado a las
partes de las pruebas documentales el 8 de julio de 2022; sin que éstas presentaran
reparos y/o fueran controvertidas; y iv) en la audiencia de pruebas adelantada el 10

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de agosto de 2022, se practicó la contradicción del dictamen pericial presentado por
el perito designado.

151.2. Si bien es cierto que, los contratos suscritos por la Alcaldía Municipal de Maní
para la rehabilitación y mantenimiento de los acueductos no fueron parte de la
investigación de responsabilidad fiscal, obedece a que como consta en las pruebas
obrantes en el expediente administrativos el proceso de responsabilidad fiscal núm.
2016-00358, que el mismo se aperturó mediante auto núm. 100 de 1.° de abril de
2016 y el fallo se profirió a través del auto 1413 de 12 de noviembre de 2020, y
algunos de los contratos suscritos por la Alcaldía Municipal de Maní para la
rehabilitación y mantenimiento de los acueductos fueron suscritos con posterioridad
a la expedición de los actos administrativos objeto de la presente controversia.

152. Ahora bien, es deber del Juez analizar en conjunto todo el acervo probatorio
allegado al expediente con la finalidad de determinar si en el asunto sub examine
obra prueba que conduzca a la certeza de la existencia del daño al patrimonio
público como elemento esencial para proferir un fallo con responsabilidad fiscal.

153. Al respecto, esta Sección30 en sentencia de 3 de mayo de 2002, reiterada en
sentencia de 26 de noviembre de 2020, sostuvo lo siguiente:

“[…] En lo que toca con la negativa a practicar las pruebas pedidas, la Sala ha
precisado, entre otras, en sentencias de 17 de marzo de 2000 (Expediente núm. 5583;
y de 26 de julio de 2001 (Expediente núm. 6549), Consejero ponente doctor Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo), lo siguiente: “La violación del derecho de defensa en la
vía gubernativa, porque no se decretaron ni practicaron las pruebas solicitadas por la
actora, estima la Sala que la prosperidad de dicho cargo está condicionada a que en
la instancia jurisdiccional, en la que obviamente se tiene franca la oportunidad para
ello, se pidan y practiquen esas mismas pruebas, u otras pertinentes, a objeto de que
en el proceso respectivo quede evidenciado que la importancia o trascendencia del
supuesto fáctico que se echa de menos era tal que resultaba imprescindible
considerarlo para efectos de inclinar, en uno u otro sentido, la decisión administrativa
controvertida. Resulta, empero, que esa eventual incidencia en el caso presente no
se puede medir o ponderar, pues la demandante no solicitó ni aportó pruebas con ese
propósito, como se desprende del examen de los folios 4 a 5, del expediente núm.
4717 y 6 a 7, del expediente […]” (Subrayado de la Sala)

154. Ahora bien, según el marco normativo supra, para que se pueda configurar la
responsabilidad fiscal deben concurrir tres requisitos: i) una conducta dolosa o

30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de mayo de
2002, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, núm. único de radicación 05001-23-15-000-1997-0046-01(7036).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de enero de 2021,
M.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 25000234100020140102402.

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culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal; ii) un daño patrimonial al
Estado; y iii) que el daño al patrimonio sea consecuencia del actuar del gestor fiscal.

155. En el caso sub examine, en aras de establecer la concurrencia de los requisitos
indicados supra y conforme a las pruebas allegadas al expediente, esta Sala
considera que está demostrado lo siguiente:

155.1. Respecto a la conducta dolosa o culposa atribuible a la persona que realiza
gestión fiscal, es decir, la parte demandante, se encuentra demostrado que mientras
ejerció el cargo de Alcalde Municipal de Maní en el periodo de 2008 a 2011, omitió
realizar las gestiones administrativas para la obtención de los permisos ambientales
que permitieran entrar en funcionamiento los sistemas de acueductos veredales
construidos en razón a la suscripción del Contrato Interadministrativo núm. 18 de 30
de diciembre de 2008.

155.2. Frente al daño patrimonial al Estado, se observa que hubo una inversión de
recursos públicos para la construcción de los sistemas de acueductos de algunas
veredas del Municipio de Maní (Casanare), los cuales tenían como finalidad
suministrar el servicio de agua potable y saneamiento básico a las viviendas
pertenecientes a dichas veredas y, que ante la inoperatividad del mismo no solo los
habitantes se vieron perjudicados sino que además, las obras ejecutadas se fueron
deteriorando a tal punto que para hacerlas funcionales se requirió la adjudicación
de recursos adicionales para su rehabilitación y mejoramiento.

155.3. Finalmente, en relación al nexo entre el daño al patrimonio como
consecuencia del actuar del gestor fiscal, esta Sala lo encuentra probado, en
atención a que era deber de la parte demandante adelantar no solo las obras físicas
si no los demás trámites administrativos para su funcionamiento, omisión que se
demostró en el proceso de responsabilidad fiscal.

156. En consecuencia, de las pruebas obrantes en el expediente se encuentra
configurada la responsabilidad fiscal de la parte demandante.

157. Ahora bien, la parte demandante, también indicó en el recurso de apelación
que el Tribunal Administrativo de Casanare, profirió el fallo de primera instancia

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desconociendo la fijación del litigio planteada, y en ese sentido se observa que en
la audiencia inicial se estableció así:

“[…] Examinada la demanda, su reforma y sus respuestas, el magistrado procedió a
fijar el litigio señalando que consiste en establecer:

a.- Si por los motivos señalados en la demanda y su reforma, hay lugar o no a declarar
la nulidad del Auto No. 1413 del 12 de noviembre del año 2020, el Auto No. 1696 del
18 de diciembre del año 2020 y Auto No. ORD-891119-018-2021 del 21 de enero del
año 2021 proferidos dentro del proceso de responsabilidad fiscal No. 2016 00358, a
través de los cuales se declaró la responsabilidad fiscal de JAVIER MONTOYA
SALCEDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.811.710 de Maní, y se le
impuso como sanción el pago de una multa por valor de $5.333.365.615,17.

b.- Y consecuencialmente y a título de restablecimiento del derecho, si es procedente
o no exonerar de responsabilidad fiscal al señor JAVIER MONTOYA SALCEDO ya
identificado, en el proceso indicado en el literal anterior, y condenar a la demandada
a que pague al demandante el equivalente a 100 SMLMV como daños inmateriales,
en la modalidad de daño moral y daño al buen nombre, que le fueron causados con
ocasión de dicho proceso […]”

158. Al respecto, observa la Sala que la decisión adoptada por el a quo no
desconoció la fijación del litigio planteada en la audiencia inicial, pues en la misma
conforme a la transcripción realizada supra se encamino a determinar la legalidad
de los actos administrativos objeto de controversia y como consecuencia de ello,
establecer la posible exoneración de la responsabilidad fiscal del demandante.

159. Y en ese sentido, el Tribunal Administrativo de Casanare al realizar la
valoración integral de los actos administrativos, los hechos que dieron origen al
proceso de responsabilidad fiscal y las pruebas obrantes en el expediente, resolvió
modificar la decisión adoptada por la Contraloría General de la República en el fallo
de responsabilidad fiscal.

160. Igualmente, adujo la parte demandante en el recurso de apelación que “[…] No
tiene asidero jurídico la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de
Casanare, de declarar la nulidad parcial de los actos administrativos demandados
para en su lugar incluir como daño fiscal el precio pagado por la administración
municipal en otros contratos que no fueron objeto de reproche por la Contraloría
General de la República en el proceso de responsabilidad fiscal 2016-00358 […]”.

161. Como se indicó en precedencia, esta Sala comparte la decisión adoptada por
el a quo, en el sentido de cuantificar el daño fiscal solo en los recursos que el
Municipio de Maní (Casanare) tuvo que destinar para la rehabilitación y

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mantenimiento de las obras de acueducto ejecutadas en el año 2009 y que
permanecieron por más de 10 años sin funcionamiento con ocasión a la falta de los
permisos ambientales, y no al valor total del contrato interadministrativo núm. 018
de 30 de diciembre de 2008, como lo determinó la Contraloría General de la
República en el fallo de responsabilidad fiscal. Toda vez que, se tuvo en
consideración que la parte demandante ejecutó parcialmente las obligaciones
contenidas en el mencionado contrato.

162. Frente a los argumentos expuestos por la parte demandada, esta Sala
considera que la administración de justicia al efectuar el estudio de legalidad de los
actos administrativos puede variar la decisión si en el caso objeto de estudio de
encuentran las pruebas que permitan llegar a dicha decisión.

163. Y en razón de ello, en el caso sub examine se realizó la valoración probatoria
integral no solo se las actuaciones adelantadas en el proceso de responsabilidad
fiscal, si no los medios probatorios decretados en el proceso judicial. Como bien lo
indicó la parte demandada, el proceso de responsabilidad fiscal es resarcitorio y no
sancionatorio, motivo por el cual, si bien es reprochable la conducta omisiva de la
parte demandante respecto a las gestiones administrativas tendientes a la obtención
de los permisos ambientales, para el funcionamiento de los acueductos veredales,
no puede desconocerse que también fueron ejecutadas las obras de construcción
en el año 2009 y que por el abandono a las que estuvieron sometidas por más de
10 años, la administración municipal tuvo que destinar otros recursos para su
rehabilitación y mantenimiento, y es justamente esos recursos los que hoy se
predican como daño patrimonial del Estado.

164. Finalmente, respecto al recurso de apelación presentado por el Ministerio
Público, en donde consideró que “[…] la jurisdicción de lo contencioso administrativo
en este asunto en específico, tiene que declarar que al monto aducido por la
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA como cuantía de la responsabilidad
fiscal en cabeza del señor JAVIER MONTOYA SALCEDO debe sumársele los
$700.855.588,53 que se acreditaron como gasto adicional para la puesta en
funcionamiento de los sistemas de acueducto y/o por lo menos mantener el monto
de la sanción por responsabilidad fiscal en CINCO MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS
VEINTICUATRO PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

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($5.274.212.624,65) conforme a lo probado dentro del proceso adelantado por el
organismo de control […]”.

165. Conforme lo indicado supra, esta Sala reitera una vez más que, actualmente
el daño patrimonial al Estado se encuentra configurado en los contratos que
debieron suscribirse para la rehabilitación y mantenimiento y que sirvieron de
soporte para la puesta en funcionamiento de los acueductos.

Conclusiones de la Sala

166. En suma, la Sala considera que, en el caso sub examine, no desvirtuó la
presunción de legalidad de los actos administrativos acusados, sin embargo, de las
pruebas obrantes en el proceso se estima el daño patrimonial del Estado en cuantía
diferente al decidido en el fallo de responsabilidad fiscal.

167. Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia proferida, en
primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley

III. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida, en primera instancia, por el
Tribunal Administrativo de Casanare, el 9 de marzo de 2023, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

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Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

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