Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 85001-23-33-000-2022-00046-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 85001-23-33-000-2022-00046-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 85001-23-33-000-2022-00046-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
20 de junio de 2024
1
Radicado: 85001 23 33 000 2022 00046 01
Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Casanare
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D. C., veinte (20) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación núm.: 85001 23 33 000 2022 00046 01
Actor: Defensoría del Pueblo Regional Casanare
Demandados: Nación – Ministerio de las Tecnologías de la Información, la Agencia
Nacional del Espectro, Comunicación Celular S.A – Comcel S.A y Colombia
Telecomunicaciones S.A. E.S.P.
Tesis: El juez puede valerse de un antecedente jurisprudencial para resolver una
controversia sometida a su consideración, ese evento por sí solo no constituye, en
absoluto, un defecto que justifique la revocación de la decisión.
El Tribunal no valoró las pruebas documentales arrimadas al plenario por la parte
demandante.
No es cierto que de la falta de valoración de los documentos allegados por la parte
accionante se desprenda la vulneración de los derechos colectivos que se invocan en
la demanda.
SENTENCIA – SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la Defensoría del
Pueblo Regional Casanare, en contra de la sentencia del 31 de agosto de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo del Casanare.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. La parte actora presentó acción popular1 en contra del Ministerio de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (en adelante Mintic), la Agencia
Nacional del Espectro (en adelante la Agencia), COMCEL S.A. y Colombia
Telecomunicaciones S.A. E.S.P., al estimar vulnerados los derechos colectivos de
1 Índice núm. 2 de Samai.
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acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna y los
derechos de los consumidores y usuarios, por la deficiencia en la prestación del
servicio de telefonía celular, datos móviles e internet en los Municipios de Sácama y
La Salina.
Para el efecto formuló las siguientes pretensiones:
“1. Declarar responsables a las entidades y sociedades demandadas MINISTERIO
DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN –
MINTIC-; la AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO – ANE-; la sociedad
COMUNICACIÓN CELULAR S.A. - COMCEL S.A., y la sociedad TELEFÓNICA
COLOMBIA y/o quienes resultaren vinculados dentro del trámite procesal por la
vulneración de Derechos Colectivos del acceso a los servicios públicos, y a que su
prestación sea eficiente y oportuna, derechos de consumidores, por la deficiente
prestación de los servicios de telefonía móvil, datos móviles e internet.
2. Que consecuencialmente se profieran órdenes para que las Accionadas
MINISTERIO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN – MINTIC-; la AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO – ANE-;
la sociedad COMUNICACIÓN CELULAR S.A. - COMCEL S.A., y la sociedad
TELEFÓNICA COLOMBIA dispongan de medidas necesarias, verificables,
medibles, efectivas y eficientes, para garantizar la protección de los derechos
colectivos de ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y A SU PRESTACIÓN
EFICIENTE Y OPORTUNA, a través del mejoramiento de los servicios de telefonía
móvil, datos móviles e internet en la jurisdicción de los Municipios de Sácama y la
Salina, Casanare, con lo cual se beneficiarían los habitantes de esas
municipalidades, así como la cesación del agravio sobre sus derechos e intereses
colectivos.
3. Ordenar la apropiación de recursos necesarios y suficientes para la instalación
de nuevas antenas que amplíen el espectro radioeléctrico y los niveles de calidad,
cobertura, tráfico de datos y emisión de ondas electromagnéticas en el área urbana
y rural de los municipios de Sácama y La Salina, Casanare.
4. Que se ordene a las entidades y sociedades demandadas MINISTERIO DE LAS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN – MINTIC-; la
AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO – ANE-; la sociedad COMUNICACIÓN
CELULAR S.A. - COMCEL S.A., y la sociedad TELEFÓNICA COLOMBIA y/o
quienes resultaren vinculados dentro del trámite procesal, la apropiación de
recursos necesarios y suficientes para la instalación de equipos tecnológicos de
mayor potencia en las antenas existentes con el fin de que se amplíen el espectro
radioeléctrico y los niveles de calidad, cobertura, tráfico de datos y emisión de
ondas electromagnéticas en el área urbana y rural de los municipios de Sácama y
La Salina, Casanare.
5. Q ue se establezca la conformación de un comité para la verificación del
cumplimiento de sentencia, en el cual se haga efectiva la participación de personas
pertenecientes a la comunidad afectada.
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6. De acuerdo a lo previsto por esta acción constitucional solicito respetuosamente
señores Magistrados se pronuncien en todo lo demás que consideren pertinente,
a efectos de proteger los derechos colectivos violados.”2
1.2. Como sustento de las pretensiones adujo lo siguiente:
Mencionó que aproximadamente la población afectada es de tres mil seiscientas
catorce (3.614) personas que se encuentran en el Municipio de Salinas con mil
trescientas ochenta y cinco (1.385) habitantes, en Sácama con dos mil diez (2.010)
habitantes y el Resguardo Indígena Chaparral Barro Negro con doscientos diecinueve
(219) habitantes.
Aseguró que la mayoría de los pobladores de ese ente territorial posee un equipo móvil
para comunicarse mediante el servicio de telefonía celular y que algunos usuarios
cuentan con servicio de datos móviles e internet.
Expuso que el único operador que presta estos servicios es COMCEL, el cual tiene
instalada una antena en la zona limítrofe con el Municipio de Yopal.
Sostuvo que actualmente el servicio de telefonía celular, datos móviles e internet es
deficiente, circunstancia que impide la comunicación de los residentes de La Salina y
Sácama, especialmente en actividades laborales y educativas que luego de la
pandemia por COVID-19 pasaron a realizarse de forma virtual.
Indicó que ha requerido a cada una de las entidades accionadas con el fin de que
optimice la prestación de los servicios mencionados. Sin embargo, han presentado
diferentes obstáculos que evitan la destinación de recursos para la realización de las
obras y actividades que pueden contribuir a mejorar la comunicación y conectividad de
los vecinos de la señalada municipalidad.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
2.1. La demanda se radicó el 3 de junio de 2022. Mediante auto del 8 de junio de 2022,
el Tribunal Administrativo de Casanare admitió y ordenó las notificaciones de rigor.
2 Ibidem.
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Con providencia del 21 de julio de 2022, dispuso la vinculación de Colombia Móvil S.A.
E.S.P. y de Partners Telecom Colombia S.A.S.
2.2. La Agencia Nacional del Espectro3 presentó oposición a las pretensiones de la
demanda argumentando que no vulneró los derechos colectivos invocados y que
carece de competencia de vigilancia y control sobre los asuntos relacionados con la
cobertura y calidad de los servicios de telefonía móvil e internet. Agregó que no apropia
recursos para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones.
Señaló que, sus funciones son de vigilancia y control y se limitan al espectro
radioeléctrico, es decir, no a la cobertura y la calidad del servicio de conformidad con
la Ley 1341 de 2009, el Decreto 4169 de 2011, la Ley 1978 de 2019, la Ley 1753 de
2015 y el Decreto 1078 de 2015.
Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.
2.3. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones4 informó
que la prestación del servicio de telefonía móvil en los Municipios de Sácama y La
Salina se provee con la infraestructura desplegada por COMUNICACIÓN CELULAR
S.A. COMCEL S.A., cuenta con una estación base (2G/3G/4G) para ese ente territorial;
y en el Municipio de La Salina se provee también con la infraestructura desplegada por
la referida empresa, la que igualmente cuenta con una estación base (2G/3G/4G).
Respecto de los indicadores de calidad explicó que de acuerdo con lo dispuesto en la
Resolución CRC 5321 de 2018, los operadores no están obligados a medir y reportar
los indicadores de calidad de voz y datos móviles 3G en los Municipios de La Salina y
Sácama, ya que se encuentran exentos del cumplimiento de las metas de calidad. Esto
con el fin de promover la masificación de servicios en dichos municipios.
Dijo que sus funciones están orientadas a la consecución de los objetivos de que trata
el artículo 17 de la Ley 1341 de 2009, los cuales, en general, se encausan a promover
el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones,
3 Ibidem.
4 Ibidem.
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diseñar, formular, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos del
sector, así como impulsar su desarrollo y fortalecimiento.
Precisó que el acceso al espectro radioeléctrico en Colombia se produce previo
proceso de selección objetiva, sin que exista competencia alguna que faculte al Mintic
para imponer a los particulares ni a las entidades públicas la adopción de una
tecnología ni infraestructura en particular para el desarrollo de sus actividades, porque
de hacerlo, vulneraría el principio de neutralidad tecnológica previsto en el numeral 6,
del artículo 2 de la Ley 1341 de 2009.
Advirtió que la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control desarrolló dos (2)
investigaciones administrativas ya sancionadas, en las que se encuentran
involucrados los Municipios de Sácama y La Salina, así:
“Investigación AVANTEL: BDI 2824 de 2019 Temática: no garantizar, después del
quinto (5) año contado a partir de la ejecutoria de la resolución de asignación
(Resolución 2627 de 2013), la prestación de servicios con tecnologías que
cumplan con las condiciones de servicios exigidas en el artículo décimo de la
misma Resolución, en ciento por ciento (100%) de las cabeceras municipales del
país.
Sanción: Multa 11,348.88 SMLMV 2018 la cual ya se encuentra ejecutoriada por
interposición de recursos ya resueltos.
Investigación DIRECTV: BDI 2823 de 2019
Temática: No garantizar, después del quinto (5) año contado a partir de la
ejecutoria de la resolución de asignación (Resolución 2626 de 2013), la prestación
de servicios con tecnologías que cumplan con las condiciones de servicios exigidas
en el artículo décimo de la misma Resolución, en ciento por ciento (100%) de las
cabeceras municipales del país.
Sanción: Multa 10,249.02 SMLMV 2018 la cual ya se encuentra ejecutoriada por
interposición de recursos ya resueltos”.5
De conformidad con los indicadores de calidad precisó que, en atención a lo dispuesto
en la Resolución CRC 5321 de 2018, los operadores no están obligados a medir y
reportar los indicadores de calidad de voz y datos móviles 3G en los municipios de La
Salina y Sácama, ya que se encuentran exentos del cumplimiento de las metas de
calidad. Esto con el fin de promover la masificación de servicios en dichos municipios.
5 Ibidem.
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Comentó que el 20 de diciembre de 2019 adelantó proceso para asignar permisos de
uso del espectro radioeléctrico en las bandas 700MHz,1.900MHz y 2.500 MHz,
mediante el mecanismo de subasta, desarrollado de acuerdo con las reglas fijadas en
la Resolución 3078 de 2019. Como resultado de este proceso, se otorgaron permisos
para el uso del espectro radioeléctrico a los participantes ganadores de los bloques
subastados los cuales tendrán la obligación de ampliar cobertura de servicios de
telecomunicaciones móviles en tres mil seiscientos cincuenta y ocho (3.658)
localidades de áreas rurales de todo el país que hoy no tienen ningún tipo de
conectividad.
Expresó que COMCEL debe efectuar actualización tecnológica de las redes de
telecomunicaciones móviles en los municipios de menos de cien mil (100.000)
habitantes que hacen parte de la obligación en un plazo máximo de 4 años y según la
información reportada con corte a 16 de junio de 2022, esa empresa informó que la
actualización tecnológica para los Municipios de Sácama y La Salina está incluida en
el cronograma que finaliza en el mes de mayo de 2024, es decir, dentro del plazo
otorgado.
Propuso como excepciones las que denominó:
Ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales. Sustentó el medio exceptivo
en que la parte actora no demostró la vulneración o amenaza de los derechos e
intereses colectivos, razón por la cual la afirmación de que el servicio de
telecomunicaciones no se presta de forma eficiente no pasaba de ser un hecho
subjetivo carente de respaldo probatorio.
Falta de legitimación en la causa por pasiva. Arguyó que no es el titular de la obligación
que sustenta las pretensiones de la demanda y que la ubicación de torres y antenas
de comunicaciones en un lugar específico del municipio, es un asunto de ordenamiento
y no de regulación por parte del Ministerio.
No comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios. Explicó que para
decidir el asunto de la referencia era indispensable la vinculación de los secretarios de
infraestructura o de obras públicas o de sus pares funcionales, de las Alcaldías de
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Sácama y La Salina y de la Empresa de Energía de Casanare – ENERCA S.A. E.S.P.
y de todos los operadores que prestan el servicio referido de forma directa o indirecta.
Desconocimiento de la jurisprudencia vigente en materia de acciones populares sobre
derechos colectivos a la prestación de servicios en materia TIC. Señaló que el Consejo
de Estado en un caso de similares condiciones fácticas y jurídicas emitió un
pronunciamiento en el que revocó una sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Casanare que había amparado el derecho colectivo a la prestación
oportuna y eficiente del servicio público de telefonía celular (voz y datos, en lo referente
a calidad y cobertura), en la zona rural del Municipio de Chámeza, por parte del Mintic,
de la Comisión de Regulación de las Comunicaciones y de la Agencia.
2.4. COMCEL S.A.6 en su defensa planteó las siguientes excepciones:
Inexistencia de derechos colectivos vulnerados. Manifestó que ha prestado los
servicios que tiene a cargo en forma continua y eficiente, teniendo en cuenta las
circunstancias propias de la zona en temas como orden público, dificultades
geográficas y aislamiento.
Alegó que las fallas que eventualmente puedan ocurrir no son selectivas, sino
derivadas de las circunstancias propias del municipio.
Precisó que no tiene capacidad jurídica ni facultades legales para incidir en las
decisiones de las entidades que figuran como demandadas, ni para modificar las
normativas estatales, mucho menos los modelos de negocio de los contratistas
estatales o las condiciones de mercado que rigen el desarrollo de la infraestructura de
servicios públicos en una determinada región del País.
Indicó igualmente que no es procedente imponer obligaciones económicas o logísticas
a los operadores del servicio, especialmente en materia de ampliación de
infraestructura, que no sea posible recuperar vía tarifas o que no responden a las
condiciones reales del mercado.
6 Ibidem.
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Falta de legitimación en la causa por pasiva. Argumentó que imponerle obligaciones
relacionadas con la ampliación de infraestructura de servicios públicos, sin determinar
los costos de la decisión, sería un abuso y conllevaría desconocimiento de las
competencias en la materia. Además de confusión entre los alcances de las relaciones
entre el Estado y los particulares que prestan servicios en nombre de este.
Protección a la libre empresa y la estabilidad jurídica. Dijo que so pretexto de la
protección de los derechos colectivos no podían ser desconocidos los principios
esenciales de la economía nacional, como la libre empresa y la estabilidad jurídica,
que se verían amenazados si se obliga a los operadores del servicio a asumir mayores
costos.
Improcedencia de la acción. Afirmó que no estaban identificados los intereses
colectivos en juego y que la telefonía celular y los datos móviles no constituían
servicios públicos domiciliarios. Agregó que el proceso de implementación de las
tecnologías de la información no se basa en el simple querer de los operadores, sino
que se encuentra limitado, entre otras causas, por las condiciones geográficas,
económicas y sociales de los sitios donde se pretenden desarrollar los proyectos.
Legalidad de las actuaciones de COMCEL. Explicó que como operador del servicio
varias veces señalado ha ajustado sus actuaciones al ordenamiento jurídico y al
cumplimiento de sus obligaciones. Añadió que los hechos de la demanda popular no
evidenciaban que hubiese incurrido en alguna irregularidad. Aclaró que los defectos
en la prestación del servicio de energía eléctrica inciden de forma directa en la calidad
de la señal de la telefonía celular y del internet.
2.5. Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P.7 se opuso a las pretensiones de la
demanda argumentando que carecen de sustento jurídico y fáctico, pues se basan en
solas conjeturas.
Propuso las excepciones que denominó inexistencia de vulneraciones a los derechos
colectivos, carencia de pruebas, falta de legitimación por pasiva, legalidad de las
actuaciones de Colombia Telecomunicaciones y hecho de un tercero.
7 Ibidem.
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Todas las fundamentó en la carencia de prueba respecto de la vulneración alegada o
que está fuere imputable a Colombia Telecomunicaciones, empresa que ha cumplido
con la prestación del servicio atendiendo las condiciones dispuestas para el efecto.
2.6. COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P. y UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.8
Adujeron que no se encuentran legitimadas para responder por las supuestas
vulneraciones de los derechos colectivos invocados en la demanda.
Propusieron las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva,
improcedencia de la acción popular, ausencia de vulneración de derechos colectivos
y buena fe.
La primera la sustentaron en que la prestación del servicio de telecomunicaciones
móviles se efectúa por medio del roaming automático nacional de la empresa CLARO,
por lo que la calidad en la prestación del servicio a sus usuarios depende directamente
de ese operador. Agregaron que las obligaciones contraídas por ellas no contemplan
las de ampliar la red en los Municipios de Sácama y La Salina.
La segunda la fundamentaron en que el actor se limitó a aducir a la presunta
vulneración de derechos, pero incumplió el deber procesal de probar la deficiencia que
alegó.
La tercera la respaldaron en que sus actuaciones siempre han sido acordes con las
normas sobre la materia y han buscado lograr el cumplimiento de sus obligaciones.
2.7. PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S.9 Expresó que el 20 de febrero de
2020, el MINTIC expidió 9 resoluciones mediante las cuales asignó permiso de uso del
espectro en diferentes bloques y a diferentes operadores. En el caso de WOM lo hizo
para el 1 bloque en la banda de 700 MHz y 2 bloques en la banda de 2500 MHz; y
respecto a la cobertura geográfica, lo estableció en 674 localidades a desplegar entre
el 2020 y 2021, entre las cuales no se encuentran los Municipios de Sácama y La
8 Ibidem.
9 Ibidem.
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Salina. Sin embargo, dijo que sí prestaba sus servicios en estos municipios mediante
roaming automático nacional, a través de las redes móviles de otros operadores.
Además, trajo a colación el fallo del 23 de abril de 2020, proferido por la Sección
Primera del Consejo de Estado dentro de la acción popular interpuesta por la
Personería Municipal de Chámeza, con radicado núm. 85001-23-33-000-2018-00146-
01, Consejera Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón.
Propuso las excepciones de falta de agotamiento del requisito de procedibilidad, falta
de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de vulneración, obligación del
Estado de dirigir las políticas públicas del sector telecomunicaciones y la genérica.
2.8. Por acta del 17 de enero de 2023, el Tribunal Administrativo de Casanare declaró
fallida la audiencia de pacto de cumplimiento ante la ausencia de ánimo entre las
partes para llegar a un acuerdo conciliatorio.
III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
3.1. El Tribunal Administrativo de Casanare dictó la sentencia del 31 de agosto de
202310, cuya parte resolutiva dispuso:
“PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación por pasiva
en cabeza de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
SEGUNDO: DECLARAR no probadas las excepciones de falta de legitimación en
la causa por pasiva desde el punto de vista procesal, falta de integración del
litisconsorcio necesario, falta de agotamiento del requisito de procedibilidad e
ineptitud de demanda por falta de requisitos formales, según lo indicado en la
motivación.
TERCERO: DECLARAR que no se acreditó la vulneración de los derechos
colectivos invocados por la Defensoría del Pueblo Regional Casanare, por las
razones señaladas en las consideraciones. En consecuencia, NEGAR las
pretensiones.
CUARTO: NO CONDENAR en costas en la instancia
QUINTO: ORDENAR la publicación de la parte resolutiva de esta sentencia en un
diario de amplia circulación nacional a costa de la parte accionante dentro de los
cinco días hábiles siguientes a su ejecutoria y que acredite tal situación ante esta
10 Ibidem.
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Corporación dentro de los 3 días siguientes al vencimiento del plazo anterior. Para
el efecto, la Secretaría expedirá la correspondiente copia.
SEXTO: ORDENAR a la Secretaría que remita copia de la demanda, del auto
admisorio y de este fallo, a la Defensoría del Pueblo para los fines previstos en el
artículo 80 de la Ley 472 de 1998, relacionados con el registro público centralizado
de acciones populares y acciones de grupo.
SÉPTIMO: Si el fallo no fuere apelado, MANTÉNGASE el expediente en Secretaría
por el término y para los efectos establecidos en el artículo 36 A de la Ley 270 de
1996, en concordancia con lo dispuesto por la Ley 1437 de 2011, en su artículo
272 y siguientes.”.11
3.2. El Tribunal señaló que no prospera la excepción de falta de agotamiento del
requisito de procedibilidad respecto de Partners Telecom Colombia toda vez que
Partners fue llamado al proceso con posterioridad por solicitud de Comcel, por ende,
no es procedente exigir que la parte demandante agotara el requerimiento ante dicha
sociedad, de conformidad con el artículo 144 del CPACA.
A su vez, descartó la configuración de la excepción de falta de integración del
litisconsorcio necesario al considerar que era la parte actora, según los hechos, las
pretensiones y las competencias constitucionales y legales, la encargada de
determinar los demandados. Además, que no se probó que para tramitar el proceso
se requiriera de la comparecencia de otras entidades diferentes a las que ya
conformaban el extremo pasivo.
Agregó que de llegar a ser necesario la intervención del municipio para otorgar
permisos para la colocación de infraestructura para la prestación de los servicios
comentados, ese trámite lo debía adelantar la empresa encargada de esa actividad,
sin que ello constituyera un motivo para vincular al ente territorial al proceso.
De la misma forma procedió con la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva, formulada por la mayoría de los accionados, que desestimó al observar que
solo era posible establecer si estos debían responder o no por los perjuicios
reclamados, una vez se acreditara la vulneración de los derechos colectivos.
Por último, el Tribunal se pronunció acerca de la ineptitud de demanda por falta de
requisitos formales, formulada por el Mintic y señaló que no es requisito que deba
11 Ibidem.
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acreditarse la vulneración de los derechos invocados pues esto se logra después de
superadas las etapas del proceso. Por lo tanto, no prosperó la excepción.
3.3. Al estudiar el fondo del asunto comenzó por hacer referencia de manera extensa
a la situación fáctica y a los argumentos jurídicos que sustentaron el pronunciamiento
proferido en segunda instancia en la acción popular con radicado núm. 85001-23-33-
000-2018-00146-01.
Luego, señaló que si bien la sentencia de 23 de abril de 2020, proferida por la Sección
Primera del Consejo de Estado, no tenía el carácter de precedente judicial, lo cierto
era que contenía razones que resultaban aplicables para decidir la actual controversia.
Del estudió del acervo probatorio concluyó que los testigos técnicos coincidieron en
afirmar que las empresas accionadas estaban cumpliendo con las obligaciones que
les fueron impuestas y en los Municipios de Sácama y La Salina cuenta con dos (2)
estaciones base por medio de las cuales obtiene cobertura 2G, 3G y 4G. También
concluyó que esta última no se presta en la zona montañosa debido a la topografía,
que impide que la señal llegue en óptimas condiciones.
Explicó que de conformidad con lo expuesto por el Consejo de Estado en el fallo
referido, debía analizarse si el Estado en su calidad de administrador del espectro
electromagnético y, por ende, radioeléctrico, permite a los particulares su utilización a
cambio de una contraprestación económica y que estos sean los que procuren la
inversión en infraestructura y maximización del bienestar social.
Sostuvo que, aunque los servicios públicos invocados son esenciales, su garantía,
dadas las condiciones geográficas de los Municipios de Sácama y La Salina y otros
entes territoriales del Departamento de Casanare, tal como, lo señaló el Consejo de
Estado, son de satisfacción gradual en la medida en que los recursos económicos y
técnicos lo permitan.
Recordó que la obligación de garantizar esos servicios está en cabeza del Estado,
específicamente del Mintic, entidad que administra el espectro y se encarga de emitir
las políticas para que las empresas estatales y/o particulares hagan las inversiones
necesarias para lograr un servicio público eficiente en materia de comunicaciones.
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Agregó que la citada cartera ministerial inició el proceso de selección objetiva mediante
subasta para otorgar permisos de uso del espectro radioeléctrico a nivel nacional.
Afirmó que asistía razón a las entidades demandadas y llamadas al proceso en cuanto
indicaron que ellas están cumpliendo con lo dispuesto en los actos administrativos a
través de los cuales se les otorgó la licencia para el uso del espectro y las obligaciones
que deben cubrir en desarrollo de ella.
También aceptó el argumento expuesto por esas entidades, en cuanto a que, si bien
deben cumplir un objeto social respecto de la comunidad en general, no pueden ni
deben asumir gastos e inversiones sino hasta donde obtengan un margen de
rentabilidad económica.
De tal forma, concluyó que no se acreditó la vulneración de los derechos colectivos.
Por último, señaló que no proferiría condena en costas en tanto no encontraba
configurada temeridad o mala fe por parte de la entidad actora.
IV. RECURSO DE APELACIÓN12
La Defensoría del Pueblo Regional Casanare13 presentó recurso de apelación en
contra de la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de
Casanare por las razones que se expondrán a continuación.
En primer lugar, alegó que el Tribunal consideró que la sentencia proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado en el proceso con radicado núm. 85001-23-
33-000-2018-00146-01, no era un precedente judicial obligatorio en razón a que no
guardaba estricta relación con los hechos planteados en la acción de la referencia, por
lo que no fue tenida en cuenta al momento de fallar. Sin embargo, citó la decisión con
el objeto de realizar un paralelo entre la situación analizada en la sentencia y la del
caso de estudio, esto con miras a establecer una similitud en los casos y brindar una
herramienta al momento de proferir una decisión.
12 El Tribunal concedió recurso de apelación con auto del 13 de septiembre de 2023. En segunda
instancia, el Despacho Sustanciador lo admitió con providencia de 19 de octubre de 2023.
13 Ver expediente digitalizado que obra en el índice núm. 2 de Samai.
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En segundo lugar, la recurrente manifestó que el Tribunal omitió la valoración de una
serie de pruebas aportadas al proceso y que no realizó mención alguna sobre la
situación fáctica y jurídica expuesta. Entre los elementos probatorios mencionados se
encuentran: i) el documento denominado alerta temprana núm. 023 de 2020, firmado
por el Defensor del Pueblo de la época Carlos Alfonso Negret Mosquera; ii) la
comunicación de fecha 6 de enero de 2022 con radicado 222000832, emitida por
Nicolas Almeyda Orozco, director de Infraestructura y Alberto Rodríguez, director de
la Industria de Telecomunicaciones del Mintic; iii) la comunicación de fecha 6 de abril
de 2022, firmada por Marlen Fabiola Medina Fuentes, Personera Municipal de Sácama
y por Nixon Richard Jaimes Duran, Personero Municipal de La Salina.
En términos de la apoderada de la Defensoría del Pueblo, Regional Casanare, los
elementos probatorios precitados lograban evidenciar las dificultades existentes en los
territorios de Sácama, La Salina y del Resguardo Indígena Chaparral Barro Negro en
materia de servicios de telefonía, datos e internet; además, las documentales precisan
el tipo de deberes a cargo de las entidades estatales, quienes deben realizar acciones
tendientes a garantizar el acceso efectivo a los servicios públicos de la población en
condiciones de pobreza y vulnerabilidad.
La Defensoría del Pueblo, Regional Casanare, considera que el acervo probatorio
mencionado no fue contemplado por el Tribunal, ni este ejerció sus facultades
jurisdiccionales relacionadas con el decreto oficioso de pruebas, ni se dio lugar a la
figura de la carga dinámica de la prueba, a fin de que se esclareciera la existencia de
la vulneración de los derechos colectivos incoados en la acción popular.
Por lo que solicita se conceda el recurso de apelación y, en consecuencia, se revoque
la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Casanare y se amparen los
derechos colectivos de los entes territoriales enunciados.
V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA14
Por medio de auto del 19 de octubre de 2023, el Despacho sustanciador admitió el
recurso de apelación interpuesto por la Defensoría del Pueblo Regional del Casanare
14 Todo el trámite obra en el expediente digital en Samai.
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y prescindió del traslado para alegar de conclusión en aplicación de lo previsto en el
numeral 5 del artículo 247 del CPACA, aplicable al presente asunto por la remisión que
autoriza el artículo 44 de la Ley 472 de 1998.
VI. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
El Ministerio Público se abstuvo de emitir concepto en este proceso.
VII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
7.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, el artículo
150 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019, proferido por el
Consejo de Estado, esta Corporación es competente para conocer, en segunda
instancia, de los recursos de apelación en contra de las sentencias emitidas por los
Tribunales Administrativos en los medios de control de defensa de intereses y
derechos colectivos.
7.2. Planteamiento
La Sala advierte que la Defensoría del Pueblo Regional Casanare difiere de la decisión
adoptada por el Tribunal en dos aspectos: el primero tiene que ver con el alcance de
la sentencia de 23 de abril de 2020, proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado, pues, a su juicio, pese a que el juez de primera instancia entendió que no
resultaba aplicable al trámite constitucional de la referencia la citó, utilizó y comparó
con el actual proceso; en tanto que el a quo entendió que, aunque el citado fallo no
constituía en estricto sentido precedente vinculante para resolver el caso, contenía
motivos que resultaban pertinentes para definir la controversia.
El segundo recae en la falta de valoración de ciertas pruebas, dado que para el
recurrente se dejaron de estudiar tres (3) pruebas documentales que permitían
demostrar las dificultades afrontadas por los habitantes de los territorios señalados en
relación con la vulneración de los derechos colectivos del asunto; mientras que, para
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el Tribunal, fue suficiente el concepto de los expertos para probar que no era deficiente
la prestación del servicio de telefonía móvil y datos.
7.3. Generalidades de la acción popular
De acuerdo con su definición constitucional - artículo 88 de la Constitución Política- y
legal -artículo 2, inciso 2 de la Ley 472 de 1998, las acciones populares se ejercen
para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, vulneración o
agravio sobre los derechos e intereses colectivos consagrados por la Constitución y la
ley, o para restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible.
Se trata, según lo dispuesto por el artículo 9 de la precitada ley, de acciones que
proceden contra toda acción u omisión de las autoridades o particulares que hayan
violado o amenacen violar los derechos e intereses colectivos. Por ende, a la luz de lo
dispuesto por los artículos 2 y 9 ejusdem, la acción popular se ha calificado como un
medio procesal de carácter preventivo, reparativo, correctivo o restitutorio,
dependiendo de las particularidades del caso.
7.4. De las consideraciones expuestas por el Tribunal sobre el alcance de la
sentencia proferida por esta Sección el 23 de abril de 2020
7.4.1. La Sala determinará si al resolver la acción popular de la referencia en primera
instancia, aun cuando el Tribunal de forma expresa señaló que, la sentencia de 23 de
abril de 2020, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado en el expediente
con radicado número 85001-23-33-000-2018-00146-01, no constituía precedente
judicial, en realidad lo citó in extenso en el fallo y utilizó sus consideraciones para
resolver el litigio.
Pues bien, en el fallo recurrido el Tribunal se refirió a la sentencia de 23 de abril de
2020, de la siguiente forma:
“Los accionados para sustentar la falta de vulneración que alegan indicaron que
existe precedente judicial refiriéndose al fallo emitido por la Sección Primera del
Consejo de Estado el 23 de abril de 2020 dentro de la radicación
85001233300020180014601. Al analizar este fallo se establecen los siguientes
aspectos relevantes:
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El objeto de esa acción popular era la protección de los derechos colectivos al goce
del espacio público, a la utilización y defensa de los bienes de uso público y al
acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna por
parte de algunas de la NACIÓN – MINISTERIO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES “MINTIC”; COMISIÓN DE
REGULACIÓN DE LAS COMUNICACIONES “CRC”; AGENCIA NACIONAL DEL
ESPECTRO “ANE” y COMCEL S.A. por las condiciones en que se presta el
servicio de telefonía celular(voz y datos) en el municipio de Chámeza.
Este Tribunal mediante fallo del 1 de agosto de 2019 emitió sentencia declarando
la vulneración de derechos y emitiendo órdenes para su protección, porque
encontró acreditado lo siguiente:
(…)
La sentencia fue apelada y el Consejo de Estado la revocó con fundamento en lo
siguiente:
(…)
En el caso concreto se acreditaron los siguientes aspectos relevantes:
(…)
Acorde con la documentación allegada, el Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones adelantó proceso de selección objetiva y según
lo informó, por cumplir con los requisitos previstos en la Resolución 000449 del 11
de marzo de 2013 que obra en el consecutivo 110, otorgó permiso para el uso del
espectro radioeléctrico a las empresas demandadas y en el plenario obran los
actos administrativos, en los que se plasman, entre otras, las obligaciones a cargo
del asignatario del permiso:
➢ Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto, alcances, condiciones y
obligaciones establecidas en esos actos administrativos y aquellas derivadas del
proceso de asignación.
➢ Cumplir con la normativa vigente y con las disposiciones legales, reglamentarias
y regulatorias expedidas y que se expidan a futuro por parte de las entidades
competentes, en relación con la planeación, gestión y uso del espacio
radioeléctrico.
➢ Asumir, por su cuenta y riesgo, la explotación del espectro cuyo permiso de uso
fue asignado y para ello deberá dar cumplimiento a todas las obligaciones
derivadas del permiso.
➢ Enviar de manera completa, clara y ordenada, en los términos indicados por el
Ministerio y demás entidades competentes, la información que le sea requerida
para llevar a cabo la efectiva supervisión e inspección del cumplimiento de las
obligaciones a su cargo.
➢ Prestar los servicios por su cuenta y riesgo, en forma continua, eficiente, y
cumpliendo con los requisitos mínimos de calidad de servicio descritos en las
normas expedidas por la Comisión de Regulación de Comunicaciones.
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➢ Cumplir oportunamente con el pago de la contraprestación pecuniaria que se
cause por la asignación del permiso de uso del espectro radioeléctrico.
➢ Mantener actualizado el registro de todos sus abonados.
➢ Respetar y acatar el Estatuto del Consumidor y los demás estatutos
relacionados.
➢ Cumplir con las nomas y parámetros técnicos para el uso del espectro
radioeléctrico que resulten aplicables. Garantizar el funcionamiento, interconexión
y acceso de su red con las demás redes de telecomunicaciones, de conformidad
con la regulación vigente.
➢ Permitir la interconexión de sus redes y el acceso y uso de sus instalaciones
esenciales en condiciones no discriminatorias, incluida la instalación esencial de
roaming automático nacional, a cualquier otro proveedor de redes y servicios de
telecomunicaciones que lo solicite, de acuerdo con los términos o condiciones
establecidos al efecto por la entidad competente.
➢ Obtener y mantener vigentes todas las licencias, autorizaciones y permisos de
naturaleza nacional, departamental, distrital o municipal, necesarios para la
instalación de su infraestructura, así como aquellos que deban obtenerse para la
realización de obras. I. Reparar todos los daños que por sus actos u omisiones se
causen a la red de telecomunicaciones de otros proveedores de redes y servicios,
e indemnizar a los titulares de tales redes por los perjuicios que le hubieren
causado.
➢ No causar interferencias, y en caso de presentarse, acatar de manera expedita
los requerimientos que realice la Agencia Nacional del Espectro (ANE).
➢ Realizar la resintonización de las frecuencias asignadas, dentro de la misma
banda, en el momento en que el Ministerio se lo solicite, en razón a la
reorganización del espectro radioeléctrico, debido a un nuevo proceso de
asignación o con el fin de garantizar asignaciones de espectro en bloques
continuos.
➢ En caso de que se definan metodologías o se establezcan parámetros de
medición para validar el uso eficiente del espectro radioeléctrico, el asignatario
deberá dar estricto cumplimiento a dichas medidas.
➢ Asumir todos los riesgos derivados de posibles interferencias y, en general, de
cualquier alteración que modifique el uso definido o esperado de la banda.
➢ Suministrar al Ministerio o a quien este designe, la información requerida para
el seguimiento y supervisión de las condiciones establecidas en el permiso de uso
del espectro, así como brindar todo el apoyo requerido para el ejercicio de las
labores de seguimiento, supervisión y control.
De manera específica se destacan los siguientes aspectos:
(…)
En el trámite del proceso popular se practicaron las declaraciones que se sintetizan
a continuación:
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(…)
Analizada la situación decidida por el Consejo de Estado en la sentencia
transcrita parcialmente en relación con el caso que nos ocupa, debe
señalarse que:
Dicho fallo sí es una decisión de carácter obligatorio respecto de la situación que
conoció en apelación el Superior Funcional.
En la sentencia C-836 de 2001, la Corte Constitucional trató lo relacionado con los
precedentes y el fallo indicado en el literal anterior no reúne las condiciones para
constituir precedente judicial pues no contiene reglas de carácter obligatorio erga
omnes.
En aquella providencia, la Corte distinguió entre la decisión en sí y los argumentos
que la fundamentan, los cuales clasificó en ratio decidendi y obiter dictum, son de
carácter obligatorio los primeros, pero no los segundos.
También en ese fallo de constitucionalidad, la Corte dio el carácter de aceptabilidad
relativa a los obiter, teniendo en cuenta, entre otras situaciones, el órgano que la
profiere, la jerarquía del mismo respecto de las demás autoridades, el carácter
decantado y la fundamentación misma.
No obstante que, por los motivos señalados, la sentencia que citan las entidades
demandadas no tiene el carácter de precedente judicial para los demás casos
similares, lo cierto es que las razones expuestas por el Consejo de Estado para
revocar la decisión de este Tribunal sí resultan aceptables.” (Énfasis fuera del texto
original).
Y para resolver el caso concreto aludió al acervo probatorio, así:
“De otra parte, analizadas en conjunto las pruebas antes relacionadas se
establece que, tal como lo indicaron las accionadas, tanto en las contestaciones
de la demanda como en los alegatos de conclusión, el caso que aquí se analiza
tiene similares particularidades al decidido por el Consejo de Estado en la
sentencia proferida dentro de la acción popular radicada con el número
850012333000201800146 y que se trajo a colación en precedencia, por las
siguientes razones:
a.- La comunidad percibe que el servicio de telefonía celular e internet presenta
fallas, incluso lo catalogan como deficiente.
b.- Tanto los testigos técnicos como el MINTIC, que es la entidad que otorga
el permiso de uso del espectro radioeléctrico, coincidieron en que las
empresas accionadas están cumpliendo las obligaciones que les fueron
impuestas y no obra prueba en contrario.
c.- En los Municipios de Sácama y La Salina, al igual que en el de Chámeza, hay
cobertura 2G, 3G y 4G, este último no se presta en la zona montañosa debido a la
topografía del municipio, la cual no permite que la señal llegue en óptimas
condiciones.
d.- Tanto Sácama como La Salina cuentan con estación base de propiedad de
COMCEL.
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e.- Así las cosas, de conformidad con lo expuesto por el Consejo de Estado en el
fallo referido, lo que debe analizarse es si el Estado en su calidad de administrador
del espectro electromagnético y, por ende, radioeléctrico, permite a los particulares
su utilización a cambio de una contraprestación económica y que estos sean los
que procuren la inversión en infraestructura y maximización del bienestar social, lo
cual le permitirá al Estado atender su deber constitucional.
Se acreditó que el MINTIC realizó proceso de selección objetiva mediante subasta
para otorgar permisos de uso del espectro radioeléctrico a nivel nacional.
f.- Hay analogía fáctica y jurídica en ambos casos, es decir, entre el resuelto por el
Consejo de Estado y el que se analiza en el presente fallo.
g.- Las zonas donde residen las personas respecto de quienes se aduce la
violación de los derechos colectivos invocados están ubicadas en Casanare y
tienen similitud geográfica (montañosa), con deficiencias en energía (a ambas les
presta el servicio ENERCA), y vías carreteables de acceso, tal como lo indicaron
varios de los declarantes.
h.- Tampoco puede dejarse de lado que, aunque los servicios públicos deprecados
son esenciales, su garantía, dadas las condiciones de los municipios de Sácama
y La Salina y otros entes territoriales de Casanare, tal como lo señaló el H. Consejo
de Estado, son de satisfacción gradual en la medida en que los recursos
económicos, técnicos y otros, lo permitan.
i.- La obligación de garantizar esos servicios está en cabeza del Estado en general
y específicamente en el Ministerio de las Tecnologías de la Información y
Comunicaciones, a quienes corresponde la titularidad y administración del
espectro y emitir las políticas para que las empresas estatales y/o particulares
hagan las inversiones necesarias para lograr un servicio público eficiente en
materia de comunicación celular, datos e internet.
j.- Les asiste la razón a las entidades demandadas y llamadas al proceso en
cuanto indicaron que ellas están cumpliendo con lo dispuesto en los actos
administrativos a través de los cuales se les otorga la licencia para el uso del
espectro y las obligaciones que deben cubrir en desarrollo de ella, tal como lo
aseveró MINTIC, que es la entidad que otorga la licencia y vigila el cumplimiento
de las obligaciones fijadas.
k.- También se acepta el argumento expuesto por esas entidades a lo largo del
proceso, en cuanto que, si bien deben cumplir un objeto social respecto de la
comunidad en general, no pueden ni deben asumir gastos e inversiones sino hasta
donde les permita un margen de rentabilidad económica, teniendo en cuenta su
naturaleza privada.
l.- Tampoco puede olvidarse que quien presenta una acción popular, incluida la
Defensoría del Pueblo, tiene la carga procesal de demostrar la violación de los
derechos colectivos aducida, la que no se cumplió en el presente caso.”. (Subrayas
y negritas de la Sala).
En ese orden, la Sala advierte que si bien el Tribunal trajo a colación la sentencia
proferida por esta Sección, por constituir un pronunciamiento que resolvió un asunto
similar a la controversia actual, lo cierto es que fundó su decisión en las pruebas que
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encontró en el expediente de la referencia, especialmente en las testimoniales
técnicas, al tiempo que de forma expresa descartó que existiera un precedente judicial
que obligatoriamente debiera seguir.
En efecto, entre las páginas 43 a 58 del fallo de 31 de agosto de 2023, el a quo expuso
de forma detallada la totalidad del acervo probatorio que recaudó y el análisis
correspondiente. Además, que para negar la aplicación del precedente distinguió la
ratio decidendi del obiter dictum, con lo cual entendió que la sentencia del 23 de abril
de 2020, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado en el expediente con
radicado número 85001 23 33 000 2018 00146 01, no contenía una regla vinculante
para resolver la acción popular instaurada por la Defensoría del Pueblo Regional
Casanare.
Pese a que el Tribunal afirmó que existía “analogía fáctica y jurídica en ambos casos”,
utilizó una serie consideraciones del fallo popular de esta Sección que estaban
relacionadas con conceptos generales sobre la prestación del servicio público de
telecomunicaciones y las obligaciones estatales derivadas de la administración del
espectro radioeléctrico.
Bajo esa perspectiva, entendiendo que, de forma concreta, el reproche del recurrente
reposa en el uso del fallo precitado como un antecedente jurisprudencial, es necesario
precisar que tal aplicación no es, en manera alguna, reprochable y menos aún,
conduce a revocar la sentencia que se impugna, pues lo cierto es que siendo un
antecedente bien puede valerse de ella para resolver el asunto bajo examen trayendo
a colación los aspectos conceptuales que le resultan aplicables.
Así las cosas, es evidente que el cargo carece de sustento y por ende deberá ser
negado.
7.5. De la ausencia de valoración probatoria
7.5.1. La Sala establecerá si el Tribunal omitió estudiar las pruebas documentales de
la Defensoría Pueblo, el Mintic y las Personerías Municipales y si de su análisis era
dable concluir que la prestación del servicio de telefonía celular y datos móviles en los
Municipios de Sácama y La Salina es deficiente y afecta los derechos colectivos
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invocados por la parte actora, o, por el contrario, si su examen no altera la inferencia
a la cual se llegó en el fallo impugnado con la valoración de los testimonios técnicos,
que aducen que las entidades demandadas están cumpliendo con las obligaciones
que les fueron impuestas en los actos administrativos en los cuales se les otorgó
licencia para el uso del espectro radioeléctrico.
Según se observa, existe un conflicto por un juicio de omisión respecto de las pruebas
documentales que reposan en el proceso, dado que para la Defensoría del Pueblo
Regional Casanare no se observaron: (i) la alerta temprana núm. 023 de 2020, del
Defensor del Pueblo, (ii) la comunicación del 6 de enero de 2022, de los directores de
Infraestructura y Telecomunicaciones del Mintic y iii) la comunicación del 6 de abril de
2022, firmada por los Personeros Municipales de Sácama y de La Salina.
Al respecto, luego de corroborar el contenido de la sentencia del 31 de agosto de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo del Casanare, la Sala advierte que, en efecto,
en el contexto probatorio las pruebas que la parte actora extraña no fueron enlistadas,
citadas o referidas en forma alguna en el fallo de primera instancia. Ello implica que no
se consignó consideración alguna sobre su contenido. Motivo por el cual es
indispensable estudiarlas para determinar si tienen la contundencia para demostrar la
vulneración de los derechos colectivos.
.
Para comenzar, se debe señalar que las pruebas documentales de las que se viene
hablando ponen de presente las dificultades en la situación de los mencionados entes
territoriales. Por una parte, se concentran en afirmar el estado de vulnerabilidad social
y económica de la población de la zona objeto de la demanda que son atribuidos a las
condiciones geográficas y la falta de conectividad debido a las falencias de
infraestructura vial así como a los bajos niveles de educación y la presencia de grupos
al margen de la ley y por la otra, reconocen las competencias del Mintic para
emprender las acciones necesarias para superar las condiciones de conectividad de
la región.
A modo de ejemplo, se traen algunos fragmentos del documento de alerta temprana
antes comentado:
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AURA ROCIO PEREZ ROJAS
ABOGADA
Radicado: 85001 23 33 000 2022 00046 01
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Casanare
Especialista en Instituciones jurídico Políticas y Derecho Público –U Nacional de Colombia
Máster en Argumentación Jurídica – U Alicante - España
AURA ROCIO PEREZ ROJAS
ABOGADA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Especialista en Instituciones jurídico Políticas y Derecho Público –U Nacional de Colombia
Máster en Argumentación Jurídica – U Alicante - España
En el tema poblacional, se describe lo pertinente:
(…)
(…)
_____________________________________________________________________________4
Carrera 21 No 8 -81 Ofc. 102, Yopal - Casanare E-mail aurarocioperez1@gmail.com 15
Celular 3112512122
De igual forma, se presentan apartes de las comunicaciones comentadas:
Cómo se observa, en la alerta temprana se deja de presente diferentes aspectos que
afectan a la población de Sácama y La Salina, y tiene como uno de los determinantes
de su exclusión la falta de apropiadas vías de acceso y de comunicación, y
específicamente en lo que atiende al resguardo indígena de Barro Negro, se indica que
la comunicación hacia y desde el resguardo es limitada, lo cual dificulta la atención
15
inmediata y eficiente ante situaciones de emergencia y urgencia.
Ver en el expediente digitalizado que obra en el índice núm. 2 de Samai.
Es claro qué la falta de adecuadas vías y medios de comunicación, para el caso, de voz
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de
(…)
datos, e internet, agravan la situación y afecta a las comunidades urbanas y
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rurales, pero adicionalmente es claro que existe el deber del Estado, de hacer
presencia institucional, de proveer servicios y de proveer garantías a la población para
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Radicado: 85001 23 33 000 2022 00046 01
Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Casanare
(…)
16
17
16 Ibidem.
17 Ibidem.
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Radicado: 85001 23 33 000 2022 00046 01
Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Casanare
Ahora, también reposa la solicitud a la Defensoría de Casanare suscrita por los
Personeros de Sácama y La Salina, para lograr asesoría en la presentación de la
demanda de la referencia, en la que ponen de presente las dificultades en la
conectividad y las acciones que han adelantado para superar esa problemática:
En ese orden, si bien los elementos probatorios expuestos afirman que existen
dificultades en los territorios de Sácama, La Salina y el Resguardo Indígena Chaparral
Barro Negro respecto a los servicios de telefonía, datos e internet, al tiempo que
indican los deberes que las entidades del Estado deben cumplir para garantizar el
acceso efectivo a los servicios públicos de la población en condiciones de pobreza y
vulnerabilidad; lo cierto es que con fundamento en tales apreciaciones no es viable
predicar la deficiencia denunciada y mucho menos demostrar la afectación de los
derechos colectivos de que trata el presente asunto.
Dicho de otra forma, las pruebas que el Tribunal omitió examinar no evidencian la
imperiosa necesidad de adoptar una decisión diferente a la resuelta en el fallo objeto
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Radicado: 85001 23 33 000 2022 00046 01
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del recurso de apelación. Por ende, aunque el juez de primera instancia inadvirtió las
documentales que se allegaron la demanda popular, tales piezas probatorias no
permiten desvirtuar las experticias que sustentaron la consideración según la cual “las
entidades demandadas y llamadas al proceso (…) están cumpliendo con lo dispuesto
en los actos administrativos a través de los cuales se les otorga la licencia para el uso
del espectro y las obligaciones que deben cubrir en desarrollo de ella”18.
En efecto, la Sala constata que en la sentencia del 31 de agosto de 2023, el Tribunal
registró los testimonios técnicos de Omar Eduardo Arenas Amaya, ingeniero en
electrónica y telecomunicaciones, director de Operaciones y Mantenimiento de WOM;
Franck Vladimir Munar, ingeniero electrónico Gerente de Ingeniería en WOM y Edinson
José Rozo Téllez, ingeniero electrónico jefe de Optimización y Proyectos de CLARO -
COMCEL.
Así, el primero de los expertos, tras analizar detenidamente el expediente, explicó el
funcionamiento de dicho servicio en los dos municipios. En su declaración, señaló que
WOM entró en operación desde el mes de abril de 2021 y desde ese momento tiene
servicio en tecnología 3G en esas dos poblaciones a través del RAN. Además, indicó
que no se han presentado fallas en la prestación del servicio. También manifestó que
el Mintic hace auditorías periódicas y mediciones para establecer el cumplimiento de
la calidad19.
Por su parte, el segundo experto comentó que el servicio no ha reportado fallas y que
se presta por medio de tecnología 3G20.
A su turno, el tercero de los expertos, apoyado en una presentación en power point
que fue incorporada al expediente, describió las bases por medio de las cuales se
prestan los servicios, las ubicó geográficamente e informó que soportaban tecnología
2G, 3G y, desde el año 2020, 4G. Precisó que algunas fallas pueden generarse debido
a cuestiones eléctricas: “cuando el daño se presenta en el arranque, es decir, en la
parte baja, el arreglo lo hace la empresa de energía rápidamente, pero cuando el daño
es en la parte alta hay demora y ello se debe tanto al difícil acceso como a las
18
19 Ibidem.
20 Ibidem.
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prioridades para el arreglo de la energía eléctrica, ejemplo, escuelas, centros de salud
y otros”21. Agregó que la cobertura en áreas rurales se limita al casco urbano, ya que
la instalación de más antenas no es viable económicamente debido a la baja densidad
poblacional, aunque existe comunicación satelital a costos superiores. Dijo que no se
han presentado informes específicos sobre fallas en estos municipios. Declaró que las
diferencias entre tecnologías se explican en términos de capacidad y eficiencia: 2G
para voz, 3G para voz y datos con mayor ancho de banda y 4G para datos e internet
con mayor eficiencia. Reiteró que la última actualización tecnológica en Sácama y La
Salina fue en el año 2020, para mejorar la capacidad de la red 4G. Finalmente,
argumentó que la percepción de la calidad del servicio puede variar según la ubicación
y factores climáticos.
Ante lo expuesto, la Sala advierte que las pruebas documentales aportadas por la
accionante, no logran respaldar la afirmación de la demanda en relación con las
falencias de la señal de telefonía celular y datos móviles, ya que su contenido no
permite determinar aspectos técnicos y el juicio de valoración que contienen respecto
del servicio no proporciona el conocimiento necesario para tal efecto; mientras que el
testimonio de los especialistas en el área ofrece herramientas para desestimar la
afectación de derechos colectivos y, en consecuencia, el cargo no prospera.
Finalmente, no es de recibo el argumento relacionado con la omisión frente al ejercicio
de facultades jurisdiccionales oficiosas en términos probatorios de pruebas, toda vez
que, conforme con el artículo 167 del Código General del Proceso 22, aplicable al
presente asunto por la remisión dispuesta en el artículo 44 de la Ley 472 de 1988 23,
21 Ibidem.
22 “Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas
que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir,
la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar,
exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para
aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición
para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de
prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que
dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la
contraparte, entre otras circunstancias similares.
Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a la parte
correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se someterá
a las reglas de contradicción previstas en este código.
Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba.” (Subrayas de la
Sala).
23 “Articulo 44. Aspectos no regulados. En los procesos por acciones populares se aplicarán las
disposiciones del Código de Procedimiento Civil y del Código Contencioso Administrativo dependiendo
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incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el
efecto jurídico que ellas persiguen. Además, pese a que el Juez cuenta con la
atribución de decretar pruebas con miras a resolver la controversia, lo cierto es que
dicha opción de ninguna forma puede ser utilizada para subsanar las falencias
probatorias de las partes, pues ello implicaría un desequilibrio en las cargas procesales
en detrimento del derecho al debido proceso del otro extremo de la litis.
Al respecto, vale la pena recoger en esta providencia el criterio esgrimido por la
Sección Quinta sobre el particular, al analizar, en sede de tutela contra providencia
judicial, un cargo de defecto fáctico en el que se indicó que el Juez Popular, estando
obligado a hacerlo, no las ordenó. En la anotada providencia se indicó lo siguiente:
“[C]on relación al decreto oficioso de pruebas dentro de los trámites de las acciones
populares, es necesario traer a colación la remisión expresa que realiza la Ley 472
de 1998 en su artículo 44 respecto de los aspectos no regulados a las
disposiciones contenidas en el Código General del Proceso “En los procesos por
acciones populares se aplicarán las disposiciones del Código de Procedimiento
Civil y del Código Contencioso Administrativo dependiendo de la jurisdicción que
le corresponda, en los aspectos no regulados en la presente Ley, mientras no se
oponga a la naturaleza y a la finalidad de tales acciones.”
Por su parte el artículo 167 del Código General del Proceso prevé:
“Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio
o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su
práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo
probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más
favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos.
La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su
cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba,
por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente
en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de
incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias
similares. (…)”
En presente caso, la carga de la prueba se encuentra a cargo de la parte
accionante como interesada en las pretensiones de la acción de modo que sobre
ella recaía la obligación de aportar al proceso todo el material probatorio con miras
a demostrar los hechos expuestos en la acción y en consecuencia el amparo
solicitado.
De acuerdo con el escrito de la demanda presentada en el proceso de la acción
popular, se advierte que la parte actora presentó un derecho de petición a través
de la jurisdicción que le corresponda, en los aspectos no regulados en la presente ley, mientras no se
opongan a la naturaleza y la finalidad de tales acciones”.
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del cual solicitó al municipio de Floridablanca información que tenía por objeto
conocer si la prestación del servicio público esencial se había garantizado a la
comunidad.
De este modo, la parte actora aportó como única prueba el mencionado derecho
de petición y precisó que el municipio guardó silencio sin emitir un pronunciamiento
de fondo a su solicitud. Al respecto, es preciso tener en cuenta que la parte
accionante no solicitó el decreto de otras pruebas con miras a soportar las
pretensiones de su demanda ni en este momento del trámite ni en otra etapa
procesal.
En este sentido, el Tribunal indicó: “En este orden de ideas, no puede pasar por
alto esta colegiatura que la parte actora no hizo ningún esfuerzo para demostrar la
vulneración de los derechos colectivos por parte del Municipio de Floridablanca,
por cuanto, los argumentos de vulneración esgrimidos dentro del escrito
demandatorio solo giran entornó (sic) a señalar que no fue dada respuesta (sic)
una petición presentada ante ese ente territorial, si bien es cierto, dentro de los
escritos de apelación y alegaciones la accionante encamina su argumentación a
la vulneración del derecho colectivo, no direccionó sus esfuerzos a probar dicha
situación, esto en atención a que máxime el único elemento probatorio allegado
para acreditar dicha circunstancia fue la petición dirigida en tal sentido, no solicitó
pruebas a fin de que el Juzgador esclareciera la real situación acontecida, lo cual
coadyubado con el hecho que el Juez de Instancia en su facultad oficiosa no
solicitó pruebas conllevó a que prescindiera de la etapa probatoria.”
De esta manera, la Sala encuentra que no es de recibo el defecto fáctico
argumentado por la parte actora, en el sentido de considerar que el juez de
conocimiento estaba en la obligación de decretar las pruebas necesarias para
emitir un fallo en derecho y justicia dado que tal como lo establece la norma, se
trata de una facultad, que de ninguna manera puede convertirse en una
subrogación de las cargas procesales que les corresponden a las partes de la litis
para perseguir sus intereses, y en ese entendido en lo atinente a este aspecto el
cargo no tiene vocación de prosperidad”24. (Negrillas y subrayas de la Sala)
Siendo ello así, y dado que era carga del accionante demostrar su dicho y no lo hizo
en este proceso, el cargo no tiene vocación de prosperidad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada.
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Consejera ponente: Rocío
Araújo Oñate, sentencia del 19 de septiembre de 2018, radicación número: 11001 03 15 000 2017 01023
01.
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SEGUNDO: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998,
REMITIR copia de esta decisión a la Defensoría del Pueblo.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala el 20 de junio de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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