Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 85001-23-33-000-2023-00016-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 85001-23-33-000-2023-00016-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 85001-23-33-000-2023-00016-01
Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez
8 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., ocho (08) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Expediente: 850012333000 202300016 01 (71367)
Demandante: Alianza Fiduciaria S.A. – administradora del Fondo
Abierto con Pacto de Permanencia CxC
Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación
Medio de control: Ejecutivo
Asunto: Sentencia de segunda instancia
TEMAS: ACTO ADMINISTRATIVO QUE RECONOCE UNA OBLIGACIÓN – no constituye pago ni
ninguna otra forma de extinción de las obligaciones / TRÁMITE PARA RECONOCIMIENTO DE
DEUDA PÚBLICA (art. 53 de la Ley 1955 de 2019 y sus decretos reglamentarios) – no derogó,
modificó, ni suspendió el art. 45 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, las normas del Dcto. 01 de
1984 ni de la Ley 1437 de 2011 sobre la generación de intereses moratorios derivados de sentencias
condenatorias en contra de entidades públicas ni de obligaciones asumidas por ellas en acuerdos
conciliatorios homologados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Surtido el trámite de ley sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo
actuado, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia que ordenó continuar con la ejecución.
Se discute si se configuró la excepción de pago total de la obligación y, por tanto, si
el proceso ejecutivo debió terminar por esa causa.
I. LA SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la decisión adoptada el 9 de abril de 2024, por medio de la
cual el Tribunal Administrativo de Casanare ordenó seguir adelante con la ejecución
en contra de la Nación – Fiscalía General de la Nación por la suma de veinticinco
millones quinientos ocho mil quinientos setenta y cuatro pesos ($25.508.574). Negó
la condena en costas1.
2. El anterior proveído decidió la demanda instaurada el 6 de marzo de 2023 2
por Alianza Fiduciaria S.A., en calidad de administradora del Fondo Abierto con
Pacto de Permanencia CXC, cesionario de los derechos económicos reconocidos
en la sentencia proferida el 8 de noviembre de 2016 por la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado3 (en adelante el Fondo o el ejecutante)
1 Índice 56, SAMAI, T.A.
2 Índice 3, archivo 1, SAMAI, T. A.
3 El art. 1959 del C.C. determina que la cesión de un crédito a cualquier título solo tendrá efecto entre el cedente
y el cesionario en virtud de la entrega del título que lo contenga o del que se elabore, en caso de no existir. En
estos documentos debe identificarse la persona que fungirá como cesionaria, así como la firma del cedente o
acreedor anterior (art. 761 C.C., sentencia de la Corte Suprema de Justicia, SC-021 del 5 de mayo de 1941).
En el presente asunto, se cumplieron los mencionados requisitos para la tradición de un derecho personal o
crédito entre el acreedor cedente y el tercero cesionario, toda vez que quienes actuaron como demandantes en
el proceso de reparación directa identificado con la radicación 85001-23-31-000-2009 00066-01, salvo el señor
Mauricio Esteban Chaparro Barrera, cedieron, por medio de contrato del 12 de agosto de 2019, los derechos
económicos reconocidos en la sentencia condenatoria proferida en segunda instancia en el marco del
mencionado proceso, a favor del Fondo Abierto con Pacto de Permanencia CxC (cesionario), el cual es
administrado por Alianza Fiduciaria S.A. (índice 3, archivo 1, págs. 64 a 121, SAMAI T.A.)
Asimismo, se verificó que tal cesión produjo efectos frente al deudor (Fiscalía), toda vez que fue aceptada por
éste –en los términos del art. 1960 C.C. –, como consta en oficio DAJ-10400 del 3 de diciembre de 2019, a
través del cual la entidad aceptó la referida cesión de los derechos económicos derivados del proceso de
reparación directa antes citado (índice 3, archivo 1, págs. 132 y 133, SAMAI T.A.) De modo que, al constatar
que tal transferencia del crédito sí es vinculante frente a la entidad, es claro que ésta conoce que le corresponde
1
Expediente 850012333000 202300016 01 (71367)
Demandante: Alianza Fiduciaria S.A.
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Ejecutivo
contra la Nación – Fiscalía General de la Nación (en adelante la Fiscalía, la entidad
o la ejecutada), cuyos fundamentos fácticos y jurídicos se relacionan a continuación:
Pretensiones
3. El ejecutante solicitó que se librara mandamiento de pago en los siguientes
términos (transcripción literal incluidos eventuales errores)4:
Solicito se libre mandamiento de pago en contra de la Nación – Fiscalía General
de la Nación y a favor de Alianza Fiduciaria S.A. como administradora del Fondo
Abierto con Pacto de Permanencia CxC identificado con NIT. 900.058.687-4, por
las siguientes sumas de dinero:
1. VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS
($25.509.958,46) M/Cte., por concepto de la diferencia entre lo ordenado a pagar
en la Resolución N°. 3659 del 26 de julio de 2022, proferida por la Nación – Fiscalía
General de la Nación y lo que efectivamente fue consignado a la cuenta bancaria
de la ejecutante.
2. Se condene al demandado al pago de las costas, agencias en derecho y demás
gastos que se causen dentro del proceso.
Hechos
4. El 15 de abril de 2010, el Tribunal Administrativo de Casanare profirió
sentencia en el proceso de reparación directa radicado bajo el número 85001 2331-
002-2009-00066-01 en el que los demandantes5 persiguieron la declaratoria de
responsabilidad patrimonial de la Fiscalía por la privación injusta de la libertad del
señor Mauricio Esteban Chaparro Barrera. El a quo negó las pretensiones.
5. En contra de la anterior decisión, los demandantes interpusieron recurso de
apelación que fue resuelto favorablemente por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado en sentencia del 8 de noviembre de 2016, en la que
se profirió una condena en abstracto, la cual se liquidó a través de providencia del
29 de junio de 2017 ―ejecutoriada el 6 de julio de 2017 6―. Respecto de los
cedentes del Fondo7, se reconocieron los siguientes valores:
Demandante Perjuicios Morales
(SMLMV)
Sulma Yaneth Alfonso Murillo 90
Daniela Chaparro Montoya 90
Andrés Esteban Chaparro Alfonso 90
Gloria Aurora Barrera de Chaparro 90
Margarita Isabel Chaparro Barrera 45
Camilo Andrés Chaparro Barrera 45
Gloria Patricia Chaparro Barrera 45
Miguel Elisio Chaparro Barrera 45
Blanca Cecilia Chaparro Barrera 45
Claudia del Pilar Chaparro Barrera 45
6. En agosto de 2017, los mencionados beneficiarios presentaron solicitud de
pago a la cual adjuntaron la cuenta de cobro respectiva.
solventar la deuda a favor de quien realmente la ostenta la calidad de acreedor en virtud de la cesión efectuada,
esto es, el Fondo Abierto con pacto de permanencia CxC administrado exclusivamente por Alianza Fiduciaria.
4 Índice 3, archivo 1, SAMAI, T. A.
5 El extremo actor del proceso de reparación directa estaba integrado por: Mauricio Esteban Chaparro Barrera,
Sulma Yaneth Alfonso Murillo, Andrés Esteban Chaparro Alfonso, Daniela Chaparro Montoya, Gloria Aurora
Barrera de Chaparro, Margarita Isabel Chaparro Barrera, Camilo Andrés Chaparro Barrera, Gloria Patricia
Chaparro Barrea, Miguel Elisio Chaparro Barrera, Blanca Cecilia Chaparro Barrera y Claudia del Pilar Chaparro
Barrera.
6 Índice 3, archivo 1, pág. 53, SAMAI T.A.
7 El señor Mauricio Esteban Chaparro Barrera no hizo parte del contrato de cesión (índice 3, archivo 1, págs.
47 a 52, SAMAI T.A.)
2
Expediente 850012333000 202300016 01 (71367)
Demandante: Alianza Fiduciaria S.A.
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Ejecutivo
7. El 12 de agosto de 2019, esas mismas personas suscribieron con Alianza
Fiduciaria S.A., en la calidad ya referida, un contrato de cesión de crédito por valor
de $434.356.020, correspondiente a la totalidad de los derechos económicos que
les fueron reconocidos en el proceso 85001 2331-002-2009-00066-01. Mediante
oficio 20191500070981 del 3 de diciembre de 2019, la Fiscalía aceptó la referida
cesión del crédito.
8. A través de la Resolución 3659 del 26 de julio de 2022, la Fiscalía procedió
a dar cumplimiento a la sentencia judicial.
9. Indica la actual titular del derecho de crédito, que el pago hecho con base en
esa resolución fue parcial, pues quedó un saldo pendiente de $25.509.958,48,
correspondiente a los intereses de mora causados entre la fecha de la liquidación
realizada por la demandada ―26 de julio de 2022― y el día en que efectivamente
ingresó el dinero a la cuenta bancaria ―14 de septiembre de 2022―.
10. A la fecha de presentación de la demanda el saldo permanecía insoluto.
Mandamiento de pago
11. En proveído del 8 de junio de 20238, el a quo libró el mandamiento de pago
en los siguientes términos (transcripción literal):
1.-LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO a favor de ALIANZA FIDUCIARIA S. A.
ADMINISTRADORA DEL FONDO ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA
CXC identificado con NIT 900.058.687-4 contra LA NACIÓN – FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN, por las siguientes sumas de dinero:
∙ La suma de VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL
QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($25.508.574) por
concepto de saldo de intereses moratorios que debió cancelar la parte
ejecutada, adeudados respecto al cumplimiento de la sentencia declarativa
proferida conformado por la sentencia de segunda instancia proferida por el H.
Consejo de Estado en proveído del 8 de noviembre de 2016 por medio del cual
revocó el fallo emitido por este Tribunal en primera instancia de fecha 15 de
abril de 2010 e impuso una condena en abstracto, cuya liquidación de perjuicios
se realizó mediante providencia de 29 de junio de 2017, la cual cobró ejecutoria
el 6 de julio de ese año.
Oposición de la ejecutada
12. La Fiscalía propuso la excepción de pago total de la obligación, fundada en
que: (i) mediante la Resolución 3659 del 26 de julio de 2022 se señaló como
obligación a cargo de la entidad el pago de $978.098.594 (capital e intereses
moratorios) a favor del Fondo como cesionario de los demandantes del proceso
85001-2331-002-2009-00066-01 (salvo Mauricio Esteban Chaparro Barrera); (ii)
dicho crédito fue reconocido como deuda pública y ordenado pagar a través de
Resolución 2290 del 31 de agosto de 2022, proferida por el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público; (iii) suma que fue cancelada por la Dirección del Tesoro Nacional.
13. Señaló que el pago se hizo de conformidad con lo dispuesto en el art. 53 de
la Ley 1955 de 2019 y sus decretos reglamentarios ―642 de 2020 y 960 de 2021―
que establecieron un periodo para el reconocimiento de la obligación por parte de
cada entidad del Presupuesto General de la Nación (PGN) y uno para el
reconocimiento como deuda pública por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, pero que no previó el reconocimiento de intereses adicionales.
8 Índice 23 SAMAI T.A.
3
Expediente 850012333000 202300016 01 (71367)
Demandante: Alianza Fiduciaria S.A.
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Ejecutivo
14. Afirmó que la ejecutada no adeuda suma alguna al ejecutante, por lo cual
solicitó se nieguen las pretensiones incoadas y se condene en costas a al Fondo 9.
Pronunciamiento de los ejecutantes frente a la excepción formulada
15. El Fondo insistió en que la Fiscalía cumplió parcialmente la obligación, puesto
que aún existía un saldo insoluto de $25.509.950,46, por lo que se debía seguir
adelante con la ejecución10.
Fundamentos de la sentencia impugnada
16. Como fundamento de su decisión, el Tribunal expresó que el pago que realizó
la Fiscalía fue parcial, porque no canceló la totalidad de los intereses de mora que
se causaron entre el momento en que la obligación se hizo exigible y la fecha en
que se hizo la consignación de los dineros.
17. Señaló que el argumento de la Fiscalía en cuanto a que lo dispuesto en el
artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 y su reglamentación contenida en el Decreto 642
de 2020 excluyen el reconocimiento de intereses moratorios no es de recibo, pues
esas normas no eliminaron su causación ni modificaron el régimen general
aplicable, sino que se limitaron a establecer un mecanismo excepcional de
saneamiento y pago de obligaciones en mora mediante su reconocimiento como
deuda pública, sin afectar los derechos sustanciales de los acreedores.
18. Destacó que el Decreto 642 de 2020 estableció la suspensión de intereses
únicamente en el evento de celebración de acuerdos de pago y por un término
determinado, circunstancia cuya ocurrencia no se acreditó en este caso11.
II. EL RECURSO DE APELACIÓN
19. La Fiscalía solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia y en su
lugar se termine el proceso por hallarse acreditada la excepción de pago total de la
obligación.
20. Como fundamento sostuvo que el crédito fue reconocido y pagado de
conformidad con lo previsto en el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019, reglamentado
por el Decreto 642 de 2020 y modificado por los Decretos 960 de 2021, 1435 y 2442
de 2022, normativa que estableció un trámite administrativo especial, con etapas y
plazos definidos para el reconocimiento como deuda pública de obligaciones
derivadas de sentencias y conciliaciones que estuvieran en mora al momento de
expedición de esa ley, la cual no contempló el reconocimiento de sumas adicionales
por concepto de intereses, lo que impide a las entidades que se acogieron a esa
regulación efectuar reconocimientos adicionales12.
III.CONSIDERACIONES
Objeto de la apelación
21. Corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con lo establecido en el
artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 y sus decretos reglamentarios, entre el 26 de
julio de 2022 ―fecha en la que se expidió la Resolución 3659, por medio de la cual
9 Índice 28 SAMAI T.A.
10 Índice 43 SAMAI T.A.
11 Índice 56 SAMAI T.A.
12 Índice 59 SAMAI T.A.
4
Expediente 850012333000 202300016 01 (71367)
Demandante: Alianza Fiduciaria S.A.
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Ejecutivo
la Fiscalía discriminó los montos y beneficiarios finales de la sentencia proferida en
segunda instancia en el marco del proceso de reparación directa 85001 2331 002
2009 00066 01― y 14 de septiembre de 2022 ―cuando se realizó el pago― no se
generaron intereses moratorios y, por tanto, debía prosperar la excepción de pago
total de la obligación.
Análisis del caso
22. Al analizar la normativa que invoca la recurrente para señalar que entre la
fecha de la de expedición de la Resolución 3659 y la fecha en la que se realizó la
consignación de los montos allí señalados a los beneficiarios de la condena no se
causaron intereses moratorios, la Sala concluye que no es posible admitir la postura
de la Fiscalía, por dos razones esenciales: (i) esa normativa no modificó, suspendió
ni derogó las normas que regulan el cumplimiento de las providencias judiciales que
imponen una condena en contra de entidades públicas, lo que incluye el tema
relativo a la causación de intereses moratorios y (ii) la expedición de ese acto
administrativo no supone la extinción de la obligación.
23. El artículo 177 del Decreto 01 de 1984 ―aplicable al presente asunto en
materia del cumplimiento de la sentencia del proceso de reparación directa 13―
disponía que las condenas que se emitieran contra entidades públicas para el pago
o devolución de una suma líquida de dinero serían ejecutables por vía jurisdiccional
después de los 18 meses siguientes a su firmeza; asimismo, establecía que durante
los seis (6) meses siguientes a su ejecutoria causarían intereses comerciales14 y
después de este término moratorios.
24. En sentencia C-555 de 1993, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad
de la expresión dieciocho (18) meses contenida en el artículo 177 del Decreto Ley
01 de 1984. Señaló que con la instauración de este plazo para que se iniciaran
procesos ejecutivos en contra de entidades públicas el legislador no pretendió
desconocer la existencia de créditos judiciales en su contra, sino delimitar un
periodo adecuado para que aquéllas pudieran cumplir con las exigencias legales
ineludibles para ejecutar el presupuesto público, por lo cual se trataba de un término
razonable y proporcional.
25. Posteriormente, a través de sentencia C-188 de 1999, la Corte Constitucional
declaró inexequibles las expresiones durante los seis (6) meses siguientes a su
ejecutoria y después de este término contenidas en el mismo artículo 177. Como
fundamento expresó que las entidades públicas están obligadas a pagar las sumas
de dinero que asuman en el marco de un acuerdo conciliatorio o que se les imponga
en una condena judicial en los plazos perentorios correspondientes y,
correlativamente, los particulares tienen derecho a recibir el pago en esos mismos
tiempos y a ser indemnizados en caso de que la obligación no se cumpla de manera
oportuna, a través del reconocimiento de intereses moratorios. En línea con ello, la
Corte precisó que para el caso de las sentencias, a menos que la providencia señale
un plazo para el pago, los intereses moratorios se causan a partir de su ejecutoria,
13 Esto es así porque la sentencia cuya condena se ejecuta se profirió en el marco de un proceso iniciado bajo
esa normativa. En varias providencias, esta Subsección ha aclarado que las previsiones del CPACA son
aplicables a los procesos instaurados con posterioridad a su entrada en vigencia, mientras que el CCA y las
normas que lo modifican o adicionan conservan su obligatoriedad para las actuaciones ya en curso,
independientemente del momento en que culminen, lo que incluye las reglas de cumplimiento de las
providencias judiciales proferidas en el marco del CCA, dado que hacen parte de los pasos establecidos por el
legislador para obtener la efectividad de las pretensiones promovidas en juicio, como fase final del proceso
establecido bajo la égida del Decreto 01 de 1984 (Sent. 66.262, 31/08/2021; Sent. 65.021, 22/04/2022; auto
66.814, 9/07/2021; Sent. 70320, 21/02/2025.
14 Se entiende que se refería a intereses corrientes comerciales.
5
Expediente 850012333000 202300016 01 (71367)
Demandante: Alianza Fiduciaria S.A.
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Ejecutivo
sin perjuicio de la aplicación del término de 18 meses para que la condena sea
ejecutable por vía jurisdiccional.
26. Con la declaratoria de inexequibilidad de las referidas frases contenidas en
el art. 177 del C.C.A., se definió que a partir de la ejecutoria de las sentencias que
impusieran una condena dineraria en contra de entidades públicas se causaban
intereses moratorios comerciales, al margen de que la obligación solo pudiera
ejecutarse por vía judicial 18 meses después. Con base en ello, se entendió que
ese plazo estaba dispuesto para que las entidades públicas adelantaran los trámites
administrativos y presupuestales necesarios para el pago, sin que durante ese lapso
se pudieran iniciar en su contra procesos ejecutivos o decretar medidas cautelares,
pero sin que se suspendiera la causación de intereses moratorios.
27. Es pertinente también mencionar que el penúltimo inciso del art. 177 del
C.C.A. disponía que en el evento de que vencidos 6 meses desde la ejecutoria de
la providencia que impusiera o liquidara una condena el o los beneficiarios no
acudieran ante la entidad pública respectiva para hacerla efectiva ―acompañando
la documentación exigida para el efecto― cesaba la causación de intereses de todo
tipo hasta cuando se presentara la solicitud en legal forma15.
28. La normativa descrita regula el momento en el que se empiezan a causar
intereses moratorios en contra de las entidades públicas por condenas en las que
se les imponga pagar o devolver una suma de dinero, así como por obligaciones
que surjan en cabeza suya por la suscripción de acuerdos conciliatorios aprobados
por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo: la ejecutoria de la respectiva
providencia. El momento hasta el cual se causan los intereses moratorios derivados
de esa clase de obligaciones también está definido en la ley.
29. El artículo 45 del Estatuto Orgánico del Presupuesto ―Dcto. 111 de 199616―
dispone que en el caso de los créditos judicialmente reconocidos, laudos arbitrales
y conciliaciones los intereses dejan de causarse cuando se cumplen dos
condiciones: (i) que se haya realizado la notificación del acto administrativo que
ordena el pago y (ii) que el dinero se encuentre a disposición del beneficiario o su
apoderado, según el caso. El artículo es del siguiente tenor:
15 El entendimiento de que los intereses moratorios se causan a partir la ejecutoria de la providencia judicial se
mantuvo en vigencia de la Ley 1437 de 2011, que lo dispuso expresamente en el art. 195.4, pero con la precisión
de que, en atención a que las entidades públicas están obligadas a adelantar trámites administrativos y
presupuestales para el pago, durante los primeros 10 meses la tasa bajo la cual se deben calcular los intereses
moratorios es la del DTF y no la comercial. Esta normativa redujo a 3 meses el término en el que se debe
presentar la solicitud de pago ante la entidad deudora, so pena de que cese la causación de intereses desde
entonces hasta cuando se presente la solicitud.
En sentencia C-604 de 2012, la Corte declaró la exequibilidad del numeral 4. ° del art. 195 de la Ley 1437 de
2011. Concluyó que el hecho de que durante el plazo de 10 meses siguientes a la ejecutoria no se causaran
intereses a la tasa comercial, sino a la tasa del DTF no vulneraba el derecho a la igualdad, en la medida que
ese plazo estaba dispuesto en consideración a los trámites presupuestales y administrativos a los que se deben
sujetar las entidades públicas para el pago de sus acreencias, a los cuales no están sujetos los particulares.
Advirtió que en el art. 192 del CPACA se estableció un procedimiento especial que las entidades públicas deben
adelantar para el cumplimiento de sus obligaciones en un plazo de 10 meses y en el que se continúan causando
intereses moratorios, pero a la tasa del DTF que no solamente tiene un componente inflacionario, sino también
un valor adicional que se reconoce en este caso como el elemento indemnizatorio.
En sentencia C-208 de 2023, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad del inciso segundo del art. 192 de
la Ley 1437 de 2011, en lo referente al plazo de 10 meses establecido para el cumplimiento de condenas
consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero. Al desarrollar un juicio de proporcionalidad,
concluyó que la medida: (i) estaba destinada a cumplir una finalidad constitucionalmente importante, consistente
en garantizar y concretar los principios presupuestales de legalidad, anualidad, y planeación del gasto público
mediante la concesión de un plazo para que la entidad pública condenada agote todos los trámites previstos en
la ley para efectuar una erogación con cargo a recursos públicos; (ii) es conducente para lograr esa finalidad;
(iii) no es evidentemente desproporcionada, en tanto permite el cumplimiento de tales principios y, en todo caso,
la afectación del acreedor se ve compensada con la causación de intereses que tienen la capacidad de
indemnizar al afectado por el daño sufrido durante el periodo de espera.
16 Incorporado a través de la Ley 179 de 1994, por medio de la cual se modificó la ley 38 de 1989 Orgánica del
Presupuesto (El decreto 111 de 1996 compiló las leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995).
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Expediente 850012333000 202300016 01 (71367)
Demandante: Alianza Fiduciaria S.A.
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Ejecutivo
Los créditos judicialmente reconocidos, los laudos arbitrales y las conciliaciones
se presupuestarán en cada sección presupuestal a la que corresponda el
negocio respectivo y con cargo a sus apropiaciones se pagarán las obligaciones
que se deriven de éstos.
(…)
Notificado el acto administrativo que ordena el pago de las obligaciones de que
trata este artículo y encontrándose el dinero a disposición del beneficiario o
apoderado, según el caso, no se causarán intereses. Si transcurridos 20 días el
interesado no efectuó el cobro, las sumas a pagar se depositarán en la cuenta
de depósitos judiciales a órdenes del respectivo juez o tribunal y a favor de él o
los beneficiarios (L. 179/94, art. 65).
30. El Dcto. 1068 de 2015 —Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda
y Crédito Público— regula la forma en la que las entidades públicas deben dar
cumplimiento a sentencias y conciliaciones con recursos del PGN. El art. 2.8.6 4.1
establece que el procedimiento para realizar el pago de manera oficiosa inicia con
una comunicación que el abogado que haya sido designado como apoderado debe
remitir al ordenador del gasto de la entidad, comunicación que se debe presentar
en un término no superior a 15 calendario contados a partir de la ejecutoria del auto
aprobatorio de la conciliación, sentencia o laudo arbitral17. El artículo siguiente
dispone que, vencido ese plazo y en un término no mayor a 2 meses desde la
radicación de tal comunicación, la entidad debe proferir una resolución mediante la
cual liquide las sumas adeudadas, ordene su pago y adopte las medidas para su
cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el art. 75 de la Ley 179 de 1994,
por medio de la cual se modificó la Ley Orgánica del Presupuesto 38 de 198918.
31. Enseguida, la norma establece que en ningún caso la entidad debe esperar
a que el acreedor presente solicitud de pago para cumplir con ese trámite; así, si la
solicitud se presenta, el pago se efectuará a la cuenta que el acreedor indique y en
caso de que la entidad no cuente con disponibilidad presupuestal para soportar el
pago de la sentencia, conciliación o laudo arbitral, no debe expedir la resolución de
pago, pero debe dejar constancia de la situación en el expediente y realizar las
gestiones necesarias para apropiar los recursos a más tardar en la siguiente
vigencia fiscal19.
32. En el art. 2.8.6.6.1 expresa la tasa de interés moratoria que se deba aplicar
y reitera que, “En todo caso, una vez liquidado el crédito y puesta a disposición del
beneficiario la suma de dinero que provea el pago cesa la causación de intereses”.
33. En conclusión, las normas que regulan la materia disponen que los intereses
derivados de condenas dinerarias emitidas en sentencias en contra de entidades
públicas o las obligaciones surgidas en cabeza suya a partir de conciliaciones
debidamente aprobadas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
empiezan a generar intereses de mora desde la ejecutoria de la respectiva
providencia judicial y hasta cuando el dinero se encuentre a disposición del
beneficiario o apoderado, según el caso.
17 Esto, sin perjuicio de la comunicación que el despacho judicial efectúe a la entidad demandada
18 Los términos se aplican salvo que exista posibilidad de compensación, aspecto que se regula en ese mismo
decreto en los artículos 2.8.6.2.1 a 2.8.6.2.4 y que se refiere a la existencia de obligaciones tributarias,
aduaneras o cambiarias a cargo del acreedor de la entidad púbica que puedan ser objeto de compensación lo
que a él se le adeuda, para lo cual se debe adelantar un trámite ante la DIAN que es el regulado en esos
artículos.
19 En el art. 2.8.6.5.1, el Dcto. 1068 de 2015 señala que, sin perjuicio del trámite oficioso para el pago de las
sentencias, laudos y conciliaciones, el beneficiario puede presentar la solicitud de pago, establece los requisitos
que debe contener y advierte que, en los términos del inc. 5. ° del art. 192 del CPACA, si la solicitud se presenta
dentro de los 3 meses siguientes a la ejecutoria de la providencia, impide que se suspenda la causación de
intereses.
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Expediente 850012333000 202300016 01 (71367)
Demandante: Alianza Fiduciaria S.A.
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Ejecutivo
34. La Ley 1955 de 2019, por medio de la cual se expidió el Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad no modificó,
suspendió ni podía derogar20 lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Presupuesto
acerca del momento hasta el que se causan los intereses de mora derivados de
créditos judicialmente reconocidos, laudos arbitrales y conciliaciones.
35. En su artículo 53 dispuso que la Nación podía reconocer como deuda pública
las obligaciones de pago originadas en sentencias o conciliaciones debidamente
ejecutoriadas y los intereses derivados de ellas que se encontraran en mora en su
pago a la fecha de expedición de esa Ley21, reconocimiento que operaría por una
sola vez para las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la
Nación22.
36. En ese mismo artículo, se estableció como carga de las entidades públicas
que se acogieran a esa posibilidad, la de constatar la veracidad y exigibilidad de las
obligaciones que se reconocerían como deuda pública; se señaló que era de su
responsabilidad adelantar las gestiones pertinentes para ello; se las facultó para
celebrar acuerdos de pago o conciliaciones con los acreedores (beneficiarios) de la
deuda respecto de los montos adeudados; se precisó que la responsabilidad del
pago recaía exclusivamente en la entidad y se anunció que el Gobierno nacional
reglamentaria la materia.
37. El 11 de mayo de 2020, se expidió el Dcto. 642, por medio del cual se
reglamentó el referido art. 53 en lo relacionado con las gestiones que debían
adelantar las entidades que hacen parte del PGN para el reconocimiento como
deuda pública y pago de las sentencias o conciliaciones que se encontraran en mora
al momento de expedición de la Ley 1955 de 2019.
38. Al desarrollar el procedimiento, el decreto estableció que dentro de los 30
días calendario siguientes a su entrada en vigencia las entidades debían hacer una
convocatoria a los beneficiarios finales de dichas obligaciones con el propósito de
invitarlos a celebrar acuerdos de pago (art. 4), los cuales debían contener como
mínimo los siguientes requisitos: (i) la identificación de la providencia23 y su
ejecutoria, (ii) la determinación del beneficiario final de la misma, (iii) la fijación del
valor de capital e intereses generados, con la precisión referente a la reducción de
los intereses causados hasta la fecha de suscripción del mismo, (iv) la “mención
explícita relativa a la suspensión de intereses durante los cinco (5) meses siguientes
a la fecha de suscripción del acuerdo de pago”, (v) término en el que la entidad
20 Constitución Política de 1991, art. 151: El Congreso expedirá leyes orgánicas a las cuales estará sujeto el
ejercicio de la actividad legislativa. Por medio de ellas se establecerán los reglamentos del Congreso y de cada
una de las Cámaras, las normas sobre preparación, aprobación y ejecución del presupuesto de rentas y ley de
apropiaciones y del plan general de desarrollo, y las relativas a la asignación de competencias normativas a las
entidades territoriales. Las leyes orgánicas requerirán, para su aprobación, la mayoría absoluta de los votos de
los miembros de una y otra Cámara. Por la finalidad que están llamadas a cumplir, las leyes orgánicas son
jerárquicamente superiores respecto de las ordinarias que las desarrollan, las cuales deben, por tanto, sujetarse
a aquéllas, por lo cual no es procedente que una ley ordinaria modifique o derogue una orgánica.
21 25 de mayo de 2019.
22 Decreto 111 de 1996, art. 3: ARTÍCULO 3. Cobertura del estatuto orgánico de presupuesto. Consta de dos
(2) niveles: un primer nivel corresponde al presupuesto general de la Nación, compuesto por los presupuestos
de los establecimientos públicos del orden nacional y el presupuesto nacional.
El presupuesto nacional comprende las ramas legislativa y judicial, el Ministerio Público, la Contraloría General
de la República, la organización electoral, y la rama ejecutiva del nivel nacional, con excepción de los
establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía
mixta.
Un segundo nivel, que incluye la fijación de metas financieras a todo el sector público y la distribución de los
excedentes financieros de las empresas industriales y comerciales del Estado, y de las sociedades de economía
mixta con el régimen de aquéllas, sin perjuicio de la autonomía que la Constitución y la ley les otorga.
A las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta con el régimen de
aquéllas, se les aplicarán las normas que expresamente las mencione (L. 38/89, art. 2; L. 179/94, art. 1)”.
23 Concebida, en su art. 1, como “la sentencia o conciliación debidamente ejecutoriada que se encuentre en
mora en su pago al 25 de mayo de 2019”.
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Referencia: Ejecutivo
debía adelantar los trámites respectivos ante el Ministerio de Hacienda, el cual no
podía superar 3 meses; y, (vi) la declaración bajo juramento del beneficiario final de
la providencia de no haber recibido ningún pago por parte de una o varias entidades
por el monto reconocido como deuda pública, ni haber instaurado proceso ejecutivo
por la misma; en caso de que si lo hubiere hecho, debía allegar la constancia de
radicación de la suspensión del proceso por mutuo acuerdo24, y cumplido el pago el
beneficiario debía solicitar la terminación de la ejecución (art. 5).
39. En la descripción del trámite, en el artículo 6. ° el decreto estableció que la
entidad pública debía expedir un acto administrativo en el que discriminara el monto
y los beneficiarios finales de las providencias judiciales cuyo pago estuviera en mora
a 25 de mayo de 2019. En ese mismo artículo se precisó que para la expedición de
dicho acto administrativo no se requería haber celebrado acuerdo de pago respecto
de todas las obligaciones, por lo cual se podían expedir diferentes actos para
compilar en uno las obligaciones que contaran con dicho acuerdo y en otro las
demás, o uno solo que las incluyera a todas.
40. En el artículo 7. ° se dispuso que para las providencias que no contaran con
acuerdo de pago, se conservarían los turnos asignados por cada entidad según la
normativa vigente y para aquellas que contaran con ese acuerdo se debía crear una
secuencia de turnos paralela.
41. Para el reconocimiento de las referidas obligaciones como deuda pública, las
entidades debían allegar una solicitud al Ministerio de Hacienda y Crédito Público a
la que se debía adjuntar la o las resoluciones ejecutoriadas en las que se
discriminara el monto y los beneficiarios finales, dicha solicitud debía contener la
indicación de la providencia (expediente y fecha de ejecutoria), la liquidación de las
sumas adeudadas (capital e intereses), la identificación completa de los
beneficiarios finales y los datos de la cuenta bancaria suministrada por éstos para
la realización del pago. Los valores a reconocer debían estar registrados como
pasivo de la entidad.
42. Cumplido lo anterior, el Ministerio y la entidad debían suscribir un acuerdo
marco de retribución25; posteriormente, el primero debía proferir la resolución de
reconocimiento de la obligación como deuda pública y ordenar su pago con cargo
al rubro de servicio de la deuda del PGN, mediante la emisión de Títulos de
Tesorería TES Clase 8 o mediante una combinación de los dos. La expedición de
dicho acto administrativo debía hacerse dentro de los 30 días calendario siguientes
al recibo a satisfacción de la solicitud de pago por parte de la entidad (art. 12).
43. En el art. 14 se estableció que una vez expedida la resolución de
reconocimiento y orden de pago, se debía realizar el registro de la operación
presupuestal en el servicio de deuda en el SIIF Nación a favor la entidad pública
solicitante, la cual debía ejecutar la orden de giro a cada beneficiario a más tardar
el 30 de septiembre de 2022.
44. El 22 de agosto de 2021, se expidió el Dcto. 960, por medio del cual se
incluyó la suspensión del proceso ejecutivo como requisito para la celebración de
los acuerdos de pago; se amplió el plazo para la celebración de acuerdos de pago
hasta el 31 de octubre de 2021; se dispuso que el pago de las obligaciones debía
24 Modificación introducida por el Dcto. 960 de 2021. Anteriormente, el decreto exigía presentar desistimiento
del proceso ejecutivo, lo que generó un obstáculo para que se pudieran concretar acuerdos de pago, por lo que
se estimó conveniente modificar la exigencia por una solicitud de suspensión (así lo señala la parte considerativa
de este decreto).
25 Art. 11 del Decreto 642 de 2020.
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realizarse a más tardar el 31 de julio de 2022; se estableció un límite temporal para
realizar el pago de los acuerdos marco de retribución; y se aclaró el rubro
presupuestal con el cual las entidades atenderían las obligaciones del acuerdo
marco de retribución.
45. El 31 de julio de 2022, se expidió el Dcto. 1435, por medio del cual se amplió
el plazo para realizar el pago hasta el 30 de septiembre de 2022. El 12 de diciembre
de 2022 se profirió el Dcto. 2442, a través del cual se prorrogó ese término hasta el
día 23 de esos mismos mes y año.
46. En ese contexto, resalta la Sala que el art. 53 de la Ley 1955 de 2019
estableció un trámite eminentemente administrativo y presupuestal, orientado a
viabilizar el pago de obligaciones dinerarias a cargo de entidades del PGN —
derivadas de sentencias o conciliaciones ejecutoriadas que estuvieran en mora a
25 de mayo de 2019 (capital e intereses)— mediante su reconocimiento como
deuda pública y su atención con cargo al servicio a la deuda o a través de la emisión
de TES Clase B. Para tal efecto, se fijaron condiciones, requisitos y plazos que
debían observar las entidades obligadas, en aras de hacer efectivo dicho
mecanismo. Este procedimiento no tuvo por objeto —ni produjo como efecto—
alterar el régimen legal relativo a la causación de intereses moratorios originados
en obligaciones dinerarias derivadas de sentencias o conciliaciones debidamente
ejecutoriadas.
47. El art. 53 de la Ley 1955 de 2019 no señaló que el trámite administrativo y
presupuestal que debían seguir las entidades públicas pertenecientes al PGN para
que las obligaciones derivadas de sentencias o conciliaciones debidamente
ejecutoriadas y que estuvieran en mora a 25 de mayo de 2019 fueran reconocidas
como deuda pública suspendería la causación de intereses moratorios durante ese
lapso; por tanto, en esta materia siguió operando la regulación establecida, para el
caso de autos, en el C.C.A. y en el art. 45 del Estatuto Orgánico del Presupuesto;
por ello, debe concluirse que tales intereses se seguían generando hasta el
momento en que los recursos fueran puestos a disposición de los acreedores26
―siempre que la solicitud de pago se hubiese presentado dentro del término de 6
meses siguiente a la ejecutoria de la respectiva providencia judicial― al margen del
tiempo que la entidad pública empleara para adelantar los trámites administrativos
y presupuestales necesarios para realizar el pago.
48. Lo anterior se corrobora porque al reglamentar el referido artículo, lo que
dispuso el Gobierno nacional fue que en los casos en los que se suscribiera acuerdo
de pago se debía dejar expresamente consignado la reducción de los intereses
causados hasta la fecha del acuerdo, así como la mención explícita relativa a la
suspensión de intereses durante los cinco (5) meses siguientes a la fecha de
suscripción del acuerdo de pago”, lo que significa que en los eventos en los que
este acuerdo no se produjera, los intereses moratorios se seguirían causando hasta
tanto el dinero fuera puesto a disposición de los acreedores, bajo las condiciones
establecidas en el C.C.A. o en el C.P.A.C.A., según el caso.
49. La necesidad de que en los acuerdos de pago mediara una manifestación
expresa sobre la suspensión de los intereses moratorios por un término de 5 meses
reafirma la vigencia y operancia de las normas establecidas en el C.C.A., en el
26 El art. 1653 del Código Civil establece: Si se deben capital e intereses, el pago se imputará primeramente a
los intereses, salvo que el acreedor consienta expresamente que se impute al capital. La ejecutante reclamó el
pago de intereses de mora que se habrían causado entre la fecha en que la Fiscalía incluyó en un acto
administrativo su acreencia y la fecha efectiva de consignación de esos dineros, por lo cual a ello debe ceñirse
el proceso.
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C.P.A.C.A, según el caso, y en el art. 45 del Estatuto Orgánico del Presupuesto
respecto de la generación de intereses moratorios derivados de una sentencia
judicial o de un acuerdo conciliatorio debidamente aprobado por la Jurisdicción de
lo Contencioso Administrativo, durante la vigencia de lo dispuesto en el art. 53 de la
Ley 1955 de 2019 y sus decretos reglamentarios.
50. En efecto, la operancia de tales normas explica por qué en el marco de la
regulación del referido art. 53 se reconoció que en cabeza de los acreedores se
radicaba un derecho respecto del cual su titular podía disponer libremente en los
acuerdos de pago, en la medida que fue bajo esa normativa que se entendió que
se producirían los intereses moratorios cuya causación se debía acceder a
suspender durante 5 meses como requisito para suscribir tales acuerdos.
51. Recuerda la Sala que los intereses de mora constituyen una indemnización
tendiente a resarcir los perjuicios causados el acreedor por no recibir el dinero
adeudado en el plazo correspondiente27; por tanto, son un derecho personal o de
crédito cuya titularidad radica en cabeza del acreedor que, por lo mismo, es el que
puede disponer sobre ellos, ya sea para exigir su reconocimiento íntegro o parcial
o para renunciar a los mismos.
52. Adicionalmente, la Sala precisa que el acto administrativo que debían expedir
las entidades del PGN como requisito para presentar la solicitud de reconocimiento
de deuda pública ante el Ministerio no tenía la virtualidad de extinguir la obligación
de pagar las condenas judiciales que les hubieren sido impuestas o las obligaciones
que asumieron en el marco de conciliaciones debidamente aprobadas por la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la medida que ello no suponía su
ejecución, esto es, la entrega efectiva de los dineros adeudados a los acreedores28
o, en los términos del art. 45 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, no suponía que
esos recursos se pusieran a disposición de los beneficiarios o sus apoderados,
según el caso; de manera que el solo hecho de que se expidiera no solucionaba la
deuda y, por tanto, tampoco suspendía la causación de los intereses moratorios.
Cabe resaltar que la expedición de ese acto administrativo no corresponde ni es
equiparable a un modo de hacer cesar o extinguir las obligaciones29.
53. En ese sentido, ante la existencia de una normativa que dispone con claridad
que en el caso de las sentencias los intereses moratorios se causan desde su
ejecutoria y hasta que la suma de dinero respectiva sea puesta a disposición del
beneficiario o su apoderado, según el caso, debe concluirse que en ese interregno
esos intereses se generarán; por tanto, el acreedor adquiere el derecho a
reclamarlos, salvo que por su propia negligencia para solicitar de manera oportuna
el pago de la condena ―6 meses en el caso del C.C.A. y 3 en el del C.P.A.C.A―
27 Código Civil, art. 1617: <INDEMNIZACIÓN POR MORA EN OBLIGACIONES DE DINERO>. Si la obligación
es de pagar una cantidad de dinero, la indemnización de perjuicios por la mora está sujeta a las reglas siguientes
(…).
28 Artículo 1626 del Código Civil: “El pago efectivo es la prestación de lo que se debe”.
29 “ARTÍCULO 1625 CÓDIGO CIVIL. <MODOS DE EXTINCIÓN>. Toda obligación puede extinguirse por una
convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en
darla por nula.
Las obligaciones se extinguen además en todo o en parte:
1o.) Por la solución o pago efectivo.
2o.) Por la novación.
3o.) Por la transacción.
4o.) Por la remisión.
5o.) Por la compensación.
6o.) Por la confusión.
7o.) Por la pérdida de la cosa que se debe.
8o.) Por la declaración de nulidad o por la rescisión.
9o.) Por el evento de la condición resolutoria.
10.) Por la prescripción”.
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su causación se suspenda hasta que cumpla con los requisitos exigidos para el
pago30 o que en el marco de la regulación adoptada a través de la Ley 1955 de 2019
y sus decretos reglamentarios hubiese aceptado que su generación se suspendiera
por un término de 5 meses.
54. La Sala advierte que en atención a la naturaleza particular de este derecho y
a la titularidad que sobre él ostenta el acreedor, cualquier limitación,
condicionamiento o alteración en la causación o exigibilidad de los intereses
moratorios no puede presumirse ni derivarse de manera implícita de disposiciones
que regulen aspectos distintos, como los procedimientos administrativos o
presupuestales para el pago de obligaciones, sino que debe emanar de una
previsión normativa expresa que incida directamente en ese ámbito, como es el
caso de lo dispuesto en el penúltimo inciso del art. 177 del C.C.A. o 4.° del
C.P.A.C.A., en punto a la suspensión de su causación sino se presenta de manera
oportuna la solicitud para el pago.
55. Como corolario de todo lo expuesto, se descarta la interpretación del art. 53
de la Ley 1955 de 2019 a la que aludió la Fiscalía como fundamento de la excepción
de pago total de la obligación que propuso, en el entendido que esa ley y sus
decretos reglamentarios supusieron implícitamente que entre el acto administrativo
en el que las entidades públicas pertenecientes al PGN debían discriminar los
beneficiarios finales y los montos de las obligaciones de sentencias y conciliaciones
que estaban en mora a 25 de mayo de 2019, para efectos de que fueran reconocidas
como deuda pública, y la fecha efectiva del pago no se causaban intereses
moratorios31, toda vez que: (i) supondría admitir, por vía de interpretación, que una
ley ordinaria modificó una ley orgánica; (ii) no encuentra respaldo en el contenido
mismo del art. 53 de la Ley 1955 de 2019 ni en sus decretos reglamentarios que, en
cambio, establecen que para que se suspendiera la generación de tales intereses
moratorios debía constar manifestación expresa del beneficiario en ese sentido; y,
(iii) es contraria a lo regulado sobre la materia en el art. 177 del C.C.A. y en el art.
45 del Estatuto Orgánico del Presupuesto.
56. En consecuencia, se confirma la sentencia proferida el 9 de abril de 2024,
por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Casanare ordenó seguir adelante
con la ejecución en contra de la Nación – Fiscalía General de la Nación por la suma
de veinticinco millones quinientos ocho mil quinientos setenta y cuatro pesos
($25.508.574), correspondientes a los intereses de mora causados entre la fecha
de la liquidación de la condena proferida en el proceso de reparación directa 85001
2331-002-2009-00066-01 ―26 de julio de 2022― y el día en que ingresó el dinero
a la cuenta bancaria ―14 de septiembre de 2022―.
Costas
57. En los términos del artículo 188 del CPACA, resulta aplicable lo previsto en
el Código General del Proceso en relación con la condena en costas, normativa que
consagra, en su artículo 365 ―numeral 1― que se condenará a la parte vencida en
el proceso o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación que
30 En sentencia C-428 de 2002, la Corte declaró la exequibilidad de lo dispuesto en ese sentido en el art. 177
del C.C.A, bajo el entendido que esa previsión no desconoce el derecho a la propiedad e impone una medida
de confiscación, toda vez que la mora a la que habría lugar una vez cumplido el plazo señalado en la ley, no es
imputable al Estado deudor sino al propio beneficiario acreedor, derivada de la actitud negligente de éste en la
reclamación oportuna de la condena
31 En este mismo sentido se pronunció la Subsección en sentencia del 21 de febrero de 2025, Exp. 70320, M.P.
José Roberto Sáchica Méndez.
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Expediente 850012333000 202300016 01 (71367)
Demandante: Alianza Fiduciaria S.A.
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Ejecutivo
haya propuesto, por lo que se proferirá decisión en el sentido de imponer costas por
esta instancia a cargo de la Fiscalía y a favor del ejecutante.
58. El artículo 361 ibidem establece que las costas “están integradas por la
totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por
las agencias en derecho”.
59. Para establecer las agencias en derecho, la Sala se remite a lo establecido
en el artículo 5, numeral 4 del Acuerdo PSAA16-10554 de 5 de agosto de 2016,
expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que
dispone que la tarifa de agencias en derecho en la segunda instancia de procesos
ejecutivos debe oscilar entre uno (1) y seis (6) salarios mínimos legales mensuales
vigentes. En este caso, se tasará a favor del Fondo por concepto de agencias en
derecho de la segunda instancia, la cifra equivalente a un (1) salario mínimo legal
mensual vigente a la fecha de ejecutoria de la presente providencia, a cargo de la
Fiscalía General de la Nación.
IV. PARTE RESOLUTIVA
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 9 de abril de 2024, por el Tribunal
Administrativo de Casanare.
SEGUNDO: CONDENAR en costas de la segunda instancia a la Nación – Fiscalía
General de la Nación y a favor del Fondo Abierto con Pacto de Permanencia CXC,
administrado por Alianza Fiduciaria S.A. Por concepto de agencias en derecho se
fija la suma de un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria
de la sentencia.
TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen
la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
13
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