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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 85001-23-33-000-2023-00088-01

Fecha
30 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 85001-23-33-000-2023-00088-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de 2 de noviembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Casanare. En su lugar, se dispondrá lo siguiente: PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por sustracción de materia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 85001-23-33-000-2023-00088-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

30 de noviembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Radicación: 85001-23-33-000-2023-00088-01
Accionante: CHRIS VALENTINA ÁVILA BOHÓRQUEZ
Accionados: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL Y REGISTRADURIA NACIONAL DEL
ESTADO CIVIL
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA – Se modifica el fallo impugnado – Se declara la carencia
actual de objeto por sustracción de materia.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por la señora Chris Valentina Ávila
Bohórquez contra la sentencia de 2 de noviembre de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo del Casanare.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La señora Chris Valentina Ávila Bohórquez solicitó el amparo de su derecho
fundamental al sufragio, cuya vulneración le atribuyó al Consejo Nacional Electoral
y a la Registraduría Nacional del Estado Civil por la omisión de asignarle un puesto
de votación para ejercer su derecho al voto en las elecciones de Gobernadores,
Alcaldes, Diputados, Concejales, Ediles y miembros de las Juntas Administradoras
Locales, programadas para el 29 de octubre de este año.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Informó que consultó la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil
para conocer cuál era el puesto de votación asignado a efectos de ejercer su
derecho al sufragio en las elecciones de Gobernadores, Alcaldes, Diputados,
Concejales, Ediles y miembros de las Juntas Administradoras Locales, que se
llevarían a cabo el 29 de octubre de 2023 y advirtió que «[…] no se [encontraba] en
el censo electoral […]».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicación: 85001-23-33-000-2023-00088-01
Accionante: Chris Valentina Ávila Bohórquez

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

«[…] 1. Se ordene a la registraduría y Consejo Nacional Electoral que de manera
urgente habiliten mi único puesto de votación en la residencia Cra. 5 No. 4-13 de
el [sic] Centro Poblado de El Secreto del Municipio de Sabanalarga Casanare,
lugar último donde ejercí por primera vez el voto.

2. Se ordene a la registraduría y Consejo Nacional Electoral me permitan ejercer
el derecho al voto en las elecciones del 29 de octubre de 2023.

3. En caso de que no se tome una medida con urgencia y ante la proximidad de
las elecciones, se detenga el proceso electoral en el Departamento de Casanare,
hasta tanto yo pueda ejercer mi derecho a elegir mis gobernantes en el lugar que
nací y donde pienso llegar en mi vejez.

4. Las demás determinaciones a que haya lugar con el fin de que ustedes me
protegen [sic] los derechos de la constitución y hagan lo pertinente con una de
sus ciudadanas.

5. Ustedes como escuderos de la carta política deben hacer un llamado de
atención ante la flagrante violación que en mi criterio se debe estar cometiendo
con otros nacionales en similares circunstancias […]».

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 26 de octubre de 2023, la magistrada a cargo de la
sustanciación del proceso del Tribunal Administrativo del Casanare, admitió la
presente acción de tutela. Posteriormente y a través de auto de 27 de octubre de
2023, negó la solicitud de medida provisional efectuada por la actora.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a las entidades accionadas se allegaron los
siguientes informes:

5.1. La Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de apoderado judicial,
solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela porque dicha entidad no
había vulnerado los derechos fundamentales de la accionante, toda vez que: «[…]
1) ha inscrito a los ciudadanos que desean cambiar su puesto de votación, 2) ha
realizado las actuaciones de notificación y publicación derivadas del auto del CNE
que avoca conocimiento de la investigación por presunta inscripción irregular de
cédulas y decreta pruebas y de la resolución que decide dejar sin efecto la
inscripción irregular de cédulas expedida por esa misma corporación […]».

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Radicación: 85001-23-33-000-2023-00088-01
Accionante: Chris Valentina Ávila Bohórquez

5.2. Señaló que el Consejo Nacional Electoral era el competente para modificar o
revocar la medida de «[…] suspensión de efectos de una inscripción suscitada por
Trashumancia Electoral […]», y que a la Registraduría Nacional del Estado Civil le
correspondía llevar a cabo la depuración del censo electoral.

5.3. El Consejo Nacional Electoral, a través de apoderado judicial, manifestó que
adelantó el «[…] procedimiento administrativo breve y sumario tendiente a
determinar la presunta inscripción irregular de cédulas en el municipio de
SABANALARGA en el departamento de CASANARE para las elecciones de
autoridades locales […]». Precisó que con base en dicho procedimiento expidió la
Resolución núm. 4179 de 7 de junio de 2023, a través de la cual dejó sin efectos la
inscripción de la cédula de ciudadanía de la accionante en el Municipio de
Sabanalarga, «como consecuencia de haberse acreditado sumariamente la no
residencia electoral».

5.4. Señaló que los actos dictados en la actuación administrativa fueron
comunicados, mediante aviso publicado en la página web de la entidad, y que la
señora Chris Valentina Ávila Bohórquez no intervino dentro del procedimiento
administrativo.

5.5. Informó que la actora interpuso la acción de tutela núm. 85001-22-08-000-2023-
00110-01 contra la Resolución núm. 4179 de 2023 y mediante la sentencia de tutela
de 4 de agosto de 2023, confirmada través de fallo de 6 de septiembre de 2023, se
declaró improcedente dicho proceso constitucional por no cumplir con el requisito
de subsidiariedad.

VI. FALLO IMPUGNADO

6. Mediante fallo de tutela de 2 de noviembre de 2023, el Tribunal Administrativo de
Casanare declaró la carencia actual de objeto por daño consumado debido a que
«[…] con la solicitud de amparo de la referencia se buscaba la protección del
derecho al voto de la demandante. Empero, como las elecciones territoriales del
2023 ya se llevaron a cabo, no es posible evitar el daño o la afectación que con la
tutela se buscaba […]».

7. Adicionalmente, el a quo concluyó que «[…] las entidades accionadas no
vulneraron el derecho constitucional fundamental […]» de la accionante porque la
restricción al derecho al sufragio «[…] se fundó en decisiones que se encuentran
debidamente motivadas fáctica, legalmente y con apego al debido proceso, pues el
CNE (…) adelantó el procedimiento tendiente a evitar que se presente el fenómeno
de trashumancia, en el que encontró, luego de realizar el cruce de datos con otras
entidades, que la señora CHRIS VALENTINA ÁVILA BOHÓRQUEZ no tenía
residencia electoral en Sabanalarga pues registra SISBEN en Aguazul y ADRES
en la ciudad de Bogotá […]».

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Radicación: 85001-23-33-000-2023-00088-01
Accionante: Chris Valentina Ávila Bohórquez

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

8. La actora impugnó la decisión de primera instancia, al considerar equivocado el
argumento del a quo, según el cual «[…] por tener SISBEN en Aguazul y ADRES
en la ciudad de Bogotá no tenía derecho a votar en Colombia […]».

9. Reiteró que la Registraduría Nacional del Estado Civil no le habilitó un punto de
votación en «[…] Aguazul, Bogotá o Sabanalarga […]» a fin de ejercer su derecho
al sufragio.

10. Con base en lo anterior, solicitó que se revoque el fallo impugnado.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

11. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20213, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20194.

VIII.2. Problemas jurídicos

12. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado5, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se configuró la carencia actual de objeto por
sustracción de materia.

VIII.3. El caso concreto

13. La señora Chris Valentina Ávila Bohórquez solicitó el amparo de su derecho
fundamental al sufragio, cuya vulneración le atribuyó al Consejo Nacional Electoral
y a la Registraduría Nacional del Estado Civil por la omisión de asignarle un puesto
de votación para ejercer su derecho al voto en las elecciones de Gobernadores,

1 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
2 «Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho».
3 «Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único

Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela».
4 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
5
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

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Radicación: 85001-23-33-000-2023-00088-01
Accionante: Chris Valentina Ávila Bohórquez

Alcaldes, Diputados, Concejales, Ediles y miembros de las Juntas Administradoras
Locales, programadas para el 29 de octubre de este año.

VIII.3.1. De la carencia actual de objeto por sustracción de materia en el
presente caso

14. Sobre la figura de la carencia actual de objeto, esta Sala de Decisión mediante
providencia de 9 de septiembre de 20216 precisó que dicho fenómeno jurídico se
presenta en los siguientes eventos: «[…] i) por hecho superado, cuando por alguna
conducta del obligado se supera la afectación a los derechos invocados de tal
manera que resulte innecesario el pronunciamiento del juez, ii) por daño
consumado, cuando se afecta de manera definitiva los derechos del tutelante, antes
de que el juez constitucional profiera decisión de fondo sobre las pretensiones de
la tutela y iii) por sustracción de materia […]».

15. Particularmente, y en lo atiente a la carencia actual de objeto por sustracción
materia, esta Sala de Decisión precisó lo siguiente: «[…] se configura en aquellos
casos en que deja de existir el objeto jurídico respecto del cual el juez
constitucional debe tomar una decisión, por lo cual, la protección a través de
la tutela pierde sentido y, en consecuencia, el juez constitucional queda
imposibilitado para emitir orden alguna de protección del derecho fundamental
invocado […]»7. (Negrilla original del texto)

16. En esa misma línea argumentativa, la jurisprudencia de la Corte Constitucional
ha indicado lo siguiente:

«[…] La carencia actual de objeto tiene lugar, en la medida en que la
finalidad de la acción de tutela es garantizar la protección del derecho
fundamental de quien invoca el amparo. Es decir, es, en principio, una
finalidad subjetiva. Existiendo carencia de objeto “no tendría sentido cualquier
orden que pudiera proferir esta Corte con el fin de amparar los derechos del
demandante, pues en el evento de adoptarse ésta, caería en el vacío por
sustracción de materia”. La Corte ha señalado al respecto:

“Esta Corporación, al interpretar el contenido y alcance del artículo 86 de la
Constitución Política, en forma reiterada ha señalado que el objetivo de la
acción de tutela se circunscribe a la protección inmediata y actual de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los
particulares en los casos expresamente consagrados en la ley.

Así las cosas, se tiene que el propósito de la tutela, como lo establece el
mencionado artículo, es que el Juez Constitucional, de manera expedita,
administre justicia en el caso concreto, profiriendo las órdenes que considere
pertinentes a la autoridad pública o al particular que con sus acciones han
amenazado o vulnerado derechos fundamentales y procurar así la defensa
actual y cierta de los mismos.

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera, sentencia del 9 de septiembre

de 2021, Exp. 11001-03-15-000-2021-02263-00, M.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
7 Ibidem.

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Radicación: 85001-23-33-000-2023-00088-01
Accionante: Chris Valentina Ávila Bohórquez

No obstante, cuando la situación de hecho que causa la supuesta
amenaza o vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra
superada, la acción de tutela pierde toda razón de ser como mecanismo
más apropiado y expedito de protección judicial, por cuanto la decisión
que pudiese adoptar el juez respecto del caso concreto resultaría a todas
luces inocua, y por consiguiente contraria al objetivo constitucionalmente
previsto para esta acción” […]»8. (Negrilla fuera del texto)

17. A partir de lo anterior, es dable concluir que la acción de tutela fue instituida como
un mecanismo expedito para la protección inmediata y oportuna de los derechos
fundamentales y debido a esto, al desaparecer la causa que da origen a dicha
vulneración, ésta pierde toda razón de ser como mecanismo de protección judicial.

18. Mediante esta acción constitucional, la señora Chris Valentina Ávila Bohórquez
pretende la protección de su derecho fundamental al sufragio, el cual adujo que se
encontraba amenazado porque no fue incluida en el censo electoral y debido a ello
carecía de un puesto de votación en el cual ejercer su derecho al voto en las
elecciones de Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales, Ediles y miembros
de las Juntas Administradoras Locales, programadas para el 29 de octubre de este
año.

19. En síntesis, lo solicitado por la actora en este proceso constitucional consiste en
que: (i) «[…] [s]e ordene a la Registraduría y Consejo Nacional Electoral que de
manera urgente habiliten mi único puesto de votación en la residencia Cra 5 No. 4
13 de el (sic) Centro Poblado de El Secreto del Municipio de Sabanalarga
Casanare, lugar último donde ejercí por primera vez el voto […]»; (ii) «[…] [s]e
ordene a la registraduría y Consejo Nacional Electoral me permitan ejercer el
derecho al voto en las elecciones del 29 de octubre de 2023 […]»; y (iii) «[…] [e]n
caso de que no se tome una medida con urgencia y ante la proximidad de las
elecciones, se detenga el proceso electoral en el Departamento de Casanare, hasta
tanto yo pueda ejercer mi derecho a elegir mis gobernantes en el lugar que nací y
donde pienso llegar en mi vejez […]».

20. Sinembargo, destaca la Sala que el presente mecanismo de amparo fue
radicado el 24 de octubre de este año. Esto es a cinco días de que se realizaran
los comicios. Debido a ello, para el momento en que fue resuelta la presente acción
de tutela ya se habían realizado las elecciones programadas para el 29 de octubre
de 2023.

21. Se destaca que, mediante sentencia de 4 de agosto de 2022 9, la Sala estudió un
asunto con supuestos fácticos parecidos al presente y señaló lo siguiente:

«[…] 20. Sobre el particular, es pertinente reiterar que, a través de la presente
acción constitucional se buscaba la protección de los derechos fundamentales

8 Corte Constitucional. Sala Octava de Revisión. Exp. T-3.931.914, M.P. Alberto Rojas Ríos. 7 de septiembre

de 2013.
9 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Exp. 11001-03-15-000-2022-

02739-01, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

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Radicación: 85001-23-33-000-2023-00088-01
Accionante: Chris Valentina Ávila Bohórquez

del señor José Libardo Quintero Sandoval, los cuales estimó amenazados por
la posible omisión de las entidades accionadas de suministrarle alimentación e
hidratación el 29 de mayo de 2022, fecha en la que se realizarían elecciones a
la Presidencia de la República.

21. Concretamente, el señor Quintero Sandoval le solicitó a esta autoridad
judicial que le ordenara a la Registraduría Nacional del Estado Civil «ofrecer a
partir de la jornada electoral del 29 de mayo de 2022, hidratación fría y caliente
y alimentos, para los jurados de votación» [sic] y prevenir a la entidad accionada
que «en caso de continuar la jornada a una segunda vuelta (...) ofrecer
hidratación y alimentos» a los jurados de votación.

22. Ahora bien, para el momento en que se resuelve la presente impugnación
ya se realizaron los comicios programados para los días 29 de mayo y 19 de
junio de 2022, en los que se eligieron Presidente de la República y
Vicepresidenta de la República.

23. Es por este motivo la Sala estima que se ha configurado la figura jurídica
de la carencia actual de objeto, en tanto que el objeto de la presente acción de
amparo no puede ser protegido porque el supuesto constitutivo de la amenaza
a los derechos fundamentales del accionante actualmente no existe y, en ese
sentido, no se pueden emitir órdenes tendientes a garantizar el acceso a la
hidratación y la alimentación de las personas que auspiciaron como jurados de
votación, tampoco se puede revertir este suceso.

(…)

26. Desde esta perspectiva, y en tanto que han desaparecido los supuestos
fácticos que amenazaban la vulneración de los derechos fundamentales del
accionante, la Sala concluye que en el sub examine se ha configurado la figura
de la carencia actual de objeto por sustracción de materia […]».

22. Igualmente, mediante sentencia de 23 de noviembre de 202310, la Sección
estudió un caso con supuestos fácticos similares al presente y concluyó que se
había configurado la carencia actual de objeto por sustracción de materia porque
los comicios electorales regionales habían pasado.

23. A partir de lo anterior, esta Sección estima que en el presente caso se configuró
la figura jurídica de la carencia actual de objeto por sustracción de materia, en tanto
que el objeto de la presente acción de amparo no puede ser protegido porque el
supuesto constitutivo de la amenaza al derecho fundamental de la accionante,
actualmente, no existe y, en ese sentido, no se pueden emitir las medidas
solicitadas.

24. Con base en lo expuesto, se modificará la sentencia de primera instancia y en su
lugar se declarará la carencia actual de objeto por sustracción de materia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

10 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Exp. 11001-03-15-000-2023-

06585-0, M.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.

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Radicación: 85001-23-33-000-2023-00088-01
Accionante: Chris Valentina Ávila Bohórquez

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de 2 de noviembre de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo del Casanare. En su lugar, se dispondrá lo siguiente:

PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por sustracción de
materia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Ausente con excusa

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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