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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 85001-23-33-000-2024-00074-01

Fecha
27 de febrero de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 85001-23-33-000-2024-00074-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 29 de agosto de 2024, proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Casanare, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 85001-23-33-000-2024-00074-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

27 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00074-01
Solicitante: María Elena Jara Gutiérrez
Accionado: Raimundo Córdoba González
Tema: El conflicto de intereses como causal de pérdida de
investidura de los concejales

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por el accionado contra la
sentencia de 29 de agosto de 2024, proferida por la Sala Plena del Tribunal
Administrativo de Casanare, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la
solicitud.

I. ANTECEDENTES

I.1. La solicitud de pérdida de investidura1

1. La señora María Elena Jara Gutiérrez, en ejercicio del medio de control previsto
en el artículo 143 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 2, solicitó que se decrete
la pérdida de investidura del señor Raimundo Córdoba González, concejal del
municipio de Paz de Ariporo (Casanare) para el período 2020-2023, por infringir el
régimen del conflicto de intereses establecido en el numeral 2° del artículo 55 de la
Ley 136 de 2 de junio de 19943 y en el numeral 1° del artículo 48 de la Ley 617 de
6 de octubre de 20004.

I.1.1. Los hechos

2. La solicitante adujo como hechos los siguientes:

2.1. El señor Raimundo Córdoba González resultó elegido concejal del municipio de
Paz de Ariporo, para el período constitucional 2020-2023, por el partido político
Alianza Verde y tomó posesión de su investidura el 2 de enero de 2020.

1
001. Demanda. Expediente Digital.
2
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.
3
“[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. […]”.
4
“[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley
orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se
dictan normas para la racionalización del gasto público nacional. […]”.

2

Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00074-01
Solicitante: María Elena Jara Gutiérrez

2.2. La alcaldesa del municipio de Paz de Ariporo expidió la Resolución 300.52-152
del 30 de abril de 2021, por medio de la cual convocó a las familias del municipio de
Paz de Ariporo sin vivienda propia, a postularse en el proyecto de asignación de
subsidios familiares de vivienda de interés social en especie y la postulación de los
interesados se realizó entre el 10 de mayo de 2021 y el 31 de mayo de esa
anualidad.

2.3. El accionado participó en el debate y aprobación del proyecto de Acuerdo
300.47.1-011 de 10 de mayo de 2021, por medio del cual se adicionó el contenido
del numeral 6° del artículo 3° del Acuerdo 500.02-001 de 2021, sin declararse
impedido.

2.4. El 5 de noviembre de 2021, la Oficina Asesora de Planeación del municipio de
Paz de Ariporo publicó el listado de 1802 hogares que fueron admitidos en la
convocatoria pública para otorgar subsidios de vivienda, en el cual aparecían los
señores Reimundo Córdoba Ortiz, Jessica Romero Riveros y Juan Carlos Córdoba
Guanay.

2.5. El accionado participó en el debate y aprobación del proyecto de Acuerdo
300.47.1-025 de 8 de noviembre de 2021, “[…] mediante el cual se autorizó a la
alcaldesa municipal de Paz de Ariporo para que otorgara los subsidios de vivienda
y realizara los actos de transferencia de dominio de los inmuebles objeto de
subsidio[…]5”, sin declararse impedido, a pesar de que sus familiares ya se habían
postulado para ser beneficiarios.

2.6. El 11 de diciembre de 2021, la Oficina Asesora de Planeación del municipio de
Paz de Ariporo publicó el listado de 1835 hogares que fueron admitidos en la
convocatoria, como resultado de las reclamaciones interpuestas, en el que
aparecen nuevamente los señores Reimundo Córdoba Ortiz, Jessica Romero
Riveros y Juan Carlos Córdoba Guanay.

2.7.El acusado participó en el debate y aprobación del proyecto de Acuerdo
300.47.1-011 de 9 de mayo de 2022, por medio del cual se facultó a la alcaldesa
para asignar y adjudicar 790 subsidios familiares de vivienda en especie los lotes
con disponibilidad de servicios públicos, sin declararse impedido.

2.8. A través de la Resolución 300.52-361 de 5 de julio de 2022, se asignaron
subsidios de vivienda familiar a favor de los señores Reimundo Córdoba Ortiz,
Jessica Romero Riveros, Juan Carlos Córdoba Guanay, por valor de diez millones
de pesos ($10.000.000).

2.9. A través de las “[…] Resoluciones 300.52-1185, 300.52-1194, 300.52-1273 del
4 de Noviembre de 2022, y 300.52-894 del 28 de diciembre de 2023 se le
adjudicaron los bienes fiscales urbanos, siendo calculados cada uno de los
Subsidios para todos los efectos fiscales en DIEZ MILLONES DE PESOS ($
10.000.000). […]”.

5
(sic).

3

Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00074-01
Solicitante: María Elena Jara Gutiérrez

El accionado participó en el debate y votación del proyecto de Acuerdo
2.10.
300.47.1-012 de 26 de julio de 2023, por medio del cual se autorizó a la alcaldesa
municipal para asignar y adjudicar 18 subsidios familiares de vivienda en especie,
consistente en lotes con disponibilidad de servicios públicos, sin haberse declarado
impedido.

2.11. El señor Didier Calixto Córdoba Ortiz, hijo del accionado, fue admitido el 26 de
noviembre de 2023 como beneficiario de “[…] lotes con servicios […]” y mediante
Resolución 300.52-779 de 27 de diciembre de 2023 se asignó el subsidio a su favor.

2.12.El accionado participó en el debate y votación del proyecto de Acuerdo
300.47.1-31 de 15 de diciembre de 2023, por medio del cual se autorizó a la
alcaldesa municipal para asignar y adjudicar 194 subsidios familiares de vivienda
en especie consistente en lotes con disponibilidad de servicios públicos, sin
declararse impedido.

2.12. Las actas de las sesiones del concejo municipal de Paz de Ariporo demuestran
que el accionado no manifestó su impedimento, aunque sabía que sus familiares
habían sido admitidos y seleccionados como beneficiarios.

I.1.2. La explicación de la causal de pérdida de investidura

3. La solicitante invocó la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral
2° del artículo 55 de la Ley 136 de 1994 y en el numeral 1° del artículo 48 de la Ley
617 de 2000.

4. Sostuvo que al accionado le asistía un interés directo, particular y actual que le
impedía participar en los proyectos de acuerdo citados supra, debido a que sus
hijos y familiares habían sido seleccionados y admitidos como beneficiarios del
programa. Por ende, debía manifestar su impedimento para no encontrarse incurso
en la causal de pérdida de investidura.

I.2. Trámite de la solicitud de pérdida de investidura en la primera instancia

5.La magistrada sustanciadora del proceso mediante auto de 16 de julio de 20246
admitió la demanda y ordenó la notificación personal al accionado y al agente del
Ministerio Público.

I.3. La oposición del concejal7

6. El accionado, por conducto de apoderado judicial, contestó la solicitud en los
siguientes términos:

7.Manifestó que, según la jurisprudencia, para demostrar la causal invocada se
deben demostrar los siguientes requisitos: (i) la calidad de concejal del demandado;

6
Documento 6. Admite demanda.
7
Documento 14. Contestación de la demanda.

4

Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00074-01
Solicitante: María Elena Jara Gutiérrez

(ii) la existencia de un interés particular, actual y directo en cabeza del concejal o
de su cónyuge, compañero permanente o parientes, en los grados establecidos por
la ley, o a su socio o socios de derecho o de hecho, en un asunto que el concejal
conozca en razón de sus funciones constitucionales y legales y (iii) que el concejal
no haya manifestado impedimento frente al asunto que configura el interés.

8. Explicó que el concejo municipal de Paz de Ariporo, a través del Acuerdo 500.02-
001 del 28 de febrero del año 2021, con sus modificaciones, destinó el uso del bien
fiscal urbano denominado “[…] SENDEROS DE MANARE […]” para el desarrollo
de programas de vivienda de interés social y facultó a la alcaldesa de ese municipio
para que realizara la convocatoria pública y la correspondiente asignación de 790
subsidios; acto administrativo que es de carácter general, impersonal y abstracto
puesto que, hasta ese momento, no estaban identificados los potenciales
beneficiarios de los subsidios de vivienda.

9. Aclaró que, hasta el 11 de diciembre de 2021, existía un listado preliminar de
personas inscritas para ser beneficiarias de los subsidios de vivienda; no obstante
que, para ese momento, los postulantes al programa tenían una simple expectativa
y no derechos adquiridos.

10. Aseguró que el interés no resulta directo, particular y actual pues su
participación en cada uno de los debates de los proyectos de acuerdo tuvo como
propósito la satisfacción del derecho fundamental a la vivienda digna de los
habitantes del municipio de Paz de Ariporo, en igualdad de condiciones a la
ciudadanía en general, y no para derivar un beneficio o provecho directo de orden
económico, particular y personal o en sus familiares cercanos.

11. Precisó que la Ley 3ª de 15 de enero de 19918, define el subsidio de vivienda
como un aporte estatal en dinero o en especie, que podrá aplicarse en lotes con
servicios para programas de desarrollo de autoconstrucción, entre otros, otorgado
por una sola vez al beneficiario con el objeto de facilitar el acceso a una solución
de vivienda de interés social o interés prioritario, siempre que el beneficiario cumpla
con las condiciones de la ley (artículo 7°). Según lo indicó la Corte Constitucional,
en sentencia T-526 de 20169, es un instrumento esencial del Estado que permite
que las personas de bajos recursos y, en especial, la población económicamente
más necesitada, pueda acceder a una vivienda en condiciones dignas.

12. Agregó que las autorizaciones conferidas a la alcaldesa para la asignación de
los subsidios de vivienda familiar se hicieron con el fin de que el primer mandatario
local adoptara las correspondientes medidas “[…] para materializar ese subsidio en
igualdad de condiciones para la ciudadanía en general, pues, se pretendió
beneficiar a aquellas personas de la comunidad que cumplan con los requisitos que
establece la Ley […]”.

8
“[…] Por la cual se crea el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, se establece el subsidio familiar de vivienda, se
reforma el Instituto de Crédito Territorial, ICT, y se dictan otras disposiciones. […]”.
9
T- 526 de 2016, Magistrado Ponente: Doctor Jorge Iván Palacio Palacio.

5

Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00074-01
Solicitante: María Elena Jara Gutiérrez

13. Afirmó que no se demostró que el accionado haya ejercido alguna influencia en
el proceso de selección de los beneficiarios, quienes accedieron en igualdad de
condiciones y oportunidades con el fin de materializar el derecho a la vivienda
digna, previo cumplimiento de los requisitos exigidos para ello.

I.4. Trámite del proceso judicial en primera instancia

14. A través de auto de 31 de julio de 202410, se dio apertura al período probatorio
y se fijó fecha para la realización de la audiencia pública prevista en el artículo 12
de la Ley 1881 de 15 de enero de 201811.

1.5. La audiencia pública

15. El 28 de agosto de 2024 se celebró la audiencia pública con la participación de
la solicitante, el agente del Ministerio Público y el apoderado del accionado, lo cual
quedó consignado en el acta respectiva12. Las intervenciones se resumen así:

I.5.1. La solicitante

16.La solicitante señaló que se demostraron los elementos configurativos de la
causal de pérdida de investidura por violación del régimen del conflicto de intereses.

I.5.2. El Ministerio Público

17. El Ministerio Público solicitó que se decrete la pérdida de investidura. En apoyo
de su petición, estimó que el accionado tenía la obligación de declararse impedido
para participar en los proyectos de acuerdo que otorgaron facultades a la alcaldesa
municipal de Paz de Ariporo para asignarle subsidios de vivienda, debido a que los
señores Reimundo Córdoba Ortiz y Didier Calixto Córdoba Ortiz, hijos del acusado,
figuraban como beneficiarios en unos listados que eran de público conocimiento.

18. Expuso que los proyectos de acuerdo presentados por el ejecutivo municipal
tenían efectos particulares y concretos dado que cobijaban al grupo de ciudadanos
y hogares previamente seleccionados en la convocatoria, según se desprendía de
su redacción, el contenido y la exposición de motivos.

I.5.3. El accionado

19. La parte accionada reiteró los argumentos del escrito de oposición, por
considerar que el accionado no incurrió en la causal de pérdida de investidura por
violación del régimen del conflicto de intereses.

10
Documento 017. Auto que admite.
11
“[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los congresistas, se consagra la doble
instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones […]”.
12
Documento 028. Acta de Audiencia.

6

Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00074-01
Solicitante: María Elena Jara Gutiérrez

I.6. La sentencia de primera instancia13

20.La Sala Plena del Tribunal Administrativo de Casanare, mediante sentencia de
29 de agosto de 2024, decretó la pérdida de investidura del señor Raimundo
Córdoba González concejal del municipio de Paz de Ariporo periodo 2020-2023.

I.6.1. Análisis del aspecto objetivo

21. El Tribunal de primera instancia aclaró que la solicitante no acreditó el vínculo
de parentesco entre el accionado y los señores Jessica Romero Riveros, Óscar
Reynel Córdoba Guanay y Juan Carlos Córdoba Guanay, por lo que, centraría su
análisis respecto de los señores Reimundo Córdoba Ortiz y Didier Calixto Córdoba
Ortiz, hijos del accionado, cuyo vínculo sí resultó probado.

22.Explicó que el accionado participó en el trámite y aprobación de los Acuerdos
500.02-018 de 16 de noviembre de 2021 y 500.02-007 de 3 de junio de 2022, a
pesar de que le asistía un interés directo, particular y actual pues para ese
momento, se había publicado el listado de ciudadanos postulados -5 de noviembre
de 2021-, en el cual aparecía su hijo Reimundo Córdoba Ortiz, sin haber
manifestado su impedimento o haber sido recusado por estos mismos hechos.

23. Argumentó que al accionado le asistía igualmente un interés directo que le
impedía participar en el trámite y aprobación del Acuerdo 500.02-028 del 25 de
diciembre de 2023, por cuanto se estaba autorizando la adjudicación de subsidios
de vivienda a un grupo de la población, dentro del cual se encontraba su hijo Didier
Calixto Córdoba, y para ese momento ya se había publicado el listado de admitidos,
-30 de noviembre de 2023-, sin haber manifestado su impedimento o haber sido
recusado por estos mismos hechos.

24. El Tribunal de primera instancia aclaró que “[…] frente al Acuerdo 500-008-de
26 de mayo de 2021, advierte la Sala que no se evidencia conflicto de interés por
parte del demandado, por cuanto para la fecha de su aprobación ninguno de sus
hijos se había postulado a la Convocatoria de subsidios de vivienda abierta a través
de la Resolución No. 300.52-152 de 30 de abril de 2021. En igual sentido, ocurre
con el Acuerdo 500.02-10 de 28 de agosto de 2023, pues si bien para la fecha de
su aprobación el señor Didier Calixto Córdoba Ortiz se había postulado a la
convocatoria fijada en la Resolución No. 300.52- 286 del 30 de mayo de 2023, aun
no se encontraba publicada la lista de admitidos, la cual se conoció hasta el 30 de
noviembre de esa anualidad […]”.

25. Señaló que no era aplicable la excepción prevista en el numeral 1º del artículo
48 de la Ley 617 de 2000, que señala que no existirá conflicto de intereses cuando
se trate de considerar asuntos que afecten al concejal o diputado en igualdad de
condiciones a las de la ciudadanía en general, toda vez que no era posible “[…]
pretermitir los efectos particulares y concretos que se evidencian, esto es, a quienes
se habían postulado a las convocatorias establecidas por las resoluciones 300.52-

13
Documento 032. Sentencia.

7

Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00074-01
Solicitante: María Elena Jara Gutiérrez

152 de 30 de abril de 2021 y 300.52- 286 del 30 de mayo de 2023, resaltando la
adjudicación que a título gratuito recibieron sus hijos. […]”.

I.6.2. Análisis del aspecto subjetivo

26. El Tribunal de primera instancia encontró demostrado el elemento subjetivo,
con sustento en los siguientes argumentos: (i) el accionado estaba en condiciones
de comprender el hecho o la circunstancia configurativa de la causal, pues era
consciente que con la aprobación de los acuerdos referidos supra, se iba a otorgar
un beneficio de tipo económico a un grupo concreto de la población; (ii) quien aspira
a ser elegido a un cargo de elección popular está en la obligación de conocer y
asesorarse adecuadamente acerca de los deberes que le son inherentes, así como
las causales de inhabilidad, incompatibilidad y el régimen del conflicto de interés
que rigen para su cargo; (iii) el concejal tenía el deber de verificar si sus familiares
se habían postulado o habían sido admitidos como beneficiarios de los subsidios
de vivienda y, (iv) el accionado, a sabiendas de que estaba participando en la
aprobación de los acuerdos que reportaban un beneficio económico a sus dos hijos,
omitió el deber de declararse impedido, sin que se evidencie la existencia de una
justificación válida.

I.7. El recurso de apelación14

27.El accionado, por conducto de apoderado judicial, interpuso recurso de
apelación.

28. Explicó que el Tribunal de primera instancia desconoció la jurisprudencia del
Consejo de Estado que ha señalado que la omisión del deber de declarar un
impedimento no constituye causal de pérdida de investidura, sino la participación
en una decisión en la cual se configure un genuino conflicto de intereses.
29. Enfatizó que el fallo de primera instancia desconoció el precedente
jurisprudencial consignado en la sentencia de 30 de enero de 200415 -y citada en la
sentencia de 20 de enero de 202316-.

30. Subrayó que debía darse aplicación a los principios de igualdad, seguridad
jurídica y confianza legítima, por cuanto esa decisión comparte los mismos
presupuestos fácticos y jurídicos.

31. Anotó que en el presente caso se configuró la excepción prevista en el numeral
1º del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, que señala que no existirá conflicto de
intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten al concejal o diputado
en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general.

14
Documento 035. Recurso de apelación.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de enero de 20024, radicado
núm.: 25000-23-15-000-2003-01190-0, CP: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de enero de 2023, radicado
núm. 5001-23-33-000-2022-00968-01, MP: Roberto Augusto Serrato Valdés.

8

Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00074-01
Solicitante: María Elena Jara Gutiérrez

32. Indicó que a los familiares del accionado les asistía un interés hipotético,
aleatorio e incierto y explicó que la decisión final para obtener el subsidio de
vivienda familiar no dependía de los acuerdos.

33. Adujo que la conducta reprochada al accionado no es antijurídica y este obró
en estricto cumplimiento de un deber constitucional y legal, de conformidad con el
numeral 3° del artículo 31 de la Ley 1952 de 28 de enero de 201917. Agregó que,
en el peor de los escenarios, podría señalarse que actuó con culpa leve, lo cual no
justifica la sanción de pérdida de investidura.

I.8. Trámite del recurso de apelación

34. La magistrada sustanciadora del proceso en primera instancia, a través de
proveído de 23 de septiembre de 202418, concedió la alzada y remitió el proceso al
Consejo de Estado y mediante auto de 5 de noviembre de 202419, se admitió el
recurso de apelación.

35. Dentro del término del traslado, la solicitante allegó escrito20 en el cual solicitó
confirmar la sentencia de primera instancia, por configurarse los elementos objetivo
y subjetivo de la causal de pérdida de investidura.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

36. La Sala, para resolver la presente controversia, se pronunciará sobre los
siguientes aspectos: (i) la competencia; (ii) el problema jurídico; (iii) la prueba de la
calidad del accionado como sujeto pasivo; (iv) la causal de pérdida de investidura
por violación al régimen del conflicto de intereses; (v) análisis del caso concreto y
(vi) conclusiones.

II.1. La competencia

37. Esta Sala de Decisión es competente para decidir esta controversia en virtud
de lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 48 de la Ley 617 de 2000; en el
artículo 150 de la Ley 1437 y en el artículo 13 del Acuerdo 80 expedido el 12 de
marzo de 201921, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024.

II.2. El problema jurídico

38. La Sala debe determinar si hay lugar a decretar o no la pérdida de investidura
del señor Raimundo Córdoba González, concejal del municipio de Paz de Ariporo
para el periodo 2020-2023, por haber incurrido en la causal de pérdida de
investidura prevista en el numeral 2° del artículo 55 de la Ley 136 de 1994 y en el
numeral 1° del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, esto es, por haber transgredido

17
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario se derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones
de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario. […]”.
18
041. Auto concede.
19
Índice 4 SAMAI.
20
Índice 8. SAMAI.
21
“[…] Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. […]”.

9

Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00074-01
Solicitante: María Elena Jara Gutiérrez

el régimen del conflicto de intereses. En este sentido, se debe establecer si se
acreditaron los elementos objetivos y el elemento subjetivo.

II.3. La prueba de la calidad del accionado

39. El señor Raimundo Córdoba González fue elegido concejal del municipio de
Paz de Ariporo, para el período constitucional 2020-2023, por el Partido Alianza
Verde, según lo ratifica el Formulario E- 27 de la Registraduría Nacional del Estado
Civil22 y el 2 de enero de 2020 tomó posesión de su investidura. Se cumple, por
tanto, el requisito previsto en el literal b) del artículo 5° de la Ley 1881 de 201823.

II.4. La causal de pérdida de investidura por violación del régimen del conflicto
de intereses

40. La causal de pérdida de investidura por violación del régimen del conflicto de
intereses encuentra sustento en el artículo 133 de la Constitución Política, que
señala que los miembros de los cuerpos colegiados de elección popular
representan al pueblo y deben actuar consultando la justicia y el bien común.
Igualmente, en el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011, que indica que cuando el
interés propio de la función pública entre en conflicto con el interés particular y
directo, el servidor público deberá declararse impedido.

41. La causal de pérdida de investidura por violación del régimen del conflicto de
intereses se encuentra prevista como tal para los concejales en el numeral 2° del
artículo 55 (numeral 2°) y el numeral 1° del artículo 48 de la Ley 617 de 2000,
normas que son del siguiente tenor:

Ley 136 de 1994:

“[…] ARTÍCULO 55.- Pérdida de la investidura de concejal. Los
concejales perderán su investidura por:

[…] 2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de
conflicto de intereses.

[…]”. (Negrilla del texto y subrayado fuera del texto)

Ley 617 de 2000:

“[…] ARTÍCULO 48.- Pérdida de investidura de diputados, concejales
municipales y distritales y de miembros de juntas administradoras
locales. Los diputados y concejales municipales y distritales y miembros
de juntas administradoras locales perderán su investidura:

1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de conflicto de
intereses. No existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar
asuntos que afecten al concejal o diputado en igualdad de condiciones a

22
001 Demanda. Folio 21.
23
“[…] ARTÍCULO 5. Cuando la solicitud sea presentada ante el Consejo de Estado por un ciudadano, esta deberá formularse
por escrito y contener, al menos: […] b) Nombre del Congresista y su acreditación expedida por la Organización Electoral
Nacional […]”. Aplicable por remisión del artículo 22 ibidem

10

Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00074-01
Solicitante: María Elena Jara Gutiérrez

las de la ciudadanía en general […]”. (Negrilla del texto y subrayado fuera
del texto)

42. Por su parte, el artículo 70 de la Ley 136 de 1994 señala que el concejal deberá
declararse impedido para participar en los debates o votaciones respectivas cuando
se evidencie la existencia de un interés directo en la decisión porque le afecte de
alguna manera a él o alguna de las personas señaladas en la ley -cónyuge o
compañero o compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil- o a su socio o
socios de derecho o, de hecho.

43. Esta Corporación ha señalado que el conflicto de interés se presenta cuando el
servidor público de elección popular movido por un interés particular “[…] toma una
decisión o realiza alguna gestión propia de sus funciones o cargo, en provecho
suyo, de un familiar o un tercero y en perjuicio de la función pública. Por ello, la
norma exige que, ante la pugna entre los intereses propios de la función y los
particulares del funcionario, éste deba declararse impedido, pues es la manera
honesta de reconocer la existencia de esa motivación y el deseo de cumplir con las
funciones del cargo de manera transparente e imparcial24[…]”.

44. La Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de 1° de noviembre de
201625, al igual que esta Sección han señalado que para la configuración del
conflicto de interés como causal de pérdida de investidura deben concurrir los
siguientes requisitos:

“[…] a) Que la persona señalada de adelantar la actuación violatoria del
régimen de conflicto de intereses, ejerza o haya ejercido la investidura de
Congresista de la República;

b) La existencia de un interés directo, particular y actual del Congresista,
ya sea de orden moral o económico, en la deliberación o decisión de un
tema específico a cargo del Congreso; y,

c) Que a pesar de ello, el Congresista participe efectivamente del
respectivo trámite, sin haber manifestado su impedimento para actuar o
sin haber sido recusado para los efectos.

El presupuesto “a)”, común a las causales de pérdida de investidura, exige
para este escenario la calidad cualificada del sujeto activo que incurrió en
un conflicto de intereses mediante el ejercicio irregular de su investidura
congresional, esto es, que debe acreditarse su condición de Senador o
Representante a la Cámara.

El presupuesto “b)” encierra tres componentes principales que deben
destacarse: el interés directo, particular y actual; su esencia moral o
económica; y los asuntos o temas que son puestos a consideración e
intervención del Congresista.

[…]
Por otra parte, el presupuesto “c” exige que además de haberse verificado
24
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de noviembre de 2017, C.P. César
Palomino Cortés, radicado: 11001-03-25-000-2005-00068-00(IJ).
25
Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia de 1° de noviembre de 2016, radicado: 11001-03-15-000-2015-01571-00(PI),
MP: María Elizabeth García González.

11

Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00074-01
Solicitante: María Elena Jara Gutiérrez

la existencia del interés particular en cabeza del Congresista involucrado
en el respectivo trámite, éste participe efectivamente del mismo, sin que
hubiese manifestado su impedimento para actuar o sin haber sido
recusado para conseguir apartarlo del tema. […]”.

II.5. El estudio del caso en concreto

II.5.1. El elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura

II.5.1.1. Primer requisito: que la persona señalada de adelantar la actuación
violatoria del régimen del conflicto de intereses ejerza o haya ejercido la
investidura de concejal

45. En el sub lite, se acreditó la calidad del señor Raimundo Córdoba González
como concejal del municipio de Paz de Ariporo, para el período constitucional 2020-
2023, por el Partido Alianza Verde, según lo ratifica el Formulario E- 27 de la
Registraduría Nacional del Estado Civil26 y el acta de toma de posesión realizada
el día 2 de enero de 2020. Por lo tanto, se cumple este primer requisito.

II.5.1.2. Segundo requisito. La existencia de un interés directo, actual,
particular o inmediato del concejal o alguna de las personas señaladas en la
ley, de orden moral o económico, en la deliberación o decisión de un tema
específico a cargo de la respectiva corporación pública

46. La solicitante indicó que el concejal Raimundo Córdoba González incurrió en la
causal de pérdida de investidura, porque le asistía un interés directo, particular y
actual que le impedía participar en el trámite y votación de los siguientes Acuerdos:
(i) 500.02-008 de 26 de mayo de 202127; (ii) 500.02-018 de 16 de noviembre de
202128; (iii) 500.02-007 de 3 de junio de 202229; (iv) 500.02-010 de 28 de agosto de
202330 y (v) 500.02-028 del 25 de diciembre de 202331.

47. La accionante mencionó que los familiares del accionado, esto es, los señores
Jessica Romero Riveros, Óscar Reynel Córdoba Guanay, Juan Carlos Córdoba
Guanay, Reimundo Córdoba Ortiz y Didier Calixto Córdoba Ortiz, habían sido
admitidos como beneficiarios del programa de subsidio, y por este motivo, el
accionado tenía el deber de manifestar su impedimento para evitar incurrir en la
causal de pérdida de investidura.

48. El Tribunal de primera instancia consideró que la solicitante no demostró la
relación de parentesco existente con los señores Jessica Romero Riveros, Óscar

26
001 demanda. Folio 21.
27
“[…] Por medio del cual se adiciona el contenido del numeral 6, del artículo tercero del Acuerdo Municipal No. 500.02-001
de 2021 […]”. 001 demanda. Folios 60 a 65
28
“[…] Por medio del cual se modifica parcialmente el artículo octavo del Acuerdo Municipal N°. 500.02-001 de 28 de febrero
de 2021 […]”. 001 demanda. Folios 118 a 122.
29
“[…] Por medio del cual se faculta a la alcaldesa municipal para asignar y adjudicar (enajenar) 790 subsidios familiares de
vivienda en especie los lotes con disponibilidad de servicios, a nombre de los hogares que resulten beneficiarios […]”. 001
demanda. Folios 197 a 201.
30
“[…] Por medio del cual se autoriza a la alcaldesa municipal para asignar y adjudicar 18 subsidios familiares de vivienda en
especie- lotes con disponibilidad de servicios y se dictan otras disposiciones […]”. 001 demanda. Folios 318 a 322.
31
“[…] Por medio del cual se autoriza a la alcaldesa municipal para asignar y adjudicar 194 subsidios familiares de vivienda
en especie- lotes con disponibilidad de servicios y se dictan otras disposiciones […]”. 001 demanda. Folios 393 a 407.

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Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00074-01
Solicitante: María Elena Jara Gutiérrez

Reynel Córdoba Guanay y Juan Carlos Córdoba Guanay. Sin embargo, sí aportó
los registros civiles de los señores Reimundo Córdoba Ortiz y Didier Calixto
Córdoba Ortiz32 que demuestran que son hijos del señor Raimundo Córdoba
González.

49. El a quo explicó que el accionado participó en el trámite y aprobación de los
Acuerdos 500.02-018 de 16 de noviembre de 2021, 500.02-007 de 3 de junio de
2022 y 500.02-028 del 25 de diciembre de 2023, a pesar de que le asistía un interés
directo, particular y actual pues, para ese momento, ya existía el listado de
admitidos con sus dos hijos, el cual había sido publicado. Así las cosas, luego de
encontrar demostrados el elemento objetivo y el subjetivo, accedió a la solicitud de
pérdida de investidura.

50. El accionado inconforme con esa decisión alegó que (i) el fallo de primera
instancia desconoció el precedente jurisprudencial de la sentencia de 30 de enero
de 2004, que comparte idénticos presupuestos fácticos y jurídicos; (ii) se configuró
la excepción prevista en el numeral 1º del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, que
señala que no existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos
que afecten al concejal o diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía
en general y (iii) a sus familiares les asistía un interés hipotético, aleatorio e incierto,
debido a que la decisión final para obtener el subsidio de vivienda familiar no
dependía de los acuerdos.

51. Esta Sala, en el mismo sentido que el Tribunal de primera instancia, advierte que
la solicitante aportó los registros civiles de los señores Reimundo Córdoba Ortiz y
Didier Calixto Córdoba Ortiz33 que demuestran que son hijos del señor Raimundo
Córdoba González. Sin embargo, no demostró la relación de parentesco existente
con Jessica Romero Riveros, Óscar Reynel Córdoba Guanay y Juan Carlos
Córdoba Guanay, y por este motivo, se entrará a analizar la conducta del concejal
de cara a su participación en los proyectos de acuerdo para favorecer
presuntamente a los señores Reimundo Córdoba Ortiz y Didier Calixto Córdoba
Ortiz.

52. Según las pruebas aportadas en el expediente, la Sala encuentra probado lo
siguiente:

• El concejo municipal aprobó el Acuerdo 500-02-001 de 28 de febrero de 202134,
mediante el cual se facultó a la alcaldesa municipal para que realizara la
convocatoria pública y asignara 790 subsidios familiares de vivienda en especie, en
el bien fiscal urbano denominado “[…] SENDEROS DE MANARE […]”.

• La alcaldesa municipal expidió la Resolución 300.52-152 de 30 de abril de
202135, mediante la cual efectuó la convocatoria a las familias interesadas en

32
001 demanda. Folios 28 a 29.
33
001 demanda. Folios 28 a 29.
34
“[…] Por medio del cual se adiciona el contenido del numeral 6, del artículo tercero del Acuerdo Municipal No. 500.02-001
de 2021 […]”. 001 demanda. Folios 60 a 65
35
“[…] Por medio de la cual se convoca a las familias pazdeariporeñas carentes de vivienda propia, a postularse dentro del
proyecto de asignación de Vivienda de interés social en especial, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Municipal

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Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00074-01
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participar en la asignación de 790 subsidios de vivienda de interés social en
especie.

• El señor Reimundo Córdoba Ortiz, identificado con cédula de ciudadanía
1.115.856.614 se postuló al programa de vivienda familiar36.

• El 5 de noviembre de 202137, la oficina Asesora de Planeación del municipio de
Paz de Ariporo publicó el listado de hogares admitidos, en el cual aparece
relacionada la cédula de ciudadanía 1.115.856.614 que identifica al señor
Reimundo Córdoba Ortiz, en el siguiente sentido:

[…]

No. 500.02-001 de 2021 y a lo ordenado la presente Providencia […]”. 001 demanda. Folios 30 a 34. Tal resolución fue
modificada mediante las Resoluciones 300.52-176 de 27 de mayo de 2021 y 300.52.002 de 7 de enero de 2022.
36
024. Respuesta alcaldía.
37
001 demanda. Folios 69 a 97. Cfr.: folio 83.

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• El concejo municipal aprobó el Acuerdo 500-02-018 de 16 de noviembre de
202138, que modificó el artículo 8° del Acuerdo 500-02-001 de 28 de febrero de
2021, mediante el cual se facultó a la alcaldesa del municipio a fin de que definiera
el cronograma de actividades faltantes en el proceso de convocatoria.

• El 11 de diciembre de 2021, se publicó el listado de 1835 hogares que
continuarían en el proceso de selección, en el cual aparece relacionada la cédula
de ciudadanía 1.115.856.614 que identifica al señor Reimundo Córdoba Ortiz, en el
siguiente sentido39:

[…]

38
“[…] Por medio del cual se adiciona el contenido del numeral 6, del artículo tercero del Acuerdo Municipal No. 500.02-001
de 2021 […]”. 001 demanda. Folios 60 a 65
39
001 demanda. Folios 127 a 147. Cfr.: folio 140.

15

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• A través de la Resolución 300.52-284 de 29 de abril de 202240, se aprobó el
listado de 1835 admitidos en el proceso de selección para otorgar 790 subsidios
familiares de vivienda, en la modalidad de lotes con disponibilidad de servicios
públicos en el área urbana del municipio de Paz de Ariporo, en el cual figura la
cédula de ciudadanía 1.115.856.614 que identifica al señor Reimundo Córdoba
Ortiz:

“[…] RESUELVE

PRIMERO- Aprobar el listado de 1835 hogares admitidos en el proceso
de selección para otorgar 790 subsidios familiares de vivienda en la
modalidad de lotes con disponibilidad de servicios públicos; quienes
careciendo de vivienda y de acuerdo con la documentación entregada
cumplieron con los requisitos y condiciones exigidas por la Ley y la
Resolución Administrativa No. 300.52-152 de fecha 30 de abril de 2021
(adicionada mediante resolución No. 300.52-176 de fecha 27 de mayo de
2021 y modificada mediante Resolución No. 300.52-002 de fecha enero 7
de 2022), y de conformidad con las consideraciones de la parte motiva del
presente acto administrativo, así:

[…]

[…]”. (Negrilla del texto).

• El concejo municipal aprobó el Acuerdo 500.02-007 de 3 de junio de 202241, por
medio del cual se facultó a la alcaldesa municipal para que asigne, adjudique y/o
transfiera el dominio real y la posesión material de los 790 subsidios familiares de
vivienda en especie consistente en lotes con disponibilidad de servicios, a nombre
de los hogares que resulten beneficiarios, los cuales debían ser seleccionados del
listado aprobado mediante la Resolución 300.52 - 284 del 29 de abril de 2022:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO - FACULTADES: Facultar a la alcaldesa del
Municipio de Paz de Ariporo - Casanare, para que a partir de la fecha de
sanción del presente acuerdo, asigne y adjudique y/o transfiera el dominio
real y la posesión material de los 790 subsidios familiares de vivienda en
especie lotes con disponibilidad de servicios, a nombre de los hogares
que resulten beneficiarios del subsidio, según lo expresado en la parte
considerativa del presente Acuerdo Municipal.

PARAGRAFO 1.- Los 790 hogares beneficiarios del subsidio familiar de
vivienda en especie – lotes con disponibilidad de servicios, deberán ser

40
001 demanda. Folios 148 a 172. Cfr.: Folio 164.
41
001 demanda. Folios 197 a 201.

16

Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00074-01
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seleccionados del listado de 1835 hogares admitidos en el proceso de
selección, que fueron aprobados en la resolución No. 300.52 – 284 del 29
de abril de 2022.

PARAGRAFO 2.- Las facultades conferidas, obligan a la Administración
Municipal a desarrollar las actividades que le son conexas a los actos de
asignación y de enajenación, tales como:

a) Notificar los títulos de propiedad y resolver oportunamente los recursos
interpuestos por los interesados, si a ello hubiere lugar;
b) Brindar orientación y acompañamiento a los beneficiarios del subsidio,
en los trámites ante Hacienda Departamental y la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Paz de Ariporo, si así lo requieren;
c) Realizar la entrega material de los 790 inmuebles a los respectivos
nuevos propietarios.

[…]”. (Negrilla del texto y subrayado fuera del texto)

• En la exposición de motivos42, se indicó que esa iniciativa tenía la siguiente
finalidad:

“[…] Posteriormente, la Administración Municipal cumplió
secuencialmente cada una de las etapas del proyecto, desde la
expedición del acto administrativo de la Convocatoria a la ciudadanía,
pasando por la recepción de documentos y la realización de los cruces de
información de las bases de datos del orden nacional, departamental y
municipal, hasta la expedición y publicación de la resolución No. 300.52 –
284 de fecha 29 de abril de 2022, “POR MEDIO DEL CUAL SE FACULTA
A LA ALCALDESA MUNICIPAL PARA ASIGNAR Y ADJUDICAR
(ENAJENAR) 790 SUBSIDIOS FAMILIARES DE VIVIENDA EN ESPECIE
LOS LOTES CON DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS, A NOMBRE DE
LOS HOGARES QUE RESULTEN BENEFICIARIOS”.

Conclusión

Honorables concejales, la aprobación del presente proyecto de Acuerdo
Municipal, es sin duda, una herramienta legal y administrativa de impulso
a todas las actuaciones surtidas en el marco del proyecto de adjudicación
de 790 subsidios familiares de vivienda en especie – lotes con
disponibilidad de servicios, pues esta es la manera idónea de permitir que
la alcaldesa municipal pueda realizar la asignación y enajenación de los
lotes de terreno a nombre de los 790 hogares que resulten beneficiarios
dentro del presente proceso. Adicionalmente se incluyen, dentro de tales
facultades, la realización de todas las actividades administrativas y
registrales a que haya lugar, hasta la entrega física o material de los
inmuebles.

[…]”. (Negrilla y mayúscula del texto)

• A través de la Resolución 300.52-361 de 5 de julio de 202243, la alcaldía del
municipio de Paz de Ariporo asignó 790 subsidios familiares de vivienda para lotes
con disponibilidad de servicios, por valor de $10.000.000, en cuyo listado aparece
relacionado el nombre del señor Reimundo Córdoba Ortiz:

42
001 demanda. Folios 177 a 187.
43
001 demanda. Folios 206 a 231. Cfr.: folio 225.

17

Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00074-01
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“[…] RESUELVE

ARTICULO PRIMERO – ASIGNACIÓN: Asignar Subsidio de Vivienda
Familiar en especie – Lote con disponibilidad de servicios, en el área
urbana del Municipio de PAZ DE ARIPORO, por valor de DIEZ MILLONES
DE PESOS M/CTE ($10.000.000) cada uno, a los beneficiarios que se
relacionan a continuación, los cuales careciendo de vivienda, cumplen
con los requisitos y condiciones exigidas por la Ley, según los
documentos aportados oportunamente por los interesados, conforme a lo
estipulado en la Resolución Administrativa No. 300.52-152 de fecha 30 de
abril de 2021 (adicionada mediante resolución No. 300.52-176 de fecha
27 de mayo de 2021 y modificada mediante Resolución No. 300.52-002
de fecha enero 7 de 2022) y según las consideraciones de la parte motiva
de la presente providencia:

[…]

[…]”. (Negrilla del texto).

• Mediante la Resolución 300.52-1194 de 4 de noviembre de 202244, la alcaldesa
municipal adjudicó, a título gratuito, a manera de subsidio familiar de vivienda en
especie, el inmueble identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria 475-36417
de la Oficina de Instrumentos Públicos de Paz de Ariporo, a favor del señor
Reimundo Córdoba Ortiz.

• En la anotación núm. 2 del Folio de Matrícula Inmobiliaria 475-3641745 se
evidencia que se efectuó la transferencia del dominio del municipio de Paz de
Ariporo a favor del señor Reimundo Córdoba Ortiz:

44
001 demanda. Folios 232 a 237.
45
001 demanda. Folios 446 a 447. Cfr.: Folio 447.

18

Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00074-01
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• Mediante Resolución 300.52-286 del 30 de mayo de 202346, se efectuó la
convocatoria para otorgar subsidios familiares de vivienda en especie, consistente
en lotes con disponibilidad de servicios públicos, señalando los requisitos exigidos.

• El señor Didier Calixto Córdoba Ortiz, identificado con cédula de ciudadanía
1.115.862.571 se postuló al programa de subsidio de vivienda47.

• El concejo municipal aprobó el Acuerdo 500.02-010 de 28 de agosto de 202348,
mediante el cual se asignó y adjudicó 18 subsidios de vivienda en especie
consistente en lotes con disponibilidad de servicios públicos y se dictan otras
disposiciones.

• El 30 de noviembre de 202349, se publicó el listado de 2922 familias admitidas,
en el cual figura la cédula de ciudadanía 1.115.862.571 que identifica al señor Didier
Calixto Córdoba Ortiz, del siguiente modo:

46
“[…] Por la cual se fijan fechas de apertura y cierre de postulaciones para otorgar 568 subsidios familiares de Vivienda en
especie- lotes con disponibilidad de servicios, según el Acuerdo Municipal No. 500.02-003 de 2023 y lo ordenado en el
presente acto administrativo […]”. 01 demanda. Folios 294 a 298.
47
024. Respuesta a la alcaldía. Folio 48.
48
“[…] Por medio del cual se autoriza a la alcaldesa municipal para asignar y adjudicar 18 subsidios familiares de vivienda en
especie- lotes con disponibilidad de servicios y se dictan otras disposiciones […]”. 001 demanda. Folios 318 a 322.
49
001 demanda. Folios 327 a 360. Cfr.: folio 352.

19

Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00074-01
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[…]

• El concejo municipal aprobó el Acuerdo 500.02-028 de 25 de diciembre de
202350, mediante el cual se autorizó a la alcaldesa municipal para asignar y
adjudicar 194 subsidios familiares de vivienda en especie y se adoptaron otras
disposiciones:

50
“[…] Por medio del cual se autoriza a la alcaldesa municipal para asignar y adjudicar 184 subsidios familiares de vivienda
en especie-lotes con disponibilidad de servicios y se dictan otras disposiciones […]”. 001 demanda. Folios 393 a 407.

20

Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00074-01
Solicitante: María Elena Jara Gutiérrez

• En la exposición de motivos51, se indicó que el objeto de esa iniciativa tenía la
siguiente finalidad:

“[…] El proyecto de Acuerdo que se somete a la (sic) consideración de los
honorables miembros del Concejo Municipal, tiene como propósito
fundamental, autorizar a la alcaldesa del Municipio de Paz de Ariporo,
para que a partir de la fecha de aprobación del presente acuerdo y hasta
el 31 de diciembre de 2023, realice la selección de ciento noventa y cuatro
(194) hogares dentro del listado de admitidos en la convocatoria
implementada con la resolución No. 300.52- 286 del 30 de mayo de
2023, asigne los correspondientes Subsidios Familiares de Vivienda en
especie y expida las resoluciones administrativas por medio de las cuales
se adjudican los 194 inmuebles fiscales urbanos resultantes de la
subdivisión predial aprobada mediante la Resolución No. 372.45.2 – 0088
de 2023, protocolizada mediante escritura pública No. 1548 de fecha 14
de diciembre de 2023.

Para el efecto anterior, es pertinente que la honorable corporación,
dejando sin efecto las disposiciones que sean contrarias, destine al
desarrollo del programa de subsidio familiar de vivienda en especie, en la
modalidad de lotes con disponibilidad de servicios, un total de 194

51
001 demanda. Folios 374 a 380.

21

Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00074-01
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inmuebles urbanos que se desprenden de 97 inmuebles fiscales de
propiedad del municipio, que en principio se identifican con folios de
matrículas inmobiliarias comprendidos entre el No. 475- 41291 al No. 475-
41307 (17 lotes), del No. 475-41309 al No. 475-41311 (3 lotes); del No.
475-41313 al No. 475-41342 (30 lotes); del No. 475-41344 al No. 475-
41357 (14 lotes) y del No. 475-41359 hasta el 475- 41391 (33 lotes), de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos – ORIP, de Paz de Ariporo.

[…]” (Negrilla fuera del texto)

• A través de la Resolución 300.52-779 de 27 de diciembre de 202352, la alcaldesa
del municipio asignó 781 subsidios familiares de vivienda, en el cual aparece
relacionada la cédula de ciudadanía 1.115.862.571 que identifica al señor Didier
Calixto Córdoba Ortiz, así:

[…]

[…]”. (Negrilla del texto).

• Mediante Resolución 300.52-894 de 28 de diciembre de 202353, se transfirió a
manera de subsidio de vivienda en especie-lote, el inmueble identificado con el
Folio de Matrícula Inmobiliaria 475-37793 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos a favor del señor Didier Calixto Córdoba Ortiz.

52
“[…] Por la cual se asignan 781 subsidios familiares de vivienda en la modalidad de lotes con disponibilidad de servicios en
el área urbana del municipio de Paz de Ariporo, departamento de Casanare […]”. 001 demanda. Folios 412 a 437.
53
“[…] Por la cual se transfiere un bien fiscal urbano, a manera de subsidio familiar de vivienda en especie- lote con
disponibilidad de servicios, en el municipio de Paz de Ariporo – Casanare […]”. 001 demanda. Folios 438 a 443

22

Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00074-01
Solicitante: María Elena Jara Gutiérrez

• En la anotación núm. 2 del Folio de Matrícula Inmobiliaria 475-3779354, se
evidencia que se efectuó la transferencia del dominio del municipio de Paz de
Ariporo a favor del señor Didier Calixto Córdoba Ortiz, en el siguiente sentido:

53. De conformidad con las actas se encuentra acreditado que el accionado participó
en el trámite y aprobación, en segundo debate, de las siguientes iniciativas:

ACUERDO OBJETO FECHA DE
APROBACIÓN DE
LAS INICIATIVAS
Acuerdo 500.02- Se adiciona el numeral 6° del artículo 3° del Acuerdo Sesiones de 17 de
008 de 26 de mayo 500.02-001 de 28 de febrero de 2021, en relación con los mayo de 2021 (en
de 2021 documentos que debían ser aportados por los hogares comisión) y de 26 de
interesados en postularse en la convocatoria. mayo de 2021 (en
plenaria)l55

Acuerdo 500.02- Se modifica parcialmente el artículo 8° del Acuerdo Sesiones de 11 de
018 de 16 de 500.02-001 de 28 de febrero de 2021, en lo que tiene que noviembre de 2021
noviembre de 2021 ver con el cronograma de actividades para otorgar los (comisión) y de 16 de
subsidios de vivienda. noviembre de 2021
(plenaria)56.
Acuerdo 500.02- Se faculta a la alcaldesa del municipio de Paz de Ariporo Sesiones de 30 de
007 de 3 de junio para que, a partir de la sanción, asigne, adjudique y/o mayo de 2022
de 2022 transfiera el dominio real y la posesión material de 790 (comisión) y de 3 de
subsidios familiares de vivienda en especie consistente junio de 2022
en lotes con disponibilidad de servicios públicos, a (plenaria)57.
nombre de los hogares que resulten beneficiarios del
subsidio.
Acuerdo 500.02- Se destinaron los inmuebles urbanos identificados con los Sesiones de 23 de
010 de 28 de folios de matrículas inmobiliarias núms. 475-30576, 475- agosto (comisión) y de
agosto de 2023 30577, 475-30578, 475-30568, 475-30569, 475-30570, 28 de agosto de 2023
475-30571, 475-30572, 475-30573, 475-30574, 475- (plenaria)58.
30575, 475-30567, 475-30566, 475-30565, 475-30579,
475-30580, 475-30581, 475-30582, al desarrollo del
programa de subsidio familiar de vivienda en especie,
modalidad lotes con disponibilidad de servicios públicos
para beneficio de igual número de hogares de escasos

54
001 demanda. Folios 455 a 457, Cfr.: folio 453.
55
001 demanda. Folio 66.
56
001 demanda. Folio 123.
57
001 demanda. Folio 202.
58
001 demanda. Folio 323.

23

Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00074-01
Solicitante: María Elena Jara Gutiérrez

recursos económicos y con alta vulnerabilidad y se
autorizó a la alcaldesa del municipio para que realice la
selección de 18 hogares previamente admitidos en la
convocatoria de la Resolución 300.52.286 de 30 de mayo
de 2023, les asigne y adjudique, mediante resoluciones
administrativas, los subsidios familiares de vivienda en
especie.
Acuerdo 500.02- (i) Se destinan 194 inmuebles fiscales urbanos Sesiones de 21 de
028 del 25 de resultantes de la subdivisión predial aprobada mediante diciembre de 2023
diciembre de 2023 la Resolución 372.45.2-0088 de 2023 y (ii) se autoriza a (comisión) y de 25 de
la alcaldesa del municipio para que realice la selección de diciembre de 2023
194 hogares dentro del listado de admitidos en la (plenaria)
convocatoria implementada mediante Resolución 300.52-
286 de 30 de mayo de 2023 y asigne los correspondientes
subsidios familiares de vivienda en especie y expida las
resoluciones administrativas correspondientes mediante
las cuales se asignan 194 inmuebles fiscales urbanos
resultantes de la subdivisión predial, contenidos en el
listado que se incluye en el acuerdo.

54. En primer término, la Sala debe aclarar que a través de los Acuerdos 500.02-
008-de 26 de mayo de 2021 y 500.02-018 de 16 de noviembre de 2021, el concejo
municipal reglamentó aspectos relacionados con la convocatoria y la modificación
del cronograma de actividades para la adjudicación de subsidios. Además, tal y
como lo advirtió el a quo, para la fecha en que el accionado participó en el debate
y aprobación del Acuerdo 500.02-010 de 28 de agosto de 2023, aún no se había
publicado la lista de admitidos en la cual figuraba el nombre del señor Didier Calixto
Córdoba Ortiz, pues esta se publicó solo hasta el 30 de noviembre de 2023. Frente
a dichos acuerdos el interés particular, directo y actual en cabeza del accionado
resulta inexistente.

55. Ahora bien, se encuentra acreditado que el accionado participó en el debate y en
la votación del Acuerdo 500.02-007 de 3 de junio de 2022, mediante el cual el
concejo municipal facultó a la alcaldesa para asignar, adjudicar y/o transferir el
dominio real y la posesión material de 790 subsidios familiares de vivienda en
especie, momento para el cual su hijo, el señor Reimundo Córdoba Ortiz, había sido
admitido como beneficiario del programa y cuyo listado había sido publicado con
anterioridad, esto es, desde el 5 de noviembre de 2021 y el 11 de diciembre de
2021.

56. Igualmente, se encuentra probado que el accionado participó en el debate y en
la votación del Acuerdo 500.02-028 del 25 de diciembre de 2023, mediante el cual
se autorizó a la alcaldesa del municipio para que realizara la selección de 194
hogares y, para ese momento, el señor Didier Calixto Córdoba Ortiz había sido
admitido como beneficiario del programa y cuyo listado había sido publicado con
anterioridad, esto es, el día 30 de noviembre de 2023.

57. Así las cosas, resulta incuestionable que el accionado se encontraba en una
situación que le impedía participar con imparcialidad y ecuanimidad en la adopción
y aprobación de estas iniciativas, puesto que, sus hijos se encontraban dentro del
listado de admitidos. En consecuencia, al inculpado le asistía un interés directo,
particular y actual, que se oponía con la defensa del interés general que debe

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Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00074-01
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orientar el ejercicio de su labor, más aún cuando la información de los ciudadanos
postulados y admitidos era pública.

58. Resulta evidente que la participación del accionado en el trámite de esas
iniciativas le reportó un beneficio a sus familiares pues, en el proceso quedó
acreditado que, luego de haberse aprobado los referidos acuerdos, los señores
Reimundo Córdoba Ortiz y Didier Calixto Córdoba Ortiz resultaron favorecidos con
el programa de vivienda familiar y, además consta que, mediante los folios de
matrículas inmobiliarias 475-36417 y 475-37793 se efectuó la transferencia del
derecho de dominio a su favor.

59. Frente al argumento del apelante relativo a la configuración de la excepción
prevista en el numeral 1º del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, que señala que no
existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten al
concejal en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general, la Sala debe
señalar que el conflicto de interés responde a un concepto jurídico indeterminado
“[…] cuyos contornos epistemológicos son bastante inasibles, etéreos e imprecisos,
se impone la realización de un riguroso “ejercicio hermenéutico de las situaciones
de carácter moral o económico que puedan inhibir a un congresista de participar en
el trámite de los asuntos sometidos a su consideración”, tomando en cuenta “las
coordenadas de la realidad o circunstancias que rigen cada caso concreto
[…]59”. (Negrilla fuera del texto)

60. En el presente caso, conforme quedó visto, se cuestiona la participación en el
debate y aprobación de aquellas iniciativas que tenían como finalidad facultar a la
alcaldesa municipal para asignar, adjudicar y/o transferir el dominio real y la
posesión material de subsidios familiares de vivienda en especie, esto es, a favor
de quienes se postularon en las convocatorias establecidas en las Resoluciones
300.52-152 de 30 de abril de 2021 y 300.52- 286 del 30 de mayo de 2023 referidas
supra; por este motivo, se puede señalar que, a partir de ese momento dejó de
comprender a un grupo indeterminado de personas para cobijar a un grupo
específico.

61. En tal virtud, la situación personal en la que se encontraba el accionado frente a
la participación de los Acuerdos 500.02-007 de 3 de junio de 2022 y 500.02-028 del
25 de diciembre de 2023, le impedía participar en el debate y aprobación de esas
iniciativas con ponderación y ecuanimidad, pues lo pretendido era conferir
autorización a la alcaldesa a fin de que asignara y adjudicara y/o transfiriera el
dominio real y la posesión material de subsidios de vivienda familiar a favor de un
grupo de personas que era determinado e individualizable.

II.5.1.3. Tercer requisito. Que, a pesar de ello, el concejal participe
efectivamente del respectivo trámite, sin haber manifestado su impedimento
para actuar o sin haber sido recusado para los efectos

59
Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de 25 de septiembre de 2019, MP: Gabriel Valbuena Hernández, radicado:
11001-03-15-000-2019-02135-00.

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62. Según el Acta 500.01.2-048 de 3 de junio de 202260, la plenaria del concejo
municipal de Paz de Ariporo se reunió con el propósito de discutir, en segundo
debate, el Acuerdo 500.02-007 de 3 de junio de 2022. El accionado asistió a dicha
sesión, contestó el llamado a lista, con su asistencia contribuyó a la conformación
del cuórum decisorio y votó de manera positiva el proyecto normativo, sin que
hubiera manifestado impedimento alguno61, tal y como se desprende de los
siguientes apartes:

“[…] 5. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO N°. 300.47.1-
011 (mayo 09 de 2022) “POR MEDIO DEL CUAL SE FACULTA A LA
ALCALDESA MUNICIPAL PARA ASIGNAR Y ADJUDICAR
(ENAJENAR) 790 SUBSIDIOS FAMILIARES DE VIVIENDA EN
ESPECIE LOS LOTES CON DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS, A
NOMBRE DE LOS HOGARES QUE RESULTEN BENEFICIARIOS”.

El presidente manifiesta honorables concejales a partir de este momento
quiero invitar al concejal Arbey García para que en relación a la
designación como ponente del proyecto de acuerdo N° 300.47.1-011 y le
concede la palabra ARBEY GARCÍA: brinda un cordial saludo a los
presentes y le solicita el favor a la secretaría dar lectura de la ponencia.

La secretaría inicia con la lectura de la ponencia al proyecto de acuerdo
N° 300.47.1-011.

El presidente manifiesta que leída la ponencia y el sentido de la ponencia
a partir de este momento se abre el debate al proyecto de acuerdo N°
300.47.1-011, y le concede la palabra en la que intervinieron: ARBEY
GARCIA, JUAN ARNOL BARRERA Y ABIMAEL CARRANZA.

El presidente manifiesta que estamos en el debate, no habiendo mas (sic)
debate damos por cerrado el debate y se somete a votación de forma
nominal. La secretaria (sic) informa que el proyecto de acuerdo N°
300.47.1-011 (mayo 09 de 2022) “POR MEDIO DEL CUAL SE FACULTA
A LA ALCALDESA MUNICIPAL PARA ASIGNAR Y ADJUDICAR
(ENAJENAR) 790 SUBSIDIOS FAMILIARES DE VIVIENDA EN
ESPECIE LOS LOTES CON DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS, A
NOMBRE DE LOS HOGARES QUE RESULTEN BENEFICIARIOS”. Con
sus respectivas modificaciones obtuvo 12 votos a favor. El presidente
informa que con 12 votos a favor del proyecto de acuerdo N° 300.47.1-
011 se convertirá en acuerdo municipal. Secretaria (sic) continuemos con
el siguiente punto.

[…]”. (Negrilla del texto).

63. Según el Acta 500.01.2-125 de 25 de diciembre de 202362, la plenaria del
concejo municipal de Paz de Ariporo se reunió con el propósito de discutir, en
segundo debate, el Acuerdo 500.02-028 del 25 de diciembre de 2023. El accionado
asistió a dicha sesión, contestó el llamado a lista, con su asistencia contribuyó a la
conformación del cuórum decisorio y votó de manera positiva el proyecto normativo,
sin que hubiera manifestado impedimento alguno63, tal y como se desprende de los
siguientes apartes:

60
001 demanda. Folios 184 a 191.
61
001 demanda. Folio 190.
62
001 demanda. Folios 387 a 391.
63
001 demanda. Folio 386.

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“[…] 5. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO N°. 300.47.1-
031 (15 DE DICIEMBRE DE 2023” “POR MEDIO DEL CUAL SE
AUTORIZA A LA ALCALDESA MUNICIPAL PARA ASIGNAR Y
ADJUDICAR 194 SUBSIDIOS FAMILIARES DE VIVIENDA EN
ESPECIE – LOTES CON DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.

El presidente informa que para este proyecto acuerdo fue designado como
ponente el concejal Libardo Varón y le concede la palabra para que rinda
su informe de ponencia.

LIBARDO VARON: brinda un cordial saludo y le solicita el favor a la
secretaria de dar lectura a la ponencia.

La secretaria da lectura de la ponencia para segundo debate del proyecto
de acuerdo N°300.47.1-031 de 2023.

LIBARDO VARON: le solicita al presidente la intervención de la
representante de la administración municipal.

El presidente le concede la palabra en la que intervinieron:

Ing. EUNICE ESCOBAR BERNAL: alcaldesa municipal, brinda un cordial
saludo y realiza su intervención en relación al proyecto en estudio. Finaliza
dando las gracias. Arq. MARTHA LINARES: jefe oficina de vivienda,
brinda un saludo y hace la exposición del proyecto de acuerdo finaliza
cando las gracias.

LIBARDO VARON: finaliza rindiendo ponencia positiva.

El presidente informa que, con ponencia positiva por el ponente, a partir
de este momento se abre el debate al proyecto de acuerdo N° 300.47.1-
031 de 2023 y le concede la palabra en la que intervinieron: LIBARDO
VARON, RAIMUNDO CORDOBA.

El presidente informa que estamos en el debate reitera y manifiesta que,
si no tenemos más debate por parte de ustedes honorables concejales,
se cierra el debate al proyecto de acuerdo y se somete a votación de forma
nominal. La secretaria (sic) informa que el PROYECTO DE ACUERDO N°
300.47.1-031 (15 DE DICIEMBRE DE 2023” “POR MEDIO DEL CUAL
SE AUTORIZA A LA ALCALDESA MUNICIPAL PARA ASIGNAR Y
ADJUDICAR 194 SUBSIDIOS FAMILIARES DE VIVIENDA EN
ESPECIE – LOTES CON DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. Con sus respectivas modificaciones
obtuvo 8 votos a favor y 5 ausentes. El presidente informa que con 8 votos
ha sido aprobado el proyecto de acuerdo N°. 300.47.1-031 de 2023 y será
enviado para su respectiva sanción, publicación y así se convierta en
Acuerdo Municipal. […]”. (Negrilla y mayúsculas del texto).

64. Se encuentra demostrado, entonces, que el concejal accionado participó en el
debate y aprobación de los Acuerdos 500.02-007 de 3 de junio de 2022 y 500.02-
028 del 25 de diciembre de 2023, sin haber manifestado su impedimento. Así las
cosas, se cumple este tercer requisito y, con ello, el elemento objetivo de la causal
de pérdida de investidura por violación del régimen del conflicto de intereses.

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II.5.2. Estudio del elemento subjetivo de la conducta

65. El artículo 1° de la Ley 1881 de 2018, modificado por el artículo 4° de la Ley
2003 de 19 de noviembre de 201964 establece que el proceso sancionatorio de
pérdida de investidura “[…] es un juicio de responsabilidad subjetiva. La acción se
ejercerá en contra de los congresistas que, con su conducta dolosa o gravemente
culposa, hubieren incurrido en una de las causales de pérdida de investidura
establecidas en la Constitución […]”. Por ende, para establecer el grado de
responsabilidad es necesario demostrar el dolo o la culpa grave.

66. La Corte Constitucional, a partir de la sentencia SU-424 de 2016 indicó que en
los procesos de pérdida de investidura queda proscrita la responsabilidad objetiva
toda vez que se trata de un juicio de naturaleza sancionatoria que debe estar
gobernado por los principios que forman parte integrante del debido proceso:

“[…] el análisis de responsabilidad que realiza el juez en el proceso
sancionatorio de pérdida de investidura es subjetivo, pues en un Estado
de Derecho los juicios que implican un reproche sancionador, por regla
general, no pueden operar bajo un sistema de responsabilidad objetiva, y
las sanciones que se adopten en ejercicio del ius puniendi deberán
verificar la ocurrencia de una conducta regulada en la ley (principio de
legalidad o tipicidad), contraria al ordenamiento jurídico (principio de
antijuridicidad) y culpable.

Así pues, en lo aquí pertinente, tras verificar la configuración de la causal,
el juez de pérdida de investidura examina si en el caso particular se
configura el elemento de culpabilidad (dolo o culpa) de quien ostenta la
dignidad, esto es, atiende a las circunstancias particulares en las que se
presentó la conducta y analiza si el demandado conocía o debía
conocer de la actuación que desarrolló y si su voluntad se enderezó
a esa acción u omisión.

En ese sentido, el juez de este proceso sancionatorio debe determinar si
se configura la causal y si a pesar de que ésta aparezca acreditada, existe
alguna circunstancia que excluya la responsabilidad del sujeto, bien sea
porque haya actuado de buena fe o, en caso de que la causal lo admita,
se esté ante una situación de caso fortuito o fuerza mayor, o en general
exista alguna circunstancia que permita descartar la culpa […]”. (Negrilla
fuera del texto).

67. La jurisprudencia del Consejo de Estado, desde la sentencia de 25 de mayo de
2017 se ha ocupado de definir los parámetros que deben tenerse en cuenta en el
estudio de la culpabilidad en procesos de pérdida de investidura, los cuales fueron
reiterados en la sentencia de 19 de abril de 202165, cuyos apartes más relevantes
merece la pena transcribir:

“[…] El estudio de la culpabilidad en los procesos de pérdida de
investidura

124. Visto el artículo 1.° de la Ley 1881, modificado por el artículo 4 de la
Ley 2003 de 19 de noviembre de 2019, “[…] [e]l proceso sancionatorio de

64
“[…] Por el cual se modifica parcialmente la Ley 5 de 1992 y se dictan otras disposiciones […]”.
65
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, MP: Hernando Sánchez Sánchez, sentencia
de 19 de abril de 2021, radicado: 44001-23-40-000-2020-00030-01(PI).

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Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00074-01
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pérdida de investidura es un juicio de responsabilidad subjetiva. La acción se
ejercerá en contra de los […] [miembros de las corporaciones públicas de
elección popular] que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hubieren
incurrido en una de las causales de pérdida de investidura establecidas en la
Constitución […]” (Destacado fuera de texto).

[…]

126. Esta Corporación ha considerado que “[…] [e]l análisis subjetivo del juicio
que debe efectuar el juez de la pérdida de la investidura en razón de su carácter
sancionatorio, a la luz del artículo 29 constitucional, impone, por demás, un
análisis de responsabilidad basado en la culpabilidad y que la doctrina
constitucional ha interpretado como la proscripción de la responsabilidad
objetiva en el ejercicio del jus puniendi del Estado […]”.

127. Sobre el particular, la Corte Constitucional consideró que en el marco de
las solicitudes de pérdida de la investidura se debía determinar en cada caso si
se configuraba o no el elemento subjetivo de culpabilidad de quien ostenta la
dignidad porque el juicio de responsabilidad contiene un elemento objetivo,
sobre la adecuación típica de la conducta, y un elemento subjetivo que “[…]
atiende a las circunstancias particulares en las que se presentó la conducta y
analiza si el demandado conocía o debía conocer de la actuación que desarrolló
y si su voluntad se enderezó a esa acción u omisión […]” (Destacado fuera de
texto).

[…]

130. Para llegar a definir si una conducta es dolosa o gravemente culposa se
deben analizar los elementos que constituyen el aspecto subjetivo de la misma,
los cuales corresponden al conocimiento tanto de los hechos como de la ilicitud
de la conducta; es decir, se debe determinar si el sujeto conocía o debía conocer
que su comportamiento resultaba contrario al ordenamiento jurídico.

131. Por un lado, en los casos en los cuales se pruebe que el demandado
conocía plenamente que su comportamiento era constitutivo de una causal de
pérdida de investidura, estaríamos ante una situación de total intención en la
realización de la misma y, por ende, de un grado de culpabilidad doloso; por el
otro, en aquellos eventos en los que se concluya que el sujeto no conocía la
ilicitud de su conducta pero que, en virtud de la diligencia requerida para el
desarrollo de su actividad, debía saber que la misma resultaba contraria a
derecho y adoptar las medidas para evitar su realización, se estaría ante un
comportamiento culposo, de no mediar sólidas circunstancias que se lo
hubieran impedido.
[…]
La conducta dolosa o gravemente culposa

133. Visto el artículo 1.° de la Ley 1881, modificado por el artículo 4.° de la Ley
2003.

134. Para efectos de la configuración de una conducta dolosa se deben
determinar, por un lado, el conocimiento del sujeto en relación con que
determinada conducta -en este caso, haber incurrido en conflicto de intereses-
se encontraba prohibida por la Constitución Política y la ley.

135. Y, por el otro, que la voluntad del sujeto se dirigió a realizar la acción
contraria a derecho. Ante el conocimiento, la ejecución de la conducta
demuestra la intención en la misma.

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136. Asimismo, la pérdida de investidura solamente tendrá lugar si la conducta
es “gravemente culposa”, lo que conlleva que debe ser inexcusable. […]”.
(negrilla del texto y subrayado fuera del texto)

68. Ahora bien, esta Sección66 ha señalado que la aplicación de la antijuricidad del
derecho penal o la ilicitud sustancial en el ámbito disciplinario, son conceptos que
resultan extraños al proceso de pérdida de investidura, al señalar:

“[…] 67. La Sala, siguiendo lo expuesto, en síntesis, estima que la
antijuridicidad no podría analizarse desde la dogmática del derecho
penal o del derecho disciplinario en la medida en que la figura de la
pérdida de investidura no se basa en el daño a un bien jurídico
tutelado –lo cual da lugar a la antijuridicidad material en el derecho
penal– ni en el incumplimiento de deberes funcionales del servidor
público –en el contexto del derecho disciplinario67.

68. La pérdida de investidura, por oposición a los precitados regímenes
sancionatorios, constituye un juicio cuyo fundamento se encuentra en la
preservación de la «[…] dignidad del cargo público de elección popular a
través del control que ejercen los ciudadanos y demás sujetos habilitados
sobre los miembros de corporaciones públicas de elección popular
cuando estos incurran en conductas contrarias al buen servicio, al interés
general o a la dignidad que ostentan. Se trata de conductas que
comportan la defraudación del principio de representación. […]»68 y por
ello lo que se castiga precisamente es «[…] la trasgresión al código de
conducta que los Congresistas (léase miembros de corporaciones de
elección popular) deben observar atendiendo la naturaleza representativa
de la investidura que ostentan […]»69.

69. De esta manera, el Constituyente y el Legislador ya han realizado una
valoración de las conductas que, por su gravedad, lesionan la dignidad
del cargo público de elección popular y defraudan el código de conducta
que deben observar los miembros de corporaciones de elección popular
atendiendo la naturaleza representativa de la investidura que ostentan, y
las ha establecido de manera taxativa, por lo que no le corresponde al
juez de la pérdida de investidura realizar valoraciones como las expuestas
por el apelante, entendiéndose, de esta manera, que, en principio, la
realización de la conducta prevista por el legislador se presume

66
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de noviembre de 2021, MP:
Roberto Augusto Serrato Valdés, radicado: 05001-23-33-000-2021-00618-01(PI). Tesis reiterada en: Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de septiembre de 2024, MP: Hernando Sánchez Sánchez,
radicado: 81001 2339 000 2024 00014 01.
67
(Cita original): CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN “A”. Consejero ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ. Bogotá, D.C., Diecinueve (19) de marzo de dos
mil veinte (2020). Radicación número: 25000-23-42-000-2016-04805-01(2113-18) «[…] Respecto a la antijuridicidad, que
tiene que ver con el ilícito disciplinario, la Sala acoge la jurisprudencia de la Corte Constitucional en el sentido de que, en el
derecho disciplinario, la antijuridicidad no se basa en el daño a un bien jurídico tutelado y/o protegido, sino en el
incumplimiento de los deberes funcionales del servidor público67. Por esto ha explicado que la valoración de la
«lesividad» de las conductas que se han consagrado como faltas disciplinarias frente al servicio público es una tarea que
compete al legislador, quien ha de realizar tal apreciación al momento de establecer los tipos disciplinarios en la ley; en tal
medida, no compete a la autoridad disciplinaria que aplica la ley efectuar un juicio genérico de lesividad de las conductas
reprochadas -lo que ya ha realizado el Legislador-sino efectuar un juicio de antijuridicidad basado en la infracción del deber
funcional, la cual -se presume- genera de por sí un desmedro, legislativamente apreciado, sobre la función pública
encomendada al servidor público disciplinado67 (…) La relación de sujeción de los destinatarios de la acción disciplinaria con
el Estado requiere la existencia de controles que operan a manera de reglas, cuya infracción, sin justificación alguna, consolida
la antijuridicidad de la conducta; sin que la ilicitud sustancial comprenda el resultado material, pues la ausencia de este no
impide la estructuración de la falta disciplinaria […]».
68
(Cita original): CONSEJO DE ESTADO, SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Consejero ponente:
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ. Bogotá D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Radicación
número: 11001-03-15-000-2020-00517-01(PI).
69
(Cita original): CONSEJO DE ESTADO, SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Consejero ponente:
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ. Bogotá D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Radicación
número: 11001-03-15-000-2020-00517-01(PI).

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antijurídica puesto que, en sí misma, constituye una defraudación a
la confianza que, con su voto, han depositado los electores en
congresistas, diputados, concejales y ediles.
[…]

74. Así las cosas, la antijuridicidad, para los efectos del análisis en el
medio de control de pérdida de investidura debe delinearse bajo los
contornos generales expuestos anteriormente, esto es, que resulta ser
antijurídica, de manera objetiva y general, la conducta que resulta
ser contraría al ordenamiento jurídico por trasgredir los preceptos
de orden constitucional y legal que establecen los comportamientos
susceptibles de ser sancionados, precisamente, con el retiro de esa
dignidad –de congresista, diputado, concejal o edil– y la consecuente
inhabilidad para ejercer, en el futuro, cargos de elección popular, y
siempre que no medie justificación.

[…]”. (negrilla fuera del texto).

69. En el presente caso, la Sala reitera que la revisión de los requisitos y el marco
normativo que rige el cargo al cual se aspira constituye una obligación general para
quien pretende acceder a la función pública.

70. El entendimiento de dichos requisitos debe analizarse según las condiciones
personales del sujeto, el grado de formación, su profesión, las circunstancias que
lo rodearon y los actos realizados para conocer dicho marco normativo, entre ellos
solicitar conceptos o asesorarse frente a la configuración de la conducta, para
determinar si se obró o no con el cuidado requerido y definir si la conducta del
infractor de la norma fue dolosa o gravemente culposa o si se está ante una
situación de buena fe exenta de culpa que impida el reproche subjetivo de su actuar.

71. Para la Sala, el accionado no empleó la diligencia requerida para evitar
encontrarse incurso en la causal de pérdida de investidura puesto que, siendo su
deber conocer las consecuencias que acarrea la transgresión al régimen del
conflicto de intereses, participó en el debate y aprobación de los acuerdos referidos
supra, a pesar de que sus dos hijos se habían postulado en el programa de
subsidios de vivienda familiar y cuyo listado de admitidos había sido previamente
publicado por la administración municipal. Esta culpa corresponde a la grave que
según el Código Civil consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado
que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus
negocios propios70.

72. Además de ello, el accionado no demostró, por ejemplo, haber solicitado la
asesoría jurídica de un abogado con el fin de averiguar la situación en la que se
encontraba y tampoco se evidencia la existencia de interpretaciones disímiles, en
la jurisprudencia, en relación con el alcance y los elementos que se exigen para la
configuración de la causal de pérdida de investidura.

73. En relación con el argumento de la aplicación de las causales de exclusión de
responsabilidad disciplinaria prevista en el artículo 31 de la Ley 1952 de 2019 -

70
Artículo 63 del Código Civil.

31

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cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor importancia que el
sacrificado-, la Sala reitera que la jurisprudencia de la Sección Primera del Consejo
de Estado ha señalado que no resulta posible aplicar las categorías del derecho
disciplinario al juicio de pérdida de investidura, toda vez que son procesos
independientes por lo que “[…] la autoridad competente debe examinar de
conformidad con las normas que gobiernan la respectiva acción. Las
consecuencias de la prosperidad de cada una de estas acciones son diferentes y
en el presente caso es la pérdida de la investidura. […]71”.

74. El accionado sostiene que el fallo de primera instancia desconoció el
precedente jurisprudencial consignado en la sentencia de 30 de enero de 2004, el
cual comparte idénticos presupuestos fácticos y jurídicos.

75. El precedente comprende “[…] la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a
un caso determinado, que por su pertinencia y semejanza en los problemas
jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades
judiciales al momento de emitir un fallo. […]”72.

76. Para identificar si se está en presencia de un precedente deben tenerse en
cuenta los siguientes criterios: (i) la ratio decidendi de la sentencia que se evalúa
como precedente debe incorporar una regla judicial relacionada con el caso a
resolver posteriormente; (ii) debe tratarse de un problema jurídico semejante y (iii)
los hechos del caso o las normas juzgadas en la sentencia deben ser semejantes
o plantear un punto de derecho semejante al que se debe resolver posteriormente 73.

77. En efecto, la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia de
30 de enero de 200474 analizó la situación del concejal Jaime Alberto Velandia
Muñoz, por haber incurrido en la causal de pérdida de investidura por violación del
régimen del conflicto de intereses debido a su participación en el trámite de los
proyectos de acuerdo que autorizaron al alcalde para otorgar subsidios de vivienda
de interés social, a diversos postulantes, entre quienes se encontraban dos
hermanas suyas.

78. En este fallo judicial se confirmó la sentencia de primera instancia que negó la
pérdida de investidura, con fundamento en los siguientes argumentos:

“[…] El subsidio de vivienda de interés social fue creado por la Ley 3ª de
1991 y constituye un aporte estatal en dinero o en especie, cuya cuantía
es determinada por el Ejecutivo para quienes acrediten el cumplimiento
de los requisitos señalados en la ley o el reglamento.

Por su parte, de acuerdo con los artículos 91 y 92 de la Ley de
ordenamiento territorial 388 de 1997, a los Municipios y Distritos les
corresponde determinar las necesidades en materia de vivienda de
interés social e incorporar a los planes de ordenamiento los porcentajes

71
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de octubre de 2008, CP:
Martha Sofia Sanz Tobón; radicado: 63001-23-31-000-2007-00148-01(PI).
72
Corte Constitucional, sentencia C- 474 de 2020, MP: José Fernando Reyes Cuartas.
73
Corte Constitucional, sentencia T-794 de 2011 M.P. Jorge Iván Palacio.
74
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de enero de 2024, CP: Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo, radicado: 25000-23-15-000-2003-01190-01(PI).

32

Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00074-01
Solicitante: María Elena Jara Gutiérrez

del suelo que deben destinarse al desarrollo de programas de vivienda de
interés social.

Según los artículos 26 y siguientes de la Ley 546 de 1999 los recursos
para la vivienda de interés social los distribuye el Gobierno Nacional, de
acuerdo con las necesidades que el Municipio haya determinado en los
Planes de Ordenamiento Territorial.

De lo anterior se colige que la determinación de los beneficiarios del
subsidio de vivienda de interés social no es discrecional sino que debe
sujetarse al cumplimiento de los requisitos señalados al efecto, que le
corresponde a la Administración Municipal en conjunto con los
organismos departamentales y nacionales, previa la demostración de la
necesidad a través de los planes de ordenamiento territorial. De ahí que
los Acuerdos en cuyos debates intervino el demandado se limiten a
otorgarle autorización general al Alcalde Municipal para adjudicar
los subsidios; adjudicación que, a su vez, responde, como ya se dijo, a
una función reglada asignada al Ejecutivo Municipal, por lo que resulta de
difícil recibo establecer un conflicto de intereses para el Concejal
demandado y, por el contrario, lo coloca en igualdad de condiciones con
la ciudadanía en general, pues su interés se confunde con el de la
colectividad.
[…]” (negrilla y subrayado fuera del texto).

79. Según lo anotado, los hechos que dieron lugar a la pérdida de investidura en el
proceso identificado con el radicado núm. 2003-01190-01 difieren de los analizados
en esta oportunidad. En aquella ocasión, se negó la pérdida de investidura del
concejal, por haber participado en el trámite de los proyectos de acuerdo que
autorizaron al alcalde de ese municipio, para otorgar subsidios de vivienda de
interés social, mientras que, en el presente caso, se analiza la situación del
accionado por haber participado en los proyectos de acuerdo que autorizaron a la
alcaldesa para asignar, adjudicar y/o transferir el dominio real y la posesión material
de subsidios de vivienda de interés familiar, momento para el cual, ya existía una
lista de personas admitidas, en el cual figuraban sus dos hijos.

80. Así las cosas, no resulta posible hacer extensible la regla jurídica de la sentencia
de 30 de enero de 2004, por cuanto no es precedente judicial aplicable ya que los
hechos que originaron dicho proceso difieren de los planteados en esta oportunidad.

81.Tal y como se indicó anteriormente, el conflicto de interés corresponde a un
concepto jurídico indeterminado, lo que impone al juez el deber de analizar, en cada
caso y según las particularidades, si se presentó en el servidor público de elección
popular un genuino interés que le impedía participar en el asunto sometido a su
consideración.

82. Por lo expuesto, la Sala encuentra que en el presente caso se demostró que el
señor Raimundo Córdoba González, elegido para el período constitucional 2020-
2023, transgredió el régimen del conflicto de intereses previsto como causal de
pérdida de investidura de los concejales, razón por la cual se confirmará la sentencia
de 29 de agosto de 2024, proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de
Casanare, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la solicitud.

33

Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00074-01
Solicitante: María Elena Jara Gutiérrez

II.6. Conclusiones

83. La Sala considera que los argumentos del recurso de apelación interpuesto por
el accionado no tienen vocación de prosperar y, en consecuencia, se procederá a
confirmar la sentencia de 29 de agosto de 2024, proferida por la Sala Plena del
Tribunal Administrativo de Casanare.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 29 de agosto de 2024, proferida por la
Sala Plena del Tribunal Administrativo de Casanare, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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