Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 85001-23-33-000-2025-00134-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 85001-23-33-000-2025-00134-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 85001-23-33-000-2025-00134-01
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
6 de noviembre de 2025
Demandante: Pedro Felipe Becerra Vargas
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Radicación: 85001-23-33-000-2025-00134-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Seis (6) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 85001-23-33-000-2025-00134-01
Demandante: PEDRO FELIPE BECERRA VARGAS
Demandado: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
Tema: Tutela por presunta vulneración del derecho fundamental de
petición. Confirma decisión de primera instancia. Declara
carencia actual de objeto por hecho superado.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta por el Consejo Nacional
Electoral, en lo sucesivo CNE, contra la sentencia del 8 de octubre de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo del Casanare.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo1
Mediante escrito presentado el 16 de septiembre de 2025, el ciudadano Pedro
Felipe Becerra Vargas, actuando en nombre propio, promovió acción de tutela
contra el CNE en la que solicitó la protección de su derecho fundamental de petición,
el cual fue trasgredido por la accionada al no haber dado respuesta a su solicitud
radicada el 21 de mayo de 2025.
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en ese sentido, formuló las siguientes pretensiones:
1. Se declare que el ACCIONANTE, ha vulnerado mi derecho fundamental de
petición.
2. Se tutele mi derecho fundamental de petición.
1 Ver índice 3 de Samai
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Demandante: Pedro Felipe Becerra Vargas
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Radicación: 85001-23-33-000-2025-00134-01
3. Como consecuencia, se ordene al ACCIONANTE, que, dentro de las 24 horas
siguientes a la notificación del fallo de tutela, se dé respuesta de fondo conforme lo
establecen la normatividad y la jurisprudencia colombianas.2
1.3. Hechos
El 21 de mayo de 2025, el señor Pedro Felipe Becerra Vargas, a través del correo
electrónico atencionalciudadano@cne.gov.co radicó una petición ante el CNE en la
que formuló los siguientes interrogantes:
1. Sírvase informar detalladamente si puedo volver a aspirar por el mismo Grupo
Significativo de Ciudadanos PYPE Por Yopal Productivo y Emprendedor el cual me
otorgo el aval para la alcaldía de Yopal en las elecciones anteriores del año 2023?
Si su respuesta es negativa, ¿Cuál es la manera correcta para volver a aspirar a la
Alcaldía de Yopal, teniendo claro que soy concejal de la ciudad de Yopal
actualmente? en la respuesta solicito respetuosamente informarme que fecha me
tocaría renunciar a la curul de concejal para aspirar a la alcaldía de Yopal sin incurrir
en inhabilidades o problemas legales de algún tipo?
2. Sírvase informar detalladamente, si actualmente soy concejal de la cuidad de Yopal
por un Grupo Significativo de Ciudadanos, ¿puedo aspirar a las próximas elecciones
territoriales del año 2027 a la Alcaldía de Yopal por otro Partido Político? ¿me tocaría
renunciar a la curul de concejal para aspirar a la alcaldía de Yopal? si me toca
renunciar, ¿Qué fecha tendría que hacerlo?
Las anteriores preguntas son debido a que no encuentro respuesta precisa para mi
caso en particular, Primero por que aspire a la alcaldía de Yopal, por un Grupo
Significativo de Ciudadanos (firmas) y segundo porque soy concejal por haber
aceptado la curul al haber obtenido la segunda votación a la alcaldía de Yopal.
Luego de transcurrido el término legal, el CNE no dio respuesta de ningún tipo; del
mismo modo, tampoco solicitó una prórroga del plazo.
1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo
La conducta desplegada por el CNE constituye una vulneración del derecho
fundamental consignado en el artículo 23 de la Constitución Política, pues no ha
dado ningún tipo de respuesta a los interrogantes que le fueron planteados.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Por auto del 3 de octubre de 20253, la Magistrada Ponente del Tribunal
Administrativo del Casanare avocó el conocimiento del asunto, ordenó notificar al
CNE y puso en conocimiento del Ministerio Público la existencia del trámite.
2 Transcripción original con posibles errores.
3 Ver índice 5 de Samai
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1.6. Intervenciones
1.6.1. CNE4
Por conducto de apoderado judicial solicitó que se declare la carencia actual de
objeto por hecho superado. Lo anterior, por cuanto el 8 de octubre de 2025 mediante
Oficio CNE-S-2025-003049-OJ-500 se dio respuesta al accionante.
Asimismo, informó que dicho comunicado fue remitido a través de correo electrónico
al buzón yopalpipe@hotmail.com, el cual corresponde al enunciado por el actor
como autorizado para recibir notificaciones.
1.6.2. Ministerio Público5
Luego de relatar algunas consideraciones jurisprudenciales en torno al derecho
fundamental de petición, indicó que en el presente caso estaba demostrado que el
actor radicó una solicitud ante el CNE y que ésta a la fecha no ha sido contestada.
1.7. Sentencia de primera instancia6
El Tribunal Administrativo de Casanare, profirió sentencia el 8 de octubre de 2025
en la que accedió al amparo constitucional invocado. Lo anterior, por cuanto
consideró que la respuesta emitida en su oportunidad por el CNE no atendió en su
totalidad los interrogantes que en su oportunidad planteó el señor Pedro Felipe
Becerra Vargas. Al respecto, indicó lo siguiente:
Del anterior cuadro comparativo el Tribunal concluye que, el Consejo Nacional
Electoral ofreció respuesta a los dos cuestionamientos planteados por el accionante,
explicando el marco jurídico que debe tener en cuenta al momento de postularse a un
cargo de elección popular en la siguiente contienda electoral, con las advertencias
que conlleva la doble militancia.
Sin embargo, no atendió de forma completa el cuestionamiento No. 1, respecto
a la fecha en que tendría que renunciar el demandante a su curul para evitar
incurrir en causal de inhabilidad, por tanto, no se configura un hecho superado al
persistir la vulneración del derecho fundamental de petición. (Énfasis de la Sala)
La anterior decisión se notificó a las partes e intervinientes el 9 de octubre de 2025
a través de correo electrónico.
4 Notificado mediante Oficio 56472 del 3 de octubre de 2025, remitido al buzón de correo
electrónico cnenotificaciones@cne.gov.co.
5 Notificado mediante Oficio 56474 del 3 de octubre de 2025, remitido al buzón de correo
electrónico nbriceno@procuraduria.gov.co y jwpalacios@procuraduria.gov.co.
6 Ver índice 14 de Samai
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1.8. Impugnación7
En la oportunidad procesal correspondiente8, el CNE presentó escrito en el que
reprochó la decisión de primera instancia que concluyó que la respuesta dada al
accionante no resolvía de fondo el planteamiento por él presentado.
Al respecto, precisó que el cuestionario formulado por el ciudadano contenía una
condición, la cual se supeditaba a si el primer interrogante era contestado de forma
positiva o negativa.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación del fallo de tutela de
primera instancia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la
Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el artículo 2.2.3.1.2.4 del
Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.
2.2. Problema jurídico
Conforme lo establecido en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte
accionante, el material probatorio recaudado, las intervenciones presentadas, y el
fallo de primera instancia, es necesario resolver el siguiente problema jurídico:
• ¿El CNE vulneró el derecho fundamental de petición del señor Pedro Felipe
Becerra Vargas, al no haber dado respuesta a la solicitud que le fuere
presentada y que data del 21 de mayo de 2025?
Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) las generalidades de la acción de tutela; (ii) el derecho fundamental de
petición; (iii) la carencia actual de objeto; y, (iv) el caso concreto.
2.3. Generalidades de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales, siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión
de las autoridades o de los particulares, en los precisos casos en que indica el
Decreto 2591 de 1991.
Es importante precisar que, esta norma condiciona el ejercicio de esta acción a la
inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión
7 Ver índice 19 de Samai
8 El escrito de impugnación se presentó el 16 de octubre de 2025.
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del derecho fundamental. Con la salvedad de que, en caso de que el interesado
invoque y demuestre estar sufriendo un perjuicio irremediable, procede la tutela
como mecanismo transitorio.
2.4. Del derecho de petición
La Constitución Política de 1991 consagró en su artículo 23 el derecho fundamental
de petición en virtud del cual toda persona tiene la posibilidad de «presentar
peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular
y a obtener pronta resolución»9. El mismo artículo superior precisa que el legislador
podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los
derechos fundamentales.
La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha establecido
algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este derecho, así:
El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna
de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta
no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido10.
Asimismo, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la contestación de la
petición. Respecto a la oportunidad, se acude por regla general a lo previsto en el
artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, que señala el término de 15 días para resolver
la misma, de no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y
ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular
deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la
contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será
determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la
complejidad de la solicitud.
Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y
congruente con lo solicitado. Ello significa que «la respuesta al derecho de petición
debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema semejante
o relativo al asunto principal de la petición. Quiere decir, que la solución entregada
al peticionario debe encontrarse libre de evasivas o premisas ininteligibles que
desorienten el propósito esencial de la solicitud, sin que ello implique la aceptación
de lo solicitado. Desde luego, este deber de contestar de manera clara y coherente,
no impide que la autoridad suministre información adicional relacionada con los
intereses del peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una aclaración
plena de la respuesta dada»11.
9 Corte Constitucional, Sentencia C-510 de 2004.
10 Corte Constitucional, Sentencia T-332 de 2015.
11 Corte Constitucional, Sentencia T-149 de 2013.
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Igualmente, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del
peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar «los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello
[…] la notificación […] debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el
propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el
solicitante»12.
Este deber de comunicación de la respuesta también debe cumplirse cuando la
respuesta se circunscriba a indicar que se remitió la petición a la autoridad
competente. En palabras de la Corte Constitucional:
[…] El deber de notificación de (sic) mantiene, incluso, cuando se trate de
contestaciones dirigidas a explicar sobre la falta de competencia de la autoridad e
informar sobre la remisión a la entidad encargada13.
En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de petición la Corte
Constitucional ha explicado que:
i) es un derecho fundamental determinante para la efectividad de los mecanismos de
la democracia participativa. En este sentido ha precisado que mediante él se
garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la
participación política y a la libertad de expresión; ii) su contenido esencial comprende
los siguientes elementos: a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos
respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o
se abstengan de tramitarlas; b) la respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos
establecidos en el ordenamiento jurídico; c) la respuesta de fondo o contestación
material, lo que supone que la autoridad entre en la materia propia de la solicitud,
sobre la base de su competencia, refiriéndose de manera completa a todos los
asuntos planteados (plena correspondencia entre la petición y la respuesta),
excluyendo fórmulas evasivas o elusivas; y d) la pronta comunicación de lo decidido
al peticionario, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo14.
Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden a la
satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además
incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario, condición
fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca.
Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia constitucional ha
sido enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de petición y el derecho
a lo pedido, ya que el derecho de petición se ejerce y agota en la solicitud y la
respuesta, cuestión distinta a si se decide sobre el reconocimiento o no del derecho
subjetivo.
12 Ibídem.
13 Corte Constitucional, Sentencia T-230 de 2020.
14 Corte Constitucional, Sentencia T-161 de 2011.
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2.5. Carencia actual de objeto
La Sala ha explicado en varias ocasiones15 que la acción de tutela ha sido instituida
como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de derechos
fundamentales que sean violentados o amenazados de una manera actual e
inminente.
No obstante, existen eventos en los que la amenaza al derecho fundamental
desaparece en el transcurso de la acción de tutela, o la vulneración del derecho
fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de suerte que el
instrumento pierde efectividad, lo que hace inane la intervención del juez
constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración de los
derechos fundamentales.
En efecto, la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación del proceso de
tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres supuestos: (i) por hecho
superado; (ii) por daño consumado; y, (iii) por una situación sobreviniente.
Al respecto, dicha Alta Corporación, en la sentencia T-494 de 1993 se destacó sobre
este aspecto, que:
La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un derecho
fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que se presente
bajo la forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho fundamental como
su amenaza, parten de una objetividad, es decir, de una certeza sobre la lesión
o amenaza, y ello exige que el evento sea actual, que sea verdadero, no que haya
sido o que simplemente -como en el caso sub examine- que se hubiese presentado
un peligro ya subsanado. (negrillas inexistentes en el texto original)
Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la
“carencia actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la
imposibilidad material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna
orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido
encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se constituye en el género que
comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede materializarse a través
de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii) “daño consumado” o (iii) de
aquella que se ha empezado a desarrollar por la jurisprudencia denominada como
el acaecimiento de una “situación sobreviniente16”.
Lo anterior, fue posteriormente reiterado en sentencia T-481 del 1º de septiembre
de 2016, en la que se precisó lo siguiente:
La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva
de los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación actual.
Por lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que, ante la alteración o el
15 Al respecto consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
M.P. Alberto Yepes Barreiro, Sentencia 15.11.17, Rad. 2017-00085-01, y M.P. Rocío Araújo Oñate,
Sentencia 19.10.17, Rad. 2017-2365-00.
16 El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 6, la cual
se transcribe literalmente: “Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013”.
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desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los
derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia
y sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de
protección judicial. Lo antedicho, pues, al desaparecer el objeto jurídico sobre el que
recaería la eventual decisión del juez constitucional, cualquier determinación que se
pueda tomar para salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro, se
tornaría inocua y contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta
acción.17
Con base en el referenciado marco referencial, el Máximo Tribunal Constitucional
ha sostenido que:
El hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley 2591
de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se materializa
cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la autoridad
demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la vulneración de los
derechos fundamentales18.
En sentido de lo anterior, para la aplicación del hecho superado resulta irrelevante
determinar si la eliminación de la vulneración de los derechos fundamentales ocurre
antes o después del fallo de primera instancia (resalta esta Sección Quinta), lo que
indica que el juez podría optar por analizar de fondo la conducta de la autoridad
demandada, para determinar si en todo caso se vulneraron o no los derechos
fundamentales.
De hecho, la Corte Constitucional ha empleado esta figura incluso en aquellos casos
en los cuales la cesación de la vulneración de los derechos fundamentales ocurre
luego de que se ha proferido la decisión de segunda instancia, durante el trámite de
revisión ante ese Tribunal19.
En estas situaciones, aunque la vulneración de los derechos fundamentales se
supere antes del pronunciamiento judicial de primera o segunda instancia, se ha
destacado que no es perentorio para el fallador de instancia pronunciarse sobre la
conducta desplegada por la autoridad demandada, para formular un juicio de
reproche, en caso de que sea necesario, y advertir sobre la no repetición de la
conducta lesiva de los derechos afectados20.
2.6. Caso concreto
Conforme los documentos que obran en el expediente, la Sala advierte que en el
presente asunto se ha configurado el fenómeno de carencia actual de objeto por
hecho superado. Lo anterior, por cuanto las circunstancias de modo, tiempo y lugar
17 El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 5, la cual
se transcribe literalmente: “Sentencias: SU-225 de 2013; T-317 de 2005”.
18 Corte Constitucional. Sentencia T-038/19, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
19 A manera de ejemplo, ver la sentencia T-662 de 2016.
20 Corte Constitucional. Sentencia T-112/2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
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se modificaron sustancialmente, tornando inane cualquier pronunciamiento de
fondo al respecto.
Sea lo primero indicar que, para la fecha de interposición de la acción constitucional,
esto es el 16 de septiembre de 2025, se encontraba más que vencido el término con
el que contaba el CNE para dar respuesta a la solicitud.
Asimismo, se tiene que el CNE mediante oficio CNE-S-2025-003049-OJ-500
respondió el escrito del actor. Dicho comunicado fue remitido vía correo electrónico
el 8 de octubre de 2025.
A su turno, la orden dada por el Tribunal Administrativo del Casanare se contrajo a
ordenar que debía complementarse la respuesta dada al numeral 1.° de la solicitud
presentada por el señor Becerra Vargas, es decir, para el a quo los demás
interrogantes planteados, quedaron absueltos por el CNE con su primera
comunicación.
Posteriormente, la autoridad accionada, en cumplimiento a la orden judicial, dio un
alcance a su respuesta inicial. Al respecto, indicó lo siguiente:
En esa línea, el Legislador previó que no podrá ser inscrito como candidato, ni elegido,
ni designado gobernador, alcalde municipal o distrital o concejal quien dentro de los
doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección haya ejercido como empleado
público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, en el respectivo
departamento o municipio, respectivamente, o quien como empleado público del
orden nacional, departamental o municipal, haya intervenido como ordenador del
gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos, que deban
ejecutarse o cumplirse en el respectivo departamento o municipio; es decir, no basta
el ejercicio de poder civil, administrativo, político o militar, sino que éste debe
ejercerse en calidad de empleado público y, por tanto, debe establecerse si quien
aspira al cargo de elección popular tenía tal carácter
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Igualmente, lo anterior fue remitido a través de correo electrónico al accionante el
16 de octubre de 2025, así:
Lo anterior, significa, en otros términos, que efectivamente era procedente la
concesión del amparo deprecado por el señor Becerra Vargas, pues el CNE no
respondió totalmente la solicitud por él presentada; no obstante, con ocasión de la
conducta de la autoridad accionada, esto es la respuesta remitida el 16 de octubre
de 2025, dada en cumplimiento al fallo de tutela, denota que se ha configurado la
carencia actual de objeto por hecho superado, pues, se reitera, las circunstancias
fácticas que motivaron la interposición de la solicitud de amparo han desaparecido.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 8 de octubre de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo del Casanare.
SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado,
conforme lo expuesto en la presente providencia.
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Demandado: Consejo Nacional Electoral
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TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes e intervinientes.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Aclaración de voto
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Aclaración de voto
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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