Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 85001-23-33-002-2014-00251-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 85001-23-33-002-2014-00251-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 85001-23-33-002-2014-00251-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
12 de diciembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
Radicación número: 85001-23-33-002-2014-00251-01 (59006)
Actor: MIRYAM SANABRIA VEGA Y OTROS
Demandado: ECOPETROL
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA
Temas: RESPONSABILIDAD DEL ESTADO – Afectación patrimonial y
extrapatrimonial / DAÑO - Causado por la operación de las teas de planta de gas /
NEXO CAUSAL – la presión sonora, lumínica y calórica puede causar afectación a
la salud / DAÑO ANTIJURÍDICO – No se probó / HECHO NOTORIO – Carga
probatoria.
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia proferida el 9 de febrero de 2017, por el Tribunal
Administrativo de Casanare, mediante la cual denegó las pretensiones de la
demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Los demandantes tienen su domicilio en el corregimiento de Cupiagua, Casanare.
En cercanía a sus predios se encuentra el Centro de Producción y Facilidades de
Cupiagua, de propiedad de Ecopetrol S.A. En el 2012 entró en operación la
ampliación de la planta de gas, de cuyo funcionamiento, se aduce en la demanda,
“sobreviene contaminación auditiva, luminosa y ambiental de manera
indiscriminada” que les causa afectaciones patrimoniales y extrapatrimoniales.
Radicación número: 850012333002201400251 01 (59006)
Actor: Miryam Sanabria Vega y otros
Demandado: Ecopetrol S.A.
Referencia: Reparación Directa
II. ANTECEDENTES
1. La demanda
Mediante demanda presentada el 10 de diciembre de 2014 (fls. 1 - 37, c. 1), la
señora Miryam Sanabria Vega quien actúa en nombre propio y en representación
de su menor hija Natalia Lucero Soler Sanabria y de su nieta Sara Sofía Beltrán
Soler; los señores Edwin Arley Sanabria y Zoraida Rodríguez Pulido quienes actúan
en nombre propio y en representación de sus menores hijos David Steven y Edwin
Sneider Sanabria Rodríguez; la señora Dalila Adriana Soler Sanabria; los señores
Luis Alejandro Soler Sanabria y Marisol Martínez Africano quienes actúan en
nombre propio y en representación de su menor hija Jessica Alejandra Soler
Martínez, por conducto de apoderado judicial (fls. 1 - 4, c. 1), en ejercicio del medio
de control de reparación directa, solicitaron que se declarara patrimonialmente
responsable a Ecopetrol S.A., “por el daño producido a los demandantes, dueños y
poseedores de los predios Los Ángeles, Pradera I y Pradera II, debido a la
contaminación lumínica y sonora” proveniente de planta de gas de Cupiagua,
producto de la quema continua de gas.
En concreto, los demandantes solicitaron que se efectuaran las siguientes
declaraciones y condenas:
PRIMERA: Que se declare administrativa y patrimonialmente responsable a
Ecopetrol S.A. por los daños materiales e inmateriales causados con ocasión
de la instalación de la nueva planta de gas de Cupiagua, a los predios
denominados Los Ángeles, Pradera I y Pradera II, y a su núcleo familiar.
SEGUNDA: Que en consecuencia con dicha declaración se condene a
Ecopetrol S.A. a pagar los siguientes perjuicios de orden material:
A favor de Miryam Sanabria Vega la suma de $1.421.173.100 correspondiente
a los siguientes ítems:
• La suma de $1.110.000.000, valor estimado por el predio Los Ángeles,
identificado con folio de matrícula inmobiliaria 470-1960, con una extensión
superficiaria de 74 has, calculando que cada hectárea en la actualidad en el
sector tiene un valor aproximado de $15’000.000, o la que se determine a través
de peritaje.
• La suma de $119’208.100 correspondientes al valor del 33.77% que tienen en
común y proindiviso sobre el predio denominado Pradera I, calculando que
cada hectárea en la actualidad en el sector tiene un valor aproximado de
$15’000.000 o el valor que se determine a través de peritaje.
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Radicación número: 850012333002201400251 01 (59006)
Actor: Miryam Sanabria Vega y otros
Demandado: Ecopetrol S.A.
Referencia: Reparación Directa
• La suma de $50’000.000, valor en que se estima la casa de habitación lugar
de habitación de la señora Miryam Sanabria donde vive con su hija Natalia
Lucero Soler Sanabria y su nieta la menor Sara Sofía Beltrán Soler, o el valor
que se estime a través de peritaje.
A favor de Dalila Adriana Soler Sanabria la suma de $271’173.000
correspondiente a los siguientes ítems:
• La suma de $119’208.100 correspondiente al valor del 33,77% que tiene en
común y proindiviso sobre el predio denominado Pradera I, calculando que
cada hectárea en la actualidad en el sector tiene un valor de aproximado de
$15’000.000, o la que se determine a través de peritaje.
A favor de Edwin Arley Sanabria la suma de $336’173.000, correspondiente a
los siguientes ítems:
• La suma de $119’208.100 correspondiente al valor del 33.77% que tiene en
común y proindiviso sobre el predio denominado Pradera I, calculando que
cada hectárea en la actualidad tiene un valor aproximado de $15’000.000, o la
que se determine a través de peritaje.
• La suma de $65’000.000 valor en que se estima la casa de habitación lugar
de habitación del señor Edwin Arley Sanabria Vega y su núcleo familiar, o el
valor que se estime a través de peritaje.
• La suma de $100’000.000 valor en que se estima la casa de habitación lugar
de habitación del señor Luis Alejandro Soler Sanabria y su núcleo familiar o el
valor que se estime a través de peritaje.
TERCERA: Que en consecuencia con dicha declaración se condene a
Ecopetrol S.A. a pagar los siguientes perjuicios de orden inmaterial, por daño a
la vida de relación:
La suma de 100 smlmv para cada uno de mis mandantes por el hecho dañoso
producido por Ecopetrol S.A. que reitero de determine a través de peritaje.
Como fundamentos fácticos de la demanda, se narró, en síntesis, lo siguiente:
Los demandantes adquirieron los inmuebles denominados Los Ángeles, Pradera I
y Pradera II por sucesión a causa de la muerte del señor Luis Ángel Soler Bello y
allí se ubicaron como domicilio de residencia en 3 viviendas diferentes.
El predio Los Ángeles fue objeto de servidumbre de tránsito activa a cargo de la
Empresa de Servicios de Conducción y Tránsito el 27 de octubre de 2012.
Frente a los referidos predios se encuentra ubicado el Centro de Producción y
Facilidades Cupiagua de la Empresa Ecopetrol S.A. del que “sobreviene
contaminación auditiva, luminosa y ambiental de manera indiscriminada”.
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Radicación número: 850012333002201400251 01 (59006)
Actor: Miryam Sanabria Vega y otros
Demandado: Ecopetrol S.A.
Referencia: Reparación Directa
Señalan que la contaminación se presenta desde diciembre de 2012, con el
funcionamiento de la nueva planta de gas “proveniente de Cupiagua, producto de la
quema de gas continuo”.
Aducen que los demandantes deben soportar diariamente el ruido ensordecedor de
los motores de la nueva planta de gas, y que no tienen otra vivienda donde habitar.
El 10 de abril de 2013, los demandantes formularon una acción de tutela en contra
de Ecopetrol S.A. por la vulneración a los derechos a la salud, a la integridad física
y a un ambiente sano a la vida.
El 18 de abril de 2013, el Juzgado Laboral del Circuito de Yopal realizó una
inspección a los predios Los Ángeles, Pradera I y Pradera II, acompañado de una
perito y esta concluyó que las mediciones sonoras realizadas en el horario nocturno
estaban dentro de los límites permitidos por la Resolución 0627 del Ministerio de
Ambiente.
En consecuencia, el juzgado negó la tutela por advertir que existían otros
mecanismos para solicitar el amparo de los derechos. De manera que los
accionantes impugnaron el fallo de primera instancia, pero, en proveído del 6 de
junio de 2013, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal confirmó la decisión
denegatoria.
En ese sentido, los demandantes acuden a través de la presente demanda para ser
reparados por los perjuicios causados a su salud, al valor patrimonial de sus predios
que consideran se han desvalorizado y por la disminución en la producción
agropecuaria a la que se dedican.
2. El trámite de primera instancia
Mediante auto de 16 de enero de 2015, el Tribunal Administrativo de Casanare
inadmitió la demanda (fl. 67, c. 1), comoquiera que existía incongruencia en la causa
petendi y las pretensiones. La parte demandante subsanó la demanda y corrigió las
pretensiones en los términos arriba descritos (fls. 69 – 72, c. 1).
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Actor: Miryam Sanabria Vega y otros
Demandado: Ecopetrol S.A.
Referencia: Reparación Directa
El Tribunal admitió la demanda en auto de 11 de febrero de 2015 (fl. 74, c. 1), la
cual se notificó en legal forma a la entidad pública demandada y al Ministerio
Público.
2.1. La respuesta de la accionada
Ecopetrol S.A. contestó oportunamente la demanda (fls. 89 -101, c. 2). Manifestó
que era cierto que la Planta de Gas de Cupiagua (PGC) operaba dentro de la Central
de Producción y Facilidades (CPF Cupiagua) por autorización del Ministerio de
Ambiente, y que la entrada en funcionamiento de la nueva planta de gas y el
funcionamiento de las teas (sistema utilizado para quemar limpiamente los residuos
de gas generados en el proceso de producción tratamiento de hidrocarburos) no
había generado daño alguno comoquiera que se estaba dando estricto
cumplimiento a la licencia ambiental que amparaba el proyecto denominado Plan
de Manejo Ambiental y Permiso Emisiones Atmosféricas.
Expuso, en relación con el daño producido por la intensidad lumínica, que en el país
aún no se contaba con normativa que estableciera parámetros o límites de
luminosidad; sin embargo, Corporinoquía a través de la Resolución 200.15-0584 de
23 de septiembre de 2002 otorgó un permiso de emisiones atmosféricas a Ecopetrol
para las facilidades de producción del CPF Cupiagua que fue renovado por cumplir
con monitoreos que se relacionan con la responsabilidad ambiental.
Allegó un informe pericial realizado por la empresa Antek S.A. que efectuó una
medición de la iluminación de las teas y el ruido emitido por la Planta y en cuyo
estudio se determinó que no se generaba afectación significativa ni al medio
ambiente ni a la comunidad aledaña porque todo se hallaba dentro de unos
parámetros normales.
En conclusión, advirtió que no se encontraba probado el daño aducido y por lo tanto
se debían negar las pretensiones de la demanda.
2.2. Audiencia inicial
El Tribunal fijó audiencia inicial prevista en el artículo 180 del CPACA mediante auto
de 25 de junio de 2015 (fl. 467, c. 3), la cual se llevó a cabo el 23 de julio de 2015,
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Actor: Miryam Sanabria Vega y otros
Demandado: Ecopetrol S.A.
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se desarrollaron las etapas previstas en la disposición normativa, esto es,
saneamiento, decisión de excepciones previas, fijación del litigio, conciliación y
decreto de pruebas (fls. 472 - 479, c. 3).
Los sujetos procesales no advirtieron vicios que requirieran la adopción de medidas
de saneamiento, ni se formularon excepciones previas.
Posteriormente, se fijó el litigio en los siguientes términos:
i) Constatar si los demandantes son residentes de los predios Los Ángeles, La
Pradera I y La Pradera II, cuánto tiempo hace y, si fuere el caso, si los habitan
permanentemente o con qué frecuencia acuden a ellos.
ii) Establecer si con ocasión de la operación de la planta de gas de Cupiagua
que opera dentro de la Central de Producción y Facilidades, conocida como
CPF Cupiagua, y del funcionamiento de las TEAS, por los niveles de presión
sonora y de iluminación y particulado en suspensión en el aire se causan daños
a los propietarios y moradores de los predios denominados Los Ángeles, La
Pradera I, La Pradera II, clase de daño patrimonial y no patrimonial y monto de
los perjuicios presuntamente indemnizables.
iii) Determinar el valor de los predios denominados Los Ángeles, La Pradera I,
La Pradera II y el de sus casas de habitación, por separado; igualmente,
establecer, comparativamente dicho valor comercial antes y después de la
entrada en funcionamiento de la planta de gas del CPF Cupiagua, esto es,
según evidencia documental, el 11 de diciembre de 2012.
iv) Establecer qué actividades de explotación económica se desarrollan y
desarrollan en esos predios, también comparativamente antes y después de la
entrada en funcionamiento de la planta de gas del CPF Cupiagua, esto es,
según evidencia documental, el 11 de diciembre de 2012, determinar ingresos
brutos anuales, costos y gastos de explotación y rentabilidad anual, con sus
promedios mensuales, calculada separadamente para cada predio.
Los cálculos deberán hacerse con fechas de corte 11 de diciembre de 2012 y
la de conclusión del trabajo pericial, en pesos nominales, traídos a valor
presente a la pericia, con base en la variación del IPC.
La fijación del litigio fue puesta a consideración de las partes, quienes manifestaron
expresamente su aceptación. De otra parte, se declaró fallida la audiencia de
conciliación por la falta de ánimo conciliatorio.
Posteriormente, el magistrado director de la audiencia decretó las pruebas
aportadas con la demanda y la contestación, y las testimoniales pedidas por las
partes. Advirtió que la pericia rendida por la señora Yeimy Lucía Niño Sandoval el
25 de abril de 2013 en el trámite de la acción de tutela que cursó en el Juzgado
Laboral del Circuito de Yopal y el informe técnico realizado por la empresa Antek
S.A., aportados con la demanda y su contestación, respectivamente, serían
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valorados como pruebas documentales y no como pericia anticipada porque
ninguna cumplió con los requisitos exigidos por el artículo 226 C.G.P.1; no obstante,
requirió a sus autores para que rindieran declaración acerca de los hallazgos de los
estudios.
Por otro lado, el Tribunal decretó una inspección judicial en el Centro de Producción
y Facilidades de Cupiagua (CPF Cupiagua) y decretó tres dictámenes periciales: i)
para determinar valores y datos relacionados con los niveles de ruido, luminosidad
y temperatura de la zona donde habitan los demandantes que pudieran resultar
dañino para estos, ii) determinar la afectación patrimonial de los predios de los
demandantes y iii) valoración médica a los mismos para establecer el daño a la
salud.
La diligencia concluyó con la fijación de fecha para la celebración de la audiencia
de pruebas prevista en el artículo 181 del CPACA.
2.3. Audiencia de pruebas
El 9 de agosto de 2016, se instaló la audiencia. En la diligencia, el Tribunal de
primera instancia incorporó al proceso “las pruebas documentales allegadas” y
escuchó los testimonios solicitados por la parte actora (fls. 1998 – 2003, c. 6).
Esta continuó el 27 de septiembre de 2016 para escuchar los hallazgos de los
dictámenes periciales y la inspección judicial (fls. 766 – 770, c. 1).
Debe advertirse que la prueba pericial relacionada con la valoración médica de los
demandantes para determinar el daño a la salud no se practicó por desistimiento de
la parte actora, quien argumentó que no fue posible hallar a un experto
otorrinolaringólogo (fl. 744, c. 1).
Agotado el objeto de la audiencia, el tribunal a quo dio aplicación a lo dispuesto en
el inciso quinto del artículo 181 del CPACA, en el sentido de prescindir de la
audiencia de alegaciones y juzgamiento para, en su lugar, ordenar la presentación
de alegatos de conclusión por escrito y el concepto del representante del Ministerio
Público.
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Esto en relación con la falta de acreditación de “La profesión, oficio, arte o actividad especial
ejercida por quien rinde el dictamen y de quien participó en su elaboración”.
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Demandado: Ecopetrol S.A.
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2.4. Alegatos de conclusión
Ecopetrol S.A. presentó oportunamente sus alegaciones (fls. 772 – 776, c. 1).
Reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y solicitó que
se confirmara la decisión. Adicionalmente, adujo que las pruebas testimoniales eran
inconsistentes y no tenían la capacidad de desvirtuar lo que técnicamente se había
probado en el plenario con relación a que no se halló afectación sonora ni lumínica.
Por su parte, los accionantes presentaron sus alegatos (fls. 777 -812, c. ppal.) y
expusieron que se debía acceder a las pretensiones de la demanda en cuanto se
probaron todos los elementos de la responsabilidad extracontractual.
El Ministerio Público guardó silencio.
3. La sentencia de primera instancia
Mediante sentencia de 9 de febrero de 2017 (fls. 816 - 827, c. ppal), el Tribunal
Administrativo de Casanare denegó las pretensiones de la demanda.
Preciso que los demandantes aseguraron que la ampliación de la planta de gas del
CPF Cupiagua les causó a los residentes i) afectación de las condiciones de vida
humana de los habitantes de las viviendas de los tres predios, ii) merma de
productividad de la explotación agropecuaria de los inmuebles y iii) pérdida absoluta
del valor patrimonial de los predios.
El a quo concluyó que, de acuerdo con las pruebas que se practicaron en el proceso,
el daño no se probó, dado que: (i) en el dictamen pericial se señaló que la operación
de la planta de gas podía incidir en una disminución del confort de las personas,
pero esto dependía de la percepción que cada uno tuviera sobre las comodidades
del lugar en el que habitaba, lo cual, no implicaba por sí mismo un menoscabo a su
salud física o psicológica; (ii) en cuanto a la merma de productividad de la
explotación agropecuaria, la evidencia técnica desvirtuaba la hipótesis de los
demandantes, y (iii) descargó la pérdida del valor patrimonial de los predios, y
consideró que la administración no podía ser condenada a pagar el valor de los
terrenos, como si hubiera adelantado un proceso de expropiación o hubiera
incurrido en una ocupación permanente de los mismos, cuando se acreditó que, a
pesar, de la cercanía entre los predios y el CPF, los propietarios conservaban la
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Radicación número: 850012333002201400251 01 (59006)
Actor: Miryam Sanabria Vega y otros
Demandado: Ecopetrol S.A.
Referencia: Reparación Directa
posesión, explotaban las tierras y las habitaban sin variación significativa de su
valor, que pudiera imputarse a la demandada.
Por las razones anteriores, consideró que, al no estar probado el daño, se imponía
denegar las pretensiones, y no condenó en costas a los demandantes al considerar
que “pese a la adversidad, el debate fue serio, no se vislumbra temeridad procesal
ni conducta impropia de la vencida”.
4. El recurso de apelación y su concesión
De manera oportuna, la parte demandante apeló la sentencia de primera instancia
y solicitó su revocatoria en los siguientes términos (fls. 829 – 833, c. ppal):
En relación con la prueba de la afectación a la salud, manifestó:
Si bien es cierto que quien pregona un daño, le es obligatorio transmitir ese
conocimiento al juez, también es cierto, que nadie está obligado a lo imposible,
y mis mandantes pese a padecer los menoscabos de la actividad desplegada
por Ecopetrol en su humanidad, no cuentan con la solvencia económica para
tal fin.
A pesar de la ausencia de la prueba técnica, el Juzgador no puede pretermitir
los efectos nocivos -hechos notorios- conceptos científicos y de público
conocimiento - que el ruido genera al ser humano, independientemente que las
teas estén en lugar diferente al predio de los demandantes, su diario proceder
atenta contra el ambiente sano y tranquilo que cobija a la familia Vega Sanabria.
Expuso que la prueba que sirvió de base para proferir la sentencia provino del
dictamen aportado por Ecopetrol, que fue realizado por la empresa Antek, y que, en
su criterio, se encontraba viciada por la relación contractual entre esas entidades.
Se refirió al concepto de carga dinámica de la prueba, para precisar que Ecopetrol
se encontraba en mejores condiciones de probar la afectación auditiva y ambiental
que causa a los demandantes por su ejercicio industrial:
No podemos gravar excesivamente a las víctimas, pues, además de los daños
que padecen en su humanidad, coaccionarlos para que asuman sus costos. Lo
que busca cualquier proceso es trascender de la verdad procesal a la real, que
libera al actor de la tara de que es el único que puede probar su dicho, con la
premisa de la carga dinámica de la prueba, en la que se permite que traslade
esta responsabilidad, a la parte que tiene las condiciones más aptas para que
practique la prueba.
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Radicación número: 850012333002201400251 01 (59006)
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Demandado: Ecopetrol S.A.
Referencia: Reparación Directa
Por último, advirtió que existían en el plenario algunas pruebas que daban cuenta
de la afectación a los demandantes, tales como la experticia practicada en el trámite
de la acción de tutela previa a la presentación de la demanda, y las declaraciones
de los señores Ramiro Ávila Días, Álvaro Torres Roa y Onofre de Jesús Pérez que
daban cuenta de los altos niveles de presión sonora y calor provocado por la
operación de las teas del CPF Cupiagua.
El Tribunal concedió el recurso mediante auto de 28 de febrero de 2017 (fl. 835, c.
ppal.).
5. Trámite en segunda instancia
El recurso fue admitido por esta Corporación en auto del 11 de mayo de 2017 (fl.
840, c. ppal.) y en proveído de 15 de junio siguiente se corrió traslado a las partes
y al Ministerio Público para que presentaran sus alegatos de conclusión y concepto,
respectivamente.
Las partes presentaron oportunamente sus escritos de alegatos para reiterar los
argumentos expuestos a lo largo del proceso.
III. C O N S I D E R A C I O N E S
1. Competencia
El artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 615 del CGP, establece que
el Consejo de Estado es competente para conocer, en segunda instancia, de “las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de
impugnación”.
Por su parte, el numeral 6 del artículo 152 del CPACA dispone que los tribunales
administrativos conocerán en primera instancia, entre otros asuntos, “de los de
reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los
agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos
legales mensuales vigentes”.
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Demandado: Ecopetrol S.A.
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En el caso bajo estudio se advierte que la pretensión mayor superó la cuantía
señalada en la mencionada disposición normativa, razón por la cual se concluye
que esta Corporación es competente para conocer del recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia del 9 de febrero de 2017,
proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare.
2. Ejercicio oportuno de la acción
Al tenor de lo previsto por el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, el medio de control
de la reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir
del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de
cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha
posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de
su ocurrencia.
En el presente asunto, el daño se hace consistir en daños materiales e inmateriales
que se traducen en la “imposibilidad de vivir en los predios y explotarlos
normalmente como ocurriría si no estuviera la nueva planta de gas en las cercanías
de los predios Ángeles, Pradera I y Pradera II”, ello debido a la operación de dicha
planta de gas ubicada en el Centro de Facilidades y Producción Cupiagua (CFP)
que genera, a juicio de los demandantes, contaminación auditiva y lumínica. Así
mismo, los demandantes aseguran que, desde el mes de diciembre de 2012, fecha
en la cual entró en funcionamiento la planta de gas del CPF, han tenido que soportar
los daños derivados de su operación.
Verificado el plenario, se constató que el 11 de diciembre de 2012 entró en
funcionamiento la primera etapa de dicha planta (fl. 155, c. 1), por lo que la
oportunidad para presentar la demanda se extendía, en relación con ese hecho,
hasta el 12 de diciembre de 2014 y comoquiera que esta fue interpuesta el 10 de
diciembre de ese año, huelga concluir que el derecho de acción se ejerció
oportunamente.
Valga aclarar que la parte demandante presentó la solicitud de conciliación
prejudicial el 3 de abril de 2014, al no existir ánimo conciliatorio se declaró fallida y,
el 8 de julio siguiente, se dio por agotado el requisito de procedibilidad (fl. 45, c. 1).
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3. La legitimación en la causa
Dado que quienes demandan le atribuyen responsabilidad a la demandada por
daños derivados de la operación de la planta de gas ubicada en el CFP Cupiagua
producto de la quema diaria y continua de gases, ruido excesivo y alta luminosidad
que les impide explotar económicamente los predios de los Ángeles, Pradera I y
Pradera II, así mismo alegan afectación a la salud auditiva y psicológica de los
residentes de dichos predios que les impide habitar tranquilamente, se tendrán por
legitimados los demandantes propietarios de los inmuebles, así como quienes
aseveran residen en estos.
De manera que, se encuentran legitimados de la siguiente manera:
Demandante – Nombre del predio Acreditación de la
propietario propiedad
Matrícula inmobiliaria No.
Miryam Sanabria Vega Los Ángeles 470-0001960; Escritura
pública No. 19472 (fl. 33,
c. 1)
Miryam Sanabria Vega, Pradera I Matrícula inmobiliaria No.
Dalila Adriana Soler 470-0001604; Escritura
Sanabria y Edwin Arley pública No. 1947 (fl. 35, c.
Sanabria 1)
Miryam Sanabria Vega, Pradera II Matrícula inmobiliaria No.
Dalila Adriana Soler 470-0001889; Escritura
Sanabria y Edwin Arley pública No. 1947 (fl. 38, c.
Sanabria 1)
Del mismo modo, se encuentran legitimados los demandantes que guardan
parentesco con los propietarios de los inmuebles y quienes aseveran son residentes
de estos, así:
2
Esta señala que el 17 de noviembre de 2006 los predios Los Ángeles, Pradera I y Pradera II fueron
adjudicados a los señores Miryam, Dalila Adriana y Edwin Arley Sanabria Vega por la sucesión del
señor Luis Ángel Soler Bello.
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Referencia: Reparación Directa
Nombre demandante Prueba de parentesco y residencia
Natalia Lucero Soler Sanabria Registro Civil de nacimiento (fl. 39, c.
1), prueba de que es hija de Miryam
Sanabria Vega
Sara Sofía Beltrán Registro Civil de nacimiento (fl. 40, c.
1), prueba de que es nieta de Miryam
Sanabria Vega
David Steven Sanabria Rodríguez Registro Civil de nacimiento (fl. 41, c.
1), prueba de que es hijo de Edwin
Arley Sanabria
Edwin Sneider Sanabria Rodríguez Registro Civil de nacimiento (fl. 41, c.
1), prueba de que es hijo de Edwin
Arley Sanabria
Zoraida Rodríguez Testimonio del señor Ramiro Ávila Díaz
da cuenta de que esta es la compañera
permanente del señor Edwin Arley
Sanabria (CD2, minuto 11:41)
Luis Alejandro Soler Sanabria, Marisol Respecto de estos, no se tiene prueba
Martínez Africano y Jessica Alejandra de su parentesco con los demás
Soler demandantes; sin embargo, el
testimonio del señor Ramiro Ávila Díaz
da cuenta de que ese núcleo familiar
habita una de las viviendas ubicadas en
los terrenos de la señora Miryam
Sanabria (CD2, minuto 12:30). Así
como el dictamen pericial de la
Fundación ORI, como se explicará más
adelante
En cuanto a la legitimación por pasiva, se precisa que se encuentra legitimado
Ecopetrol S.A. como entidad demandada, la cual tiene interés en controvertir las
pretensiones, en los términos del artículo 90 de la Constitución Política, dado que
sobre estas recaerán las eventuales consecuencias patrimoniales.
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Radicación número: 850012333002201400251 01 (59006)
Actor: Miryam Sanabria Vega y otros
Demandado: Ecopetrol S.A.
Referencia: Reparación Directa
4. Problema jurídico
Debe la Sala decidir si se encuentra acreditado el daño consistente en la afectación
a la salud física y psicológica de los demandantes, así como la afectación al valor
económico de sus predios y a la actividad agropecuaria de estos, por las emisiones
de ruido, calor y luz que emiten las teas de la planta de gas del Centro de Producción
y Facilidades del corregimiento de Cupiagua, Aguazul, Casanare. De ser así, se
deberá analizar si dichas afectaciones resultan atribuibles a la entidad demandada.
5. El daño
El artículo 90 de la Constitución Política contiene la cláusula general de
responsabilidad del Estado. El avance significativo del sistema implementado,
basado en la noción de daño antijurídico, fue haber reivindicado el daño –y por
consiguiente a la víctima– y su función en la institución de la responsabilidad.
En efecto, el daño entendido como la afectación, vulneración o lesión a un interés
legítimo y lícito se convirtió en el eje central de la obligación resarcitoria y, por ende,
tanto la atribución como la fundamentación normativa o jurídica del deber de reparar
quedaron concentrados en un nuevo elemento que es la imputación.
En otros términos, el análisis de la responsabilidad no inicia con el título o régimen
jurídico aplicable, sino con la verificación de la existencia del daño entendido como
la alteración negativa a un interés lícito o situación jurídicamente protegida. Para tal
efecto, se citan las siguientes pruebas relevantes practicadas en el proceso:
• Mediante Resolución 1309 de 2009 el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial autoriza la construcción, instalación y operación de una planta
de procesamiento de gas natural en el CPF Cupiagua, en el municipio de Aguazul,
Casanare (fl. 133 - 141, c. 1).
• Mediante Resolución 1349 de 17 de octubre de 2009, Corporinoquía resuelve
renovar a Ecopetrol S.A. el permiso de emisiones atmosféricas para la operación de
equipos y unidades de tratamiento ubicados en el CFP Cupiagua, por un término de
5 años. De dicho acto administrativo se destacan las siguientes obligaciones:
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Radicación número: 850012333002201400251 01 (59006)
Actor: Miryam Sanabria Vega y otros
Demandado: Ecopetrol S.A.
Referencia: Reparación Directa
ARTÍCULO SEGUNDO: La sociedad Ecopetrol S.A. deberá dar cumplimiento a
las siguientes obligaciones derivadas del otorgamiento del permiso de emisiones
atmosféricas:
1. Informar a esta Corporación la fecha en la que entre en funcionamiento la
primera etapa de la nueva planta de gas la cual comprende los siguientes
equipos: Horno Fuel gas Heater (MO.6ME-6001), Compresor de gas ventas
(MO-4K-2701), Rehervidor de glicol (FH-5101).
2. Presentar a esta entidad, un informe ambiental a los 3 meses de puesta en
funcionamiento de la primera etapa de la nueva planta de gas, que deberá
contener el monitoreo de calidad de aire de todos los parámetros establecidos
en el artículo segundo de la Resolución 610 de 24 de marzo de 2010, el cual
debe realizarse teniendo en cuenta las cuatro estaciones de calidad de aire que
tiene el CFP Cupiagua (Estación 1. Planta de gas, Estación 2. Portería,
Estación 3. Fundación Amanecer, Estación 4. Finca San Alfonso), con su
respectiva comparación de cumplimiento de normatividad y análisis de
resultados.
3. Una vez se presente el primer informe ambiental (a los 3 meses de puesta
en funcionamiento de la primera etapa de la planta de gas), la sociedad
Ecopetrol S.A. deberá presentar un informe ambiental anual, durante la
vigencia del permiso (fl. 153, c. 1).
• En Oficio de 11 de diciembre de 2012 (fl. 155, c. 1), Ecopetrol S.A. le informa a
Corporinoquia que ese mismo día entró en funcionamiento la primera etapa de la
planta de gas CFP Cupiagua.
• Mediante fallo de 25 de abril de 2013, el Juzgado Único Laboral de Yopal resolvió
negar la acción de tutela interpuesta por los ciudadanos Miryam Sanabria Vega,
Edwin Arley Sanabria, Dalila Adriana Soler Sanabria y Alejandro Soler Sanabria,
quienes buscaban la protección de sus derechos “a la vida, ambiente sano,
integridad personal y calidad de vida”, que -afirmaron- estaban siendo vulnerados
por Ecopetrol S.A. con el funcionamiento de su planta de gas, que generaba
contaminación “auditiva, luminosa y ambiental” (fls. 175 – 181, c. 1).
Se menciona en ese fallo que en el trámite de la acción de tutela se practicó una
inspección judicial con una experta ingeniera ambiental, quien rindió informe
técnico, el cual fue aportado por los demandantes y del que -se recuerda- en la
audiencia inicial se señaló que esta sería valorada como prueba documental. Se
destacan algunas conclusiones:
De acuerdo con las mediciones diurnas hechas en campo el día 18 de abril de
2013, se determina que:
El predio Los Ángeles presenta unos niveles de presión sonora diurnos de
65.42 superando lo establecido por la Resolución 627 de 2006 que establece
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Radicación número: 850012333002201400251 01 (59006)
Actor: Miryam Sanabria Vega y otros
Demandado: Ecopetrol S.A.
Referencia: Reparación Directa
un valor máximo para el sector D en 55 dB que corresponde a zona suburbana
o rural de tranquilidad y ruido moderado.
En el monitoreo hecho se presentaron niveles de presión sonora en razón del
tránsito de vehículos pesados, motos y vehículos de transporte público.
(…)
¿Debido a la entrada en funcionamiento de la planta de gas existe
contaminación lumínica y/o por radiación calórica que incida sobre los predios
de los accionantes?
Como lo enuncié en numeral anterior no existe una legislación aplicable en
Colombia para poder comparar datos tomados en campo; tampoco se puede
determinar si esto es generado por la entrada en funcionamiento de la planta
de gas.
(…)
No es posible cuantificarlos individualmente ya que el equipo para la toma de
dicho muestreo no identifica ruido de una fuente u otra, el equipo (sonómetro)
solo muestra el instante o momento en que se incrementa el ruido más no la
fuente de emisión. El equipo entrega un ponderado de la medición, los técnicos
en campo realizan el monitoreo identifican las posibles fuentes y momentos en
que se presenta esta situación (fls. 157 – 160, c. 1).
En ese sentido, el juez de tutela consideró:
Con el caudal probatorio arrimado al proceso (…) no se puede establecer que
sea única y exclusivamente el ruido producido por el CPF, el que altera los
niveles de ruido permitidos por la norma, como lo acota la perito, pues se indica
en su informe que dichas circunstancias están atribuidas a la actividad del CPF,
a la circulación de tránsito en la vía del Cusiana, a factores tales como animales
domésticos, fuentes de agua naturales y ruidos de insectos y otros, por tanto,
al no poder establecerse que el ruido que supera los niveles permitidos por la
norma, sean atribuibles única y exclusivamente al CPF de Cupiagua, no puede
este despacho entrar a acceder a la solicitud que hacen los actores de disponer
el cierre de la factoría.
Además de lo anterior, dentro de la inspección judicial realizada al lugar de la
vivienda de los actores, se corroboró que no es como lo indican los actores en
la acción, que el ruido es tan potente que imposibilita una conversación, lo cual
no es cierto, pues el despacho dejó constancia que el ruido no era tan
significativo que no permitiera hablar o dejar escuchar lo que otras personas
manifiestan, además dentro de la presente acción no se ha demostrado una
afectación a la salud, de ninguna de las personas que accionan ni de los
menores que residen en las viviendas ocupadas por los accionantes, por tanto,
al no estar demostrada la afectación a la salud y que esta sea como
consecuencia de los niveles de ruido producido por el CPF, como se anunció
no puede el despacho entrar a proteger el derecho invocado, pues no existe
evidencia probatoria que demuestre fehacientemente la vulneración a los
derechos de los actores.
Adicionalmente, señaló que la parte accionante tenía la vía administrativa para que
la autoridad ambiental realizara un seguimiento y tomara las medidas que se
considerara pertinentes.
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Radicación número: 850012333002201400251 01 (59006)
Actor: Miryam Sanabria Vega y otros
Demandado: Ecopetrol S.A.
Referencia: Reparación Directa
No obstante, lo anterior, el juzgado instó a Corporinoquia para que realizara
vigilancia al cumplimiento de la emisión del ruido en la operación de Ecopetrol en el
CPF de Cupiagua.
• El anterior fallo fue impugnado por lo accionantes, y el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Yopal, Casanare, resolvió la segunda instancia. Así, mediante proveído
del 6 de junio de 2013, confirmó la denegatoria de las pretensiones y revocó la orden
emitida a Corporinoquia (fls. 182 – 187, c. 1). En relación con la prueba de la
afectación de los derechos, expuso:
En los estudios aportados como pruebas en el proceso, se tiene que hay
diferentes fuentes emisoras de ruido que por sí solas ya están incumpliendo
con la reglamentación establecida en la Resolución No. 627 de 2006 del MAVD
Sector D (Zonas suburbanas o rural de tranquilidad y ruido moderado). De igual
forma, con la inspección realizada por parte del perito que designó el juzgado
al lugar donde se encuentra ubicada la vivienda de los accionantes se
comprobó que el sonido producido por las CPF Cupiagua no era tan potente
como para vulnerar el derecho a la salud de las personas presuntamente
afectadas.
• Ecopetrol presenta un documento denominado “Informe de Interpretación de
Resultados -1478-14-ECO- del monitoreo de niveles de presión sonora – ruido
ambiental CPF Cupiagua”, realizado en abril de 2014 Antek S.A. (fls. 208, c. 1 –
503, c. 2).
Su objetivo se centró en realizar un monitoreo de niveles de presión sonora para
ruido ambiental en el área de influencia del proyecto CPF Cupiagua en relación con
los parámetros establecidos en la Resolución 627 de 2006 del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Se destacan las siguientes
conclusiones:
En los puntos monitoreados: Fundación amanecer, vivienda de la señora
Miryam Sanabria, finca del señor Antonio Munévar obtenidos en las mediciones
de ruido ambiental en el día hábil jornada diurna y nocturna son mayores a los
límites máximos permisibles establecidos en la Resolución 627 de 2006 para
el sector de subsector de zona suburbana rural de tranquilidad y ruido
moderado, este comportamiento posiblemente se encuentra asociado con el
paso continuo de vehículos por la vía principal, la presencia de animales
silvestres y domésticos en las áreas aledañas y las actividades domésticas y
recreativas llevadas a cabo al interior de la escuela, cabe destacar que las
actividades de producción de la locación tienen una baja incidencia debido a la
presencia de barreras naturales y la distancia existente entre los puntos
monitoreados y la locación.
(…)
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Radicación número: 850012333002201400251 01 (59006)
Actor: Miryam Sanabria Vega y otros
Demandado: Ecopetrol S.A.
Referencia: Reparación Directa
Es importante resaltar que de acuerdo al comportamiento de los valores del
nivel de presión Sonora registrados en el horario diurno y nocturno durante el
día no hábil en los diferentes puntos monitoreados, el funcionamiento de la
planta presenta una baja incidencia debido a la presencia de barreras naturales
y la distancia con relación al punto monitoreado, los niveles de presión sonora
registrados se encuentran principalmente asociados al paso continuo de
vehículos por la vía principal, la presencia de animales silvestres y domésticos
en las áreas aledañas y las actividades de origen doméstico y recreativas
generadas al interior de la escuela. (fl. 229, c. 2).
(…)
No se genera afectación significativa ni al ambiente ni a la comunidad aledaña
por los niveles de iluminancia detectados en el área de influencia del proyecto.
Los resultados de las mediciones de iluminancia en el área de influencia del
pozo Cupiagua corresponden a niveles normales para áreas rurales en horarios
nocturnos.
Es evidente la disminución de los niveles de iluminancia (lux) durante la parada
de actividades del CPF (teas apagadas) a pesar de esto los niveles detectados
en los 3 escenarios (antes, durante y después de la detención de actividades)
son considerados normales e inocuos.
La influencia de la tea del CPF Cupiagua sobre las actividades normales de la
comunidad aledaña a dicho proyecto correspondiente a iluminancia es
despreciable (fl. 303, c. 4).
• El Tribunal requirió al ANLA y a Corporinoquia para que informaran si se habían
presentado eventuales incidentes ambientales desde diciembre de 2012 a julio de
2015, relacionados con la presión sonora, luminosidad y partículas en suspensión
en el aire con ocasión de funcionamiento de la nueva planta de gas y sus teas en el
CPF Cupiagua.
Así la autoridad de licencias ambientales informó que revisada la documentación
que reposa en su poder no se hallaron registros de incidentes ambientales entre el
período 2012 hasta el 31 de julio de 2015. Advirtió que el 28 de mayo 2015, el señor
Pedro Peñaranda habitante del corregimiento de Cupiagua radicó una queja
relacionada con el tema de partículas en suspensión en el aire frente a lo cual la
autoridad dio respuesta al peticionario en la que se le menciona que se hizo una
visita técnica de seguimiento al proyecto de la CPF no se hallaban evidencias de
variaciones significativas y que las concentraciones de NOx y SOx se encontraban
por debajo de los valores máximos permisibles establecidos en la Resolución 610
de 2010.
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Radicación número: 850012333002201400251 01 (59006)
Actor: Miryam Sanabria Vega y otros
Demandado: Ecopetrol S.A.
Referencia: Reparación Directa
Por su parte, Corporinoquia señaló que no se encontraban registros ni denuncias
de incidentes ambientales.
• El 20 de enero de 2016 se llevó a cabo Inspección Judicial decretada de oficio (fl.
675 vto., c. 3), con el fin de identificar:
i) La ubicación con georreferenciación de casa de habitación, corrales u otras
dependencias de los predios Los Ángeles, Pradera I y Pradera II, estado actual,
actividad y explotación económica si la hubiera, ii) ubicación con
georreferenciación de la nueva planta de gas de Cupiagua que opera en el CPF
y de las Teas, iii) si los demandantes residen en los predios antes aludidos, iv)
las evidencias apreciables a primera vista de los presuntos daños causados en
los predios con ocasión de la operación de la nueva planta de gas de Cupiagua.
La inspección judicial se desarrolló en compañía de peritos quienes rendirían
informe técnico decretado a petición de la parte actora (fls. 690 – 704, c. 3).
La visita a la zona del CPF Cupiagua se dividió en 3 partes: i) contextualización por
parte de funcionarios de Ecopetrol en relación con la operación de las teas de la
planta de gas, ii) una visita al interior de la planta de gas y a su zona de seguridad,
y iii) una visita a la casa de habitación de los demandantes. Allí los peritos se
encargaron de registrar los datos correspondientes a los niveles de ruido,
luminosidad y temperatura.
Así pues, se destaca de la inspección judicial y de las constancias de lo observado
por el magistrado del Tribunal de primera instancia:
En la zona de ampliación de la planta de gas (…) el magistrado observa que
no hay emisiones lumínicas que se puedan apreciar a esta hora. El sistema
está operando, pese al uso de elementos de protección auditiva se escucha el
sonido de las máquinas cuyas mediciones técnicas se harán con los equipos
técnicos pertinentes (minuto 50:30).
(…)
Siendo las 3.50 pm. nos dirigimos a la puerta de ingreso a la zona donde se
encuentran las teas, se observan los cabezales, los 4 grandes tubos, en 3 de
ellas se observan llamas y la cuarta tea se ve apagada, no se percibe
empíricamente a solo los sentidos, especial presión calórica, pero las
comprobaciones técnicas se harán con los aparatos que traen los peritos (min
55:54).
(…) el magistrado deja registrado que hoy 20 de enero de 2016 nos
encontramos en época de fuerte verano en la zona de Casanare y Cupiagua
en especial, con ciclo seco y lluvias de mínima frecuencia (01:01:26).
(…)
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Radicación número: 850012333002201400251 01 (59006)
Actor: Miryam Sanabria Vega y otros
Demandado: Ecopetrol S.A.
Referencia: Reparación Directa
Siendo las 4:50 pm nos desplazamos a la casa de habitación de los
demandantes, ingreso por la carretera que conduce a Aguazul – Pajarito.
Hemos llegado al lugar habitado por la señora Miryam Sanabria, que se
encuentra con algunos de sus allegados en la segunda casa al lado de unos
establos.
En este lugar desde frente de la casa, se observan en línea recta visual las tres
teas que están encendidas que se inspeccionaron en el CPF Cupiagua y se
observa la cuarta tea que se observa apagada. Se llevarán a cabo las tomas
de muestras y mediciones de lecturas de luminosidad, sonora y calórica tanto
antes de oscurecer como en la noche y se llevará a cabo un recorrido (…) aquí
entran dos componentes objeto de experticia, el de ingeniería con las
mediciones ya aludidas y el componente de una observación general del estado
de los predios, explotación económica, cultivos, que le corresponderá al perito
avaluador de la Universidad ORI.
(…)
Del componente de ingeniería: se le dan instrucciones a los peritos para que
hagan las tomas (…) desde los 3 lugares habitados y desde las dependencias
donde se hallen animales.
(…) el magistrado con la autorización de las familias residentes hace el
recorrido (…) que en la vivienda dos donde habita Miryam, habitan permanente
en la casa: Miryam, Natalia Lucero y Sara Sofía Beltrán.
En la primera casa habitan: Edwin Arley, Zoraida Rodríguez y sus dos hijos.
En la tercera vivienda: Luis Alejandro Soler, Marisol Martínez y Yesica y Karen
Lizeth.
(…)
En el recorrido el magistrado deja sentado que hay una instalación techada en
piso de cemento sin cierre perimetral con abrevaderos o sitios para alimentos
para ganado, uno parcialmente deteriorado, no se ven alimentos una poceta
con agua, la otra instalación está llena de diversos utensilios, maderas.
En el lugar hay una vaca con cría y 7 becerros en un pequeño perímetro
cerrado, hay otra instalación tipo bodega sin puertas con material diverso de
reciclaje y de construcción.
Al caminar por el área, en medio de estas instalaciones y el lugar donde están
ubicadas las teas hay una barrera de árboles y a esta hora del día 5:10 de la
tarde no se aprecian a simple vista las teas.
(…) en la segunda vivienda se encuentran otras personas que se señalan como
habitantes permanentes, estas son: Luis Alejandro, Marisol Martínez, Yesica y
Karen Lizet.
El magistrado deja constancia que se hallan claras muestras de que esas
viviendas son habitadas.
(…)
A la tercera vivienda que en términos físicos es la primera adyacente a la
carretera marginal de la selva (..) a 10 o 15 metros de la vía, en este lugar se
presenta la señora responsable de esta vivienda: “acá habitamos Zoraida
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Radicación número: 850012333002201400251 01 (59006)
Actor: Miryam Sanabria Vega y otros
Demandado: Ecopetrol S.A.
Referencia: Reparación Directa
Rodríguez, Edwin Arley mi esposo, mis hijos David Steven y Edwin Sanabria”
El magistrado deja constancia que se observa que la casa está en reparaciones
locativas, o en mejoras, piso en cemento, muros en mampostería a la vista,
rejas metálicas, está en obra. Y pregunto a su responsable dónde están
habitando actualmente. “Hace un mes estamos en la casa de suegra Myriam
Sanabria porque me están arreglando la casa por un subsidio que me salió de
la gobernación de Casanare”. El magistrado deja constancia de que el lugar
está deshabitado (…) se hallan elementos de construcción.
(…)
El apoderado de la parte demandante precisa que los demandantes no están
habitando esa casa por encontrarse en reparaciones locativas gracias al
subsidio, la remodelación empezó el pasado mes de diciembre.
(…)
El perito toma pruebas de luminosidad y ruido. Se deja constancia que las
condiciones de luminosidad son propias en esta época del año. Se observan 3
teas operando, encendidas.
El magistrado solicita a los habitantes de la casa apagar todas las luces se hizo
un recorrido y las alcobas quedan oscuras, el pasillo tiene una luminosidad
mínima que impide caminar.
Valga precisar que, en la diligencia de inspección, el apoderado de la parte
demandante solicitó que se aceptara como nueva prueba, algunas fotografías y
videos tomados desde las viviendas hacia las teas, frente a lo cual el magistrado
negó dicha probanza por estar fuera del término y por encontrarla ineficiente e
inocua porque dichas pruebas no desvirtuarían los datos tomados con los aparatos
pertinentes para la muestra de pruebas luminosidad, ruido y de temperatura. El
magistrado advirtió que, de todas maneras, los registros tomados el día de la
inspección se compararían con registros anteriores. Dicha decisión no fue objeto
de recursos.
• Obra dictamen pericial rendido por la Universidad Fundación Universitaria
Internacional del Trópico Americano – Unitrópico, representada por el líder de la
pericia, el señor William Rojas, acompañado de la auxiliar de la pericia, la señora
Nubia Pérez3, quienes determinarían los niveles de presión sonora, lumínica y la
temperatura en la zona donde habitan los demandantes y concluir si existe
afectación por la operación de la planta de gas.
3
Quien actuó en calidad de Enfermera, Ingeniera de Sistemas, especialista en Seguridad Industrial
y en Salud Ocupacional, tal como quedó probado en audiencia de pruebas (minuto 10:15, CD 3).
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Radicación número: 850012333002201400251 01 (59006)
Actor: Miryam Sanabria Vega y otros
Demandado: Ecopetrol S.A.
Referencia: Reparación Directa
De manera que, presentaron un informe preliminar en relación con las muestras
tomadas en la inspección judicial y posteriormente, en audiencia de pruebas,
expusieron los hallazgos y conclusiones. Se destaca la siguiente información:
En relación a los niveles de presión sonora (NPS) se hicieron dos mediciones, la
primera el 16 de enero de 2016 y la segunda el 10 de febrero de 2016.
-En la planta de producción CPF Cupiagua se halló un mínimo de 93,6 dB y un
máximo de 102,7 dB.
-En la vivienda 1, en la que habita la señora Miryam Sanabria y su núcleo familiar:
Punto de Área de Total dB Total dB Total dB Total dB
medición medición mínimos máximos mínimos máximos
1ra 1ra 2da 2ra
medición medición medición medición
4 NPS vivienda 1, 48,4 49,9 48,2 50,9
área perimetral
sin tráfico hora
5:17 p.m.
5 NPS en área 49,2 50,2 48,9 51,2
perimetral sin
tráfico hora 7:10
p.m.
6 NPS en 52,7 55,6 53,6 56,3
vivienda 1 área
perimetral con
tráfico de
vehículo liviano,
hora 5:22 p.m.
7 NPS en 62,3 77,6 64,2 74,1
vivienda 1 área
perimetral con
tráfico vehículo
pesado hora
5:27 p.m.
8 NPS vivienda 1 43,9 53,7 44,9 53,9
dentro del área
22
Radicación número: 850012333002201400251 01 (59006)
Actor: Miryam Sanabria Vega y otros
Demandado: Ecopetrol S.A.
Referencia: Reparación Directa
de dormitorio
hora 5:30 p.m.
9 NPS vivienda 1 47,1 52.2 48,2 54,2
dentro del área
de dormitorio
hora 7:17 p.m.
10 NPS vivienda 1 - - 42,7 48,2
dentro del área
del dormitorio
hora 21:20
11 NPS vivienda 1 - - 65,9 72,3
dentro del
dormitorio con
vehículo
pesado a las
22:40
• En la Vivienda No. 2 en la que habita Marisol Africano y su núcleo familiar:
Punto de Área de Total dB Total dB Total dB Total dB
medición medición mínimos máximos mínimos máximos
1ra 1ra 2da 2ra
medición medición medición medición
13 NPS vivienda 2, 43,6 48,2 42,4 47,8
área perimetral
sin tráfico hora
5:32 p.m.
14 NPS en área 48,2 49,2 47,9 51,3
perimetral sin
tráfico hora 7:27
p.m. y 9:12p.m.
día dos
15 NPS en 55,2 59,3 57,2 61,2
vivienda 2 área
perimetral con
tráfico de
vehículo liviano,
hora 5:34 p.m.
23
Radicación número: 850012333002201400251 01 (59006)
Actor: Miryam Sanabria Vega y otros
Demandado: Ecopetrol S.A.
Referencia: Reparación Directa
el día uno y el
5:47 p.m. día
dos
16 NPS en 66,4 79,6 67,2 77,9
vivienda 2 área
perimetral con
tráfico vehículo
pesado hora
5:38 p.m. día
uno y 5:47 p.m.
día dos
17 NPS vivienda 2 43,9 53,7 44,2 52,6
dentro del área
de dormitorio
hora 5:40 p.m.
día uno y 5:48
pm. día dos
18 NPS vivienda 2 49,3 52.7 50,1 53,4
dentro del área
de dormitorio
hora 7:29 p.m.
19 NPS vivienda 2 70,5 82,4 72,5 80,2
dentro del
dormitorio con
el registro del
tránsito de una
tractomula al
momento de la
medición
20 NPS vivienda 2 - - 42,7 50,2
hora 22:30 en
área de
perímetro de la
vivienda,
medición día
dos
24
Radicación número: 850012333002201400251 01 (59006)
Actor: Miryam Sanabria Vega y otros
Demandado: Ecopetrol S.A.
Referencia: Reparación Directa
• Vivienda No. 3 donde habita la señora Zoraida Pulido Rodríguez y su núcleo
familiar, de la que se destaca, es la vivienda más cercana al carreteable central y
se halla una diferencia en los patrones de medición porque el primer día de medición
se trataba de una vivienda en obra y en la segunda medición del 10 de febrero
siguiente, ya se encontraba habitada:
Punto Área de Total dB Total dB Total dB Total dB
de medición mínimos máximos mínimos máximos
medició 1ra 1ra 2da 2ra
n medición medición medición medición
21 NPS vivienda 3, 49,4 42,3 50,2 53,4
área perimetral
sin tráfico hora
17:07 y segunda
medición a las
19:17 p.m.
22 NPS en área 50,2 57,5 51,3 57,6
perimetral
vivienda 3 sin
tráfico hora 19:10
y segunda
medición a las
20:15
23 NPS en vivienda 56,7 59,3 57,1 60,3
3 área perimetral
con tráfico de
vehículo liviano,
hora 17:05 y
segunda
medición a las
19:20
24 NPS en vivienda 66,7 81,6 67,8 83,5
3 área perimetral
con tráfico
vehículo pesado
hora 17:09 y
segunda
medición 19:02
25
Radicación número: 850012333002201400251 01 (59006)
Actor: Miryam Sanabria Vega y otros
Demandado: Ecopetrol S.A.
Referencia: Reparación Directa
25 NPS vivienda 3 - - 42,2 45,2
área perimetral
23:40, sin paso
de vehículos
medición día dos
• Medición en áreas perimetrales de tenencia de animales
Punto Área de Total dB Total dB Total dB Total dB
de medición mínimos máximos mínimos máximos
medició 1ra 1ra 2da 2ra
n medición medición medición medición
21 NPS vivienda 50,4 53,3 51,4 54,3
área de galpón de
gallinas
22 NPS en área de 55,6 59,5 54,9 55,5
vacunos
23 NPS en 52,4 59,4 53,5 65,3
perímetros en
potreros
Conclusiones:
El estudio de ruido del sitio de medición se adelantó de acuerdo con el
procedimiento establecido por la Resolución 0627 de 7 de abril de 2006 del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT, para lo cual
se emplearon dos tipos de sonómetros, se realizó actividad in situ a 114dB
antes y después de cada medición.
Para la realización de la medición se tomaron en cuenta las fuentes de ruido,
tales como: emisiones sonoras provenientes de las fuentes móviles (vehículos)
que transitan por la malla vial Aguazul – Pajarito, así como también, de las
fuentes fijas instaladas en el CPF Cupiagua.
(…)
La familia Sanabria Vega (personas adultas) han estado viviendo todo el tiempo
que corresponde al período de construcción de CPF y de la planta de gas,
donde se observa que antes de estar incómodos o afectados directamente por
las condiciones ambientales negativas por la operación del CPF y de la planta
de gas, han realizado paulatinamente mejoras en sus inmuebles y consecución
de servicios públicos vitales como energía y acueducto (siendo tomada el agua
de lugares distintos a nacederos); adicionalmente han logrado beneficios como
es la de ser cobijados por auxilios de vivienda, por parte del Estado.
Los niveles de ruido, el algunos sitios de las casas y por eventos escalonados,
se registra aumento en los decibeles y estos corresponden por acción del tráfico
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automotor de la vía Aguazul – Pajarito, ya que las viviendas están próximas a
la vía; y lo que sucede con la planta de gas, es un ruido continuo y permanente
que estarían dentro de los valores permisibles por la norma, pero es probable
que la situación de continuidad y permanencia del ruido, ayudado con los
eventos de sobresalto en la quema de gas en las teas y operaciones regulares
y/o contingencias, estén afectando la salud de lo moradores por una acción
acumulativa de eventos.
Ahora, en relación con los niveles de iluminación:
Ítem Vivienda 1 (lectura Vivienda 2 (lectura Vivienda 3
Lux) Lux) (lectura Lux)
Luxometría en 35.1 35.1 617
cuarto de vivienda
1 con luz día
Luxometría en 73,1 56,1 042
cuarto vivienda 1
con iluminación
Luxómetro con luz 00 16,00 1,1
apagada
Luxometría en 00 00 0,2
vivienda con luces
apagadas
completamente
Conclusiones de riesgos por niveles de iluminación:
El riesgo atribuible a la presencia de la tea del CPF Cupiagua para el tema de
iluminación es cero dado que al efectuar las mediciones dentro de las tres
viviendas sin iluminación artificial de luz amarilla generada con corriente
eléctrica dio cero, lo cual muestra que el resplandor de la tea no aporta para la
iluminación de las viviendas. Que al efectuar las mediciones de iluminación de
las viviendas uno y dos presentan deficiencias de iluminación.
• Por último, en relación con los niveles de temperatura se obtuvo como resultado
que en el área de las viviendas y sus perimetrales, que la temperatura oscilaba entre
28,4°C y 28,9°C, lo que indicaba que se encontraba dentro de los parámetros
descritos en el plan de desarrollo del municipio de Aguazul, en el que se afirma que
la temperatura alcanzaba un rango de 25,2°C y 35°C.
27
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Ahora, en la audiencia de pruebas se le indagó al perito si existía riesgo de haberse
maquillado la operación del CPF Cupiagua para producir resultados por debajo de
las medidas de su actividad industrial, frente a lo cual, los peritos indicaron que no
se enfrentó diferencias en las mediciones entre la inicial y la final ni el reporte
histórico de operaciones del CPF.
• Obra dictamen pericial de la Fundación Orinoquense -ORI- quien tenía su cargo:
i) determinar si los accionantes residían en los predios de su propiedad, ii)
establecer si por la operación de la planta de gas se causan daños a los propietarios
y moradores, iii) determinar el valor de los predios y de las casas de habitación y
comparar el valor antes de entrada en funcionamiento de la planta de gas e iv)
identificar las evidencias de explotación económica desarrollada en los predios (fls.
2 – 58, c. 6). En consecuencia, se destaca la siguiente información:
En relación con la primera pregunta del cuestionario, se determinó que en el predio
Los Ángeles se encuentran construidas 3 casas de habitación, una de ellas habitada
por la señora Miryam Sanabria y dos personas más y las otras dos viviendas
habitadas por sus hijos en compañía de sus núcleos familiares, en cuanto al predio
de la Pradera I y Pradera II no tienen casa de habitación, los predios los comprende
un potrero que hacen parte de la actividad económica del predio Los Ángeles.
En cuanto a la segunda pregunta, el perito señaló que, “en consecuencia del
concepto emitido por el ingeniero William Rojas Vergara líder de la pericia del
componente ambiental se concluye que los niveles de presión sonora niveles de
iluminación y partículas en suspensión no alteran las condiciones ambientales los
niveles existentes están dentro de los parámetros establecidos no hay acciones o
efectos que afecten el patrimonio de los propietarios y moradores de los predios
denominados Los Ángeles la Pradera uno y la Pradera II”.
A continuación, determinó el valor de los predios y determinó que “antes de la
operación de la petrolera tenían la misma explotación realizada en la actualidad; no
se han tecnificado las actividades económicas. El análisis de mercado no arroja que,
con la operación de la planta, el precio haya estado mayor o menor, el
comportamiento ha sido acorde al incremento del IPC”.
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Por último, estableció que el único predio explotado con actividad agrícola es Los
Ángeles, con leche, gallinas y ganadería. Advirtió que no se halló afectación a las
actividades desarrolladas por la operación de la planta de gas y que a la fecha de
presentación del dictamen estas continuaban en pleno ejercicio.
• Obran las siguientes declaraciones practicadas en primera instancia, las cuales se
sintetizan así:
Se practicó prueba testimonial de Ramiro Ávila Díaz, residente del municipio de
Aguazul quien manifestó conocer a la señora Miryam Sanabria y a su núcleo
familiar; que los demandantes residían en los predios objeto de la controversia, y
que había visto en funcionamiento la CPF Cupiagua y percibido un cambio de
temperatura, que hacía mucho calor y el ruido era más fuerte (fl. 551, c. 3).
El señor Álvaro Torres quien manifestó haber trabajado con la señora Miryam
Sanabria, y que había apreciado un cambio desde la ampliación de la planta de gas,
porque eran más notorios el ruido, el calor, y los árboles se secaron, por lo que se
vio afectado el medio ambiente (fl. 552, c. 3).
El señor Onofre de Jesús Cruz Pérez aseguró que conocía a la señora Miryam
Sanabria; a quien había prestado sus servicios en labores de agricultura y
ganadería, y que debido a las teas de la planta de gas se había presentado un
aumento de calor, de luz y ruidos, que eran molestos a la hora de dormir (fl. 553, c.
3).
Al señor Henry Eduardo Castro Núñez, representante legal de Antek S.A., se le puso
de presente el documento correspondiente al informe técnico allegado por Ecopetrol
con la contestación de la demanda, respecto del cual ratificó su contenido. Señaló
que esta había sido realizada por la empresa con el fin de hacer seguimiento
ambiental a la CPF de Cupiagua. Expuso que en el informe existían cuadros
comparativos del antes y después de la entrada en operación del CPF Cupiagua, y
que estos arrojaron como resultado un leve aumento.
También rindió declaración la ingeniera ambiental Ingrid Chaparro Fernández, quien
trabaja para la empresa Antek, asegura que fue ella quien programó el estudio en
la CPF de Cupiagua y posteriormente lo revisó. Que el objetivo del estudio consistió
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en determinar los niveles de presión sonora, niveles de radiación en las zonas
aledañas al CPF Cupiagua para dar respuesta a un proceso de tutela en contra de
Ecopetrol S.A. Explicó que en Colombia no existe norma que fije parámetro de
tolerancia de la vida humana y animal en relación con el calor y la luminosidad que
provocan las teas, pero, que se toma como estándar de medida la norma API para
el sector hidrocarburos que corresponde a 1.000 luxes. Señaló que al momento de
realizar el estudio existían varias fuentes de ruido y que en relación con la radiación
térmica y luminosidad adujo que no se hallaron desviaciones en las mediciones
respecto de la normatividad ambiental.
Rindió declaración el señor Jorge Esneider Leguizamo, ingeniero ambiental,
trabajador de Antek S.A. quien realizó los procedimientos de acústica ambiental
para el monitoreo solicitado por Ecopetrol. Señaló que, de acuerdo con los hallazgos
de las mediciones, con la planta de gas apagada o encendida el ruido que se percibe
es similar porque hay una combinación acústica en la zona. En relación con la
residencia de la señora Miryam Sanabria aseguró que el nivel de referencia es de
55 decibeles diurno y 45 nocturno y que cerca de la vivienda se registraron 53.7
decibeles, pero que el ruido provenía principalmente de las vías aledañas. En
relación con la evaluación de iluminación expresó que no existían normas claras
respecto de las mediciones, pero que de todas maneras los registros daban cuenta
de que se encontraban debajo de cualquier registro de afectación. “aun estando en
zona industrial el registro de temperatura y luz tiende a desaparecer” los límites se
estudiaron conforme a normas de salud ocupacional.
• Análisis de la configuración del daño:
Se constata que el litigio se fijó principalmente en establecer si con la operación de
la ampliación de la planta de gas del CPF de Cupiagua que generan altos niveles
de ruido, luminosidad y temperatura de la zona, se causan daños a los propietarios
y moradores de los predios Los Ángeles, Pradera I y Pradera II, y se precisó que se
establecería la clase de daño patrimonial y extrapatrimonial.
Así, en consideración con los argumentos planteados por los demandantes, el
Tribunal al proferir sentencia señaló que el daño, como primer elemento de
responsabilidad extracontractual, constituía el estudio de i) la afectación de las
condiciones de vida humana de los habitantes de las viviendas de los tres predios,
30
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ii) merma de productividad de la explotación agropecuaria de los inmuebles y iii)
pérdida absoluta del valor patrimonial de los predios, frente a lo cual consideró que
dichas afectaciones no se probaron.
La parte demandante apeló la decisión para señalar que, en relación con la
afectación a la humanidad de los residentes de los predios aledaños a la planta de
gas, que con su operación produce altos niveles de ruido, iluminación y temperatura,
constituía un hecho notorio; asimismo, advirtió que los testimonios practicados en
la primera instancia daban cuenta de los efectos nocivos que causaba la quema de
gas y que, en todo caso, Ecopetrol S.A. se encontraba en mejores condiciones de
probar las afectaciones ambientales que ocasionada con la operación de la planta,
motivo por el cual, era procedente la carga dinámica de la prueba.
Frente a lo dicho, valga precisar que la Sección Tercera ha expuesto que “la
jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que ‘el hecho notorio además de
ser cierto, es público, y sabido del juez y del común de las personas que tienen una
cultura media. Y según las voces del artículo 177 del C. de P.C. el hecho notorio no
requiere prueba; basta que se conozca que un hecho tiene determinadas
dimensiones y repercusiones suficientemente conocidas por gran parte del común
de las personas que tiene una mediana cultura, para que sea notorio 4”.
En ese sentido, la Sala no puede dar como cierto, público y sabido por el juez de
instancia y el común de las personas, que la planta de gas del CPF de Cupiagua
produjeron afectación a la salud de los demandantes por las emisiones sonoras, la
presión lumínica y de temperatura producida por su operación en la zona donde
habitan los demandantes. En ese orden, debe recordarse que no basta alegar que
un hecho es notorio para que no deba probarse. Por el contrario, quien lo aduce
debe asegurarse de que se trata de un asunto de conocimiento ampliamente
extendido, pues la sola afirmación de que la salud se ve afectada por la operación
de la planta de gas no constituye un hecho notorio ni, menos aún, puede constituir
el sustento para suponer un daño cierto, personal e indemnizable, dado que esto
constituye la práctica de otras pruebas que medirán la influencia de la operación en
el territorio y sus habitantes.
4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 14 de septiembre de 2016, exp. 25000232600020010182502 (34.349), CP: Hernán
Andrade Rincón.
31
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Así como tampoco, es posible aplicar el criterio de la carga dinámica de la prueba
para probar dicha afectación, en primer término, porque feneció el término procesal
para solicitar la distribución de la carga probatoria5 y porque las pruebas practicadas
se decretaron con plena garantía del derecho al acceso a la administración de
justicia; aunque los demandantes no lograran acreditar los supuestos de hecho
aludidos en la demanda.
Ahora, en relación con el argumento de los apelantes al señalar que se debía valorar
el dictamen pericial que fue rendido en el trámite de acción de tutela formulada antes
de la presentación de la demanda, cuyos hallazgos son contestes en exponer los
altos niveles sonoros emitidos por la planta de gas del CPF Cupiagua, debe
recordarse, que dicho informe técnico solo podía ser valorado como prueba
documental, tal como lo hizo, en un plano de igualdad, con el informe técnico
presentado por Ecopetrol S.A. desarrollado por la empresa Antek S.A., porque
ninguno de los dos cumplían las exigencias del artículo del 226 C.G.P. en relación
a comprobar las experiencias y calidades de los expertos que rindieron la
investigación. De todas maneras, al margen de su valoración, el tribunal no
fundamentó su decisión en dichas pruebas, pues, le dio mayor credibilidad a la
inspección judicial y las pruebas técnicas practicadas en el trámite de la primera
instancia, comoquiera que la aquella no era concluyente en determinar los niveles
de presión sonora de acuerdo con la fuente del ruido.
Así, se tiene que de aquellas pruebas técnicas realizadas por la Universidad
Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano y la Fundación
Orinoquense, para determinar esos valores de presión auditiva, lumínica y de
temperatura en los predios y viviendas de los demandantes, se constató que las
viviendas se hallaban expuestas a diferentes fuentes de sonido, las teas y el tráfico
vehicular, y que “no hay presión sonora en las viviendas que desborden las
regulaciones técnicas y ambientales para el sitio rural que guarde nexo con la
5
ARTÍCULO 167. CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de
las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte,
distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso
antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación
más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se
considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por
tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido
directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad
en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares.
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Radicación número: 850012333002201400251 01 (59006)
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actividad de las teas”. Del mismo modo, se señaló en relación con los efectos
lumínicos de las teas, que la interpretación pericial da cuenta de la percepción que
tuvo el magistrado en la inspección judicial, al señalar que no se evidenciaba
ninguna luminosidad por parte de las teas al interior de las habitaciones de las
viviendas. Por último, se obtuvo con la experticia que los efectos calóricos de las
teas no tenían incidencia en la temperatura de la zona.
Se demostró, entonces, que no se hallaban cambios significativos en la alteración
de las condiciones de las viviendas que, en efecto, hay una percepción de ruido de
las teas, pero, que, una vez hechas las mediciones, estás no superan los niveles
permitidos de la zona, considerada como rural, que de acuerdo con la Resolución
627 de 2006 que establece un valor máximo en 55 dB.
Ahora, concuerda la Sala con la apreciación realizada por el perito de Unitrópico
cuando señaló que, si bien no se corroboraron que se hayan superado los niveles
de ruido permitidos por la norma ambiental, pero que, de todas maneras, existe la
probabilidad de que al ser un sonido prolongado, pese a estar dentro de los rangos
permitidos, su continuidad en el tiempo pueda causar afectaciones a la salud de los
habitantes de la zona aledaña al CPF Cupiagua. En ese sentido, se considera que
debió probarse esa “probable afectación a salud” para que constituyera un daño
indemnizable, pero esta no se halla acreditada con los elementos probatorios
practicados en el plenario.
Nótese, como la parte demandante se preocupó por demostrar que la planta de gas
CPF de Cupiagua había superado los niveles de presión sonora, lumínica y de
temperatura -hecho que de todas formas se desvirtuó-, pero, no aportó elementos
de juicio que permitieran tener por probada esa afectación a la salud física y
psicológica advertida en el libelo, al punto que desistió del dictamen médico
decretado a su solicitud.
Ahora, aducen los demandantes que si la prueba no se practicó fue por la falta de
recursos económicos para solventarla; sin embargo, precisa la Sala que a la parte
no se le negó el derecho de acceso a la administración de justicia; que bien podía
haber presentado otras pruebas, pues dicha experticia no constituye tarifa legal para
probar el daño alegado, porque si bien es precisa y conducente, no es la única que
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pudiera dar cuenta de los hechos alegados en la demanda. Otra consideración, es
que, de ser procedente, existía la posibilidad de presentar un amparo de pobreza6.
Ahora, los testimonios de los señores Ramiro Ávila Díaz, Álvaro Torres y Onofre de
Jesús Cruz Pérez, practicados en la primera instancia, advierten el funcionamiento
de las teas y la percepción que estos tienen respecto de ruido, temperatura y
luminosidad que producen estas y que logran causar molestias, pero, no son
concluyentes del daño alegado por los accionantes.
En esa misma línea, se considera que las experticias, cuyos hallazgos no fueron
objetado por las partes y en audiencia de pruebas fueron debidamente
complementados y aclarados, son concluyente en establecer que no se encontraron
daños patrimoniales a los predios ni a la actividad económica de los demandantes
por la operación de la planta de gas.
Pues bien, debe advertirse, que en razón a que el primer elemento a estudiar dentro
del esquema de la configuración de la responsabilidad extracontractual del Estado,
es menester, probar dicha afectación, y la Sección Tercera ha sido enfática, al
margen del régimen de imputación aplicable al caso, que el daño reviste de
características para su comprobación y configuración.
Así, el daño antijurídico, para que fuera indemnizable, requería estar cabalmente
estructurado; por tal motivo, esta Sección del Consejo de Estado 7 ha establecido
que resulta imprescindible acreditar: i) que el daño sea antijurídico, esto es, que la
persona no tiene el deber jurídico de soportarlo, “se excluyen las decisiones que se
mueven en la esfera de lo cuestionable o las sentencias que contienen
interpretaciones válidas de los hechos o derechos”8.; ii) que lesione un derecho, bien
o interés protegido por el ordenamiento legal y; iii) que el daño sea cierto, es decir,
6
ARTÍCULO 151. PROCEDENCIA. Se concederá el amparo de pobreza a la persona que no se
halle en capacidad de atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia
subsistencia y la de las personas a quienes por ley debe alimentos, salvo cuando pretenda hacer
valer un derecho litigioso a título oneroso.
7
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 13 de agosto de 2008, exp. 16.516 MP.
Enrique Gil Botero y sentencia del 6 de junio de 2012 dictada por esta Subsección dentro del
expediente No. 24.633, M.P. Hernán Andrade Rincón, reiterada en sentencia del 24 de octubre de
2017, expediente No 32.985B, entre otras.
8
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 27 de
abril de 2006, expediente: 14837 y 23 de abril de 2008, expediente: 16271. Reiterada por la
Subsección A, en sentencia del 1 de marzo de 2018, expediente 52.097, y por la Subsección C, en
sentencia del 7 de mayo de 2018, expediente 40.610. M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
34
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que se puede apreciar material y jurídicamente y, por ende, no se limita a una mera
conjetura y que, además, debe ser personal.
Asimismo, esta Subsección ha considerado que el daño debe ser determinado o
determinable e indemnizable, so pena de configurarse como eventual e hipotético,
al respecto se destaca el siguiente pronunciamiento:
Para que el daño sea resarcible o indemnizable la doctrina y la jurisprudencia
han establecido que debe reunir las características de cierto, concreto o
determinado y personal. En efecto, en la materia que se estudia la doctrina es
uniforme al demandar la certeza del perjuicio. Tal es el caso de los autores
Mazeaud y Tunc, quienes sobre el particular afirman:
‘Al exigir que el perjuicio sea cierto, se entiende que no debe ser por ello
simplemente hipotético, eventual. Es preciso que el juez tenga la certeza de
que el demandante se habría encontrado en una situación mejor si el
demandado no hubiera realizado el acto que se le reprocha. Pero importa poco
que el perjuicio de que se queje la víctima se haya realizado ya o que deba tan
sólo producirse en lo futuro. Ciertamente, cuando el perjuicio es actual, la
cuestión no se plantea: su existencia no ofrece duda alguna. Pero un perjuicio
futuro puede presentar muy bien los mismos caracteres de certidumbre. Con
frecuencia, las consecuencias de un acto o de una situación son ineluctables;
de ellas resultará necesariamente en el porvenir un perjuicio cierto. Por eso, no
hay que distinguir entre el perjuicio actual y el perjuicio futuro; sino entre el
perjuicio cierto y el perjuicio eventual, hipotético (...)’
Por otra parte, la jurisprudencia del Consejo de Estado colombiano ha señalado
la necesidad de que el daño, para aspirar a ser indemnizado, tiene que estar
de certeza. No puede por tanto tratarse de un daño genérico o hipotético sino
un daño específico:
(…).
En este orden de ideas, la certeza del perjuicio hace relación a la evidencia y
seguridad de su existencia, independientemente de que sea presente o futura,
mientras que la eventualidad precisamente se opone a aquella característica,
es decir, es incierto el daño ‘cuando hipotéticamente puede existir, pero
depende de circunstancias de remota realización que pueden suceder o no’ y,
por lo tanto, no puede considerarse a los efectos de la responsabilidad
patrimonial. Y la concreción del daño se dirige a que el bien que se destruye
deteriora o modifica se precisa finalmente en la determinación o cuantificación
del monto indemnizable9.
Así las cosas, en los anteriores términos, se confirmará la decisión del Tribunal
Administrativo del Casanare al no encontrarse probado el daño alegado por los
demandantes.
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 27 de enero de 2012, exp. 20614, C. P. Mauricio Fajardo Gómez. Criterio reiterado
por esta subsección, entre otras decisiones, en Sentencia del 14 de septiembre de 2017, exp. 44260;
Sentencia del 28 de septiembre de 2017, exp. 53447; Sentencia del 19 de abril de 2018, exp. 56171;
Sentencia de 19 de marzo de 2020, exp.53205.
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7. Condena en costas
Como se resolvió de manera desfavorable el recurso de apelación debe dársele
aplicación a lo prescrito en el artículo 188 del CPACA, que establece que en la
sentencia debe disponerse sobre la imposición de costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por el procedimiento civil, con la salvedad de que, como esa
condena obedece a un factor objetivo, no se tiene en cuenta la conducta de las
partes, sino los supuestos consagrados por la norma.
Así, el artículo 365 del CGP señala que hay lugar a condenar en costas a la parte
vencida en un proceso; sin embargo, el artículo 361 ibidem establece que las costas
«están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el
curso del proceso y por las agencias en derecho». Estas últimas, vale aclarar, serán
determinadas por las tarifas que, para el efecto, establezca el Consejo Superior de
la Judicatura, de conformidad con el numeral 4 del artículo 366 de esa misma
norma.
Así, se condenará en costas a la parte demandante, es decir, a quien interpuso el
recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, debido a que
no prosperó. La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el Tribunal
a quo, en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso.
En relación con las agencias en derecho correspondientes a esta instancia, de
conformidad con lo previsto en el numeral 4 del artículo 366 del CGP, se tiene en
cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada, la cuantía del
proceso y otras circunstancias especiales si las hubiere.
En ese sentido se observa que se trata de un proceso de reparación directa, cuyas
pretensiones equivalen a la suma de $2.706’119.100, asunto en el que la parte
demandante resultó vencida en segunda instancia porque no se accedió a lo
pretendido con el recurso de apelación.
De conformidad con lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura en el
acuerdo vigente para la fecha en que se presentó la demanda, en materia de tarifas
de agencias en derecho se debe observar lo prescrito en el Acuerdo 1887 de 2003.
36
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A partir de lo expuesto, se fijan las agencias en derecho en la segunda instancia en
el 1% de $2.706’119.00 10 , es decir, la suma de $27’061.191; pero que en
consideración con el artículo 365.6 del C.G.P., la condena deberá ser proporcional
en relación con los intereses pretendidos. Así:
PRETENSIÓN 1% DE LA
DEMANDANTES
PRETENSIÓN
1 Miryam Sanabria $1.482’773.10011 $14’827.731
2 Dalila Adriana Soler Sanabria $332’773.00012 $3’327.730
3 Edwin Arley Sanabria $397’773.00013 $3’977.730
4 Natalia Lucero Soler Sanabria $61’600.00014 $616.000
5 Sara Sofía Beltrán Soler $61’600.00015 $616.000
6 Zoraida Rodríguez Pulido $61’600.00016 $616.000
7 David Steven Sanabria Rodríguez $61’600.00017 $616.000
8 Edwin Sneider Sanabria Rodríguez $61’600.00018 $616.000
9 Luis Alejandro Soler Sanabria $61’600.00019 $616.000
10 Marisol Martínez Africano $61’600.00020 $616.000
11 Jessica Alejandra Soler Martínez $61’600.00021 $616.000
TOTAL $27.061.191
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
10
La parte demandante estimó la cuantía en $2.445’000.000 que corresponde la sumatoria de las
pretensiones por perjuicios materiales e inmateriales en la suma; sin embargo, una vez verificada la
sumatoria de estas, el resultado arrojado corresponde a $2.706’119.100, monto que será la base del
cálculo de las agencias en derecho.
11
Solicitó 1.421’173.100 por perjuicios materiales y 100 SMLMV por perjuicios morales, los que
equivalían a $61’600.000.
12
Solicitó 271’173.000 por perjuicios materiales y 100 SMLMV por perjuicios morales, los que
equivalían a $61’600.000.
13
Solicitó $336’173.000 por perjuicios materiales y 100 SMLMV por perjuicios morales, los que
equivalían a $61’600.000.
14
Solicitó por perjuicios morales 100 SMLMV, los que equivalían a $61’600.000.
15
Solicitó por perjuicios morales 100 SMLMV, los que equivalían a $61’600.000.
16
Solicitó por perjuicios morales 100 SMLMV, los que equivalían a $61’600.000.
17
Solicitó por perjuicios morales 100 SMLMV, los que equivalían a $61’600.000.
18
Solicitó por perjuicios morales 100 SMLMV, los que equivalían a $61’600.000.
19
Solicitó por perjuicios morales 100 SMLMV, los que equivalían a $61’600.000.
20
Solicitó por perjuicios morales 100 SMLMV, los que equivalían a $61’600.000.
21
Solicitó por perjuicios morales 100 SMLMV, los que equivalían a $61’600.000.
37
Radicación número: 850012333002201400251 01 (59006)
Actor: Miryam Sanabria Vega y otros
Demandado: Ecopetrol S.A.
Referencia: Reparación Directa
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 9 de febrero de 2017, por el
Tribunal Administrativo de Casanare.
SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS, en segunda instancia, a la parte
demandante, las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el a quo, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 366 del CGP.
Se fijan como agencias en derecho, en segunda instancia, a cargo de la parte actora
y a favor de Ecopetrol S.A., la suma correspondiente a $27.061.191 que deberá ser
pagada así:
PRETENSIÓN 1% DE LA
DEMANDANTES
PRETENSIÓN
1 Miryam Sanabria $1.482’773.10022 $14’827.731
2 Dalila Adriana Soler Sanabria $332’773.00023 $3’327.730
3 Edwin Arley Sanabria $397’773.00024 $3’977.730
4 Natalia Lucero Soler Sanabria $61’600.00025 $616.000
5 Sara Sofía Beltrán Soler $61’600.00026 $616.000
6 Zoraida Rodríguez Pulido $61’600.00027 $616.000
7 David Steven Sanabria Rodríguez $61’600.00028 $616.000
8 Edwin Sneider Sanabria Rodríguez $61’600.00029 $616.000
9 Luis Alejandro Soler Sanabria $61’600.00030 $616.000
10 Marisol Martínez Africano $61’600.00031 $616.000
11 Jessica Alejandra Soler Martínez $61’600.00032 $616.000
TOTAL $27.061.191
Sin condena en costas, en primera instancia, según lo consignado en la decisión
del 9 de febrero de 2017.
22
Solicitó 1.421’173.100 por perjuicios materiales y 100 SMLMV por perjuicios morales, los que
equivalían a $61’600.000.
23
Solicitó 271’173.000 por perjuicios materiales y 100 SMLMV por perjuicios morales, los que
equivalían a $61’600.000.
24
Solicitó $336’173.000 por perjuicios materiales y 100 SMLMV por perjuicios morales, los que
equivalían a $61’600.000.
25
Solicitó por perjuicios morales 100 SMLMV, los que equivalían a $61’600.000.
26
Solicitó por perjuicios morales 100 SMLMV, los que equivalían a $61’600.000.
27
Solicitó por perjuicios morales 100 SMLMV, los que equivalían a $61’600.000.
28
Solicitó por perjuicios morales 100 SMLMV, los que equivalían a $61’600.000.
29
Solicitó por perjuicios morales 100 SMLMV, los que equivalían a $61’600.000.
30
Solicitó por perjuicios morales 100 SMLMV, los que equivalían a $61’600.000.
31
Solicitó por perjuicios morales 100 SMLMV, los que equivalían a $61’600.000.
32
Solicitó por perjuicios morales 100 SMLMV, los que equivalían a $61’600.000.
38
Radicación número: 850012333002201400251 01 (59006)
Actor: Miryam Sanabria Vega y otros
Demandado: Ecopetrol S.A.
Referencia: Reparación Directa
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen para lo de su cargo.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el
link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Firmado electrónicamente
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
VF
39
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