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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 86001-23-33-000-2025-00088-01

Fecha
9 de octubre de 2025
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 86001-23-33-000-2025-00088-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 22 de septiembre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Putumayo. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 86001-23-33-000-2025-00088-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

9 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Nueve (9) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 86001-23-33-000-2025-00088-01
Accionante: JACOB BERMÚDEZ ARRECHEA
Accionado: JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE MOCOA

Tema: Tutela contra providencia judicial — confirma decisión que
declaró la improcedencia de la solicitud de amparo —
subsidiariedad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve la impugnación de la parte actora contra la sentencia proferida
el 22 de septiembre de 2025 por el Tribunal Administrativo del Putumayo. Lo
anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de
2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 2019 1 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.

Por auto del 9 de septiembre de 20252, el a quo admitió la acción constitucional,
y mediante la providencia del 30 del mismo mes se concedió la impugnación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. El señor Jacob Bermúdez Arrechea, actuando en nombre propio, presentó
acción de tutela en contra del Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial
de Mocoa. Con la solicitud de amparo pretende que se le protejan sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, al
trabajo, a la seguridad social y al mínimo vital.

2. Las anteriores trasgresiones constitucionales se las adjudica al auto del 13

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 5 del expediente de primera instancia en Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar

que se notificó como accionado al Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Mocoa.
Además, se especificó que no había necesidad de vincular al Ejército Nacional (demandado en
el ordinario), porque no se trabó la litis, y se negó la medida provisional solicitada.

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Accionante: Jacob Bermúdez Arrechea
Accionado: Juzgado Primero Administrativo
del Circuito Judicial de Mocoa
Radicado: 86001-23-33-000-2025-00088-01

de agosto de 2025, proferido por el juzgado accionado, mediante el cual se
dispuso el rechazo de la demanda al interior del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado 86001-33-33-001-2025-
00056-00.

3. En concreto, la parte actora solicitó lo siguiente:

1. Que se amparen mis derechos fundamentales al debido proceso, acceso
a la administración de justicia, trabajo, seguridad social y mínimo vital.

2. Que se deje sin efectos el Auto de rechazo proferido por el Juzgado
Primero Administrativo del Circuito de Mocoa dentro del proceso N.R.D.
2025-00056.

3. Que se ordene a la autoridad judicial demandada admitir la demanda de
Nulidad y Restablecimiento del Derecho, garantizando el acceso a la
justicia3.

1.2. Hechos

4. El 19 de marzo de 2025, el señor Jacob Bermúdez Arrechea interpuso
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del Ministerio de
Defensa Nacional — Ejército Nacional, con el fin de que se anule la Orden
Administrativa de Personal núm. 1968 del 2 de septiembre de 2014 que dispuso
su desvinculación de la entidad y, en consecuencia, se ordene su reintegro a la
institución.

5. Al medio de control se le asignó el radicado 86001-33-33-001-2025-00056-
00 y le correspondió por competencia al Juzgado Primero Administrativo del
Circuito Judicial de Mocoa4, quien, mediante la providencia del 26 de junio de
2025, inadmitió la demanda puesto que advirtió múltiples falencias en el escrito
inicial5.

6. Si bien el accionante allegó un escrito con el que pretendió la subsanación
de lo advertido, el juzgado demandado, a través del auto del 13 de agosto de
2025, rechazó la demanda en virtud de los numerales 1 y 2 del artículo 169 de la
Ley 1437 de 20116. Después de corroborar que no se cumplió a cabalidad con lo

3 Transcrito literal del escrito de tutela, con posibles errores.
4 Inicialmente, el medio de control fue repartido a la Subsección A de la Sección Segunda del

Consejo de Estado, pero dicha autoridad judicial a través del auto del 2 de abril de 2025 declaró
su falta de competencia y remitió a los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Mocoa
(reparto).
5 Destacó los siguientes defectos formales: (i) falta de la constancia de notificación del acto

administrativo demandado, (ii) incumplimiento del requisito previo de efectuar la conciliación
prejudicial, (iii) ausencia del poder especial otorgado a algún profesional del derecho (pues actuó
a nombre propio y no es abogado), (iv) carencia de la estimación razonada de la cuantía, y (v) no
enviar la demanda y sus anexos al correo electrónico del demandado.
6 ARTÍCULO 169. RECHAZO DE LA DEMANDA. Se rechazará la demanda y se ordenará la

devolución de los anexos en los siguientes casos:
1. Cuando hubiere operado la caducidad.
2. Cuando habiendo sido inadmitida no se hubiere corregido la demanda dentro de la oportunidad
legalmente establecida. […]

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advertido en la decisión que inadmitió, concluyó que, además, operó el fenómeno
jurídico de la caducidad en el caso concreto.

7. Por un lado, expuso que: (i) no se cumplió con el derecho de postulación,
pues no se allegó ningún poder que facultara a algún abogado para representarlo
dentro del medio de control; (ii) radicó la solicitud de conciliación prejudicial
apenas el 9 de julio de 2025, esto es por fuera del plazo que tenía para cumplir
con ese requisito de procedibilidad; y (iii) no se allegó copia de la constancia de
notificación del acto administrativo demandado.

8. Por el otro lado, sostuvo que en razón a que la demanda fue interpuesta
el 19 de marzo de 2025 la caducidad había operado hace más de 10 años,
teniendo en cuenta que el término de 4 meses para la presentación del medio de
control que dispone el literal «d» del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de
20117, empezó a correr desde 3 de septiembre de 2014.

1.3. Sustento de la vulneración

9. La parte actora afirmó que la autoridad judicial accionada, al proferir la
providencia aquí controvertida, vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia, al trabajo, a la seguridad social
y al mínimo vital. Ello, debido a que se rechazó la demanda pese a que cumplió
con la subsanación dentro del término otorgado, y a que dicha decisión
imposibilita tener una discusión judicial respecto de su reintegro al Ejército
Nacional.

1.4. Intervención

10. Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Mocoa.
Solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela de la referencia o
en su defecto que se niegue el amparo solicitado.

11. Primero, estimó que no se cumple con el requisito de subsidiariedad, dado
que el actor no demostró estar en un estado de indefensión que justifique la
intervención del juez constitucional y, en todo caso, el accionante controvirtió la
legalidad de su desvinculación a través de una acción de tutela en contra del
Ejército Nacional por haber expedido la Orden Administrativa de Personal núm.
1968 del 2 de septiembre de 20148.

12. Segundo, sostuvo que no vulneró derecho fundamental alguno del señor

7 ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. La demanda deberá

ser presentada: […]
2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: […]
d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse
dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación,
notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones
establecidas en otras disposiciones legales; […]
8 Índice 3 del expediente con radicado 86001-33-33-001-2025-00056-00 en Samai. En concreto,

se encuentra en el archivo núm. 3, folios 33 al 46.

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Accionado: Juzgado Primero Administrativo
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Jacob Bermúdez Arrechea, pues aún teniendo la facultad de haber rechazado de
plano el escrito inicial por haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad,
en virtud de la garantía constitucional de acceso a la administración de justicia,
le dio la oportunidad al actor de argumentar por qué no acudió al medio de control
en su debido momento.

1.5. Sentencia de primera instancia

13. Mediante el fallo del 22 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo
del Putumayo declaró la improcedencia de la solicitud de amparo de la referencia
por no cumplir con el requisito de subsidiariedad. Esto, debido a que no interpuso
el recurso de apelación contra el auto que rechazó la demanda, pese a que el
artículo 243 de la Ley 1437 de 20119 dispone su procedencia, y ninguna
circunstancia justificó su omisión. Por lo último, concluyó que no es procedente
analizar la tutela como mecanismo transitorio.

1.6. Impugnación

14. El señor Jacob Bermúdez Arrechea pidió que se revocará la decisión del
tribunal y se accediera al amparo solicitado. En concreto, respecto del
incumplimiento del requisito de subsidiariedad adujo que debe superarse, por las
siguientes dos razones: (i) su situación de vulnerabilidad socioeconómica le
impidió acceder a una defensa técnica privada, y, como justificación de ello,
solicitó acompañamiento ante la Defensoría del Pueblo de Mocoa; y (ii) el rechazo
del medio de control constituye un perjuicio irremediable en su contra, puesto que
afecta su subsistencia y la de su familia al cerrar la posibilidad de controvertir la
legalidad de su desvinculación del Ejército Nacional.

15. Adicionalmente, sostuvo que la Corte Constitucional10 ha dispuesto la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales cuando: (i)
exista un defecto procedimental o sustantivo, (ii) el accionante esté en condición
de especial vulnerabilidad, y (iii) se requiera la intervención urgente del juez
constitucional para evitar un perjuicio irremediable.

II. CONSIDERACIONES

16. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que declaró la
improcedencia de la solicitud de amparo. En tal sentido, se demostrará que en el
asunto no se supera el requisito general de subsidiariedad.

9 ARTÍCULO 243. APELACIÓN. Son apelables las sentencias de primera instancia y los
siguientes autos proferidos en la misma instancia:
1. El que rechace la demanda o su reforma, y el que niegue total o parcialmente el mandamiento
ejecutivo. […]
10 Corte Constitucional, sentencias SU-961 de 1999, T.255 de 2013, y T-694 de 2017.

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Caso Concreto

La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales

17. El Consejo de Estado11 y la Corte Constitucional12, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales13 y a la configuración de algún
defecto especial14 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.

18. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.

19. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple
con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a
exponerse.

20. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa) y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).

21. La Sala advierte que el señor Jacob Bermúdez Arrechea Figueroa está
legitimado en la causa por activa, porque integra la parte demandante dentro del
medio de control en el que se dictó la providencia que se reprocha mediante esta
vía. Por otro lado, se evidencia que el Juzgado Primero Administrativo del Circuito
Judicial de Mocoa está legitimado en la causa por pasiva por haber proferido la
decisión cuestionada a través del presente trámite.

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de

2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
12 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;

SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
13 (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii)subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v)

efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza.
14 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material

o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.

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22. Subsidiariedad. El artículo 86 de la Constitución Política consagró el
carácter subsidiario de la acción de tutela frente a los medios ordinarios de
defensa. En virtud de dicho requisito, la Corte Constitucional ha determinado que
la acción de tutela solo procede en dos casos excepcionales15: (i) como
mecanismo de protección definitivo, si el afectado no dispone de otro medio de
defensa judicial idóneo16 y eficaz17; y (ii) como mecanismo de protección
transitorio.

23. En el caso concreto, el actor cuestionó la providencia del 13 de agosto de
2025, proferido por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de
Mocoa, que dispuso el rechazo de la demanda al interior del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 86001-33-33-
001-2025-00056-00. Al respectó, indicó que la autoridad judicial demandada
vulneró sus derechos fundamentales, debido a que: (i) se rechazó el escrito inicial
pese a que cumplió con la subsanación de lo advertido por el juzgado dentro del
término otorgado; y (ii) la decisión reprochada imposibilita tener una discusión
judicial respecto de su reintegro al Ejército Nacional.

24. Así las cosas, esta Sección advierte que, como lo expuso el Tribunal
Administrativo del Putumayo, la solicitud de amparo resulta improcedente por no
cumplir con el requisito de subsidiariedad. Lo anterior, en virtud de que, contra el
auto del 13 agosto de 2025, mediante el cual se rechazó la demanda, procedía
el recurso de apelación de conformidad con lo estipulado en el artículo 243 de la
Ley 1437 de 201118; no obstante, el actor no recurrió la decisión.

25. En este punto, es importante reiterar que la acción de tutela, dada su
naturaleza subsidiaria «pretende evitar que se soslayen los cauces ordinarios
para la resolución de las controversias jurídicas, se convierta en un instrumento
supletorio cuando no se han utilizado oportunamente dichos medios, o sea una
instancia adicional para reabrir debates concluidos»19.

26. Ahora bien, se destaca que el accionante en el escrito de impugnación
adujo que el requisito de subsidiariedad debe superarse porque la situación de
vulnerabilidad socioeconómica que padece le impidió acceder a una defensa
técnica privada, y, además, el rechazo de la demanda al cerrar la posibilidad de
controvertir la legalidad de su desvinculación del Ejército Nacional constituye un
perjuicio irremediable en su contra, «pues la falta de ingresos y la imposibilidad
de acceder a mis derechos laborales compromete mi subsistencia y la de mi

15 Corte Constitucional, Sentencia T-183 de 2024.
16 De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, es idóneo si es «materialmente apto para

producir el efecto protector de derechos fundamentales». Al respecto, ver sentencia SU-379 de
2019.
17 La Corte Constitucional ha considerado que la eficacia se refiere a si el mecanismo judicial está

diseñado para brindar una protección oportuna a los derechos fundamentales vulnerados.
18 ARTÍCULO 243. APELACIÓN. Son apelables las sentencias de primera instancia y los

siguientes autos proferidos en la misma instancia:
1. El que rechace la demanda o su reforma, y el que niegue total o parcialmente el mandamiento
ejecutivo. […]
19 Corte Constitucional, sentencia SU-712 de 2013.

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núcleo familiar».

27. Para determinar la existencia de un perjuicio irremediable para efectos de
superar el requisito bajo estudio, la Corte Constitucional20 ha establecido que «(i)
el perjuicio debe ser inminente, es decir, no basta con que exista una mera
posibilidad de que se produzca el daño; (ii) el perjuicio que se cause sea grave,
lo que implicaría, en consecuencia, un daño de gran intensidad sobre la persona
afectada; (iii) las medidas que se requieran para evitar la configuración sean
urgentes; y (iv) la acción es impostergable, es decir, en caso de aplazarse la
misma sea ineficaz por inoportuna».

28. En el caso sub examine, la Sección evidencia que la solicitud de amparo
está encaminada a cuestionar la etapa admisoria del proceso en el que pretende
la nulidad del acto administrativo que lo desvinculó del Ejército Nacional. No
obstante, se advierte que el actor está desvinculado de la institución desde el 2
de septiembre de 2014, es decir que apenas cuestionó la legalidad del referido
pronunciamiento, después de 10 años de la ocurrencia de la situación que generó
la vulnerabilidad que ahora pretende alegar como un urgente, grave e inminente.
En ese orden, no se acreditó que el perjuicio alegado sea apremiante, puesto que
las circunstancias que justifican la presunta consumación del perjuicio se
causaron desde la expedición de la Orden Administrativa de Personal núm. 1968
del 2 de septiembre de 2014.

29. En consecuencia, la Sala confirmará el fallo del 22 de septiembre de 2025
dictado por el Tribunal Administrativo del Putumayo, que declaró la
improcedencia de la solicitud de amparo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 22 de septiembre de 2025 proferida
por el Tribunal Administrativo del Putumayo.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

20 Corte Constitucional, sentencia T-003 de 2022. Al respecto, ver las siguientes sentencias: T-

235 de 2018, SU-508 de 2020, T-190 de 2020.

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GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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