Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 88001-23-33-000-2013-00025-03
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 88001-23-33-000-2013-00025-03
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 88001-23-33-000-2013-00025-03
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
3 de abril de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá D.C., tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses
colectivos
Número único de radicación: 880012333000201300025-03
Demandante: Jorge Iván Piedrahita Montoya
Demandados: Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores; Nación -
Ministerio de Trabajo; Nación - Ministerio de Educación Nacional; Nación -
Ministerio de Defensa Nacional; Departamento Administrativo de la Presidencia
de la República; Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina; Municipio de Providencia y Santa Catalina; y Corporación para
el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina -CORALINA1
Asunto: Resuelve unos recursos de apelación interpuestos contra la sentencia
proferida en un proceso de protección de los derechos e intereses colectivos
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a decidir los recursos de apelación interpuestos por el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y por el
Ministerio de Relaciones Exteriores contra la sentencia proferida el 5 de
septiembre de 2017 por el Tribunal Administrativo del Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a
continuación.
1 Cfr. Folios 1142 a 1195 del Cuaderno Principal.
2
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I. ANTECEDENTES
La demanda
1. Jorge Iván Piedrahita Montoya presentó demanda, en ejercicio del
respectivo medio de control, contra la Nación – Ministerio de Relaciones
Exteriores; la Nación - Ministerio de Trabajo; la Nación - Ministerio de Educación
Nacional; la Nación -Ministerio de Defensa Nacional; el Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República; el Departamento Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; el Municipio de Providencia y
Santa Catalina; y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina -CORALINA con el objeto de que
se protejan los derechos e intereses colectivos previstos en los literales c), d),
e) y h) del artículo 4.º de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998 2, presuntamente
vulnerados por las entidades accionadas.
Pretensiones
2. El actor formuló las siguientes pretensiones3:
“[…] 1. Se ordene, a los accionados la Nación Gobierno Nacional,
Presidencia de la República, Ministerio de trabajo y de relaciones
exteriores, tomar las medidas evitando un daño contingente, y
solucionando el problema de la falta de trabajo de los pescadores
capacitándolos en otros medios de sustento, o brindándoles un subsidio
"pesquero" de manutención o supervivencia.
2. Se ordene la Gobierno Nacional Presidencia de la República, brindar a
la población ancestral de pescadores de las islas, el servicio público de
seguridad social de conformidad con el Art 48 Const Pol (sic).
3. Se les ordene, a) al equipo de abogados que defendieron a Colombia
en el proceso que culminó con el adverso fallo de la haya, que despojó a
Colombia de más de 75.000 kilómetros de mar, a que rindan un informe
público a la ciudadanía. Y digan quiénes fueron sus miembros, nombres,
identificaciones civiles y profesionales, experiencia, cargos ocupados, qué
papel jugó cada uno de ellos y qué responsabilidades tenían, qué contrato
o documento se les otorgó, qué informes presentaron a quiénes, en qué
fechas, y con qué facultades.
b) Se les ordene al ministerio de Relaciones Exteriores, informe por qué no
se investigó o recuso a la Magistrada de la Corte de La Haya China Xuen
2 “[…] Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el
ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones […]”.
3 Cfr. Folios 1142 a 1195 del Cuaderno Principal.
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sobre sus intereses, y favorecimiento a su país, en las resultas del litigio
internacional.
c) Se les ordene a los abogados que defendieron a Colombia, informen por
qué no se investigó o recusó a la Magistrada de la Corte de la Haya China
Xuen sobre sus intereses y favorecimiento a su país, en las resultas del
litigio internacional.
4. De conformidad con el art 90 de la Carta Política, se repita contra el
patrimonio de los funcionarios, que resulten ser responsables, por la mala
defensa de los intereses nacionales.
5. Dado el nuevo mapa político del país; Se ordene al gobierno nacional,
estudiar la posibilidad de declarar a el Departamento de San Andrés y
Providencia como Distrito Especial, (al igual que lo han sido Barranquilla,
Cartagena, y otras ciudades especiales del país) dadas sus especiales
condiciones geo políticas y medioambientales que presenta.
6. Se a) ordene al Ministerio De Relaciones Exteriores, iniciar las gestiones
para realizar un nuevo tratado de pesca marítima con Nicaragua.
b) se ordene pronunciamiento Ministerio De Relaciones Exteriores sobre,
el futuro interoceánico patrocinado por China, en Nicaragua.
c) se ordene pronunciamiento Ministerio De Relaciones Exteriores a la
UNESCO sobre la zona ecológica especial para la biosfera y los riesgos a
las que se ve expuesta por el fraudulento fallo.
7. Se estudie la posibilidad de destinar una partida especial, de las regalías,
para apoyar económicamente la crisis que padece el Departamento de San
Andrés y Providencia y su población raizal para dotarle de embarcaciones
y naves adecuadas y de ser posible un portaviones, para su protección
frente a Nicaragua y China.
8. Se ordene al Gobierno central, (ministerio de Educación) realizar labores
y actividades educativas a la población raizal, haciendo el énfasis en la
historia de las islas, destacando su origen colombiano.
9. Se ordene al Gobierno central, realizar las gestiones administrativas y
presupuestales para fomentar el desarrollo económico y humano
sostenible y sustentable desde los puntos de vista sociocultural y ecológico
de la población raizal.
10. Se ordene al Gobierno central, por intermedio del SENA, asignar
grupos de maestros especializados para capacitar gratuitamente a la
población de pescadores, en temas de emprendimiento y creación de
nuevas empresas y en las áreas turísticas, empresariales y de mercadeo
internacional.
11. Se oficie al Gobierno Nacional, para que, con destino a este proceso,
informe si la población raizal (afrocolombiana) residente en las islas, fue
consultada e informada previamente, sobre las actividades y estrategia de
la defensa ante la CIJ de La Haya. Lo anterior en virtud del deber de
consulta previa a la que están obligados.
12. Se ordene al Ministerio de Hacienda, y Ministerio de Defensa; proyectar
partidas presupuestales para la adquisición de equipo naves y aeronaves,
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portaviones y buques adecuados, que permitan la protección de nuestro
mar territorial; no solo de Nicaragua, sino eventualmente, de potencias
militares mundiales como la China.
13. Se compulsen copias a las Personerías, Procuraduría, o Fiscalía, para
que investiguen disciplinariamente o penalmente, a los funcionarios que
por ignorancia imprudencia u omisión, han perjudicado al pueblo
colombiano.
14. Mediante la expedición de una nueva ley, un nuevo Decreto Ejecutivo,
o una ordenanza de la asamblea departamental: se eleva al Archipiélago
de San Andrés a la categoría de Distrito especial turístico y Raizal; en el
que se establezca el deber de incorporar al gobierno departamental un
50% de raizales; y en donde se establezcan normas locales para controlar
la sobrepoblación, el respeto a la tradición y la cultura autóctona y el
derecho prioritario y prevalente de los nativos al acceso a la tierra en las
Islas.
15. Se ordene a las diferentes entidades del Estado, de todos los órdenes,
apoyar y acompañar a las autoridades del Archipiélago para que puedan
mejorar los servicios públicos y las condiciones de vida, en áreas tan
importantes como: justicia, seguridad, educación, trabajo, energía y
desarrollo turístico.
16. Se ordene la realización de un macro proyecto de energía que conjure
la situación crítica de los habitantes del Archipiélago y que satisfaga las
crecientes necesidades de los isleños.
17. Se dicten normas e implementen programas, para que a los nativos, se
les respete su cultura y sus costumbres, reconociéndoseles la calidad de
etnia aborigen especial […]”.
Presupuestos fácticos
3. El actor indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus
pretensiones:
4. Señaló que la sentencia proferida por la Corte Internacional de Justicia
en el año 2012, al resolver una controversia jurídica sobre límites marítimos
entre Colombia y la República de Nicaragua, trajo como consecuencia que el
Estado colombiano perdiera soberanía sobre 75 mil kilómetros cuadrados de
mar Caribe, afectando con ello a la comunidad de pescadores que obtenía su
sustento y el de su familia, ejerciendo la actividad de pesca en esa área, donde
se ubica el mayor banco de pesca para los “[…] isleños […]”, quienes ya no
podrán “[…] ganarse la vida […]” realizando esta actividad, y serán sometidos
a detenciones, confiscación de productos y agresiones por parte de la
República de Nicaragua.
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5. Adujo que la sentencia proferida por la Corte Internacional de Justicia
extendió la “[…] soberanía de Nicaragua, sobre territorios marítimos al este del
meridiano 82, que antes eran exclusivamente de los colombianos, por lo que,
tales recursos naturales, que eran explotados por los pescadores de las islas,
sin impedimentos ni cortapisas, repentinamente fueron despojados de su
arraigo […]”.
6. Sostuvo que una de las magistradas de la Corte Internacional de Justicia
debió ser recusada por los abogados colombianos, teniendo en cuenta su
interés y el de su país en el patrocinio de un canal interoceánico en la República
de Nicaragua, para satisfacer el cruce entre océanos a barcos portaviones y
naves chinas, “[…] acuerdos internaciones entre Nicaragua y China que hace
años están firmados […]”.
7. Afirmó que el Gobierno colombiano no le ha ofrecido a la “[…] sociedad
raizal […]” planes de contingencia, seguridad social o alternativas laborales en
lo que tiene que ver con la actividad de pesca.
8. Señaló que la Pesquera Industrial Antillana ejercía la pesca en el área
que presuntamente pertenece a la República de Nicaragua, empresa que
contaba con 200 empleados y 16 pesqueros medianos y pequeños, cuyo futuro
es incierto.
9. Puso de presente que ha formulado diversas solicitudes a distintas
autoridades colombianas con el objeto de que el Estado adquiera “[…]
sofisticado equipo militar y de defensa marítima y aérea para vigilas (sic)
nuestros dos mares, para proteger la población isleña y velar por la soberanía
de nuestros mares y nuestras costas, y para controlar el narcotráfico, rogatorias
para que se adquieran aviones, radares, portaviones, helicópteros,
embarcaciones para colocar sobre el mar y prolongar nuestra vigilancia y
hacerla extensiva a las islas de San Andrés y Providencia […]”.
10. Aseguró que el daño contingente se manifiesta en “[…] la baja
económica del turismo, la indefensión de zonas ecológicas que serán
sometidas a explotación, la extracción de crudo en alta mar, el uso del mar
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perdido para el tránsito interoceánico de países principalmente asiáticos y la
vulnerabilidad de nuestras fuerzas armadas para proteger la zona […]”.
11. Adujo que “[…] la pesca industrial e indiscriminada, sin controles eficaces
por parte de las autoridades colombianas, realizada por grandes buques de
potencias con banderas de otros países, ha limitado, desplazado y restringido
a su mínima expresión la actividad pesquera y de los lugareños de las islas
[…]”.
Actuaciones en primera instancia
12. El Magistrado Sustanciador del Tribunal Administrativo del Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina profirió auto de 9 de abril de 2015,
mediante el cual admitió la acción de la referencia4.
13. La audiencia especial de pacto de cumplimiento se celebró el día 22 de
julio de 20155 y se declaró fallida al no llegar a una fórmula de arreglo entre las
partes.
14. El Magistrado Sustanciador del Tribunal Administrativo del Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina profirió auto de 5 de julio de 20166,
mediante el cual, entre otras cosas, corrió traslado a las partes y al Ministerio
Público para que presentaran alegatos de conclusión y concepto,
respectivamente.
Contestaciones de la demanda
15. La Nación - Ministerio de Trabajo se opuso a las pretensiones de la
demanda porque, a su juicio, carecen de sustento fáctico y probatorio.
16. Señaló que ha ejercido las funciones de inspección, vigilancia y control
a través de la atención continua de la Dirección Territorial de San Andrés según
lo previsto en la Resolución núm. 404 de 22 de marzo de 20127, el Decreto Ley
4 Cfr. Folio 1152 del Cuaderno Principal. El Tribunal profirió auto de 6 de junio de 2014 rechazó la demanda
y esta Corporación, mediante auto de 20 de noviembre de 2014 en el que resolvió un recurso de apelación,
ordenó al Tribunal proveer sobre la admisión de la acción popular.
5 Cfr. Folios 385 a 446 del Cuaderno Principal.
6 Cfr. Folio 1080 del Cuaderno Principal.
7 “Por la cual se crean grupos internos de trabajo y se asignan las coordinaciones en las direcciones
territoriales y oficinas especiales del Ministerio del Trabajo”.
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4108 de 2 de noviembre de 20118, los artículos 485 y 486 del Código Sustantivo
del Trabajo y los artículos 53 y 114 de la Constitución Política.
17. Afirmó que no ha vulnerado o amenazado los derechos e intereses
colectivos invocados en la demanda, toda vez que no ha descuidado las
competencias legales y reglamentarias que le asisten respecto de la población
que reside en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
18. La Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que en la
demanda no se demostró un nexo causal entre la defensa del Estado
colombiano en el diferendo con Nicaragua y la afectación de los derechos e
intereses colectivos invocados.
19. Sostuvo que la defensa de los intereses nacionales ante la Corte
Internacional de Justicia fue producto de una política de Estado, con las
consultas correspondientes a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores.
20. Indicó que el Estado Colombiano estaba obligado a acudir ante la Corte
Internacional de Justicia en el marco de la demanda presentada por la
República de Nicaragua, teniendo en cuenta que se aceptó voluntariamente su
jurisdicción en 2 oportunidades, a saber: i) en 1937, mediante una declaración
unilateral efectuada con respecto a la Corte Permanente de Justicia
Internacional y ii) en 1968, cuando se ratificó el Pacto de Bogotá de 1948.
21. Manifestó que, si Colombia no hubiera acudido a dicho tribunal
internacional o se abstuviera de ejercer su defensa, la otra parte podría pedirle
a la Corte que decidiera a su favor de conformidad con lo previsto en el artículo
53 del Estatuto de la Corte.
22. Explicó los argumentos de defensa planteados por Colombia ante la
Corte Internacional de Justicia y las etapas en que fueron presentados,
concluyendo que ese organismo rechazó todas las pretensiones formuladas por
la República de Nicaragua, concretamente: i) la nulidad del Tratado Esguerra –
Bárcenas; ii) la soberanía sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así
como de los cayos; iii) declarar que el cayo Quitasueño no emerge de forma
8 “Por el cual se modifican los objetivos y la estructura del Ministerio del Trabajo y se integra el Sector
Administrativo del Trabajo”.
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permanente en pleamar y iv) la línea de delimitación en el margen exterior de
su supuesta plataforma extendida; en ese contexto, adujo que la defensa
ejercida por el Estado Colombiano no adoleció de irregularidades, ni de
negligencia alguna.
23. Indico que la Corte Internacional de Justicia reconoció el mar territorial
de cada una de las islas y cayos del Archipiélago; sin embargo, asignó a la
República de Nicaragua aguas que son parte de la Zona Económica Exclusiva
“[…] en las que no tiene soberanía solo derechos económicos que además
están limitados por la imposibilidad de explorar petróleo en las áreas que
corresponden a la Reserva Seaflower y que Nicaragua se ha comprometido a
respetar […]”.
24. Adujo que el turismo y la industria son las actividades económicas que
brindan sustento a los habitantes del Archipiélago y no la pesca, de
conformidad con las cifras oficiales suministradas por la Autoridad Nacional de
Acuicultura que revelan que la pesca artesanal es desarrollada por el 1% de la
población, que la realiza en zonas alrededor de las islas y cayos que siguen
perteneciendo a la República de Colombia, información que también respaldó
con estudios y encuestas efectuadas por especialistas en la materia.
25. Afirmó que el Gobierno Nacional ha adoptado medidas para impulsar el
desarrollo socioeconómico del Archipiélago en materia de: i) apoyo a la pesca
artesanal e industrial; ii) educación; iii) comercio y turismo; iv) apoyo a la
movilidad entre San Andrés y Providencia y v) salud; lo cual incluyó la
apropiación y destinación de recursos económicos y se encuentra detallado en
el documento denominado “Acciones del Gobierno Nacional tras el Fallo de la
Corte Internacional de Justicia”.
26. Puso de presente que la Corte Internacional de Justicia decidió que el
meridiano 82 no era el límite marítimo entre la República de Nicaragua y la
República de Colombia, comoquiera que ello no fue pactado en el Tratado
Esguerra – Bárcenas de 1928 y su Acta de Canje de Instrumentos de
Ratificación de 1930, sentencia que también tiene sustento en consideraciones
equitativas “[…] constituyéndose en una apreciación subjetiva de los Jueces
[…]”.
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27. Precisó que la Cancillería sí consultó a representantes de la comunidad
raizal, aun cuando no es una obligación legal, como lo señaló la Corte
Constitucional en la sentencia C-1022 de 1999; en esa medida, se contó con
una monografía sobre el Archipiélago de San Andrés y una investigación sobre
la pesca y la navegación tradicional por parte de los isleños y sus autoridades
en los Cayos de Roncador, Quitasueño, Serrana y Serranilla, esto para
establecer la tradición y vínculos de los raizales con la zona. Asimismo, se
solicitó un estudio de la actitud y vínculos de los habitantes de San Andrés y
Providencia hacia el Gobierno central desde 1822, así como participaciones y
reuniones diversas con congresistas de las islas, la Corporación para el
Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina – CORALINA, entre otras personas e instituciones.
28. La Nación – Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República9, manifestó que las presuntas inconsistencias relacionadas con la
decisión proferida por la Corte Internacional de Justicia fueron transmitidas y
comunicadas oportunamente a diversas organizaciones internacionales tales
como la Organización de las Naciones Unidas – ONU, la Organización de
Estados Americanos – OEA y la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura – UNESCO (por sus siglas en inglés), a este
última se le solicitó aumentar sus esfuerzos con el fin de apoyar iniciativas y
estrategias del Gobierno Colombiano orientadas a garantizar la integridad de la
biosfera marina Seaflower.
29. Señaló que el Gobierno Nacional creó la Subcuenta Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el Fondo Nacional
de Gestión de Riesgos de Desastres, mediante el artículo 151 de la Ley 1607
de 26 de diciembre de 201210; pese a que fue declarado inexequible, previo a
ello se aseguraron los recursos para diversos proyectos en materia de: i)
movilidad entre San Andrés y Providencia; ii) subsidio para pescadores
artesanales; iii) proyecto productivo para pesca industrial; iv) proyecto del
Ministerio de Cultura en Providencia para ensayar la maricultura de especies
9 Mediante apoderada judicial, que representa al Presidente de la República y al Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República – DAPRE.
10 “Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones”.
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nativas; iv) apoyo al combustible para embarcaciones industriales; v) Fondo
Contingente de Seguro Pesquero para garantizar condiciones de seguridad
para el desarrollo adecuado de la actividad de pesca industrial en el
archipiélago; vi) becas completas para estudiantes del Archipiélago, 600 de
pregrado y 100 de posgrado; vii) Programa de Inmersión en Inglés; viii)
residencia artística en Providencia; ix) formación en proceso de enseñanza –
aprendizaje de kriol y de la cultura criolla en la educación preescolar y básica;
x) registro poblacional; xi) insumos para la definición del Plan de Ordenamiento
Territorial de Providencia; y xii) la construcción del sistema de alcantarillado
sanitario del Distrito núm. 4 en San Andrés.
30. Agregó que el Ministro de Hacienda y Crédito Público presentó una
proposición al proyecto de Ley de Presupuesto que permitiría la reactivación de
la ejecución de los recursos que no fueron comprometidos previo a la sentencia
proferida por la Corte Constitucional; adicionalmente, se negoció un crédito con
el Banco Interamericano de Desarrollo para atender cinco (5) componentes: i)
renovación urbana y mejoramiento de barrios; ii) acceso y provisión de agua y
alcantarillado; iii) manejo integral de playas; iv) desarrollo económico sostenible
y v) fortalecimiento fiscal.
31. Manifestó que el Estado Colombiano está analizando varias alternativas
para construir los recursos jurídicos que se interpondrán ante la Corte
Internacional de Justicia, en el marco del derecho internacional y con el apoyo
de connotados abogados colombianos y la firma británica Volterra Fietta.
32. Expuso que el Gobierno Nacional adoptó el Programa San Andrés,
Providencia y Santa Catalina Fase I y Fase II, mediante los Decretos 295 de 27
de febrero de 201311 y 753 de 17 de abril de 201312, estableciendo medidas de
asistencia técnica, administrativa y financiera a los pescadores del
Archipiélago.
33. Explicó que la Fuerza Aérea Colombiana y la Armada Nacional cuentan
con personal entrenado y capacitado con el armamento idóneo para cumplir la
misión encomendada, de conformidad con las directrices impartidas por el
11 “Por el cual se adopta el “Programa San Andrés, Providencia y Santa Catalina - Fase I”.
12 “Por el cual se adopta el “Programa San Andrés, Providencia y Santa Catalina – Fase II”.
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Presidente de la República en calidad de comandante supremo de las fuerzas
armadas de Colombia; sin embargo, aclaró que la adquisición de equipos
militares está sujeto a un estudio en el que intervienen varias entidades
teniendo en cuenta el presupuesto asignado y las necesidades de la Nación,
por lo que este medio de control no es procedente para ordenar efectuar una
inversión de esa naturaleza.
34. Destacó que existe claridad sobre el número de pescadores que ejercían
su actividad en el área de influencia de la pesca artesanal marino – costera del
Caribe Colombiano de conformidad con la información suministrada por la
Autoridad Nacional de Acuicultura Artesanal y Pesca -AUNAP.
35. Sostuvo que no es procedente acudir a la acción popular como un
instrumento para obtener el pago de una suma de dinero determinada, pues la
naturaleza de este medio de control no es indemnizatoria.
36. Aseguró que las afirmaciones efectuadas en la demanda carecen de
sustento probatorio y no guardan relación con las pretensiones planteadas por
el actor; además, que existe una acción de tutela, con número de radicación
2014-00047, que fue tramitada por el Tribunal Administrativo de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina en el marco de la cual se impartieron órdenes
relacionadas con los derechos colectivos y que ha sido objeto del respectivo
seguimiento.
37. El Municipio de Providencia y Santa Catalina Islas manifestó que la
sentencia proferida por la Corte Internacional de Justicia es obligatoria para el
Estado Colombiano; no obstante, en el marco del derecho internacional, a este
último le asiste la posibilidad de presentar los recursos de interpretación o
revisión, sobre lo cual ha indicado que hará uso de ellos.
38. Sostuvo que en el presente asunto existió una actuación desplegada por
parte de la Cancillería que tiene relación directa con la sentencia mencionada
supra y que causó un daño o perjuicio al Departamento Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina Islas por la pérdida de un porcentaje de
aguas marinas.
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39. Aseguró que la decisión adoptada por la Corte Internacional de Justicia
trasgredió los derechos ancestrales de la comunidad que habita el Archipiélago,
por lo que consideró que debe accederse a las pretensiones de la demanda.
40. Adujo que era necesario realizar una valoración de la defensa ejercida
por Colombia en el marco del litigio internacional que suscitó la presentación
de la demanda, con el objeto de establecer si los abogados actuaron con la
debida diligencia y emplearon todos los argumentos para proteger los intereses
del Estado Colombiano.
41. Destacó que la mayoría de la economía de la región depende de la
actividad de pesca, incluyendo el turismo desde el punto de vista gastronómico.
42. Precisó que sí existe la afectación de los derechos colectivos invocados
en la demanda en tanto los pescadores temen ser arrestados y agredidos si
continúan ejerciendo su actividad, a pesar de que en este momento no se ha
prohibido llevarla a cabo en el mar territorial perdido.
43. Señaló que en caso de que el Área Marina Protegida de la Reserva de
la Biosfera Seaflower sea afectada “[…] Colombia estaría muy lejos de cumplir
o mantener los compromisos que se han establecido a nivel internacional en
materia de garantizar por lo menos el 10% de los mares sostenibles a través
de las áreas protegidas, incluyendo el cumplimiento del Convenio de Diversidad
Bilógica (recomendado por la red global de Área Marinas Protegidas – MPA
Global-, el programa ambiental de las naciones unidas – UNEP-, WCMC, WWF
y IUCN – WCPA). Sépase que el país logró cumplir con la meta del 2010 solo
porque tenía el AMP de no ser así, escasamente hubiera alanzado entre un 2%
y 3% […]”.
44. Expuso que la Presidencia de la República debe propender por crear y
financiar los proyectos que busquen mitigar el impacto de la sentencia proferida
por la Corte Internacional de Justicia, para generar alternativas que beneficien
a todo el Archipiélago, para lo cual se requiere que las entidades competentes
acrediten que adelantaron todas las gestiones inherentes a la defensa de
Colombia y realicen un estudio que determine la verdadera afectación de la
comunidad raizal.
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45. El Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina destacó que la producción pesquera disminuyó como consecuencia
de la reducción del espacio marítimo donde se ubicaba un gran banco de pesca;
sin embargo, reconoció que el Gobierno Nacional ha adelantado actuaciones
tendientes a mitigar el impacto que ello ha generado en los habitantes del
Archipiélago.
46. La Corporación para el Desarrollo Sostenible de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina – CORALINA afirmó que el actor popular
pretende resolver problemáticas que se vienen presentando en el Archipiélago
previas a la sentencia proferida por la Corte Internacional de Justicia.
47. Adujo que carece de competencia legal o reglamentaria para intervenir
en conflictos internacionales que lleguen a delimitar su jurisdicción; además, no
participó en la defensa ejercida por el Estado Colombiano en el marco del
conflicto contra la República de Nicaragua.
48. Aseguró que el actor pretende la indemnización por los perjuicios
presuntamente ocasionados por la pérdida de mar territorial, lo cual es contrario
a la naturaleza de este medio de control.
49. Sostuvo que al actor popular le corresponde demostrar que se
presentaron errores en la mencionada defensa y que la decisión de la Corte
Internacional de Justicia es consecuencia de ello.
50. En síntesis, propuso las excepciones de: i) falta de legitimación en la
causa por pasiva e ii) inexistencia de la obligación.
51. La Defensoría Regional del Pueblo – San Andrés, Providencia y
Santa Catalina intervino para coadyuvar las pretensiones de la demanda al
considerar que los derechos colectivos de la población de pescadores, de los
habitantes del Archipiélago y de toda la Nación se ven afectados por la decisión
adoptada por la Corte Internacional de Justicia que implicó la pérdida de mar13.
13 El Tribunal Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
por medio de auto de 22 de julio de 2015, resolvió admitir la coadyuvancia presentada por la Defensoría
Regional del Pueblo – San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
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52. Expresó que “[…] las conductas de las Instituciones accionadas afectan
directamente los principios y derechos constitucionales de los ciudadanos
habitantes de estas islas, y en especial, a la comunidad raizal, que a más de
ser ancestralmente habitante del Territorio, se erige como una minoría y cuya
protección constituye un deber, y la hace de especial protección del Estado.
Sobre lo que existe ya también abundante jurisprudencia de la Corte
Constitucional, relacionada, también con los derechos sobre la consulta previa,
como mecanismo para la protección de estos derechos de las minorías étnicas
[…]”.
53. Algunos habitantes del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina14 acudieron al proceso en calidad de coadyuvantes de la parte actora,
solicitando que se acojan parcialmente las pretensiones de la demanda, por lo
que afirmaron que se exceptuaran las pretensiones 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 y 1615
contenidas en el escrito de demanda.
Alegatos de conclusión en primera instancia
54. Durante la etapa de alegatos de conclusión, en primera instancia,
intervino el Ministerio de Trabajo16, el Ministerio de Relaciones Exteriores17, el
Municipio de Providencia y Santa Catalina18, y el Departamento Administrativo
de la Presidencia de la República19, entidades que, de manera general,
reiteraron los argumentos expuestos en las respectivas contestaciones de la
demanda.
55. El Ministerio Público se abstuvo de emitir concepto en este momento
procesal.
14 Cfr. folios 372 a 384.
15
El Tribunal Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
por medio de auto de 22 de julio de 2015, resolvió admitir la coadyuvancia presentada por las personas
raizales autóctonos habitantes del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
16 Cfr. Folios 1090 a 1095 y 1100 a 1107 del Cuaderno Principal.
17 Cfr. Folios 1097 a 1099 del Cuaderno Principal.
18 Cfr. Folios 1111 a 1112 del Cuaderno Principal.
19 Cfr. Folios 1113 a 1115 del Cuaderno Principal.
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La sentencia proferida, en primera instancia20
56. El Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina, en sentencia proferida el 5 de septiembre de 2017, resolvió
lo siguiente21:
“[…] PRIMERO: AMPÁRASE los derechos colectivos al goce de un ambiente
sano; a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento
racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución, la conservación de las especies
animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica
de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás
intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del
medio ambiente, al goce del espacio público y la utilización y defensa de los
bienes de uso público, a la defensa del patrimonio público; a la defensa del
patrimonio cultural de la Nación; y a la seguridad y salubridad públicas, de
acuerdo con las razones expuesta en la parte motiva de este fallo.
SEGUNDO: ACCÉDASE parcialmente a las pretensiones de la demanda.
TERCERO: DECLÁRESE NO probada la excepción propuesta por la
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, CORALINA, conforme a lo razonado en la parte
motiva probadas las excepciones propuestas por los demandados.
CUARTO: DECLÁRESE responsables al Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República y al Ministerio de Relaciones Exteriores,
solidariamente, y de conformidad con la parte motiva de esta providencia, por
la AMENAZA de los derechos colectivos enunciados en el artículo primero de
esta sentencia.
En consecuencia, se DISPONE la protección de los mismos, así:
QUINTO: ORDÉNASE a la Presidencia de la República y al Ministerio de
Relaciones Exteriores-Cancillería:
1. Propiciar el acercamiento con la República de Nicaragua, con el fin de lograr
un acuerdo sobre la actividad de pesca que realizan los habitantes de las islas,
en la zona marítima que fue concedida a la República de Nicaragua mediante
el fallo de la CIJ, permitiendo que continúen ejerciendo libremente la pesca
sobre dicha zona. En dicho Acuerdo se deberá estipular que los guardacostas
de la República de Nicaragua no obstaculicen las faenas de pesca de la
población raizal como tampoco puedan ser reducidos a prisión o arresto ni ser
decomisados sus productos. En las respectivas reuniones se deberá contar por
lo menos con 3 pescadores artesanales de la población raizal del
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El
20 Cfr. Folios 1142 a 1195 del Cuaderno Principal.
21 El Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, mediante auto
de 12 de septiembre de 2017, resolvió aclarar de oficio la parte resolutiva de la sentencia proferida el 5
de septiembre de 2017, en el sentido de precisar, por un lado, los derechos e intereses colectivos
amenazados y, por otro lado, que la orden de propiciar un acercamiento entre Nicaragua y Colombia ,
tiene como finalidad la suscripción de un convenio para la protección de la Reserva de Biósfera Seaflower.
Se transcribe la parte resolutiva en los términos en que fue aclarada. Cfr. Folios 1210 a 1223 del Cuaderno
Principal.
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término para el cumplimiento de la anterior orden, es de seis (6) meses,
contados a partir de la notificación del presente proveído.
2. Buscar un acercamiento entre la República de Nicaragua y la República de
Colombia, con el fin de lograr la suscripción de un convenio internacional, que
procure la protección del medio ambiente y del ecosistema del área marina
protegida, declarada por la UNESCO, Reserva de Biosfera Sea Flower, de
conformidad con la parte motiva de este proveído. La anterior orden deberá
cumplirse dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de esta
providencia.
SEXTO: ORDÉNASE a cada una de las entidades demandadas a realizar el
control y seguimiento a cada uno de los proyectos que a continuación se
relacionan y que fueron definidos en el Plan Archipiélago o “plan San Andrés”,
con el fin de que el objeto de los mismos se cumpla en su totalidad, y rendir los
informes respectivos a esta Corporación dentro de los quince (15) días
siguientes de notificación de esta providencia.
PROYECTO OPERADOR (ES) / ALIADOS
ENTIDADES RECEPTORAS
DE RECURSOS
CIRCUNVALAR SAN ANDRÉS Invías
(FASE I)
CICLORUTA Y FASE II DE Invías
CIRCUNVALAR SAN ANDRÉS
CIRCUNVALAR PROVIDENCIA Invías
(FASE I)
CIRCUNVALAR PROVIDENCIA Invías
(FASE II)
DRAGADO SAN ANDRÉS Y Gobernación de San Andrés e
PROVIDENCIA Invías
MANTENIMIENTO PISTA Aerocivil
AEROPUERTO
AMPLIACIÓN PISTA Aerocivil
AEROPUERTO PROVIDENCIA
MUELLE LANCHEROS Y MUELLE Fontur - Fonade
JHONNY CAY
MUELLE EL COVE Y FISHERMAN Fontur - Fonade
PLACE
DISEÑOS DE LA MARINA DE SAN Fontur
ANDRÉS
ÁREA DE BOYAGE MARINA DE Fontur
PROVIDENCIA
CÁMARA HIPERBÁRICA Fontur
MONOPLAZA EN PROVIDENCIA
Y OTRA EN SAN ANDRÉS
HOTEL EL ISLEÑO Y CENTRO DE Ministerio de Comercio
CONVENCIONES SAN ANDRÉS
SENDERO PEAK EN Fontur
PROVIDENCIA
SPA EN PROVIDENCIA Fontur
CASA DE CULTURA DE LA LOMA ICBF
ESTADIO DE BEISBOL PARA DPS
NIÑOS
CONSTRUCCIÓN CASA DE LA UNGRD -Subcuenta San
CULTURA NORTH END Andrés, Providencia y Santa
Catalina y Ministerio de Cultura
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA Gobernación de San Andrés,
BOLIVARIANO Y MEGACOLEGIO Providencia y Santa Catalina
CEMED
CONSTRUCCIÓN CASA DE LA Gobernación de San Andrés,
JUVENTUD Providencia y Santa Catalina
INSTALACIÓN DE PUNTOS WI-FI Ministerio de Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones
PUNTOS VIVE DIGITAL EN SAN Ministerio de Tecnologías de la
ANDRÉS Y PROVIDENCIA Información y las
Comunicaciones
RADIO ENLACE QUE CONECTA A Ministerio de Tecnologías de la
SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA Y Información y las
ANILLO DE FIBRA ÓPTICA Comunicaciones
ALREDEDOR DE PROVIDENCIA
ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS Ministerio de Defensa / Armada
DE PROVIDENCIA Nacional
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL Cancillería
ACUEDUCTO DE ELSY BAR,
SHOONER BIGHT, BOTTOM
HOUSE EN SAN ANDRÉS
ACUEDUCTO DE PROVIDENCIA Findeter
SUBSIDIO PARA VIVIENDA UNGRD -Subcuenta San
RURAL Andrés, Providencia y Santa
Catalina y Ministerio de Cultura
REUBICACIÓN PARA VIVIENDA UNGRD -Subcuenta San
NUEVA URBANA Andrés, Providencia y Santa
Catalina y Ministerio de Cultura
ALCANTARILLADO UNGRD -Subcuenta San
Andrés, Providencia y Santa
Catalina y Ministerio de Cultura
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD Findeter
DE ALMACENAMIENTO
CONSTRUIDO PROVIDENCIA
MEJORA DE CONDICIONES Findeter
HABITACIONALES, ÁMBITO
URBANO Y RENOVACIÓN
CENTRO
MEJORA DE CONDICIONES Findeter
HABITACIONALES EN SIMPSON
WELL EN SAN ANDRÉS
MEJORA DE CONDICIONES Findeter
HABITACIONALES EN BIGHT II
SAN ANDRÉS
MEJORA DE CONDICIONES Findeter
HABITACIONALES EN BARKER
SAN ANDRÉS
MEJORA DE CONDICIONES Findeter
HABITACIONALES EN BIG
COUGH EN SAN ANDRÉS
MEJORA DE CONDICIONES Findeter
HABITACIONALES EN HOPHIE
EN SAN ANDRÉS
MEJORA DE CONDICIONES Findeter
HABITACIONALES EN JENNY
BAY EN SAN ANDRÉS
MEJORA DE CONDICIONES Findeter
HABITACIONALES EN
O’CASSION CALL EN SAN
ANDRÉS
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MEJORA DE CONDICIONES Findeter
HABITACIONALES EN BOTTOM
HOUSE EN PROVIDENCIA
MEJORA DE CONDICIONES Findeter
HABITACIONALES EN SOUTH
WEST EN PROVIDENCIA
PLAN DIRECTOR DEL RECURSO Findeter
HÍDRICO PARA LA ISLA SAN
ANDRÉS
PROGRAMA DE INMERSIONES Ministerio de Educación
EN EL EXTERIOR Nacional
CONSERVACIÓN DE LA LENGUA UNGRD -Subcuenta San
SANANDRESANA – CURSO Andrés, Providencia y Santa
KRIOL Catalina y SENA
CONSERVACIÓN DE LA LENGUA UNGRD -Subcuenta San
SANANDRESANA – CURSO Andrés, Providencia y Santa
KRIOL Catalina y SENA
CURSO DE FUNDAMENTACIÓN UNGRD -Subcuenta San
EN ÁREAS BÁSICAS Y Andrés, Providencia y Santa
COMPETENCIAS Catalina y SENA
UNIVERSITARIAS – SEMESTRE 0
BECAS DE EDUCACIÓN UNGRD -Subcuenta San
SUPERIOR Y Andrés, Providencia y Santa
ACOMPAÑAMIENTO BECARIOS Catalina y SENA
PROYECTO DE CONVIVENCIA UNGRD -Subcuenta San
CIUDADANA Andrés, Providencia y Santa
Catalina y SENA
DISEÑO DE CURRÍCULO EN UNGRD -Subcuenta San
INGLES PARA PRIMARIA, Andrés, Providencia y Santa
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Catalina y SENA
EN INGLES 2015 Y FORMACIÓN
DE PROFESORES
JUEGOS DE MAR Y PLAYA 2013 Coldeportes
I JUEGOS DEPORTIVOS DEL Coldeportes
CARIBE COLOMBIANO
RESIDENCIA ARTÍSTICA SOUND UNGRD -Subcuenta San
SETTERS Andrés, Providencia y Santa
Catalina y SENA
ENTREGA DE INSTRUMENTOS A Ministerio de Cultura
ESCUELA TOMY SILAYA DE
PROVIDENCIA
APROVECHAMIENTO Y UNGRD -Subcuenta San
SOSTENIBILIDAD TEATRO Y Andrés, Providencia y Santa
CENTRO DE PRODUCCIÓN Catalina y Ministerio de Cultura
(CPCC) PROVIDENCIA
KIOSKOS VIVE DIGITAL Tecnologías de Información y
las Comunicaciones (sic)
ENTREGA DE TERMINALES Computadores para Educar -
(COMPUTADORES Y TABLETAS) MinTic
CONEXIONES DIGITALES Y Computadores para Educar -
FASE II DE ENTREGA DE MinTic
TERMINALES (COMPUTADORES
Y TABLETAS)
UPC DIFERENCIAL PARA EL Ministerio de Salud
ARCHIPIÉLAGO
IMPLEMENTACIÓN DE LOS Cancillería
SERVICIOS DE SALUD DE
TELEMEDICINA EN
PROVIDENCIA
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CENTRO DE DESARROLLO Fundación Plan para la Niñez
INFANTIL SAN ANDRÉS LITTLE
DOLPHINS
CASA LÚDICA PROVIDENCIA Alcaldía de Providencia
CASA LÚDICA SAN ANDRÉS Alcaldía de Providencia (sic)
GUÍA NÁUTICA DE COLOMBIA Fontur – Fundación turismo de
Cartagena
MOVILIDAD MARÍTIMA Conocemos Navegando
PROMOCIÓN GEOTURISMO – Ministerio de Comercio
NATIONAL GEOGRAPHIC
APOYO A LA PROMOCIÓN Y EL Ministerio de Comercio
MERCADEO DE LAS POSADAS
NATIVAS DE SAN ANDRÉS Y
PROVIDENCIA
MOVILIDAD ÁREA Satena y Servincluidos Ltda.
OPTIMIZACIÓN DE CARGA Pendiente
ENTRE ISLAS
150 BICICLETAS PARA USO Ministerio de Transporte
PÚBLICO EN LA ISLA DE SAN
ANDRÉS
MATRÍCULA DE VEHÍCULOS EN Gobernación San Andrés,
EL DEPARTAMENTO Providencia y Santa Catalina
PÓLIZA PARA EMBARCACIONES UNGRD – Subcuenta San
INDUSTRIALES Andrés, Providencia y Santa
Catalina
SUBSIDIO PESCADORES UNGRD – Subcuenta San
ARTESANALES Andrés, Providencia y Santa
Catalina
DOTACIÓN DE Cancillería
EMBARCACIONES
ARTESANALES (KITS DE
SEGURIDAD, MOTORES)
CAPACITACIÓN DE Organizaciones Solidarias
PESCADORES ARTESANALES Cooperativa Fish and Farm
EN COOPERATIVISMO Fundación New Lite (sic)
PROYECTO PRODUCTIVO UNGRD – Subcuenta San
PESCADORES INDUSTRIALES Andrés, Providencia y Santa
Catalina
TERMINAL PESQUERO UNGRD – Subcuenta San
Andrés, Providencia y Santa
Catalina
APOYO A COMBUSTIBLE PARA UNGRD – Subcuenta San
PESCA INDUSTRIAL Andrés, Providencia y Santa
Catalina
GRANJA EXPERIMENTAL Pendiente
DESARROLLO DE UNGRD – Subcuenta San
MARICULTURA Andrés, Providencia y Santa
Catalina
INICIATIVA DEL CANGREJO Cancillería
NEGRO
FORTALECIMIENTO DE Fontur
PROCESOS PRODUCTIVOS DEL
SECTOR TEXTIL CONFECCIÓN
FORTALECIMIENTO DE Innpulsa Colombia
ESTRATEGIAS DE
COMPETITIVIDAD
PROYECTO DE FORMACIÓN Y UNGRD – Subcuenta San
PROMOCIÓN DE EMPLEO - BPO Andrés, Providencia y Santa
Catalina
FONDO DE FOMENTO Findeter
EMPRESARIAL
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DISEÑO PROYECTO INTEGRAL Universidad Nacional de
DE MOVILIDAD Colombia
GENERACIÓN DE ENERGÍA Innpulsa Colombia
COMBINADA CON SOLUCIONES
DE AGUA POTABLE
ALUMBRADO SOLAR PÚBLICO EEDAS
EN EL SUR DE SAN ANDRÉS
PROYECTO DE EFICIENCIA Carbono War Room / Rocky
ENERGÉTICA EN EL HOSPITAL Mountain Institute
DE SAN ANDRÉS
PROYECTO DE Coralina / Fundación Bavaria –
APROVECHAMIENTO DE Cancillería
RESIDUOS SOLIDOS - RSU
CONSERVACIÓN Y Se contrató la Gerencia Integral
APROVECHAMIENTO DE LA Reunión de Inicio de la Alianza
RESERVA DE LA BIOSFERA
SEAFLOWER
MEJORA DE LA Findeter
INFRAESTRUCTURA COSTERA Y
GESTIÓN DEL RIESGO
INSUMOS POT UNGRD – Subcuenta San
Andrés, Providencia y Santa
Catalina
REGISTRO POBLACIONAL UNGRD – Subcuenta San
(DANE) Andrés, Providencia y Santa
Catalina
ENTREGA DE COMBO DE UNGRD – Subcuenta San
MAQUINARIA VIAL Andrés, Providencia y Santa
Catalina
ENTREGA DE KIT ACUÁTICO DE Dirección Nacional de
BOMBEROS PARA SAI Y Bomberos
PROVIDENCIA
MODELO DE VIGILANCIA Ministerio del Interior
COMUNITARIA POR
CUADRANTES (VEHÍCULOS,
RADIOS, REPETIDORES, ETC.)
ESCUELA DE POLICÍA RAIZAL Policía Nacional
CAPACITACIÓN Y DOTACIÓN A Ministerio del Interior
CUERPO DE BOMBEROS DE LAS
ISLAS
FORTALECIMIENTO FISCAL Y Findeter
CAPACITACIÓN FUNCIONARIOS
SÉPTIMO: Integrar un Comité de Verificación y Cumplimiento de esta
Sentencia conformado por el Departamento Administrativo de la Presidencia
de la República, la Procuraduría General de la Nación, Ministerio de
Relaciones Exteriores, la Corporación Autónoma Regional de San Andrés Isla
– CORALINA-; Defensoría del Pueblo Regional San Andrés, tres (03)
Representantes de los Pescadores Artesanales del Departamento
Archipiélago, Gobernador del Departamento y Alcalde de la Isla de
Providencia, Comandante del CESYP y Comandante de la Policía Nacional,
Contraloría General de la República.
OCTAVO: ENVÍESE copia de la presente providencia a la Defensoría del
pueblo con destino al Registro Público Centralizado de las acciones
populares y de las acciones de grupo que se interpongan en el país […]”.
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Consideraciones del Tribunal
57. El Tribunal consideró que la Constitución Política de 1991 prevé que el
Presidente de la República simboliza la unidad nacional, en donde además,
ejerce las funciones de jefe de Estado, jefe de Gobierno y suprema autoridad
administrativa, por lo que le corresponde de manera exclusiva dirigir las
relaciones internacionales directamente o por conducto de sus representantes.
58. En ese orden de ideas, era deber del jefe de Estado comparecer ante la
Corte Internacional de Justicia para ejercer la defensa de los intereses de
Colombia, cuyo propósito por mandato constitucional debió garantizar los
derechos y libertades de todos los colombianos, en especial, de los raizales y
residentes del Archipiélago.
59. Señaló que la Corte Internacional de Justicia al proferir la sentencia de
19 de noviembre de 2012 no modificó el mar territorial perteneciente a Colombia
en el cual se ejerce soberanía antes del inicio del litigio, pero si estableció una
nueva delimitación en la plataforma continental y zona económica exclusiva
“[…] sobre los que el Estado Colombiano ejercía derechos soberanos de
contenido económico respecto a los recursos marinos, que ahora le
corresponden a Nicaragua. Por disposiciones internacionales, en las zonas
económicas exclusivas existe libertad de navegación con control para la
explotación de los recursos por parte del Estado que conserve la titularidad de
la plataforma continental y la zona económica exclusiva […]”.
60. El Tribunal consideró que la Corte Internacional de Justicia en la
sentencia de 12 de noviembre de 2012 determinó una nueva frontera marítima
entre Colombia y Nicaragua, en donde el país perdió el 40% del mar territorial,
que en cifras concretas representan 75.000 kilómetros cuadrados. La magnitud
de la pérdida se puede comparar, según lo han estimado muchos lideres
nacionales, con lo sucedido hace poco más de un siglo cuando se perdió a
Panamá, que fueron 78.000 kilómetros cuadrado. Sin embargo, esas cifras no
se presentan de manera clara, en la medida en que, del lado de Nicaragua, el
Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales estima una porción de 90.350
kilómetros cuadrados; otras fuentes se refieren a 100.000 kilómetros
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cuadrados, mientras que en el país se hacen los estimativos sobre los cálculos
de 75.000 kilómetros cuadrados.
61. De igual manera, sostuvo que el Seaflower, la porción de mar donde
están ubicadas las Islas de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y los siete
cayos, es considerado el banco de pesca más grande de esa zona y además
donde hay presencia de hidrocarburos.
62. Consideró que en la estrategia legal llevada a cabo por Colombia, no se
tuvo en cuenta la solicitud de reconocimiento de la población raizal en la disputa
de un territorio ancestral, lo que hubiera aumentado la probabilidad de un
resultado distinto, lo que se traduce en una pérdida de oportunidad, al utilizar
el escenario para demostrar a la Corte Internacional de Justicia, que San
Andrés, Providencia y Santa Catalina no eran unas islas despobladas, como
Roncador, Quitasueño, Serrana, Serranilla, Alburquerque, sino que por el
contrario, son unas islas con un asentamiento poblacional de vieja data que
conforma una comunidad que ejerció de manera pacífica, habitual y
permanente a través de la historia, la pesca en los límites que fueron alterados
por efectos de la mencionada sentencia.
63. Precisó que con la pérdida del mar se interfiere con la pesca y el modo
de subsistencia de esta población, teniendo en cuenta, además, que son
muchos los pescadores que se han lamentado de lo sucedido con la
mencionada sentencia, pues derivaban su sustento de la actividad que
realizaban en la zona que fue concedida a Nicaragua.
Recursos de apelación
Recurso de apelación interpuesto por el Ministerio de Relaciones
Exteriores
64. El Ministerio de Relaciones Exteriores adujo que la defensa ejercida
por el Estado Colombiano, en el marco de la sentencia proferida por la Corte
Internacional de Justicia, no adolece de fallas, negligencia, ni omisión alguna,
por el contrario, la defensa construyó la estrategia para proteger los intereses
de Colombia bajo parámetros legales dispuestos para ese fin, producto de una
política de Estado.
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65. Indicó que con la defensa del Estado colombiano no se amenazaron los
derechos colectivos amparados, toda vez que la defensa se hizo respecto de
todos los colombianos sin que el fundamento de la sentencia de la Corte
Internacional de Justicia girara sobre la protección de un grupo determinado de
personas, concretamente de la población raizal.
66. Sostuvo que la acción popular es improcedente, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 9 de la Ley 472 de 1998, sin que se pueda endilgar al
Ministerio de Relaciones Exteriores, en ejercicio de sus funciones, la amenaza
de los derechos e intereses colectivos protegidos. Asimismo, de conformidad
con la sentencia C-316 de 2012, la acción popular es improcedente para decidir
sobre puntos de derecho internacional potestativos del Presidente de la
República.
67. Aseguró que el Tribunal hizo una indebida interpretación del principio de
oportunidad, toda vez que la sentencia proferida por la Corte Internacional de
Justicia resulta inaplicable, teniendo en cuenta que el artículo 101 de la
Constitución Política dispone que los límites del Estado deben establecerse por
medio de los tratados internacionales aprobados por el Congreso de la
República y debidamente ratificados por el Presidente de la República, siendo
el mismo procedimiento para la modificación de los límites.
68. Afirmó que, la inaplicabilidad de la sentencia del 19 de noviembre de
2012, no es una situación excepcional, teniendo en cuenta que, varios Estados
han atravesado serias dificultades y varios de ellos las superaron a través de
acuerdos entre las partes, de tal forma, que la hipótesis no se materializa,
principalmente por la dificultad de implementar este tipo de decisiones, toda vez
“[…] que generalmente esta clase de disputas conllevan problemas en la
implementación que involucra detalles técnicos bastante complicados, en
nuestro caso, debido a que existen aspectos sustanciales, de importancia
fundamental contenidos en la Constitución Política, que mientras no se superen
impiden el cumplimiento o implementación de la sentencia en cuestión […]”.
69. Señaló que la sentencia proferida por la Corte Internacional de Justicia
no ha generado un daño al Estado, en la medida que los límites marítimos de
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Colombia sólo pueden ser establecidos o modificados, en el caso concreto, con
Nicaragua, mediante un Tratado aprobado por el Congreso y no de manera
automática como consecuencia de la sentencia proferida por la Corte
Internacional de Justicia.
70. Manifestó que teniendo en cuenta las funciones constitucionales del
Presidente de la República de dirigir las relaciones internacionales, la aplicación
de una decisión de la Corte Internacional de Justicia y la celebración de tratados
internacionales es “[…] potestativo del señor Presidente de la República […]”.
71. Aseguró que no se probó el daño contingente ni la amenaza de los
derechos colectivos invocados con ocasión de la defensa del Estado
colombiano ante la Corte Internacional de Justicia, máxime cuando la actuación
era de medio y no de resultado.
72. Con fundamento en lo anterior, solicitó revocar la sentencia proferida, en
primera instancia.
Recurso de apelación interpuesto por el Departamento Administrativo de
la Presidencia de la República
73. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
manifestó que no es cierto que los pescadores de la región se encuentren en
condición de vulnerabilidad, teniendo en cuenta que la Infantería de Marina
desvirtuó tal afirmación aportando los historiales de los permisos para pescar
que deben tramitar diariamente los pescadores, lo que acreditó que esa
situación no ha variado luego de proferida y conocida la decisión de la Corte
Internacional de Justicia.
74. Sostuvo que el a quo omitió valorar los elementos probatorios que
reposan en el expediente y que dan cuenta de que la presunta amenaza de los
derechos colectivos es infundada.
75. Explicó el alcance del Plan San Andrés, Providencia y Santa Catalina
implementado por el Gobierno Nacional mediante el artículo 98 de la Ley 1737
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de 2 de diciembre de 201422, el artículo 97 de la Ley 1769 de 24 de noviembre
de 201523 y los artículos 2.3.1.4.1.1 y 2.3.1.4.3.1 del Decreto 1081 de 26 de
mayo de 201524; cuya ejecución busca eliminar problemáticas en diversas
materias como: i) transporte, infraestructura y turismo; ii) pesca y agricultura; iii)
soberanía y seguridad; iv) cultura, educación y empleo; v) habitabilidad y vi)
desarrollo empresarial. Precisó que la gerencia y administración del Plan se
encuentra a cargo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres -UNGRD.
76. Expuso que el Gobierno Nacional apropió los recursos para la ejecución
Plan San Andrés, Providencia y Santa Catalina, asignando una parte del
Presupuesto General de la Nación y un crédito externo adquirido con el Banco
Interamericano de Desarrollo, sumas de dinero con las cuales se han financiado
proyectos incluidos en el referido plan.
Trámite de los recursos de apelación
77. El Magistrado Sustanciador del Tribunal Administrativo del Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina profirió auto de 26 de octubre de
2017, mediante el cual concedió los recursos de apelación interpuestos por la
Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores y la Nación – Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República25.
Actuaciones en segunda instancia
78. El Despacho sustanciador, en segunda instancia, profirió auto de 12 de
febrero de 201826, mediante el cual admitió los recursos de apelación.
Asimismo, mediante auto de 8 de octubre de 201827, resolvió, entre otras cosas,
ordenar la presentación de alegatos y el traslado al Ministerio Público.
22 “Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para
la vigencia fiscal del 1o de enero al 31 de diciembre de 2015”.
23 “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y Ley de Apropiaciones para la
vigencia fiscal del 1o de enero al 31 de diciembre de 2016”.
24 “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República”.
25 Cfr. Folio 1367 del Cuaderno Principal.
26 Cfr. Folio 1415 del Cuaderno Principal.
27 Cfr. Folios 1501 a 1506 del Cuaderno Principal.
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79. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, mediante escrito
de 24 de octubre de 201828, manifestó su intención de intervenir en la acción
popular de la referencia.
80. El Despacho sustanciador, mediante auto proferido el 28 de noviembre
de 201829, resolvió, entre otras cosas, remitir el expediente a la Secretaría
General del Consejo de Estado para que reanudara el término durante el cual
el proceso estaría suspendido, de conformidad con el artículo 611 del Código
General del Proceso.
81. La parta actora, mediante escrito de 3 de diciembre de 2018, presentó
recurso de súplica contra el auto de 28 de noviembre del mismo año, el cual
fue rechazado en providencia de 21 de febrero de 201930.
82. El Despacho sustanciador, mediante auto proferido el 29 de abril de
201931, resolvió remitir el expediente a la Secretaría General del Consejo de
Estado para que se reanudara el término durante el cual el proceso estaría
suspendido. Sin embargo, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado,
presentó escrito de 22 de mayo de 201932, en el que renunció al término
restante durante el cual estaría suspendido el proceso.
83. El Despacho sustanciador, mediante providencia proferida el 30 de
agosto de 201933, entre otras cosas, aceptó la renuncia a la suspensión de los
términos procesales.
Intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
84. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, mediante escrito
de 6 de diciembre de 201834, intervino en el presente asunto, manifestando que
no existen razones fácticas ni jurídicas que respalden las afirmaciones
efectuadas por el accionante relacionadas con la vulneración o amenaza de
derechos colectivos.
28 Cfr. Folio 1526 del Cuaderno Principal.
29 Cfr. Folio 1568 del Cuaderno Principal.
30 Cfr. Folio 1619 y siguientes del Cuaderno Principal. Auto proferido por el Despacho del Consejero de
Estado Roberto Augusto Serrato Valdés.
31 Cfr. folios 1635 a 1637.
32 Cfr. Folio 1650 del Cuaderno Principal.
33 Cfr. Folio 1652 del Cuaderno Principal.
34 Cfr. Folios 1584 y siguientes del Cuaderno Principal.
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85. Adujo que la celebración de tratados internacionales es una competencia
exclusiva y excluyente en cabeza del Presidente de la República, por lo que el
Consejo de Estado ha rechazado la injerencia del juez en el marco de las
acciones populares en las relaciones internacionales y la negociación de
tratados internacionales. De igual manera, manifestó que la Corte
Constitucional ha ratificado la existencia de competencias propias del poder
ejecutivo sobre las cuales no pueden intervenir otras ramas del poder cuando
se trata del manejo de las relaciones diplomáticas.
86. Afirmó que el Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina admitió una acción popular improcedente y con
las órdenes impartidas incurrió en una injerencia indebida en las competencias
exclusivas y excluyentes del Ejecutivo en materia de relaciones exteriores,
concretamente al ordenar la celebración de tratados internacionales.
87. Aseguró que no existen omisiones por parte del Gobierno Nacional que
conlleven la afectación de los derechos colectivos invocados por el actor, por
el contrario, están acreditadas múltiples actuaciones tendientes a gestionar los
eventuales efectos de la decisión adoptada por la Corte Internacional de
Justicia.
88. Expuso que el artículo 151 de la Ley 1607 de 26 de diciembre de 201235
estableció la creación de una subcuenta para el archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, “[…] con el fin de aportar el financiamiento de
programas y proyectos de inversión para la atención de las necesidades que
surjan por la ocurrencia de un hecho o circunstancia que genere un efecto
económico y social negativo de carácter prolongado así como para los recursos
destinados al cumplimiento de programas estratégicos que para el efecto defina
el Gobierno Nacional para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina […]”.
89. Señaló que el Decreto 394 de 27 de febrero de 201336 reglamentó la
subcuenta en mención autorizando la financiación de “[…] programas para la
35 Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones.
36 Por el cual se reglamenta la Subcuenta Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
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conversión de actividades productivas para desarrollar la capacidad de
generación empleo e ingresos para implementar líneas especiales de crédito
para los habitantes, para otorgar apoyos destinados a incentivar la demanda
con el fin de fomentar el desarrollo económico y turístico, y para financiar
proyectos de inversión para el desarrollo económico y social en el
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, de
conformidad con lo definido por el Gobierno Nacional […]”.
90. Sostuvo que por medio de los Decretos 295 de 27 de febrero de 2013 37
y 753 de 201338 se adoptaron las fases I y II del Programa San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, oportunidad en la que se realizó un diagnóstico
de las problemáticas del Departamento y, posteriormente, se presentaron los
proyectos que se desarrollarían en el marco de ese programa.
91. Aseguró que la Corte Constitucional declaró inexequibles los artículos
151 a 155 de la Ley 1607, mediante la sentencia C-465 de 201439 por “[…] no
lograr establecerse una relación de tipo sistemático, ni teleológico, ni causal, ni
lógico con el tema central regulado en las demás disposiciones del referido
cuerpo normativo […]”.
92. Sostuvo que, sin perjuicio de lo anterior, se expidió la Ley 1737 de 2 de
diciembre de 201440, cuyo artículo 98 estableció nuevamente la subcuenta
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, norma
reglamentada y desarrollada por el Decreto 282 de 18 de febrero de 2015 41, el
Decreto 283 de 18 de febrero de 201542 y el Decreto 510 de 25 de marzo de
201543; de tal manera que se acreditó el compromiso efectivo del Gobierno
Nacional para contrarrestar los efectos adversos que podría provocar la
decisión internacional.
37 Por el cual se adopta el “Programa San Andrés, Providencia y Santa Catalina - Fase I”.
38 por el cual se adopta el “Programa San Andrés, Providencia y Santa Catalina – Fase II”.
39 Corte Constitucional. Sentencia C-465 de 9 de julio de 2014. M.P. Alberto Rojas Ríos.
40 Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la
vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
41 Por el cual se reglamenta la Subcuenta Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
42 Por el cual se adoptan proyectos estratégicos en el Departamento Archipiélago San Andrés, Providencia
y Santa Catalina.
43 Por el cual se adopta el Plan Estratégico para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina.
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93. Afirmó que el Gobierno Nacional también implementó el Plan Fronteras
para la Prosperidad, a través del cual la Dirección para el Desarrollo y la
Integración Fronteriza “[…] ha ejecutado de forma eficiente y eficaz una serie
de proyectos (de lo cual se adjunta resumen en 2 folios), con lo que se garantiza
la protección de los derechos colectivos conculcados […]”.
94. Manifestó que el Estado ha sido diligente en lo que se refiere a la
protección de la Reserva Seaflower, así como en la adopción de las medidas
para garantizar la seguridad. En el marco de lo expuesto, sostuvo que el
Gobierno solicitó a la UNESCO aumentar sus esfuerzos para adoptar las
iniciativas y estrategias encaminadas a la protección de la reserva; así mismo,
resaltó que el Ministerio de Defensa Nacional ha desplegado las operaciones
áreas y marítimas para la defensa del territorio y soberanía colombianos.
95. Consideró que el a quo no valoró el material probatorio obrante en el
expediente que demuestra la diligencia del Estado colombiano y la ausencia de
amenaza o vulneración de los derechos colectivos deprecados por el
accionante.
96. Sostuvo que la Corte Constitucional ha reiterado que las sentencias de
la Corte Internacional de Justicia carecen de efectos normativos directos en el
derecho interno y que la modificación de los límites del territorio nacional solo
puede efectuarse en los términos del artículo 101 de la Constitución Política.
En consecuencia, el hecho de que no se hayan incorporado al ordenamiento
interno los efectos de la decisión adoptada por ese organismo impide la
configuración de la posibilidad jurídica de la trasgresión de los derechos
colectivos a que se refiere el demandante.
97. Aclaró que las órdenes impartidas por el a quo violan los principios de
soberanía y de no intervención en asuntos extranjeros, de manera que
desnaturalizó la acción popular habida consideración que las pretensiones del
actor también están orientadas a obtener el resarcimiento de derechos
subjetivos. En esa medida, recordó que el señor Guillermo Alfonso Pertuz
presentó demanda en el marco del medio de control de reparación de los
perjuicios causados a un grupo, con número de radicación 25000-23-41-000-
201301957-00, tramitada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y
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cuyas pretensiones guardan una importante similitud con las súplicas
deprecadas por el señor Jorge Iván Piedrahita Montoya.
98. En tal escenario, solicitó que se revoque la sentencia apelada y en su
lugar se rechace la demanda por improcedente o, en su defecto, se nieguen las
pretensiones de la demanda.
Alegatos de conclusión en segunda instancia
99. En esta etapa procesal intervino el actor popular44, quien reiteró los
argumentos expuestos en la demanda y solicitó confirmar la sentencia
proferida, en primera instancia. El Ministerio de Trabajo45, el Presidente de la
República y la Nación – Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República46, y el Ministerio de Relaciones Exteriores47 presentaron alegatos de
conclusión en segunda instancia, en los que reiteraron los argumentos
expuestos en las contestaciones y en los recursos de apelación,
respectivamente, y solicitaron la revocatoria de la sentencia apelada.
100. Adicionalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que los
asuntos relacionados con la pesca y el medio ambiente son objeto de dos
procesos en curso ante la Corte Internacional de Justicia, a saber: i) el primero,
iniciado el 16 de septiembre de 2013 denominado “cuestión de la delimitación
de la plataforma continental entre Nicaragua y Colombia más allá de las 200
millas náuticas desde la costa nicaragüense”; y ii) el segundo, iniciado el 26 de
noviembre de 2013 denominado “supuestas violaciones de derechos
soberanos y espacios marítimos en el Mar Caribe”. En ese sentido, las órdenes
impartidas por el a quo relacionadas con propiciar un acercamiento con la
República de Nicaragua para lograr un acuerdo relacionado con la pesca y la
protección del medio ambiente podría afectar los procesos judiciales en curso
ante la Corte Internacional de Justicia.
101. El Ministerio Público, se abstuvo de emitir concepto, en esta etapa
procesal.
44
Cfr. Folio 1519 del Cuaderno Principal.
45
Cfr. Folio 1536 del Cuaderno Principal.
46
Cfr. Folio 1545 del Cuaderno Principal.
47
Cfr. Folio 1553 del Cuaderno Principal.
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102. El actor popular, mediante escrito de 17 de junio de 2020 48, solicitó el
reconocimiento de un incentivo económico o agencias por la presentación de
la demanda.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
103. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes
partes: i) la competencia de la Sala; ii) la manifestación de impedimento del
doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes; iii) los problemas jurídicos; iv) el
marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección
de los derechos e intereses colectivos; v) el marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del derecho colectivo al goce de un ambiente sano, de
conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones
reglamentarias; vi) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso
público; vii) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho a la
defensa del patrimonio público; viii) el marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del derecho a la defensa del patrimonio cultural de la Nación; ix)
el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho a la seguridad y la
salubridad pública; y x) el análisis del caso concreto.
Competencia de la sala
104. Vistos: i) el artículo 16 de la Ley 47249 de 5 de agosto de 1998, sobre la
competencia del Consejo de Estado para conocer de las acciones populares
en segunda instancia; ii) el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de
201950, sobre la distribución de negocios entre las secciones del Consejo de
Estado; y iii) el artículo 15051 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo; esta Sección es competente para conocer, en
segunda instancia, de los recursos de apelación que se presenten contra las
48 Cfr. índice 82 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…] RECIBE
MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO: 2013-00025.pdf(.pdf) NroActua 82 […]”.
49 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el
ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
50 “Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado”. Modificado por el artículo
1.º del Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024 “por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80,
81 y 82 del Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90”.
51 “Artículo modificado por el artículo 615 de la Ley 1564 y por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021”.
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sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, en
el trámite de las acciones populares.
105. Vistos los artículos 32052 y 32853 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201254,
norma aplicable al presente caso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 37 de
la Ley 472, el juez se limitará a conocer de los puntos o cuestiones a los cuales
se contraen los recursos interpuestos por el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
106. Agotados los trámites inherentes a la acción popular de que trata este
asunto y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado,
la Sala procede a proferir la sentencia correspondiente.
Manifestación de impedimento del doctor Germán Eduardo Osorio
Cifuentes
107. El Consejero de Estado, doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes,
manifestó encontrarse impedido para actuar en el proceso de la referencia,
mediante escrito de 2 de abril de 202555, invocando para ello la causal prevista
en el numeral 3.° del artículo 130 de la Ley 1437, que establece lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO 130. CAUSALES. Los magistrados y jueces deberán
declararse impedidos, o serán recusables, en los casos señalados en el artículo
150 del Código de Procedimiento Civil y, además, en los siguientes eventos:
[…]
3. Cuando el cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de los
parientes del juez hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de
afinidad o único civil, tengan la condición de servidores públicos en los
niveles directivo, asesor o ejecutivo en una de las entidades públicas que
concurran al respectivo proceso en calidad de parte o de tercero interesado
[…]” (Destacado fuera de texto).
52 “[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior
examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el
apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien
le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en
el inciso segundo del artículo […]”.
53 “[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado
toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”
54 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
55 Cfr. índice 92 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
60Manifestaciond_Manifestaciondeimped(.pdf) NroActua 92 […]”.
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108. El Consejero de Estado indicó que, en su concepto, se encuentra incurso
en la causal prevista en el numeral 3.º por cuanto: la compañera permanente
de un pariente en segundo grado de consanguinidad “[…] actualmente se
encuentra vinculada en el cargo de Asesora del Departamento Administrativo
de la Presidencia de la República, parte demandada en el proceso de la
referencia […]”.
109. Vistos los artículos: i) 130, numeral 3.°; y 13156, numeral 3.°, de la Ley
1437, sobre causales, el trámite de los impedimentos y causales para
manifestar impedimento; y ii) 44 de la Ley 472, sobre aspectos no regulados.
110. Asimismo, visto: i) el artículo 35 del Código Civil57, sobre el parentesco
por consanguinidad; ii) el artículo 37 ibidem, sobre los grados de
consanguinidad; y iii) el artículo 47 Código Civil58, que dispone lo siguiente:
“[…] Artículo 35. Parentesco de consanguinidad. Parentesco de
consanguinidad es la relación o conexión que existe entre las personas que
descienden de un mismo tronco o raíz, o que están unidas por los vínculos de la
sangre […]”.
“[…] Artículo 37. Grados de consanguinidad. Los grados de consanguinidad
entre dos personas se cuentan por el número de generaciones. Así, el nieto está
en segundo grado de consanguinidad con el abuelo, y dos primos hermanos en
cuarto grado de consanguinidad entre sí […]”
“[…] Artículo 47. Afinidad legítima. Afinidad legítima es la que existe entre una
persona que está o ha estado casada y los consanguíneos legítimos de su
marido o mujer. La línea o grado de afinidad legítima de una persona con un
consanguíneo de su marido o mujer, se califica por la línea o grado de
consanguinidad legítima de dicho marido o mujer con el dicho consanguíneo. Así
un varón está en primer grado de afinidad legítima, en la línea recta, con los hijos
habidos por su mujer en anterior matrimonio; en segundo grado de afinidad
legítima, en la línea transversal, con los hermanos legítimos de su mujer […]”.
111. Atendiendo a que las causales de impedimento previstas en la ley son
mecanismos jurídicos que buscan garantizar que las decisiones adoptadas por
los administradores judiciales estén enmarcadas dentro de los principios de
independencia e imparcialidad.
56 Adicionado por el artículo 21 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “Por medio de la cual se Reforma
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se
dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la
jurisdicción”.
57 Ley 84 de 26 de mayo de 1873.
58 Ley 84 de 26 de mayo de 1873.
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112. La Corte Constitucional59 ha considerado que el principio de
independencia se refiere a que los funcionarios encargados de administrar
justicia, en sus decisiones, no se vean sometidos a presiones, insinuaciones,
recomendaciones, exigencias, determinaciones o consejos por parte de otros
órganos del poder, inclusive de la misma rama judicial, sin perjuicio del ejercicio
legítimo por parte de otras autoridades judiciales de sus competencias
constitucionales y legales.
113. De conformidad con los argumentos expuestos por el doctor Germán
Eduardo Osorio Cifuentes, en el caso sub examine, y teniendo en cuenta la
causal prevista en el numeral 3.° del artículo 130 de la ley 1437, la Sala resalta
que esta Sección, mediante autos de 15 de diciembre de 202360 y, en especial,
de 9 de mayo de 202461, consideró lo siguiente:
“[…] Ahora bien, el hecho que soporta la manifestación de impedimento consiste
en que la señora […], compañera permanente de […], quien es hermano del
Consejero de Estado Germán Eduardo Osorio Cifuentes, se encuentra vinculada
al DAPRE como asesora.
Respecto a la causal de impedimento invocada, numeral 3.° del artículo 130 del
CPACA, la Sala ha sostenido que para que se configure dicha causal deben
concurrir dos elementos objetivos: 1) el parentesco y 2) su condición de servidor
público de una entidad pública que intervenga en el respectivo proceso en
calidad de parte o de tercero interesado.
Conforme a lo anterior, la Sala entiende que se cumplen los supuestos
establecidos en la causal de impedimento antes referida, comoquiera que al
presente proceso fue vinculado el DAPRE como entidad de la rama ejecutiva del
poder público y el Consejero Osorio Cifuentes tiene una relación en el segundo
grado de afinidad con la señora […], que ostenta la condición de servidora
pública del nivel asesor en la comentada parte demandada en el proceso de la
referencia.
En consecuencia, se declarará fundado el impedimento, pues se configura la
causal dispuesta en el numeral 3° del artículo 130 del CPACA […]”.
114. Atendiendo a que, en el presente caso, entre la compañera permanente
del pariente en segundo grado de consanguinidad y el Consejero de Estado,
doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes, existe una relación en el segundo
59 Corte Constitucional, Sentencia C-600 de 2011, Magistrada Ponente María Victoria Calle Correa.
60 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; medio de control de
nulidad identificado con el NUR. 110010324000202300027-00. Consejera Ponente, doctora Nubia
Margoth Peña Garzón.
61 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; proceso de acción popular
identificado con el NUR. 470012333000202200173-02. Consejero Ponente, doctor Oswaldo Giraldo
López.
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grado de afinidad al estar nombrada en una de las entidades demandadas, en
un cargo del nivel asesor, esta Sala considera que se configura la causal de
impedimento invocada.
115. En consecuencia, teniendo en cuenta que en este caso se configura la
causal de impedimento prevista en el numeral 3.° del artículo 130 de la Ley
1437, conforme se indicó supra, se separará del conocimiento de este proceso
al Consejero de Estado impedido, como se dispondrá en la parte resolutiva de
esta sentencia.
Problemas jurídicos
116. La Sala deberá determinar, con fundamento en los recursos de
apelación, sí la acción popular es procedente para solicitar la celebración de
tratados internacionales.
117. Corresponde a la Sala determinar sí se encuentra o no probada la
amenaza de los derechos e intereses colectivos invocados en la demanda,
como consecuencia de la sentencia proferida el 19 de noviembre de 2012 por
la Corte Internacional de Justicia, mediante la cual se resolvió una controversia
territorial y marítima entre Nicaragua y Colombia.
118. En este orden de ideas, la Sala determinará si se debe confirmar,
modificar o revocar la sentencia de 5 de septiembre de 2017 proferida por el
Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos
119. Visto el artículo 88 de la Constitución Política, las acciones populares
son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses colectivos,
relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicas,
la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de
similar naturaleza que se definan en ella […]”.
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120. En desarrollo de la norma constitucional, el legislador expidió la Ley 472
que, en su artículo 2.º, define las acciones populares como “[…] los medios
procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos […]” que
se ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o
restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible […]”.
121. Esta acción busca que la comunidad pueda disponer de un mecanismo
judicial para la protección efectiva, de forma rápida y sencilla, de los derechos
colectivos cuya amenaza o vulneración debe necesariamente probarse para la
procedencia del amparo.
122. Conforme con lo anterior, los supuestos sustanciales para que proceda
la acción popular son: i) una acción u omisión de la parte demandada; ii) un
daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o
intereses colectivos, y iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u
omisión y la afectación de los derechos e intereses.
123. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en
providencia proferida el 28 de marzo de 201462, explicó lo siguiente:
“[…] [A]corde con el inciso 2 del artículo 3 de la Ley 472 de 1998, el objeto
de la acción popular radica en evitar el daño contingente, hacer cesar
el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos
e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior
cuando ello fuere posible.
Por su parte, el artículo 9 de la misma disposición prevé que tal
instrumento procede contra toda acción u omisión de las autoridades
públicas o de los particulares
[…] Esta Corporación ha recalcado que además de que se presente a)
una acción u omisión de la parte demandada, b) un daño contingente,
peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses
colectivos; peligro o amenaza que no es en modo alguno la que proviene
de todo riesgo normal de la actividad humana, sino también c) la
existencia de la relación de causalidad entre la acción, la omisión, y la
señalada afectación de los referidos derechos e intereses […] Cabe
anotar que las acciones populares tienen carácter restitutorio, es decir,
buscan, cuando ello fuere posible, volver las cosas al estado anterior a la
violación del derecho, toda vez que su objeto radica en proteger de
62Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de marzo
de 2014, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radiación 25000-23-27-000-2001-90479-
01(AP).
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manera efectiva el interés colectivo, razón por la cual corresponde al juez
determinar si es posible dicho restablecimiento, porque de no serlo
procede una indemnización, teniendo claro que la acción popular no
persigue un beneficio pecuniario […] Dentro de este contexto la acción
popular se encuentra vinculada estrechamente con el principio de
solidaridad consagrado en la Constitución Política, esto es, que
constituye un mecanismo por medio del cual los ciudadanos intervienen
en las decisiones que los afectan para asegurar el cumplimiento de los
fines del Estado […] Otra de las características de la acción popular es la
relacionada con la autonomía del instrumento judicial.
En efecto, esta Sección ha indicado que esta acción constitucional es
autónoma y principal, no es viable que se formulen reparos para su
ejercicio, diferentes a los que corresponden a las reglas procesales
propias para su admisibilidad (artículo 18 ley 472 de 1998); por
consiguiente, no resulta viable, ni legítimo, que se haga pender la
admisión de la acción popular de la procedencia o no de otras acciones
principales o subsidiarias, por cuanto la acción popular tiene como
objetivo específico y puntal el proteger a los derechos o intereses
colectivos invocados con la demanda […] Es de resaltar que la acción
popular puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica.
Empero, ha destacado la Sala que quien concurre al litigio después de
haberse promovido la acción popular por diferente persona, sólo puede
acogerse al proceso dentro de los términos en que ésta presenta la
demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la materia
discutida, los móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es el
actor quien en la demanda, fija el litigio […] la Sala encuentra el artículo
25 de la Ley 472 de 1998, el cual permite el decreto de medidas
cautelares de oficio o a petición de parte, antes de notificada la demanda
o en cualquier estado del proceso, con el propósito de prevenir un daño
inminente o para hacer cesar el que se hubiese causado. Aunado a ello,
el artículo 26 ibidem, señala que contra el auto que ordena dichas
medidas proceden los recursos de reposición y apelación, los cuales
deben ser concedidos en el efecto devolutivo […] Los intereses colectivos
suponen la restitución de derechos cuyo titular es un grupo indeterminado
de personas […]”.
124. La Sala resalta que conforme a los artículos 1.º, 2.º, 4.º y 9.º de la citada
Ley 472, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida
a obtener la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva
definidos como tales en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados
celebrados por Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente, hacer
cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e
intereses colectivos y restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere
posible; iii) es una acción pública, esto es, como mecanismo propio de la
democracia participativa, puede ser ejercida por “toda persona” y, además, para
afianzar pedagógicamente un sistema de control social, se señalan
expresamente como titulares de esta acción las organizaciones no
gubernamentales, las entidades públicas de control, el Procurador General de
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la Nación, el Defensor del Pueblo, los personeros y los servidores públicos; iv)
es una acción autónoma y principal; v) no tiene carácter sancionatorio respecto
de aquel contra quien se dirijan las pretensiones y, eventualmente, recaiga la
sentencia estimatoria; y, finalmente, vi) no ha sido instituida como mecanismo
de control judicial de las leyes, en consecuencia, cuando con fundamento en la
eventual violación o amenaza a un derecho o interés colectivo se pretenda
impugnar una ley o que se imparta una orden al Legislador, habrá de acudirse
a las acciones pertinentes.
125. Finalmente, es importante resaltar que la lesión o puesta en peligro de
los derechos colectivos debe estar debidamente probada, según lo dispone el
artículo 30 de la Ley 472 y que corresponde al actor popular la carga de
acreditar y probar los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo al
goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la
Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias
Marco normativo internacional en materia de Derecho Ambiental
126. En el orden internacional existen una serie de instrumentos normativos
que forman parte del derecho ambiental y tienen por objeto proteger el
ambiente y los recursos naturales.
127. Dentro de los primeros instrumentos se encuentran la Declaración de
Estocolmo, adoptada en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas sobre
el Medio Humano, el 16 de junio de 1972, y la Carta Mundial de la Naturaleza,
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio de la
Resolución 37/7 de 1982 “[…] como norma ética con respecto a la protección
del medio humano y a la conservación de los recursos naturales […]”.
128. Con la formación del nuevo orden jurídico internacional ambiental, los
principios se encuentran en la Declaración de Río de Janeiro, adoptada el 14
de junio de 1992, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Medio Ambiente y el Desarrollo, la cual establece en su preámbulo, que su
objeto es instituir una alianza mundial y equitativa mediante la creación de
nuevos niveles de cooperación entre los Estados, los sectores claves de las
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sociedades y las personas; y procurar alcanzar acuerdos internacionales en los
que se respeten los intereses de todos y se proteja la integridad del sistema
ambiental y de desarrollo mundial y, en la Declaración de Johannesburgo sobre
el Desarrollo Sostenible que tiene fundamento en los principios de los Derechos
Humanos universales y tiene por objeto impulsar el desarrollo sostenible desde
diversas perspectivas (económica, social y ambiental).
129. Los principios de la Declaración de Río de Janeiro se aplican en el
ordenamiento jurídico colombiano, por virtud de lo dispuesto en el artículo 9.º
de la Constitución Política, según el cual “[…] [l]as relaciones exteriores del
Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la
autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del
derecho internacional aceptados por Colombia […]”; al igual que lo señalado en
el artículo 226 ibidem dado que el Estado colombiano debe promover la
internacionalización de las relaciones ecológicas sobre las bases de la equidad,
reciprocidad y conveniencia y, por cuanto los aceptó como vinculantes por
virtud de lo dispuesto en el numeral 1.º del artículo 1.º de la Ley 99.
Tratados internacionales
130. En este mismo sentido, se tienen una serie de tratados internacionales
fundamentales con vocación universal, con el objeto de proteger el medio
ambiente y los recursos naturales, como la Convención de Viena para la
protección de la capa de ozono63; la Convención sobre diversidad biológica64;
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático65 y el
Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los
desechos peligrosos y su eliminación66; tratados internacionales que han sido
complementados por una serie de protocolos, enmiendas y acuerdos, entre los
63 Adoptada el 22 de marzo de 1985, aprobada por el Congreso Nacional, mediante la Ley 30 de 1990,
con decreto de promulgación núm. 114 de 1992 y en vigor para Colombia desde el 14 octubre 1990.
64 Adoptada el 5 de junio de 1992, aprobada por el Congreso Nacional, mediante la Ley 165 de 9 de
noviembre de 1994, declaradas exequibles por la Corte Constitucional por medio de la Sentencia C- 519
de 1994.
65 Adoptada el 9 de junio de 1992, aprobada por el Congreso Nacional, mediante la Ley 164 de 1994,
declaradas exequibles por la Corte Constitucional por la Sentencia C-073 de 1995, promulgada por el
Decreto 2081 de 1995 y en vigor para Colombia desde el vigor 22 de marzo de 1995.
66 Adoptada el 16 de septiembre de 1989, aprobada por el Congreso Nacional mediante la Ley 253 de 9
de enero de 1996, declarados condicionalmente exequibles por la Corte Constitucional mediante la
sentencia C-377 de 1996, promulgado por el Decreto 2061 de 1999 y en vigor para Colombia desde el 31
de marzo de 1997. Estos instrumentos internacionales que hacen parte de la Carta Constitucional
Internacional Ambiental y del boque de internacionalidad.
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cuales se pueden mencionar el Protocolo de Montreal67 de 1986 relativo a las
sustancias agotadoras de la capa de ozono; el Protocolo de Cartagena sobre
Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica,
hecho en Montreal, el 29 de enero de 200068; el Protocolo de Kioto69 de 1997
relacionado con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero
que causan calentamiento global, y el Acuerdo de París de 201570, instrumentos
que tienen vocación de universalidad.
Marco constitucional, legal y desarrollo jurisprudencial en materia de
derecho ambiental
131. La Constitución Política de 1991 es una Constitución Ecológica
comoquiera que más de 30 disposiciones Constitucionales desarrollan la
materia, entre las cuales se destacan los artículos 8.°, 58, 79, 80 y 95 que
prevén: i) la obligación del Estado y de las personas de proteger las riquezas
naturales de la Nación; ii) la función ecológica de la propiedad; iii) el derecho a
gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservando las áreas de especial importancia
ecológica y fomentando la educación para el logro de estos fines; y iv) el deber
del Estado de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales,
para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución. Así como de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental,
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.
132. Estos preceptos previamente referidos concentran los atributos
principales en relación con el medio ambiente que se manifiestan en otros
artículos constitucionales, de ahí que el análisis de este bien jurídico superior
se efectúe desde tres perspectivas: i) como un derecho de las personas; ii) un
67 Aprobado por Colombia mediante la Ley 29 de 28 de diciembre de 1992. Declarados exequibles por la
Corte Constitucional mediante sentencia C-379 de 1993. Este instrumento comprende las enmiendas: i)
Enmienda de Londres de junio 29 de 1990; ii) Enmienda de Copenhague de 25 de noviembre de 1992;
iii) Enmienda de Montreal de 17 de septiembre de 1997; iv) Enmienda de Beijing de 3 de diciembre de
1999.
68 Su aprobación se surtió por medio de la Ley 740 de 24 de mayo de 2002, promulgada por el Decreto
132 de 21 de enero de 2004 y declarados exequibles por la Corte Constitucional mediante sentencia C-
071 de 2003.
69 Colombia aprobó el Protocolo de Kioto mediante la Ley 629 de 27 de diciembre de 2000, declarados
exequibles por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-860 de 15 de agosto de 2001 y en vigor
para Colombia.
70 Adoptado el 12 de diciembre de 2015, aprobado por Colombia mediante la Ley 1844 de 14 de julio de
2017 y declarados exequibles por la Corte Constitucional por medio de la sentencia C-021 de 2018.
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servicio público; y iii) un principio que permea el ordenamiento jurídico en su
integridad, dado que asigna facultades e impone compromisos a las
autoridades así como a los particulares, en aras de su protección adquiriendo,
de esa forma, un carácter de objetivo social.
133. El marco legal en materia ambiental encuentra sus inmediatos orígenes
en la Ley 23 de 19 de diciembre de 197371 y en el Decreto 2811 de 18 de
diciembre de 197472, cuyos artículos 1.° y 2.°, establecen respectivamente que
i) el medio ambiente es un patrimonio común cuya preservación y manejo es
una obligación exigible al Estado y a los particulares y ii) el Código de Recursos
Naturales y Protección al Medio Ambiente tiene por objeto, entre otros
aspectos, la preservación y restauración del ambiente y la conservación,
mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables,
previniendo y controlando los efectos nocivos de la explotación de los recursos
naturales no renovables sobre los demás recursos y regular la conducta
humana en sus dimensiones individual o colectiva así como la actividad de la
administración en lo que se refiere a las relaciones que emanan del
aprovechamiento y conservaciones del medio ambiente.
134. La Ley 99 prevé como principios que la política ambiental debe seguir
haciendo remisión específica a los postulados universales y de desarrollo
sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992
sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Adicionalmente, procura la protección de
la biodiversidad en Colombia como patrimonio nacional y de interés de la
humanidad, el derecho de los seres humanos a una vida saludable y productiva
en armonía con la naturaleza, resaltando que la formulación de políticas
ambientales debe tener en cuenta el resultado del proceso de investigación
científica.
135. Acerca del medio ambiente sano como derecho colectivo, la Corte
Constitucional73 ha resaltado su importancia "[…] ya que los derechos
71 Por la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir el Código
de Recursos Naturales y Protección al Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones.
72 Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente.
73 H. Corte Constitucional, Sentencia C-699/15. Referencia: Expediente D-10610. Asunto: Demanda de
inconstitucionalidad contra el Artículo 53, 54 (parcial) y 55 (parcial) de la Ley 13 de 1990 “Por la cual se
dicta el Estatuto General de Pesca”. Demandante: Diego López Medina. Magistrada Ponente: Diana
Fajardo Rivera, 18 de octubre de 2017.
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colectivos y del ambiente no sólo se le deben a toda la humanidad, en cuanto
son protegidos por el interés universal, y por ello están encuadrados dentro de
los llamados derechos humanos de 'tercera generación', sino que se le deben
incluso a las generaciones que están por nacer, toda vez que la humanidad del
futuro tiene derecho a que se le conserve, el planeta desde hoy, en un ambiente
adecuado a la dignidad del hombre como sujeto universal del derecho […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho al goce del
espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público
136. Vistos: los artículos i) 63, 82 y 315 numeral 1.° de la Constitución Política;
ii) el artículo 5.º de la Ley 9.° del 11 de enero de 1989 74 y el artículo 2.° de la
Ley 769 de 6 de julio de 200275; y, iii) el artículo 5.° del Decreto 1504 de 4 de
agosto de 199876 y el Decreto 1538 de 17 de mayo 200577, sobre el uso y goce
del espacio público.
137. La protección del derecho al goce del espacio público y la utilización y
defensa de los bienes de uso público encuentra sustento en normas anteriores
a la Constitución Política de 1991. Esto, en tanto el marco normativo sobre los
bienes de uso público se remite al Código Civil. El artículo 674 ibidem establecía
que los bienes de uso público corresponden a aquellos cuyo "[…] uso pertenece
a todos los habitantes de un territorio, como el de calles, plazas, puentes y
caminos […]”.
138. Por su parte, el artículo 5.º de la Ley 9.° de 1989, incorporó el concepto
de espacio público al definirlo como el conjunto de inmuebles destinados por
su naturaleza, por su uso o afectación a la satisfacción de las necesidades
urbanas colectivas que trascienden a los límites de los intereses individuales,
tal como se trascribe a continuación:
“[…] [A]rtículo 5º. Entiéndase por espacio público el conjunto de inmuebles
públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados,
destinados por su naturaleza, por su uso o afectación a la satisfacción de
necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de
los intereses individuales de los habitantes.
74 “Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de
bienes y se dictan otras disposiciones”.
75
“Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones ”.
76
“Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial ”.
77
“Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 361 de 1997”.
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Así, constituyen el espacio público de la ciudad las áreas requeridas para la
circulación, tanto peatonal como vehicular, las áreas para la recreación pública,
activa o pasiva, para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro
de las edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas
verdes y similares, las necesarias para la instalación y mantenimiento de los
servicios públicos básicos, para la instalación y uso de los elementos
constitutivos del amoblamiento urbano en todas sus expresiones, para la
preservación de las obras de interés público y de los elementos históricos,
culturales, religiosos, recreativos y artísticos, para la conservación, y
preservación del paisaje y los elementos naturales del entorno de la ciudad, los
necesarios para la preservación y conservación de las playas marinas y fluviales,
los terrenos de bajamar, así como de sus elementos vegetativos, arenas y
corales y, en general, por todas las zonas existentes o debidamente proyectadas
en las que el interés colectivo sea manifiesto y conveniente y que constituyen,
por consiguiente, zonas para el uso o el disfrute colectivo […]".
139. Posteriormente, el Constituyente de 1991 consideró necesario brindar
una protección expresa de rango constitucional al espacio público, compatible
con el Estado Social de Derecho. Al respecto, la Corte Constitucional78
consideró que “[…] [s]in duda, una de las manifestaciones del principio
constitucional que identifica a Colombia como un Estado Social de Derecho
guarda relación con la garantía de una serie de derechos sociales y colectivos
como la recreación (artículo 52 C.P.), el aprovechamiento del tiempo libre
(Ibíd.), y el goce de un medio ambiente sano (artículo 79 C.P.) que
dependen de la existencia de un espacio físico a disposición de todos los
habitantes […]” (Destacado fuera del texto).
140. El artículo 63 de la Constitución Política señala que “[…] [L]os bienes de
uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las
tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás
bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables
[…]”.
141. Por su parte, el artículo 82 de la Constitución Política, prevé que el
derecho al goce del espacio público implica el deber del Estado de “[…] velar
por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso
común, el cual prevalece sobre el interés particular […]”.
78 Corte Constitucional, Sala Plena (16 de abril de 2002). Sentencia C-265 de 2002. MP Manuel José
Cepeda Espinosa.
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142. Asimismo, el artículo 88 ibidem establece que “[…] La ley regulará las
acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos,
relacionados con (…) el espacio […]”.
143. En tal sentido, el derecho constitucional al espacio público, instituido
expresamente en los artículos 82 y 88 de la Constitución Política bajo el título
de los “Derechos Colectivos y del Ambiente” impone al Estado y, por ende, a
sus autoridades, el deber de proteger la integridad del espacio público y su
destinación al uso común. A su vez, le exige ejercer la facultad reguladora en
materia de ordenamiento territorial.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho a la defensa del
patrimonio público
144. Visto el artículo 4.º de la Ley 472 de 199879, sobre el derecho colectivo
a la defensa del patrimonio público.
145. De acuerdo con lo señalado por la jurisprudencia de esta Corporación,
por patrimonio público debe entenderse: “[…] la totalidad de bienes, derechos
y obligaciones de los que el Estado es propietario, que sirven para el
cumplimiento de sus atribuciones conforme a la legislación positiva […]”, y
agrega que “[…] su protección busca que los recursos del Estado sean
administrados de manera eficiente y responsable, conforme lo disponen las
normas presupuestales. La regulación legal de la defensa del patrimonio
público tiene una finalidad garantista que asegura la protección normativa de
los intereses colectivos [;]en consecuencia[,] toda actividad pública está
sometida a dicho control, la cual, si afecta el patrimonio público u otros derechos
colectivos, podrá ser objeto de análisis judicial por medio de la acción popular.
La protección del Patrimonio Público busca que los recursos del Estado sean
administrados de manera eficiente y transparente, conforme lo dispone el
ordenamiento jurídico y en especial las normas presupuestales. Para la Sala,
el debido manejo de los recursos públicos, la buena fe y el derecho colectivo a
79 Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el
ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones.
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la defensa del patrimonio público, enmarcan el principio de moralidad
administrativa […]”80
146. De igual forma, la Sección Tercera de esta Corporación mediante
sentencia de 8 de junio de 201181, agregó que ese “conjunto de bienes,
derechos y obligaciones del Estado”, deben estar adecuadamente destinados
a la finalidad que se les ha señalado, constitucional y legalmente, con criterios
de eficacia y rectitud.
147. Posteriormente, esta Sección, en sentencia de 11 de abril de 2019 82,
indicó que “[…] el derecho colectivo a la defensa del patrimonio público no se
ve afectado, de manera exclusiva, cuando a dicho patrimonio se le da una
destinación contraria a derecho o cuando se evidencia su mengua[,] sin que
ello obedezca a una causa justificada en el orden jurídico imperante, sino
también cuando, como consecuencia de una conducta activa u omisiva
reprochable desde el punto de vista jurídico, los recursos económicos no se
encuentran disponibles para ser utilizados conforme el ordenamiento lo indica,
es decir, para destinarlos al cumplimiento de los deberes y obligaciones que le
fueron atribuidas a las entidades que se encuentran a cargo del cumplimiento
de la función administrativa […]”.
148. Así pues, la defensa del patrimonio público estudia dos elementos: i) la
existencia de un bien o conjunto de bienes de propiedad del Estado; y ii) el
análisis de la gestión de ese patrimonio, de forma tal, que, si esta se hace de
forma irresponsable o negligente, pone en peligro el interés colectivo 83.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho a la defensa del
patrimonio cultural de la Nación
149. Con el propósito de defender el patrimonio cultural, la Constitución
Política dedica un amplio espacio a la protección de la cultura como pilar
80 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 31 de mayo
de 2002, C.P. Ligia López Díaz, número único de radicación: 25000 23 24 000 1999 9001 01.
81 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de ocho (8) de
junio de dos mil once (2011), C.P. Enrique Gil Botero, número único de radicación: 41001-23-31-000-
2004- 00540-01.
82 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 11 de abril
de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación: 25000- 23-41-000-2012-
00077-02.
83 Ibídem, pie de página 27.
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fundamental del Estado que requiere especial protección, fomento y divulgación
por parte de las autoridades públicas e incluso por los particulares.
150. Así, la cultura está amparada por lo que la jurisprudencia de la Corte
Constitucional84 ha denominado la “Constitución Cultural”, esto es, el conjunto
de disposiciones contenidas en la Carta Política que protegen la cultura, su
diversidad y el patrimonio cultural como valores esenciales de la Nación.
151. El fundamento constitucional relacionado con la cultura se evidencia en:
i) el artículo 2.º, que señala como fin esencial del Estado facilitar la participación
de todos en la vida cultural de la Nación; ii) los artículos 7.º y 8.º, que le imponen
al Estado el deber de proteger la diversidad y las riquezas culturales de la
Nación; iii) el artículo 44, que define la cultura como un derecho fundamental
de los niños; iv) el artículo 67, que reconoce la educación como un derecho que
busca afianzar los valores culturales de la Nación; v) el artículo 70, que obliga
al Estado a promover y fomentar el acceso a la cultura de los colombianos, y
que reconoce la cultura en sus diversas manifestaciones como fundamento de
la nacionalidad; vi) el artículo 71 que también le impone al Estado la obligación
de crear incentivos para fomentar las manifestaciones culturales; vii) el numeral
8 del artículo 95 que señala como uno de los deberes de la persona y el
ciudadano la protección de los recursos culturales y naturales; y viii) los
artículos 311 y 313 numeral 9, que encomiendan de manera especial a los
municipios, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes.
152. Ahora bien, en lo que tiene que ver específicamente con la defensa del
patrimonio cultural, el artículo 72 ibidem prevé que el Estado debe protegerlo y
resalta que el patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman
la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables
e imprescriptibles. Asimismo, el numeral 10 del artículo 313 constitucional le
atribuye a los Concejos Municipales la función de expedir las normas
necesarias para el control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico
y cultural del municipio, mientras que el articulo 333 deja en manos de la ley la
delimitación del alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés
social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.
84 Corte Constitucional, sentencia C-082 de 12 de febrero de 2014, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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153. En desarrollo de los mandatos constitucionales referidos, el legislador
expidió la Ley 397 de 7 de agosto de 199785, disposición que con las
modificaciones introducidas por la Ley 1185 de 12 de marzo de 200886, definió
los objetivos de la política estatal en materia de protección al patrimonio cultural
y arqueológico de la Nación.
154. En el artículo 1.º la Ley 397 definió la cultura como “el conjunto de rasgos
distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que
caracterizan a los grupos humanos y comprende, más allá de las artes y las
letras, modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y
creencias”.
155. En concordancia, el artículo 4.° ejusdem estableció la forma como se
integra el patrimonio cultural de la Nación, definiendo que se encuentra
constituido por “[…] todos los bienes materiales, las manifestaciones
inmateriales, los productos y las representaciones de la cultura que son
expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la lengua castellana, las
lenguas y dialectos de las comunidades indígenas, negras y creoles, la
tradición, el conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los
hábitos, así como los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble a los
que se les atribuye, entre otros, especial interés histórico, artístico, científico,
estético o simbólico en ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano,
arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial,
documental, literario, bibliográfico, museológico o antropológico […]”.
156. Asimismo, la disposición en cita precisó los objetivos principales de la
política estatal en relación con el patrimonio cultural de la Nación, indicando
que éstos se concentran en la salvaguardia, protección, recuperación,
conservación, sostenibilidad y divulgación del mismo, con el propósito de que
sirva de testimonio de la identidad cultural nacional, tanto en el presente como
en el futuro.
85 Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la
Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la
cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias.
86 Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 –Ley General de Cultura– y se dictan
otras disposiciones
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157. En cuanto al ámbito de aplicación de la ley, el artículo 4.º ejusdem
dispuso que se aplica a los bienes del patrimonio cultural de la Nación que sean
declarados como bienes de interés cultural en el caso de bienes materiales, y
para las manifestaciones incluidas en la Lista Representativa de Patrimonio
Cultural Inmaterial, conforme a los criterios de valoración y los requisitos que
reglamente para todo el territorio nacional el Ministerio de las Culturas, las artes
y los Saberes.
158. Corolario de lo anterior, la preceptiva señaló que se consideran como
bienes de interés cultural de los ámbitos nacional, departamental, distrital,
municipal, o de los territorios indígenas o de las comunidades negras y, en
consecuencia, quedan sujetos al respectivo régimen de tales, los bienes
materiales declarados como monumentos, las áreas de conservación histórica,
arqueológica o arquitectónica, conjuntos históricos, u otras denominaciones
que, con anterioridad a la promulgación de la ley, hayan sido objeto de tal
declaratoria por las autoridades competentes, o hayan sido incorporados a los
planes de ordenamiento territorial. Así mismo, consideró como bienes de
interés cultural del ámbito nacional los bienes del patrimonio arqueológico.
159. En relación con la propiedad del patrimonio cultural de la Nación, señaló
el mismo artículo 4.° que los bienes que lo conforman y los bienes de interés
cultural, pueden pertenecer, según el caso, a la Nación, a entidades públicas
de cualquier orden o a personas naturales o jurídicas de derecho privado,
haciendo la salvedad que los bienes que conforman el patrimonio arqueológico
pertenecen a la Nación y se rigen por las normas especiales sobre la materia.
160. Ahora bien, el procedimiento para la declaratoria de bienes de interés
cultural quedó establecido en el artículo 8.° de la norma bajo análisis así:
“[…] ARTICULO 8o. PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARATORIA DE
BIENES DE INTERÉS CULTURAL.
Al Ministerio de Cultura, previo concepto favorable del Consejo
Nacional de Patrimonio Cultural, le corresponde la declaratoria y el
manejo de los bienes de interés cultural del ámbito nacional.
Son bienes de interés cultural del ámbito nacional los declarados
como tales por la ley, el Ministerio de Cultura o el Archivo General de
la Nación, en lo de su competencia, en razón del interés especial que el
bien revista para la comunidad en todo el territorio nacional;
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b) A las entidades territoriales, con base en los principios de
descentralización, autonomía y participación, les corresponde la
declaratoria y el manejo de los bienes de interés cultural del ámbito
departamental, distrital, municipal, de los territorios indígenas y de las
comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993, a través de las
gobernaciones, alcaldías o autoridades respectivas, previo concepto
favorable del correspondiente Consejo Departamental de Patrimonio
Cultural, o del Consejo Distrital de Patrimonio Cultural en el caso de los
distritos.
Son bienes de interés cultural del ámbito de la respectiva jurisdicción
territorial los declarados como tales por las autoridades departamentales,
distritales, municipales, de los territorios indígenas y de los de las
comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993, en el ámbito de sus
competencias, en razón del interés especial que el bien revista para la
comunidad en una división territorial determinada.
Los bienes de interés cultural del ámbito departamental, distrital,
municipal, de los territorios indígenas y de las comunidades negras de
que trata la Ley 70 de 1993, pueden ser declarados como bienes de
interés cultural del ámbito nacional por el Ministerio de Cultura en la
forma prevista en el literal a) de este artículo, en coordinación con el
respectivo Consejo Departamental o Distrital de Patrimonio Cultural,
sobre los valores del bien de que se trate.
Para la declaratoria y el manejo de los bienes de interés cultural se
aplicará el principio de coordinación entre los niveles nacional,
departamental, distrital y municipal, de los territorios indígenas y de los
de las comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993.
Procedimiento
La declaratoria de los bienes de interés cultural atenderá el siguiente
procedimiento, tanto en el orden nacional como territorial:
El bien de que se trate se incluirá en una Lista Indicativa de Candidatos
a Bienes de Interés Cultural por la autoridad competente de efectuar la
declaratoria.
Con base en la lista de que trata el numeral anterior, la autoridad
competente para la declaratoria definirá si el bien requiere un Plan
Especial de Manejo y Protección.
Una vez cumplido el procedimiento descrito en los dos numerales
anteriores, el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural respecto de los
bienes del ámbito nacional, o el respectivo Consejo Departamental o
Distrital de Patrimonio Cultural, según el caso, emitirá su concepto sobre
la declaratoria y el Plan Especial de Manejo y Protección si el bien lo
requiriere.
Si el concepto del respectivo Consejo de Patrimonio Cultural fuere
favorable, la autoridad efectuará la declaratoria y en el mismo acto
aprobará el Plan Especial de Manejo y Protección si este se requiriere.
PARÁGRAFO 1o. En caso de que la declaratoria de que trata este
artículo surgiere de iniciativa privada o particular se seguirá el mismo
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procedimiento, en cuyo caso el particular solicitante presentará el
respectivo Plan Especial de Manejo y Protección si este se requiriese, y
este será sometido a revisión del respectivo Consejo de Patrimonio
Cultural.
PARÁGRAFO 2o. Revocatoria. La revocatoria del acto de declaratoria
de bienes de interés cultural corresponderá a la autoridad que lo hubiera
expedido, previo concepto favorable del respectivo Consejo de
Patrimonio Cultural, en el caso en que dichos bienes hayan perdido los
valores que dieron lugar a la declaratoria. Tratándose de la revocatoria
de declaratorias de monumentos nacionales o bienes de interés cultural
efectuadas por el Ministerio de Educación, la revocatoria corresponderá
al Ministerio de Cultura […]”. (Destacado fuera del texto).
161. Como se observa, la norma previó que el Gobierno Nacional, a través
del Ministerio de las Culturas, las artes y los Saberes y previo concepto
favorable del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, es el responsable de la
declaratoria y del manejo de los bienes de interés cultural del ámbito nacional.
162. Conforme con ello, la norma dispuso que son bienes de interés cultural
del ámbito nacional los declarados como tales por la ley, el Ministerio de las
Culturas, las artes y los Saberes o el Archivo General de la Nación, en lo de su
competencia, en razón del interés especial que el bien revista para la
comunidad en todo el territorio nacional.
163. En relación con las entidades territoriales, con base en los principios de
descentralización, autonomía y participación, la norma estableció que les
corresponde la declaratoria y el manejo de los bienes de interés cultural del
ámbito departamental, distrital, municipal, de los territorios indígenas y de las
comunidades negras, a través de las gobernaciones, alcaldías o autoridades
respectivas, previo concepto favorable del correspondiente Consejo
Departamental de Patrimonio Cultural, o del Consejo Distrital de Patrimonio
Cultural en el caso de los distritos. Ello, sin perjuicio de que los bienes antes
mencionados puedan ser declarados bienes de interés cultural del ámbito
Nacional por el Ministerio de Cultura, en coordinación con el respectivo Consejo
Departamental o Distrital de Patrimonio Cultural, sobre los valores del bien de
que se trate.
164. En concordancia, el referido artículo 8.° dispuso que para la declaratoria
y el manejo de los bienes de interés cultural se aplicará el principio de
coordinación entre los niveles nacional, departamental, distrital y municipal y de
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los territorios indígenas, previendo a su vez que los planes de desarrollo de las
entidades territoriales deben tener en cuenta los recursos para la conservación
y la recuperación del patrimonio cultural.
165. Finalmente, el artículo 11 del ordenamiento legal en referencia, fijó el
Régimen Especial de Protección al que están sometidos los bienes de interés
cultural.
166. Asimismo, el Decreto 763 de 10 de marzo de 200987 reguló el patrimonio
cultural de la Nación de naturaleza material en especial en los siguientes
aspectos: i) definió las competencias del Consejo Nacional de Patrimonio
Cultural, ii) señaló los criterios de valoración que orientan y contribuyen a la
atribución y definición de la significación cultural de un bien mueble o inmueble,
iii) estableció los planes especiales de manejo y protección para bienes
muebles, iv) creó reglas especiales para la protección del patrimonio
arqueológico, el patrimonio sobre imágenes en movimiento y el patrimonio
archivístico; y, v) estableció estímulos especiales para la conservación y el
mantenimiento de bienes de interés cultural.
167. De igual forma, en relación con el tema, el Decreto Reglamentario Único
del Sector Cultura88, estableció los siguientes criterios de valoración para definir
la significación cultural de un bien mueble o inmueble, sin perjuicio de otros que
pueda señalar el Ministerio de Cultura: i) antigüedad, ii) autoría, iii) autenticidad,
iv) constitución del bien, v) forma, vi) estado de conservación, vii) contexto
ambiental, viii) contexto urbano, ix) contexto físico y, x) representatividad y
contextualización sociocultural; y señaló que dichos criterios permiten atribuir a
los bienes valores históricos, estéticos o simbólicos.
168. El artículo 2.4.1.3. de la disposición en cita señaló que el procedimiento
para declarar un bien como de interés cultural es el establecido en el artículo
8.º de la Ley 397 mencionado supra.
87 "Por el cual se reglamentan parcialmente las leyes 814 de 2003 y 397 de 1997 modificada por medio
de la Ley 1185 de 2008, en lo correspondiente al Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza material".
88 Artículo 2.5.1.2. del Decreto 1080 del 26 de mayo de 2015: “Por medio del cual se expide el Decreto
Reglamentario único del Sector Cultura”. De acuerdo con el Decreto, el Patrimonio cultural Inmaterial se
integra en la forma dispuesta en los artículos 4º de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 1º de
la Ley 1185 de 2008, y 11-1 de la Ley 397 de 1997 y adicionado por el artículo 8º de la Ley 1185 de 2008.
Lo anterior, en consonancia, con las referidas normas y con la Convención de la Unesco para la
Salvaguardia del Patrimonio cultural Inmaterial aprobada en París el 17 de octubre de 2003, adoptada por
Colombia mediante la Ley 1037 de 2006 y promulgada mediante el Decreto 2380 de 2008.
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169. Del análisis sistemático de las disposiciones constitucionales y legales
mencionadas supra, se colige que el patrimonio cultural de la Nación se
encuentra bajo la protección del Estado (C.P. art. 72) y el mismo está
constituido por todos los bienes de naturaleza pública o privada a que hace
referencia expresa el artículo 4.° de la Ley 397, entre los que se cuentan los
bienes materiales muebles e inmuebles a los que se les atribuye, entre otros,
especial interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico en ámbitos
como el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro,
musical, audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico,
museológico o antropológico.
170. Finalmente, cabe precisar que por expresa disposición constitucional los
bienes inmuebles declarados como de interés cultural tienen la condición de
“[…] inalienables, inembargables e imprescriptibles […]” (C.P. art. 72);
asimismo, en caso de que tales bienes se encuentren en manos de particulares,
también se encuentran sometidos al régimen especial previsto en la Ley 397 y
en el Decreto 1080 del 26 de mayo de 201589.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho a la seguridad
y salubridad públicas
171. La Constitución de 1991 consignó en su artículo 366 el mejoramiento de
la calidad de vida, como una de las finalidades sociales del Estado, para lo cual
fija como un objetivo prioritario para las entidades del Estado la solución de las
necesidades en materia de seguridad y salud.
172. La importancia del derecho colectivo a la seguridad y salubridad
públicas, ha sido abordada por esta Sección entre otras en la sentencia de 15
de mayo de 201490, la cual determinó:
“[…] La importancia del cuidado de las salud de las personas y de una adecuada
gestión de su entorno, son aspectos esenciales para la efectividad del derecho
a la vida y de otros postulados cardinales del Estado social de derecho como la
dignidad humana o la libertad, ello se evidencia en lo previsto por el artículo 366
de la Carta, que además de señalar el bienestar general y el mejoramiento de la
89 “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario único del Sector Cultura”.
90 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera, sentencia de 15 de mayo
de 2014, C.P. Guillermo Vargas Ayala, NUR 25000-23-24-000-2010-0060901(AP), criterio reiterado por
esta Sala de Decisión radicación nro: 2013-00013-01(AP), C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
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calidad de vida como fines sociales del Estado, define como objetivo fundamental
de su actividad la solución de necesidades básicas insatisfechas en materia de
salud, educación, saneamiento ambiental y agua potable. Su carácter primordial
se plasma también en el artículo 49 Constitucional, que encomienda al Estado la
responsabilidad de asegurar a todas las personas el acceso a los servicios de
promoción, protección y recuperación de la salud, al tiempo que impone a todos
el deber de “procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad”. Reflejo
de esta última previsión es lo dispuesto por el numeral 2º del artículo 95 de la
Ley Fundamental, que erige en deber ciudadano, expresión del principio de
solidaridad, responder con acciones humanitarias “ante situaciones que pongan
en peligro la vida o la salud de las personas”. Finalmente, debe también
resaltarse el hecho que el artículo 78 de la Constitución haga reconocimiento
expreso de la responsabilidad que deben afrontar los productores de bienes y
servicios que, entre otras, atenten contra la salud y la seguridad de los
consumidores o usuarios; la cual, por virtud de lo previsto en la parte final del
artículo 88, podrá ser objetiva.
La trascendencia social de los conceptos de seguridad y salubridad pública y del
derecho colectivo que fundamentan ha llevado a esta Sala de Decisión a
sostener que: “(…) constituyen las obligaciones que tiene el Estado de garantizar
condiciones mínimas que permitan el desarrollo de la vida en comunidad. Su
contenido general implica, en el caso de la seguridad, la prevención de los
delitos, las contravenciones, los accidentes naturales y las calamidades
humanas y, en el caso de la salubridad, la garantía de la salud de los
ciudadanos. Estos derechos colectivos están ligados al control y manejo de las
situaciones de índole sanitario, para evitar que tanto en el interior como en el
exterior de un establecimiento o de determinado lugar se generen focos de
contaminación, epidemias u otras circunstancias que puedan afectar la salud y
la tranquilidad de la comunidad y en general que afecten o amenacen el estado
de sanidad comunitaria”.
Por ende, dada la amplitud de su radio de acción, como ha sido subrayado por
esta Corporación, el derecho colectivo a la salubridad pública “se puede
garantizar desde una perspectiva de abstención (negativa o de impedir una
conducta) o de promoción (activa o de realización de un comportamiento) en
aras de asegurar las condiciones esenciales de salud pública”60. En
consecuencia, es claro para la Sala que su vulneración también puede
desprenderse tanto de una actitud activa (actuaciones, reglamentos, contratos,
etc.), como pasiva (omisión administrativa) de parte de las autoridades
responsables de su guarda y realización efectiva […]”91 (Destacado fuera de
texto).
173. Sobre el mencionado derecho colectivo la misma Sección construyó un
concepto mediante sentencia de 13 de mayo de 2004, expediente con número
de radicación 250002325000200202788-01, así:
“[…] “En lo que respecta al derecho colectivo relacionado a la seguridad y
salubridad públicas los mismos han sido tratados como parte del concepto de
orden público y se han concretado en las obligaciones que tiene el Estado de
garantizar condiciones mínimas que permitan el desarrollo de la vida en
comunidad. En efecto, la jurisprudencia constitucional ha afirmado:
91Consejo de Estado Sala de o Contencioso Administrativo Sección Primera Consejero Ponente:
Guillermo Vargas Ayala, quince (15) de mayo de dos mil catorce (2014) NUR. 25000 23 24 000 2010
00609 01(Ap)
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“Las restricciones a las libertades ciudadanas encuentran fundamento en el
concepto de orden público, entendiendo por tal, las condiciones mínimas de
seguridad, tranquilidad, salubridad y moralidad que deben existir en el
seno de la comunidad para garantizar el normal desarrollo de la vida en
sociedad. Para que estas condiciones mínimas se cumplan es necesario, por
parte del Estado, a través de las respectivas autoridades, adelantar una labor
preventiva que las haga efectivas: la seguridad, con la prevención
permanente de los delitos, las contravenciones, los accidentes naturales y
las calamidades humanas; la tranquilidad, con la prevención de los
desórdenes en general, ya se trate de lugares públicos o privados; la
salubridad, con la prevención de factores patológicos que pongan en
riesgo la vida, la salud o la integridad física de los ciudadanos; la
moralidad, con la prevención de manifestaciones externas de conducta que
no se ajusten a ciertos principios mínimos de respeto entre las personas y
que, en algunos casos, se encuentran expresamente prohibidas por la ley”.
“La salubridad y seguridad públicas son derechos colectivos y, por tanto,
se deben proteger a través de las acciones populares. Su contenido
general, implica, de acuerdo con la jurisprudencia citada, en el caso de la
seguridad, la prevención de los delitos, las contravenciones, los
accidentes naturales y las calamidades humanas y, en el caso de la
salubridad, la garantía de la salud de los ciudadanos” […]” (Destacado
fuera de texto).
174. En tal escenario, de la recopilación jurisprudencial en referencia la Sala
resalta que: i) no existe distinción entre los conceptos de “salud pública” y
“salubridad pública”; de hecho, se han entendido como sinónimos; ii) este
derecho colectivo se encuentra íntimamente relacionado con la conservación
del orden público y la garantía del bienestar de la comunidad, mediante la
adopción de medidas tendientes a evitar su alteración; y iii) el contenido general
de este derecho implica, por un lado, en el caso de la seguridad: la prevención
permanente de los delitos, las contravenciones, los accidentes naturales y las
calamidades humanas, la garantía de tranquilidad, la prevención de los
desórdenes en general, ya se trate de lugares públicos o privados; y, por el otro,
en el caso de la salubridad, implica la prevención de factores patológicos que
pongan en riesgo la vida, la salud o la integridad física de los ciudadanos; la
moralidad, con la prevención de manifestaciones externas de conducta que no
se ajusten a ciertos principios mínimos de respeto entre las personas y que, en
algunos casos, se encuentran expresamente prohibidas por la ley.
Análisis del caso concreto
175. El Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina profirió la sentencia de 5 de septiembre de 2017 en la que,
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entre otras cosas, amparó los derechos e intereses colectivos al goce de un
ambiente sano; a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y
aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, la
conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de
especial importancia ecológica de los ecosistemas situados en las zonas
fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la
preservación y restauración del medio ambiente; al goce del espacio público y
la utilización y defensa de los bienes de uso público; a la defensa del patrimonio
público; a la defensa del patrimonio cultural de la Nación; y a la seguridad y
salubridad públicas e impartió órdenes a las entidades accionadas, con ocasión
de la sentencia proferida el 19 de noviembre de 2012 por la Corte Internacional
de Justicia.
176. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y el
Ministerio de Relaciones Exteriores presentaron sendos recursos de apelación
contra la sentencia proferida, en primera instancia, que fundamentaron en los
siguientes argumentos: i) improcedencia de la acción popular para ordenar la
celebración de tratados internacionales; ii) indebida interpretación del principio
de oportunidad, en razón a que la sentencia de la Corte Internacional de Justicia
es inaplicable de acuerdo con el artículo 101 de la Constitución Política; iii)
desconocimiento de las funciones constitucionales del Presidente de la
República para dirigir las relaciones internacionales; iv) falta de valoración de
las pruebas que demuestran que no existe daño contingente, ni amenaza a los
derechos colectivos invocados con ocasión de la defensa del Estado
colombiano ante la Corte Internacional de Justicia; y v) no se probó que los
pescadores de la Isla se encuentren en condición de vulnerabilidad, por cuanto
el Gobierno Nacional diseñó y está implementando el “Plan San Andrés,
Providencia y Santa Catalina”.
177. De conformidad con el marco normativo y los desarrollos
jurisprudenciales indicados supra, la Sala procede a realizar el análisis del
acervo probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico,
resolver el caso sub examine. La Sala destaca las siguientes pruebas allegadas
al proceso:
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178. Copia de oficio núm. SAL-7118 de 31 de julio de 2015 suscrito por la
Secretaria de Agricultura y Pesca de la Gobernación del Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, mediante el cual se informa que dentro
del registro general de pesca y acuicultura del Departamento al año 2012 se
encontraban inscritos 1210 pecadores artesanales y 96 pescadores
industriales92, este escrito fue acompañado de una matriz de validación y
priorización de la problemática sectorial por parte de los pescadores
artesanales en el que se aluden a diversas circunstancias que afectan a ese
sector de la población; en el que se indicó lo siguiente:
“[…] Falencias y Urgencias.
En el 2012 a través de la cadena de pesca, los pescadores en conjunto
con las diferentes instituciones involucradas en el tema pesquero
identificaron una serie de problemáticas concernientes con la pesca
la cual a raíz del fallo de la haya se mantienen. Anexo la matriz que se
estableció en la reunión de cadena productiva de pesca […]”. (Destacado
fuera de texto).
179. Copia del oficio núm. 0287/MD-CGFM-CARMA-SECAR-JONA-CFNC-
CCESYP-JEM-ASJUROP-29.1 de 17 de mayo de 2016, suscrito por el
comandante del Comando Especifico San Andrés y Providencia93, en el que
consta lo siguiente:
“[…] La armada Nacional dando cumplimiento a las órdenes
presidenciales públicamente conocidas, continúa desarrollando
operaciones navales, encaminadas a la protección de los intereses
marítimos de la Nación y de las líneas de comunicaciones marítimas,
lucha permanente para contrarrestar los crímenes trasnacionales que
puedan acontecer en el mar, preservación de la vida humana y
protección de los derechos históricos de pesca de los colombianos,
en las aguas jurisdiccionales que se encuentran incluidas en los
límites históricos establecidos en tratados internacionales, suscritos
por la República de Colombia con anterioridad al fallo de la Corte
Internacional de Justicia de la Haya.
De la misma manera, cabe destacar el trabajo que se realiza
diariamente con los Puestos Navales Avanzados y destacados en las
Islas-Cayo de Serranilla, Serrana, Roncador, Albuquerque y Bolívar,
preservando la soberanía nacional.
Igualmente, como parte del trabajo coordinado en la seguridad con la
Policía Nacional, el Batallón de Policía Naval Militar No. 11, realiza
92 Folios 453 a 455.
93 Folio 660
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presencia a través de puestos de control vehicular en las islas de San
Andrés y Providencia, acompañados con miembros de esa institución.
Asimismo, y en relación al requerimiento relacionado con si después
del fallo de la Haya los pescadores artesanales de las islas – San
Andrés, Providencia y Santa Catalina- han continuado ejerciendo sus
actividades de pesca, o si por el contrario han abandonado la zona
y/o disminuido dichas faenas, le comunico que de acuerdo con lo
informado por las Capitanías de Puerto de San Andrés y Providencia,
ellos continúan desarrollando sus actividades de pesca en las áreas
donde su capacidad y autonomía lo permiten […]”. (Destacado fuera
de texto).
180. Copia del informe presentado por la apoderada del Presidente de la
República y del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
de 9 de septiembre de 2015, el cual da cuenta de las actividades desplegadas
para apoyar a los pescadores artesanales e industriales del Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina94, en los siguientes
términos:
“[…] una de las principales actividades generadoras de ingresos en el
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina es la pesca, en esa medida, a partir del fallo proferido por la
Corte Internacional de Justicia de la Haya del 19 de noviembre de
2012, el gobierno Nacional puso en marcha una serie de iniciativas
tendientes a apoyar a las poblaciones que han visto afectada su
actividad económica, a raíz de la presencia de nuevos pescadores de
países vecinos en zonas en las que anteriormente pescaban
exclusivamente pescadores colombianos.
En consideración de lo anterior, a través del Plan San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, se han desarrollado una serie de
acciones para mitigar la vulnerabilidad de los pescadores artesanales
e industriales que han visto reducida su actividad económica, todo lo
cual se ha implementado mediante la celebración de cuatro (4)
convenios, cuyos objetos se relacionan a continuación:
1. Subsidios asignados para mitigar la vulnerabilidad de los
pescadores que hacen parte del componente pesquero artesanal del
Plan Archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Esta iniciativa consiste en un subsidio para pescadores artesanales. Este
programa fue formulado en 6 pagos mensuales por valor de $1.800.000,
cada uno. A la fecha de este informe se han realizado 5.223 pagos por un
valor total de $9.401.400.000,00 beneficiando a 1.094 pescadores.
2. Apoyo a la generación de ingresos desde un enfoque de
fortalecimiento empresarial con población vulnerable en el
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que deriva
su sustento como empleados de embarcaciones de pesca industrial.
94 Folios 461 a 468
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58
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Es un proyecto productivo encaminado a pescadores industriales se
establecieron seis pagos mensuales, a título de un incentivo de $600.000,
cada uno. Asimismo, concurrentemente, se dio puesta en marcha de un
proyecto productivo relacionado con el sector. A la fecha, se han realizado
207 pagos por un valor total de $124.200.000,00. Como consecuencia de
esta iniciativa, se beneficiaron 59 pescadores que trabajaban en buques
industriales con anterioridad al fallo de la Corte Internacional de Justicia.
3. Apoyo de combustible para pesca industrial.
Consiste en financiar el 50% del costo del combustible por faena. En total,
27 embarcaciones se han visto beneficiadas de esta iniciativa. A
continuación, se relaciona el valor y número de galones a corte 31 de
agosto de 2015.
[…]
4. Seguro de daños para 24 embarcaciones pesqueras.
El seguro tuvo el siguiente amparo destinado a proteger a las
embarcaciones que desarrollaban tal actividad: Cobertura de “casco-
barco” hasta por un valor asegurado máximo por embarcación de USD
$100.000. fueron 24 las embarcaciones amparadas por la pérdida total real
y/o constructiva causada por peligros de los mares, ríos, lagunas u otras
aguas navegables, fuego o explosión, robo con violencia, echazón,
piratería, contracto con otros medios de transporte o muelles o
instalaciones portuarias, accidentes durante las operaciones de cargue y
descargue, avería gruesa, avería particular (pérdidas parciales de la
embarcación o sus motores).
5. Se ejecutó la primera fase de un proyecto de ciencia y tecnología
de acuicultura con el fin de estudiar y establecer la producción
comercial de especies marinas nativas en el Archipiélago de San
Andrés, Providencia y santa Catalina, como una alternativa económica
viable para los pescadores artesanales de la isla, por valor de
$1.383.217.000.00. de este proyecto se beneficiarán 250 personas, los
cuales son miembros de las asociaciones de pesca y cooperativas de
pescadores artesanales.
6. Se firmó convenio para “aunar esfuerzos financieros, técnicos,
humanos, físicos y administrativos para el desarrollo y cofinanciación
del proyecto estratégico del Terminal Pesquero Artesanal de San
Andrés, como componente del Modelo Organizado y Productivo para
el Sector de Pesca Artesanal en el Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina”. Este se encuentra en ejecución y cuenta
con recursos por $956 millones, $894 de la Subcuenta San Andrés,
Providencia y Santa Catalina y $62 de la Gobernación.
Adicional a lo anterior, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a
través del INCODER viene realizando una intervención en el Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, especialmente en políticas y
programas para beneficiar a los pescadores artesanales de las islas.
El pasado 26 de agosto de 2015, se realizó una verificación en terreno y
se puede constatar la siguiente información:
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59
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• A la fecha se encuentran en ejecución productiva 17 proyectos de pesca
artesanal por valor de $3.332.710.000 millones de pesos.
• De manera responsable, las familias de pescadores también están
realizando un aporte en contrapartida por valor de $3.942.000.000, lo que
suma un valor total aproximado de $7.280.000.000 millones.
• Con estos proyectos estamos impactando a 979 hombres, mujeres y
niños de la isla, representadas en 204 familias pescadores.
• Dado a que se requiere impactar de forma organizada, y en aras de
fomentar la asociación, se está trabajando en 9 asociaciones organizadas.
• Se firmó convenio con la Gobernación de San Andrés por valor de
$523.000.000 para fortalecer proyectos de Cangrejo, Algas y Pesca
artesanal, el cual está en proceso de caracterización.
[…]
Por su parte, la Autoridad Nacional de Acuicultura y pesca -AUNAP, del
Ministerio de Agricultura, ha desarrollado las siguientes iniciativas:
ACCIONES 2012
Convenio AUNAP- UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN
ANDRÉS
Objeto del Convenio: Generación de conocimiento que
aporte a la toma de decisiones de manejo y administración
de la actividad pesquera del caracol pala, Langosta
espinosa, tiburones y peces de escama en el Departamento
archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Inversión: 200 millones
PLAN APOYO A LA PESCA ARTESANAL EN SAN
ANDRÉS ISLAS
El Plan de Apoyo ha sido coordinado con los representantes
de las asociaciones de pescadores, Presidencia de la
República, DPS MADR, Cancillería, Secretaría Agricultura y
Pesca de San Andrés, Universidad Nacional y SENA y
comprende: Fortalecimiento de la asociación de los
pescadores, desarrollo de un programa de maricultura,
establecimiento de una granja-estación acuario en
Providencia, suministro a los pescadores de motores fuera
de borda 4 tiempos, kits de seguridad, equipos de
navegación y de búsqueda de cardúmenes de peces y
embarcaciones especiales de acarreo y transporte; así
como, la eventual construcción de astilleros en San Andrés
y en Providencia, vinculación de los pescadores a las
convocatorias de pesca del INCODER y diseño de pólizas de
seguros especiales para mitigar los riesgos e incertidumbre
surgidas a raíz del fallo.
ACCIONES 2013
PLAN DE APOYO A LA PESCA ARTESANAL EN SAN
ANDRÉS ISLAS
• Se estructuró un “Programa de reconversión y
Fortalecimiento de las Cooperativas de Pescadores
Artesanales”.
• Se está revisando el proyecto de una Granja-Estación-
Acuario en providencia; en esta granja se cultivarían
especies marinas, se investigaría en biodiversidad y habría
acuarios para la recreación de los turistas.
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• A través de la Cancillería, la Gobernación de SAI, el MADR
y CCI se apoya con la reconversión de motores fuera de
borda de dos a cuatro tiempos; durante el mes de febrero se
entregaron 27 motores en San Andrés y 19 motores en
Providencia.
• También se han entregado kits de seguridad con chalecos,
celulares, GPS’s, entre otros; durante el mes de marzo se
entregaron 148 kits, 60 en San Andrés y 88 en Providencia.
Se continúa trabajando en el programa de Educación con la
comunidad infantil en campañas con títeres en donde los
niños son actores principales, llevando ellos mismos a través
del conocimiento adquirido un mensaje de conservación de
las especies, haciendo énfasis en tres especies
fundamentales para el archipiélago como lo son El Caracol
pala Strombus gigas, la lagos espinosa Panulirus argus y una
especie de tiburón Carcharinus perezi, dad su alta
importancia no solo económica y cultural, sino ecológica en
el medio marino, durante el 2013 se contó con la
participación de alrededor de 500 niños, este año se ha
mantenido la línea con un enfoque de superar la población
objetivo.
ACCIONES 2014
INVESTIGACIÓN EN RECURSOS PELÁGICOS Y
DEMERSALES EN AGUAS JURISDICCIONALES DEL
CARIBE INSULAR COLOMBIANO
Dos campañas de prospección pesquera:
1) Evaluación de Recursos Demersales
2) Evaluación de Grandes Pelágicos
Estas actividades se realizarán con el fin de evaluar el
potencial pesquero de los mencionados recursos en el área
(caribe Insular) con miras a determinar otras zonas de
aprovechamiento para la pesca artesanal e industrial en SAI.
A la fecha ya se realizó la estructuración y planeación de
ambas campañas, las cuales se tienen previstas para ser
desarrolladas en el mes de agosto de 2014 y tendrán una
duración de aproximadamente 26 días efectivos de campaña
cada una, con la participación de la AUNAP, la secretaria de
Agricultura y Pesca de SAI y el INVEMAR.
Inversión: 600 millones de pesos.
INVESTIGACIÓN EN PESCA MARINO-COSTERA
Se van a desarrollar los siguientes proyectos:
• Apoyo en la actividad de monitoreo a repoblamiento de
caracol pala en SAI, lo cual desarrollara en concertación con
la Secretaría de Agricultura y Pesca. A la fecha el apoyo para
este proyecto solo se centra en aspectos de apoyo técnico,
debido principalmente a que la OGCI está pendiente de
confirmar los recursos de adición presupuestal prometidos.
• Determinación de potenciales hábitats esenciales de
Tiburones y Rayas en SAI, mediante técnicas de buceo. Este
proyecto busca conocer los hábitats de hembras maduras de
tiburones y rayas, en los cuales se dé el proceso de
alumbramiento y posteriormente identificar si también son
ambientes adecuados para los juveniles de los mencionados
recursos.
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• Se tiene planeado dar inicio a este proyecto en el mes de
julio de 2014 y a la fecha se desarrolla todo el proceso de
concertación y coordinación de actividades entre la AUNAP,
la Secretaría de Agricultura y Pesca de SAI y el cooperante
en esta actividad es la Fundación Squalus.
Presupuesto: 40 millones de pesos.
PROGRAMA DE OBSERVADORES PESQUEROS DE
COLOMBIA -POPC
Para el segundo semestre de 2014 se espera vincular el
programa de observadores que se desarrolla en SAI
(Seawatchers) con el Programa de Observadores Pesqueros
de Colombia -POPC- de la AUNAP, con el fin de realizar la
toma de información biológico pesquera a las especies de
interés en SAI.
ACCIONES 2015
INVESTIGACIÓN EN PESCA MARINO-COSTERA
• Identificación y priorización de potenciales hábitats
esenciales para tiburones y rayas en el archipiélago de San
Andrés, providencia y Santa Catalina II etapa. Se espera
durante esta segunda etapa centrar los esfuerzos en los
puntos o zonas previamente definidas durante la primera
etapa, y corroborar el uso que pueden tener estas áreas para
las especies seleccionadas mediante el uso de marcaje
satelital y/o acústico. La inversión es de 100 millones
• Evaluación de la distribución y abundancia del Caracol pala
en el Archipiélago de San Andrés y Providencia como insumo
para determinar el estado poblacional de este recurso. Este
seguimiento permitirá obtener la información necesaria para
llevar a cabo los análisis poblacionales, conocer el estado de
este recurso y proponer medidas de manejo. Asimismo, toda
esta información permitirá colaborar con la realización de los
Dictámenes de Extracción No Perjudicial (DENP) siendo esta
una de las medidas de implementación propuestas por
CITES. La inversión es de 175 millones.
• Actualmente se está firmando un Convenio entre MADR-
AUNAP-Fundación Siembra en el cual se realizará una
inversión de 600 millones para fortalecer la comercialización
de productos pesqueros.
[…]”. (Destacado fuera de texto).
181. Copia del oficio núm. 20166400101791 de 16 de mayo de 2016 suscrito
por el Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor Aéreo (E)95, en el que
señala:
“[…] me permito informar al Doctor Director de Asuntos Legales del MDN,
que la Fuerza Aérea Colombiana continúa ejerciendo soberanía sobre
las fronteras establecidas antes del fallo de la Corte Internacional de
Justicia (CIJ).
Igualmente, en ejercicio de la misión constitucionalmente asignada, la FAC
ha desarrollado más de 1.016 misiones representadas en 1.782 horas de
95 Folio 661
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vuelo, de acuerdo a las funciones típicas, así: controlar el aire, el espacio
y el ciberespacio -22 misiones, reconocimiento armado – 75 misiones,
multiplicar las fuerzas -605 misiones, contribuir con los fines del Estado y
participar en programas de cooperación -104 misiones.
Asimismo, el Sistema de Defensa Aérea Nacional ha mantenido el
control del espacio aéreo detectando 87 movimientos ilegales aéreos,
reaccionando con los medios aéreos de la FAC ante estos
movimientos y ante los detectados por el control marítimo en
operaciones conjuntas desarrolladas con la Armada Nacional (32
movimientos), realizando seguimiento con el Sistema de Vigilancia y
Alerta Temprana para evitar la violación del espacio aéreo
colombiano, salvaguardando la soberanía nacional […]”. (Destacado
fuera de texto).
182. Copia del oficio visible a folio 663 del expediente, suscrito por el
Secretario de Agricultura y Pesca del Departamento Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, conforme con el cual “[…] no se tiene
registro de permisionario alguno que haya dejado la actividad como
consecuencia del Fallo de la Haya […]”96.
183. Copia del Decreto núm. 0170 de 15 de abril de 2016 “por el cual se
declara la calamidad pública en el Departamento Archipiélago de San Andrés,
providencia y santa Catalina, por desabastecimiento de agua potable”97.
184. Copia del Informe presentado por el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República en la audiencia de práctica de pruebas celebrada
el 17 de mayo de 201698, oportunidad en la que se refirió a la creación del Plan
Estratégico para el Archipiélago, cuya finalidad es adoptar medidas
estructurales que permitan dejar capacidad instalada en las islas y resolver
problemas significativos que padecen los nativos, relacionando 100 proyectos
en los que intervienen diversas entidades como operadores/aliados receptores
de recursos99:
“[…]
PROYECTO OPERADOR (ES) / PORCENTAJE
ALIADOS ENTIDADES DE
RECEPTORAS DE EJECUCIÓN
RECURSOS
CIRCUNVALAR SAN Invías 100%
ANDRÉS (FASE I)
96 Folio 663
97 Folio 691
98 Folios 577 a 581
99
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CICLORUTA Y FASE II DE Invías 0%
CIRCUNVALAR SAN
ANDRÉS
CIRCUNVALAR Invías 100%
PROVIDENCIA (FASE I)
CIRCUNVALAR Invías 0%
PROVIDENCIA (FASE II)
DRAGADO SAN ANDRÉS Y Gobernación de San 2%
PROVIDENCIA Andrés e Invías
MANTENIMIENTO PISTA Aerocivil 32%
AEROPUERTO
AMPLIACIÓN PISTA Aerocivil 45%
AEROPUERTO
PROVIDENCIA
MUELLE LANCHEROS Y Fontur - Fonade 81%
MUELLE JHONNY CAY
MUELLE EL COVE Y Fontur - Fonade 0%
FISHERMAN PLACE
DISEÑOS DE LA MARINA Fontur 42%
DE SAN ANDRÉS
ÁREA DE BOYAGE Fontur 90%
MARINA DE PROVIDENCIA
CÁMARA HIPERBÁRICA Fontur 100%
MONOPLAZA EN
PROVIDENCIA Y OTRA EN
SAN ANDRÉS
HOTEL EL ISLEÑO Y Ministerio de Comercio 100%
CENTRO DE
CONVENCIONES SAN
ANDRÉS
SENDERO PEAK EN Fontur 67%
PROVIDENCIA
SPA EN PROVIDENCIA Fontur 100%
CASA DE CULTURA DE LA ICBF 100%
LOMA
ESTADIO DE BEISBOL DPS 100%
PARA NIÑOS
CONSTRUCCIÓN CASA UNGRD -Subcuenta 0%
DE LA CULTURA NORTH San Andrés, Providencia
END y Santa Catalina y
Ministerio de Cultura
INSTITUCIÓN EDUCATIVA Gobernación de San 70%
BOLIVARIANO Y Andrés, Providencia y
MEGACOLEGIO CEMED Santa Catalina
CONSTRUCCIÓN CASA Gobernación de San 0%
DE LA JUVENTUD Andrés, Providencia y
Santa Catalina
INSTALACIÓN DE PUNTOS Ministerio de 100%
WI-FI Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones
PUNTOS VIVE DIGITAL EN Ministerio de 100%
SAN ANDRÉS Y Tecnologías de la
PROVIDENCIA Información y las
Comunicaciones
RADIO ENLACE QUE Ministerio de 100%
CONECTA A SAN ANDRÉS Tecnologías de la
Y PROVIDENCIA Y ANILLO Información y las
DE FIBRA ÓPTICA Comunicaciones
ALREDEDOR DE
PROVIDENCIA
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ESTACIÓN DE Ministerio de Defensa / 0%
GUARDACOSTAS DE Armada Nacional
PROVIDENCIA
ESTUDIOS Y DISEÑOS Cancillería 100%
PARA EL ACUEDUCTO DE
ELSY BAR, SHOONER
BIGHT, BOTTOM HOUSE
EN SAN ANDRÉS
ACUEDUCTO DE Findeter 100%
PROVIDENCIA
SUBSIDIO PARA VIVIENDA UNGRD -Subcuenta 9%
RURAL San Andrés, Providencia
y Santa Catalina y
Ministerio de Cultura
REUBICACIÓN PARA UNGRD -Subcuenta N/A
VIVIENDA NUEVA San Andrés, Providencia
URBANA y Santa Catalina y
Ministerio de Cultura
ALCANTARILLADO UNGRD -Subcuenta 100%
San Andrés, Providencia
y Santa Catalina y
Ministerio de Cultura
AMPLIACIÓN DE LA Findeter 60%
CAPACIDAD DE
ALMACENAMIENTO
CONSTRUIDO
PROVIDENCIA
MEJORA DE Findeter 70%
CONDICIONES
HABITACIONALES,
ÁMBITO URBANO Y
RENOVACIÓN CENTRO
MEJORA DE Findeter 40%
CONDICIONES
HABITACIONALES EN
SIMPSON WELL EN SAN
ANDRÉS
MEJORA DE Findeter 40%
CONDICIONES
HABITACIONALES EN
BIGHT II SAN ANDRÉS
MEJORA DE Findeter 40%
CONDICIONES
HABITACIONALES EN
BARKER SAN ANDRÉS
MEJORA DE Findeter 40%
CONDICIONES
HABITACIONALES EN BIG
COUGH EN SAN ANDRÉS
MEJORA DE Findeter 40%
CONDICIONES
HABITACIONALES EN
HOPHIE EN SAN ANDRÉS
MEJORA DE Findeter 40%
CONDICIONES
HABITACIONALES EN
JENNY BAY EN SAN
ANDRÉS
MEJORA DE Findeter 40%
CONDICIONES
HABITACIONALES EN
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O’CASSION CALL EN SAN
ANDRÉS
MEJORA DE Findeter 40%
CONDICIONES
HABITACIONALES EN
BOTTOM HOUSE EN
PROVIDENCIA
MEJORA DE Findeter 40%
CONDICIONES
HABITACIONALES EN
SOUTH WEST EN
PROVIDENCIA
PLAN DIRECTOR DEL Findeter 40%
RECURSO HÍDRICO PARA
LA ISLA SAN ANDRÉS
PROGRAMA DE Ministerio de Educación 15%
INMERSIONES EN EL Nacional
EXTERIOR
CONSERVACIÓN DE LA UNGRD -Subcuenta 100%
LENGUA SANANDRESANA San Andrés, Providencia
– CURSO KRIOL y Santa Catalina y SENA
CONSERVACIÓN DE LA UNGRD -Subcuenta 100%
LENGUA SANANDRESANA San Andrés, Providencia
– CURSO KRIOL y Santa Catalina y SENA
CURSO DE UNGRD -Subcuenta
FUNDAMENTACIÓN EN San Andrés, Providencia
ÁREAS BÁSICAS Y y Santa Catalina y SENA
COMPETENCIAS
UNIVERSITARIAS –
SEMESTRE 0
BECAS DE EDUCACIÓN UNGRD -Subcuenta 30%
SUPERIOR Y San Andrés, Providencia
ACOMPAÑAMIENTO y Santa Catalina y SENA
BECARIOS
PROYECTO DE UNGRD -Subcuenta 63%
CONVIVENCIA San Andrés, Providencia
CIUDADANA y Santa Catalina y SENA
DISEÑO DE CURRÍCULO UNGRD -Subcuenta 50%
EN INGLES PARA San Andrés, Providencia
PRIMARIA, ADQUISICIÓN y Santa Catalina y SENA
DE MATERIALES EN
INGLES 2015 Y
FORMACIÓN DE
PROFESORES
JUEGOS DE MAR Y PLAYA Coldeportes 100%
2013
I JUEGOS DEPORTIVOS Coldeportes 100%
DEL CARIBE
COLOMBIANO
RESIDENCIA ARTÍSTICA UNGRD -Subcuenta 100%
SOUND SETTERS San Andrés, Providencia
y Santa Catalina y SENA
ENTREGA DE Ministerio de Cultura 100%
INSTRUMENTOS A
ESCUELA TOMY SILAYA
DE PROVIDENCIA
APROVECHAMIENTO Y UNGRD -Subcuenta 10%
SOSTENIBILIDAD TEATRO San Andrés, Providencia
Y CENTRO DE y Santa Catalina y
PRODUCCIÓN (CPCC) Ministerio de Cultura
PROVIDENCIA
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KIOSKOS VIVE DIGITAL Tecnologías de 100%
Información y las
Comunicaciones (sic)
ENTREGA DE Computadores para 100%
TERMINALES Educar - MinTic
(COMPUTADORES Y
TABLETAS)
CONEXIONES DIGITALES Computadores para 63%
Y FASE II DE ENTREGA DE Educar - MinTic
TERMINALES
(COMPUTADORES Y
TABLETAS)
UPC DIFERENCIAL PARA Ministerio de Salud 100%
EL ARCHIPIÉLAGO
IMPLEMENTACIÓN DE Cancillería 30%
LOS SERVICIOS DE
SALUD DE TELEMEDICINA
EN PROVIDENCIA
CENTRO DE Fundación Plan para la 100%
DESARROLLO INFANTIL Niñez
SAN ANDRÉS LITTLE
DOLPHINS
CASA LÚDICA Alcaldía de Providencia 100%
PROVIDENCIA
CASA LÚDICA SAN Alcaldía de Providencia 100%
ANDRÉS (sic)
GUÍA NÁUTICA DE Fontur – Fundación 100%
COLOMBIA turismo de Cartagena
MOVILIDAD MARÍTIMA Conocemos Navegando 97%
PROMOCIÓN Ministerio de Comercio 74%
GEOTURISMO –
NATIONAL GEOGRAPHIC
APOYO A LA PROMOCIÓN Ministerio de Comercio 5%
Y EL MERCADEO DE LAS
POSADAS NATIVAS DE
SAN ANDRÉS Y
PROVIDENCIA
MOVILIDAD ÁREA Satena y Servincluidos 75%
Ltda.
OPTIMIZACIÓN DE CARGA Pendiente
ENTRE ISLAS
150 BICICLETAS PARA Ministerio de Transporte 100%
USO PÚBLICO EN LA ISLA
DE SAN ANDRÉS
MATRÍCULA DE Gobernación San 50%
VEHÍCULOS EN EL Andrés, Providencia y
DEPARTAMENTO Santa Catalina
PÓLIZA PARA UNGRD – Subcuenta 100%
EMBARCACIONES San Andrés, Providencia
INDUSTRIALES y Santa Catalina
SUBSIDIO PESCADORES UNGRD – Subcuenta 86%
ARTESANALES San Andrés, Providencia
y Santa Catalina
DOTACIÓN DE Cancillería 100%
EMBARCACIONES
ARTESANALES (KITS DE
SEGURIDAD, MOTORES)
CAPACITACIÓN DE Organizaciones 100%
PESCADORES Solidarias Cooperativa
ARTESANALES EN Fish and Farm
COOPERATIVISMO Fundación New Lite (sic)
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PROYECTO PRODUCTIVO UNGRD – Subcuenta 49%
PESCADORES San Andrés, Providencia
INDUSTRIALES y Santa Catalina
TERMINAL PESQUERO UNGRD – Subcuenta 0%
San Andrés, Providencia
y Santa Catalina
APOYO A COMBUSTIBLE UNGRD – Subcuenta 78%
PARA PESCA INDUSTRIAL San Andrés, Providencia
y Santa Catalina
GRANJA EXPERIMENTAL Pendiente
DESARROLLO DE UNGRD – Subcuenta 100%
MARICULTURA San Andrés, Providencia
y Santa Catalina
INICIATIVA DEL Cancillería 82%
CANGREJO NEGRO
FORTALECIMIENTO DE Fontur 100%
PROCESOS
PRODUCTIVOS DEL
SECTOR TEXTIL
CONFECCIÓN
FORTALECIMIENTO DE Innpulsa Colombia 100%
ESTRATEGIAS DE
COMPETITIVIDAD
PROYECTO DE UNGRD – Subcuenta 30%
FORMACIÓN Y San Andrés, Providencia
PROMOCIÓN DE EMPLEO y Santa Catalina
– BPO
FONDO DE FOMENTO Findeter 0%
EMPRESARIAL
DISEÑO PROYECTO Universidad Nacional de 100%
INTEGRAL DE MOVILIDAD Colombia
GENERACIÓN DE Innpulsa Colombia 86%
ENERGÍA COMBINADA
CON SOLUCIONES DE
AGUA POTABLE
ALUMBRADO SOLAR EEDAS 0%
PÚBLICO EN EL SUR DE
SAN ANDRÉS
PROYECTO DE Carbono War Room / 0%
EFICIENCIA ENERGÉTICA Rocky Mountain Institute
EN EL HOSPITAL DE SAN
ANDRÉS
PROYECTO DE Coralina / Fundación 100%
APROVECHAMIENTO DE Bavaria – Cancillería
RESIDUOS SOLIDOS –
RSU
CONSERVACIÓN Y Se contrató la Gerencia
APROVECHAMIENTO DE Integral Reunión de
LA RESERVA DE LA Inicio de la Alianza
BIOSFERA SEAFLOWER
MEJORA DE LA Findeter 60%
INFRAESTRUCTURA
COSTERA Y GESTIÓN DEL
RIESGO
INSUMOS POT UNGRD – Subcuenta 100%
San Andrés, Providencia
y Santa Catalina
REGISTRO POBLACIONAL UNGRD – Subcuenta 100%
(DANE) San Andrés, Providencia
y Santa Catalina
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ENTREGA DE COMBO DE UNGRD – Subcuenta 100%
MAQUINARIA VIAL San Andrés, Providencia
y Santa Catalina
ENTREGA DE KIT Dirección Nacional de 100%
ACUÁTICO DE Bomberos
BOMBEROS PARA SAI Y
PROVIDENCIA
MODELO DE VIGILANCIA Ministerio del Interior 100%
COMUNITARIA POR
CUADRANTES
(VEHÍCULOS, RADIOS,
REPETIDORES, ETC.)
ESCUELA DE POLICÍA Policía Nacional 100%
RAIZAL
CAPACITACIÓN Y Ministerio del Interior 100%
DOTACIÓN A CUERPO DE
BOMBEROS DE LAS ISLAS
FORTALECIMIENTO Findeter 0%
FISCAL Y CAPACITACIÓN
FUNCIONARIOS
[…]”.
185. Copia del informe rendido por la Directora Regional del Servicio Nacional
de Aprendizaje – SENA, el 20 de agosto de 2016, en el que indica que a esa
entidad no se le han asignado recursos para la ejecución de proyectos que
hagan parte del Plan Estratégico para el Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina100.
186. Copia del informe suscrito por el Coordinador del Grupo de Planeación
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el 23 de agosto de 2016, según
el cual esa entidad no cuenta con una asignación específica para el desarrollo
de proyectos en el marco del mencionado Plan Estratégico; sin embargo, aclaró
que los recurso que desde el Presupuesto General de la Nación son asignados
al ICBF para el desarrollo de proyectos que contribuyen a la misionalidad del
Instituto, hacen parte de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2014-
2018101.
187. Copia del informe suscrito por el Comandante del Departamento de
Policía de San Andrés, Providencia y Santa Catalina indicando que “[…] como
unidad ejecutoria de presupuesto, no está desarrollando proyectos con
recursos del plan estratégico para el archipiélago […]”102.
100 Folio 800
101 Folio 802
102 Folio 803
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188. Copia del informe elaborado por el Director General de la Corporación
para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia Y
Santa Catalina, de 23 de agosto de 2016, en el que explica que no ejecuta de
manera directa proyectos con recursos asignados a través del Presupuesto
General de la Nación o que hagan parte del Plan Estratégico para el
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, sino en convenio
con otras entidades del Estado103.
189. La Sala considera que de conformidad con las pruebas indicadas supra
es posible concluir que no existe amenaza de los derechos e intereses
colectivos amparados en la sentencia proferida, en primera instancia.
190. La Sala destaca que de acuerdo con lo informado por el Comando
Específico San Andrés y Providencia de la Armada Nacional, el 17 de mayo de
2016, se “[…] continúa desarrollando operaciones navales, encaminadas a la
protección de los intereses marítimos de la Nación […] preservación de la vida
humana y protección de los derechos históricos de pesca de los
colombianos, en las aguas jurisdiccionales que se encuentran incluidas
en los límites históricos establecidos en tratados internacionales,
suscritos por la República de Colombia con anterioridad al fallo de la
Corte Internacional de Justicia de la Haya […]”104. (Destacado fuera de
texto).
191. Asimismo, en el precitado escrito se resaltó:
“[…] en relación al requerimiento relacionado con si después del fallo de la
Haya los pescadores artesanales de las islas – San Andrés, Providencia y
Santa Catalina- han continuado ejerciendo sus actividades de pesca, o si
por el contrario han abandonado la zona y/o disminuido dichas faenas, le
comunico que de acuerdo con lo informado por las Capitanías de Puerto
de San Andrés y Providencia, ellos continúan desarrollando sus
actividades de pesca en las áreas donde su capacidad y autonomía lo
permiten […]”105. (Destacado fuera de texto).
192. El Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor Aéreo (E), de la Fuerza
Aérea Colombiana, indicó mediante escrito de 16 de mayo de 2016 que “[…] la
103 Folios 821 a 825
104
Cfr. Folio 660 del Cuaderno Principal.
105
Cfr. Folio 660 del Cuaderno Principal.
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Fuerza Aérea Colombiana continúa ejerciendo soberanía sobre las fronteras
establecidas antes del fallo de la Corte Internacional de Justicia […]”106.
193. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas, de conformidad con
las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 de la Ley 1564,
aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados
hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en
relación con los problemas jurídicos planteados en el caso sub examine.
194. La Sala procederá a resolver los problemas jurídicos formulados supra,
teniendo en cuenta los artículos 320 y 328 de la Ley 1564 anteriormente
indicados y los límites de los recursos de apelación.
Solución a los problemas jurídicos
Procedencia del medio de control de protección de derechos e intereses
colectivos para ordenar la celebración de tratados internacionales
195. El actor popular formuló en la demanda, entre otras, las siguientes
pretensiones:
“[…] 3. Se les ordene, a) al equipo de abogados que defendieron a
Colombia en el proceso que culminó con el adverso fallo de la haya, que
despojó a Colombia de más de 75.000 kilómetros de mar, a que rindan un
informe público a la ciudadanía. Y digan quiénes fueron sus miembros,
nombres, identificaciones civiles y profesionales, experiencia, cargos
ocupados, qué papel jugó cada uno de ellos y qué responsabilidades
tenían, qué contrato o documento se les otorgó, qué informes presentaron
a quiénes, en qué fechas, y con qué facultades.
b) Se les ordene al ministerio de Relaciones Exteriores, informe por qué no
se investigó o recuso a la Magistrada de la Corte de La Haya China Xuen
sobre sus intereses, y favorecimiento a su país, en las resultas del litigio
internacional.
c) Se les ordene a los abogados que defendieron a Colombia, informen por
qué no se investigó o recusó a la Magistrada de la Corte de la Haya China
Xuen sobre sus intereses y favorecimiento a su país, en las resultas del
litigio internacional.
[…]
6. Se a) ordene al Ministerio De Relaciones Exteriores, iniciar las gestiones
para realizar un nuevo tratado de pesca marítima con Nicaragua.
106 Folio 661
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b) se ordene pronunciamiento Ministerio De Relaciones Exteriores sobre,
el futuro interoceánico patrocinado por China, en Nicaragua.
c) se ordene pronunciamiento Ministerio De Relaciones Exteriores a la
UNESCO sobre la zona ecológica especial para la biosfera y los riesgos a
las que se ve expuesta por el fraudulento fallo.
7. Se estudie la posibilidad de destinar una partida especial, de las regalías,
para apoyar económicamente la crisis que padece el Departamento de San
Andrés y Providencia y su población raizal para dotarle de embarcaciones
y naves adecuadas y de ser posible un portaviones, para su protección
frente a Nicaragua y China.
[…]
11. Se oficie al Gobierno Nacional, para que con destino a este proceso,
informe si la población raizal (afrocolombiana) residente en las islas, fue
consultada e informada previamente, sobre las actividades y estrategia de
la defensa ante la CIJ de La Haya. Lo anterior en virtud del deber de
consulta previa a la que están obligados.
12. Se ordene al ministerio de Hacienda, y Ministerio de Defensa; proyectar
partidas presupuestales para la adquisición de equipo naves y aeronaves,
portaviones y buques adecuados, que permitan la protección de nuestro
mar territorial; no solo de Nicaragua, sino eventualmente, de potencias
militares mundiales como la China […]”.
196. El Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina, en sentencia proferida el 5 de septiembre de 2017, resolvió,
entre otras cosas, lo siguiente:
“[…] QUINTO: ORDÉNASE a la Presidencia de la República y al Ministerio de
Relaciones Exteriores-Cancillería:
1. Propiciar el acercamiento con la República de Nicaragua, con el fin de
lograr un acuerdo sobre la actividad de pesca que realizan los habitantes
de las islas, en la zona marítima que fue concedida a la República de
Nicaragua mediante el fallo de la CIJ, permitiendo que continúen
ejerciendo libremente la pesca sobre dicha zona. En dicho Acuerdo se
deberá estipular que los guardacostas de la República de Nicaragua no
obstaculicen las faenas de pesca de la población raizal como tampoco
puedan ser reducidos a prisión o arresto ni ser decomisados sus
productos. En las respectivas reuniones se deberá contar por lo menos con
3 pescadores artesanales de la población raizal del Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El término para
el cumplimiento de la anterior orden, es de seis (6) meses, contados a partir de
la notificación del presente proveído.
2. Buscar un acercamiento entre la República de Nicaragua y la República
de Colombia, con el fin de lograr la suscripción de un convenio
internacional, que procure la protección del medio ambiente y del
ecosistema del área marina protegida, declarada por la UNESCO, Reserva
de Biosfera Sea Flower, de conformidad con la parte motiva de este proveído.
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La anterior orden deberá cumplirse dentro de los seis (6) meses siguientes a la
notificación de esta providencia […]”. (Destacado fuera de texto).
197. El Tribunal consideró lo siguiente107:
“[…] Ahora bien, después del análisis de los argumentos expuestos por la
defensa de Colombia y el fallo que recayó en dicho proceso, observa esta Sala
que ni en una ni en otra se hace referencia al elemento humano que se
encontraba asentado por más de 200 años en las islas de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina.
Sobre este particular, la Sala de decisión, considera importante resaltar el
asentamiento de los habitantes en el territorio insular y que
históricamente registra no solo la actividad comercial que se practicaba
sino, además, el número significativo de los primeros moradores de estas
tierras, su comportamiento, forma de sustento y la manera de procurarse
su supervivencia. Con esto, cobra relevancia el concepto propio del elemento
humano y por ende la afectación directa recae sobre la comunidad conformada
en ese entorno, luego de la decisión adoptada por la CIJ.
Por ello, le asiste razón al actor, respecto a la exclusión del tema de
población, medio ambiente y especial protección a la zona marina
declarada reserva de biosfera Seaflower por la UNESCO, por cuanto en
los argumentos que sirvieron de fundamento a la sentencia que profirió
la CIJ, la máxima autoridad de justicia internacional no tuvo en cuenta
dichos aspectos de suma relevancia. También, observa este Tribunal que
el haber hecho invisible a la población étnica raizal en dicho fallo,
eventualmente pudo provenir del silencio absoluto que sobre ese aspecto
guardó la contestación de la demanda y los respectivos alegatos de la
defensa de la República de Colombia y es que, la necesidad de hacer ver
y recordar acerca de la existencia de este pueblo ante la Corte no es de
poca monta, porque el trasegar de esta gente en las islas y su mar se
remonta a épocas anteriores a la conformación de la República de
Colombia.
[…]
Teniendo en cuenta lo dicho en precedencia, es claro que se invisibilizó a
una comunidad, a la necesidad que tenía el pueblo raizal de ser
reconocido por la CIJ durante el litigio entre Nicaragua y Colombia, por
cuanto este aspecto podría causar un efecto distinto en las decisiones
adoptadas mediante el fallo de 19 de noviembre de 2012. Por no haber
sido la defensa presentada por Colombia, una oportunidad para tal
reconocimiento, considera esta Sala que, el Estado deberá responder por
la vulneración de los derechos colectivos de los habitantes del
Archipiélago, (en especial aquellas personas que hacían del mar y la zona
específica cedida al país vecino), su mínimo vital.
Por otro lado, el fallo del 19 de noviembre de 2012, además de la afectación
a la actividad de pesca como fuente primaria de sustento de muchos
habitantes de las Islas, trajo consigo un impacto sobre los servicios
ecosistémicos: la producción de alimento: protección costera contra la
erosión; protección contra fenómenos naturales, purificación del agua
107 Cfr. Folio 1142 y siguientes del Cuaderno Principal.
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(absorción de contaminantes); captura de carbono; hábitat de biodiversidad;
turismo; producción de materias primas (madera, arena, minerales, insumos
para medicinas): protección y aporte a las condiciones aptas para otros
ecosistemas marinos; regulación del clima; recursos genéticos; soporte para el
transporte marítimo; ciclo de nutrientes; aportes y retenciones, refugio de
larvas, salacuna de peces; producción de energía; provisión de agua potable y
producción de oxígeno.
Todo aquello se traduce, en ese mínimo vital, que debe entenderse como
el derecho fundamental que abarca todas las medidas positivas o
negativas constitucionalmente ordenadas con el fin de evitar que la
persona se vea reducida en su valor intrínseco como ser humano, debido
a que no cuenta con las condiciones materiales que le permitan llevar una
existencia digna. Este derecho fundamental, busca garantizar que la persona,
centro del ordenamiento jurídico, no se convierta en instrumento de otros fines,
objetivos, propósitos, bienes o intereses, por importantes o valiosos que ellos
sean. Tal derecho protege a la persona, en consecuencia, contra toda forma
de degradación que comprometa no sólo su subsistencia física sino por sobre
todo su valor intrínseco […]”.
198. El Ministerio de Relaciones Exteriores, en el recurso de apelación,
sostuvo que la acción popular es improcedente para decidir sobre puntos de
derecho internacional potestativos del Presidente de la República, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 9 de la Ley 472 de 1998 y de conformidad con la
sentencia C-316 de 2012.
199. Para resolver este argumento, la Sala destaca que el artículo 9 de la
Constitución Política determina que las relaciones internacionales del Estado
colombiano tienen fundamento en la soberanía nacional, el respeto a la
autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del
derecho internacional aceptados por Colombia, de igual manera, que la política
exterior se orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe.
200. Asimismo, el artículo 115 de la Constitución Política prevé que el
Presidente de la República es Jefe del Estado, Jefe del Gobierno y suprema
autoridad administrativa.
201. Por su parte, los artículos 188 y 189, numeral 2 de la Constitución
Política, determinan que el Presidente de la República simboliza la unidad
nacional y le corresponde dirigir las relaciones internacionales108, nombrar a los
108 Sobre el particular ver: Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 19 de abril
de 2012, expediente núm. 11001-03-06-000-2011-00088-00(2083). C.P. Enrique Jose Arboleda Perdomo
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agentes diplomáticos y consulares, recibir a los agentes respectivos y celebrar
con otros Estados y entidades de derecho internacional tratados o convenios.
202. El artículo 101 de la Constitución Política prevé lo siguiente:
“[…] Los límites de Colombia son los establecidos en los tratados internacionales
aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la
República, y los definidos por los laudos arbitrales en que sea parte la Nación.
Los límites señalados en la forma prevista por esta Constitución, sólo podrán
modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente
ratificados por el Presidente de la República […]”.
203. Ahora bien, la Corte Constitucional en la sentencia C-269 de 2014
consideró lo siguiente109:
“[…] El inciso segundo del artículo 101 de la Constitución prevé una regla
conforme a la cual la situación general del territorio vigente al
promulgarse la Constitución de 1991, solo puede ser modificada o
alterada en virtud de la celebración de un tratado, aprobado por el
Congreso, sometido al control previo de constitucionalidad y ratificado
por el Presidente de la República. Y el reconocimiento de la jurisdicción
de la Corte Internacional de Justicia establecido en el artículo XXXI del
TASP (Pacto de Bogotá) y que hace posible su pronunciamiento en
asuntos relativos a los límites del Estado Colombiano, da origen a una
obligación de reconocer y cumplir las decisiones adoptadas en desarrollo
de lo allí dispuesto.
5.9.3. El reconocimiento de jurisdicción previsto y el consecuente
surgimiento de una obligación internacional de cumplir las decisiones
que se adopten en virtud de dicho reconocimiento, tiene como efecto la
imposición al Estado de un deber de aceptar una modificación de la
situación general del territorio y de actuar de conformidad con ella, a
pesar de existir un mandato constitucional que ordena que cualquier
variación del territorio lo sea en virtud de un tratado aprobado por el
Congreso, controlado judicialmente por la Corte y ratificado por el
Presidente. La contraposición referida da lugar a un conflicto entre el
principio Pacta Sunt Servanda amparado constitucionalmente por el
artículo 9º y las reglas del artículo 101. Ello impone a las autoridades
políticas, la obligación de adelantar los procedimientos que correspondan
para evitar la contradicción entre el derecho interno y el derecho
internacional.
5.9.4. Se impone la maximización de los intereses constitucionales que se
encuentran en conflicto, buscando evitar el establecimiento de un predominio
absoluto de las normas constitucionales en tensión. Por ello, la obligación de
armonizar el deber de aplicar las disposiciones constitucionales y el
deber de cumplir de buena fe los compromisos internacionales, no puede
traducirse en la fijación de una regla que tenga como efecto privar de
contenido a alguno de ellos. La obligación de armonizar permite, en esta
109
Corte Constitucional, sentencia C-269 de 2 de mayo de 2014, MP. Mauricio González Cuervo.
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oportunidad, hacer compatible la obligación de cumplir las obligaciones
internacionales contraídas por el Estado colombiano, expresión de los
principios del derecho internacional aceptados por Colombia, con el
mandato de respetar los contenidos mínimos de una disposición que,
como el artículo 101, define uno de los asuntos más significativos desde
la perspectiva de la organización constitucional.
5.9.5. Tal comprensión permite armonizar los deberes enfrentados: (i) de una
parte, reconoce la validez de las cláusulas demandadas del Pacto de Bogotá
aprobadas mediante la Ley 37 de 1961 y cuya vigencia resulta incuestionable
al amparo del principio pacta sunt servanda durante el tiempo en que tuvo vigor
para Colombia el Tratado, y el que las decisiones proferidas por la Corte
Internacional de Justicia, con base en la jurisdicción reconocida por Colombia
mediante el artículo XXXI del Pacto, tampoco pueden ser desconocidas, de
conformidad con lo prescrito en artículo 94 de la Carta de las Naciones Unidas;
(ii) de otra parte, el respeto de la regla constitucional prevista en el artículo 101
de la Carta conforme a la cual cualquier modificación de la situación general de
límites territoriales vigentes en 1991, deberá llevarse a cabo de acuerdo con lo
prescrito en el segundo inciso de la referida disposición.
[…]
La maximización de los intereses constitucionales que se encuentran en
conflicto, esto es, la obligación de armonizar el deber de aplicar las
disposiciones constitucionales y el deber de cumplir de buena fe los
compromisos internacionales, exige reconocer que del artículo 101
constitucional se deriva un imperativo de incorporación de las decisiones
referidas a la modificación de límites por medio de la celebración,
aprobación y ratificación de un tratado limítrofe.
[…]
9.12. Así las cosas, las autoridades del Estado Colombiano tienen la
obligación de acatamiento del artículo 101, inciso 2, de la manera en que
ha sido interpretada por este Tribunal, procurando el reconocimiento del
efecto útil de la disposición constitucional en un sentido que resulte
compatible con el deber de cumplimiento de las obligaciones
internacionales contraídas […]”. (Destacado fuera de texto).
204. Adicionalmente, la Corte Constitucional ha considerado que la dirección
de las relaciones internacionales de Colombia es una actividad que compete
privativamente al Presidente de la República:
“[…] De conformidad con lo dicho, se refrenda el principio constitucional de que
la dirección de las relaciones internacionales, la iniciativa para celebrar
tratados y convenios, y para determinar y asegurar el modo y las condiciones
para su cumplimiento, es cuestión que compete privativamente al Presidente
de la República (arts. 150-16 y 189-2). Por consiguiente, no le es permitido a
esta Corte, sin que invada el ámbito de las atribuciones presidenciales en la
materia, declarar presuntos incumplimientos por el Gobierno a tratados o
convenios internacionales vigentes, ni mucho menos indicarle la conducta que
deba observar en tales circunstancias. La Corporación, a lo sumo, podría señalar,
a título de hipótesis mas no de decisión vinculante, las contradicciones que puedan
existir entre las normas de un tratado o convenio a cuyo cumplimiento está obligado
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el Estado colombiano con otro u otros Estados, y las disposiciones de un nuevo
tratado o convenio que el Ejecutivo pretenda ratificar o al cual desee adherir, para
que el Gobierno actúe, según su criterio y en la órbita de sus atribuciones; a él
corresponde determinar si las disposiciones de un nuevo tratado comportan el
incumplimiento de otro u otros tratados y adoptar la determinación de ratificar o
adherir a éste con reservas, o de denunciar los acuerdos anteriores […]”110.
205. La Corte Constitucional de igual manera señaló que111:
“[…] Debe agregarse que al presidente de la República se le asigna una
función que resulta permanente y continua en materia de relaciones
exteriores, toda vez que es el director de las mismas. No sólo nombra a los
agentes diplomáticos y consulares que lo representan y lo mantienen informado
de las actividades que se desarrollan en otros países, y que de alguna manera
afectan los intereses de Colombia, sino que es el primer responsable ante la
comunidad internacional, toda vez que en la celebración de cualquier tratado o
convenio él es el encargado, en primera instancia, de comprometer al Estado
colombiano. Por ello, la Convención de Viena de 1969 (aprobada por Colombia
a través de la Ley 32 de 1985) más conocida como "Tratado de los Tratados",
dispone en su artículo 7.2. que el poder de manifestar el consentimiento radica
en quienes tengan los plenos poderes, que los tienen de pleno de derecho “en
virtud de sus funciones”, los jefes de Estado, los jefes de gobierno y los
ministros de Relaciones Exteriores. En otras palabras, únicamente el
presidente de la República puede determinar, como supremo director de
las relaciones internacionales, el momento, la forma y las condiciones
para la negociación y posterior celebración de un tratado (Art. 189-2 C.P.).
No puede, entonces, ningún otro órgano perteneciente a las demás ramas
del poder público, comprometer el nombre de Colombia o solicitar al jefe
de Estado que proceda a hacerlo, pues ello equivale a desconocer el
principio de separación de poderes y la consecuente autonomía e
independencia de que goza cada rama, en este caso la Ejecutiva (Arts. 113
y 115 C.P.) […]”. (Destacado fuera de texto).
206. El artículo 9 de la Ley 472, establece que las acciones populares
proceden contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los
particulares, que hayan violado o amenacen violar los derechos e intereses
colectivos.
207. Esta Corporación ha establecido excepciones a la procedencia de este
medio de control en materias como: i) discutir leyes de la República y decisiones
de constitucionalidad112; ii) controversias en el marco de la negociación y
110 Corte Constitucional. Sentencia C- 246 de 21 de abril de 1999, M.P. José Gregorio Hernández Galindo
y Antonio Barrera Carbonell.
111 Corte Constitucional, sentencia C-170 de 20 de abril de 1995, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
112 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 25 de mayo
de 2006, C.P. Ruth Stella Correa, número único de radicación: 25000-23-27-000-2003-00345-02.
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celebración de tratados internacionales113; iii) cuestionar decisiones judiciales114
o lograr su cumplimiento115; así como iv) revivir términos procesales116, en los
siguientes términos:
“[…] 8. Esta Corporación117 tiene determinado que la acción popular no
tiene un carácter supletivo o residual frente a otras acciones judiciales sino
que se caracteriza por ser autónoma y principal dado que su objeto es la
protección de derechos colectivos118.
No obstante lo anterior, la jurisprudencia también ha señalado que ello no
implica que los poderes del juez de la acción popular sean ilimitados. Así,
ha dejado en claro que este medio de control no procede para
controvertir las leyes de la República y discutir decisiones judiciales de
constitucionalidad, ni para cuestionar constitucionalidad del proceso
de concertación y entrada en vigor de Tratados Internacionales;
tampoco para discutir decisiones judiciales; ni es el medio idóneo de
verificación y cumplimiento de lo decidido por otras autoridades
judiciales y del mismo modo no es procedente para revivir los términos
cuando no se interpuso oportunamente la acción electoral […]”119.
(Destacado fuera de texto).
208. En este punto, la Sección Tercera del Consejo de Estado, en providencia
de 6 de julio de 2006, consideró lo siguiente120:
“[…] De lo expuesto, considera la Sala que si bien formalmente la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo es la competente para la protección del
derecho colectivo invocado por el actor, ocurre que en la medida en que
sus acusaciones van dirigidas a discutir la constitucionalidad del Tratado,
no resulta materialmente posible su revisión a través de la acción popular.
Muy por el contrario, ante la abundante y clara normatividad que regula la materia
y que ha sido estudiada en esta providencia, considera la Sala que la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo carece de competencia para
conocer del asunto que ha sido propuesto por el actor, que, como ya se
indicó, radica en un verdadero análisis de constitucionalidad del que podría
llegar a constituirse en un Tratado.
113 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto de 6 de julio de 2006,
C.P. Ramiro Saavedra Becerra, número único de radicación: 25000-23-27-000-2005- 01725-01.
114 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 7 de julio
de 2005, C.P. Alier Eduardo Hernández, número único de radicación: 25000-23-25-000-2002-02661-01.
115 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 16 de marzo
de 2006, C.P. Ruth Stella Correa, número único de radicación: 13001233100020030023901.
116 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 22 de febrero de 2007, C.P. Ruth Stella Correa,
número único de radicación: 19001-23-31-000-2004-01678-01.
117 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,Sección Tercera, sentencia de 5 de octubre
de 2005, C.P. Ruth Stella Correa, número único de radicación: 20001-23-31-000-2001-01588-01
118 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 10 de
febrero de 2005, C.P. María Elena Giraldo Gómez, número único de radicación:25000-23-25-000-2003-
00254-01.
119 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia
de 4 de abril de 2016, C.P. Guillermo Sánchez Luque, número único de radicación: 85001-23-31-000-
2012-00139-01.
120
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto de 6 de julio de
2006, C.P. Ramiro Saavedra Becerra, número único de radicación: 25000-23-27-000-2005- 01725-01.
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Desde esta perspectiva, los motivos consignados en la demanda como
fundamento de la acción popular que nos ocupa, se encaminan a sostener que
las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de
Norteamérica violan la Constitución; pero, ni en su componente fáctico, ni en el
jurídico, se encuentran fundamentos reales que le den competencia al juez
popular para adelantar esta acción, pues existe una manifiesta falta de
causa petendi frente a derechos colectivos en la demanda, dado que de las
pretensiones y de los hechos allí enunciados, no es posible extraer,
razonablemente, ningún fundamento fáctico o jurídico relacionado con la
amenaza o violación de tales derechos. En consecuencia, la demanda ha
debido ser igualmente rechazada por este aspecto, pues, tal y como se observó
en precedencia, la acción presentada materialmente no fue popular, sino
claramente una acción de inconstitucionalidad.
[…]
De lo expuesto, queda claro que el control del juez popular en el trámite del
proyecto de Tratado de libre comercio que actualmente se negocia con Estados
Unidos de Norteamérica, no tiene cabida y que el Constituyente diseñó un
marco jurídico - político que propende por la participación de tres Ramas
del Poder Público y de la ciudadanía en general, en donde no cabe
interpretación alguna que permita introducir otro procedimiento para su
control, sin violar la Constitución misma.
En conclusión, atendiendo a que la negociación del Tratado de Libre Comercio
con los Estados Unidos de Norteamérica, es potestad exclusiva del Presidente
de la República, en cuya cabeza está la dirección de las relaciones
internacionales, que de la causa petendi de la demanda se extrae que ésta en
realidad corresponde a una acción de inconstitucionalidad y no a una acción
popular y a que durante el trámite del Tratado éste se encuentra sujeto a un
control político por parte del Congreso de la República y a un control judicial por
parte de la Corte Constitucional, considera la Sala que el juez popular carece de
competencia para conocer del presente asunto (art. 140-1 del C.P.C., al que se
remite la Sala por disposición del artículo 44 de la Ley 472 de 1998) […]”.
(Destacado fuera de texto).
209. La Sección Primera del Consejo de Estado ha acogido el criterio
jurisprudencial citado, en lo que se refiere a la improcedencia de la acción
popular en el trámite de tratados internacionales, al respecto, consideró lo
siguiente:
“[…] Esta Corporación en diversas oportunidades ha indicado que, en atención a
la forma en que está regulado a nivel constitucional y legal el trámite de los
tratados internacionales y en consideración a los controles jurídicos y
políticos que existen para verificar su conveniencia y constitucionalidad,
no hay lugar a que por vía de la acción popular se cuestione su eventual
incidencia en el desconocimiento de derechos colectivos.
Cabe precisar que, en relación con el problema de Jurisdicción y Competencia
planteado, la Sección Tercera del Consejo de Estado en providencia de fecha 6
de julio de 2006 (Expediente núm. 01725-0, Consejero ponente doctor Ramiro
Saavedra Becerra), señaló que:
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“El control del juez popular en el trámite del proyecto de tratado de
libre comercio que actualmente se negocia con Estados Unidos de
Norteamérica, no tiene cabida ya que el constituyente diseñó un marco
jurídico político que propende por la participación de tres ramas del
poder público y la ciudadanía en general, en donde no cabe
interpretación alguna que permita introducir otro procedimiento para
su control, sin violar la Constitución misma.”
En razón a lo anterior, se precisa que la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo no tiene competencia para adoptar decisiones en relación con
las determinaciones que se han implementado en el ámbito internacional,
específicamente, en lo estipulado en el Tratado de Chicago de 1944, aprobado por
la Ley 12 de 23 de octubre de 1947, pues la decisión allí acatada fue competencia
exclusiva y excluyente del Presidente de la República por ser el encargado
de dirigir las relaciones diplomáticas y de celebrar los tratados o convenios
internacionales.
De lo expuesto, queda claro que el juez en la acción popular no está facultado
para modificar los acuerdos celebrados en el Tratado de Chicago, de tal manera
que, no le es factible, en caso de que considerara vulnerados los derechos
colectivos invocados, ordenar que sea Colombia la que suministre los servicios
aeronáuticos en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina, Islas, para las aeronaves que sobrevuelen a más de 19.000 pies
de altura, pues la pretensión del servicio le fue otorgada en virtud de las soberanía
estatal a los Estados Unidos y con posterioridad a la República de Panamá […]”121.
(Destacado fuera de texto).
210. La Sala considera que, de acuerdo con las normas y desarrollos
jurisprudenciales mencionados supra, la acción popular no es el medio para
pretender la celebración de tratados internacionales, ni corresponde al juez de
la acción popular intervenir en el trámite de tratados internacionales, toda vez
que carece de competencia para adoptar decisiones en relación con las
determinaciones que se han implementado o se pretendan implementar en el
ámbito internacional, siendo competencia exclusiva y excluyente del Presidente
de la República por ser el encargado de dirigir las relaciones diplomáticas y de
celebrar los tratados o convenios internacionales.
211. En consecuencia, la Sala considera que el argumento expuesto por el
Ministerio de Relaciones Exteriores está llamado a prosperar, bajo el entendido
que no es procedente la acción popular para amparar derechos e intereses
colectivos, cuya protección traiga como consecuencia que se impartan órdenes
relacionadas con determinaciones en el ámbito internacional, concretamente,
en la celebración y trámite de tratados internacionales, las cuales, se reitera,
121 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de mayo
de 2011, C.P María Elizabeth García González, número único de radiación: 88001-23-31-000-2005-
00011-01.
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son de competencia exclusiva y excluyente del Presidente de la República en
su calidad de Jefe de Estado.
212. En Igual sentido, la Sala destaca que no corresponde al juez de la acción
popular pronunciarse respecto a la defensa del Estado colombiano ante la
Corte Internacional de Justicia en el caso del diferendo limítrofe con la
República de Nicaragua.
213. La Sala declarará improcedente la acción popular de la referencia, tal
como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Asimismo, la Sala
precisa que la solución de los argumentos de los recursos de apelación
referidos a la indebida interpretación del principio de oportunidad y al
desconocimiento de las funciones constitucionales del Presidente de la
República para dirigir las relaciones internacionales, está subsumida en el
análisis precedente y, en todo caso, resulta inane hacer un pronunciamiento
frente a estos argumentos, cuando la acción popular es improcedente.
Falta de valoración de las pruebas que demuestran que no existe amenaza
a los derechos colectivos amparados y que los pescadores de la Isla se
encuentren en condición de vulnerabilidad
214. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y el
Ministerio de Relaciones Exteriores señalaron en sus recursos de apelación
que el Tribunal no valoró las pruebas que demuestran que no existe amenaza
a los derechos e intereses colectivos amparados con ocasión de la defensa del
Estado colombiano ante la Corte Internacional de Justicia. Asimismo, que no
se probó que los pescadores de la Isla se encuentren en condición de
vulnerabilidad, por cuanto el Gobierno Nacional diseñó y está implementando
el “Plan San Andrés, Providencia y Santa Catalina”.
215. La Sala considera que aún cuando se declarará la improcedencia de la
acción popular de la referencia por las razones expuestas en el acápite
precedente, resulta necesario precisar que del análisis probatorio realizado
supra no se logró demostrar la amenaza de los derechos colectivos amparados
en la sentencia proferida, en primera instancia.
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216. Al respecto, la Sala resalta que en la sentencia apelada no se observan
argumentos que permitan evidenciar las razones por las cuales el Tribunal
amparó, por amenaza, los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, al
equilibrio ecológico, al goce del espacio público, a la defensa del patrimonio
público, a la defensa del patrimonio cultural y a la seguridad y salubridad
públicas. Concretamente, la sentencia apelada omitió hacer un
pronunciamiento sobre los fundamentos para que procediera el amparo de
cada uno de los precitados derechos e intereses colectivos.
217. La Sala precisa que lo que se demostró en el proceso es que los
pescadores continúan desarrollando sus actividades de pesca en las áreas
donde su capacidad y autonomía lo permiten, incluso después de la sentencia
de la Corte Internacional de Justicia, como lo destacó la Capitanía de Puerto
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Por lo anterior, la Sala no
evidencia que exista amenaza de los derechos e intereses colectivos
invocados.
218. La Sala considera, frente al escrito presentado por el actor popular,
cuando el expediente se encontraba al Despacho para proferir sentencia, en el
que solicitó se le reconociera un incentivo económico o la condena en costas
por la presentación de la demanda y el trámite del proceso, que, por un lado, el
artículo 1.º de la Ley 1425 de 29 de diciembre de 2010122 derogó el
reconocimiento del incentivo en las acciones populares y, por otro lado, que el
actor popular no interpuso recurso de apelación contra la sentencia proferida,
en primera instancia, en el que planteara la mencionada solicitud, por lo que no
es procedente emitir un pronunciamiento al respecto.
219. Finalmente, y de conformidad con el artículo 38 de la Ley 472 y los
numerales 1.° y 8.º del artículo 365 de la Ley 1564, la Sala se abstendrá de
condenar en costas en esta instancia, en atención a que no está probada su
causación.
122 “[…] Por medio de la cual se derogan artículos de la Ley 472 de 1998 Acciones Populares y Grupo
[…]”.
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Conclusiones de la Sala
220. La Sala considera que la acción popular de la referencia es
improcedente, toda vez que el juez de este medio de control no tiene la
competencia para intervenir en asuntos propios del manejo de las relaciones
internacionales ni para impartir órdenes relacionadas con la celebración de
tratados internacionales, tal como se decidirá en la parte resolutiva de esta
providencia.
221. La Sala considera que no se demostró la amenaza de los derechos e
intereses colectivos protegidos en la sentencia proferida, en primera instancia.
222. Por lo anterior, la Sala revocará la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,
en primera instancia, el 5 de septiembre de 2017, en su lugar, declarará
improcedente la acción popular.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento que manifestó el
Consejero de Estado, doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes, para intervenir
en el proceso de la referencia y, en consecuencia, SEPARAR al Magistrado de
la Sección Primera del Consejo de Estado del conocimiento de la presente
acción popular, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina el 5 de septiembre
de 2017, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: DECLARAR improcedente la acción popular, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
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CUARTO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
QUINTO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.
SEXTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen, dejando las correspondientes anotaciones de ley.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala, en la sesión del día.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidenta
Consejera de Estado
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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