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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 88001-23-33-000-2013-00059-01

Fecha
15 de julio de 2021
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 88001-23-33-000-2013-00059-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 21 de abril de 2014 por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que denegó las pretensiones de la demanda, en el proceso promovido por el señor Eugenio Núñez García, contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante, las cuales se deben liquidar por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el programa SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 88001-23-33-000-2013-00059-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

15 de julio de 2021

RÉGIMEN DE TRANSICIÓN ESPECIAL PARA PENSIÓN DE ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO DE CONTROLADORES DE TRÁNSITO AÉREO Y RADIO OPERADOR DE LA AERONÁUTICA CIVIL – Requisitos

[E]l señor Núñez García no es beneficiario de la transición regulada en el artículo 7 del Decreto 1835 de 1994, por cuanto para el 4 de agosto de 1994, fecha en que entró en vigencia dicha norma, no contaba con los 10 años de servicio en la Aeronáutica Civil o los 40 años de edad; ello en virtud de que para esa data tenía 34 años de edad y un poco más de 8 años de servicio en la aludida entidad. De otra parte, de lo probado en el expediente se advierte que al 31 de diciembre de 1993 no estuvo vinculado como técnico aeronáutico a la planta de personal de la UAE, sino como técnico en electrónica grado 12. De igual forma, tampoco está demostrado que el actor hubiese causado su derecho a la pensión especial de vejez en virtud del artículo 4 del Decreto 1835 de 1994 porque, al 27 de julio de 2003, fecha última de vigencia de la referida norma, no tenía 45 años de edad, y solo acreditaba un total de 899,428 semanas de servicio cuando se exigían 1000 semanas de cotización en las actividades de alto riesgo. De esta manera, la Sala encuentra que el señor Eugenio Núñez García no acreditó el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Decreto 1835 de 1994 para ser beneficiario del régimen de transición allí previsto por cuanto no tenía la edad de 40 años, ni tampoco demostró la prestación de servicios por al menos 10 años en la UAE Aeronáutica Civil, así como tampoco le es aplicable la norma en comento porque no estaba vinculado al 31 de diciembre de 1993 como técnico aeronáutico a la planta de personal.

FUENTE FORMAL: LEY 7 DE 1961 / DECRETO 1835 DE 1994 / DECRETO 1372 DE 1996 - ARTÍCULO 6

RÉGIMEN PENSIONAL POR DESEMPEÑAR ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO PREVISTO EN EL DECRETO 2090 DE 2003 – Requisitos / PENSIONAL POR DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO – Aplicable a técnicos aeronáuticos con funciones de controladores de tránsito aéreo

El señor Eugenio Núñez García no acreditó los requisitos señalados en el artículo 3 del Decreto 2090 de 2003 para ser beneficiario del reconocimiento de la pensión especial de vejez de alto riesgo; lo anterior, toda vez que la aludida norma prevé tal beneficio para aquellos trabajadores que se dediquen en forma permanente al ejercicio de las actividades de alto riesgo indicadas en esa disposición y efectúen la cotización especial durante por lo menos 700 semanas. En ese sentido, se consideran actividades de alto riesgo «aquellas en las cuales la labor desempeñada implique la disminución de la expectativa de vida saludable o la necesidad del retiro de las funciones laborales que ejecuta, con ocasión de su trabajo», criterio bajo el cual la aludida norma tuvo como tales en la UAE Aeronáutica Civil «la actividad de los técnicos aeronáuticos con funciones de controladores de tránsito aéreo, con licencia expedida o reconocida por la Oficina de Registro de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, de conformidad con las normas vigentes». Conforme a lo anterior, debe concluirse que esta norma solamente incluyó dentro de sus destinatarios a los controladores de tránsito aéreo y no a los operadores de radio, como sí lo hacía el Decreto 1835 de 1994. De forma que para el reconocimiento pensional conforme al artículo 3 del Decreto 2090 de 2003 es necesario que el trabajador acredite haber desempeñado las funciones del cargo aludido. (…) [E]esta Sala encuentra que el señor Núñez García no tiene derecho al reconocimiento de la pensión especial de vejez del artículo 3 del Decreto 2090 de 2003, toda vez que i) de conformidad con lo certificado por la UAE Aeronáutica Civil en el periodo comprendido entre el 1.º de febrero de 1994 y el 24 de agosto de 1997, no realizó funciones de controlador de tránsito aéreo; y ii) las actividades desarrolladas a partir del 25 de agosto de 1997 corresponden a las de un operador de radio mas no a las del controlador de tránsito aéreo en tanto que de ellas no se extrae que fuera su responsabilidad tramitar los planes de vuelo de las aeronaves, registrar datos relacionados con el progreso de vuelo, reportar y solicitar asistencia técnica cuando se presenten fallas en los equipos de la estación, controlar el tránsito aéreo en aeropuerto, asistir a las aeronaves en caso de emergencia o peligro; sino que le correspondía operar los canales radiotelegráficos, responder por el tráfico de mensajes, verificar los reportes metereológicos, entre otros.(…) Finalmente, si bien el demandante no reclamó el reconocimiento de la prestación establecida en el Sistema General de Pensiones, esta Sala encuentra que las condiciones y requisitos para acceder a la pensión de vejez, en el caso del señor Eugenio Núñez García, se regirán por las disposiciones contenidas en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003; sin embargo, se tiene que en esta instancia no es dable analizar el aludido reconocimiento a la luz de lo dispuesto en esa normativa, pues el actor aún no ha cumplido el requisito de edad –62 años– exigido en el artículo 33 ibidem. NOTA DE RELATORIA: En cuanto a los requisitos que deben cumplirse para ser beneficiario de régimen especial de transición del que hace referencia el artículo 6 de Decreto 2090 de 2003, ver: C. de E, sentencia de 12 de junio de 2014, Rad. 3287-2013, M.P, Bertha Lucía Ramírez de Páez. Referente a las funciones de los controladores de tránsito aéreo, ver: Corte Constitucional, Sentencia C-1125 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

FUENTE FORMAL: DECRETO 1372 DE 1966 - ARTÍCULO 1 / DECRETO 2090 DE 2003 – ARTÍCULO 3 / DECRETO 2090 DE 2003 – ARTÍCULO 6 / LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 36 / LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 140 / LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 21 / DECRETO 1281 DE 1994

CONDENA EN COSTAS - Criterio objetivo valorativo

Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016, respecto de la condena en costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo. El primero, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código General del Proceso; y el segundo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes. Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según sea la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede condenar en costas tanto en primera como en segunda instancia. Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en el numeral 8. ° del artículo 365 del Código General del Proceso, la Sala condenará en costas de segunda instancia a la parte demandante, teniendo en cuenta que el recurso de apelación que interpuso fue resuelto desfavorablemente y la entidad demandada presentó alegatos de conclusión. NOTA DE RELATORIA: En cuanto a la condena en constas en vigencia del CPACA, ver: C. de E, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2019, Rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), M.P. William Hernández Gómez.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188 / LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021).

Radicación número: 88001-23-33-000-2013-00059-01(2536-14)

Actor: EUGENIO NÚÑEZ GARCÍA

Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Temas: Reconocimiento pensional, aeronáutica civil

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida el 21 de abril de 2014 por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina por medio de la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

Antecedentes

1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el señor Eugenio Núñez García, mediante apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones: i) RDP 0010153 del 28 de septiembre de 2012, expedida por la subdirectora de determinación de derechos pensionales de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por la cual se negó el reconocimiento de la pensión de vejez; y ii) RDP 019354 del 13 de diciembre de 2012, emitida por el director de pensiones de la UGPP, por medio de la cual se confirmó la decisión anterior.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó i) declarar que el señor Eugenio Núñez García tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, «conforme al Decreto 2090 de 2003», con inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicios; ii) ordenar a la UGPP que reconozca la prestación reclamada con efectividad a partir del 1.º de enero de 2011 o a partir del retiro definitivo del servicio; iii) condenar a la demandada a realizar los ajustes de valor sobre las diferencias adeudadas, de conformidad con el inciso final del artículo 187 de la Ley 1437 de 2011; iv) dar cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 ibidem; y v) condenar en costas a la demandada.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:

i) El señor Eugenio Núñez García ha prestado sus servicios en la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, desde el 1.º de febrero de 1986 y por un periodo superior a 20 años. El último cargo ocupado es el de técnico aeronáutico.

ii) El demandante solicitó a Cajanal el reconocimiento de la pensión; no obstante, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), mediante Resoluciones 19388 del 2 de mayo de 2009, PAP 009043 del 12 de agosto de 2010 y PAP 026099 del 16 de noviembre de 2010, negó la solicitud.

iii) Por considerar que adquirió el derecho a que se le reconozca y pague una pensión especial conforme a las disposiciones del Decreto 2090 de 2003 que modificó el Decreto 1835 de 1994, el señor Núñez García solicitó nuevamente, ante la UGPP, el reconocimiento de la aludida prestación. No obstante, la entidad negó la solicitud mediante las Resoluciones RDP 0010153 del 28 de septiembre de 2012 y RDP 019354 del 13 de diciembre de 2012, con fundamento en que al 1.º de abril de 1994 el demandante no contaba con 40 años de edad ni con 15 años de servicio y, por lo tanto, debía acogerse a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales, se señalaron los artículos 2, 6, 25 y 58 de la Constitución Política; 10 del Código Civil; 5 de la Ley 57 de 1887; 21 del Decreto 1237 de 1946; 2 de la Ley 7 de 1961; 1 de la Ley 33 de 1985; 21 y 127 del Código Sustantivo del Trabajo; y los Decretos 1372 de 1966, 1835 de 1994 y 2090 de 2003.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso los siguientes argumentos:

i) La entidad realizó una interpretación incorrecta y desfavorable de los incisos segundo y tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sobre los requisitos a tener en cuenta para el reconocimiento de la pensión reclamada. El régimen de transición para los empleados del sector aeronáutico (controladores y técnicos), está establecido en el artículo 7 del Decreto 1835 de 1994, que exigía que el trabajador estuviera vinculado y hubiera cotizado en actividad de alto riesgo a 31 de diciembre de 1993; por lo tanto, el demandante tiene derecho a que se le reconozca la prestación, de conformidad con el régimen previsto en la Ley 7 de 1961 y el Decreto 1372 de 1966.

ii) De conformidad con el certificado expedido por el jefe de grupo de situaciones administrativas de la Dirección de Talento Humano, el señor Eugenio Núñez García desempeña funciones de radio operador y técnico aeronáutico desde el 1.º de noviembre de 1988 y por más de 20 años. De forma que, por estar vinculado en la planta de personal de la Aeronáutica en los cargos de excepción a 31 de diciembre de 1993 y, además, cumplir con el requisito de las 500 semanas cotizadas en actividad de alto riesgo anteriores a la vigencia del Decreto 2090 de 2003, tiene derecho a una pensión al cumplir 20 años de servicio; tal y como lo ha reconocido el Consejo de Estado en situaciones idénticas a las del actor.

1.2. Contestación de la demanda

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por intermedio de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, con fundamento en que el demandante no es beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que nació el 4 de marzo de 1960 y, por lo tanto, a 1.º de abril de 1994 contaba con 34 años de edad y menos de 9 años de servicio en la Aeronáutica Civil.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de San Andrés, mediante sentencia proferida el 21 de abril de 2014, denegó las pretensiones de la demanda. Para tal efecto, se pronunció en estos términos:

i) Al 4 de agosto de 1994 –fecha en la cual entró en vigencia el Decreto 1835 de 1994– el señor Eugenio Núñez García tenía 34 años y 5 meses de edad, y 7 años, 8 meses y 3 días de servicio, por lo tanto, no es beneficiario del régimen de transición establecido en la aludida normativa, que exige 40 años de edad, para el caso de los hombres, o 10 años de servicio.

ii) Además, el Decreto 1835 de 1994 consideró como actividades de alto riesgo en la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil las de controlador de tránsito aéreo y radio operador, las cuales no fueron ejercidas por el demandante, quien desempeñó funciones de técnico en electrónica, de acuerdo con lo certificado por la entidad.

1.4. El recurso de apelación

El señor Eugenio Núñez García, por conducto de apoderado, interpuso recurso de apelación y lo sustentó así:

i) La definición de las actividades catalogadas como de alto riesgo para efectos pensionales, antes de la expedición del Decreto 1835 de 1994, se encontraba establecida en el Decreto 1372 de 1966, por medio del cual se reglamentó la Ley 7 de 1961, en el que se señaló que «son técnicos de radio y de electricidad, los funcionarios que desarrollen las actividades propias de su profesión con fines exclusivamente aeronáuticos, sea cual fuere la denominación de planta de los cargos o nomenclatura dentro de la organización del organismo aeronáutico al cual pertenecen o del Departamento Administrativo del Servicio Civil». Por lo anterior y de conformidad con lo certificado por la UAE de la Aeronáutica Civil, el demandante prestó sus servicios en actividades de alto riesgo y, por lo tanto, tiene derecho al reconocimiento pensional.

ii) No es cierto que el actor requiera cumplir a 1.º de abril de 1994, el requisito de 40 años de edad o 10 años de servicios para ser acreedor del régimen de transición establecido en el artículo 7 del Decreto 1835 de 1994, por cuanto con el solo hecho de demostrar las 500 semanas anteriores a la vigencia del Decreto 2090 de 2003 y probar que a 31 de diciembre de 1993 estaba vinculado en la actividad de alto riesgo en la Aeronáutica Civil, surge para el trabajador el derecho a la pensión en los términos de la Ley 7 de 1961 y el Decreto 1372 de 1966, es decir, con 20 años de servicio. Además, en aplicación del aludido Decreto 2090, las semanas excedentes a las 1000, por cada 60 de ellas, la edad disminuye en un año hasta descender a los 50 años de edad, requisitos adicionales que cumple el señor Núñez García.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

1.5.1. El demandante

El señor Eugenio Núñez García, por conducto de apoderado, reafirmó lo sostenido en el libelo introductorio y en el recurso de alzada.

1.5.2. La demandada

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por intermedio de su apoderado, solicitó confirmar lo decidido en primera instancia, con fundamento en lo expuesto en la contestación de la demanda.

1.6. El Ministerio Público

El agente delegado ante esta Sección no rindió concepto según se desprende de la constancia secretarial de 3 de febrero de 2017.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

Se circunscribe a establecer i) si el demandante puede ser beneficiario de la pensión especial de jubilación, de conformidad con la Ley 7.ª de 1961, por ser beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 7 del Decreto 1835 de 1994 o de aquel establecido en el artículo 6 del Decreto 2090 de 2003; y, en caso negativo, determinar ii) si acreditó los requisitos establecidos en el artículo 3 del Decreto 2090 de 2003 y, en consecuencia, tiene derecho al reconocimiento de la pensión especial de vejez por desempeñar actividades de alto riesgo.

2.2. Marco normativo

El Congreso de la República en ejercicio de sus funciones expidió la Ley 7.ª del 10 de marzo de 1961, disposición que consagró un régimen especial de pensiones para aquellas personas que se desempeñaran como radio operadores, técnicos de radio y electricidad y oficiales de meteorología de la Empresa Colombiana de Aeródromos, quienes tendrían derecho a la pensión de jubilación al cumplir 20 años de servicio sin importar su edad. Así lo ordenó:

Artículo 1. Los radio - operadores del servicio móvil aeronáutico "R" categoría "R" y del servicio fijo de acuerdo con las definiciones dadas en el decreto 3418 de 1954, y su reglamentario 2427 de 1956; los técnicos de radio y electricidad y los oficiales de meteorología que venían prestando sus servicios en Aerovías Nacionales de Colombia S.A. (Avianca) y que fueron incorporados a la Empresa Colombiana de Aeródromos, creada por decreto 2369 de 1954, para los efectos de la pensión de jubilación tendrán derecho a que se le compute el tiempo servido a dicha empresa privada como tiempo servido a la Nación.

Artículo 2. Para los efectos indicados se aplicará a los mencionados trabajadores lo dispuesto en el artículo 21 del decreto 1237 de 1946, y tendrán derecho a la pensión de jubilación al cumplir 20 años de servicio, cualquiera que fuere su edad»

La anterior normatividad fue reglamentada con el Decreto 1372 del 26 de mayo de 1966, en el que además de definir cuáles servidores del entonces Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil, de la Empresa Colombiana de Aeródromos y del Departamento Administrativo del Servicio Civil son radioperadores del Servicio Móvil Aeronáutico Categoría «R» y del Servicio Fijo, los oficiales de meteorología, los técnicos de radio y de electricidad, en el artículo 6, precisó que las pensiones señaladas en el artículo 2 de la Ley 7.ª de 1961 se calcularían sobre el 75 % del promedio mensual de las asignaciones que se hubieran devengado durante el último año de servicio, al señalar: «De acuerdo con los artículos 2° de la Ley 7ª de 1961 y 21 del Decreto 1237 de 1946 el personal de que trata el presente Decreto tendrá derecho a la pensión vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75) del promedio mensual de las asignaciones que hubiere devengado durante el último año de servicios».

Hasta este punto, se observa que los requisitos para acceder a una pensión liquidada sobre el 75 % del promedio mensual de lo que hubiera devengado durante el último año de servicio, en aplicación del régimen especial bajo estudio se reducen a: i) desarrollar funciones de radioperador, oficial de meteorología, técnico de radio y de electricidad en la Aeronáutica Civil; y, ii) 20 años de servicios, sin importar la edad.

2.2.1. El sistema general de seguridad social en pensiones

De conformidad con lo previsto en el artículo 48 de la Constitución Política de 1991, el Sistema General de Pensiones creado por la Ley 100 de 1993 ha sido aplicado a todos los habitantes del territorio nacional, conservando todos los derechos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos «conforme a disposiciones normativas anteriores, pactos, acuerdos o convenciones colectivas de trabajo para quienes a la fecha de vigencia de esta ley hayan cumplido los requisitos para acceder a una Pensión o se encuentren pensionados por jubilación, vejez, invalidez, sustitución o sobrevivientes de los sectores público, oficial, semioficial en todos los órdenes del régimen de Prima Media y del sector privado en general».

Con el objeto de preservar las expectativas legítimas de aquellas personas que se encontraban próximas a pensionarse, el artículo 36 ibidem, dispuso un régimen de transición en los siguientes términos:

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley.

A su turno, en su artículo 279 estableció que el sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se aplica «a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas». De acuerdo con lo expuesto, se derogaron los regímenes pensionales existentes para ese momento, y se unificaron e integraron en uno solo de carácter general, pero se preservó algunas de estas disposiciones vigentes transitoriamente para aquellas personas que se hallaran cobijadas por lo regulado en el artículo 36 ejusdem, y en los regímenes especiales expresamente indicados en el artículo 279.

La citada disposición también dispuso, en su artículo 140, que el gobierno nacional expediría, de acuerdo con la Ley 4.ª de 1992, el régimen de los servidores públicos que laboren en actividades de alto riesgo, teniendo en cuenta una menor edad de jubilación o un número menor de semanas de cotización, o ambos requisitos. Se consideran para este efecto como actividades de alto riesgo para el trabajador aquellas que cumplen algunos sectores tales como el Cuerpo de Custodia y Vigilancia Nacional Penitenciaria. En consecuencia, el presidente de la República expidió el Decreto 691 de 1994, en cuyo artículo 5 precisó que los servidores públicos que laboren en actividades de alto riesgo para su salud, se entienden incorporados al sistema general de pensiones, pero les aplicarán las condiciones especiales que para cada caso se determinen.

De acuerdo con las normas previamente reseñadas, el Gobierno nacional expidió el Decreto 1835 de 1994, el cual definió que el Sistema General de Pensiones se aplicará «a los servidores públicos de todos los niveles, de conformidad con el Decreto 691 de l994. Igualmente, le son aplicables las normas consagradas en los Decretos 1281 de 1994 y 1295 de 1994». Y más adelante señaló:

Sin perjuicio de lo anterior, y en desarrollo del artículo 140 de la Ley 100 de 1993, el presente Decreto contiene las normas especiales sobre actividades de alto riesgo de todos los servidores públicos, salvo aquellos de la Registraduría Nacional del Estado Civil y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, quienes serán objeto de decisión especial.

En virtud del Decreto 691 de 1994, a partir de la vigencia de la Ley 100 de 1993 y sin perjuicio de los servidores públicos beneficiarios del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la misma, no se reconocerán pensiones especiales diferentes a las previstas en el presente Decreto y en el Régimen General de Actividades de Alto Riesgo.

Parágrafo. El régimen de pensiones especiales sólo le será aplicable a los servidores públicos a los que se refiere este Decreto, siempre que permanezcan afiliados al Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida.

Cuando estos servidores se afilien voluntariamente al régimen de ahorro individual con solidaridad se regirán por las normas propias de éste, salvo en lo que respecta al monto de las cotizaciones que se regirán por lo dispuesto en el presente Decreto.»

Por su parte, el artículo 2 ejusdem determinó cuáles eran las actividades de alto riesgo, entre las que se encuentran las concernientes con la Aeronáutica Civil en los siguientes términos:

Actividades de alto riesgo. En desarrollo del artículo 140 de la Ley 100 de 1993, sólo se consideran actividades de alto riesgo las siguientes:
[…]
4. En la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil. Técnicos aeronáuticos con funciones de controladores de tránsito aéreo, con licencia expedida o reconocida por la oficina de registro de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, de conformidad con la reglamentación contenida en la Resolución No. 03220 de junio 2 de 1994 por medio de la cual se modifica el manual de reglamentos aeronáuticos; y demás normas que la modifiquen, adicionen o aclaren.

Técnicos aeronáuticos con funciones de radio operadores, con licencia expedida o reconocida por la Oficina de Registro de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, con base en la reglamentación contenida en la Resolución No.2450 de diciembre 19 de 1974 por medio de la cual se adopta el manual de reglamentos aeronáuticos, y demás normas que la modifiquen, adicionen o aclaren. [Resalta la Sala].

Conforme a lo expuesto, el Decreto 1835 de 1994 señaló que los empleados que desempeñen los cargos de técnico aeronáutico con funciones de controladores de tránsito aéreo y los radio operadores, podrían acceder a la pensión de vejez, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

Artículo 6º. Requisitos para obtener la pensión de vejez. Los servidores públicos que laboren en las actividades previstas en el numeral 4º del artículo 2º de este Decreto, tendrán derecho a la pensión especial de vejez, cuando cumplan los siguientes requisitos:

1. a) 55 años de edad y,

b) 1.000 semanas de cotización, de las cuales por lo menos 500 semanas hayan sido cotizadas en las actividades señaladas en el numeral 4º del artículo 2º de este Decreto.

La edad para el reconocimiento de la pensión especial de vejez se disminuirá un año por cada sesenta (60) semanas de cotización, adicionales a las primeras 1.000 semanas, sin que la edad pueda ser inferior a 50 años, o,

2. a) 45 años de edad y,

b) 1.000 semanas cotizadas en forma continua o discontinua en las actividades señaladas en el numeral 4º del artículo 2º de este Decreto.»

A su turno, el artículo 7 ibídem reglamentó el régimen de transición especial para los servidores públicos de la Aeronáutica Civil que reunieran los siguientes requisitos:

Artículo 7. Régimen de transición. El régimen general de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 se aplica a los servidores públicos de la Unidad Administrativa de Aeronáutica Civil.

No obstante, se establece el siguiente régimen de transición para los funcionarios de dicha unidad administrativa que tuviesen 35 o más años de edad si son mujeres, o 40 o más años de edad si son hombres, ó 10 ó más años de servicios prestados o cotizados, así:

1. Para los servidores descritos en el artículo 6º de este Decreto.

2. Para los servidores que a 31 de diciembre de 1993 se encontraban incorporados a la planta de personal del Sector Técnico Aeronáutico.

Los requisitos de edad para acceder a la pensión de vejez o jubilación, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de dicha pensión, de los funcionarios descritos en los numerales 1º y 2º de este artículo, serán los establecidos en el régimen anterior que les era aplicable.

Para los demás servidores, las condiciones y requisitos para acceder a la pensión de vejez o jubilación, se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993 y sus reglamentos, particularmente en lo relacionado al monto de las cotizaciones a cargo del respectivo empleador.»

En ese orden, se tiene que a los funcionarios de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil descritos en el artículo 6 del Decreto 1835 de 1994, que a su vez remite al artículo 2 numeral 4 ejusdem, y a aquellos técnicos aeronáuticos vinculados a la planta de personal de la entidad al 31 de diciembre de 1993, y que a la fecha de entrada en vigencia de la norma en cita tuviesen 35 o más años de edad en el caso de las mujeres, 40 o más años de edad en el caso de los hombres, o 10 o más años de servicio prestado o cotizado, les aplicaría el régimen de transición allí regulado.

Por consiguiente, el derecho a la pensión se regiría en lo relacionado con los requisitos de edad, tiempo de servicio o semanas cotizadas y el monto previsto en las normas anteriores a la Ley 100 de 1993, esto es, conforme a la Ley 7.ª de 1961 y su Decreto Reglamentario 1372 de 1966. Para el efecto, se advierte que el artículo 2 de la Ley 7.ª de 1961 previó que la pensión de jubilación se adquiría al cumplir 20 años de servicio, sin importar la edad, mientras que el artículo 6 del Decreto 1372 de 1996 reguló lo relacionado con el monto, para lo cual definió que este sería el equivalente al 75 % del promedio mensual de las asignaciones percibidas en el último año de servicios.

De igual forma, para aquellos servidores de la Aeronáutica Civil que no reunieron las condiciones para ser beneficiarios del régimen de transición contemplado en el precitado artículo 7 del Decreto 1835 de 1994, el monto de la pensión, de acuerdo con lo vislumbrado en los artículos 140 de la Ley 100 de 1993 y 5 del Decreto 691 de 1994, se regirá para las previsiones contenidas en el artículo 34 de la primera norma, puesto que el régimen especial de actividades de alto riesgo abarca únicamente los requerimientos para acceder a esa prestación.

Con posterioridad, el presidente de la República expidió el Decreto 2090 de 2003, que a su vez derogó el citado Decreto 1835 de 1994 y en el artículo 2 dispuso que se consideran actividades de alto riesgo para la salud de los trabajadores de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil o la entidad que haga sus veces, «la actividad de los técnicos aeronáuticos con funciones de controladores de tránsito aéreo, con licencia expedida o reconocida por la Oficina de Registro de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, de conformidad con las normas vigentes». [Resalta la Sala].

En los artículos 3 y 4 íbidem se señalaron los requisitos para obtener el beneficio pensional a los afiliados al Régimen de Prima Media que se dediquen en forma permanente al ejercicio de las actividades indicadas en el artículo 2, «durante el número de semanas que corresponda y efectúen la cotización especial durante por lo menos 700 semanas, sean estas continuas o discontinuas, tendrán derecho a la pensión especial de vejez», cuando reúnan los siguientes requisitos:

Artículo 4º. Condiciones y requisitos para tener derecho a la pensión especial de vejez. La pensión especial de vejez se sujetará a los siguientes requisitos:

1. Haber cumplido 55 años de edad.

2. Haber cotizado el número mínimo de semanas establecido para el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, al que se refiere el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003.

La edad para el reconocimiento especial de vejez se disminuirá en un (1) año por cada (60) semanas de cotización especial, adicionales a las mínimas requeridas en el Sistema General de Pensiones, sin que dicha edad pueda ser inferior a cincuenta (50) años.»

Artículo 5º. Monto de la cotización especial. El monto de la cotización especial para las actividades de alto riesgo es el previsto en la Ley 100 de 1993, más diez (10) puntos adicionales a cargo del empleador.»

Ahora bien, la norma, en su artículo 6, estableció un régimen de transición en los siguientes términos:

Artículo 6º. Régimen de transición. Quienes a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto hubieren cotizado cuando menos 500 semanas de cotización especial, tendrán derecho a que, una vez cumplido el número mínimo de semanas exigido por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión, esta les sea reconocida en las mismas condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban las actividades de alto riesgo.

Parágrafo. Para poder ejercer los derechos que se establecen en el presente decreto cuando las personas se encuentren cubiertas por el régimen de transición, deberán cumplir en adición a los requisitos especiales aquí señalados, los previstos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 18 de la Ley 797 de 2003.

De la revisión de la norma transcrita se tiene que exige, i) 500 semanas de cotización especial y ii) el cumplimiento de las condiciones reguladas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para acceder al régimen pensional de alto riesgo. Al respecto, esta Corporación ha sostenido:

En criterio de la Sala, entender a partir de la literalidad de la norma que el régimen especial de transición en pensiones de alto riesgo señalado en el artículo 6 del Decreto 2090 de 2003, además del requisito de las 500 semanas de cotización especial, exige para el caso del demandante el cumplimiento adicional de los requisitos previstos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, resulta desproporcionado y más gravoso, pues el señor […] cumple con el requisito especial de las 500 semanas, y aspira a un reconocimiento pensional bajo las condiciones establecidas en el artículo 6º del Decreto 1835 de 1994.

Acogiendo en esta oportunidad el criterio interpretativo ya expresado en asuntos similares al presente, debe señalar la Sala que las exigencias adicionales a las que se refiere el parágrafo del artículo 6 del Decreto 2090 de 2003 colocan en una situación desventajosa, en virtud del tránsito legislativo, al demandante que se encontraba próximo a cumplir los requisitos para obtener la pensión de vejez en las condiciones previstas en el artículo 6 del Decreto 1835 de 1994.

La finalidad de un régimen de transición consiste en que el legislador establezca un sistema de protección para que los cambios producidos por un tránsito legislativo no afecten a quienes, si bien no han adquirido el derecho a la pensión por no haber cumplido los requisitos para ello, tienen una expectativa legítima de adquirir ese derecho.

“Los regímenes de transición, en consecuencia, (i) recaen sobre expectativas legítimas de los asociados y no sobre derechos adquiridos; (ii) su fundamento es el de salvaguardar las aspiraciones de quienes están cerca de acceder a un derecho específico de conformidad con el régimen anterior y (iii) su propósito es el de evitar que la subrogación, derogación o modificación del régimen anterior, impacte excesivamente las aspiraciones válidas de los asociados, especialmente si existe la posibilidad de minimizar esa incidencia y de armonizar las expectativas ciudadanas y los cambios legislativos a través de un régimen de transición”

La norma en mención exige a los beneficiarios del régimen de transición en ella establecido cumplir, además de los requisitos especiales, los previstos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Al respecto, como quiera que la disposición jurídica establece requisitos para la transición de un régimen pensional especial y a su vez requisitos para ser beneficiario del régimen de transición general, la interpretación que más favorece al demandante es la que permite, ante dos normas concurrentes, la aplicación preferente de la regla de transición que le posibilite el reconocimiento de su pensión especial de vejez.
[…]
De otra parte, y respecto del requisito previsto en el mencionado inciso primero del artículo 6 del Decreto 2090 de 2003 sobre la cotización especial cuando menos de 500 semanas, la Corte Constitucional en sentencia C-663 de 2007 declaró la exequibilidad condicionada de dicho artículo, acogiendo la interpretación más favorable a los trabajadores “que es aquella que les permite acreditar el número de semanas de cotización para mantenerse en el régimen de transición, con las semanas cotizadas en los diferentes regímenes previos donde tales cotizaciones hayan sido jurídicamente calificadas como de alto riesgo, así tales cotizaciones no tuvieren el carácter de “especiales” al momento de entrar a regir el Decreto 2090 de 2003”.

Y, frente a la coexistencia del régimen de transición previsto en el Decreto 2090 de 2003 y el que establece la Ley 100 de 1993 señaló que “El régimen de transición previsto en el Decreto 2090 de 2003..resulta ser un régimen de transición distinto al de la Ley 100 de 1993, lo cual plantea cuestiones atinentes a la aplicación del régimen más favorable al trabajador…En ese orden de ideas, en el hipotético caso en que en una situación concreta un trabajador se vea amparado por ambos regímenes de transición, el de la Ley 100 y el del Decreto 2090 de 2003-, lo cierto es que al existir dos normas vigentes y aplicables para una misma situación, debe prevalecer a la luz de la Constitución aquel régimen que resulte más favorable y benéfico para el trabajador involucrado, por tratarse de disposiciones pensionales”.

Luego entonces, por ser más favorable frente a las expectativas pensionales del demandante quien estaba próximo a cumplir con los requisitos para acceder al derecho en las condiciones descritas en el Decreto 1835 de 1994, y en virtud del principio de inescindibilidad de la norma frente a una disposición en la que se fijan requisitos de un régimen de transición de naturaleza especial y a la vez los previstos en el régimen de transición dispuesto en la Ley 100 de 1993, para la Sala la fuente que debe aplicarse en el caso particular es el inciso primero del artículo 6 del Decreto 2090 de 2003, y entender que el actor es beneficiario del régimen especial de transición por haber acreditado 500 semanas de cotización en actividades de alto riesgo al 28 de julio de 2003, fecha de entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003. [Resalta la Sala].

En consecuencia, si bien de la lectura de la norma se podría concluir que para causar el derecho a la pensión bajo los parámetros del referido régimen de transición, se tendría que haber cumplido con un mínimo de 1000 semanas de cotización en cualquier tiempo hasta el 31 de diciembre de 2004, y que a partir del 1.º de enero de 2005, el número mínimo de semanas requeridas para acceder a la pensión de vejez aumentaría en 50 y, posteriormente, a partir del 1.º de enero de 2006, dicho requisito aumentaría anualmente en 25 semanas hasta completar un total de 1300 en el año 2015, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2.º del artículo 9 de la Ley 797 de 2003 que modificó el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, conforme con la interpretación que de la norma ha realizado esta Corporación y la Corte Constitucional, el aludido requisito equivale a 1000 semanas de cotización bajo el entendido de que es condición necesaria para ser beneficiario del régimen de transición y no como un requisito para acceder al derecho pensional. Así lo señaló:

La Sala debe precisar que la hermenéutica del inciso primero del artículo 6 del Decreto 2090 de 2003 en el que se fijan los requisitos o condiciones del régimen de transición especial para actividades de alto riesgo, permite señalar: i) que son beneficiarios del régimen de transición especial quienes a 28 de julio de 2003, fecha de entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003, hubieren cotizado cuando menos 500 semanas en cualquier actividad que haya sido calificada jurídicamente como de alto riesgo; ii) estas personas deben cumplir con “el número mínimo de semanas exigido por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión”, esto es, un mínimo de 1000 semanas, como lo establece el numeral 2 del artículo 9 de la Ley 797 de 2003. Este mínimo de 1000 semanas de cotización debe entenderse como requisito necesario para ser beneficiario de la transición y no como un requisito para acceder al derecho pensional; iii) una vez cumplido el número mínimo de mil semanas de cotización, tendrán el derecho a que la pensión les sea reconocida en las mismas condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban las actividades de alto riesgo, que para el caso de los servidores públicos es el Decreto 1835 de 1994, artículo 6º. [Resalta la Sala].

De acuerdo con lo expuesto, se tiene que el Decreto 2090 de 2003 dispuso un régimen de transición según el cual, quienes a 28 de julio de 2003 hubieren cotizado al menos 500 semanas, tendrán derecho a que la pensión de vejez les sea reconocida en iguales condiciones a las previstas en el Decreto 1835 de 1994, norma que regula las actividades de alto riesgo. En consecuencia, el requisito al que se ha hecho alusión únicamente prevé la necesidad de cotizar 1000 semanas, sin que aplique el aumento de estas, estipulado en la Ley 797 de 2003.

Además, basta con demostrar que la actividad considerada de alto riesgo se ejerció por dicha cantidad de semanas previas a la entrada en vigencia de la aludida norma, en cualquier tiempo, sin necesidad de probar que se realizaron «cotizaciones especiales», dada la declaratoria de exequibilidad condicionada de la norma que ordenó la Corte Constitucional en Sentencia C-663 de 2007, según la cual, tal exigencia puede interpretarse como «semanas de cotización efectuadas en cualquier actividad que hubiere sido calificada jurídicamente como de alto riesgo».

2.3. Hechos probados

De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro el proceso, se establece lo siguiente:

El 4 de marzo de 1960, nació el señor Eugenio Núñez García, según da cuenta el registro civil de nacimiento.

2.3.1. Sobre la relación laboral del demandante

El 1.º de febrero de 1986, el señor Eugenio Núñez García se vinculó a la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, y actualmente desempeña el cargo de técnico aeronáutico IV, grado 21, según da cuenta el certificado emitido el 31 de marzo de 2021 por el coordinador del grupo de situaciones administrativas de la Dirección de Talento Humano de la Entidad. En el aludido documento se señala que el demandante ha desempeñado los siguientes cargos:

Cargos Desempeñados
Desde
Hasta

Técnico en Electrónica Grado 08
01-02-86
01-09-88
Técnico en Electrónica Grado 10
02-09-88
24-01-89
Técnico en Electrónica Grado 12
25-01-89
31-01-94
Técnico Aeronáutico III 22-18
01-02-94
24-08-97
Técnico Aeronáutico IV Grado 21
25-08-97

Además, la directora de Talento Humano de la entidad, en cumplimiento del auto de 5 de noviembre de 2020, proferido por esta Subsección, en el que se le solicitó que certificara las funciones que el demandante desempeñó en el cargo de técnico aeronáutico, desde el 1.º de febrero de 1994, haciendo precisión acerca de si fue como controlador de tránsito aéreo o radio operador, y si durante el desarrollo de tal empleo se cotizaron porcentajes adicionales por concepto de alto riesgo, informó lo siguiente:

Frente a la precisión de si las actividades desempeñadas por el señor Eugenio Núñez García fueron como controlador de tránsito aéreo o radioperador, teniendo en cuenta que no fue posible determinar las funciones desempeñadas en el periodo comprendido entre el 01/02/1994 hasta el 24/08/1997, se realizaron averiguaciones que permiten concluir que no fue como controlador de tránsito aéreo.

Frente a si se realizaron cotizaciones por actividad de alto riesgo al subsistema de pensiones, al indagar en los archivos de nómina de la época, se evidencia que no se realizó ese tipo de cotización adicional en el caso del señor Eugenio Núñez García.

2.3.2. Sobre la reclamación de las prestaciones en litigio

El 28 de septiembre de 2012, la UGPP expidió la Resolución RDP 010153, mediante la cual negó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación reclamada por el señor Eugenio Núñez García. Como fundamento de su decisión señaló que el demandante no cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 5 del Decreto 2090 de 2003, que se remite a aquellos señalados en la Ley 797 de 2003 y en el inciso segundo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por cuanto no tenía 40 años de edad ni 15 años de servicio a la entrada en vigencia de la aludida Ley 100, por lo que no está amparado por el régimen de transición.

El 13 de diciembre de 2012, mediante Resolución RDP 019354, la UGPP confirmó la anterior decisión.

2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala

A fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala considera necesario señalar que de conformidad con el material probatorio reseñado, el señor Eugenio Núñez García nació el 4 de marzo de 1960. Además, se advierte que ha laborado en la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil en forma ininterrumpida, sin que a la fecha se hubiese retirado en forma definitiva del servicio, tal y como se evidencia del certificado emitido el 31 de marzo de 2021 por el coordinador del grupo de situaciones administrativas de la Dirección de Talento Humano de la entidad. De la constancia aludida se extrae que el demandante se vinculó el 1.º de febrero de 1986 a la entidad y ha ejercido los siguientes cargos: i) técnico en electrónica, grado 08; ii) técnico en electrónica, grado 10; iii) técnico en electrónica, grado 12; iv) técnico aeronáutico, III, 22-18; y v) técnico aeronáutico, iv, grado 21, hasta la fecha.

Con fundamento en lo anterior, a continuación, la Sala abordará los problemas jurídicos planteados, esto es i) si el demandante puede ser beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 7 del Decreto 1835 de 1994 o aquel establecido en el artículo 6 del Decreto 2090 de 2003; y, en caso negativo, se determinará ii) si acreditó los requisitos señalados en el artículo 3 ejusdem y, en consecuencia, tiene derecho al reconocimiento de la pensión especial de vejez por desempeñar actividades de alto riesgo.

2.4.1. Sobre los regímenes de transición previstos en los Decretos 1835 de 1994 y 2090 de 2003

De la situación fáctica relacionada en el acápite precedente, la Sala encuentra que el señor Núñez García no es beneficiario de la transición regulada en el artículo 7 del Decreto 1835 de 1994, por cuanto para el 4 de agosto de 1994, fecha en que entró en vigencia dicha norma, no contaba con los 10 años de servicio en la Aeronáutica Civil o los 40 años de edad; ello en virtud de que para esa data tenía 34 años de edad y un poco más de 8 años de servicio en la aludida entidad. De otra parte, de lo probado en el expediente se advierte que al 31 de diciembre de 1993 no estuvo vinculado como técnico aeronáutico a la planta de personal de la UAE, sino como técnico en electrónica grado 12.

De igual forma, tampoco está demostrado que el actor hubiese causado su derecho a la pensión especial de vejez en virtud del artículo 4 del Decreto 1835 de 1994 porque, al 27 de julio de 2003, fecha última de vigencia de la referida norma, no tenía 45 años de edad, y solo acreditaba un total de 899,428 semanas de servicio cuando se exigían 1000 semanas de cotización en las actividades de alto riesgo.

De esta manera, la Sala encuentra que el señor Eugenio Núñez García no acreditó el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Decreto 1835 de 1994 para ser beneficiario del régimen de transición allí previsto por cuanto no tenía la edad de 40 años, ni tampoco demostró la prestación de servicios por al menos 10 años en la UAE Aeronáutica Civil, así como tampoco le es aplicable la norma en comento porque no estaba vinculado al 31 de diciembre de 1993 como técnico aeronáutico a la planta de personal.

Ahora bien, comoquiera que el artículo 6 del Decreto 2090 de 2003 reguló también un régimen de transición en virtud del cual aquellas personas que desarrollaban alguna de las actividades de alto riesgo reguladas en esa norma tienen derecho a la aplicación de los requisitos previstos en los Decretos 1281 de 1994 o 1835 de 1994, según el caso, corresponde a la Sala analizar cada uno de los requisitos que establece la norma. En ese sentido, tendrán derecho a la transición quienes acrediten que a la fecha de entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003, esto es, el 28 de julio de 2003, hubieren cotizado cuando menos 500 «semanas de cotización efectuadas en cualquier actividad que hubiere sido calificada jurídicamente como de alto riesgo».

Bajo los anteriores parámetros, se advierte que el señor Eugenio Núñez García no acreditó que al 28 de julio de 2003, fecha en que entró a regir el Decreto 2090 de 2003, hubiera alcanzado al menos 500 semanas de cotización en una actividad clasificada como de alto riesgo. Lo anterior, toda vez que i) de conformidad con el certificado de 30 de marzo de 2021 no realizó cotizaciones por actividad de alto riesgo al subsistema de pensiones, según lo hizo constar la directora de talento humano de la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil el 30 de marzo de 2021; y ii) no acreditó que hubiera prestado sus servicios por al menos 500 semanas en una actividad de alto riesgo.

En efecto, la UAE Aeronáutica Civil indicó que en el periodo comprendido entre el entre el 1.º de febrero de 1994 y el 24 de agosto de 1997, el señor Núñez García no realizó funciones de controlador de tránsito aéreo. De manera que resta establecer si realizó funciones de radio operador.

Al respecto, la Sala encuentra que el 4 de marzo de 2014, el jefe de Grupo de Carrera Administrativa de la Dirección de Talento Humano de la UAE Aeronáutica Civil certificó las funciones desempeñadas por el demandante en los siguientes cargos:

Técnico en electrónica grado 08
Descripción de funciones esenciales
1. Participar en trabajos de mantenimiento electrónico o instalación de acuerdo a los sistemas asignados en su área. Conocer el manejo y uso de los manuales técnicos de los equipos del área respectiva. 2. Colaborar en la elaboración de la lista para la adquisición de repuestos de los equipos y sistemas de su área. 3. Propender por el buen manejo, uso y utilización de los recursos disponibles, asignados al área de su competencia. 4. Velar porque el mantenimiento electrónico se traduzca en seguridad aérea. 5. Colaborar en el registro de los parámetros de comportamiento de operación de los equipos y sistemas que le sean asignados. 6. Las demás que le asigne el superior inmediato y correspondan a la naturaleza del cargo.
Técnico en electrónica grado 10
Descripción de funciones esenciales
1. Participar en trabajos de mantenimiento electrónico o instalación de acuerdo a los sistemas asignados a su área. 2. Conocer el manejo y uso de los manuales técnicos de los equipos del área respectiva. 3. Colaborar en la elaboración de la lista para la adquisición de repuestos de los equipos y sistemas de su área. 4. Propender por el buen manejo, uso y utilización de los recursos disponibles, asignados al área de su competencia. 5. Velar porque el mantenimiento electrónico se traduzca en seguridad aérea. 6. Colaborar en el registro de los parámetros de comportamiento de operación de los equipos y sistemas que le sean asignados. 7. Las demás funciones que le asigne el superior inmediato y corresponda a la naturaleza del cargo.
Técnico en Electrónica grado 12
Descripción de Funciones Esenciales
1. Participar en trabajos de mantenimiento electrónico o instalación de acuerdo a los sistemas asignados a su área. 2. Conocer el manejo y uso de los manuales técnicos de los equipos del área respectiva. 3. Colaborar en la elaboración de la lista de repuestos requeridos para el mantenimiento de los equipos y sistemas de su área. 4. Propender por el buen manejo, uso y utilización de los recursos disponibles, asignados al área de su competencia. 5. Velar porque el mantenimiento eléctrico se traduzca en seguridad aérea. 6. Registrar e informar sobre los parámetros de comportamiento de operación de los equipos y sistemas que le sean asignados. 7. Las demás funciones que le asigne el superior inmediato y corresponda a la naturaleza del cargo.

Además, esta Sala encuentra que en el expediente administrativo que obra en el proceso, se aportó una certificación expedida por el director de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación Aérea del 15 de febrero de 2006, según la cual, el 31 de enero de 1994 se vinculó como «técnico aeronáutico III 22-18 con las mismas funciones de Técnico en Electrónica en el área de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación Aérea», y desempeñó las siguientes funciones:

1. Mantenimiento correctivo y preventivo de los sistemas de comunicaciones y Radioayudas a la Navegación Aérea.
2. Realizar inspecciones técnicas a las instalaciones en ejecución de los sistemas de comunicaciones y Radioayudas a la Navegación Aérea.
3. Elaborar programas de suministro y control de repuesto para los equipos de comunicaciones y Radioayudas.
4. Participar en la elaboración y estudio de adquisición de Equipos y repuestos para los sistemas de telecomunicaciones.
5. Cumplir funciones de Interventor o Supervisor.
6. Mantenimiento preventivo y correctivo planta telefónica Ericsson MD110.
7. Instalación y cableado, mantenimiento telefonía y redes.

Por su parte, en el certificado expedido el 30 de marzo de 2021, la directora de Talento Humano de la Unidad, señaló que desde el 25 de agosto de 1997 a la fecha, el demandante desempeña las siguientes funciones, en el cargo de técnico aeronáutico IV, grado 21:

1. Llevar el control numérico de la recepción de los NOTAM-Clase I/C, verificando que la numeración de los NOTAM sea continua, y en caso de faltar algún NOTAM solicitarlo inmediatamente al AIS Bogotá.
2. Operar los canales radiotelegráficos (CW), en las diferentes estaciones, destinadas al servicio de comunicaciones.
3. Verificar que los reportes metereológicos de las estaciones conectadas a la red AFTN, hayan sido recibidos dentro del horario establecido.
4. Responder por la recepción del tráfico de mensajes que llegan a través de los canales radiotelegráficos, radicando en los libros dispuestos para tal fin, para efecto de entrega en las dependencias para tal fin.
5. Difundir la información aeronáutica publicada por el grupo AS.
6. Liquidar el tráfico cobrable cursado a través de la red AFTN por los diferentes usuarios del transporte aéreo para el cobro respectivo
7. Verificar el ordenamiento secuencial del tráfico procesado en las diferentes posiciones de los centros y subcentros de telecomunicaciones.
8. Coordinar con el funcionario asignado a la posición télex y compañías, la entrega y envío de mensajes recibidos en los centros y subcentros de telecomunicaciones.
9. Recibir el tráfico de mensajes entregados por los usuarios de la red AFTN, verificando que estén elaborados de acuerdo con el formato establecido por la OACI, para su posterior preparación y envíos a través de la red AFTN.
10. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato y correspondan a la naturaleza del cargo.

Entonces, en atención a que a la luz del artículo 1 del Decreto 1372 de 1966 son radio operadores «los funcionarios que operan los circuitos de radio», lo transcrito permite evidenciar lo siguiente:

i) Entre el 1.º de febrero de 1986 y el 31 de enero de 1994, desempeñó funciones de técnico en electrónica;
ii) Las funciones realizadas en calidad de técnico aeronáutico III 22-18, no corresponden a las del radio operador, toda vez que las actividades descritas eran de instalación de cableado, de mantenimiento de telefonía y redes, de inspección técnica a las instalaciones y de adquisición de equipos y repuestos para los sistemas de telecomunicaciones, las cuales distan de aquellas que implican «operar» o maniobrar los circuitos de radio; y,
iii) Si bien las funciones del cargo de técnico aeronáutico iv, grado 21, permitirían a esta Sala inferir que las desempeñó en esa actividad de alto riesgo (radio operador), lo cierto es que entre el 25 de agosto de 1997 y el 28 de julio de 2003 no alcanza a completar las 500 semanas que exige la norma; razón por la cual para la Subsección no queda duda respecto al incumplimiento del requisito anotado.

Si bien el actor contaba con una expectativa que se generó con la Ley 7 de 1961 al consagrar como beneficiarios de la pensión especial a los técnicos en electricidad, con ocasión del Decreto 1835 de 1994, se restringió tal beneficio y consagró como actividades de alto riesgo exclusivamente a los técnicos aeronáuticos con funciones i) de controladores de tránsito aéreo, con licencia expedida o reconocida por la oficina de registro de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y ii) de radio operadores, con licencia expedida o reconocida por la Oficina de Registro de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil. Así entonces, el actor no puede acceder al reconocimiento de la pensión especial previamente referido, pues es claro que el legislador determinó de manera clara quiénes serían los únicos beneficiarios de la prestación, empleos que él no desempeñó por el lapso requerido.

2.4.2. Sobre el régimen pensional por desempeñar actividades de alto riesgo previsto en el artículo 3 del Decreto 2090 de 2003

La Sala encuentra que el señor Eugenio Núñez García no acreditó los requisitos señalados en el artículo 3 del Decreto 2090 de 2003 para ser beneficiario del reconocimiento de la pensión especial de vejez de alto riesgo; lo anterior, toda vez que la aludida norma prevé tal beneficio para aquellos trabajadores que se dediquen en forma permanente al ejercicio de las actividades de alto riesgo indicadas en esa disposición y efectúen la cotización especial durante por lo menos 700 semanas. En ese sentido, se consideran actividades de alto riesgo «aquellas en las cuales la labor desempeñada implique la disminución de la expectativa de vida saludable o la necesidad del retiro de las funciones laborales que ejecuta, con ocasión de su trabajo», criterio bajo el cual la aludida norma tuvo como tales en la UAE Aeronáutica Civil «la actividad de los técnicos aeronáuticos con funciones de controladores de tránsito aéreo, con licencia expedida o reconocida por la Oficina de Registro de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, de conformidad con las normas vigentes».

Conforme a lo anterior, debe concluirse que esta norma solamente incluyó dentro de sus destinatarios a los controladores de tránsito aéreo y no a los operadores de radio, como sí lo hacía el Decreto 1835 de 1994. De forma que para el reconocimiento pensional conforme al artículo 3 del Decreto 2090 de 2003 es necesario que el trabajador acredite haber desempeñado las funciones del cargo aludido.

Al respecto, la Corte, al analizar la constitucionalidad de la norma, señaló que las funciones de los controladores de tránsito aéreo, «son, entre otras, las de: recibir y tramitar los planes de vuelo de las aeronaves, prestar servicios de ATS, registrar datos relacionados con el progreso de vuelo de las aeronaves, reportar y solicitar asistencia técnica cuando se presenten fallas en los equipos de la estación, control de tránsito aéreo en aeropuerto, prestar servicios de información de vuelo, comunicaciones aeronáuticas, notificar sobre aeronaves que necesiten ayuda de búsqueda o información o naves extraviadas, asistir a las aeronaves en caso de emergencia o peligro y registrar datos de progreso de vuelo de las aeronaves» y recordó que el criterio que se tuvo en cuenta para calificarla como de alto riesgo fue la exposición a los efectos nocivos que esa actividad puede generar, es decir, que la frecuencia con que la persona la desempeñaba y la fatiga a la que se veía enfrentada, perjudicaban o desmejoraban su expectativa de vida, dado el carácter permanente de esa labor que exige dedicación y un nivel de atención constante.

Bajo tal panorama, y de conformidad con las funciones desempeñadas por el demandante, transcritas líneas atrás, esta Sala encuentra que el señor Núñez García no tiene derecho al reconocimiento de la pensión especial de vejez del artículo 3 del Decreto 2090 de 2003, toda vez que i) de conformidad con lo certificado por la UAE Aeronáutica Civil en el periodo comprendido entre el 1.º de febrero de 1994 y el 24 de agosto de 1997, no realizó funciones de controlador de tránsito aéreo; y ii) las actividades desarrolladas a partir del 25 de agosto de 1997 corresponden a las de un operador de radio mas no a las del controlador de tránsito aéreo en tanto que de ellas no se extrae que fuera su responsabilidad tramitar los planes de vuelo de las aeronaves, registrar datos relacionados con el progreso de vuelo, reportar y solicitar asistencia técnica cuando se presenten fallas en los equipos de la estación, controlar el tránsito aéreo en aeropuerto, asistir a las aeronaves en caso de emergencia o peligro; sino que le correspondía operar los canales radiotelegráficos, responder por el tráfico de mensajes, verificar los reportes metereológicos, entre otros.
Así, entonces, el demandante no ha desempeñado una actividad calificada como de alto riesgo por el Decreto 2090 de 2003 que, como se dijo con anterioridad, la circunscribió a aquellas desempeñadas por los técnicos aeronáuticos con funciones de controladores de tránsito aéreo.

Finalmente, si bien el demandante no reclamó el reconocimiento de la prestación establecida en el Sistema General de Pensiones, esta Sala encuentra que las condiciones y requisitos para acceder a la pensión de vejez, en el caso del señor Eugenio Núñez García, se regirán por las disposiciones contenidas en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003; sin embargo, se tiene que en esta instancia no es dable analizar el aludido reconocimiento a la luz de lo dispuesto en esa normativa, pues el actor aún no ha cumplido el requisito de edad –62 años– exigido en el artículo 33 ibidem.

2.5. De la condena en costas

Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016, respecto de la condena en costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo. El primero, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código General del Proceso; y el segundo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes.

Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según sea la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede condenar en costas tanto en primera como en segunda instancia.

Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en el numeral 8. ° del artículo 365 del Código General del Proceso, la Sala condenará en costas de segunda instancia a la parte demandante, teniendo en cuenta que el recurso de apelación que interpuso fue resuelto desfavorablemente y la entidad demandada presentó alegatos de conclusión.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos análogos fáctica y jurídicamente al asunto que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, la Sala considera que las pretensiones de la demanda deben despacharse desfavorablemente, toda vez que se acreditó que el demandante no es beneficiario de la pensión especial de jubilación prevista en la Ley 7.ª de 1961 por cuanto no cumple con los requisitos establecidos en los regímenes de transición previstos en los Decretos 1835 de 1994 y 2090 de 2003 y tampoco tiene derecho al reconocimiento de la pensión en los términos del artículo 3 ejusdem. Por consiguiente, se confirmará la sentencia de primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 21 de abril de 2014 por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que denegó las pretensiones de la demanda, en el proceso promovido por el señor Eugenio Núñez García, contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante, las cuales se deben liquidar por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el programa SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

(SLVA)

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. En el escrito de la demanda, el apoderado del demandante indicó lo siguiente: «Mi mandante adquirió el derecho a que la UGPP le reconociera y pagara una pensión especial conforme al Decreto 2090 de 2003 que modifica el Decreto 1835 de 1994, el cual establece un régimen especial para estos servidores públicos, en concordancia con el inciso 2º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el inciso 2º del artículo 1º de la Ley 33 de 1985, que remiten a lo dispuesto en la Ley 7º de 1961, decreto 1372 de 1966». Folios 31 a 44. Se refirió a las siguientes sentencias: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 21 de mayo de 2009, radicado 25000 23 25 000 2006 01625 01 (2241-07), M.P. Gerardo Arenas Monsalve; y Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 3 de marzo de 2011, radicado 25000 23 25 000 2006 0080801 (1439-2008), M.P. Luis Rafael Vergara Quintero. Folios 174 a 182. Folios 255 a 267. Folios 270 a 274. Folios 352 a 360. Folio 315. Folio 361.
«Sobre pensiones de jubilación de Radio-operadores, Técnicos de Radio y Electricidad y Oficiales de Meteorología al servicio de la Empresa Colombiana de Aeródromos». Habrá lugar a la pensión vitalicia de jubilación cuando el empleado u obrero haya llegado o llegue a cincuenta años de edad, después de veinte años de servicio continuo o discontinuo, equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio mensual de las asignaciones que hubiere devengado durante el último año de servicio. En caso de que él empleado. U obrero haya servido durante veinticinco años (25), tendrá derecho a jubilación, sin tener en cuenta la edad. Los operadores de telégrafos, Jefes de oficinas telegráficas, Jefes de Líneas, Revisores, Plegadores; Clasificadores y Mecánico de las oficinas telegráficas, inclusive los de la Empresa Nacional de Radiocomunicaciones y los Oficiales Mayores de la Central de Telégrafos de Bogotá, tendrán derecho a la jubilación cuando cumplan veinte (20) años de servicio, cualquiera que sea su edad. Las pensiones no podrán ser menores de treinta pesos ($30.00) ni mayores de doscientos pesos ($200.00) en cada mes. La pensión de jubilación excluye el auxilio de cesantía, menos en cuanto a los anticipos, liquidaciones parciales o préstamos que se le hayan hecho lícitamente al trabajador, pero para recibir la pensión se requiere que éste reintegre o compense las sumas que haya recibido a título de cesantía (artículo 3° de la Ley 28 de 1943).»
«Por el cual se reglamenta la Ley 7ª de 1961 sobre pensiones de jubilación de radioperadores, técnicos de radio, de electricidad y de oficiales de meterología». Artículo 11 de la Ley 100 de 1993. Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia del 23 de mayo de 2013. Radicado 11001032500020100029100 (2390-10)
«por el cual se incorporan los servidores públicos al sistema general de pensiones y se dictan otras disposiciones».
«por el cual se reglamentan las actividades de alto riesgo de los servidores públicos».
«Artículo 2º Para los efectos indicados se aplicará a los mencionados trabajadores lo dispuesto por el artículo 21 del decreto 1237 de 1946 y tendrán derecho a la pensión de jubilación al cumplir veinte (20) años de servicio, cualquiera que fuere su edad. Parágrafo.

Es bien entendido que para poder gozar de la pensión de jubilación en los términos anteriores los trabajadores señalados deberán reintegrar o compensar a la Caja Nacional de Previsión Social las sumas que por concepto de auxilio de cesantía hubieren recibido de Aerovías Nacionales de Colombia, S.A. (Avianca).»
«Artículo 6° De acuerdo con los artículos 2° de la Ley 7ª de 1961 y 21 del Decreto 1237 de 1946. el personal de que trata el presente Decreto tendrá derecho a la pensión vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75) del promedio mensual de las asignaciones que hubiere devengado durante el último año de servicios.»
«Artículo 34. Monto de la pensión de vejez. El monto mensual de la pensión de vejez, correspondiente a las primeras 1.000 semanas de cotización, será equivalente al 65% del ingreso base de liquidación. Por cada 50 semanas adicionales a las 1.000 hasta las 1.200 semanas, este porcentaje se incrementará en un 2%, llegando a este tiempo de cotización al 73% del ingreso base de liquidación. Por cada 50 semanas adicionales a las 1.200 hasta las 1.400, este porcentaje se incrementará en 3% en lugar del 2%, hasta completar un monto máximo del 85% del ingreso base de liquidación. El valor total de la pensión no podrá ser superior al 85% del ingreso base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima de que trata el artículo siguiente. A partir del 1o. de enero del año 2004 se aplicarán las siguientes reglas: El monto mensual de la pensión correspondiente al número de semanas mínimas de cotización requeridas será del equivalente al 65%, del ingreso base de liquidación de los afiliados. Dicho porcentaje se calculará de acuerdo con la fórmula siguiente:
r = 65.50 - 0.50 s, donde:
r = porcentaje del ingreso de liquidación.
s = número de salarios mínimos legales mensuales vigentes. A partir del 2004, el monto mensual de la pensión de vejez será un porcentaje que oscilará entre el 65 y el 55% del ingreso base de liquidación de los afiliados, en forma decreciente en función de su nivel de ingresos calculado con base en la fórmula señalada. El 1o. de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 semanas. Adicionalmente, el 1o. de enero de 2006 se incrementarán en 25 semanas cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015. A partir del 2005, por cada cincuenta (50) semanas adicionales a las mínimas requeridas, el porcentaje se incrementará en un 1.5% del ingreso base de liquidación, llegando a un monto máximo de pensión entre el 80 y el 70.5% de dicho ingreso, en forma decreciente en función del nivel de ingresos de cotización, calculado con base en la fórmula establecida en el presente artículo. El valor total de la pensión no podrá ser superior al ochenta (80%) del ingreso base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima».
«por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en dichas actividades». Véanse entre otras, las sentencias del 12 de junio de 2014 proferida dentro del proceso 05001 23 31 000 2012 00100 01 (3287-2013); y del 22 de abril de 2015 proferida dentro del proceso 25000 23 25 000 2011 00807 01 (2555-13). Corte Constitucional, Sentencia C-663 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 29 de junio de 2017, radicado 08001 23 33 000 2012 00082 01 (0391-14), M.P. César Palomino Cortés. Publicación en el Diario Oficial 45.262
«Primero.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 6º del Decreto Ley 2090 de 2003, por los cargos de la demanda, en el entendido de que para el cómputo de las "500 semanas de cotización especial", se podrán acreditar las semanas de cotización efectuadas en cualquier actividad que hubiere sido calificada jurídicamente como de alto riesgo.»
Folio 26, expediente administrativo. Folios 365 a 367. Folios 2 a 4. Folios 5 a 8.

Dada la entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003 que se produjo el 28 de julio de 2003. Corte Constitucional, Sentencia C-663 de 2007. Folios 230 a 232. Folios 76 reverso a 77 reverso. Folios 366 y 367.
«Artículo 1° Son Radioperadores del Servicio Móvil Aeronáutico Categoría "R" y del Servicio Fijo, definidos en el Decreto 3418 de 1954, los funcionarios que operan los circuitos de radio que integran tales servicios, sea cual fuere la naturaleza de estos circuitos y la denominación de planta de los cargos o nomenclatura dentro de la organización del Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil. De la Empresa Colombiana de Aeródromos o del Departamento Administrativo del Servicio Civil.»
«Por el cual se reglamenta la Ley 7ª de 1961 sobre pensiones de jubilación de radioperadores, técnicos de radio, de electricidad y oficiales de meteorología». Fecha de entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003. Entre el lapso referido hay 5 años, 11 meses y 3 días, que corresponde aproximadamente a 304 semanas. Artículo 1 del Decreto 2090 de 2003. Artículo 2 numeral 5 ejusdem. En igual sentido lo ha señalado esta Sala en sentencia de 20 de febrero de 2020, radicado 76001 23 31 000 2011 00900 01 (2789-15), M.P. William Hernández Gómez. Corte Constitucional, Sentencia C-1125 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
«artículo 33. requisitos para obtener la pensión de vejez. <Artículo modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Para tener el derecho a la Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes condiciones: 1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60) años si es hombre. A partir del 1o. de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y siete (57) años de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre. 2. Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo. A partir del 1o. de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a partir del 1o.de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015.»
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández Gómez.
«1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».

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