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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 88001-23-33-000-2016-00039-01

Fecha
28 de octubre de 2024
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodriguez Navas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 88001-23-33-000-2016-00039-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA REVÓCASE la sentencia proferida el dieciocho (18) de julio de dos mil dieciocho (2018), por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, para, en su lugar disponer: 180 CGP. “Artículo 365. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, suplica, anulación o revisión que haya propuesto […]”. 181 CGP. ““Artículo 366. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […] 3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho que fije el magistrado sustanciador o el juez, aunque se litigue sin apoderado. […] 6. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda excederse el máximo de dichas tarifas” (subrayado añadido). 182 CPACA. “Artículo 188. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”. 183 Valor total reconocido en el proceso $3.178’124.402,64, que corresponde a perjuicios materiales […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 88001-23-33-000-2016-00039-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas

28 de octubre de 2024

Radicado: 88001-23-33-000-2016-00039-01 (62320)
Actor: Francisca María Siado Álvarez y Otros.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado número: 88001-23-33-000-2016-00039-01 (62320)
Demandante: Francisca María Siado Álvarez y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Reparación directa

Tema. Responsabilidad del Estado por la incautación de bienes en el marco del proceso de extinción
de dominio, por presunta adquisición con dinero proveniente del narcotráfico. Subtema 1. Del error
jurisdiccional. Subtema 2. Del daño y su imputación por acción u omisión de una autoridad pública.
Subtema 3. Del reconocimiento de perjuicios.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante y la demandada Fiscalía General de la Nación contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina, el dieciocho (18) de julio de dos mil dieciocho (2018), que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS

La parte actora demandó la reparación de los perjuicios derivados de la incautación
o secuestro del bien inmueble identificado con el número de matrícula inmobiliaria
450-0016464. Dicho acto fue realizado en el marco del proceso de extinción de
dominio radicado bajo el número 1111 ED y 2010-052.12, adelantado en contra del
señor Harding Elvis Chow Ríos y su núcleo familiar. Los perjuicios alegados fueron
ocasionados por la Nación – Fiscalía General de la Nación, la Nación – Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial – Rama Judicial, la Sociedad de Activos
Especiales S.A.S. y la inmobiliaria Etilsa Hernández S.A.S.1.

El Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina i) declaró
probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Rama Judicial; ii) declaró
administrativamente responsable a la Nación – Fiscalía General de la Nación por el
daño antijurídico causado a la parte demandante. Inconformes con la decisión
proferida, la Nación – Fiscalía General de la Nación y la parte demandante
recurrieron la decisión. La primera de ellas, arguyó que su actuación estuvo acorde
a la norma que regulaba el trámite de extinción de dominio. A su turno, la parte
demandante enfatizó que la responsabilidad debía recaer sobre todos los
demandados, pues durante el tiempo en el que sobre el inmueble estuvo impuesta
la medida cautelar, no tuvo la posibilidad de explotarlo económicamente.
Finalmente, solicitó tasar correctamente los perjuicios materiales y reconocer los
perjuicios morales.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda2

1 Depositaria provisional del bien incautado. Fue vinculada al proceso en calidad de llamado en garantía por parte de la Sociedad de

Activos Especiales S.A.S. El llamamiento se admitió a través de auto del veinticinco (25) de abril de dos mil diecisiete (2017), visible a
folios 363 a 365, cuaderno 1.
2 Contenida en los folios 1 a 12, cuaderno 1.

Radicado: 88001-23-33-000-2016-00039-01 (62320)
Actor: Francisca María Siado Álvarez y Otros.

En escrito presentado el veintisiete (27) de mayo de dos mil dieciséis (2016),
Francisca María Siado Álvarez, Nancy Álvarez de Siado, Sisley Chow Siado y
Shelley Chow Siado, presentaron demanda en ejercicio del medio de control de
reparación directa, en la que deprecaron de esta jurisdicción que declare
administrativamente responsable a la Nación – Fiscalía General de la Nación3,
por los perjuicios que sufrieron con ocasión de la incautación del inmueble de
propiedad de la señora Francisca María Siado Álvarez y que, en consecuencia, se
condene a la parte demandada al pago de las siguiente sumas de dinero:

i) Por concepto de daño emergente y lucro cesante:
Rubros Valor cuantificado
Devolución de pago de arriendos por casa y $31.803.635
local
Detrimento del terreno $104.627.151
Construcción $400.364.085
Arriendos dejados de percibir:
Vivienda sin terminar $313.837.492
Bodega $941.512.476
Local1 $470.756.238
Local 2 $470.756.238
Vivienda Unifamiliar $627.674.984
Depreciación $142.791.2
Honorarios abogado $30.000.000
Gran Total $3.573.123.527

ii) Por concepto de perjuicios morales:
Demandante Valores en SMLMV
Víctima directa 50 SMLMV
Madre 40 SMLMV
Hijas (2) 80 SMLMV
Total 137 SMLMV

Cuantía total estimada: Tres mil seiscientos cincuenta y un millones trescientos
treinta mil quinientos veintisiete pesos mcte. ($3.651.330.527).

2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia

El Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, admitió la
demanda4 y notificó el auto admisorio en debida forma5.

La Nación – Fiscalía General de la Nación6, se opuso a la prosperidad de las
pretensiones de la demanda y alegó que, los argumentos expuestos por el extremo
activo no lograban estructurar una falla en el servicio o el defectuoso funcionamiento
de la administración de justicia que permitiera comprometer la responsabilidad del
Estado. Afirmó que, la incautación del bien se dio con sujeción a lo descrito en la
Ley 793 de dos mil dos (2002), y el artículo 34 de la Constitución Política, habida
cuenta del alto grado de injerencia del señor Harding Lewis Chow Ríos en la
comisión de los delitos relacionados con el porte, fabricación y tráfico de
estupefacientes. De esta manera, sostuvo que la entidad estaba en la obligación
constitucional de decretar las medidas cautelares necesarias, en aras de limitar el
derecho de dominio sobre el bien.

Finalmente, solicitó integrar en el proceso como litisconsorcio necesario a la
Nación – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Rama Judicial y a la
Dirección Nacional de Estupefacientes hoy Sociedad de Activos Especiales
SAE S.A.S.; solicitud que se admitió el tres (3) de noviembre de dos mil dieciséis

3 Inicialmente, la demanda fue promovida únicamente en contra de esta entidad.
4
Auto admisorio de la demanda, folios 250 a 252, cuaderno 1.
5 Diligencias de notificación de la Fiscalía General de la Nación, folio 265 y 269, cuaderno 1.
6 Folios 272 a 281, cuaderno 1.

2

Radicado: 88001-23-33-000-2016-00039-01 (62320)
Actor: Francisca María Siado Álvarez y Otros.

(2016)7. Posterior a la notificación personal de la demanda8, se alude al contenido
de cada contestación presentada así:

La Nación – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Rama Judicial9
propuso como excepciones: i) falta de agotamiento del requisito de procedibilidad,
por cuanto la parte demandante radicó la solicitud de conciliación extrajudicial ante
el Ministerio Público en la que tuvo como único convocado a la Fiscalía General de
la Nación, sin incluir a la Rama Judicial. ii) inexistencia del daño antijurídico, toda
vez que no se logró estructurar un error jurisdiccional, como quiera que las
decisiones proferidas en el trámite del proceso penal, se ajustaron a los parámetros
establecidos en la Constitución y la Ley, por lo que no se puede inferir que aquellas
fueron arbitrarias, caprichosas o amañadas. iii) hecho de un tercero, bajo la premisa
de que el origen del proceso de extinción de dominio fue con ocasión del actuar
delictivo del señor Harding Elvis Chow Ríos. Añadió que los perjuicios reclamados
deben ser sufragados por la Dirección Nacional de Estupefacientes, pues era el ente
encargado de la administración de los inmuebles objeto de extinción, quien, a su
vez, designó como depositaria provisional a la inmobiliaria Etilsa Hernández S.A.S.

Sociedad de Activos Especiales SAE S.A.S.10, se opuso a la prosperidad de las
pretensiones de la demanda, bajo el argumento de que no se logró comprobar que
la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes haya causado algún perjuicio a la
parte demandante. Señaló que, la DNE contaba con la facultad de entregar en
depósito provisional los bienes incautados puestos a su disposición, por lo que a
través de la Resolución núm. 0885 del cuatro (4) de agosto de dos mil seis (2006),
nombró a la inmobiliaria Etilsa Hernández S.A.S. como depositaria del bien
incautado, de modo que desde ese momento fue la encargada de administrar el
inmueble y el recaudo de las sumas por concepto de cánones de arrendamiento
que se causaran, así como las erogaciones surgidas con la administración del
predio.

Como excepciones propuso: i) inexistencia de acción u omisión de la DNE, en razón
a que la actuación ejercida por parte de la entidad no permitió la estructuración de
un daño resarcible, por tanto, no es posible endilgar responsabilidad alguna. ii)
inexistencia del daño antijurídico, toda vez que si la actora no pudo usufructuar el
bien de su propiedad durante el lapso que duró el proceso de extinción de dominio,
no fue por causa de la actuación de la entidad. iii) inexistencia de la obligación,
debido a que la parte demandante no logró demostrar que la actuación de la entidad
haya incidido en el daño presuntamente causado, por tanto, no hay lugar a resarcir
perjuicio alguno. iv) innominada.

En consecuencia, llamó en garantía a la Inmobiliaria Etilsa Hernández S.A.S.,
dado que esta fungió como depositaria provisional del inmueble incautado. El
Tribunal admitió la solicitud mediante providencia de fecha veinticinco (25) de abril
de dos mil diecisiete (2017)11. Notificada la anterior decisión, y corridos los traslados
de ley, la llamada en garantía contestó12 dentro del término establecido para ello,
bajo los siguientes argumentos:

Manifestó que el inmueble propiedad de la demandante constaba de una vivienda y
un local comercial, los cuales fueron arrendados al señor Sherman Chow Pájaro
mediante los contratos de arrendamiento números 0017 y 0018, suscritos el 2 de
marzo de 2005. Añadió que el arrendatario solo pagó los cánones de arrendamiento
correspondientes al período comprendido entre marzo de 2005 y enero de 2007, y

7 Folios 293 y 294, cuaderno 1.
8 Folios 296 a 301, cuaderno 1.
9 Folio 309, CD folio 310, cuaderno 1.
10 Folios 316 a 327, CD folio 334, cuaderno 1.
11Folios 363 a 365, cuaderno 1.
12 Folios 1 a 10, cuaderno llamamiento en garantía.

3

Radicado: 88001-23-33-000-2016-00039-01 (62320)
Actor: Francisca María Siado Álvarez y Otros.

que dichas sumas fueron consignadas a nombre de la DNE en la cuenta corriente
dispuesta para ello en el Banco Popular.

En cuanto a los perjuicios solicitados, resaltó que el dictamen pericial presentado
por los demandantes sobre el inmueble incautado no se ajusta a la realidad, dado
que en el año 2005 no se realizó un peritaje que permitiera demostrar las
condiciones en que se recibió el inmueble al momento de la incautación. Por lo
tanto, no es posible inferir que su deterioro ocurriera durante el período en que
ejerció la función de depositaria.

De otro lado, destacó el hecho de que, al momento en que recibió el citado bien,
solicitó la expedición de una póliza de seguro ante la Previsora S.A., petición que
se resolvió de forma negativa debido al estado precario de aquel. Por lo anterior,
acudió a la aseguradora Seguros Colpatria con la que tomó varias pólizas durante
los años dos mil cinco (2005) a dos mil catorce (2014), las cuales tenían cobertura
contra todo riesgo.

El a quo, en auto del veintinueve (29) de junio de dos mil diecisiete (2017)13 fijo
fecha para llevar a cabo la audiencia inicial que se surtió el veinticinco (25) de julio
de dos mil diecisiete (2017)14. Al término, fijó fecha para llevar a cabo la audiencia
de pruebas que se adelantó el doce (12) de septiembre de dos mil diecisiete
(2017)15.

Concluida la etapa probatoria, corrió traslado16 a las partes para que alegaran de
conclusión, y al Ministerio Público para que rindiera concepto. Las partes17
reiteraron los argumentos exhibidos con anterioridad, y el Ministerio Público guardó
silencio.

2.3. La sentencia recurrida

El Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina profirió
sentencia el dieciocho (18) de julio de dos mil dieciocho (2018)18, en la que i) declaró
probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la Rama
Judicial; ii) declaró administrativamente responsable a la Fiscalía General de la
Nación por los perjuicios causados a los demandantes con ocasión de la incautación
del bien inmueble; iii) condenó a la Fiscalía General de la Nación a pagar en
abstracto, por concepto de indemnización por perjuicios materiales en la modalidad
de lucro cesante; iv) negó las demás pretensiones de la demanda y v) condenó en
costas a la parte demandada.

En sus consideraciones, puso de presente que el criterio jurisprudencial aplicable al
caso sería el error jurisdiccional, en concordancia con la postura adoptada por esta
Corporación, en pronunciamiento de fecha veintisiete (27) de enero de dos mil
dieciséis (2016)19. Con base en lo anterior, del estudio del acervo probatorio logró
acreditar que el daño antijurídico causado a la señora Francisca María Siado
Álvarez, tuvo su origen en la orden proferida por el fiscal 34 adscrito a la Unidad
Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y Contra Lavado de Activos,
plasmada en la resolución del dos (2) de marzo de dos mil cinco (2005), en la que
se ordenó el secuestro y embargo del bien inmueble de su propiedad, bajo la
presunción de que, al momento en que se efectuó su adquisición, había mediado

13 Folio394, cuaderno 1.
14 Folios 412 a 426, cuaderno 1.
15 Folios 474 a 480, cuaderno 2.
16 Mediante auto de fecha trece (13) de octubre de dos mil diecisiete (2017). Folio 499, cuaderno 2.
17 Alegatos parte demandante, folios 527 a 541, cuaderno 2. / Alegatos parte demandada: Rama Judicial, folios 513 a 518, cuaderno 2.

/ Alegatos Sociedad de Activos Especiales SAE S.A.S., folios 522 a 526, cuaderno 2. / Alegatos Fiscalía General de la Nación, folios
546 a 550, cuaderno 2. / Alegatos Inmobiliaria Etilsa Hernández S.A.S., folios 551 a 554, cuaderno 2.
18 Folios 567 a 615, cuaderno principal.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C.P. Olga Mélida Valle de la Hoz. Radicación

núm. 25000-23-26-000-2005-01247-01 (34751).

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Radicado: 88001-23-33-000-2016-00039-01 (62320)
Actor: Francisca María Siado Álvarez y Otros.

dinero cuya fuente era ilícita; lo que se tradujo en la privación del poder dispositivo
sobre el bien por el lapso de 9 años y 5 meses.

Lo anterior, permitió colegir que el daño objeto de las pretensiones de reparación le
era imputable a la Fiscalía General de la Nación, toda vez que fue la entidad que
tomó la decisión de imponer la medida de embargo y secuestro sobre el bien de la
demandante, que la privó del uso y disposición del mismo.

Respecto de la responsabilidad endilgada a la Dirección Nacional de
Estupefacientes y la inmobiliaria Etilsa Hernández S.A.S., quienes fueron, por una
parte, la entidad que administró los bienes incautados y por la otra, quien actuó
como depositaria del bien, se limitó a indicar que sobre ellas recayó la obligación de
administración y custodia del inmueble incautado, sin indicar algún tipo de
responsabilidad.

En lo atinente a la Nación – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Rama
Judicial, consideró que no tuvo injerencia alguna respecto de la decisión de
embargo y secuestro del inmueble mencionado, por ende, no le fue imputable el
perjuicio causado por el daño antijurídico alegado.

En cuanto a la indemnización por los perjuicios causados, procedió a pronunciarse
frente a los dictámenes periciales rendidos, a efectos de cuantificar el daño
ocasionado. Con base en ellos y de las demás pruebas recaudadas, sostuvo que
los avalúos técnicos y contables del bien carecieron de fundamento para demostrar
el monto solicitado, habida cuenta de las discrepancias respecto de las
características del bien, pues distan del contenido entre la escritura pública del año
dos mil uno (2001), el acta de secuestro del año dos mil cinco (2005) y el acta de
devolución del inmueble del diecinueve (19) de agosto de dos mil catorce (2014).
De otro lado, afirmó que la simple expectativa de negocio no puede constituirse en
fundamento para la indemnización pretendida, pues aquella no se acreditó en el
expediente.

En relación con el daño emergente, negó su reconocimiento al no obrar pruebas
que permitieran demostrar tal erogación. Del lucro cesante, estableció como base
para su reconocimiento la suma de ciento treinta y un millones quinientos ochenta
y nueve mil quinientos veintidós pesos mcte. ($131.589.522), de los cuales debía
descontarse lo cancelado a la señora Siado Álvarez, para así, determinar el valor
definitivo a cancelar por parte de la Fiscalía General de la Nación. Finalmente, negó
el reconocimiento de perjuicios morales, a falta de prueba de estos.

2.4. El recurso de apelación

2.4.1. La parte demandante sustentó su recurso de apelación adhesiva en los
siguientes cargos contra la sentencia de primera instancia20:

2.4.1.1. Consideró que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la
Sociedad de Activos Especiales y la inmobiliaria Etilsa Hernández S.A.S. también
incurrieron en acciones y omisiones que tuvieron injerencia en la ocurrencia del
daño, toda vez que, actuaron en calidad de secuestres y depositarios del bien, por
lo que debieron velar por el mantenimiento y productividad del mismo.

2.4.1.2. Refirió que no es razonable tasar la rentabilidad dejada de percibir por la
suma de ciento treinta y un millones quinientos ochenta y nueve mil quinientos
veintidós pesos mcte. ($131.589.522), máxime que en el expediente obran dos
dictámenes periciales que fueron congruentes en afirmar que la suma asciende a
tres mil setecientos veintisiete millones cuatrocientos veintiocho mil quinientos
veintisiete pesos mcte ($3.727.428.527).

20 Folios 671 a 685, cuaderno principal.

5

Radicado: 88001-23-33-000-2016-00039-01 (62320)
Actor: Francisca María Siado Álvarez y Otros.

2.4.1.3. Discrepó de la decisión de que el Tribunal desestimara el contenido de los
dictámenes periciales aportados, pues sobre ellos no pesa objeción por error grave.
Agregó que el predio incautado tenía vocación de prosperidad, oportunidad que fue
cercenada al no poder disfrutar del derecho de dominio del mismo por casi 10 años,
con ocasión de la medida injusta impuesta sobre él. Adicionalmente, adujo que no
se tuvo en cuenta la indexación de las sumas correspondientes a los cánones de
arrendamiento que dejó de percibir la señora Siado Álvarez.

2.4.1.4. Sostuvo que el Tribunal adoptó una posición poco garantista al negar la
recepción de los testimonios con los que se pretendía demostrar el perjuicio moral
ocasionado con la incautación del aludido bien, ya que se trató de un hecho notorio
público y evidente, que causó un impacto negativo a la parte demandante, por lo
que solicitó el reconocimiento de este perjuicio. Añadió que, de ser necesario, debe
decretarse prueba oficiosa cuya finalidad consista en acreditar la ocurrencia de este
perjuicio.

En este punto, protestó por la decisión de no reconocer los honorarios
correspondientes al apoderado judicial, pues en el peritaje se relacionó tal rubro, así
como la inclusión del contrato de prestación de servicios profesionales adjunto al
escrito con el que descorrió las excepciones de mérito propuestas por el extremo
pasivo.

2.4.2. La parte demandada – Fiscalía General de la Nación – recabando la
revocación de la sentencia proferida, sustentó su alzada21, con fundamento en los
cargos que siguen:

2.4.2.1. Manifestó que no incurrió en procedimiento ilegal alguno durante el proceso
de extinción de dominio, pues su actuación estuvo ajustada a lo descrito en la Ley
793 de dos mil dos (2002), dado que, concurrían algunas de las causales previstas
en la aludida norma, por lo tanto, estaba facultada para dar inicio al trámite en
mención.

2.4.2.2. Agregó que, en el proceso no se demostró que la actuación adelantada
contenga un error que pudiera considerarse como un “error jurisdiccional”, pues se
requiere que la providencia a la cual el mismo se imputa, contenga una decisión
abiertamente ilegal, situación que en el presente caso no se configuró.

2.4.2.3. Agregó que, de conformidad con la norma aplicable, el inmueble objeto de
secuestro quedó a disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes hoy
Sociedad de Activos Especiales S.A.S., situación que el a quo pasó por alto, pues
no estableció si existió alguna falla en la administración del bien inmueble que le
sea imputable a aquella.

2.4.2.4. En lo atinente a la indemnización de los perjuicios reconocidos, expuso que
la demandante los sobreestimó, pues corresponden a aspiraciones que no se
fundamentaron en el material probatorio obrante en el expediente.

2.5. Trámite relevante en segunda instancia

El tres (3) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), esta corporación admitió el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada22. En el término de
ejecutoria, el apoderado de la parte demandante interpuso recurso de apelación
adhesiva, el cual se admitió mediante providencia de fecha veintitrés (23) de abril
de dos mil diecinueve (2019)23; y el ocho (8) de julio de dos mil diecinueve (2019)

21 Folios 649 a 658, cuaderno principal.
22 Auto admisorio del recurso de apelación. Folio 669, cuaderno principal.
23 Folio 694, cuaderno principal.

6

Radicado: 88001-23-33-000-2016-00039-01 (62320)
Actor: Francisca María Siado Álvarez y Otros.

24, corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio

Público para que emitiera su concepto.

La parte actora, en su alegato25, insistió en la postura adoptada en la demanda y
el recurso de apelación interpuesto, por lo que pidió la modificación de la decisión
proferida. La parte demandada – Fiscalía General de la Nación26 reiteró los
argumentos de defensa expuestos en la primera instancia, así como lo esbozado
en el recurso de apelación, por lo que solicitó la revocación del fallo proferido. La
Sociedad de Activos Especiales SAE S.A.S.27 reiteró lo descrito en la
contestación de la demanda, así como la confirmación de lo ordenado por el a quo.
Finalmente, el Ministerio público guardó silencio.

III. PROBLEMAS JURÍDICOS

En función de los motivos de inconformidad expresados por los recurrentes frente a
la sentencia de primera instancia, corresponde a esta Subsección resolver, en
primer lugar, el siguiente problema jurídico relacionado con los daños que los
demandantes alegan haber sufrido con ocasión de la apertura del trámite de
extinción de dominio adelantado por la Fiscalía General de la Nación en contra del
inmueble identificado con matrícula inmobiliaria núm. 450-16464 de propiedad de
las demandantes:

1. ¿Es constitutiva de responsabilidad patrimonial la actuación desplegada por
parte de la Nación – Fiscalía General de la Nación por el daño causado a la
parte actora, que se tradujo en la orden de embargo y secuestro del inmueble
de su propiedad en el trámite de extinción de dominio y la imposibilidad de
percibir los dineros que el bien generó durante el período de incautación del
mismo?

En segundo lugar, resolverá el interrogante vinculado a la administración y
destinación del bien inmueble de propiedad de las demandantes, teniendo en
cuenta que, el inmueble quedó a disposición de la Dirección Nacional de
Estupefacientes (hoy SAE) y fue designada como secuestre la inmobiliaria Etilsa
Hernández S.A.S:

2. ¿Es constitutiva de responsabilidad administrativa la gestión desplegada por
la Dirección Nacional de Estupefacientes (hoy SAE) y la inmobiliaria Etilsa
Hernádez S.A.S., que derivó en una inadecuada administración del bien
inmueble, al no mantenerlo como un activo productivo?

De ser resuelto de manera positiva los anteriores interrogantes, la Sala procederá
a resolver:

3. ¿Hay lugar a condena por concepto de perjuicios materiales por lucro
cesante, de conformidad con los parámetros establecidos en los dictámenes
aportados por la parte demandante?

4. ¿Probó la parte demandante la causación y el padecimiento de los perjuicios
morales?

5. ¿Hay lugar a condena al reembolso del monto que pagaron los demandantes
por concepto de honorarios al apoderado judicial?

IV. HECHOS PROBADOS

24 Auto que corrió traslado para alegar de conclusión en segunda instancia. Folio 697, cuaderno principal.
25 Folios 724 a 725, cuaderno principal.
26 Folios 706 a 709, cuaderno principal.
27 Folios 701 a 705, cuaderno principal.

7

Radicado: 88001-23-33-000-2016-00039-01 (62320)
Actor: Francisca María Siado Álvarez y Otros.

La Sala precisa que las copias de los documentos simples que respaldan los hechos
que se relacionan a continuación, estuvieron a disposición de las partes en el curso
del proceso28, motivo por el cual constituyen medios de prueba válidos29, por lo que
se encuentran acreditados los siguientes:

4.1. De conformidad con la disolución y liquidación de la sociedad conyugal entre
Spencer Francisco Chow Davis y Francisca María Siado Álvarez, se expidió la
Escritura Pública No. 288 del dieciséis (16) de marzo de dos mil uno (2001),
mediante la cual se adjudicó a Francisca María Siado Álvarez el inmueble
identificado con el registro catastral No. 00000010554000 y el folio de matrícula
inmobiliaria No. 450-001646430. Esta modificación quedó registrada en el certificado
de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria del bien, en la anotación núm. 4 de
fecha veintinueve (29) de marzo de dos mil uno (2001), en la que se dispuso
“tradición adjudicación por separación de bienes”31.

4.2. Mediante el informe No. 0140 del tres (3) de septiembre de dos mil (2000)32, se
informó a la Fiscalía General de la Nación sobre la captura en flagrancia de dos
personas que realizaban actividades de tráfico de estupefacientes. Con base en las
pruebas recopiladas durante la operación, la Fiscalía consideró necesaria la
vinculación del señor Harding Elvis Chow Ríos, debido a su relación con los hechos.
En consecuencia, el ente investigador libró orden escrita de captura en su contra y,
el trece (13) de octubre de dos mil (2000)33, resolvió su situación jurídica,
imponiéndole medida de aseguramiento de detención preventiva.

4.3. La Dirección Nacional de Fiscalías, Unidad para la Extinción del Derecho de
Dominio y Contra el Lavado de Activos, asignó a la Fiscalía 34 Especializada de
Bogotá el proceso de extinción de dominio del señor Chow Ríos y su núcleo familiar.
Como resultado de la investigación adelantada, la Fiscalía 34 Especializada ordenó,
mediante la Resolución número 1111 ED el dos (2) de marzo de dos mil cinco
(2005)34, el inicio oficioso del trámite de extinción de dominio del inmueble
identificado con Matrícula Inmobiliaria núm. 450-1646435, y decretó las medidas de
embargo y secuestro, así como la consiguiente suspensión del poder dispositivo,
incluyendo sus frutos y rendimientos.

4.4. Las Fiscalías 31 y 34 de la Unidad Nacional contra el Lavado de Activos y
Extinción del Derecho de Dominio, en cumplimiento de lo ordenado, llevaron a cabo
la diligencia de secuestro del bien con matrícula inmobiliaria 450-16464, el dos (2)
de marzo de dos mil cinco (2005)36.

En el desarrollo de la operación, se suscribió el acta de ocupación y secuestro del
bien. En él, se plasmó que el estado del inmueble incautado era regular y que
consistía en “una construcción levantada en bloque de cemento y madera en 2
plantas, sobre el predio identificado con matrícula inmobiliaria 450-16464, que
actualmente se encuentra en obra negra.”
28 Acta de audiencia inicial y CD. Folios 412 a 426, cuaderno 1. / La audiencia de pruebas se celebró el doce (12) de septiembre de dos

mil diecisiete (2017). El Acta de la audiencia de pruebas y CD, visibles a folios 474 a 480, y 481A, respectivamente, incorporado en el
cuaderno 2.
29 El artículo 246 del CGP, aplicable a este caso, estipula que las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, salvo cuando

por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia. Sin perjuicio de la presunción de
autenticidad, la parte contra quien se aduzca copia de un documento podrá solicitar el cotejo con su original, o a falta de este con una
copia expedida con anterioridad a aquella. El cotejo se efectuará mediante exhibición dentro de la audiencia correspondiente.
30 Folio 6- 8, cuaderno anexo núm. 8 – Oposición núm. 1 Francisca María Siado Álvarez. / Folios 126 a 129 cuaderno anexo núm. 3 –

cuaderno de copias núm. 3.
31 Folio 18, cuaderno anexo núm. 8 – Oposición núm. 1 Francisca María Siado Álvarez.
32 Numeral 1 del acápite de antecedentes de la Resolución del 2 de marzo de 2005, emitida pot la Fiscalía 34 delegada – Unidad para

la extinción del derecho de dominio y contra el lavado de activos. Folio 57, cuaderno anexo núm. 3.
33 Folio 67 a 73, cuaderno anexo núm. 1.
34 Folios 57 a69, cuaderno anexo núm. 3 – Cuaderno copia núm. 03 – Radicado núm. 1111 ED.
35
Adición de la Resolución del 2 de marzo de 2005. Folios 70 a 71, cuaderno anexo núm. 3 – Cuaderno copia núm. 03 – Radicado
núm. 1111 ED.
36 Folios 210 a 213 del cuaderno 1 / Folios 101 a 104, cuaderno anexo núm. 3 – Cuaderno copia núm. 03 – Radicado núm. 1111 ED. /

Folios 1 a 4 del anexo núm. 1 del CD de la contestación de la demanda de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., visible en el folio
334 del cuaderno 1. / Folios 12 a 15 del cuaderno de llamamiento en garantía.

8

Radicado: 88001-23-33-000-2016-00039-01 (62320)
Actor: Francisca María Siado Álvarez y Otros.

De otro lado se designó como secuestre a Juliet Astrid Valencia Gaviria, quien obró
en representación de la Dirección Nacional de Estupefacientes (en adelante DNE).
Además, se plasmó la designación como depositario provisional del bien a la
Inmobiliaria Etilsa Hernández S.A.S.37, a quien “igualmente se le hace saber su
obligación de hacer productivos los bienes que a la fecha no están arrendados.”

4.5. Francisca María Siado Álvarez, a través de apoderado judicial presentó
oposición contra la decisión adoptada por la Fiscalía Especializada 34 de Bogotá38,
en el que expuso que, la adquisición del bien incautado había sido producto de la
adjudicación por separación de bienes con su cónyuge Spencer Francisco Chow
Davis, quien, a su vez, obtuvo el inmueble por transmisión hereditaria entre vivos
que hizo su padre. Por lo tanto, concluyó que la adquisición del mismo, no se
enmarcó en ninguno de los supuestos establecidos en la Ley 793 de dos mil dos
(2002), por lo que no podía ser materia de la extinción de dominio.

4.6. La Fiscalía 34 Especializada, en su Resolución del cuatro (4) de agosto de dos
mil seis (2006)39, abordó la solicitud de pruebas elevadas en los escritos de
oposición presentados por el apoderado de la señora Siado Álvarez, el apoderado
de los señores Verlín de Armas, Niza Alegría Chow Rios, Crowel, Spenser Chow
Wong y Sheena Hedí Chow de Armas, y por el curador ad litem José Alberto Álvarez
Bayona. La resolución se pronunció de la siguiente manera: i) admitió como pruebas
documentales las allegadas por los apoderados en los diversos escritos de
oposición; ii) accedió a la práctica de las pruebas testimoniales solicitadas por el
apoderado de la señora Siado Álvarez; iii) negó por extemporáneas las pruebas
solicitadas por el apoderado de los señores Verlín de Armas y otros; y iv) aclaró que
la solicitud de levantamiento o mantenimiento de las medidas cautelares sería
estudiada en la decisión de procedencia o improcedencia en los términos de la Ley
793 de 2002.

4.7. La DNE profirió la Resolución número 0885 de cuatro (4) de agosto de dos mil
seis (2006), a través de la cual nombró un depositario provisional en el archipiélago
de San Andrés Providencia y Santa Catalina40, para la administración de los bienes
relacionados dentro de procesos adelantados por delitos de narcotráfico,
enriquecimiento ilícito, testaferrato y conexos o por su afectación en un proceso de
extinción del derecho de dominio, en el que se incluyó el inmueble de la
demandante.

En ella, resolvió nombrar a la inmobiliaria Etilsa Hernández S.A.S. como depositaria
provisional de los bienes referenciados en las resoluciones de dos (2) de marzo de
dos mil cinco (2005) y fue notificada a través de los oficios núm. NOT: 4716 al 4735
del once (11) de agosto de dos mil seis (2006), conforme a lo descrito en la
constancia secretarial de fecha catorce (14) de agosto de dos mil seis (2006) 41.

4.8. La Fiscalía 34 de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio
y Contra el Lavado de Activos, por Resolución del treinta y uno (31) de marzo de
dos mil nueve (2009), dentro del proceso con radicado 1111 ED, resolvió declarar
la improcedencia de la extinción de dominio sobre el bien con Matrícula Inmobiliaria
número 450-16464 de propiedad de la señora Siado Álvarez42, tras considerar que
dicho inmueble fue adjudicado a la señora Siado Álvarez con ocasión de la
separación de bienes inscrita en la Notaría Primera del Círculo de San Andrés,

37 Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de San Andrés expedida el cinco (5) de abril de

dos mil diecisiete (2017), visible en los folios 378 a 379 del cuaderno de llamamiento en garantía.
38 Folios 1 a 4 del cuaderno anexo núm. 8 – Oposición núm. 1 Francisca María Siado Álvarez. / Folios 166 a 169, cuaderno anexo núm.

3 – cuaderno copia núm. 3.
39 Folios 127- 130, cuaderno anexo núm. 4.
40 Folios 16 a 27, cuaderno llamamiento en garantía.
41 Folio 67 anexo núm. 1 del CD de la contestación de la demanda de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., visible en el folio 334

del cuaderno 1.
42 Folios 15 a 44, cuaderno 1 / Folios 45 a 73, cuaderno anexo 5 – cuaderno copia No. 5.

9

Radicado: 88001-23-33-000-2016-00039-01 (62320)
Actor: Francisca María Siado Álvarez y Otros.

mediante la escritura 288 del dieciséis (16) de marzo de dos mil uno (2001).
Además, se concluyó que el bien cuenta con una tradición familiar que demuestra
claramente su ajenidad con la actividad ilícita de narcotráfico atribuida a Harding
Elvis Chow Ríos.

4.9. La Fiscalía 34 Especializada remitió el trámite de extinción de dominio a reparto
ante los Juzgados Penales del Circuito de Bogotá, en cumplimiento de lo ordenado
en el numeral tercero de la anterior providencia. El conocimiento del proceso le
correspondió al Juzgado Doce Penal del Circuito Especializado de Bogotá –
Extinción de Dominio, que, mediante fallo de fecha dieciséis (16) de septiembre de
dos mil once (2011), resolvió no extinguir el derecho de dominio respecto del
inmueble a nombre de la señora Francisca María Siado Álvarez, con Matrícula
Inmobiliaria número 450-1646443.

4.10. El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Decisión Penal de
Extinción del Derecho de Dominio, resolvió el grado jurisdiccional de consulta sobre
la decisión de no extinguir el dominio del bien inmueble con Matrícula Inmobiliaria
número 450-016464, de propiedad de la señora Siado Álvarez, en sentencia del
veintiocho (28) de marzo de dos mil catorce (2014)44, con el siguiente argumento:

“(…) En ese orden y verificada la tradición del inmueble es evidente la ausencia de
actualización de los presupuestos normativos que dieron origen al presente trámite
frente al mismo, en tanto no se verifica un incremento patrimonial injustificado por cuenta de
la afectada Siado Álvarez como tampoco de las personas que antecedieron la titularidad de
la propiedad, contrario sensu existe una explicación razonable derivada de la aplicación de
normas de derecho civil concernientes al régimen de la sociedad conyugal circunstancia
a la que se aúna la ausencia de un origen inmediato o mediato en actividades ilícitas
que vicien el justo título de la accionada. (Negrita propia)

4.11. El Juzgado Doce Penal del Circuito Especializado de Bogotá remitió los Oficios
núm. 406-J1ED45 dirigido éste a la Subdirección de bienes – Coordinador Grupo
Bienes de la DNE; Oficio núm. 407-J1ED46 ante la representante legal de la DNE;
Oficio núm. 408-J1ED47 al subdirector jurídico de la DNE; Oficio núm. 409-J1ED48
dirigido al Fondo Nacional para la Rehabilitación “FRISCO” de la DNE y Oficio núm.
410-J1ED49 dirigido a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de San
Andrés Islas, con el fin de proceder con la restitución del inmueble identificado con
Matrícula Inmobiliaria núm. 450-16464, así como la cancelación de las medidas de
ocupación y suspensión del poder dispositivo y/o embargo.

4.12. La DNE profirió la Resolución núm. 0804 del dieciocho (18) de julio de dos mil
catorce (2014)50, en la que ordenó la devolución de los bienes inmuebles, entre
otros, el de la señora Francisca María Siado Álvarez. Esta actuación se notificó el
veintidós (22) de julio de dos mil catorce (2014)51.

4.13. La DNE – en liquidación – a través de comunicación núm. 205-2774-2014 de
fecha veintidós (22) de julio de dos mil catorce (2014), notificó a la depositaria del
contenido de la anterior resolución y del trámite de devolución del bien propiedad
de la demandante52.

43 Folios 73 a 105, cuaderno 1 / Folios 155 a 189, cuaderno anexo núm. 6 – cuaderno copia núm. 6, radicado 1100131070-12-2010-

052-12.
44 Folios 106 a 157, cuaderno 1 / Folios 3 a 116, cuaderno anexo núm. 7 – cuaderno copia núm. 7, radicado 110010704012-2010-00052-

01.
45 Folios 122 a 123, anexo núm. 7 – cuaderno copia núm. 7, radicado 110010704012-2010-00052-01.
46 Folios 124 a 125, anexo núm. 7 – cuaderno copia núm. 7, radicado 110010704012-2010-00052-01.
47 Folios 126 a 127, anexo núm. 7 – cuaderno copia núm. 7, radicado 110010704012-2010-00052-01.
48 Folios 128 a 129, anexo núm. 7 – cuaderno copia núm. 7, radicado 110010704012-2010-00052-01.
49 Folio 130, anexo núm. 7 – cuaderno copia núm. 7, radicado 110010704012-2010-00052-01.
50 Folios 177 a 178, anexo núm. 7 – cuaderno copia núm. 7, radicado 110010704012-2010-00052-01. / Folios 335 a 336, cuaderno

llamamiento en garantía. / Folio 419 a 421 – anexo núm. 3 del CD de la contestación de la demanda de la Sociedad de Activos Especiales
S.A.S., visible en el folio 334 del cuaderno 1.
51 Folio 435 anexo núm. 3 del CD de la contestación de la demanda de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., visible en el folio 334

del cuaderno 1.
52 Folio 334 – cuaderno llamamiento en garantía.

10

Radicado: 88001-23-33-000-2016-00039-01 (62320)
Actor: Francisca María Siado Álvarez y Otros.

4.14. La depositaria procedió a hacer entrega del inmueble a la propietaria, evento
en que se expidió el “acta de entrega de bienes” de fecha diecinueve (19) de agosto
de dos mil catorce (2014)53.

En ella, dejó la siguiente constancia:

“a) 450 – 16464 de propiedad de la señora FRANCISCA MARÍA SAIDO “sic” ÁLVAREZ, se
realiza cesión de los dos contratos de arrendamiento de fecha 02 de marzo de 2005,
suscritos con el señor SHERMAN CHOW PÁJARO, correspondientes en un local y una casa,
el inmueble se encuentra en el mismo estado en el que fueron incautados (regular-con las
mejoras necesarias para su conservación).”

El anterior documento fue suscrito por la señora Francisca María Siado Álvarez.

4.15. Francisca María Siado Álvarez, a través de apoderado judicial, presentó
escrito de petición ante la SAE con el consecutivo CE2015-000384, en el que solicitó
el pago de los dineros que se generaron durante el período en que el inmueble
estuvo incautado. La SAE dio respuesta mediante escrito con radicado núm.
CS2015-008497 del quince (15) de mayo de dos mil quince (2015)54.

En su respuesta informó que, la entidad mediante Resolución núm. 052 del
veintinueve (29) de diciembre de dos mil catorce (2014)55 modificó el parágrafo del
artículo tercero de la Resolución núm. 0804 del (18) de julio de dos mil catorce
(2014), en el que dispuso condicionar el pago del dinero solicitado, al momento en
que aportara la cuenta bancaria para el efecto.

4.16. El apoderado de la demandante solicitó, mediante la petición radicada con el
consecutivo CE-2015-011748, el pago de catorce millones novecientos doce mil
pesos ($14.912.000) por concepto de las rentas percibidas del bien de su propiedad.
La SAE dio respuesta mediante oficio C2015-017826 (fecha no legible)56, en el que
le informó que, de conformidad con los archivos suministrados por la DNE y los
documentos aportados emitidos por la inmobiliaria Etilsa Hernández S.A.S, el predio
generó por productividad el monto de dos millones ciento veintiocho mil doscientos
pesos ($2.128.200), suma que fue reconocida a la propietaria, mediante acto
administrativo núm. 052 del veintinueve (29) de diciembre de dos mil catorce (2014).

V. CONSIDERACIONES

5.1. Sobre los presupuestos de la sentencia de mérito

La Sala procede a resolver el problema atinente al fondo de la litis habida
consideración de la competencia que le asiste para ello en atención a lo
preceptuado por el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011- CPACA57 y a la naturaleza
del asunto58, así como al oportuno ejercicio que del medio de control de
reparación directa hizo la parte demandante, que radicó su demanda el
veintisiete (27) de mayo de dos mil dieciséis (2016)59, esto es, dentro de los dos
(2) años siguientes contados a partir del hecho generador del daño atribuido a los
órganos demandados, toda vez que; i) el veintiocho (28) de marzo de dos mil
catorce (2014) el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Decisión
Penal de Extinción del Derecho de Dominio, resolvió no extinguir el dominio del bien
inmueble de propiedad de la señora Siado Álvarez; ii) el veintiséis (26) de febrero
de dos mil dieciséis (2016) los demandantes presentaron solicitud de conciliación,

53 Folios 380 a 381, cuaderno llamamiento en garantía.
54 Folio 441, cuaderno 1.
55 Folios 442 a 444, cuaderno 1.
56 Folio 158, cuaderno 1.
57 “Artículo 150 de la Ley 1437 de 2011. “El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia

de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos (…)”
58 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, rad. núm. 11001-03-26-000-

2008-0009-00(34985).
59 Folio 248, cuaderno 1.

11

Radicado: 88001-23-33-000-2016-00039-01 (62320)
Actor: Francisca María Siado Álvarez y Otros.

faltando treinta y dos (32) días para que operara la caducidad; iii) el trece (13) de
mayo de dos mil dieciséis (2016)60, la Procuradora 54 Judicial II de familia, ante
la falta de ánimo conciliatorio, declaró agotada la etapa conciliatoria y cumplido el
requisito de procedibilidad exigido por el artículo 13 de la Ley 1258 de 2009.

La señora Francisca María Siado Álvarez se encuentra legitimada en la causa por
activa, dado que acreditó la calidad de propietaria del inmueble identificado con
matrícula inmobiliaria No. 450-1646461 de la oficina de registro de instrumentos
públicos de San Andrés Islas62.

Por otra parte, Sisley Chow Siado63, Shelley Chow Siado64 y Nancy Álvarez de
Siado65 están legitimadas en la causa por activa formalmente66, ya que, de acuerdo
con los registros civiles aportados al proceso, se encuentra demostrada la calidad
de hijas de las dos primeras con respecto a la directamente afectada, y la calidad
de madre de la tercera con la directamente afectada. No obstante, aunque se
encuentran legitimadas en la causa por activa formalmente, la Sala estudiará su
legitimación material más adelante, teniendo en cuenta que, como parte de los
argumentos del recurso de alzada, se controvierte la decisión del a quo, que
resolvió negar el reconocimiento de perjuicios morales a las demandantes.

En lo que atañe al extremo pasivo de la litis, se realiza la siguiente precisión:

Como se expuso en acápites anteriores, la primera instancia declaró la falta de
legitimación en la causa por pasiva de la Nación – Rama Judicial, tras considerar que
no tuvo injerencia alguna respecto de la decisión de embargo y secuestro del bien
inmueble de propiedad de la señora Siado Álvarez. En ese contexto, los accionantes,
como parte de los argumentos presentados en su apelación, expresaron estar en
desacuerdo con dicha declaración67.

Al respecto, es importante destacar que el artículo 5 de Ley 793 de 2002 prescribe
que la acción de extinción de dominio será iniciada de oficio por la Fiscalía General
de la Nación. En consecuencia, la Fiscalía 34 Especializada, mediante Resolución del
dos (2) de marzo de dos mil cinco (2005)68, ordenó de oficio el inicio del trámite de
extinción de dominio y decretó las medidas de embargo y secuestro.
Posteriormente, en Resolución del treinta y uno (31) de marzo de dos mil nueve
(2009), declaró la improcedencia de la extinción de dominio sobre el bien con
Matrícula Inmobiliaria número 450-16464 de propiedad de la señora Siado
Álvarez69.

Sumado a lo anterior, el numeral 9 del artículo 13 de la misma ley prevé que el fiscal
que decida sobre la improcedencia de la extinción de dominio deberá remitir el
expediente completo al juez competente, con el fin de que este confirme la extinción
del bien o, en su defecto, la declare improcedente. Así mismo, el numeral 11 del
artículo 13 dispone que, cuando se decrete la improcedencia sobre un bien de un

60 Folios 246- 248, cuaderno 1.
61 Folios 18, cuaderno anexo 8.
62 El bien lo adquirió con motivo de la separación de bienes que efectuó con el señor Spencer Francisco Chow, el 16 de marzo de 2001,

y la cual quedó formalizada mediante la escritura pública No. 288. Folio 6-8, cuaderno anexo 8.
63 Registro Civil de nacimiento No. 22937230. Folio 244, cuaderno 1.
64 Registro civil de nacimiento No. 26697670. Folio 245, cuaderno 1.
65 Quien figura como madre de la señora Francisca María Siado Álvarez en su Registro Civil de nacimiento - No. 23436451. Folio 243,

cuaderno 1.
66 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 24 de julio de 2024, exp. 63068; “La legitimación en la causa puede proponerse

como excepción previa o de mérito, dependiendo si el debate gira en torno a la legitimación formal o material. La primera, surge con la
notificación del auto admisorio de la demanda, esto es, con la integración del contradictorio, para lo cual basta con acreditar la capacidad
para comparecer al proceso; en tanto que, la segunda, se edifica en la relación causal entre los hechos que soportan las pretensiones
y las partes.”
67
Folios 671 a 685, cuaderno principal.
68 Folios 57 a

69, cuaderno anexo núm. 3 – Cuaderno copia núm. 03 – Radicado núm. 1111 ED.
69 Folios 15 a 44, cuaderno 1 / Folios 45 a 73, cuaderno anexo 5 – cuaderno copia No. 5.

12

Radicado: 88001-23-33-000-2016-00039-01 (62320)
Actor: Francisca María Siado Álvarez y Otros.

tercero de buena fe el fiscal deberá someter la decisión al grado jurisdiccional de
consulta. Por lo tanto, el Juzgado Doce Penal del Circuito Especializado de Bogotá
– Extinción de Dominio, mediante fallo de fecha dieciséis (16) de septiembre de dos
mil once (2011), resolvió no extinguir el derecho de dominio respecto del inmueble
de propiedad de la señora Francisca María Siado Álvarez, y el Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Decisión Penal, resolvió de forma favorable el
grado jurisdiccional de consulta70.

De manera que la decisión objeto de reproche en este contencioso fue proferida por
la Fiscalía General de la Nación71 y, por el contrario, la decisión adoptada por el
Tribunal no solo no tuvo injerencia en el decreto de la medida de embargo y secuestro
del bien de los accionantes, sino que, además, fue favorable a los intereses de los
aquí demandantes. En ese sentido, se confirmará la decisión del a quo que declaró
la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial – Rama Judicial.

Por lo demás, están legitimadas en la causa por pasiva la Nación, cuya
representación, en este caso, es ejercida por la Fiscalía General de la Nación,
entidad que ordenó iniciar el trámite de extinción de dominio y decretó la medida de
aseguramiento de embargo y secuestro; así como la Sociedad de Activos
Especiales (SAE S.A.S.), encargada de concurrir a los procesos judiciales cuyas
pretensiones estén relacionadas con la administración de los bienes del Fondo para
la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO),
o con la administración de bienes que estuvieron o estén afectados por medidas
cautelares en procesos de extinción de dominio72-73.

5.2. Consideraciones relativas al primer problema jurídico – trámite de
extinción de dominio adelantado por la Fiscalía General de la Nación

De acuerdo con el escrito de demanda, el daño que protesta la parte actora se
refiere a la limitación de los derechos de propiedad sobre el bien objeto del trámite
de extinción de dominio iniciado el dos (2) de marzo de dos mil cinco (2005)74, en
el marco de la investigación adelantada contra el señor Harding Elvis Chow Ríos
por la Fiscalía 34 Especializada de la Unidad Nacional para la Extinción del derecho
de Dominio, pues consideran que no estaban obligados a soportar ese trámite.
En esa medida, se encuentra demostrado que el dos (2) de marzo de dos mil cinco
(2005), la Fiscalía avocó la fase inicial del proceso de extinción de dominio
previsto en la Ley 793 de dos mil dos (2002)75. Como sustento de su decisión,
concluyó que, de conformidad con la investigación adelantada, el bien había sido
adquirido presuntamente con recursos ilícitos. Por tanto, procedió a efectuar la
diligencia de secuestro del bien de propiedad de la señora Siado Álvarez, con la

70
Ver numerales 4.8 y 4.9 de este proveído.
71 En el escrito de demanda, acápite de declaraciones y condenas, numeral 1.1. se lee lo siguiente: “Que se declare que la NACIÓN

COLOMBIANA- FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, es administrativamente responsable de la totalidad de los daños y perjuicios
causados a las demandantes, con ocasión de la incautación o secuestro de los bienes de la señora FRANCISCA MARIA SIADO
ALVAREZ y su núcleo familiar, dentro del proceso 2010-052 (…)”. Así mismo, es preciso aclarar que la Administración Judicial – Rama
Judicial fue vinculada al presente proceso por el litisconsorcio necesario solicitado por la Fiscalía General de la Nación. Por lo tanto,
aunque los accionantes, en su escrito de apelación, cuestionen la decisión que declaró su falta de legitimación, lo cierto es que la Rama
Judicial no estaba incluida como parte pasiva en este proceso.

72 Decreto 3183 de dos mil once (2011).
73 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto del 11 de julio de 2016, exp. 41128. la Sección Tercera de esta Corporación,

al analizar la distribución de competencias con motivo de la supresión de la DNE, dispuesta en el Decreto 3183 de dos mil once (2011),
concluyó que la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. (SAE) es la entidad a la que le corresponde concurrir a los procesos judiciales cuyas
pretensiones estén relacionadas con la administración de los bienes del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen
Organizado -FRISCO-, o con la administración de bienes que estuvieron o estén afectados con medidas cautelares en procesos de extinción
de dominio.
74 Ver numeral 4.3 del acápite de hechos probados de este proveído.
75 Artículo 12.

13

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Actor: Francisca María Siado Álvarez y Otros.

finalidad de hacer efectiva la suspensión del derecho de dominio de aquella sobre
el inmueble76.
Con base en estas premisas, ha de tomarse en consideración que, como ya fue
señalado, el artículo 5 de la Ley 793 de 2002 prescribe que la acción de extinción
de dominio debe ser iniciada de oficio por la Fiscalía General de la Nación cuando
concurran alguna de las causales previstas en el artículo 2° de dicha ley. Siguiendo
el procedimiento, el numeral 1 del artículo 13 de la Ley 793 de 2002 dispone que el
fiscal que inicia el trámite dictará una resolución de sustanciación en la que
propondrá los hechos que fundamentan la identificación de los bienes que se
persiguen y las pruebas directas o indirectas pertinentes. Ahora bien, concluido el
término probatorio y realizado el traslado para alegar de conclusión, el fiscal dictará,
dentro de los quince (15) días siguientes, una resolución en la cual decidirá sobre
la procedencia o improcedencia de la extinción de dominio.

Y, vistas así las cosas, y dado que la apertura del trámite de extinción de dominio
conforme a la Ley 793 de 2002 resulta del ejercicio de la actividad instructiva
realizada por la Fiscalía General de la Nación77, se considera que la resolución
proferida por la Fiscalía 34 Especializada el dos (2) de marzo de dos mil cinco (2005)
es una providencia judicial. En consecuencia, se procederá a estudiar los hechos
atribuidos a la Fiscalía General de la Nación bajo el cargo de error judicial.

La Ley Estatutaria de Administración de Justicia prevé al error judicial, como aquel
que se materializa en una providencia contraria a la ley, es decir, aquella decisión
que incurre en error de derecho, entendido como la interpretación errónea, falta de
aplicación o indebida aplicación de la norma procedente78, o en error de hecho,
derivado de la injusta valoración probatoria, por no considerarse un hecho
debidamente probado, o por no decretarse las pruebas conducentes para
determinarlo79. El daño antijurídico por error judicial se configura cuando se
presenta una lesión a un interés jurídicamente tutelado de una persona, cometido
por una autoridad investida de facultad jurisdiccional en el curso de un proceso y
materializado a través de una providencia contraria a la ley80 que se encuentre
en firme y que la víctima no está en el deber de soportar81.

En cuanto a la configuración del error judicial, la Ley 270 de 1996 prevé que es
necesario que concurran los siguientes elementos82: i) que el afectado haya
interpuesto contra la citada providencia los recursos procedentes; ii) que la
providencia contentiva del error se encuentre en firme83-84.
76 Ver numeral 4.4 del acápite de hechos probados de este proveído.
77
Corte Constitucional, sentencia C-740 de 2003.
78 “La jurisprudencia ha sido reiterativa al considerar que de una norma jurídica pueden considerarse diversas soluciones sin que una

de ellas sea la única correcta o verdadera, más aún en aquellos casos en los que el ordenamiento jurídico ofrece al juzgador varias
hipótesis normativas válidas para decidir, eventos en los que el funcionario judicial podrá escoger razonablemente una de esas
hipótesis. Así pues, para determinar la validez de la decisión judicial o si ésta se encuentra en la esfera de lo cuestionable, debe tenerse
en cuenta que, en casos análogos, la hermenéutica jurídica puede llevar a resultados dispares basados en un mismo fundamento
normativo ya que en el universo jurídico conviven distintos métodos de interpretación, además de diversas concepciones del Derecho,
con incidencia práctica en las resultas de los casos puestos en conocimiento de la administración de justicia. Por ello, la concepción
ius racionalista del juez Hércules capaz de llegar a esa inequívoca y unívoca solución correcta de los asuntos sometidos a su
conocimiento, diferente del juzgador humano naturalmente falible, solamente puede concebirse como una “idea regulativa”, esto es,
como una idea ficticia que, no obstante, debe ser concebida como si existiera, para permitir la evolución del derecho.” Consejo de
Estado, Sección Tercera. Sentencia del 26 de noviembre de 2018, expediente 39969. En igual sentido, sentencias de 26 de julio de
2012 expediente 22581 y de 27 de abril de 2006, expediente 14837.
79 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 27 de abril de 2006, en la que se reitera tesis de sentencias de 4 de abril de

2002, expediente 13606 y de 30 de mayo de 2002, expediente 13275.
80 “Una providencia contraria a la ley es aquella que surge al subsumir los supuestos de hecho del caso en las previsiones de la norma

(error de interpretación), de la indebida apreciación de las pruebas en las cuales ella se fundamenta (error de hecho), de la falta de
aplicación de la norma que corresponde o de la indebida aplicación de la misma”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del
14 de agosto de 1997, exp. 13258, sentencia del XXXX, entre otras.
81 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 24 de abril de 2024, exp. 62659.
82 Artículo 67, Ley 270 de 1996. “El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos: 1. El afectado deberá haber interpuesto

los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta
se produzca en virtud de una providencia judicial. 2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme”.
83 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de julio de 2015, exp. 36634.
84 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 4 de septiembre de 1997. Exp. 10285; 27 de abril de 2006. Exp. 14837 y 13 de

agosto de 2008 Exp. 17412.

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Ahora bien, es importante destacar que esta clase de responsabilidad se extiende
a los errores en los que incurran los demás agentes del Estado que, sin pertenecer
a la Rama Judicial, cumplan funciones jurisdiccionales85, tal y como ocurre en el
proceso de la referencia.

5.2.1. Presupuestos del cargo de error judicial en el caso concreto

Aclarado lo anterior, antes de que la Sala se centre en el estudio de la existencia de
un yerro en la providencia cuestionada, es necesario revisar si los presupuestos
previstos en el artículo 67 están presentes en el caso concreto.

5.2.1.1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley:

Como se explicó con antelación sobre el procedimiento para el trámite de la acción
de extinción de dominio, el numeral 1 del artículo 13 de la Ley 793 de 2002, prevé
que “el fiscal que inicie el trámite, dictará resolución de sustanciación en la que
propondrá los hechos en se funda la identificación de los bienes que se persiguen
y las pruebas directas o indirectas conducentes”.

Dicha resolución, en principio, no era objeto de recurso alguno, y los interesados
solo podían, “solicitar las pruebas que estimen conducentes y eficaces para fundar
su oposición, y para explicar el origen de los bienes a partir de actividades lícitas
demostrables”86; no obstante, la Corte Constitucional, en la sentencia C-740 de
2003, declaró inexequible la disposición que preveía que contra dicha resolución no
procedía recurso alguno.

Resolvió que dicha disposición constituía una “restricción ilegítima del derecho,
pese a que se trata de una resolución de sustanciación, a través de ella se toma
una decisión muy importante que es fruto de la actividad instructiva cumplida por la
Fiscalía General de la Nación, la vinculación de una persona a un proceso judicial y
la afectación de sus bienes. A partir de tal momento, la persona afectada queda
vinculada a un proceso judicial y la situación de sus bienes sólo será decidida
mediante el fallo que profiera el juez competente. Se trata, entonces, de una
decisión muy relevante, que puede generar restricciones a derechos
constitucionales y por ello, resulta imperativo que pueda ser impugnada”.

Pues bien, de la revisión del acervo probatorio se extrae lo siguiente:

i) El veintidós (22) de marzo de dos mil cinco (2005), la asistente judicial IV adscrita
a la unidad nacional para la extinción de dominio solicitó la designación de un fiscal
de esa unidad para que notificara personalmente a Francisca María Siado Álvarez
sobre la resolución proferida por el Fiscalía 34 Especializada, el dos (2) de marzo
de dos mil cinco (2005)87.

ii) La Fiscalía delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de San Andrés,
mediante oficio del cuatro (4) de abril de dos mil cinco (2005), comunicó la
designación de un auxiliar para la comisión de notificación88.

iii) La Fiscalía Seccional No. 26 de San Andrés, mediante aerograma No. 109,
solicitó a Francisca María Siado Álvarez que compareciera ante la Unidad de
Fiscalías Secretaría Común de San Andrés, con el fin de notificarla personalmente
de la resolución del dos (2) de marzo de dos mil cinco (2005)89.

85 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de diciembre de 2007, exp. 15528.
86 Numeral 5 del artículo 13 de la Ley 793 de 2002.
87 Folio 172, cuaderno anexo núm. 3.
88 Folio 202, cuaderno anexo núm. 3
89 Folio 204, cuaderno anexo núm. 3

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iv) En el informe secretarial del nueve (9) de junio de dos mil cinco (2005), la
secretaria administrativa de la unidad de fiscalías para la extinción de dominio dejó
constancia de las personas que comparecieron para ser notificadas de la resolución
del dos (2) de marzo de dos mil cinco (2005) e informó que el apoderado de la
señora Siado Álvarez presentó oposición y allegó pruebas90.

v) En el informe secretarial del veintiocho (28) de diciembre de dos mil cinco
(2005)91, la secretaria administrativa de la unidad de fiscalías para la extinción de
dominio dejó constancia de que el veintisiete (27) de diciembre de dos mil cinco
(2005), venció el término de ejecutoria de la resolución del dos (2) de marzo de dos
mil cinco (2005)92. Además, informó que, dentro del término de ley, el apoderado de
Harding Elvis Chow Ríos, fue el único que interpuso recurso de reposición y, en
subsidio, apelación. En ese contexto, se llevaron a cabo los traslados previstos en
el artículo 189 de la Ley 600 de 200093.

vi) En el informe secretarial del veintiocho (28) de diciembre de dos mil cinco (2005),
la secretaria administrativa de la unidad de fiscalías para la extinción de dominio
informó que a partir del veintiocho (28) de diciembre de dos mil cinco (2005) y hasta
el tres (3) de enero de dos mil seis (2006) corrió el traslado común por el término de
cinco (5) días, de conformidad con el numeral 5 del artículo 13 de la Ley 793 de
200294.

“Dentro de los cinco (5) días siguientes al término de su comparecencia, los
intervinientes podrán solicitar las pruebas que estimen conducentes y eficaces para
fundar su oposición, y para explicar el origen de los bienes a partir de actividades
lícitas demostrables.”95

vii) En el informe secretarial del cuatro (4) de enero de dos mil seis (2006)96 la
secretaria administrativa de la unidad de fiscalías para la extinción de dominio dejó
constancia de que el plazo para que los sujetos procesales solicitaran y aportaran
pruebas había vencido, e informó que, dentro del término establecido, los sujetos
procesales presentaron los siguientes escritos de oposición y/o solicitud de pruebas
fueron los siguientes:

“Dr. ALBERTO ESCOBAR ALCALA apoderado de FRANCISCA MARIA SIADO
ÁLVAREZ, 18 de marzo/05 (folios 166-170 C.C. #3)
Dr. JOSÉ ALBERTO ÁLVAREZ BAYONA, Curador Ad – Litem, diciembre 27/05”

ix) La Fiscalía 34 Especializada, en su Resolución del cuatro (4) de agosto de dos
mil seis (2006)97, abordó la solicitud de pruebas elevadas en los escritos de
oposición presentados por el apoderado de la señora Siado Álvarez, el apoderado
de los señores Verlín de Armas, Niza Alegría Chow Rios, Crowel, Spenser Chow
Wong y Sheena Hedí Chow de Armas, y por el curador ad litem José Alberto Álvarez
Bayona. La resolución se pronunció de la siguiente manera: i) admitió como pruebas

90 Folio 217, cuaderno anexo núm. 3

91 Folio 23, cuaderno anexo núm. 3
92 Artículo 186, Ley 600 de 2000 “Salvo los casos en que la impugnación deba hacerse en estrados, los recursos ordinarios podrán

interponerse por quien tenga interés jurídico, desde la fecha en que se haya proferido la providencia, hasta cuando hayan transcurrido
tres (3) días, contados a partir de la última notificación”.
93 Artículo 189, Ley 600 de 2000. “Salvo las excepciones legales, el recurso de reposición procede contra las providencias de

sustanciación que deban notificarse, contra las interlocutorias de primera o única instancia y contra las que declaran la prescripción de
la acción o de la pena en segunda instancia cuando ello no fuere objeto del recurso. Cuando el recurso de reposición se formule por
escrito y como único, vencido el término para impugnar la decisión, el secretario, previa constancia, dejará el expediente a disposición
del recurrente por el término de dos (2) días para la sustentación respectiva. Vencido este término, la solicitud se mantendrá en secretaría
por dos (2) días en traslado a los sujetos procesales, de lo que se dejará constancia. Surtido el traslado se decidirá el recurso dentro de
los tres (3) días siguientes. La reposición interpuesta en audiencia o diligencia se decidirá allí mismo, una vez oídos los demás sujetos
procesales.”
94 Folio 24, cuaderno anexo núm 3.
95 Numeral 5 del artículo 13, Ley 793 de 2002.
96 Folio 27, cuaderno anexo núm. 3.
97 Folios 127- 130, cuaderno anexo núm. 4.

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documentales las allegadas por los apoderados en los diversos escritos de
oposición; ii) accedió a la práctica de las pruebas testimoniales solicitadas por el
apoderado de la señora Siado Álvarez; iii) negó por extemporáneas las pruebas
solicitadas por el apoderado de los señores Verlín de Armas y otros; y iv) aclaró que
la solicitud de levantamiento o mantenimiento de las medidas cautelares sería
estudiada en la decisión de procedencia o improcedencia en los términos de la Ley
793 de 2002.

De acuerdo con el recuento probatorio que antecede, la Sala encuentra que la parte
actora no acreditó haber interpuesto el recurso procedente contra la resolución del
dos (2) de marzo de dos mil cinco (2005), sino únicamente la oposición y la solicitud
de pruebas en las que fundamentó dicha oposición. Si la afectada consideraba la
existencia de un yerro que además le generaba perjuicios, tenía la carga de agotar
los recursos procedentes, esto es, debió invocar ese error por la vía de los recursos,
con el fin de brindar a la fiscalía la posibilidad de corregir las eventuales falencias o
defectos de su providencia.

En consecuencia, no se verifica el cumplimiento del presupuesto previsto en el
numeral primero del artículo 67 de la Ley 270 de 1996 que permita alegar la
existencia de un error judicial.

5.2.1.2. La providencia contentiva del error deberá estar en firme:

La acción de extinción de dominio procede sobre cualquier derecho real, ya sea
principal o accesorio, independientemente de quién los tenga en su poder o los haya
adquirido98, y siempre que se acredite la concurrencia de alguna de las causales
previstas en el artículo 2 de la Ley 793 de 2002.

La extinción de dominio no constituye una sanción penal; su objeto es la privación
del reconocimiento jurídico a la propiedad obtenida en contravención de los
postulados básicos proclamados por la organización social99. En ese contexto,
considerando que el tres (3) de septiembre de dos mil (2000) se capturó en
flagrancia a dos personas que realizaban actividades de tráfico de estupefacientes,
y teniendo en cuenta que el señor Harding Elvis Chow Ríos fue vinculado a la
investigación penal debido a su cercanía con los hechos, la Fiscalía 34
Especializada, mediante resolución del dos (2) de marzo de dos mil cinco (2005),
ordenó de oficio el inicio del trámite de extinción de dominio y decretó las medidas
cautelares de embargo y secuestro sobre los bienes que fueron adquiridos entre
1996 y 1999, no solo por el señor Chow Ríos, sino también por su núcleo familiar.
Esta decisión se fundamentó en que “estas adquisiciones se produjeron en épocas
muy cercanas a la interceptación de la lancha con dos toneladas de cocaína”, la
cual, según se asegura, iba piloteada por el señor Chow Ríos. Además, se
consideró que “el delito por el cual fue investigado el señor Chow Ríos genera
inmensos beneficios para quienes participan en tales conductas, lo que les otorga
la capacidad para adquirir bienes muebles e inmuebles con dineros de ilícita
procedencia”.

Ahora bien, es importante destacar que la resolución del dos (2) de marzo de dos
mil cinco (2005) fue simplemente una decisión de apertura. Las medidas cautelares
de embargo y secuestro fueron decretadas para asegurar los bienes objeto del
trámite de extinción de dominio, conforme al inciso 2 del artículo 12 y al numeral 1
del artículo 13 de la Ley 793 de 2002. Empero, la decisión sobre la procedencia de

98 Artículo 4, Ley 793 de 2002. “La acción de extinción de dominio de que trata la presente ley es de naturaleza jurisdiccional, de carácter

real y de contenido patrimonial, y procederá sobre cualquier derecho real, principal o accesorio, independientemente de quien los tenga
en su poder, o los haya adquirido y sobre los bienes comprometidos. Esta acción es distinta e independiente de cualquier otra de
naturaleza penal que se haya iniciado simultáneamente, o de la que se haya desprendido, o en la que tuviera origen, sin perjuicio de los
terceros de buena fe exentos de culpa. Procederá la extinción del derecho de dominio respecto de los bienes objeto de sucesión por
causa de muerte, cuando dichos bienes correspondan a cualquiera de los eventos previsto en el artículo 2°.”
99 Corte Constitucional, sentencia C-374 de 1997.

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la extinción de dominio del bien objeto de la controversia en el trámite adelantado
por la Fiscalía General de la Nación se adopta solo después de haber agotado la
etapa probatoria, presentado los alegatos de conclusión, y previa confirmación del
juez competente.

En ese estado de cosas, los accionantes no solo no presentaron los recursos
procedentes contra la resolución cuestionada, sino que, además, dicha resolución
no constituye una decisión en firme. Aunado a esto, la Sala observa que las pruebas
en las que sustentó su oposición100 el apoderado de la señora Siado Álvarez en el
curso del trámite de extinción de dominio, fueron las mismas que tuvo en cuenta la
Fiscalía 34 Especializada en la resolución del treinta y uno (31) de marzo de dos mil
nueve (2009)101, para decidir respecto de la procedencia o improcedencia de la
extinción de dominio del bien identificado con Matrícula Inmobiliaria número 450-
16464, es decir, que dicho inmueble fue adjudicado a la señora Siado Álvarez con
ocasión de la separación de bienes inscrita en la Notaría Primera del Círculo de San
Andrés, mediante la escritura 288 del dieciséis (16) de marzo de dos mil uno
(2001)102 y, además, concluyó que el bien cuenta con una tradición familiar que
demuestra claramente su ajenidad con la actividad ilícita de tráfico de
estupefacientes atribuida a Harding Elvis Chow Ríos103. Dichas pruebas fueron
presentadas por el apoderado de la accionante durante el trámite de extinción de
dominio, dentro de los plazos establecidos por la ley para la apertura de la etapa
probatoria, y quedaron incorporadas al expediente mediante la resolución proferida
por la Fiscalía 34 Especializada el cuatro (4) de agosto de dos mil seis (2006)104.

En definitiva, la resolución que dio inicio al trámite de extinción de dominio no
constituye una decisión en firme. Con esta resolución no se determinó que el bien
de los demandantes quedaría en titularidad del Estado. La extinción de dominio
tiene como límite el derecho a la propiedad lícitamente obtenido de buena fe, exento
de culpa y ejercido conforme a la función social que le es inherente105. Por lo tanto,
la limitación que padecieron los accionantes sobre el derecho de propiedad que
poseen con respecto al bien inmueble identificado con Matrícula Inmobiliaria
número 450-16464 se presentó como consecuencia de la medida cautelar de
embargo y secuestro decretada por la Fiscalía 34 Especializada, con el fin de
garantizar las resultas del proceso, y de conformidad con lo previsto en el numeral
1 del artículo 13 de la Ley 793 de 2002. Aún más, considerando que el trámite de
extinción de dominio concluyó con la declaración de improcedencia respecto del
bien de propiedad de los demandantes.

Vistas así las cosas, se impone afirmar que la apertura del trámite de extinción de
dominio no genera, por sí sola, un daño antijurídico. Las decisiones adoptadas por
la autoridad encargada de dicho trámite, aunque afecten materialmente los
derechos de los investigados o, como en este caso, de sus familiares, no
configurarán un daño antijurídico, a menos que se demuestre que dicha apertura no
cumplió con los requisitos previstos en la ley106.

Con base en las consideraciones expuestas, se concluye que no se encuentran
acreditados los presupuestos prescritos en el numeral 2 del artículo 67 de la Ley
270 de 1996.

En consecuencia, esta Sala no puede abordar el estudio de fondo del error judicial
alegado por los demandantes, ya que no se configuran los presupuestos para su
100 Escrito de oposición, visible a folios 1- 4, cuaderno anexo núm. 8
101 Folios 15- 44, cuaderno 1.

102 Folio 6- 8, cuaderno anexo núm. 8
103 Folio 18, cuaderno anexo núm. 8.
104 Ver numerales 4.5 y 4.6 del acápite de hechos probados de este proveído.
105 Corte Constitucional, sentencia C-958 de 2014.
106 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de octubre de 2020, exp. 50322.

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existencia frente a la resolución acusada. La consecuencia jurídica de la medida
cautelar decretada por la fiscalía sobre el bien objeto de controversia constituye una
carga que los accionantes estaban obligados a soportar107, dado que, al momento
de iniciarse la investigación, existían motivos para inferir que la procedencia del bien
estaba vinculada con los delitos imputados al señor Chow Ríos.

5.3. Consideraciones relativas al segundo problema jurídico- gestión
desplegada por la Dirección Nacional de Estupefacientes (hoy SAE) y la
inmobiliaria Etilsa Hernádez S.A.S.

Los recursos de apelación interpuestos por ambas partes rebaten la decisión del a
quo, que declaró administrativamente responsable únicamente, a la Fiscalía
General de la Nación por los daños que, según los demandantes, se presentaron
con ocasión de la apertura del trámite de extinción de dominio y el decreto de la
medida de aseguramiento que afectó el bien su propiedad durante un plazo de 9
años y 5 meses.

La Fiscalía General de la Nación resalta que el inmueble objeto de la medida
cautelar, quedó a disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes
(actualmente SAE), la cual designó como depositaria provisional a la inmobiliaria
Etilsa Hernández S.A.S. En consecuencia, concluye que, dado que el inciso 3º del
artículo 12 de la Ley 793 de 2002 prevé que la Dirección Nacional de
Estupefacientes debe arrendar o celebrar otros contratos que mantengan la
productividad y valor del bien, asegurando su uso a favor del Estado, y considerando
que los montos reclamados por los demandantes provienen del pago de los cánones
de arrendamiento cobrados por la depositaria, la gestión de la SAE debió haber sido
evaluada por este Contencioso.

Por su parte, los accionantes sostienen que la Dirección Nacional de
Estupefacientes (hoy SAE) es responsable debido al incumplimiento de las
obligaciones inherentes a su calidad de depositaria, toda vez que, con ocasión de
su mala gestión, no tuvieron la oportunidad de percibir las ganancias generadas por
el inmueble durante el período en que estuvo bajo su administración.

Ahora bien, aunque los cargos que pretende hacer valer la parte demandante fueron
presentados bajo la cuerda del error judicial, la Sala adelantará el estudio sobre la
gestión que adelantó la Dirección Nacional de Estupefacientes (hoy SAE),
atendiendo al criterio acogido por la Jurisprudencia unificada de esta Sección en la
que estableció que “el funcionario judicial, en preponderancia de un juicio libre y
autónomo y en virtud del principio iura novit curia, puede encausar el análisis del
asunto bajo las premisas del título de imputación que considere pertinente”108.

La actuación de la Dirección Nacional de Estupefacientes (actualmente SAE) que
suscita el reproche de la parte actora, y de la cual se deriva el daño objeto de la
pretensión resarcitoria, se basa en que la depositaria provisional del bien recibió
más de catorce millones novecientos doce mil pesos ($14.912.000) por concepto de
los cánones de arrendamiento generados con ocasión del contrato de
arrendamiento que tenía por objeto el bien de propiedad de los accionantes. No
obstante, al momento de la devolución del bien, la Dirección Nacional de
Estupefacientes (hoy SAE) ordenó el pago solo de dos millones ciento veintiocho
mil pesos ($2’128.000) a favor de su propietaria109.

Pues bien, aunque el juez de primer grado estudió la totalidad de los cargos de la
demanda bajo la cuerda del error judicial, teniendo en cuenta la causa petendi
descrita a lo largo de este proveído, esta Judicatura considera que es pertinente
analizar la causación del daño atribuido a la Dirección Nacional de Estupefacientes

107 Artículo 95, numeral 5, Constitución Política. “Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia”
108 Consejo de Estado, sentencia de unificación del 15 de agosto del 2018, expediente. 46947.
109 Hecho núm 2.10 y 2.11 de la demanda, visible a folio 4, cuaderno 1.

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(hoy SAE) a partir de los presupuestos del defectuoso funcionamiento de la
administración110, aplicable a aquellos casos en que el daño antijurídico se deriva
de una situación anormal de tutela judicial efectiva111, producto de que el servicio
público de administración de justicia ha funcionado mal, no ha funcionado, o ha
funcionado de forma tardía112.

Lo anterior, teniendo en cuenta que este cargo de atribución de responsabilidad se
caracteriza por los siguientes aspectos: (i) se predica de las actuaciones judiciales
para adelantar el proceso o para la ejecución de providencias judiciales 113; (ii)
proviene de los funcionarios judiciales, particulares que ejerzan facultades
jurisdiccionales, empleados, agentes o auxiliares de la justicia; (iii) comprende la
mora judicial, esto es, la injustificada falta de decisión judicial en un plazo
razonable114; (iv) es de carácter residual, puesto que únicamente se configura
cuando los hechos no se enmarquen en los títulos de error jurisdiccional o privación
injusta de la libertad115.

Por tanto, considerando que la gestión realizada por la Dirección Nacional de
Estupefacientes (hoy SAE) no se materializó a través de una providencia
judicial, se reitera que el daño invocado a instancias de su gestión, habrá de
entenderse pasible de miramiento a través del defectuoso funcionamiento de la
administración.

Aclarado lo anterior, en los casos de defectuoso funcionamiento de la administración
de justicia, corresponde a la parte demandante la carga de demostrar el
incumplimiento de las obligaciones a cargo del Estado, el daño y su cuantificación,
así como la imputación fáctica y jurídica, con el fin de obtener una sentencia
favorable a sus pretensiones indemnizatorias116.

5.3.1. Presupuestos del cargo de defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia en el caso concreto

Para determinar si es posible imputar el daño antijurídico a la Dirección Nacional de
Estupefacientes (hoy SAE)117, es necesario establecer si dicha entidad y la
inmobiliaria Etilsa Hernández S.A.S, en su calidad de depositaria, omitieron el
cumplimiento de sus deberes legales al momento de vigilar y administrar el bien
inmueble identificado con la Matrícula Inmobiliaria número 450-16464. Por
consiguiente, acomete la Sala un breve análisis de los deberes que las demandadas
tenían para la época de los hechos, en relación con la administración de los bienes
incautados en el marco del proceso de extinción de dominio con número de radicado
1111 ED.

Sobre la administración de bienes incautados en el marco de los procesos de
extinción de dominio118, el artículo 1° de la Ley 785 de 2002, prevé que su
administración y tenencia está a cargo de la DNE, así: “La decisión de incautación
del bien tendrá aplicación inmediata y la tenencia del mismo pasará a la Dirección
Nacional de Estupefacientes para su administración en los términos de esta ley. La
manifestación contenida en el acta de incautación o decomiso de la calidad de
tenedor del bien a cualquier título, será decidida por el juez en la sentencia que
ponga fin al proceso”.

110 Ley 270 de 1996. Artículo 69. “Fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico,

a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación”.
111 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de diciembre de 2021, exp. 54626.
112 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 21 de septiembre de 2017, exp. 55999.
113 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de noviembre de 2001, exp 13164.
114 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 21 de septiembre de 2017, exp. 55999.
115 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de abril de 2023, exp. 56649.
116 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de febrero de 2020, exp. 44809.
117 En adelante DNE.
118 De conformidad con las Leyes 785 y 793 de dos mil dos (2002), vigentes para el momento en que dio inicio el proceso de extinción

de dominio.

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Radicado: 88001-23-33-000-2016-00039-01 (62320)
Actor: Francisca María Siado Álvarez y Otros.

Ahora bien, sobre los deberes de la DNE, el inciso 3° del artículo 12 de la Ley 793
de 2002119-120 prescribe que los bienes sobre los que se adopten medidas
cautelares quedarán de inmediato a disposición de la Dirección Nacional de
Estupefacientes, entidad que deberá proceder a arrendar o celebrar cualquier otro
contrato que mantenga la productividad y valor de los bienes. Los rendimientos
obtenidos pasarán al Estado en el caso de que se declare extinguido el derecho
sobre tales recursos, o se entregarán a su dueño, en el evento contrario.

En igual sentido, el artículo 3 de la Ley 785 de 2002 determina que debe procurarse
la explotación comercial del bien incautado, con el fin de garantizar que el bien sea
o continúe siendo productivo y generador de empleo, y evitar que su conservación
y custodia genere erogaciones para el presupuesto público.

A su turno, el artículo 2 del Decreto 1461 de 2000121, sobre las reglas generales
para la administración de bienes, prescribe que la DNE “ejercerá el seguimiento,
evaluación y control y tomará de manera oportuna las medidas correctivas a que
haya lugar para procurar la debida administración de los bienes”. Dentro de sus
responsabilidades se incluyen: i) conservar correctamente los bienes, procurando
mantener su productividad; ii) asegurar los bienes administrados y gestionar el pago
de impuestos sobre estos; iii) efectuar las provisiones necesarias en una subcuenta
del fondo para la rehabilitación, inversión social y lucha contra el crimen organizado,
en caso de que se ordene la devolución de los bienes, entre otras.

Ahora bien, en el contexto del caso concreto, la DNE profirió la Resolución número
0885 del cuatro (4) de agosto de dos mil seis (2006), a través de la cual, protocolizó
la entrega del bien incautado a la inmobiliaria Etilsa Hernández S.A.S.122, en calidad
de depositaria provisional. En el numeral 3 del resuelve de dicha resolución, se
determinaron las obligaciones que la depositaria debía cumplir para garantizar la
conservación del inmueble y su productividad, destacándose las siguientes:

i) Asegurar que se mantenga la actividad económica correspondiente a
los bienes, siempre que esta sea lícita.
ii) Realizar las gestiones necesarias para lograr la suscripción de los
contratos de arrendamiento correspondientes, así como el

119 Artículo 12, modificado por el artículo 80 de la Ley 1453 de 2011-Inciso 3°- “Los bienes sobre los que se adopten medidas cautelares

quedarán de inmediato a disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes, a través del Fondo para la Rehabilitación, Inversión
Social y Lucha contra el Crimen organizado, el cual procederá preferentemente a constituir fideicomisos de administración, en cualquiera
de las entidades fiduciarias vigiladas por la Superintendencia Bancaria; o, en su defecto, a arrendar o celebrar otros contratos que
mantengan la productividad y valor de los bienes, o aseguren su uso a favor del Estado. Mientras los recursos monetarios o títulos
financieras que valores se encuentren sujetos a medidas cautelares, las instituciones financieras que reciban la respectiva orden abrirán
una cuenta especial, que genere rendimientos a tasa comercial, cuya cuantía formará parte de sus depósitos. Los rendimientos
obtenidos pasarán al Estado en el caso de que se declare extinguido el dominio sobre tales recursos, o se entregarán a su dueño, en el
evento contrario”
120 En igual sentido, el artículo 1 de la Ley 785 de 2002 “Sistemas de administración de los bienes incautados. La administración de los

bienes a cargo de la Dirección Nacional de Estupefacientes por su afectación a un proceso penal por los delitos de narcotráfico y conexos
o a una acción de extinción del dominio, conforme a la ley y en particular a lo previsto por las Leyes 30 de 1986 y 333 de 1996, y el
Decreto Legislativo 1975 de 2002, y con las demás normas que las modifiquen o deroguen, se llevará a cabo aplicando en forma
individual o concurrente los siguientes sistemas: enajenación, contratación, destinación provisional y depósito provisional.” (…)
121 Artículo 2, Decreto 1461 de 2000. “Reglas generales para la administración de bienes. La Dirección Nacional de Estupefacientes

administrará los bienes de acuerdo con los distintos sistemas establecidos en la ley, ejercerá el seguimiento, evaluación y control y
tomará de manera oportuna las medidas correctivas a que haya lugar para procurar la debida administración de los bienes.
En ejercicio de dicha función le corresponde: 1. Ejercer los actos necesarios para la correcta disposición, mantenimiento y conservación
de los bienes, de acuerdo con su naturaleza, uso y destino, procurando mantener su productividad y calidad de generadores de
empleo. 2. Asegurar los bienes administrados. 3. Realizar las gestiones necesarias con las autoridades pertinentes, para el pago de
impuestos sobre los bienes objeto de administración. 4. Realizar inspecciones oculares a los bienes administrados. 5. Actualizar, por lo
menos cada tres meses, los inventarios y el avalúo de los bienes, relacionados por categorías, la situación jurídica y el estado físico de
los bienes, de conformidad con lo previsto en el Decreto 306 de 1998. Para efectos de lo señalado en el presente numeral, la Dirección
Nacional de Estupefacientes diseñará y aplicará una metodología para tener actualizado el valor de los bienes, teniendo en cuenta la
depreciación. 6. Efectuar las provisiones necesarias en una Subcuenta del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y la Lucha
contra el Crimen Organizado, para el evento en que se ordene la devolución de los bienes. 7. La Dirección Nacional de Estupefacientes
podrá ordenar la destrucción de los insumos, sustancias precursoras y elementos que puedan servir para el procesamiento de cocaína
o cualquier otra droga que produzca dependencia si implican grave peligro para la salubridad y la seguridad pública.”
122 Folios 16- 25, cuaderno de llamamiento en garantía.

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Radicado: 88001-23-33-000-2016-00039-01 (62320)
Actor: Francisca María Siado Álvarez y Otros.

otorgamiento de garantías para cánones, servicios públicos, impuestos
y, en general, el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el
Decreto 1461 de 2000 y la Ley 785 de 2002.
iii) Constituir seguros contra todo riesgo para los inmuebles objeto de
depósito.
iv) Pagar los impuestos y gravámenes a que hubiere lugar.
v) Llevar la contabilidad mensual de los recursos consignados y pagos
realizados por cada inmueble, identificando el mes, número del bien,
nombre del arrendatario y la suma causada.
vi) Rendir cuentas comprobadas de su gestión.
vii) Consignar mensualmente las sumas correspondientes a cánones de
arrendamiento u otros recursos provenientes de la administración de los
inmuebles a su cargo, a la cuenta corriente 011-06006-8 del Banco
Popular, a favor de la DNE

Esclarecido lo anterior, esta Judicatura procede a estudiar las obligaciones que
recaían sobre la DNE y la inmobiliaria Etilsa Hernádez S.A.S, en su calidad de
auxiliar de justicia, con el fin de determinar si se cumplen los presupuestos del
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia; es decir, si la
administración de justicia ha funcionado mal, no ha funcionado o ha funcionado de
manera tardía.

Para proceder con dicho análisis, la Sala clasificó las obligaciones en cuatro grupos:
el primero, relacionado con la conservación de la productividad del bien objeto de
incautación; el segundo, relativo a la consignación de los rendimientos obtenidos de
la explotación económica de los bienes en la cuenta bancaria dispuesta por la DNE;
el tercero, concerniente a la constitución de seguros contra todo riesgo para los
inmuebles objeto de depósito; y el cuarto, enfocado en el pago de los impuestos y
gravámenes correspondientes.

i) Conservación de la productividad del bien objeto de incautación:

La normativa anteriormente mencionada es concordante en prescribir que la DNE
debe garantizar la conservación de la productividad y el valor de los bienes objeto
de incautación, mediante la suscripción de contratos de arrendamiento u otros tipos
de contratos que aseguren su uso a favor del Estado.

El bien inmueble con Matricula Inmobiliaria número 450-16464 fue afectado con la
medida de embargo y secuestro desde el dos (2) de marzo de dos mil cinco (2005),
hasta el diecinueve (19) de agosto de dos mil catorce (2014). Durante este período,
se dispone de pruebas sobre la celebración de los siguientes contratos de
arrendamiento:

1. La depositaria, señora Hernández de León suscribió el contrato de
arrendamiento “#C-0018”123 el dos (2) de marzo de dos mil cinco (2005), con
el señor Sherman Chow Pájaro, cuyo objeto fue el arrendamiento del local
del primer piso del inmueble, que fue descrito “en regular estado” y segundo
piso en “obra negra”, ubicado en el sector Hill Side Mixon “sic” Hill Cra. 4,
identificado con Matrícula Inmobiliaria núm. 450-16464.

Además, pactaron como canon mensual la suma de quinientos mil pesos
mcte. ($500.000), por el término de duración de un (1) año, contado a partir
de la fecha de suscripción.

2. Adicionalmente, la señora Hernández suscribió el contrato de arrendamiento
“#C-0017” de la misma fecha con el señor Sherman Chow Pájaro 124, con la
finalidad de arrendar la casa ubicada en el mismo inmueble – sector Hill Side

123 Folios 28 a 29, cuaderno llamamiento en garantía.
124 Folios 30 a 31, cuaderno llamamiento en garantía.

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Radicado: 88001-23-33-000-2016-00039-01 (62320)
Actor: Francisca María Siado Álvarez y Otros.

Mixon “sic” Hill Cra. 4, identificada con matrícula inmobiliaria núm. 450-16464
–. Se estipuló el pago de trescientos mil pesos mcte. ($300.000) por concepto
de canon mensual, y se pactó como término de duración un (1) año contado
a partir de la fecha de suscripción.

Revisado el expediente, se constató que el señor Sherman Chow Pájaro canceló
los siguientes cánones de arrendamiento a la depositaria provisional125:

Año Mes Valor Folio
2005 Marzo $500.000 171
2005 Marzo $300.000 174
2005 Abril $500.000 171
2005 Abril $300.000 174
2005 Mayo $500.000 170
2005 Mayo $300.000 174
2005 Junio $500.000 170
2005 Junio $300.000 173
2005 Julio $500.000 170
2005 Julio $300.000 173
2005 Agosto $500.000 169
2005 Agosto $300.000 173
2005 Septiembre $500.000 169
2005 Septiembre $300.000 172
2005 Octubre $500.000 169
2005 Octubre $300.000 172
2005 Noviembre $500.000 168
2005 Noviembre $314.100 172
2005 Diciembre $500.000 168
2005 Diciembre $300.000 171
2006 Enero $500.000 166
2006 Enero $300.000 168
2006 Febrero $500.000 167
2006 Febrero $300.000 165
2006 Marzo $500.000 165
2006 Marzo $305.000 167
2006 Abril $300.000 167
2006 Mayo $500.000 165
2006 Mayo $304.000 166
2006 Junio $500.000 164
2006 Junio $300.000 166
2006 Agosto $500.000 160
2006 Agosto $300.000 162
2006 Septiembre $500.000 161
2006 Septiembre $300.000 163
2006 Octubre $500.000 161
2006 Octubre $300.000 164
2006 Octubre $11.200 163
2006 Octubre $18.190 162
2007 Febrero $1.000.000 160
2007 Febrero $607.000 159
2007 Abril $1.000.000 159
2007 Abril $600.000 159

De la anterior relación, se concluye, que el señor Sherman Chow Pájaro cumplió
con la obligación de cancelar las sumas de dinero pactadas por concepto de
cánones de arrendamiento en los contratos C-0018 y C-0017, por un periodo de dos
(2) años. No obstante, no se ha acreditado si, con posterioridad a la última
consignación realizada el once (11) de julio de dos mil siete (2007), el señor Chow
Pájaro continuó como arrendatario de la casa y la bodega construidos en el
inmueble objeto del depósito, así como tampoco, se ha establecido si, después de
la celebración de dichos contratos de arrendamiento, sobrevinieron nuevos
negocios jurídicos destinados a mantener el inmueble como un activo productivo.

Con base en estas premisas, dado que los contratos C-0018 y C-0017 son la única
prueba proporcionada por las demandadas para acreditar el cumplimiento de la
obligación de conservar la productividad del bien, para la resolución del presente
problema jurídico se considerará que el bien objeto del depósito fue explotado

125 Folios 159 a 174, cuaderno 1.

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Radicado: 88001-23-33-000-2016-00039-01 (62320)
Actor: Francisca María Siado Álvarez y Otros.

económicamente solo durante dos (2) de los nueve (9) años que duró su
incautación.

Con todo, aunque la obligación de explotar económicamente el bien recaía en la
señora Hernández de León, la DNE, como tenedora del bien objeto de incautación,
tenía la responsabilidad de supervisar la gestión de la depositaria y exigir la
rendición de cuentas comprobadas de su administración. Disposición que no se
encuentra acreditada en el expediente.

ii) Consignación de los rendimientos obtenidos de la explotación económica:

Los rendimientos obtenidos de la explotación económica del bien serán transferidos
al Estado si se declara extinguida la titularidad sobre dichos recursos; en caso
contrario, se entregarán al propietario del bien. Mientras se adopte una decisión
definitiva sobre su titularidad, los rendimientos deberán ser consignados en un fondo
o cuenta bancaria definida por la DNE.

Fue así como la depositaria consignó los dineros recaudados de los cánones de
arrendamiento derivados del contrato celebrado con el señor Sherman Chow Pájaro
a la cuenta dispuesta por la DNE, de la siguiente manera:126

Año Mes Valor Folio
2005 Marzo $460.000 35
2005 Marzo $276.000 37
2005 Abril $460.000 35
2005 Abril $276.000 37
2005 Junio $460.000 35
2005 Junio $460.000 35
2005 Junio $276.000 37
2005 Julio $255.000 38
2005 Julio $255.000 38
2005 Julio $276.000 38
2005 Septiembre $460.000 36
2005 Octubre $460.000 36
2005 Octubre $460.000 36
2005 Octubre $34.000 38
2005 Octubre $276.000 39
2005 Noviembre $460.000 36
2005 Diciembre $276.000 39
2005 Diciembre $460.000 40
2006 Enero $460.000 37
2006 Enero $422.000 40
2006 Enero $460.000 40
2006 Enero $276.000 43
2006 Enero $276.000 45
2006 Febrero $164.000 41
2006 Febrero $460.000 42
2006 Febrero $276.000 45
2006 Marzo $276.000 44
2006 Abril $276.000 39
2006 Abril $164.000 41
2006 Abril $276.000 44
2006 Mayo $460.000 41
2006 Mayo $276.000 44
2006 Junio $460.000 41
2006 Junio $276.000 44
2006 Agosto $460.000 40
2006 Agosto $276.000 44
2006 Septiembre $276.000 43
2006 Octubre $370.000 43
2007 Enero $11.374.534 46
2007 Enero $338.281 46
2007 Febrero $8.062.250 46
2007 Marzo $359.292 46

Pues bien, la obligación de depositar los rendimientos obtenidos de la explotación
económica del bien a expensas de la DNE, se considera parcialmente cumplida,

126 Folios 35 a 46, cuaderno llamamiento en garantía.

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Radicado: 88001-23-33-000-2016-00039-01 (62320)
Actor: Francisca María Siado Álvarez y Otros.

toda vez que, como se mencionó anteriormente, el bien estuvo afectado por la
medida de embargo y secuestro durante nueve (9) años y cinco (5) meses, de los
cuales solo dos (2) años estuvieron en uso productivo.

La responsabilidad de la DNE en este aspecto se entiende en los mismos términos
en que se resolvió en el numeral anterior.

iii) Constitución de seguros contra todo riesgo para los inmuebles objeto de
depósito:

Los bienes objeto de incautación deberán ser asegurados en todos los casos. Del
acervo allegado al expediente se obtiene que:

La inmobiliaria Etilsa Hernández S.A.S, en calidad de tomadora, adquirió las
siguientes pólizas de incendio y multirriesgo para el bien inmueble ubicado en la
carrera 4 con calle 15 del sector Hill Side Nixon de San Andrés:

Pólizas de incendio127:

1. Póliza de incendios No. 0562468 expedida por la Previsora de Seguros
desde el siete (7) de mayo de dos mil cinco (2005) hasta el diecisiete (17) de
julio de dos mil seis (2006)128.
2. Póliza de incendios No. 64500043 expedida por Seguros del Estado S.A.
con vigencia del nueve (9) de agosto de dos mil seis (2006), hasta el nueve
(9) de agosto de dos mil siete (2007)129.
3. Póliza de incendios No. 0567644 expedida por la Previsora de Seguros
desde el treinta y uno (31) de agosto de dos mil siete (2007) hasta el treinta
(30) de agosto de dos mil ocho (2008)130.
4. Póliza de incendios No. 0569650 expedida por la Previsora de Seguros
desde el treinta y uno (31) de agosto de dos mil ocho (2008) hasta el treinta
(30) de agosto de dos mil nueve (2009)131.
5. Póliza de incendios No. 0571968 expedida por la Previsora de Seguros
desde el trece (13) de agosto de dos mil nueve (2009) hasta el treinta (30)
de agosto de dos mil diez (2010)132.
6. Póliza de incendios No. 10574011 expedida por la Previsora de Seguros
desde el treinta y uno (31) de agosto de dos mil diez (2010) hasta el treinta
(30) de agosto de dos mil once (2011)133.
7. Póliza de incendios No. 0605584 expedida por la Previsora de Seguros
desde el treinta y uno (31) de agosto de dos mil once (2011) hasta el treinta
(30) de agosto de dos mil doce (2012)134.
8. Póliza de incendios No. 1001618 expedida por la Previsora de Seguros
desde el cuatro de septiembre de dos mil doce (2012) hasta el treinta (30)
de agosto de dos mil trece (2013)135.
9. Póliza de incendios No. 0601677 expedida por la Previsora de Seguros
desde el treinta y uno (31) de agosto de dos mil trece (2013) hasta el treinta
(30) de agosto de dos mil catorce (2014)136.

127 Amparos adicionales: i) actos mal intencionados de terceros, ii) anegación, avalancha y deslizamiento; iii) asonada, motín, conmoción

civil; iv) combustión espontánea para mercancía a granel; v) daños por agua; vi) explosión; vii) frigoríficos; viii) maremoto; ix) materiales
de fusión; x) terremoto temblor, erupción volcánica; xi) tirón, huracán, tornado, ciclón, vientos fuertes, granizo, aeronaves, vehículos y
humo. Cláusula 3 de amparos adicionales – Folio 251-252, cuaderno de llamamiento en garantía.
128 Folio 110, cuaderno de llamamiento en garantía.
129 Folio 74, cuaderno de llamamiento en garantía
130 Folio 104, cuaderno de llamamiento en garantía.
131 Folio 102, cuaderno de llamamiento en garantía.
132 Folio 100, cuaderno de llamamiento en garantía.
133 Folio 97-98, cuaderno de llamamiento en garantía.
134 Folio 164, cuaderno de llamamiento en garantía.
135 Folio 122, cuaderno de llamamiento en garantía.
136 Folio 125, cuaderno de llamamiento en garantía.

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Radicado: 88001-23-33-000-2016-00039-01 (62320)
Actor: Francisca María Siado Álvarez y Otros.

Pólizas de seguro multirriesgo:

1. Póliza de seguro multirriesgo No. 064500039 expedida por Seguros del
Estado desde el nueve (9) de agosto de dos mil seis (2006) hasta el nueve
(9) de agosto de dos mil siete (2007)137.
2. Póliza de seguro multirriesgo No. 5967 expedida por Seguros Colpatria
desde el nueve (9) de agosto de dos mil ocho (2008) hasta el nueve (9) de
agosto de dos mil nueve (2009)138.
3. Póliza de seguro multirriesgo No. 5963 expedida por Seguros Colpatria
desde el ocho (8) de octubre de dos mil nueve (2009) hasta el nueve (9) de
agosto de dos mil diez (2010)139.
4. Póliza de seguro multirriesgo No. 8209 expedida por Seguros Colpatria
desde el veintitrés (23) de septiembre de dos mil diez (2010) hasta el nueve
(9) de agosto de dos mil once (2011)140.
5. Póliza de seguro multirriesgo No. 8209 expedida por Seguros Colpatria
desde el nueve (9) de agosto de dos mil once (2011) hasta el nueve (9) de
agosto de dos mil doce (2012)141.
6. Póliza de seguro multirriesgo No. 10130 expedida por Seguros Colpatria
desde el nueve (9) de agosto de dos mil doce (2012) hasta el nueve (9) de
agosto de dos mil trece (2013)142.
7. Póliza de seguro multirriesgo No. 6986 expedida por Seguros Colpatria
desde el nueve (9) de agosto de dos mil trece (2013) hasta el nueve (9) de
agosto de dos mil catorce (2014)143.

En ese sentido, se concluye que la depositaria provisional, y por contera la DNE,
cumplieron con el deber de mantener asegurado el bien objeto de depósito.

iv) Pago de los impuestos y gravámenes correspondientes:

A continuación, la Sala procederá a revisar el cumplimiento de la obligación
relacionada con el pago de los impuestos y gravámenes vinculados al bien
incautado durante el periodo comprendido entre el dos (2) de marzo de dos mil cinco
(2005), y el diecinueve (19) de agosto de dos mil catorce (2014).

La propiedad del bien incautado estaba registrado a nombre de Francisca María
Siado Álvarez, identificado con cédula catastral número 1055400, y cuenta con los
siguientes comprobantes de pago por concepto del impuesto predial unificado.

1. Recibo de pago número 19526 expedido por la Gobernación de Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por concepto del impuesto
predial unificado correspondiente al predio identificado con cédula catastral
número 1055400, para los años 2004- 2006144.
2. Recibo de pago número 37797 expedido por la Gobernación de Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por concepto del impuesto
predial unificado correspondiente al predio identificado con cédula catastral
número 1055400, para el año 2006145.
3. Recibo de pago número 10106 expedido por la Gobernación de Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por concepto del impuesto

137 Folio 184, cuaderno de llamamiento en garantía.
138 Folio 201, cuaderno de llamamiento en garantía.
139 Folio 92, cuaderno de llamamiento en garantía
140 Folio 88, cuaderno de llamamiento en garantía
141 Folio 136, cuaderno de llamamiento en garantía.
142 Folio 112, cuaderno de llamamiento en garantía.
143 Folio 159, cuaderno de llamamiento en garantía.

144 Folio 302, cuaderno de llamamiento en garantía.

145 Folio 300, cuadero de llamamiento en garantía.

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Radicado: 88001-23-33-000-2016-00039-01 (62320)
Actor: Francisca María Siado Álvarez y Otros.

predial unificado correspondiente al predio identificado con cédula catastral
número 1055400, para el año 2007146.
4. Paz y salvo expedido por el Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, seccional de catastro, por concepto del pago
del impuesto predial unificado correspondiente al predio identificado con
cédula catastral número 1055400, para el año 2007147.
5. Recibo de pago expedido el Departamento de Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, por concepto del impuesto predial unificado
correspondiente al predio identificado con cédula catastral número 1055400,
para el año 2008148.
6. El coordinador del grupo de rentas de la secretaria de hacienda y comercio
del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
certificó que hasta el diecisiete (17) de mayo de dos mil once (2011) el predio
identificado con cédula catastral número 1055400 se encontraba a paz y
salvo con el impuesto predial unificado149.

De la documentación referida, se concluye que la depositaria provisional, y en
consecuencia la DNE, incumplieron con el deber de pagar los impuestos y
gravámenes a los que estaba sujeto el bien identificado con cédula catastral
número 1055400, de propiedad de la señora Siado Álvarez. Como se ha explicado,
el bien estuvo sujeto a las medidas de embargo y secuestro desde el dos (2) de
marzo de dos mil cinco (2005) hasta el diecinueve (19) de agosto de dos mil catorce
(2014). Los comprobantes de pago relacionados indican que el impuesto predial
unificado del bien incautado fue cancelado únicamente hasta dos mil once (2011),
es decir, tres (3) años antes de que cesara la medida cautelar.

Como se explicó suficientemente, los bienes sobre los que se adopten medidas
cautelares quedarán de inmediato a disposición de la DNE, la cual asume
obligaciones directas en cuanto a la administración productiva y útil del bien, así
como su sobre su conversación. Esto, sin perjuicio de los depositarios provisionales
que la DNE decida nombrar para la custodia de los bienes a su cargo.

Ahora bien, la Sala no desconoce la Resolución número 0885 del cuatro (4) de
agosto de dos mil seis (2006)150, mediante la cual la DNE nombró a la inmobiliaria
Etilsa Hernández S.A.S. como depositaria del bien de propiedad de los accionantes,
ni tampoco el evidente incumplimiento de sus funciones , entre las cuales se
destacan: i) rendir cuentas comprobadas de su gestión, ii) llevar una contabilidad
mensual de los rendimientos generados por el bien, iii) realizar las gestiones
necesarias para la suscripción de contratos que aseguren la productividad del bien,
y iv) garantizar la continuidad de la actividad económica del bien.

No obstante, se procede a mencionar algunas obligaciones adicionales a cargo de
la DNE, relacionadas con la supervisión de la gestión del depósito:

El artículo 5º del Decreto 2159 de 1992 prescribe que la DNE tendrá como objetivo
fundamental determinar y ejecutar los procedimiento administrativos requeridos, y
con este fin, deberá supervisar la utilización de los bienes por parte de los
destinatarios provisionales o depositarios.

A su vez, el artículo 2º del Decreto 1461 de 2000 dispone expresamente que la
DNE tendrá a su cargo la administración de los bienes incautados, indicando
incluso directrices para el adecuado manejo de los mismos: “la Dirección Nacional
de Estupefacientes administrará los bienes de acuerdo con los distintos sistemas

146 Folio 292, cuaderno de llamamiento en garantía.

147 Folio 295, llamamiento en garantía.
148 Folio 293, cuaderno de llamamiento en garantía.
149 Folio 274, cuaderno de llamamiento en garantía.
150 Folios 16- 27, cuaderno de llamamiento en garantía.

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establecidos en la ley, ejercerá el seguimiento, evaluación y control y tomará de
manera oportuna las medidas correctivas a que haya lugar para procurar la debida
administración de los bienes.”

Revisadas estas disposiciones, resulta evidente que la DNE tiene a cargo la
administración de los bienes incautados, así como la supervisión que sobre dicha
gestión ejerzan los destinatarios provisionales o depositarios. Luego, aunque la
señora Hernández de León haya sido quien ejerció durante el periodo de
incautación del bien de propiedad de los accionantes su administración, la DNE
como titular de la tenencia de los bienes incautados con ocasión de su vinculación
directa o indirecta con delitos de tráfico de estupefacientes o conexos, debía estar
al pendiente de la gestión que llevaba a cabo la depositaria, así como de exigir el
cumplimiento de sus funciones, puesto que, del material probatorio allegado al
expediente no se logra acreditar que la señora Hernández de León haya cumplido
con la obligación de rendir cuentas comprobadas de su gestión, y mucho menos de
realizar las gestiones correspondientes para la suscripción de contratos que
asegurarán la explotación económica del bien. Por el contrario, se observa que el
único contrato de arrendamiento que se celebró durante el periodo fue el mismo
que la señora Siado Álvarez cedió a la depositaria el veintidós (22) de agosto de
dos mil cuatro (2004)151.

Por otra parte, considerando que la actuación de la DNE que suscita el reproche de
la parte actora, y de la cual se deriva el daño objeto de la pretensión resarcitoria,
se basa en la falta de entrega de los dineros generados por el pago de los cánones
de arrendamiento recaudados desde el año dos mil cinco (2005), y dado que, al
momento de la devolución del bien, la DNE solo ordenó el pago de dos millones
ciento veintiocho mil pesos ($2.128.000) a favor de su propietaria, se advierte, tras
revisar los comprobantes de consignación152 recaudados en la cuenta dispuesta
por la DNE, que la señora Hernández de León depositó la suma total de treinta y
tres millones quinientos cincuenta y cuatro mil trescientos cincuenta y siete pesos
($33’554.357).

Y tras la revisión de los comprobantes de las consignaciones hechas por el señor
Sherman Chow Pájaro153 por concepto de cánones de arrendamiento, se aprecia
que la señora Hernández de León, recibió por dicho concepto la suma total de
diecisiete millones novecientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos noventa pesos
($17’959.490).

En esa misma línea, obra en el expediente el 'certificado de ingresos y gastos'
correspondiente al inmueble de los accionantes, expedido por Franklin Mosquera
en calidad de contador público, en el que indicó154:

Fecha Mayo 30 de 2017
Inmueble 450-16464
Ingreso anual $15.414.000
Origen de los Canon de arriendos
ingresos

Ingresos: $15.414.000
8% depositario: $1.448.000
Gastos varios: $1.238.000
______________________

Consignación a la DNE: $12.728.000

151 Folios 272- 273, cuaderno de llamamiento en garantía.
152 Cuadro referido en la nota a pie de página número 124 de este proveído.
153
Cuadro referido en la nota a pie de página número 123 de este proveído.
154 Folio 337, cuaderno llamamiento en garantía.

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No obstante, la información relacionada, la DNE profirió la Resolución núm. 0804
del dieciocho (18) de julio de dos mil catorce (2014)155, en la que ordenó la
devolución de los bienes inmuebles, entre otros, el de la señora Francisca María
Siado Álvarez. Esta actuación se notificó el veintidós (22) de julio de dos mil catorce
(2014)156, y en el artículo tercero (3°) ibidem dispuso la devolución de los dineros
recaudados a los propietarios de los bienes incautados. En lo atinente a la
demandante, reconoció el pago de dos millones ciento veintiocho mil doscientos
pesos ($2.128.200).

El anterior rubro fue producto del “informe de ingresos y gastos de un bien inmueble”
núm. 140-017-2013, expedido por la Dirección Nacional de Estupefacientes – en
liquidación – el diecinueve (19) de julio de dos mil trece (2013); documento en el
que se consignó la información del inmueble con Matrícula Inmobiliaria núm. 450-
16464, con base en los informes presentados por parte de la depositaria y el reporte
de información detallada de ingresos y gastos del bien inmueble157.

En el documento, se dejaron las siguientes observaciones:

“1.- No reposa información de productividad en la base de datos ni el expediente
administrativo, desde la fecha de incautación a diciembre de 2005.
2.- El bien es reportado en los informes de gestión hasta el mes de julio de 2011.”

Pues bien, resulta evidente que la información consignada en el informe de ingresos
y gastos del bien inmueble, expedido el diecinueve (19) de julio de dos mil trece
(2013) por la DNE, contraviene los demás documentos allegados a este proceso
contencioso como prueba. Documentos que, cabe aclarar, fueron aportados con la
contestación del llamamiento en garantía presentado por la señora Etilsa
Hernández de León, representante de la inmobiliaria Etilsa Hernández S.A.S. y
fueron incorporados al expediente como pruebas por el a quo durante la audiencia
inicial, celebrada el veinticinco (25) de julio de dos mil diecisiete (2017)158, sin ser
objeto de controversia.

Por consiguiente, los datos allí contenidos serán desestimados, máxime si se
aprecian en armonía con la prueba documental expuesta en extenso a lo largo de
este proveído, y si se considera que lo allí expresado no ha sido respaldado durante
el transcurso del proceso.

En síntesis, llama la atención que la Dirección Nacional de Estupefacientes (hoy
SAE) no hubiera mencionado o adjuntado algún soporte que permita demostrar que
ejerció en debida forma las labores inherentes de administración, dado que, si bien,
profirió la Resolución 0885 del cuatro (4) de agosto de dos mil seis (2006) mediante
la cual se formalizó la designación del depositario provisional, ante las discrepancias
respecto del tiempo en que el bien estuvo arrendado, así como las sumas de dinero
que se generaron fruto de los contratos de arrendamiento, forzoso es inferir el
descuido frente a la labor atribuida a partir del contenido del marco normativo
expuesto anteriormente, dado que, la entidad tenía la obligación legal de mantener
la productividad de los bienes bajo su custodia, lo que acredita el defectuoso
funcionamiento en el que incurrió, por el incumplimiento de sus deberes frente al
bien sobre el cual ostentó la guarda, mientras permaneció vigente la medida
cautelar.

155 Folios 177 a 178, anexo núm. 7 – cuaderno copia núm. 7, radicado 110010704012-2010-00052-01. / Folios 335 a 336, cuaderno

llamamiento en garantía. / Folio 419 a 421 – anexo núm. 3 del CD de la contestación de la demanda de la Sociedad de Activos Especiales
S.A.S., visible en el folio 334 del cuaderno 1.
156 Folio 435 anexo núm. 3 del CD de la contestación de la demanda de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., visible en el folio 334

del cuaderno 1.
157 Folios 287 a 289 – folios 397 a 399 incorporados en el anexo núm. 2 del CD de la contestación de la demanda de la Sociedad de

Activos Especiales S.A.S., visible en el folio 334 del cuaderno 1.
158
Folios 412- 426, cuaderno 1.

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A partir de lo anterior, la Sala concluye que la parte actora sufrió un detrimento
económico debido a la falta de rendimientos por la explotación del inmueble de su
propiedad, derivado de las deficiencias en la administración del bien por parte de la
DNE. Esto, considerando que no hubo claridad sobre el monto realmente percibido
por concepto de arrendamiento del bien, y tampoco se le reconoció, al menos, el
valor total de los pagos que el señor Sherman Chow Pájara, arrendatario del
inmueble de los accionantes, entregó a la depositaria provisional, la señora
Hernández de León, y que, según se comprobó, fueron consignados efectivamente
a la DNE.

De conformidad con lo expuesto, la parte demandante logró acreditar el daño
antijurídico, el cual se configuró en la pérdida de las sumas generadas por los
cánones de arrendamiento producto de la actividad económica ejercida sobre el
bien, tanto como el lucro cesante por falta de diligencia en su explotación, todo esto,
resultado de la deficiente gestión de la DNE.

5.4. Consideraciones relativas a los perjuicios materiales e inmateriales

Los recurrentes centran su apelación en tres puntos relacionados con la valoración
de perjuicios: i) el reconocimiento de los perjuicios materiales por lucro cesante, de
acuerdo con los parámetros establecidos en los dictámenes periciales aportados;
ii) la prueba del padecimiento de perjuicios morales; y iii) el reconocimiento del
monto que los demandantes pagaron por concepto de honorarios al apoderado
judicial.

i) El reconocimiento de los perjuicios materiales por lucro cesante, de
conformidad con los parámetros establecidos en los dictámenes periciales
aportados:

Con la demanda, los accionantes allegaron los siguientes: dictamen sobre
cuantificación del daño y perjuicios elaborado por el perito Luis Alfonso Osorio
Moreno159, y el dictamen sobre avalúo técnico 02-102515 elaborado por el perito
Kevin Marchena Calderón160

El dictamen pericial sobre avalúo técnico 02-102515 elaborado por el perito
Kevin Marchena Calderón describe el inmueble como uno conformado por: i) una
bodega ubicada en el primer piso dividida en tres espacios de almacenamiento y
un baño, ii) vivienda bifamiliar ubicada en el segundo piso, de las cuales una se
encuentra en obra negra; iii) tres locales comerciales con un baño cada uno, y iv)
una vivienda independente de un piso, que consta de terraza, sala comedor, cocina,
dos alcobas y un baño.

Sobre el valor aplicable al suelo y la construcción según enfoque de mercado,
relaciona los siguientes valores:

159 Folios 178- 209, cuaderno 1.
160 Folios 214- 242, cuaderno 1.

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Sobre el valor del enfoque del coste o reposición relaciona los siguientes valores:

En la audiencia inicial celebrada el veinticinco (25) de julio de dos mil diecisiete
(2017)161, la apoderada de la Dirección Nacional de Estupefacientes (hoy SAE)
solicitó la aclaración del dictamen sobre avalúo técnico 02-102515, y en la
audiencia de pruebas celebrada el doce (12) de septiembre de dos mil diecisiete
(2017)162, se llevó a cabo el interrogatorio de aclaración solicitado por la DNE,
respecto del cual la Subsección destaca lo siguiente:

Cuestionamiento 2: el cálculo de vida remanente es confuso, puesto que se plantea
lo siguiente – vida útil desde nuevo: 70 años, vida actual: 22 años, vida útil
remanente: 78 años”.

El anterior cuestionamiento sobreviene al hecho de que el bien objeto del avalúo
está construido con material de mampostería, lo que supone una vida útil de 100
años.

Respuesta: el perito afirma que, debido a las condiciones meteorológicas de la Isla
de San Andrés, la vida útil de las construcciones se reduce. Esto se debe a que el
ambiente y la salinidad generan patologías que aceleran su deterioro. En ese
contexto, asegura que la vida útil del bien, a la fecha de celebración de la audiencia
era de 48 años.

Cuestionamiento 5: “para determinar el valor del terreno han sido utilizadas
encuestas, pero no se evidencia el comentario que afirme que cuál método de
adoptó debido que al momento de realización del avalúo no existía ofertas de
ventas, arriendo, ni transacciones de bienes comparables al del objeto de
estimación, como lo contempla la Resolución 620 de 2008” (sic)

Respuesta: el perito argumenta que, dado que no existían ofertas vigentes que le
permitieran estimar el valor del terreno, decidió realizar encuestas a distintos peritos

161 Folios 412- 426, cuaderno 1.
162 Folios 474- 481, cuaderno 2 – CD contentivo de la audiencia, adjunto al folio 481, cuaderno 1.

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que trabajan en el sector de la construcción en la Isla de San Andrés. A partir de
esta información, y considerando las condiciones del mercado, determinó el valor
que se presentó como representativo del terreno.

Cuestionamiento 8: “se están tomando el conjunto de dependencias avaluadas en
un ejercicio de P.H. donde la falta de memoria del cálculo o fuente para los
diferentes valores de reposición no se tiene certeza ni se trata de un valor integral
donde se incluyen en terreno, además la disposición del dependencia descrita, la
falta de mercado inmobiliario, para esta no permite realizar un ejercicio asimilado a
la propiedad horizontal” (sic)

Respuesta: el perito adujo que, considerando que el terreno incluye áreas en obra
negra, estimó su valor proyectando el costo de finalizar dichas obras, tomando en
cuenta los valores del mercado de la construcción para el año 2015, fecha en la
que se elaboró el dictamen.

Cuestionamiento 9: “no hay fuentes verificables de los valores de reposición
utilizadas, al igual que la información de los peritos que suministraron la información
en la realización de las cuentas”

Respuesta: el perito argumentó, que en la Isla de San Andrés no existen fuentes
verificables como lo es el “Camacol”, por la que basó los valores de reposición del
bien tomando en consideración su experiencia de más de 14 años como arquitecto.

Cuestionamiento 10: “el área construida no coincide con la consultada en el
geoportal del instituto Agustín Codazzi, a pesar que en el informe cita como fuente
de información para dicha área la entidad en mención”

Respuesta: el perito asegura que, la página del Agustín Codazzi no está
actualizada, y que, por tal razón, las medidas que consigna en el dictamen fueron
tomadas por él mismo.

La sala ha valorado este dictamen y encuentra que la descripción que el perito
evaluador hace del predio no corresponde a aquella que existía en el momento en
que éste fue incautado. Dentro del expediente obran: i) la escritura pública No. 288
del dieciséis (16) de marzo de dos mil uno (2001), mediante la cual se protocolizó
la separación de bienes entre Spencer Francisco Chow Ríos y Francisca Siado
Álvarez, la cual identifica el bien como uno compuesto por “una casa de habitación,
una bodega y un cimiento”163; ii) el acta de secuestro suscrita por los Fiscales 31
y 34 Especializado, el dos (2) de marzo de dos mil cinco (2005), donde se describe
al bien como “una construcción levantada en bloque de cemento y madera de 2
plantas”164; iii) el acta de entrega de bienes incautados del diecinueve (19) de
agosto de dos mil catorce (2014), en la cual se describe al bien como un “local y
una casa”165.

Lo anterior permite deducir que el perito no realizó su avalúo considerando las
condiciones que tenía el bien desde la época en que fue incautado hasta su
devolución. Por el contrario, se limitó a visitar el predio el tres (3) de octubre de dos
mil quince (2015), fecha en que se elaboró el dictamen, y basó su evaluación en
las condiciones del inmueble para ese momento. Por consiguiente, los datos
analizados en el dictamen no corresponden con la realidad fáctica, ya que el
resarcimiento del daño causado a la demandante debe limitarse únicamente a los
perjuicios que efectivamente se le ocasionaron.

Ahora bien, revisadas las respuestas que el perito presentó en la diligencia de
aclaración que se practicó en desarrollo de la audiencia de pruebas celebrada el

163 Folios 6-8, cuaderno anexo núm 8; Folio 18, cuaderno anexo núm 8.
164 Folio 210- 213, cuaderno 1.
165 Folio 380- 381, cuaderno de llamamiento en garantía.

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doce (12) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), la Subsección observa: i) que
el perito incurre en imprecisión respecto al tiempo de vida útil del bien inmueble,
luego, si no es posible tener certeza sobre dicha proyección, tampoco podrá
tomarse como base para tasar lo concerniente al lucro cesante; ii) de igual forma,
en cuanto al valor del terreno, afirmó haber encuestado a diferentes peritos del
sector para obtener una estimación; sin embargo, dichos peritos no fueron
presentados en este proceso, ni se acreditó la experiencia que los habilita para
hacer tales afirmaciones. En consecuencia, el valor que el perito asigna al bien
carece de certeza y sustento técnico; iii) el perito habló del bien inmueble como si
fuera uno sometido a propiedad horizontal, argumentando que, la señora Siado
Álvarez tenía el proyecto de terminar las partes en obra negra de las edificaciones
y posteriormente ofrecerlas en arriendo. En ese sentido, fijó un valor de
construcción, el cual, nuevamente, carece de fuente verificable pues asegura que
lo definió considerando los valores del mercado para la construcción, sin mencionar
las fuentes de donde extrajo dichos “valores de mercado”; iv) la afirmación anterior
contradice la respuesta que dio cuando se le interrogó sobre las fuentes
verificables, ya que inicialmente sostuvo que había estimado el valor de la
construcción con base en los valores del mercado, pero posteriormente afirmó que
en la Isla de San Andrés no existían fuentes verificables como en el resto del país,
y que, por ello, había realizado las proyecciones basadas en su experiencia de más
de 14 años de ejercicio profesional; v) finalmente, en el informe afirmó que el área
del inmueble la obtuvo del geoportal del Agustín Codazzi; empero, en el
interrogatorio afirmó que dicho portal está “desactualizado” y que, por tal razón,
utilizó las medidas que tomó él mismo al momento de realizar el informe.

Así pues, el dictamen pericial no cumple con los criterios a los que deben sujetarse
los avalúos, según lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto 422 de 2000. Entre
esos criterios se destacan: la certeza de fuentes, la integridad y la suficiencia.
Además, el dictamen no cumple con el contenido mínimo que para estos
documentos exige el artículo 2º del mismo decreto, tales como, los valores de
referencia y sus fuentes, la indicación de los índices que fueron utilizados para su
realización y, por último, lo relativo a su vigencia, que puede ser inferior a un año.
Así, teniendo en cuenta que el avalúo se elaboró en dos mil quince (2015) y la
audiencia de pruebas se celebró en el dos mil diecisiete (2017), se concluye que,
para el momento en que debía acreditarse, su contenido había perdido vigencia.

Por su parte, el dictamen pericial sobre cuantificación de daños y perjuicios
elaborado por Luis Alfonso Osorio Moreno señala, en un acápite que denominó:
“presentación de la señora Francisca María Siado Álvarez”, que el decreto de
embargo y secuestro que afectó el bien de propiedad de los accionantes impidió “la
realización de cualquier negocio; fue así como, promesa de arriendo y prestación
de servicios fueron incumplidas; así como gastos por enfermedad de familiares, a
algunos clientes no se les pudo ofrecer el portafolio de bienes, para determinar la
colocación del bien a empresas de finca raíz, la confianza de los bancos de la
ciudad se perdió (…) (sic)”. Empero, aunque la Sala no desconoce que la deficiente
gestión de DNE y la depositaria impidió la explotación económica del bien por la
totalidad del periodo en que estuvo incautado, lo cierto es que, las afirmaciones que
aquí se describen carecen de sustento probatorio que acredite su causación.

Así mismo, el informe presentó los valores dejados de percibir por los frutos civiles
del bien inmueble, correspondiente al período comprendido entre 2005 y 2015, así:

Rubros Valor cuantificado
Devolución de pago de arriendos por casa y $31.803.635
local
Detrimento del terreno $104.627.151
Construcción $400.364.085
Arriendos dejados de percibir:
Vivienda sin terminar $313.837.492

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Bodega $941.512.476
Local1 $470.756.238
Local 2 $470.756.238
Vivienda Unifamiliar $627.674.984
Depreciación $142.791.2
Honorarios abogado $30.000.000
Gran Total $3.573.123.527

Como se puede observar, el perito determinó un valor por “devolución de pago de
arriendos por casa y local”, en treinta y un millones ochocientos tres mil seiscientos
treinta y cinco pesos ($31’803.635), monto que en el dictamen nombró “pérdida del
poder adquisitivo del dinero y su costo de oportunidad” y explicó que dicha
estimación la hizo teniendo en cuenta “los cálculos de los dinero a ser invertidos y
su proyección de espera de reintegro o recuperación de inversiones, fundamentada
esta cuantificación en el valor presente neto, el cual tiene en cuenta el monto actual,
los intereses y el tiempo de vigencia de un bien”. Al punto, aunque el perito explica
las fórmulas mediante las cuales tasa dichos valores, omite explicar el origen de las
variables que utiliza para resolver dichas fórmulas. En contraposición, relaciona el
valor de unas consignaciones que la señora Siado hace a la “inmobiliaria”, sin
mayor explicación. Como se viene mencionando, la estimación de los perjuicios
debe ser cierta, sobre valores efectivamente causados, y no sobre “cálculos de
dinero a ser invertidos”.

En igual sentido, el perito tasó el valor del detrimento del bien en ciento cuatro
millones seiscientos veintisiete mil ciento cincuenta y un pesos ($104.627.151).
Esta suma la justificó tomando como base “el peritazgo realizado por un miembro
de la lonja”; no obstante, el avalúo técnico al que se hace referencia es el
presentado por el señor Kevin Marchena, el cual fue valorado y posteriormente
desestimado por esta Sala en el acápite anterior.

Por concepto de construcción, fijó un valor de cuatrocientos millones trescientos
sesenta y cuatro mil ochenta y cinco pesos ($400.364.085). Argumentando que los
demandantes dejaron de construir unos locales comerciales, lo que, a su vez, les
impidió elevar el terreno a un 'mejor nivel' y obtener los ingresos de los posibles
contratos de arrendamiento que se hubieran celebrado. Sin embargo, omite
certificar los recursos que, según se afirma, la señora Siado Álvarez poseía para
realizar dicha construcción, así como los permisos de curaduría y/o cuanto menos
algún plano que certifique, que dicho proyecto estaba en preparación. Al respecto,
se limita a informar, sin más, que “un lote dentro del perímetro urbano se puede
valorizar gracias a la construcción de un parque, una vía, un centro comercial o, en
general, cualquier obra que el mercado considere como beneficiosa y por la cual
esté dispuesto a pagar más por disfrutarla” -afirmación que toma de la página del
banco de la República-.

Esta Sección166 fijó los presupuestos que un dictamen pericial debe tener para ser
considerado como eficaz, de los que se resaltan: i) que el perito informe de manera
razonada lo que de acuerdo con sus conocimientos especializados sepa de los
hechos; ii) que su dictamen sea personal y contenga conceptos propios sobre las
materias objeto de examen y no de otras personas por autorizadas que sean; iii)
que el dictamen esté debidamente fundamentado y sus conclusiones sean claras
firmes y consecuencia de las razones expuestas.

Pues bien, analizado el dictamen pericial del señor Osorio Moreno, en el marco de
los presupuestos fijados por esta Sección se concluye que el perito no presentó de
manera razonada sus conocimientos especializados, por el contrario, toma como
base fuentes que ni siquiera identifica, tales como un peritaje presentado por un
funcionario de la lonja de Santa Marta que fue desestimado y una definición dada
por el banco de la República de la que no se conoce su autor. Por ende, tampoco

166 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de noviembre de 2017, exp. 30613.

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se observa que sus resoluciones sean personales, ni que hayan sido el resultado
de un ejercicio técnico realizado por el mismo. Finalmente, las afirmaciones que
hace respecto de las “oportunidades” que perdió la demandante con ocasión de la
incautación, no dejan de ser meras afirmaciones carentes de acreditación y, por
contera, no podrán tenerse como ciertas.

En definitiva, esta Sala no puede “aceptar ciegamente las conclusiones de los
peritos”167, y, por tal razón, se apartará de los resultados de la peritación, en tanto
no los halla lo suficientemente claros, ni precisos, ni fundamentados, toda vez que
el grueso de los elementos en que se basó para cuantificar los perjuicios que se le
causaron a los demandantes con ocasión de la incautación del bien de su
propiedad, fueron desestimados en extenso anteriormente como notoriamente
insuficientes para tenerse por acreditadas.

Por lo demás, los recurrentes del extremo pasivo alegan que no 'puede resultar
razonable', después de haberse resuelto sobre la 'injusta incautación de una
propiedad inmueble' con un área superior a 777 m², que se estime, por concepto
de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, una rentabilidad que no
supera los ciento treinta y un millones quinientos ochenta y nueve mil quinientos
veintidós pesos ($131.589.522), desconociendo que en el expediente obran dos
dictámenes que afirman que el valor asciende a tres mil setecientos veintisiete
millones cuatrocientos veintiocho mil quinientos veintisiete pesos ($3.727.428.527).

El a quo condenó en abstracto los perjuicios materiales en la modalidad de lucro
cesante tomando como base la suma de ciento treinta y un millones quinientos
ochenta y nueve mil quinientos veintidós pesos ($131.589.522). Para tasar dicha
base, tomó en consideración los recibos de consignación que allegaron las
demandadas, de los que destaca, el impuesto predial y las pólizas de seguros. En
consecuencia, resolvió que solo era admisible que la propietaria asumiera el valor
pagado por concepto de impuesto predial, dado que se trata de una obligación
tributaria que debía cumplir, independientemente de que el inmueble estuviera o no
incautado.

Para ello, fijó el valor del canon de arrendamiento de la casa en la suma de
trescientos mil pesos ($300.000), suma pactada en el contrato C-0017 vigente en
dos mil cinco (2005) sobre dicha propiedad, y el canon de arrendamiento de la
bodega en quinientos mil pesos ($500.000), con base en el contrato C-0018 vigente
en dos mil cinco (2005) para la bodega. Tomando como base el IPC aumentó el
valor de los cánones de arrendamiento hasta el dos mil quince (2015) y,
adicionalmente, sumo el valor del impuesto predial que se encontraba pendiente de
cancelar, de acuerdo con los recibos correspondientes allegados como prueba por
la llamada en garantía, lo que arrojó las siguientes sumas de dinero:

Valor total arriendo casa $41.335.524
Valor total arriendo bodega $68.892.540
Total arriendos $110.228.065
Valor pagado impuesto predial $1’546.700
Gran total $108.681.365

Total que indexado a la fecha de la sentencia de primera instancia ascendió a ciento
treinta y un millones quinientos ochenta y nueve mil quinientos veintidós pesos
($131.589.522).

Pues bien, como se explicó anteriormente, la parte demandante ha protestado en
su escrito de apelación la forma de tasación del lucro cesante, básicamente, en
consideración a que allegó como prueba de su estimación el dictamen sobre
cuantificación del daño y perjuicios elaborado por el perito Luis Alfonso Osorio

167 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 21 de marzo de 2023, exp 23778.

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Actor: Francisca María Siado Álvarez y Otros.

Moreno168, y el dictamen sobre avalúo técnico 02-102515 elaborado por el perito
Kevin Marchena Calderón169; no obstante, dichos informes fueron desestimados y,
en consecuencia, no pueden ser apreciados como prueba pericial.

Es por esto que, en este tipo de circunstancias, se hace necesaria la intervención
de un auxiliar de la justicia que valido de su conocimiento pueda traer la estimación
razonada de los rendimientos económicos que dejaron de percibir los accionantes
con ocasión de la privación de su derecho de propiedad sobre el inmueble
incautado, en función, no sólo de las características del inmueble, como lo es su
área, los materiales con los que fue construido, o su vida útil, sino de elementos que
permitan establecer con certeza, la variación en los rendimientos de productividad
que puede presentar un bien de sus características dentro de un periodo de 9 años.
Ese auxiliar, por supuesto, debe contar con medios que le permitan recrear y definir
el estado y condiciones particulares del bien al momento de su incautación, entre
otros, podrían ser útiles el inventario acta de secuestro del bien, donde se describen
las características que presentaba en el momento en que fue afectado con la
medida cautelar, el material fotográfico que allegó la llamada en garantía con el que
da cuenta de las mejoras que realizó en el inmueble, las pólizas de seguro que se
expidieron sobre el bien, etc.

Entonces, considerando que ha quedado plenamente establecido el acaecimiento
del daño en la modalidad de lucro cesante, pero que no hay medios de convicción
en el proceso que permitan determinar el monto del lucro cesante, la Sala
condenará en abstracto a la Dirección Nacional de Estupefacientes (hoy SAE), con
arreglo al artículo 193 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, cuyo trámite incidental deberá adelantarse por el a quo,
a petición de la parte interesada.

Para el efecto, ha de tomarse en consideración que en la Resolución No. 0804 del
dieciocho (18) de julio de dos mil catorce (2014) la Dirección Nacional de
Estupefacientes ordenó la entrega inmediata del bien inmueble con Matrícula
Inmobiliaria número 450-16464 y, adicionalmente, la entrega de dos millones ciento
veintiocho mil doscientos pesos ($2’128’000.000)170. Luego, como no obra en el
expediente prueba que acredite el pago de esta suma de dinero, como cuestión
previa habrá de comprobarse si la accionante recibió dicho importe. Esto, ya que,
esta Corporación171 ha considerado que el pago de la indemnización de un perjuicio
por parte del responsable del daño excluye o modera la pretensión indemnizatorio
que se persigue en una acción de reparación directa, pues, la causa y el objeto del
pago son los mismos. Por consiguiente, si en sede administrativa ya se efectuó un
pago para resarcir el daño y en un escenario judicial se accede a unas pretensiones
indemnizatorias con fundamento en la misma fuente, se estaría propiciando una
doble reparación172 con el consiguiente enriquecimiento injustificado de la víctima
con ocasión del hecho lesivo. Pero, también, porque puede ocurrir que la
indemnización recibida por la víctima, en sede administrativa, sea inferior en valor
al daño sufrido.

168 Folios 178- 209, cuaderno 1.
169 Folios 214- 242, cuaderno 1.
170 Folios 335- 336, cuaderno de llamamiento en garantía.
171 Entre otras: Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, sentencia del cinco (5) de diciembre de

dos mil seis (2006), radicación número 25000-23-26-000-1995-01359-01; Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo –
Sección Tercera – Subsección B, sentencias del veintinueve (29) de octubre de dos mil doce (2012), del cinco (5) de diciembre de dos
mil dieciséis (2016) y del doce (12) de octubre de dos mil diecisiete (2017), radicación números 15001-23-31-000-1994-04165-01, 27001-
23-31-000-1999-00661-01 y 41001-23-31-000-2005-00044-01, respectivamente; y Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso
Administrativo – Sección Tercera – Subsección A, sentencia del veinte (20) de mayo de dos mil veintidós (2022), radicación número
52001-33-31-004-2006-01363-01.
172 “(…) En aras de evitar un enriquecimiento sin causa de las víctimas y el pago de una doble indemnización, todas las medidas –

judiciales o administrativas – deben ser armónicas y complementarias a efectos de lograr una indemnización integral, por lo que el pago
obtenido por cualquier de ellas necesariamente incide en el de las demás”. Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo
– Sección Tercera – Subsección A, sentencia del trece (13) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), radicación número 08001-23-31-
000-2005-00796-01.

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Actor: Francisca María Siado Álvarez y Otros.

Aclarado esto, los criterios a los que se sujetará el incidente de liquidación de
perjuicios son los siguientes:

i) El incidente deberá observar lo dispuesto en el artículo 193 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ii) Para hallar el valor que debe reconocerse por este concepto, la parte
incidentante, en la oportunidad probatoria del respectivo incidente, debe aportar o
pedir las pruebas que permitan establecer el estado del inmueble al momento de su
incautación, conforme a las siguientes consideraciones:

El inmueble identificado con Matrícula Inmobiliaria número 450-16464 fue puesto a
disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes (hoy SAE) el dos (02) de
marzo de dos mil cinco (2005), y ésta, a su vez, nombró y posesionó como
depositaria provisional del inmueble a la inmobiliaria Etilsa Hernández S.A.S el
cuatro (04) de agosto de dos mil seis (2006), quien obtuvo, bajo la modalidad de
cesión los contratos de arrendamiento C-0018 y C-0017, en los que figuraba como
arrendatario el señor Sherman Chow Pájaro, quien se comprometió a pagar por
concepto de cánones de arrendamiento las sumas de tres cientos mil pesos
($300.000) M. Cte., por la casa y quinientos mil pesos ($500.000) M. Cte., por la
bodega. Adicionalmente, habrá de tenerse en cuenta que el bien objeto de la
controversia fue afectado con la medida de embargo y secuestro desde el dos (2)
de marzo de dos mil cinco (2005), hasta el diecinueve (19) de agosto de dos mil
catorce (2014), y que, como obligación principal, las demandadas tenían el deber
de conservar la productividad del bien; y que, no obstante, se comprobó que recibió
rendimientos solo por dos (2) de los nueve (9) años que el bien estuvo incautado,
sin que la demandada haya traído a este contencioso prueba de su diligencia en
procura de la garantía de esa productividad. De igual forma, habrán de valorarse los
pagos que por concepto de impuesto predial se realizaron, con la intención de
determinar el estado de mora que presentaba el bien en el momento de su entrega,
y finalmente, estimar las mejoras que la depositaria realizó sobre el predio.

iii) Solicitará, de conformidad con la preceptiva procesal pertinente, el decreto de
un dictamen de perito para que, con vista en las pruebas que presenten las partes,
y considerando la comercialidad del inmueble bajo variables como, la estimación de
su vida útil, la zona donde está ubicado, los materiales que se utilizaron para su
construcción, y demás especificaciones técnicas relevantes, así como las
variaciones del mercado de finca raíz de la Isla de San Andrés durante el periodo
comprendido entre los años 2005 y 2014, determine los cánones de arrendamiento
que pudieron derivar los propietarios y aquí demandantes y que dejaron de percibir
por causa de la falta de diligencia de la DNE (hoy SAE) y la depositaria del inmueble
incautado.

iv) Los demás conceptos que pretenden los accionantes sean reconocidos, tales
como las promesas de arriendo, el proyecto de construcción, los servicios que se
dejaron de prestar, etc, no serán tenidos en cuenta para la estimación de este
concepto.

v) En caso de que se compruebe el pago de los dos millones ciento veintiocho mil
doscientos pesos ($2’128’000.000) que ordenó la DNE, deberá restársele al valor
total reconocido por perjuicio material en la modalidad de lucro cesante que resulte
de la liquidación incidental. Valor final que deberá actualizarse a la fecha en que se
efectúe el pago.

vi) El valor a reconocer no puede superar el monto que por ese concepto se solicitó
en la demanda, luego de ser debidamente actualizado, en absoluto cumplimiento
del principio de congruencia.

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Actor: Francisca María Siado Álvarez y Otros.

vii) No deberá tenerse en cuenta la base de liquidación que impuso el a quo, esto
es, ciento treinta y un millones quinientos ochenta y nueve mil quinientos veintidós
pesos ($131.589.522), puesto que, la estimación del perjuicio deberá resultar del
presente trámite incidental.

Considerando que la Dirección Nacional de Estupefacientes (hoy SAE), llamó en
garantía a la inmobiliaria Etilsa Hernández S.A.S., dado que esta fungió como
depositaria provisional del inmueble incautado, que el Tribunal admitió la solicitud
mediante providencia de fecha veinticinco (25) de abril de dos mil diecisiete
(2017)173; que la Dirección Nacional de Estupefacientes incumplió los deberes de
custodia y vigilancia que, por ministerio de la ley le asistían respecto del inmueble
de los accionantes y, que, por su parte, la inmobiliaria Etilsa Hernández S.A.S.,
depositaria provisional, faltó a los deberes de conservación, explotación económica
y productividad del bien que le fue confiado pues fue mientras el bien se encontraba
bajo su cuidado que no se suscribieron contratos que garantizarán su productividad,
así como tampoco se cancelaron la totalidad de los conceptos por impuesto predial
a que estaba obligada, entre otros, se infiere, que el daño que aquí se reclama se
ocasionó por culpa de la Dirección Nacional de Estupefacientes (hoy SAE) y de la
inmobiliaria Etilsa Hernández S.A.S.

En ese contexto, el inciso 4° del artículo 140 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo prevé: “en todos los casos en los
que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades públicas,
en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una
de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la
ocurrencia del daño”.

La Sala advierte que esta situación ocurre cuando el fallador, después de analizar
el expediente, evidencia que una de las partes responsables tiene mayor influencia
en el daño que la otra. En tal caso, el juez debe precisar la proporción de la condena
que corresponde a cada una de las partes halladas culpables.

No obstante, en el caso concreto, la responsabilidad se presentó de forma
mancomunada, sin que se haya acreditado que una parte tenga una mayor
responsabilidad que la otra. Por lo tanto, el pago por perjuicios materiales, en la
modalidad de lucro cesante, que se determine en el trámite incidental, deberá ser
cancelado en un porcentaje del cincuenta por ciento (50%) para cada una, y así se
condenará en la parte resolutiva de este proveído.

ii) La prueba del padecimiento de los perjuicios morales

Los recurrentes del extremo activo reprochan la decisión del a quo que negó el
reconocimiento de los perjuicios morales, pues consideran que se trata de “hechos
notorios públicos, evidentes, cuyas consecuencias e impacto social, familiar,
personal íntimo, afectivos, morales, éticos y sicológicos internos de los individuos
SON PREDECIBLES”

Al respecto esta Corporación ha indicado que el daño moral sólo puede ser
presumido en los casos de muerte de personas, lesiones personales, privación
injusta de la libertad y desaparición forzada con la sola demostración del
parentesco174, para los demás casos, por regla general, a la parte interesada le
corresponde probar los hechos que alega a su favor para la consecuencia de un
derecho. Es este un postulado del derecho procesal que se encuentra previsto en
el artículo 167 del CGP, correlativo a la carga del demandante. Con el fin de suplir
estas cargas las partes cuentan con diversos medios de prueba, los cuales de
manera enunciativa, se encuentran determinados en el artículo 165 del CGP.

173Folios 363 a 365, cuaderno 1.
174 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de junio de 2011, exp. 19836.

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Cuando se pretende el reconocimiento de perjuicios morales, la parte demandante
tiene así el deber mínimo de probar su existencia175.

Pues bien, como medios de prueba para acreditar su causación los accionantes
solicitaron la recepción de los testimonios de las señoras Gloria Neira Alacala,
Oneida Bryan Archbold y Rosmary Echeverria Salazar176. Empero, el a quo negó su
decreto, toda vez que no encontró acreditados los presupuestos del artículo 212 del
CGP, es decir, enunciar concretamente los hechos objeto de la prueba. Esta
decisión fue recurrida por los accionantes, y finalmente se confirmó su negación177.

De lo anterior es posible afirmar, que los accionantes incumplieron con la carga que
impone el artículo 167 del CGP esto es, acreditar los hechos que pretende hacer
valer dentro del proceso, y en consideración a esta prerrogativa negará el
reconocimiento de los perjuicios morales de los accionantes.

Finalmente, sobre el reproche que formulan los recurrentes respecto a la
desestimación del decreto de los testimonios, esta Subsección recuerda que, el
debido proceso prescrito en el artículo 29 de la Constitución Política es una garantía
y un derecho fundamental de aplicación inmediata compuesto por tres ejes
esenciales: i) el derecho de defensa y contradicción, ii) el impulso y trámite de los
procesos conforme con las formas establecidas, iii) que el asunto sea resuelto por
el juez o funcionario competente.

Dicho esto, la Sala advierte que la negación del decreto de pruebas se dio en
cumplimiento del debido proceso, en el estadio procesal dispuesto para ello y en
garantía del derecho de contradicción de los recurrentes, luego, no es admisible
revivir la discusión en cuanto a la admisión de estos testimonios, pues esta decisión
se adoptó acorde con las disposiciones previstas en la ley y la constitución.
Zanjado lo anterior, y habiéndose negado el reconocimiento de los perjuicios
morales deprecados por las demandantes, esta Subsección observa que, frente a
las pretensiones indemnizatorias por perjuicio material en la modalidad de lucro
cesante, las señoras Nancy Álvarez de Siado, Sisley Chow Siado y Shelley Chow
Siado no se encuentran legitimadas en la causa por activa materialmente, toda vez
que no probaron ser propietarias, poseedoras o tenedoras del bien identificado con
Matrícula Inmobiliaria No. 450-16464, objeto de la extinción de dominio, ni
acreditaron debidamente ser terceros con interés patrimonial o extrapatrimonial en
las resultas del proceso178.

iii) El reconocimiento del monto que los demandantes pagaron por concepto
de honorarios al apoderado judicial.

Finalmente, los accionantes reprocharon la decisión del a quo que negó el
reconocimiento del pago por concepto de honorarios al apoderado judicial,
argumentando que, aunque 'por error involuntario no se anexó el contrato de
prestación de servicios profesionales al momento de presentar las excepciones de
mérito o de fondo propuesto por las entidades vinculadas al proceso', el dictamen
de cuantificación de perjuicios elaborado por el perito Luis Alfonso Osorio Moreno
incluye este concepto y, en consecuencia, deberá tenerse por probada dicha
erogación.

Al punto, la Sección Tercera de esta Corporación aseguró en pronunciamiento de
unificación179, que “cuando el demandante pretenda obtener la indemnización del
daño emergente derivado del pago de honorarios profesionales cancelados al

175 Ibidem.
176 Folios 9- 10, cuaderno 1.
177 Audiencia inicial, folios 412- 426, cuaderno 1.
178 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 25 de mayo de 2022, exp. 50028; sentencia de 7 de diciembre de 2021, exp.

51650.
179 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de Unificación del 18 de julio de 2019, exp 44572.

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Actor: Francisca María Siado Álvarez y Otros.

abogado que asumió la defensa del afectado directo (…) dentro del proceso penal,
(…) deberá aportar: i) la prueba de la real prestación de los servicios del abogado y
ii) la respectiva factura o documento equivalente expedido por éste, en la cual se
registre el valor de los honorarios correspondientes a su gestión y la prueba de su
pago, de suerte que, si solo se aporta la factura o solo se allega la prueba del pago
de la misma y no ambas cosas, no habrá lugar a reconocer la suma pretendida por
concepto de este perjuicio”.

En ese estado de cosas, considerando que los demandantes no aportaron prueba
concreta de la prestación del servicio, ni las respectivas facturas o documentos que
registren el valor de los honorarios correspondientes a la gestión y que acreditan su
pago, esta Subsección confirmará la decisión que negó su reconocimiento.

IV. COSTAS

El artículo 361 del CGP prevé que “las costas están integradas por la totalidad de las
expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en
derecho”. A su vez, los artículos 365.1180 y 366181 ejusdem, aplicables a los procesos
contenciosos administrativos por remisión expresa del artículo 188 del CPACA182,
establecen que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se
le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación. Su liquidación se realiza, de
manera concentrada, por la secretaría del juzgador que haya conocido el proceso en
primera instancia, sin embargo, en este escenario corresponde la fijación de las
agencias en derecho, de acuerdo con las tarifas fijadas por el Consejo Superior de la
Judicatura.

Bajo tales previsiones, la Sala condenará en costas a la Dirección Nacional de
Estupefacientes (hoy SAE) y a la llamada en garantía inmobiliaria Etilsa Hernández
S.A.S., dado que resultaron vencidas en el proceso. Para tal efecto, el Tribunal de
origen deberá efectuar la correspondiente liquidación y tasación, debiendo
considerar que en esta instancia se fijan agencias en derecho por el 0,1% de las
pretensiones reconocidas en este proveído183, de conformidad con las tarifas
establecidas en el Acuerdo 1887 de 2003 expedido por el Consejo Superior de la
Judicatura184.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

REVÓCASE la sentencia proferida el dieciocho (18) de julio de dos mil dieciocho
(2018), por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,
para, en su lugar disponer:

180 CGP. “Artículo 365. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se

sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente
el recurso de apelación, casación, queja, suplica, anulación o revisión que haya propuesto […]”.
181 CGP. ““Artículo 366. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido

del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el
auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […] 3. La liquidación incluirá el valor de los
honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que
aparezcan comprobados, hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho que fije el
magistrado sustanciador o el juez, aunque se litigue sin apoderado. […] 6. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse
las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el
juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó
personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda excederse el máximo de dichas tarifas”
(subrayado añadido).
182 CPACA. “Artículo 188. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas,

cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”.
183 Valor total reconocido en el proceso $3.178’124.402,64, que corresponde a perjuicios materiales
184 Acuerdo 1887 de 2003. El artículo 6 numeral 3.1.3 establece que, para los medios de control promovidos en la jurisdicción de lo

contencioso administrativo, la tarifa en segunda instancia será “hasta del (5) por ciento del valor de las pretensiones reconocidas o negadas”.

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Radicado: 88001-23-33-000-2016-00039-01 (62320)
Actor: Francisca María Siado Álvarez y Otros.

PRIMERO: DECLÁRASE probada la excepción de falta de legitimación en
la causa por pasiva de la Nación- Rama Judicial.

SEGUNDO: DECLÁRASE administrativa responsable a la Dirección
Nacional de Estupefacientes sucedida procesalmente por la Sociedad
de Activos Especiales, de los daños y perjuicios causados a Francisca
Siado Alvarez, con ocasión de las deficiencias en la administración del bien
inmueble con Matrícula Inmobiliaria 450-016464 de su propiedad.

TERCERO: CONDÉNASE EN ABSTRACTO a la Dirección Nacional de
Estupefacientes sucedida procesalmente por la Sociedad de Activos
Especiales y a la inmobiliaria Etilsa Hernández S.A.S., al pago de los
perjuicios sufridos a título de lucro cesante, a favor de Francisca Siado
Álvarez, que serán liquidados mediante incidente de conformidad con los
parámetros indicados en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: CONDÉNASE a la inmobiliaria Etilsa Hernández S.A.S.,
llamada en garantía, a reembolsar el cincuenta por ciento (50%) de la suma
que la Dirección Nacional de Estupefacientes sucedida procesalmente por la
Sociedad de Activos Especiales, deba pagar a los demandantes por concepto
de perjuicio material a título de lucro cesante.

QUINTO: NIÉGUENSE las demás pretensiones de la demanda.

SEXTO: CONDÉNESE en costas la Dirección Nacional de
Estupefacientes sucedida procesalmente por la Sociedad de Activos
Especiales, que deberán ser liquidadas de manera concentrada en el
Tribunal de origen, pero teniéndose en cuenta que en esta instancia se
fijaron agencias en derecho por el equivalente al 0.1% de las pretensiones
reconocidas.

SÉPTIMO: CONDÉNASE a la inmobiliaria Etilsa Hernández S.A.S.,
llamada en garantía, a reembolsar el cincuenta por ciento (50%) de la suma
que la Dirección Nacional de Estupefacientes sucedida procesalmente por la
Sociedad de Activos Especiales, deba pagar por concepto de costas
procesales.

OCTAVO: En firme este fallo, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, Notifíquese, Cúmplase

NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrado
Firmado electrónicamente

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

VF

41

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