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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 88001-23-33-000-2017-00032-01

Fecha
3 de agosto de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 88001-23-33-000-2017-00032-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia del 21 de marzo de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que negó las pretensiones de la demanda en el proceso 32 Radicación: 88001-23-33-000-2017-00032-01 (2794-2018) Demandante: Santander Herrera García y otros promovido por el señor Santander Herrera García y otros contra el mencionado departamento. Segundo. Sin condena en costas en segunda instancia. Tercero. Reconocer personería al abogado Jorge Mario Anillo Acosta como apoderado sustituto de la parte demandante en los términos y para los efectos de la sustitución de poder que obra en el folio 446 reverso del expediente. Cuarto. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 88001-23-33-000-2017-00032-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

3 de agosto de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 88001-23-33-000-2017-00032-01 (2794-2018)
Demandante: Santander Herrera García y otros
Demandado: Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina

Temas: Nombramiento etnoeducador - Lista de elegibles

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 21 de marzo de 2018 por el Tribunal Administrativo del
departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por
medio de la cual negó las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA, los señores Santander Herrera García y
Zoraida Carolina Jessie Hudson,2 por conducto de apoderado y con el ánimo de
proteger sus intereses y los de su menor hijo Samuel Elain Herrera Jessi,

1 Folios 1 a 25.
2 La señora Zoraida Carolina Jessie Hudson actúa en calidad de cónyuge del señor Santander Herrera García.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 88001-23-33-000-2017-00032-01 (2794-2018)
Demandante: Santander Herrera García y otros

formularon demanda en orden a que se declare la nulidad del Oficio 2017 EE689
del 15 de marzo de 2017, proferido por el ente territorial accionado, que negó el
nombramiento del señor Herrera García como etnoeducador y el pago de los
emolumentos consecuentes a esa designación.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, los
demandantes solicitaron condenar al departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina a lo siguiente: i) nombrar al señor Santander Herrera
García como etnoeducador directivo docente rector en la Institución Educativa
Oficial Sagrada Familia, en virtud del mérito y los derechos de carrera
administrativa que le asisten; ii) pagar los salarios, prestaciones sociales y demás
emolumentos que dejó de percibir por la omisión de su designación en dicho
empleo, causados desde el 20 de mayo de 2015 y hasta cuando se materialice la
vinculación; iii) reconocer la suma de 100 SMLMV para cada demandante, por
concepto de perjuicios morales; iv) «como medidas de restitución material y
garantías de no repetición […] solicitamos que se declare la nulidad del Contrato
No. 667, suscrito el 28 de abril de 2015, entre la entidad territorial demandada y el
Vicariato Apostólico de San Andrés Islas, para que de esta manera se realice
debidamente el nombramiento del señor SANTANDER HERRERA GARCÍA»; v) dar
cumplimiento a la sentencia en los términos del CPACA y pagar los intereses
moratorios a que haya lugar.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de los accionantes señaló los siguientes:

i) Por Acuerdo 0288 del 2 de octubre de 2012, la Comisión Nacional del Servicio
Civil – CNSC, convocó a concurso de méritos para proveer, entre otros, 3 cargos de
etnoeducadores directivos docentes que prestan sus servicios a la población
negra, raizal y palenquera en establecimientos educativos oficiales del
departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

2

Radicación: 88001-23-33-000-2017-00032-01 (2794-2018)
Demandante: Santander Herrera García y otros

ii) El accionante ocupó el 4 lugar en la lista de elegibles expedida con ocasión del
referido certamen.

iii) El señor Santander Herrera García quedó a la espera de que se presentara una
vacante, ya que las 3 que fueron ofertadas se ocuparon con quienes obtuvieron
mejores puntajes.

iv) El departamento demandado no reportó todas las plazas de directivos
docentes, bajo el argumento de que estaba pendiente de celebrar un convenio con
el Vicariato Apostólico y esa entidad quedaría a cargo de la administración de los
rectores. Dicho acuerdo se materializó a través del Contrato 667 del 28 de abril de
2015.

v) La CNSC en varias oportunidades conminó al citado departamento para que
proveyera todas las vacantes de directivos docentes con la lista de elegibles de la
que hacía parte el accionante; sin embargo, esta orden nunca se cumplió, pues el
ente territorial afirmó que los rectores de las instituciones objeto del convenio
solamente podían ser designados por el referido Vicariato.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 13, 25, 29, 40, 121, 125 y 209 de la
Constitución Política; 34 de la Ley 734 de 2002; 8 y 11 del Decreto 1278 de 2002;
2.4.1.2.4. y 2.4.1.16 del Decreto 1075 de 2015.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la parte actora expuso lo
siguiente:

i) En este caso se cumplen todas las condiciones para que el señor Santander
Herrera García sea designado como etnoeducador directivo docente, ya que
participó en un concurso público de méritos, actualmente ocupa el primer lugar en
la lista de elegibles y se presentó una vacante en la institución educativa Sagrada
Familia, la cual debía ser provista con respeto de los derechos de carrera de

3

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Demandante: Santander Herrera García y otros

quienes obtuvieron los mejores puntajes en dicho certamen.

ii) La entidad demandada quebrantó el sistema de carrera administrativa, en tanto
omitió reportar todas las vacantes de directivos docentes etnoeducadores y con
ello le cercenó al actor la posibilidad de ser nombrado en propiedad en una de
ellas.

iii) El departamento accionado debió abstenerse de celebrar el convenio con el
Vicariato Apostólico y, en su lugar, nombrar al demandante como rector del
Colegio Sagrada Familia en aras de materializar los derechos de carrera que
había consolidado.

iv) La CNSC en varias ocasiones le solicitó al departamento Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina que proveyera todas las vacantes de
rectores que existían en la circunscripción territorial y que utilizara la lista de
elegibles de la cual era beneficiario el accionante; sin embargo, la entidad fue
renuente y se abstuvo de cumplir el deber que le asistía de privilegiar el principio
del mérito que orienta el ingreso a la función pública.

1.2. Contestación de la demanda

El departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por
intermedio de apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda y esgrimió
las siguientes razones de defensa:3

i) El cargo de rector del Colegio La Sagrada Familia no se encuentra vacante y
tampoco se ofertó en el concurso que finalizó con la lista de elegibles en la cual
fue inscrito el actor, ya que hace parte de la educación contratada a la que aluden
los Decretos 2355 de 2009 y 1075 de 2015. Además, la mencionada lista perdió
su vigencia y solamente se dirigió a proveer las 3 plazas de rectores que fueron
convocadas en dicho certamen.

3 Folios 129 a 138.

4

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Demandante: Santander Herrera García y otros

ii) Mediante Contrato 667 del 28 de abril de 2005 [sic],4 el ente territorial convino
con el Vicariato Apostólico la administración del servicio educativo, en aras de
optimizar los recursos disponibles y satisfacer las necesidades de la población.

iii) Los empleos docentes de la educación contratada son administrados por el
Vicariato y no por el departamento accionado. Inclusive los recursos del sistema
general de participaciones con el que se pagan los rectores de esas instituciones
fueron imputados a ese contrato.

iv) La referida contratación formalizó la educación religiosa que desde hace más
de 80 años imparte la comunidad Católica en el Archipiélago de San Andrés, a
través de 3 instituciones educativas que se han caracterizado por una alta
formación en valores, principios y conocimientos académicos.

v) El ente accionado informó oportunamente al Ministerio de Educación Nacional
(MEN) y a la CNSC que no podía ofertar los cargos de rectores de los
establecimientos que estaban administrados bajo la figura de educación
contratada.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, mediante sentencia del 21 de marzo de 2018, negó
las pretensiones de la demanda, con sustento en las siguientes consideraciones:5

i) El demandante aspira a ocupar un cargo que no fue ofertado en el proceso de
selección adelantado por la CNSC y, por lo tanto, la lista de elegibles únicamente
podía utilizarse para proveer los 3 empleos de rector que fueron convocados
inicialmente, pero no para cubrir otras vacantes, pues así lo determinó la Corte
Constitucional en la Sentencia SU-446 de 2011 y también se deriva del Decreto

4 De acuerdo con las pruebas aportadas al plenario, el año correcto es 2015.
5 Folios 369 a 388.

5

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Demandante: Santander Herrera García y otros

1075 de 2015, en tanto dispuso que antes de hacerse la convocatoria deben
identificarse las vacantes en conjunto con las autoridades representativas de las
comunidades raizales y afrocolombianas.

ii) Los 3 empleos de rector sometidos al proceso de selección fueron ocupados por
quienes alcanzaron los primeros lugares en la lista de elegibles, razón por la que
el actor no tiene expectativa o derecho adquirido alguno para ser nombrado a
través del sistema de carrera.

iii) El señor Herrera García debió demandar el acuerdo de convocatoria, pues este
acto fue el que se abstuvo de ofertar el empleo al cual aspira ser designado en
este momento.

iv) El Instituto Sagrada Familia ha sido administrado por el Vicariato Apostólico
bajo la figura de la educación contratada, que se encuentra permitida por la Ley
115 de 1994 y el Decreto 2355 de 2009.

v) El actor solicitó anular el Contrato 667 del 28 de abril de 2015, como una
medida de restitución material y no repetición; sin embargo, en razón a que no es
posible acceder a las pretensiones principales, tampoco es viable acceder a esta
petición.

vi) El referido contrato no puede anularse bajo una acumulación de pretensiones,
ya que no existe legitimación en la causa por activa, debido a que el actor no hizo
parte del negocio jurídico en comento y no acreditó un interés directo para obtener
tal declaratoria, como tampoco desarrolló el concepto de violación frente a ese
acto, ni invocó las normas presuntamente quebrantadas y mucho menos aportó
pruebas para demostrar su dicho.

1.4. El recurso de apelación

El apoderado de la parte accionante interpuso recurso de apelación contra la

6

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Demandante: Santander Herrera García y otros

referida sentencia con base en los siguientes argumentos:6

i) La omisión de ofertar a concurso la vacante a la cual aspira el actor no impide su
nombramiento, puesto que el cargo se encuentra en vacancia definitiva y cumple
con los parámetros de la convocatoria, ya que se predica de una institución
educativa de carácter oficial adscrita al Archipiélago de San Andrés.

ii) La plaza de rector de la Institución Sagrada Familia fue excluida indebidamente
del mencionado concurso de méritos, pese a que esta también estaba sujeta al
principio general del mérito como presupuesto de ingreso a los empleos públicos,
conforme lo establece el artículo 2.4.1.2.4 del Decreto 1075 de 2015.

iii) De acuerdo con el inciso cuarto de la citada norma, la entidad territorial
accionada no estaba facultada para proveer dicha plaza en provisionalidad o
encargo, sino en propiedad con las personas que superaron las etapas del aludido
certamen.

iv) La actuación de la administración está incursa en desviación de poder, ya que
la provisión de empleos sin atender al sistema del mérito atenta contra el interés
general y la correcta prestación del servicio público.

v) El inmueble donde funciona la Institución Sagrada Familia es propiedad del
Vicariato; sin embargo, su personal pertenece al ente territorial demandado y, por
lo tanto, los nombramientos deben seguir la regla general de la carrera docente.
Esta conclusión la sostuvo la CNSC en el informe rendido dentro del sub lite.

vi) El Archipiélago de San Andrés desconoció la lista de elegibles, ya que luego de
su firmeza celebró el contrato con el Vicariato Apostólico, pese a que se habían
consolidado unos derechos de carrera que debían respetarse.

vii) De este modo, es necesario «otorgar todas las medidas de reparación integral

6 Folios 393 a 409.

7

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Demandante: Santander Herrera García y otros

pertinentes, incluyendo la anulación de otros actos o negocios jurídicos que
puedan entorpecer la ejecución de la sentencia favorable».7 Esta medida se
acompasa con el derecho que le asiste a todos los ciudadanos de acceder en
igualdad de condiciones a la función pública, según lo dispone el artículo 23 de la
Convención Americana de Derechos Humanos.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina guardó
silencio8 y la parte actora reiteró los argumentos expuestos en las respectivas
etapas del proceso.9

1.6. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no rindió concepto.10

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

El problema jurídico se circunscribe a establecer si el señor Santander Herrera
García tiene derecho a que se le nombre como rector de la Institución Educativa
La Sagrada Familia del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina, teniendo en cuenta que hizo parte de la lista de elegibles expedida
en el marco del concurso de méritos celebrado por la CNSC, mediante Acuerdo
0288 de 2012 - Convocatoria 244 de 2012.

7 Para fundamentar este argumento, el apelante también citó la sentencia del 20 de febrero de 2008, proferida por la

Sección Tercera del Consejo de Estado, radicado 76001-23-25-000-1996-04058-01 (16996).
8 Información extraída de la constancia secretarial obrante en el folio 459.
9 Folios 439 a 447.
10 Información extraída de la constancia secretarial obrante en el folio 459.

8

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Demandante: Santander Herrera García y otros

2.2. Marco normativo

2.2.1. Carrera docente - Etnoeducación

El artículo 130 de la Constitución Política le encargó a la CNSC la responsabilidad
de administrar y vigilar las carreras de los servidores públicos, con excepción de
aquellas que tuvieran carácter especial.

La Ley 909 de 2004 reguló la carrera administrativa como un sistema técnico de
administración de personal que tiene por objeto la eficiencia de la administración
pública. A su vez, entronizó el principio del mérito como garante de transparencia,
objetividad e igualdad para el acceso, permanencia y ascenso en el servicio
público.

A su vez, el artículo 3 ibidem determinó que la carrera docente es de carácter
especial; sin embargo, la Corte Constitucional precisó que dicha connotación fue
conferida por el legislador y no por la Carta Magna,11 de ahí que la CNSC tiene a su
cargo la vigilancia y administración de esa carrera, funciones que ejerce en
armonía con el régimen establecido en el estatuto docente y demás normas
específicas proferidas para el sector educativo.

En tal sentido, el Decreto Ley 1278 de 2002 instituyó la carrera docente como «el
régimen legal que ampara el ejercicio de la profesión docente en el sector estatal.
Se basa en el carácter profesional de los educadores; depende de la idoneidad en
el desempeño de su gestión y de las competencias demostradas; garantiza la
igualdad en las posibilidades de acceso a la función para todos los ciudadanos
aptos para el efecto; y considera el mérito como fundamento principal para el
ingreso, la permanencia, la promoción en el servicio y el ascenso en el
Escalafón».

La anterior disposición no reguló la etnoeducación a la que se refiere la Ley 115

11 Sentencia C-175 de 2006.

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Demandante: Santander Herrera García y otros

de 1994, la cual se ofrece a grupos o comunidades que integran la nacionalidad y
que poseen una cultura, lengua, tradiciones y fueros propios y autóctonos. Esta
formación «debe estar ligada al ambiente, al proceso productivo, al proceso social
y cultural, con el debido respeto de sus creencias y tradiciones».12

Los principios orientadores de la etnoeducación son la integralidad,
interculturalidad, diversidad lingüística, participación comunitaria, flexibilidad y
progresividad. Además, tiene como finalidad «afianzar los procesos de identidad,
conocimiento, socialización, protección y uso adecuado de la naturaleza, sistemas
y prácticas comunitarias de organización, uso de las lenguas vernáculas,
formación docente e investigación en todos los ámbitos de la cultura».13

Mediante las Sentencias C-208 de 2007 y C-666 de 2016, la Corte Constitucional
advirtió que el Decreto Ley 1278 de 2002 incurrió en una omisión, toda vez que no
reguló la situación de los docentes que prestan sus servicios a los pueblos
indígenas y a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

La anotada omisión implicó que el Estado incumpliera con el «deber constitucional
específico de permitirles a estas comunidades el ejercicio de su autonomía en
materia educativa y de protección y promoción de su identidad cultural». 14

En las referidas providencias la Corte Constitucional exhortó al Congreso para que
regulara la materia; sin embargo, hasta el momento ello no se ha materializado
debido a la complejidad del proceso de consulta y concertación que no «ha
permitido definir un nuevo Estatuto Docente Especial para etnoeducadores». 15 A
pesar de ello, la aludida Corte ha seguido exhortando al Congreso para que ejerza
su competencia.16

12 Artículo 55 de la Ley 115 de 1994.
13 Artículo 56 de la Ley 115 de 1994.
14 Sentencia C-666 de 2016.
15 Sentencia SU-245 de 2021.
16 Sentencias SU-018 de 2011 y SU-245 de 2021.

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Radicación: 88001-23-33-000-2017-00032-01 (2794-2018)
Demandante: Santander Herrera García y otros

Por su parte, el Consejo de Estado, mediante sentencia del 26 de agosto de
2021,17 anuló los Decretos 3323 de 2005, 140 de 2006 y los artículos 2.4.1.2.1 a
2.4.1.2.18 del Decreto 1075 de 2015, por los cuales el Gobierno nacional
reglamentó el proceso de selección mediante concurso para el ingreso de
etnoeducadores afrocolombianos y raizales a la carrera docente. Además, se
aclaró que la decisión no podía ser el fundamento para modificar las situaciones
jurídicas consolidadas y exhortó al Congreso para que, previa consulta, expidiera
un régimen especial que regule las relaciones entre el Estado y el personal
docente de las comunidades étnicamente diferenciadas.

La anterior decisión se fundó en que el ejecutivo desconoció el principio de
identidad étnica y cultural, «en la medida en que obvió la creación de un verdadero
sistema normativo especial que atendiera a las necesidades educativas
igualmente especiales que tienen las referidas comunidades étnicas». Además,
desarrolló una materia que tenía reserva de ley.

2.2.2. Contratación del servicio educativo

El artículo 200 de la Ley 115 de 1994 permitió que el Estado contrate con las
iglesias y confesiones religiosas que gocen de personería jurídica, «para que
presten servicios de educación en los establecimientos educativos».

La anterior disposición ha sido desarrollada por diversas normas como los
Decretos 1286 de 2001, 4313 de 2004, 2355 de 2009 (compilado en el Decreto
1075 de 2015) y 1851 de 2015.

De acuerdo con el actual esquema normativo, los contratos tendientes a satisfacer
las necesidades del servicio educativo pueden celebrarse bajo las siguientes
modalidades: i) contratos de prestación del servicio educativo; ii) contratos para la
administración del servicio educativo; iii) contratos para la promoción e
implementación de estrategias de desarrollo pedagógico a celebrarse con iglesias

17 Radicado 11001-03-25-000-2019-00210-00 (1356-2019).

11

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Demandante: Santander Herrera García y otros

o confesiones religiosas; iv) contratación con establecimientos educativos
mediante subsidio a la demanda; v) contratos de Prestación del Servicio Educativo
con Establecimientos Educativos no Oficiales de Alta Calidad; y vi) contratos
Interadministrativos para la Prestación del Servicio Educativo con Instituciones de
Educación Superior Oficiales.

El Decreto 1851 de 2015 estableció que la «contratación del servicio educativo se
considera una medida de carácter excepcional y su aplicación requerirá que las
entidades territoriales certificadas demuestren previamente la insuficiencia o las
limitaciones para prestar el servicio en los establecimientos educativos estatales
de su jurisdicción».18

De esta manera, se destaca el papel preponderante que tiene el Estado para
administrar el servicio educativo, pero también se reconoce que pueden
presentarse dificultades técnicas, administrativas y económicas que ameritan la
colaboración de otras instancias, como lo son las iglesias y confesiones religiosas.

Al respecto, el referido decreto precisó que la contratación podía hacerse cuando
una entidad territorial no pudiera prestar el servicio público de educación de
manera directa en los establecimientos oficiales, «ya sea por falta de planta
docente o directivo docente, o por falta de infraestructura física».19

Teniendo en cuenta que la contratación es una medida excepcional, se
establecieron altos estándares para este proceso, de manera que la insuficiencia
antes anotada debía estar soportada en un estudio en el que «se evidencie
técnicamente la necesidad de acudir a la contratación del servicio público
educativo». 20

Dicho estudio debe contener los siguientes análisis: i) oferta; ii) demanda; iii)
georreferenciado de oferta versus demanda; iv) poblacional; v) evolución de la

18 Artículo 2.3.1.3.1.2 del Decreto 1851 de 2015.
19 Artículo 2.3.1.3.1.5 del Decreto 1851 de 2015.
20 Artículo 2.3.1.3.2.6 del Decreto 1851 de 2015.

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Radicación: 88001-23-33-000-2017-00032-01 (2794-2018)
Demandante: Santander Herrera García y otros

matrícula; vi) planta de personal docente y directivo docente de la entidad
territorial; vii) evidencias de implementación de otras estrategias de ampliación de
cobertura educativa; y viii) plan de mitigación de la contratación del servicio
educativo.21

Además, el MEN ejerce una labor de control a dicho proceso, pues debe certificar
la capacidad de la planta de personal docente y está facultado para revisar y
pronunciarse en cualquier tiempo respecto de los estudios de insuficiencia y
limitaciones. Inclusive, puede dar traslado a los organismos de control cuando
advierta alguna irregularidad.

A su vez, el ordenamiento superior ha avalado la prestación del servicio educativo
con la colaboración de confesiones religiosas en entidades territoriales con
presencia de población étnicamente diferenciada.

En tal sentido, se destaca el artículo 63 de la Ley 115 de 1994 en tanto preceptuó
que «cuando fuere necesaria la celebración de contratos para la prestación del
servicio educativo para las comunidades de los grupos étnicos, dichos contratos
se ajustarán a los procesos, principios y fines de la etnoeducación y su ejecución
se hará en concertación con las autoridades de las entidades territoriales
indígenas y de los grupos étnicos».

Igualmente, el artículo 27 de la Ley 715 de 2001 dispuso que la educación
misional contratada y otras modalidades de educación que venían financiándose
con recursos del Situado Fiscal y las participaciones de los municipios en los
ingresos corrientes de la nación se podrían seguir financiando con los recursos del
Sistema General de Participaciones.

A su vez, el artículo 2.3.1.3.1.4. del Decreto 1851 de 2015 determinó que las
actuaciones de las entidades territoriales en materia de contratación del servicio
público educativo se regirían, entre otros, por el principio de diversidad, con miras

21 Artículo 2.3.1.3.2.7 del Decreto 1851 de 2015.

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Radicación: 88001-23-33-000-2017-00032-01 (2794-2018)
Demandante: Santander Herrera García y otros

a reconocer «las diferencias étnicas, culturales, geográficas, demográficas y
sociales de los niños, niñas y adolescentes, con el fin de ofrecer una prestación
del servicio educativo pertinente».

Frente a este contexto normativo, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo
de Estado ha concluido que «resulta posible la suscripción de contratos o
convenios con las iglesias, confesiones, denominaciones religiosas, sus
federaciones, confederaciones y asociaciones de ministros, a través de
instituciones públicas que desarrollen programas educativos oficiales, acorde con
las circunstancias y exigencias específicas de cada lugar».22

2.3. Hechos probados

• El 29 de septiembre de 2012, el departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina informó lo siguiente al MEN:23

Pues bien, analizada la planta de cargos Docente de consuno con el
comportamiento de la matrícula de los dos (2) últimos años, se recomienda
necesario mantener algunos cargos de Docentes y Directivos Docentes en
provisionalidad, como se explica a continuación:

En la actualidad el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina cuenta con tres (3) Instituciones Educativas Públicas dirigidas por las
Hermanas Terciarias Capuchinas, estos son, las Instituciones Educativas SAGRADA
FAMILIA y CARMELO (Isla de San Andrés) y MARÍA INMACULADA (Isla de Providencia),
quienes brindan educación formal e integral a niños, niñas y jóvenes de las ambas
islas, particularmente en valores, principios y formación académica.

Estas instituciones educativas son ampliamente reconocidas por la comunidad
nativa dada la obtención, año tras año, de altos desempeños académicos, sea en
pruebas internas como externas (SABER 3, 5, 9 y 11, en vía de ejemplo).

A lo anterior se suma la tradición religiosa que caracterizan las Islas de San Andrés
y Providencia, con un marcado liderazgo de más de ochenta (80) años al servicio
educativo, razón por la cual consideramos pertinente excluir del concurso, igual
número de cargos Directivos Docentes, para esta hermandad.

• El 2 de octubre de 2012, por Acuerdo 0288, la CNSC convocó a concurso abierto
de méritos para proveer los empleos vacantes de etnoeducadores directivos

22 Control Previo de Legalidad del 27 de julio de 2022, radicado 11001-03-06-000-2022-00125-00 (CL 0001).
23 Folios 143 a 146.

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Radicación: 88001-23-33-000-2017-00032-01 (2794-2018)
Demandante: Santander Herrera García y otros

docentes y docentes que prestan su servicio educativo a población afrocolombiana
negra, raizal y palenquera en establecimientos educativos oficiales de la entidad
territorial certificada en educación departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina – Convocatoria 244 de 2012. Dentro de los cargos
ofertados se incluyeron 3 empleos de rector.24

Según la Oferta Pública de Empleos (OPEC) realizada por la entidad territorial, los
cargos de rectores convocados pertenecían a los colegios Brooks Hill Bilingual
School, Técnico Departamental Natania y Junín.25

• El 17 de abril de 2015, mediante la Resolución 1738, en el marco del anterior
certamen, la CNSC conformó la lista de elegibles para «proveer TRES (3) vacante(s)
de etnoeducador Directivo Docente RECTOR». El accionante ocupó el cuarto lugar
en la aludida lista,26 la cual cobró firmeza el 27 de abril de 2015.27

• El 28 de abril de 2015, el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina celebró con el Vicariato Apostólico el Contrato 667 con el objetivo
de que este último administrara el servicio educativo en 3 establecimientos
oficiales denominados El Carmelo, La Sagrada Familia y María Inmaculada. De
este acto se destacan las siguientes cláusulas:28

CLÁUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO. […] Parágrafo primero.- EL
DEPARTAMENTO se compromete a que el personal docente, directivo docente y
administrativo del sector oficial que labore en los Establecimientos Educativos
objetos del presente Contrato, acatarán y cumplirán las instrucciones que impartan
los(as) Rectores(as) según el caso, designados por EL VICARIATO para ejercer en
forma inmediata la Administración, Dirección y Orientación Pedagógica de los
Establecimientos Educativos correspondientes; sin perjuicio de aquellas
instrucciones que deba impartir o ejecutar directamente EL DEPARTAMENTO, en su
condición de nominador. En estos eventos, las relaciones laborales de los
respectivos Docentes, Directivo-Docente y Personal Administrativo del Sector
Oficial, así como su régimen disciplinario, se someterán a las disposiciones legales
aplicables y serán ejercidas por las autoridades territoriales competentes. En
consecuencia, los concursos, nombramientos, traslados, reubicaciones, renuncias,

24 Folios 50 a 68.
25 Folios 149 a 150.
26 Folios 82 a 84.
27 Información extraída del Oficio 20162000082111 del 14 de marzo de 2016 (folios 101 a 107).
28 Folios 39 a 44.

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Radicación: 88001-23-33-000-2017-00032-01 (2794-2018)
Demandante: Santander Herrera García y otros

vacantes y demás novedades del Personal Docente, Directivo-Docente y
Administrativo del sector oficial, con excepción de los(as) Rectores(as), a que
hubiere lugar, administrados por EL VICARIATO, de quienes sea empleador EL
DEPARTAMENTO, se realizarán conforme al régimen legal que le sea aplicable, y las
acciones y decisiones pertinentes serán responsabilidad directa de EL
DEPARTAMENTO. […] De otra parte, el personal que se desempeña en las
Rectorías, que EL VICARIATO vincule para la ejecución de este contrato y cuyo
costo sea cancelado con los recursos asignados del presente, en ningún caso
formarán parte de la Planta Oficial de EL DEPARTAMENTO, en consecuencia no
tendrán vínculo laboral alguno con EL DEPARTAMENTO. Adicionalmente, las partes
acuerdan que quienes realicen el reemplazo temporal de personal vinculado por EL
VICARIATO en virtud de licencias ordinarias, licencias por enfermedad, maternidad y
vacaciones, se realizará con cargo a los recursos del presente Contrato y en
consecuencia, dicho personal vinculado transitoriamente tampoco formará parte de
la planta de cargos de EL DEPARTAMENTO respecto al cual no se predicará en ningún
caso responsabilidad solidaria; circunstancias estas que deberán ser oportunamente
informadas por EL VICARIATO a EL DEPARTAMENTO. En consecuencia, corresponderá
al VICARIATO realizar oportunamente los reemplazos causados por las novedades
referidas con el ánimo de evitar la mínima afectación de la administración del
servicio.[…] CLÁUSULA TERCERA.- DE LAS OBLIGACIONES DEL VICARIATO.- […] a.)
Aportar el personal necesario para ejercer los cargos de Rector(a) de las
instituciones educativas de La Sagrada Familia, y El Carmelo de la Isla de San
Andrés y María Inmaculada de la Isla de Providencia. Tal personal recibirá por parte
del VICARIATO y a modo de salarios y prestaciones sociales, un monto mensual igual
a los percibidos por sus similares en el sector oficial, de acuerdo a la tabla nacional
de salarios y prestaciones sociales, expedida anualmente por el Ministerio de
Educación Nacional. La formación administrativa, académica y pedagógica de los
Rectores deberá responder a los mínimos establecidos en las normas vigentes,
quienes en todo caso, cumplirán las funciones detalladas en la Ley 115 de 1994 y
715 de 2001 y demás normas concordantes, incluyendo las establecidas en el
Manual de Funciones y Procedimiento de los tres establecimientos Educativos,
además de aquellas inherentes a los cargos. […] s. Presentar a la Secretaría de
Educación, las hojas de vida de los candidatos a ocupar los cargos de rector, con el
fin de que la entidad territorial contratante emita el visto bueno.[…] CLÁUSULA
DÉCIMO SEGUNDA.- EXENCIÓN DEL PAGO DE PRESTACIONES.- De acuerdo con lo
establecido en el inciso 2°, numeral 3° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, el
contratista no tendrá derecho a ninguna prestación distinta a lo pactado
expresamente en la cláusula quinta del presente contrato, razón por la cual con
este contrato no se genera ningún vínculo laboral entre el Departamento, el
contratista y el personal subcontratado, pues el vínculo laboral de los rectores
será directamente con el VICARIATO. […] [Resalta la Sala].

• El 28 de abril de 2015, el departamento de San Andrés informó al MEN que era
necesario que la Comunidad de Hermanas Terciarias Capuchinas conservaran los
3 cargos de Rectoría de las instituciones educativas que estaban bajo su liderazgo
y, por tal motivo, no debían proveerse a través del sistema del mérito.29

29 Folio 154.

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Radicación: 88001-23-33-000-2017-00032-01 (2794-2018)
Demandante: Santander Herrera García y otros

• El 3 de julio de 2015, el departamento de San Andrés se dirigió a la CNSC en los
siguientes términos:30

Los referidos nombramientos que vinculan a los Docentes Rectores, las plazas
respectivas no fueron ofertadas para ser incluidas dentro del proceso de concurso,
debido a que se venían realizando los trámites y estudios previos para celebrar un
Contrato de Administración del Servicio Educativo, toda vez que estas (3)
Instituciones se encuentran regentadas por religiosos, que brindan una educación
integral a los niños, niñas y jóvenes en las dos islas, en cuanto a valores, principios
y formación académica […].

En este orden de ideas se celebró Contrato No. 667 del 28 de abril de
Administración Educativa con el vicariato apostólico, para continuar brindando los
valores, principios educativos y formación académica a los jóvenes de las islas,
contrato cuya ejecución es a partir del 1 de julio del presente año.

• El 14 de marzo de 2016, por Oficio 20162000082111, la CNSC requirió al
departamento accionado para que «proceda a nombrar en período de prueba a los
elegibles que se encuentran en posición meritoria en la Resolución No. 1738 del
17 de abril de 2015, en las vacantes definitivas del cargo de Directivo Docente
Rector en las Instituciones Educativas Sagrada Familia, El Carmelo y María
Inmaculada».31

• El 31 de marzo de 2016 y el 6 de enero de 2017, el departamento accionado y el
Vicariato Apostólico celebraron los Contratos 251 y 001, respectivamente, en los
que se estableció como objeto la «promoción e implementación de estrategias de
desarrollo pedagógico en la Institución Educativa de La Sagrada Familia y El
Carmelo en la Isla de San Andrés y María Inmaculada de la Isla de Providencia».32

• El 21 de febrero de 2017, el señor Santander Herrera García solicitó ante el
departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina su
nombramiento como rector en la Institución Educativa La Sagrada Familia,
teniendo en cuenta que aprobó todas las etapas del concurso de méritos

30 Folios 157 a 158.
31 Folios 101 a 107.
32 Folios 162 a 176.

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Radicación: 88001-23-33-000-2017-00032-01 (2794-2018)
Demandante: Santander Herrera García y otros

convocado por la CNSC a través del Acuerdo 0288 de 2012 y que está inscrito en la
lista de elegibles.33

• El 15 de marzo de 2017, por Oficio 2017EE689, el secretario de Educación del
ente territorial accionado negó la anterior petición, bajo las siguientes
consideraciones:34

Con fundamento en el Decreto 1075 de 2015, Artículo 2.3.1.3.1.6. numeral 3 señala:
Contratos para la promoción e implementación de estrategias de desarrollo
pedagógico a celebrarse con la iglesia o confesiones religiosas. Virtud al cual las
instituciones educativas de la Sagrada Familia, El Carmelo y María Inmaculada, se
encuentran a la fecha administradas bajo la citada modalidad.

Ahora bien, cabe aclarar, que para el actual calendario las referidas plazas, no
cuentan con personal alguno bajo la figura de encargo o nombramiento provisional.

A través de varios oficios, esta entidad territorial, siempre informó a la Comisión
Nacional del Servicio Civil, de la vacancia que hubo en ese entonces, de los tres
cargos de Rector, y que no serían ofertados a concurso, dado el proceso de
contratación para la promoción e implementación de estrategias de desarrollo
pedagógico a celebrarse con iglesias o confesiones religiosas que venía realizando
la entidad, con las debidas justificaciones y estudios de conveniencia.

Por todo lo anterior, no es posible por la inexistencia de disponibilidad de dichas
plazas ofertadas como vacantes y en consecuencia realizar el nombramiento que
solicita el peticionario, máxime como ya se mencionó, la figura usada se encuentra
prevista en la ley y por tanto no se está incurriendo en irregularidades o en curso de
procedimientos ilegales.

• El 19 de julio de 2017, la CNSC se pronunció sobre la «presunta omisión en el
reporte de vacantes definitivas para el cargo de Directivo Docente Rector» en el
departamento de San Andrés y concluyó que no hubo irregularidad alguna
respecto a la provisión de las vacantes para dicho empleo en el marco de la
Convocatoria 244 de 2012. Para emitir el anterior dictamen, la CNSC se apoyó en
un informe suscrito en virtud de una visita realizada al mencionado ente territorial,
del cual se destacan los siguientes apartes:35

[…] se observa que la entidad territorial se encontraba facultada para realizar este
tipo de procedimiento, pero resulta cuestionable que el mismo se celebrara con

33 Folios 36 a 38
34 Folio 35.
35 Folios 228 a 239.

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Radicación: 88001-23-33-000-2017-00032-01 (2794-2018)
Demandante: Santander Herrera García y otros

posterioridad a la firmeza de la lista de elegibles del cargo de Directivo Docente
Rector; sin embargo, la actuación del ente territorial se acompasa con lo
preceptuado en la Ley 115 de 1994, Ley 715 de 2001, Ley 1176 de 2007 y el
Decreto 2355 de 2009, por lo que en dicha vigencia las vacantes de las
Instituciones Educativas El Carmelo, La Sagrada Familia y María Inmaculada, ya no
estaban consideradas dentro de la planta de personal de la entidad territorial,
por lo que se hacía necesario la contratación para la prestación del servicio.

En aras de garantizar la continuidad en la prestación del servicio educativo la
entidad territorial celebra nuevos contratos con la comunidad religiosa
denominada Vicariato Apostólico de San Andrés y Providencia, hecho que se
encuentra amparado en la nueva normatividad expedida al respecto, es decir,
el Decreto 1851 de 2015 […]

La Secretaría de Educación Departamental del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina efectuó un reporte inicial de vacantes para la
Convocatoria No. 244 de 2012, correspondiente a tres (3) plazas de Directivo
Docente Rector, hecho que quedó consagrado en el Acuerdo No. 288 del 2 de
octubre de 2012, por lo que el momento de efectuar Audiencia Pública de
Selección de Plaza la Secretaría de Educación respetó las vacantes inicialmente
ofertadas, nombrando a los elegibles que por mérito seleccionaron las instituciones
educativas. Por tanto, los aspirantes que conforman la lista de elegibles
simplemente tienen una expectativa de ser nombrados en las vacantes definitivas
que se generen al interior de la entidad territorial en la vigencia de la lista de
conformidad con lo establecido en el artículo 49 del Acuerdo antes mencionado, y
en el caso de que esta situación no ocurra no habría vulneración alguna por parte
de la entidad territorial.

• Durante el transcurso del proceso se practicaron los testimonios de los señores
Andrés Felipe Mena de León y Adilson Pérez Julio, quienes manifestaron que el
señor Santander Herrera García y su núcleo familiar se vieron afectados en su
estado de ánimo y la motivación para desarrollar su proyecto de vida, todo ello
debido a que la administración se abstuvo de nombrar al demandante como rector,
pese a que aprobó el concurso de méritos para ocupar esa plaza.36

2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala

El apelante solicitó revocar la decisión del a quo por cuanto considera que tenía
derecho a ser nombrado como rector en la Institución Educativa La Sagrada
Familia, debido a que hizo parte de la lista de elegibles expedida en el marco del
concurso de méritos celebrado por la CNSC, mediante Acuerdo 0288 de 2012 -
Convocatoria 244 de 2012.

36 Folio 346.

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Radicación: 88001-23-33-000-2017-00032-01 (2794-2018)
Demandante: Santander Herrera García y otros

Para fundar esta pretensión el accionante parte de las siguientes premisas
relevantes: i) el departamento accionado debió ofertar el referido empleo para
proveerlo mediante concurso; ii) la lista de elegibles le otorgó el derecho a ser
nombrado en el cargo de rector; iii) la administración no podía celebrar un contrato
con el Vicariato Apostólico con posterioridad a la firmeza de la lista, pues ello
afectaba la situación jurídica que se había consolidado en su favor, con lo que se
desconocen los derechos de carrera y el principio del mérito que determina el
ingreso a la función pública.

Sin embargo, la Sala se aparta del anterior entendimiento, pues se observa que la
administración ejerció sus competencias dentro de los límites legales y
reglamentarios. Esta conclusión se deriva del marco normativo y jurisprudencial
antes citado, en armonía con las pruebas y los razonamientos que se expondrán,
a continuación:

2.4.1. Oferta y provisión de la plaza docente

Esta Subsección anuló los Decretos 3323 de 2005, 140 de 2006 y los artículos
2.4.1.2.1 a 2.4.1.2.18 del Decreto 1075 de 2015, por los cuales el Gobierno
nacional reglamentó el proceso de selección mediante concurso para el ingreso de
etnoeducadores afrocolombianos y raizales a la carrera docente; sin embargo, en
consideración a que se salvaguardaron las situaciones jurídicas consolidadas en
vigencia de dicha normativa, el presente asunto debe analizarse con base en esta.

Ahora bien, uno de los principales fundamentos de las pretensiones del actor
consiste en indicar que el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina debió ofertar el cargo de rector de la Institución Educativa La
Sagrada Familia y que, a pesar de no haberse convocado a concurso, la lista de
elegibles en la que estaba inscrito sería válida para proveer esa plaza porque
estaba en vacancia definitiva.

20

Radicación: 88001-23-33-000-2017-00032-01 (2794-2018)
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Por su parte, el a quo afirmó que el anterior entendimiento carecía de soporte,
pues la Corte Constitucional, mediante la Sentencia SU-446 de 2011, explicó que
la lista de elegibles únicamente podía utilizarse para proveer los cargos
convocados.

Sin embargo, esta Subsección considera que le asiste razón al demandante en el
sentido de indicar que la lista de elegibles era válida para proveer las plazas
docentes ofertadas y las demás vacantes existentes durante la vigencia de dicha
lista, pues así se desprende del artículo 16 del Decreto 3323 de 2005 en tanto
disponía que «[c]uando existan vacantes definitivas y listas de elegibles vigentes
para los cargos correspondientes, aquellas no se podrán proveer mediante
nombramiento provisional o encargo de conformidad con lo previsto en el artículo
15 del Decreto-ley 1278 de 2002, y los nombramientos provisionales existentes
subsistirán solo en cuanto los respectivos cargos no puedan ser provistos
mediante nombramiento en periodo de prueba o en propiedad».

Ahora bien, una lectura integral de los artículos 1, 4 y 18 del Decreto 3323 de
2005, incluidas las modificaciones del Decreto 140 de 2006, en armonía con el
Decreto 2249 de 1995, evidencia que los cargos de rector de los colegios La
Sagrada Familia, María Inmaculada y El Carmelo no podían reputarse como
plazas pasibles de ser provistas con la lista de elegibles de la Convocatoria 244 de
2012, porque no habían cumplido con los requerimientos establecidos en dichas
normas. En efecto, de las citadas disposiciones se extraen las siguientes reglas:

i) Los cargos objeto del proceso de selección debían estar previamente
reservados y reportados ante el MEN para la etnoeducación. Textualmente, el
artículo 1 Decreto 3323 de 2005 dispone que «[l]os concursos para la provisión
de los cargos necesarios se realizarán en cada entidad territorial donde existan
vacantes previamente reservadas para etnoeducadores afrocolombianos y
raizales y estas hayan sido reportadas al Ministerio de Educación
Nacional».

ii) Las entidades territoriales que atendieran población afrocolombiana y raizal,

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Radicación: 88001-23-33-000-2017-00032-01 (2794-2018)
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antes de la convocatoria a concurso, debían identificar las vacantes
«conjuntamente con autoridades representativas afrocolombianas y
raizales, de conformidad con los artículos 10, 11 y 13 del Decreto 804 de 1995.
Una vez identificadas, las entidades territoriales deberán reservarlas para la
realización del concurso especial a que se refiere este decreto, con la
especificación por nivel, ciclo, áreas y especialidad; y reportar tal información al
Ministerio de Educación Nacional».37

iii) La entidad territorial debía garantizar el desarrollo del concurso con la
participación de la Comisión Pedagógica Nacional para las Comunidades
Negras (CPN) o por quien ella designara.

iv) A la aludida Comisión le corresponden, entre otras, las siguientes
funciones:38

• Asesorar la elaboración, formulación y ejecución de políticas de etnoeducación y la
construcción de los currículos correspondientes para la prestación del servicio
educativo, acorde a las necesidades, intereses o expectativas de las comunidades
negras.
• Brindar asesoría y seguimiento a las políticas educativas para las comunidades
afrocolombianas, proponiendo porque su ejecución responda a los parámetros
establecidos en su formulación y respetando su diversidad cultural y autonomía.
• Elaborar recomendaciones de políticas, planes y proyectos para la educación a
todos los niveles, que responda al fortalecimiento de la identidad y a la satisfacción
de las necesidades, intereses y expectativas de las comunidades negras.

De esta manera, la determinación de las plazas que serían provistas en virtud del
Acuerdo 0288 de 2012 (Convocatoria 244 de 2012) debían obedecer a un
consenso entre la Nación, el departamento y la comunidad raizal representada por
la CPN, por ello las vacantes debían estar identificadas, reportadas y reservadas a
la etnoeducación y al concurso especial requerido para esta modalidad educativa.

Inclusive, acceder a las pretensiones del actor conduciría a un desconocimiento
del referido esquema, pues se estaría ordenando la provisión de una plaza en la

37 Artículo 4 del Decreto 3323 de 2005.
38 Artículo 8 del Decreto 2249 de 1995.

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Radicación: 88001-23-33-000-2017-00032-01 (2794-2018)
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que no había mediado esa comunicación interinstitucional y comunitaria, ni mucho
menos se había realizado el procedimiento que demandaba el ordenamiento
superior para su identificación, reporte y reserva. Esta afirmación se corrobora con
las siguientes consideraciones plasmadas en el referido acuerdo de convocatoria:

En el marco de las normas constitucionales, legales y reglamentos citados, se
avanzó en un proceso de consulta con representantes de las Comunidades
Afrocolombianas Negras, Raizales y Palenquera, miembros de la Comisión
Pedagógica Nacional para Comunidades Negras -CPN-, quienes delegaron en una
Subcomisión, proceso que permitió llegar a acuerdos básicos para realizar el
concurso de etnoeducadores que ejerzan sus empleos en estas comunidades, los
cuales se toman en cuenta en el presente Acuerdo de Convocatoria.

Bajo esta línea de intelección, no puede afirmarse que la lista de elegibles del
concurso objeto de estudio debía utilizarse para designar a los rectores de los
colegios La Sagrada Familia, María Inmaculada y El Carmelo, pues esas vacantes
no habían sido identificadas, reservadas y reportadas con ese objetivo, como
tampoco había mediado la concertación entre el MEN, la CNSC, el Archipiélago de
San Andrés y las autoridades representativas de la comunidad raizal para esos
efectos; por el contrario, dichos cargos fueron excluidos desde el momento en que
empezó a diseñarse el certamen.

2.4.2. Contratación con el Vicariato Apostólico

El departamento accionado celebró con el Vicariato Apostólico el Contrato 667 del
28 abril de 2015, cuando se encontraba vigente el Decreto 2355 de 2009, el cual
determinó que las entidades territoriales certificadas podían contratar la prestación
del servicio educativo siempre y cuando efectuaran un estudio que demostrara la
insuficiencia de establecimientos educativos del Estado y, en consecuencia, la
necesidad de la contratación.

Al amparo de dicha normativa, la contratación podía hacerse bajo las siguientes
modalidades: i) concesión del servicio educativo; ii) contratación de la prestación
del servicio educativo; y iii) administración del servicio educativo con las iglesias y

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Radicación: 88001-23-33-000-2017-00032-01 (2794-2018)
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confesiones religiosas. Para el presente caso resulta relevante la última
modalidad, que fue reglamentada en los siguientes términos:

Artículo 17. Administración del servicio educativo. Mediante esta modalidad la
entidad territorial certificada podrá contratar la administración de uno o varios
establecimientos educativos oficiales. En desarrollo de estos contratos la entidad
territorial podrá aportar infraestructura física, docente y administrativa o alguna de
ellas y la iglesia o confesión religiosa contratista por su parte aportará, en cada uno
de los establecimientos educativos administrados, su capacidad de administración,
dirección, coordinación y organización del servicio educativo y la correspondiente
orientación pedagógica, así como los componentes que la entidad territorial no
aporte y que sean necesarios para la prestación del servicio.
[…]

El rector, quien en desarrollo de los contratos de que trata el presente artículo
será designado y vinculado por el contratista para ejercer la administración,
dirección y orientación pedagógica, impartirá las instrucciones a que haya lugar para
el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo, las cuales deberán ser
acatadas por el personal docente y administrativo oficial que labore en el
establecimiento educativo, sin perjuicio de las que competa impartir o ejecutar a la
entidad territorial. […]

Artículo 20. Certificación de la necesidad del servicio. Cuando se requiera
celebrar un contrato de administración, en los términos establecidos en el artículo 17
del presente decreto, la entidad territorial certificada deberá justificar la necesidad
de esta contratación considerando la planta de personal, directivos docentes,
docentes y administrativos aprobada para la correspondiente entidad territorial.

El departamento accionado y el Vicariato Apostólico también celebraron los
Contratos 251 del 31 de marzo de 2016 y 001 del 6 de enero de 2017, en los que
se estableció como objeto la «promoción e implementación de estrategias de
desarrollo pedagógico» en las Instituciones Educativas La Sagrada Familia, María
Inmaculada y El Carmelo. Esta modalidad contractual fue reglamentada por el
Decreto 1851 de 2015 en los siguientes términos:

Artículo 2.3.1.3.5.1. Contratos para la promoción e implementación de
estrategias de desarrollo pedagógico con iglesias y confesiones religiosas. En
virtud de estos contratos, la iglesia o confesión religiosa aportará su experiencia en
la promoción e implementación de estrategias de desarrollo pedagógico y el apoyo
pedagógico y administrativo para el desarrollo del PEI o PEC adoptado por el consejo
directivo de cada establecimiento educativo. Así mismo, proporcionará todos los
componentes de la canasta educativa que la entidad territorial certificada no esté en
capacidad de aportar, inclusive el personal docente, directivo docente y
administrativo.
[…]

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Radicación: 88001-23-33-000-2017-00032-01 (2794-2018)
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Artículo 2.3.1.3.5.4. Reglas de los contratos para la promoción e
implementación de estrategias de desarrollo pedagógico, con iglesias y
confesiones religiosas. Los contratos para la promoción e implementación de
estrategias de desarrollo pedagógico con iglesias y confesiones religiosas se regirán
por las siguientes reglas:

1. Las iglesias y confesiones religiosas deben demostrar trayectoria en el sector
educativo, mediante la acreditación de una experiencia mínima de cinco (5) años en
la promoción e implementación de estrategias de desarrollo pedagógico en
establecimientos educativos, o en la prestación del servicio educativo.

2. Las iglesias y confesiones religiosas deben demostrar su idoneidad en la
prestación del servicio de educación formal, en los términos del numeral 10 del
artículo 2°.3°.1°.3°.1°.5°. del presente decreto, y haber propendido por el
mejoramiento continuo de la calidad educativa del establecimiento.
[…]

4. Las iglesias y confesiones religiosas apoyarán el desarrollo de actividades
comunitarias, culturales, deportivas y recreativas, de acuerdo con los criterios
propuestos por el consejo directivo.
[…]

8. En la ejecución del contrato de promoción e implementación de estrategias de
desarrollo pedagógico, la iglesia o confesión religiosa contratista vinculará el
personal docente, directivo docente y administrativo que sea necesario para
asegurar la implementación y el desarrollo del PEI o del PEC. Dicha vinculación se
realizará de acuerdo con la necesidad identificada en el estudio de insuficiencia
y limitaciones señalado en el presente capítulo.
[…]

10. En desarrollo de estos contratos, el rector de los establecimientos educativos
oficiales contratados podrá ser vinculado directamente por el contratista o
provisto por la entidad territorial, de acuerdo con la disponibilidad de su planta de
personal.

11. Si el rector es vinculado por la iglesia o confesión religiosa contratista, el
personal docente y administrativo oficial aportado por la entidad territorial certificada
deberá acatar tanto los lineamientos que el rector imparta, relacionados con la
prestación del servicio, como las exigencias y requerimientos que en su condición
de empleador le formulen las autoridades territoriales competentes.
[…]

13. Las relaciones laborales del personal contratado por la iglesia o confesión
religiosa se someterán a las disposiciones del derecho privado.
[…] [Resalta la Sala].

Bajo este contexto, se observa que el departamento accionado celebró varios
contratos con el Vicariato Apostólico tendientes a que este último colaborara en la
prestación del servicio educativo en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina, bajo diferentes modalidades y especificaciones.

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Radicación: 88001-23-33-000-2017-00032-01 (2794-2018)
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En efecto, en el año 2015 lo hizo conforme al Decreto 2355 de 2009, que previó la
contratación para la administración del servicio educativo con las iglesias y
confesiones religiosas. Posteriormente, en los años 2016 y 2017 se acudió a la
figura de promoción e implementación de estrategias de desarrollo pedagógico
con iglesias y confesiones religiosas, regulada por el Decreto 1851 de 2015.

En los referidos actos jurídicos se pactó que los rectores de las instituciones
educativas objeto de la contratación serían designados directamente por el
Vicariato y que dicho empleado no tendría vínculo laboral con el departamento,
conforme lo autorizaba el ordenamiento superior.

El actor ha sostenido que dichos contratos no podían celebrarse porque lo
correcto era proveer el empleo de rector con la lista de elegibles que expidió la
CNSC en el marco del concurso convocado por el Acuerdo 0288 de 2012 -
Convocatoria 244.

Sin embargo, el señor Herrera García no tenía un derecho adquirido frente a dicho
cargo en tanto la administración departamental durante la configuración y
desarrollo del certamen expresó su voluntad de reservar esas plazas a la
contratación con el Episcopado. Además, el referido empleo no estaba incluido
como perteneciente a la etnoeducación, ni se había reportado con tal naturaleza
ante el MEN y tampoco había sido concertado con las autoridades representativas
de la población como pasible de ser provisto a través del sistema del mérito.

Por su parte, en los contratos se estableció que existía necesidad de contratar con
el Vicariato Apostólico la prestación del servicio público educativo y que este
cumplía con todas las condiciones para ser seleccionado como contratista. Al
respecto se resaltan los siguientes apartes:

a) Contrato 667 del 28 abril de 2015

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Radicación: 88001-23-33-000-2017-00032-01 (2794-2018)
Demandante: Santander Herrera García y otros

[…] 6) Que el VICARIATO es una organización religiosa que goza de personería
jurídica ante el Estado, con amplia experiencia e idoneidad en la dirección,
administración y prestación del servicio educativo, de reconocida trayectoria
pedagógica en el ámbito territorial y nacional, y con gran demanda por los cupos
educativos directamente ofertados o de las instituciones educativas por éste
administradas; cuenta además con más de cincuenta (50) años de servicio a la
educación a las Islas colombianas en el Caribe, obteniendo sus estudiantes altos
resultados de desempeño en las Pruebas Externas SABER, por lo tanto satisface
todos los requisitos técnicos, profesionales y jurídicos para liderar el servicio público
educativo de aquellas Instituciones Educativas que venían siendo administradas
bajo el Concordato y subrogado posteriormente al Departamento Archipiélago. 7)
Que el Departamento desarrolló los respectivos estudios y documentos previos
exigidos normativamente, suscribiéndose el estudio previo para determinar y
justificar la necesidad y oportunidad de suscribir el presente contrato, quedando
sustentada y evidenciada la necesidad de contratar la administración del
servicio educativo señalado en el objeto. […].

b) Contratos 251 del 31 de marzo de 2016 y 001 del 6 de enero de 2017

[…] 4). Que siendo las Instituciones Educativas de La Sagrada Familia y del
Carmelo, ubicados en la Isla de San Andrés y la Institución Educativa María
Inmaculada, en la Isla de Providencia, todas de naturaleza oficial, bajo diversas
modalidades, desde el año 1927, aproximadamente, regentadas por las Hermanas
Religiosas, dependientes del Vicariato Apostólico de San Andrés y Providencia,
Islas, con Personería Jurídica vigente cuyo buen desempeño se ha evidenciado,
tanto en lo académico, lo administrativo, como en la convivencia al interior de dichas
instituciones. 5). Que debido a la insuficiencia de la infraestructura física
requerida en el Departamento Archipiélago para atender la totalidad de la
demanda educativa, desde el 2008 el Vicariato Apostólico tiene al servicio
educativo oficial, la infraestructura física de su propiedad, mediante la modalidad
de arrendamiento, donde funcionan las Instituciones Educativas de la Sagrada
Familia, El Carmelo y unas aulas para completar la necesidad de infraestructura de
la Institución Educativa Natania, en la Isla de San Andrés; así mismo, fundamentado
en el Decreto 2355 de 2009 se convino, de Junio 2015 a Marzo 2016, bajo el
esquema de Administración del Servicio Público Educativo, la administración de las
Instituciones Educativas de La Sagrada Familia, El Carmelo y María Inmaculada,
con el Vicariato Apostólico […]. 6). Que el Departamento Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina mantiene la carencia de la infraestructura
física adecuada para prestar el servicio educativo y por tanto garantizar el
acceso del 100% de la demanda educativa en el sector oficial, bajo
condiciones de calidad. Así, según estudio de insuficiencia realizado por la
Secretaría de Educación “(…) la infraestructura actual del Departamento puede
garantizar el servicio educativo al 73% de la población de estudiantes registrados en
Sistema SIMAT, quedando un 27% con la necesidad de ser atendidos por la
modalidad de contrato […].

De acuerdo con las anteriores transcripciones, se observa que aproximadamente
desde 1927 las Hermanas Terciarias Capuchinas venían colaborando con la
prestación del servicio educativo en las instituciones La Sagrada Familia, El

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Demandante: Santander Herrera García y otros

Carmelo y María Inmaculada del departamento accionado y para ello se acudió a
la celebración de contratos en las modalidades de arrendamiento, administración
del servicio y promoción e implementación de estrategias de desarrollo
pedagógico con iglesias y confesiones religiosas.

Igualmente, los contratos se soportaron en estudios que daban cuenta de la
necesidad de acudir a las figuras contractuales en comento, la ausencia de
infraestructura para atender al 100% de la población destinataria del servicio y la
idoneidad del Vicariato Apostólico para asumir tal responsabilidad.

Entonces, la administración dejó sentada la necesidad de acudir a dicha
contratación para poder prestar el servicio educativo a la población, de manera
que se garantizara la cobertura que demandaba la comunidad y que no podía
satisfacer exclusivamente el departamento, situación que también se ha
presentado históricamente en otras entidades territoriales del país, conforme lo
anotó la Corte Constitucional en la Sentencia C-027 de 1993.

A su vez, en el expediente no obran elementos tendientes a demostrar que los
aludidos estudios no se hicieron o que fueron insuficientes, ni mucho menos que la
contratación no era necesaria o que no se cumplían las condiciones legales y
reglamentarias para acudir a la contratación con el Vicariato Apostólico.

Por el contrario, las pruebas aportadas al plenario imponen considerar las
dificultades económicas, técnicas y administrativas por las que atravesaba el
departamento, las cuales fueron ampliamente explicadas en la motivación de los
contratos.

Ahora bien, como la lista de elegibles invocada por el actor cobró firmeza el 27 de
abril de 2015, se entiende que las plazas de los rectores de los colegios La
Sagrada Familia, El Carmelo y María Inmaculada quedaron provistas en
provisionalidad por un lapso de aproximadamente 2 meses, debido a que a partir
del 1 de julio de 2015 comenzó la ejecución del Contrato 667 y, por lo tanto, desde
ese momento dichos empleados fueron designados por el Vicariato.

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Demandante: Santander Herrera García y otros

En consecuencia, no podría predicarse una expectativa legítima ni mucho menos
derechos adquiridos frente a un empleo que a futuro no tenía la vocación de ser
provisto en propiedad, conforme lo evidenció la CNSC en el informe de visita
realizada en la Secretaría de Educación del departamento demandado.

Al respecto, esta corporación ha explicado que las situaciones que puedan
impactar la provisión de los empleos son asuntos que deben tenerse en cuenta al
momento de diseñar las convocatorias a los concursos públicos para que no se
afecte el desarrollo del certamen, ni se diluya su finalidad.39

Tampoco es razonable sostener que la administración debió proveer dichos
cargos de rectores en propiedad, pues no se cumplieron las exigencias de
identificarlos, reportarlos y reservarlos para tal fin, en virtud de una actuación
colaborativa entre el departamento, el MEN y la CPN como lo exigía el Decreto 3323
de 2005.

La Sala no desconoce la importancia del principio del mérito como faro orientador
del ingreso, permanencia y ascenso en los empleos oficiales y garante de la
igualdad en la conformación del poder púbico;40 sin embargo, este principio no se
vulneró en el sub lite, pues el archipiélago de San Andrés, desde las etapas
iniciales del concurso, le manifestó al MEN su interés de excluir de la OPEC a los
rectores de los colegios La Sagrada Familia, María Inmaculada y El Carmelo.

Esta conclusión guarda congruencia con el hecho de que en la lista de elegibles
se especificó que tenía como fin proveer los 3 cargos de rectores reportados en la
OPEC, esto es, los pertenecientes a los colegios Brooks Hill Bilingual School,

39 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de enero de 2023, radicado 11001-03-24-000-

2017-00203-00 (0019-2018).
40 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021, radicado 76001-23-31-

000-2004-03075-01 (0544-2019). Ver también la sentencia del 2 de agosto de 2012, radicado 18001-23-31-000-2002-
00196-01 (2665-11) y las Sentencia T-455 de 2000 y SU-913 de 2009, proferidas por la Corte Constitucional.

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Técnico Departamental Natania y Junín, con lo que se excluyó a las instituciones
María Inmaculada, El Carmelo y La Sagrada familia.

Dicha exclusión se fundó en la necesidad de celebrar un contrato con el Vicariato
Apostólico para que colaborara en la prestación del servicio educativo en dichas
instituciones, lo cual implicaba que los rectores allí designados no tuvieran una
relación legal y reglamentaria con el departamento, sino que estuvieran bajo la
administración de dicha confesión religiosa.

En este contexto, resultaba razonable que el ente territorial demandado no hubiera
incluido dichas plazas dentro de la Convocatoria 244 de 2012, pues los cargos no
estaban llamados a proveerse en propiedad y, por ende, su oferta dentro del
certamen podía defraudar las expectativas de los aspirantes, en tanto serían
nombrados en un empleo sujeto a un proceso contractual cuyo resultado era que
el rector dejaría de ser un servidor público del departamento y, en su lugar, la
relación laboral se configuraría directamente con el Vicariato.

De este modo se concluye que el departamento accionado no incurrió en una
irregularidad al no ofertar las plazas ni proveerlas en forma definitiva con la lista de
elegibles con la que culminó el proceso de selección; por el contrario, actuó por
razones del servicio y en atención a las necesidades e insuficiencias que le
aconsejaban acudir a la contratación, conforme lo permitía el ordenamiento
jurídico.

Así las cosas, no resulta posible disponer el nombramiento del actor en un empleo
que no fue ofertado en el concurso en comento, por cuanto se convino que los
rectores de los colegios antes mencionados serían designados por la comunidad
religiosa y que no tendrían vínculo laboral con la entidad territorial, conforme lo
autorizaban los Decretos 2355 de 2009 y 1851 de 2015.

Cosa distinta es que el Ministerio de Educación Nacional o las instancias
representativas de la comunidad raizal puedan pedir la revisión de los contratos
porque consideren que se estén vulnerando sus derechos a la autonomía e

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Demandante: Santander Herrera García y otros

identidad étnica o que adviertan irregularidades en la celebración de estos actos
jurídicos; sin embargo, el presente debate no se configuró en estos términos.

Por el contrario, el accionante centró su defensa en que debió ofertarse la plaza
de rector de La Sagrada Familia desde el inicio del concurso de méritos y luego
proveerse con la lista de elegibles con la que este culminó; empero, estos
argumentos no tienen vocación de prosperidad por las razones expuestas con
antelación y que, en síntesis, se encaminaron a establecer que, para la época en
que se diseñó y celebró el certamen, la administración estaba facultada para
abstenerse de ofertar las plazas de las instituciones La Sagrada Familia, María
Inmaculada y El Carmelo. Además, dos meses después de la firmeza de la lista de
elegibles, dichas vacantes dejarían de ser ocupadas por un servidor del
Archipiélago de San Andrés, debido a que en adelante serían provistas
directamente por el Vicariato y el personal no tendría un vínculo legal y
reglamentario oficial.

2.5. De la condena en costas

El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».

Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,41
en la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.

Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080
de 2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que

41 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), actor:

José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández Gómez.

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Radicación: 88001-23-33-000-2017-00032-01 (2794-2018)
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«[e]n todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal».

De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la
sustentación jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es
procedente o no imponer costas a cargo de alguna de ellas.

En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la
convicción de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron
pruebas y se apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un
pronunciamiento favorable a sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de
imponer condena en costas en segunda instancia.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado y en
el acervo probatorio, se concluye que la decisión del a quo se ajustó a las
directrices interpretativas que regían la situación particular del demandante, razón
por la que deberá confirmarse.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia del 21 de marzo de 2018, proferida por el
Tribunal Administrativo del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina, que negó las pretensiones de la demanda en el proceso

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Demandante: Santander Herrera García y otros

promovido por el señor Santander Herrera García y otros contra el mencionado
departamento.

Segundo. Sin condena en costas en segunda instancia.

Tercero. Reconocer personería al abogado Jorge Mario Anillo Acosta como
apoderado sustituto de la parte demandante en los términos y para los efectos de
la sustitución de poder que obra en el folio 446 reverso del expediente.

Cuarto. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones de rigor.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

cgg

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