Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 88001-23-33-000-2017-00044-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 88001-23-33-000-2017-00044-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 88001-23-33-000-2017-00044-01
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
3 de febrero de 2022
1
Radicado: 88001-23-33-000-2017-00044-01 (5567-2018)
Demandante: Edburn Newball Robinson
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 88001-23-33-000-2017-00044-01 (5567-2018)
Demandante: EDBURN NEWBALL ROBINSON
Demandadas: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES1, CONSORCIO FONDO DE
PENSIONES PÚBLICAS DEL NIVEL NACIONAL2
Vinculadas: NACIÓN, MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN
SOCIAL y ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
SANITAS S.A.
Temas: Procedencia del descuento de cotizaciones al
Sistema de Seguridad Social en Salud respecto del
retroactivo pensional. Principios de la Seguridad
Social. El pensionado es afiliado obligatorio del
sistema de salud.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
O-015-2022
ASUNTO
Decide la Subsección el recurso de apelación formulado por la parte
demandante contra la sentencia del 28 de junio de 2018 proferida por el
Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que
denegó las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
El señor Edburn Newball Robinson en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley
1437 del 20113, formuló en síntesis las siguientes:
Pretensiones (Folio 3)
1. Declarar la nulidad del «acto administrativo del 13 de febrero de 2017
expedido por el Fondo de Pensionados Públicos» y «acto administrativo
del 4 de abril de 2017 expedida (sic) por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales-UGPP», por
medio de los cuales se negó la solicitud de reintegro de la suma de
$90.499.513,62.
1En adelante UGPP.
2En adelante FOPEP.
3 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo», o CPACA.
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2. A título de restablecimiento del derecho se ordene a las entidades
demandadas reintegrar a favor del señor Edburn Newball Robinson el
valor de $90.499.513,62 debidamente indexados con la variación del IPC
hasta la fecha en que se efectúe el pago.
3. Conminar a la parte pasiva a dar cumplimiento a la sentencia en los
términos de los artículos 192 y 195 del CPACA, así como la condena en
costas.
Supuestos fácticos relevantes de la demanda (Folios 2 a 3)
1. Con ocasión del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
invocado por el señor Edburn Newball Robinson, el Consejo de Estado
mediante fallo del 9 de abril de 2014, ordenó el reconocimiento de su
derecho a la pensión de vejez.
2. La UGPP dio cumplimiento a la anterior sentencia a través de Resolución
RDP-035857 del 26 de noviembre de 2014, mediante la cual reconoció la
prestación a favor del demandante. Dicho acto administrativo fue
modificado por medio de Resolución RDP-004497 del 4 de febrero de
2015, en lo concerniente al reconocimiento de los intereses moratorios.
3. En el acto administrativo de reconocimiento de la prestación, únicamente
se señaló el descuento «por concepto de aportes para pensión de
factores de salario no efectuados» en un monto de $1.862.130.
4. El 25 de febrero de 2015, el FOPEP incluyó en nómina de pensionados al
aquí libelista, efectuando en dicha fecha el pago de la mesada
correspondiente al mencionado mes, así como las atrasadas y
adeudadas, lo cual ascendía a la suma de $877.763.628.,23, de la cual
se descontó el valor señalado anteriormente de $1.862.130.
5. Adicional a ello, se realizó otra deducción por $90.499.513,62, que no
había sido autorizada en la Resolución RDP-035857 del 26 de noviembre
de 2014. De igual forma, se descontó el valor de $8.630.600 por concepto
de «Fondo de Solidaridad Otros Pagos», el cual, tampoco se incorporó
dentro de la resolución en comento.
6. En virtud de lo anterior, se le pagó un monto total al señor Edburn
Newball Robinson de $776.002.796,23, al habérsele deducido el valor de
$101.760.630.
7. El demandante presentó petición el 6 de febrero de 2017 ante el Fondo
de Pensiones Públicas, ello con el fin de que solicitar el reintegro de las
sumas descontadas por aportes a salud, esto es, $90.499.513,62, la cual
fue resuelta de forma negativa por medio del Oficio S2017002359 del 13
de febrero de 2017.
8. De manera concomitante, el libelista elevó igual solicitud ante la UGPP el
29 de marzo de 2017, empero, fue denegada a través de Oficio
201714001009371 del 4 de abril de 2017.
DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL
La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la
relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo» 4, porque es guía
4 Ver: Hernández Gómez William. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB.
(2015).
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y ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que
garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia
debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las
pretensiones, las excepciones; puntos que fueron condensados y validados
por las partes al precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia
inicial. De allí que los problemas jurídicos adecuadamente formulados y
aceptados por las partes se convierten en una eficiente guía para el decreto
de las pruebas, las alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos
pertinentes. Por lo dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más
legítimo y preciso para fundamentar adecuadamente la sentencia.
Fecha de la audiencia inicial: 21 de noviembre de 2017 y 22 de abril de
2018.
Resumen de las principales decisiones
Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)
«[…] La Fiduciaria La Previsora integrante del Consorcio FOPEP, propuso las
siguientes excepciones previas:
Inepta demanda […].
Falta de legitimación en la causa por pasiva […].
Inexistencia del demandado […].
Indebida notificación de representación legal y judicial del Fondo de Pensiones
Públicas de Nivel Nacional-FOPEP […].
En relación con lo expuesto, el Despacho resolverá conforme a las siguientes
consideraciones:
Efectivamente tal como lo puso de presente el apoderado judicial de la Fiduciaria
La Previsora S.A., El Fondo de Pensiones Públicas de Nivel Nacional, conforme
lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley 100 de 1993, es una cuenta de la Nación
adscrita al Ministerio del Trabajo cuyos recursos se administran por encargo
fiduciario.
De conformidad con lo señalado en el Decreto 1132 de 1994, dicha cuenta
especial carece de personería jurídica, razón por la cual a consideración del
Despacho se hace necesaria la vinculación del Ministerio del Trabajo al presente
trámite, por considerar que puede ser directa o indirectamente afectada con las
resultas del mismo.
El Despacho le otorga la palabra al apoderado del Consorcio FOPEP 2015, con
la finalidad que amplíe la argumentación sobre la solicitud de vinculación al
trámite de la EPS al (sic) cual cotiza el actor y de la ADRES (Administradora de
los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
[…]
Por lo anterior el despacho ORDENA la vinculación al presente trámite al
Ministerio del Trabajo y a la EPS SANITAS en consecuencia, por secretaría
CÓRRASE TRASLADO de la demanda a las entidades, para que en el término
legal se pronuncien sobre los hechos que dieron lugar a la demanda junto con el
acta de esta diligencia.
En este orden, el despacho ordena la suspensión de la audiencia hasta tanto se
surta el trámite procesal anteriormente señalado.». (Folios142 a 144 y cd
visible a folio 147 del plenario).
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Reanudada la audiencia inicial, el tribunal de instancia se pronunció en
relación con las excepciones previas propuestas de la siguiente forma:
«[…] Caducidad. Respecto a la caducidad la cual fue una de las excepciones
propuestas por la UGPP, observa el despacho de una parte, que se podría
considerar que por tratarse de asuntos que niegan el reintegro de una suma de
dinero descontada de su mesada pensional, se puede considerar que se trata de
una prestación de carácter periódico y se puede demandar en cualquier tiempo,
no obstante, el despacho revisa los actos administrativos demandados y observa
que los mismos constan en un oficio uno del 13 de febrero de 2017 que fue
notificado el 18 de febrero de ese mismo año y el otro en un oficio del cuatro (4)
de abril de 2017, que fue notificado el 7 de abril de 2017, independientemente de
la fecha que se tome, no ocurrió la caducidad de la acción, toda vez que del 18
de febrero al 16 de junio, no se ha completado el término de cuatro (4) meses
que señala la norma para la ocurrencia de la caducidad.
En este orden, la acción no se encuentra caducada.
[…] En cuanto a la excepción de inepta demanda formulada por la Fiduciaria La
Previsora integrante del Consorcio FOPEP y el Ministerio del Trabajo, sustentada
en el hecho que el Oficio No. RAD2017005106 del 13 de febrero de 2017, por
medio del cual se resuelve una solicitud de devolución no es un acto
administrativo, considera el despacho que no tiene vocación de prosperar, toda
vez que el mismo si (sic) produjo efectos jurídicos a la parte, el cual es la
determinación de no devolución de los descuentos realizados en el pago de su
retroactivo pensional, indistintamente de que ello sea procedente o no, lo cual es
objeto de análisis en esta instancia procesal.
Respecto al concepto de acto administrativo, el Consejo de Estado ha sostenido
lo siguiente: […].
Respecto a la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva alegada
por La Fiduciaria La Previsora integrante del Consorcio FOPEP, el Ministerio del
Trabajo y la EPS Sanitas, y la ineptitud de la demanda por inexistencia del acto
administrativo alegada por el Ministerio del Trabajo, considera el despacho que
no tienen vocación de prosperar, toda vez que si bien la excepción del FOPEP,
las demás entidades no expidieron los actos administrativos acusados,
corresponde analizar y es objeto de debate en la presente causa, en caso de ser
procedente, qué entidad le compete la devolución de los dineros que le fueron
descontados a la parte actora por concepto de aporte en salud de sus retroactivo
pensional.
Ahora bien, respecto de las excepciones de caducidad el despacho no hará
alusión a ello, puesto que ya se abordó anteriormente dicho tema.
Finalmente, en lo referente a las excepciones de (i) Inexistencia de la obligación
en cabeza de la Nación-Ministerio del Trabajo, Fondo de Pensiones Públicas del
Nivel Nacional-FOPEP, (ii) Falta de obligación en cabeza del Ministerio del
Trabajo-Fondo de Pensiones Públicas de soportar las consecuencias jurídicas
producidas o que puedan producirse por la expedición del acto administrativo por
parte de la UGPP y (sic) (iii) Improcedencia del reintegro solicitado por
disposición legal, las mismas serán resueltas en la sentencia, toda vez que hacen
referencia al asunto de fondo.». (Folios 255 a 261y cd visible a folio 266 del
expediente).
Se notificó la decisión en estrados y las partes no interpusieron recursos.
Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)
El litigio se fijó en los siguientes términos:
«[…] Observa el despacho que la parte demandante se ratifica en los hechos
expuestos en la demanda, mientras que las entidades demandadas sostienen la
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legalidad de los actos administrativos que negaron la devolución de los aportes
que considera el señor demandante no debieron haberse efectuado.
Por lo que observa el despacho que no existe consenso sobre la razón jurídica
de porque (sic) hay o no a la realización de los descuentos.
Hecho lo anterior, se indica que el litigio se circunscribe a establecer si al
demandante el señor Edburn Newball, había lugar o no a efectuar los descuentos
que corresponde (sic) al Sistema General de Seguridad Social en Salud y si en
caso que se considere que no, verificar si hay derecho al reintegro de las sumas
descontadas de su retroactivo pensional y en caso de ser procedente determinar
la entidad que tiene a su cargo dicho reintegro.». (Folios 261 a 262 del cd
visible a folio 266 del plenario).
SENTENCIA APELADA
(Folios 340 a 369)
El a quo profirió sentencia escrita el 28 de junio de 2018, por medio de la
cual denegó las pretensiones del demandante con fundamento en las
siguientes consideraciones:
El tribunal de primera instancia inicialmente analizó el marco normativo que
rige la obligatoriedad de los pensionados de cotizar en salud, con el fin de
concluir que, dado que aquellos tienen a su cargo el 100% de los aportes al
sistema, contribuyen al financiamiento del mismo, al no recibir subsidio
alguno por parte del Estado para acceder a los servicios médicos, por lo que
corresponde a «las entidades pagadoras de la prestación descontar la
cotización para salud y transferirlo a la EPS en donde se encuentre afiliado el
pensionado».
A partir de los medios de prueba documentales aportados a la actuación,
advirtió que de conformidad con los artículos 157 a 203 de la Ley 100 de
1993, los pensionados son afiliados obligatorios al régimen contributivo, en
consecuencia, una vez se adquiere dicha calidad, en este caso la UGPP,
ordena el descuento respectivo y por su parte, el FOPEP efectúa el pago
efectivo de la pensión acorde con las instrucciones dadas por la primera
entidad mencionada.
En efecto, una vez se realiza el primer desembolso de la mesada pensional,
surge la obligación para la «entidad pagadora» de efectuar el descuento por
cotización para salud, por tanto, si el reconocimiento se realiza con efectos
retroactivos, ello no obsta para que se descuente la totalidad de los aportes a
salud por la prestación otorgada; lo anterior, debido al carácter y destinación
de dichos valores.
Por estas circunstancias, consideró que el hecho de que la sentencia del
Consejo de Estado no hubiera indicado de manera explícita que la UGPP
estaba autorizada a realizar los descuentos de ley, no puede ser entendida
como una negativa para atender las disposiciones legales y reglamentarias
que rigen la circunstancia analizada. De otro lado, condenó en costas a la
parte demandante conforme a los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP.
Acorde con estos razonamientos, el tribunal de primera instancia profirió
sentencia en el sentido de negar las pretensiones de la demanda.
RECURSO DE APELACIÓN
(Folios 393 a 408)
La parte demandante formuló recurso de apelación contra la decisión
reseñada anteriormente y solicitó que esta sea revocada para acceder a las
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pretensiones de la demanda. Al respecto, manifestó que al no haber tenido la
posibilidad de acceder a los servicios de salud, habida cuenta de que se le
había negado su derecho a la seguridad social, es improcedente que la
UGPP realice un cobro por un tiempo en el cual no tuvo acceso a la salud, lo
contrario, constituye «un cobro de lo no debido y un enriquecimiento sin
causa». En este orden de ideas, señaló que la Corte Constitucional en
reiterada jurisprudencia ha sostenido que no es posible efectuar una
recaudación por un servicio que no ha sido prestado.
De otro lado, advirtió que aparte de los $90.499.513,62 que se le debitaron
de su retroactivo pensional, también se le descontó la suma de $8.630.600
para ser girados al «fondo de solidaridad», en este sentido, se llevó a cabo
un doble pago por un mismo concepto con ocasión del principio de
solidaridad; aclaró que la devolución del último valor no se solicita en el sub
lite, sino que «llama la atención» de que se haya realizado una deducción
bajo el criterio que debe contribuir a la financiación del sistema, situación que
no fue advertida por el a quo.
Sobre el punto añadió que, el principio de solidaridad se «predica para la
ayuda mutua entre los afiliados, y se exige a aquellos que tengan recursos
económicos, esto es, del que más capacidad económica tiene para contribuir
a la financiación de la seguridad social de los de más escasos recursos»; con
lo afirmado, resulta entonces ilógico que se quiera exigir que el libelista
realice cotizaciones por un periodo en el cual no estuvo ni vinculado ni fue
beneficiario de los servicios de salud.
Bajo esa óptica, consideró que el pago del retroactivo de manera alguna
puede resarcir el perjuicio causado que se le ocasionó con la omisión en el
pago de la pensión de jubilación, empero, se le obligó a realizar cotizaciones
sobre un servicio del cual no fue favorecido y que no fue garantizado durante
más de 10 años. En consecuencia, la sentencia de primera instancia incurre
en un error al afirmar que debe cancelar aportes independientemente del
tiempo que se demore la UGPP en reconocer la prestación, pues dicha
afirmación va en contravía del Estado Social de Derecho que se fundamenta
en el respeto de la dignidad humana y que se armoniza con los principios
consagrados en la Constitución.
Por otra parte, adujo que al momento de presentarse la solicitud de
cumplimiento del fallo judicial, la UGPP nuevamente «puso barreras y
trabas» antes de expedir la respectiva resolución, toda vez que desde la
fecha de ejecutoria de la sentencia que reconoció la prestación hasta que se
profirió el acto administrativo de reconocimiento pensional, transcurrieron
más de 7 meses; empero, cuando fue incluido en nómina «se topa con la
sorpresa de que le fue descontada una suma por un concepto que no le fue
puesto en conocimiento en tiempo oportuno» y en todo caso por fuera de la
orden dada por el Consejo de Estado.
Por consiguiente, «yerra» el a quo al concluir que el monto descontado son
dineros parafiscales, puesto que aquellos adquieren tal connotación cuando
los aportes se causan debido a la existencia de una afiliación y en el sub lite,
no existió la obligación de cotizar por el lapso de 10 años, en esa medida las
referidas cotizaciones no se causaron, por lo que se debe ordenar la
devolución de las mismas. Resaltó que la ausencia en el pago de los
aportes, no es atribuible al interesado sino debido al incumplimiento de la
UGPP en reconocer el derecho a la pensión en tiempo oportuno, luego, debe
adjudicarse la carga a la mencionada entidad.
Aunado a lo anterior, sostuvo que se le vulneró el debido proceso, habida
cuenta de que el tribunal de instancia pasó por alto el principio de confianza
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legítima en que incurrió la parte pasiva, por cuanto no se le informó que se
realizaría un descuento por concepto de aportes al Sistema General de
Seguridad Social en Salud sobre las mesadas atrasadas, como tampoco se
discriminó la operación aritmética que llevó a la UGPP a descontar dicha
suma del retroactivo pensional.
En este sentido, precisó que en la providencia recurrida no se realizó un
estudio minucioso de la litis, en tanto no analizó que la obligatoriedad de la
cotización nace desde el acto jurídico de afiliación y hacia el futuro, toda vez
que aquella no produce efectos retroactivos, por tanto, el deber de efectuar
los aportes tampoco puede tener dicha connotación.
De otra parte, indicó que la Ley 100 de 1993 no consagra el deber de los
colombianos pensionados que residen fuera del país de realizar cotizaciones
al sistema de salud, al no encontrarse dentro del territorio colombiano, por
tanto, le es imposible acceder a dichos servicios, aun contando con
capacidad económica, de lo cual es dable afirmar que el deber no depende
del estado financiero del señor Edburn Newball Robinson, pues de ninguna
manera se puede exigir su afiliación a la EPS por un periodo que no habitó
en Colombia.
Finalmente, señaló que se impuso condena en costas sin que se hubiese
configurado una conducta temeraria de la parte demandante, por el contrario,
se demostró la buena fe y en derecho conforme lo permite el CPACA, por lo
que es procedente revocar la mencionada decisión
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales, UGPP (folios 444 a 446): solicitó que se confirme la sentencia
recurrida en la medida en que, a la luz de los artículos 52 y 65 de la Ley 806
de 1998, los pensionados son afiliados obligatorios del régimen contributivo
del Sistema General de Seguridad Social en Salud, y por ende, una vez
reconocida la pensión al libelista del respectivo retroactivo, deben
descontarse los referidos aportes.
Nación, Ministerio del Trabajo (folios 456 a 457 vuelto): Advirtió que de
conformidad con lo regulado en el artículo 157 de la Ley 100 de 1993 es un
deber de todos los colombianos participar y realizar las cotizaciones al
sistema de salud, y desde el momento en que el señor Edburn Newball
Robinson adquirió el estatus de pensionado, nació tal obligación, motivo por
el cual, las deducciones realizadas tienen sustento legal.
Parte demandante (folio 459 a 464): reiteró los argumentos esgrimidos en
el recurso de apelación e insistió en que la sentencia proferida por el Consejo
de Estado a través de la cual se reconoció la pensión a favor del interesado,
no ordenó el descuento alguno por concepto de salud sobre las mesadas
debidas, motivo por el cual no era procedente la deducción realizada por la
UGPP, más aún cuando en el acto administrativo que dio cumplimiento al
fallo no se indicó nada en relación con este aspecto.
De igual manera, no se demostró en el transcurso del proceso, qué norma
facultaba a la UGPP para efectuar los descuentos por aportes al sistema de
salud de manera retroactiva, mucho menos sin haber operado la afiliación,
razón por la cual carece de fundamento legal el actuar de la parte pasiva, por
lo que debe ordenarse el reintegro de los dineros descontados. Agregó que
la postura de la Corte Suprema de Justicia en reiterada jurisprudencia no es
vinculante dado que no es órgano de cierre en esta jurisdicción.
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Consorcio FOPEP (folios 465 a 466 vuelto): peticionó que se confirme el
fallo apelado en la medida en que las cotizaciones al Sistema General de
Seguridad Social en Salud y al Fondo de Pasivo Social sobre la mesada
pensional que percibe el libelista, así como del retroactivo, corresponden a
descuentos de ley y tienen el carácter de contribución parafiscal que por su
naturaleza no procede su devolución, pues se desvirtuaría la obligatoriedad
de los aportes en comento. Adicionó que las entidades pagadoras de la
mencionada prestación sin excepción deben descontar y trasladar al
Ministerio de Salud y Protección Social con destino al Fondo de Solidaridad
Pensional las respectivas cotizaciones del afiliado.
La EPS SANITAS S.A. presentó alegatos de forma extemporánea y el
Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal según constancia
secretarial visible a folio 473 del plenario.
CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante. De igual forma, según el artículo 328 del Código General del
Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre
los planteamientos expuestos en el recurso de apelación. En el presente
caso solo la presentó el demandante.
Problema jurídico
En ese orden, el problema jurídico que se debe resolver en esta instancia se
resume en las siguientes preguntas:
1. ¿Es procedente el descuento de los aportes al Sistema General de
Seguridad Social en Salud respecto del retroactivo pensional pagado
al señor Edburn Newball Robinson, con ocasión del reconocimiento
de la pensión de vejez?
2. ¿Procedía la condena en costas de primera instancia impuesta al
demandante?
Primer problema jurídico
¿Es procedente el descuento de los aportes al Sistema General de
Seguridad Social en Salud respecto del retroactivo pensional pagado al
señor Edburn Newball Robinson, con ocasión del reconocimiento de la
pensión de vejez?
Como tesis frente a este cuestionamiento, la Subsección sostendrá la
siguiente: la UGPP se encuentra en la obligación de realizar los respectivos
descuentos por concepto de salud, habida cuenta de que los pensionados
son afiliados obligatorios al sistema, los cuales deben contribuir de manera
solidaria al sostenimiento de aquel, desde el momento en que adquirieron
dicha calidad, como se explica a continuación:
Del derecho a la seguridad social
De conformidad con lo plasmado en la Constitución Política de 1991,
especialmente en sus artículos 48 y 49, la seguridad social se encuentra
prevista con una doble connotación: (i) como un derecho fundamental
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irrenunciable en cabeza de todos los «residentes», y (ii) como un servicio
público que se presta bajo la dirección, coordinación y control del Estado.
Veamos:
«Artículo 48. Adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2005. Se garantiza a
todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.
El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la
cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios
en la forma que determine la Ley.
La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de
conformidad con la ley. No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las
instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a ella.
La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones
mantengan su poder adquisitivo constante.
El Estado garantizará los derechos, la sostenibilidad financiera del Sistema
Pensional, respetará los derechos adquiridos con arreglo a la ley y asumirá el
pago de la deuda pensional que de acuerdo con la ley esté a su cargo. Las leyes
en materia pensional que se expidan con posterioridad a la entrada en vigencia
de este acto legislativo, deberán asegurar la sostenibilidad financiera de lo
establecido en ellas.
Sin perjuicio de los descuentos, deducciones y embargos a pensiones ordenados
de acuerdo con la ley, por ningún motivo podrá dejarse de pagar, congelarse o
reducirse el valor de la mesada de las pensiones reconocidas conforme a
derecho.
Para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el
tiempo de servicio, las semanas de cotización o el capital necesario, así como las
demás condiciones que señala la ley, sin perjuicio de lo dispuesto para las
pensiones de invalidez y sobrevivencia. Los requisitos y beneficios para adquirir
el derecho a una pensión de invalidez o de sobrevivencia serán los establecidos
por las leyes del Sistema General de Pensiones.
En materia pensional se respetarán todos los derechos adquiridos.
Los requisitos y beneficios pensionales para todas las personas, incluidos los de
pensión de vejez por actividades de alto riesgo, serán los establecidos en las
leyes del Sistema General de Pensiones. No podrá dictarse disposición o
invocarse acuerdo alguno para apartarse de lo allí establecido.
Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre
los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones. Ninguna pensión
podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente. Sin embargo, la ley
podrá determinar los casos en que se puedan conceder beneficios económicos
periódicos inferiores al salario mínimo, a personas de escasos recursos que no
cumplan con las condiciones requeridas para tener derecho a una pensión.
A partir de la vigencia del presente Acto Legislativo, no habrá regímenes
especiales ni exceptuados, sin perjuicio del aplicable a la fuerza pública, al
Presidente de la República y a lo establecido en los parágrafos del presente
artículo.
Las personas cuyo derecho a la pensión se cause a partir de la vigencia del
presente Acto Legislativo no podrán recibir más de 13 mesadas pensionales al
año. Se entiende que la pensión se causa cuando se cumplen todos los
requisitos para acceder a ella, aun cuando no se hubiese efectuado el
reconocimiento.
La ley establecerá un procedimiento breve para la revisión de las pensiones
reconocidas con abuso del derecho o sin el cumplimiento de los requisitos
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establecidos en la ley o en las convenciones y laudos arbitrales válidamente
celebrados.
Parágrafo 1. A partir del 31 de julio de 2010, no podrán causarse pensiones
superiores a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, con cargo a
recursos de naturaleza pública.
Parágrafo 2. A partir de la vigencia del presente Acto Legislativo no podrán
establecerse en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acto
jurídico alguno, condiciones pensionales diferentes a las establecidas en las
leyes del Sistema General de Pensiones.
Parágrafo transitorio 1. El régimen pensional de los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el
establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en
el artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir
de la vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos
en las leyes del Sistema General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de
la Ley 812 de 2003.
Parágrafo transitorio 2. Sin perjuicio de los derechos adquiridos, el régimen
aplicable a los miembros de la Fuerza Pública y al Presidente de la República, y
lo establecido en los parágrafos del presente artículo, la vigencia de los
regímenes pensionales especiales, los exceptuados, así como cualquier otro
distinto al establecido de manera permanente en las leyes del Sistema General
de Pensiones expirará el 31 de julio del año 2010.
Parágrafo transitorio 3. Las reglas de carácter pensional que rigen a la fecha de
vigencia de este Acto Legislativo contenidas en pactos, convenciones colectivas
de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, se mantendrán por el
término inicialmente estipulado. En los pactos, convenciones o laudos que se
suscriban entre la vigencia de este Acto Legislativo y el 31 de julio de 2010, no
podrán estipularse condiciones pensionales más favorables que las que se
encuentren actualmente vigentes. En todo caso perderán vigencia el 31 de julio
de 2010.
[…]
La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se
prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a
los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que
establezca la Ley.». (Resaltado intencional).
La configuración constitucional concreta para la «seguridad social» en el
artículo 48 Superior, es reproducida y complementada por artículo 49 de la
Constitución, específicamente en lo que tiene que ver con el sector «salud»,
de la siguiente manera:
«Artículo 49. Modificado por el Acto Legislativo 02 de 2009. Reglamentado por la
Ley 1787 de 2016. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son
servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el
acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.
Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de
servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a
los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También,
establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por
entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer
las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares,
y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones
señalados en la ley.
Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de
atención y con participación de la comunidad.
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La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los
habitantes será gratuita y obligatoria.
Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su
comunidad.». (Negrillas de la Sala).
Como puede apreciarse, la «seguridad social» fue concebida por el
constituyente de 1991, en dos dimensiones: i) como derecho fundamental y;
ii) como servicio público esencial.
La seguridad social como derecho fundamental
Dicho concepto entendido como fundamental, es el instrumento a través del
cual se le garantiza a las personas el ejercicio de sus derechos subjetivos
fundamentales cuando se encuentran ante la materialización de algún evento
o contingencia que mengüe su estado de salud, calidad de vida y capacidad
económica, o que se constituya en un obstáculo para la normal consecución
de sus medios mínimos de subsistencia a través del trabajo.
En ese sentido, el derecho a la seguridad social hace referencia a la totalidad
de las medidas que propenden por el bienestar de la población en lo
relacionado con la protección y cobertura de unas necesidades que han sido
socialmente reconocidas, por ello, con respecto al contenido de este especial
derecho, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su
Observación General No. 19 de 2007 destacó que:
«El derecho a la seguridad social incluye el derecho a obtener y mantener
prestaciones sociales, ya sea en efectivo o en especie, sin discriminación, con el
fin de obtener protección, en particular contra: a) la falta de ingresos procedentes
del trabajo debido a enfermedad, invalidez, maternidad, accidente laboral, vejez o
muerte de un familiar; b) gastos excesivos de atención de salud; c) apoyo familiar
insuficiente, en particular para los hijos y los familiares a cargo.».
En reiteradas ocasiones, la Corte Constitucional ha señalado que la
fundamentalidad de este especial derecho encuentra sustento en el principio
de dignidad humana, pues a través de éste resulta posible que las personas
afronten con decoro las circunstancias difíciles que les obstaculizan o
impiden el normal desarrollo de sus actividades laborales y la consecuente
recepción de los recursos que les permitan ejercer sus derechos subjetivos5.
En la misma línea, la Corte Constitucional, en sentencia T-200 de 2010,
destacó que la importancia de este derecho radica en que «su máxima
realización posible es una condición ineludible de la posibilidad real de goce del
resto de libertades inscritas en el texto constitucional» y, por tanto, se constituye
en un elemento esencial para la materialización de modelo de Estado Social
de Derecho que hemos acogido y que nos define como una sociedad
fundada en los principios de dignidad humana, solidaridad, trabajo y
prevalecía del interés general6.
En esta medida, la seguridad social «es de importancia fundamental para
garantizar a todas las personas su dignidad humana»7 es un verdadero derecho
fundamental cuyo desarrollo, si bien ha sido confiado a entidades específicas
que participan en el «Sistema General de Seguridad Social» creado por la
Ley 100 de 1993, como más adelante se explicará, encuentra una
5 Ver, entre otras, las sentencias T-032 de 2012; T-072 de 2013 y T-146 de 2013 de la Corte
Constitucional.
6 Constitución Política de Colombia, Artículo 1.°.
7 Observación General No. 19 de 2007 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales.
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configuración normativa preestablecida en el texto constitucional (artículos 48
y 49 superior) y en los tratados internacionales que hacen parte del bloque
de constitucionalidad; cuerpos normativos que dan cuenta de una categoría
«iusfundamental» íntimamente arraigada al principio de dignidad humana.
La seguridad social como servicio público
Del inciso final del artículo 48 constitucional citado en precedencia, se
desprende que la seguridad social constituye, además de un derecho de
carácter fundamental, un «servicio público esencial», respecto del que le
corresponde al Estado una importante tarea en su realización dado que el
texto superior le confía las correspondientes labores de dirección,
coordinación y control; actividades que deben ser realizadas con estricta
observancia de los principios de universalidad, solidaridad y eficiencia. Por lo
tanto, la referida disposición constitucional crea para la organización estatal
la obligación de diseñar un «sistema integral» basado en los mencionados
principios, encaminado a garantizar a los habitantes del territorio nacional el
más alto nivel de protección de dicha garantía.
De otro lado, el artículo 365 de la Carta Política prevé que los servicios
públicos son inherentes a la finalidad del Estado Social de Derecho, y su
prestación deberá efectuarse de manera eficiente a todos los habitantes del
territorio nacional, con el fin de materializar los fines esenciales de servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de
los principios, derechos y deberes constitucionales.
En cumplimiento de dicha exigencia el Legislador creó, a partir de la Ley 100
de 1993, un Sistema de Seguridad Social que, reiterando en los artículos 2.°,
4.°, 152, 156 y 157 ibidem, que la seguridad social constituye un «servicio
público esencial» en lo relativo a los subsistemas de salud y pensiones.
Del Sistema General de Seguridad Social
El Legislador, con la finalidad de desarrollar el mandato constitucional
contenido en los artículos 48 y 49 Superiores, expidió la Ley 100 de 1993,
mediante la cual se creó el Sistema de Seguridad Social, con el objetivo de
otorgar el amparo frente a aquellas contingencias a las que puedan verse
expuestas las personas con la posibilidad de afectar su salud y su situación
económica. Dicho sistema fue estructurado con los siguientes componentes: (i)
Sistema General en Pensiones; (ii) Sistema General en Salud; (iii) Sistema
General de Riesgos Profesionales; y (iv) Servicios Sociales Complementarios,
los cuales se ejecutan conforme los principios de eficiencia, la universalidad, la
solidaridad, la integralidad, la unidad y la participación.
En consonancia con lo expuesto, en aras de garantizar la cobertura propia de
la seguridad social, la regulación colombiana impone la obligación de
vinculación obligatoria de los trabajadores al sistema de seguridad social a
cargo de los empleadores. Este deber legal de los empleadores se
materializa en el deber de afiliar a salud (EPS), riesgos laborales (ARL) y
pensiones (fondo de pensiones), a todos aquellos con quien tengan un
vínculo laboral, verbal o escrito, temporal o permanente, así como pagar
oportunamente los aportes que corresponden so pena de incurrir sanciones8
8Cfr. Artículo 91 del Decreto 1295 de 1994. Modificado por el Decreto 2150 de 1995, artículo
115: «Sanciones. Le corresponde a los directores regionales y seccionales del Ministerio del
Trabajo y Seguridad Social imponer las sanciones establecidas a continuación, frente a las
cuales opera el recurso de apelación ante el Director Técnico de Riesgos Profesionales del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. / (Inciso adicionado por la Ley 1562 de 2012),
artículo 13. En caso de accidente que ocasione la muerte del trabajador donde se demuestre
el incumplimiento de las normas de salud ocupacional, el Ministerio de Trabajo impondrá
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Principios de la seguridad social
Los principios que rigen el Sistema de Seguridad Social Integral,
consagrados en los artículos 48 y 49 de la Constitución y, 2.° y 153 de la Ley
100 de 1993, son los siguientes:
• UNIVERSALIDAD: El Sistema General de Seguridad Social cubre a todos
los residentes en el país, incluidos los extranjeros, en todas las etapas de
la vida.
• SOLIDARIDAD: Es la práctica del mutuo apoyo entre las personas, para
garantizar el acceso y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social.
• IGUALDAD: El acceso a la Seguridad Social, sobre todo en salud, se
garantiza a las personas residentes en el territorio colombiano, sin
discriminación por razones de cultura, sexo, raza, origen nacional,
orientación sexual, religión, edad o capacidad económica, pero con la
prevalencia constitucional de los derechos de los niños.
• OBLIGATORIEDAD. La afiliación al Sistema General de Seguridad
Social, sobre todo en salud, es obligatoria para todos los residentes en
Colombia.
• PREVALENCIA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES
EMBARAZADAS Y LOS NIÑOS. Es obligación de la familia, el Estado y la
sociedad en materia de salud, cuidar, proteger y asistir a las mujeres en
estado de embarazo y en edad reproductiva, a los niños, las niñas y
adolescentes, para garantizar su vida, su salud, su integridad física y
moral y su desarrollo armónico e integral. La prestación de estos servicios
corresponderá con los ciclos vitales formulados en esta Ley, dentro del
Plan de Beneficios.
• ENFOQUE DIFERENCIAL. El principio de enfoque diferencial reconoce
que hay poblaciones con características particulares en razón de su edad,
género, raza, etnia, condición de discapacidad y víctimas de la violencia
para las cuales el Sistema General de Seguridad Social ofrecerá
especiales garantías y esfuerzos encaminados a la eliminación de las
situaciones de discriminación y marginación.
• EQUIDAD. El Sistema General de Seguridad Social debe garantizar el
acceso al mismo, independientemente de su capacidad de pago y
condiciones particulares, evitando que prestaciones individuales no
pertinentes de acuerdo con criterios técnicos y científicos pongan en
riesgo los recursos necesarios para la atención del resto de la población.
• CALIDAD. Los servicios de salud deberán atender las condiciones del
paciente de acuerdo con la evidencia científica, provistos de forma
integral, segura y oportuna, mediante una atención humanizada.
multa no inferior a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes, ni superior a mil
(1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes destinados al Fondo de Riesgos
Laborales; en caso de reincidencia por incumplimiento de los correctivos de promoción y
prevención formulados por la Entidad Administradora de Riesgos Laborales o el Ministerio
de Trabajo una vez verificadas las circunstancias, se podrá ordenar la suspensión de
actividades o cierre definitivo de la empresa por parte de las Direcciones Territoriales del
Ministerio de Trabajo, garantizando siempre el debido proceso. / (Inciso adicionado por la
Ley 1562 de 2012, artículo 13). El Ministerio de Trabajo reglamentará dentro de un plazo no
mayor a un (1) año contado a partir de la expedición de la presente ley, los criterios de
graduación de las multas a que se refiere el presente artículo y las garantías que se deben
respetar para el debido proceso. / a) Para el empleador. 1. El incumplimiento de la afiliación
al Sistema General de Riesgos Profesionales, le acarreará a los empleadores y
responsables de la cotización, además de las sanciones previstas por el Código Sustantivo
del Trabajo, la legislación laboral vigente y la ley 100 de 1993, o normas que la modifiquen,
incorporen o reglamenten, la obligación de reconocer y pagar al trabajador las prestaciones
consagradas en el presente Decreto./ La no afiliación y el no pago de dos o más períodos
mensuales de cotizaciones, le acarreará al empleador multas sucesivas mensuales de hasta
quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. […]».
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• EFICIENCIA. Es la óptima relación entre los recursos disponibles para
obtener los mejores resultados y calidad de vida de la población.
• PARTICIPACIÓN SOCIAL. Es la intervención de la comunidad en la
organización, control, gestión y fiscalización de las instituciones y del
sistema en conjunto.
• PROGRESIVIDAD. Es la gradualidad en la actualización de las
prestaciones.
• LIBRE ESCOGENCIA. El Sistema General de Seguridad Social
asegurará a los usuarios libertad en la escogencia entre las Entidades
Administradoras y Promotoras, así como entre los prestadores de
servidos de salud dentro de su red en cualquier momento de tiempo.
• SOSTENIBILIDAD. Las prestaciones que reconoce el sistema se
financiarán con los recursos destinados por la ley para tal fin, los cuales
deberán tener un flujo ágil y expedito. Las decisiones que se adopten en
el marco del Sistema General de Seguridad Social deben consultar
criterios de sostenibilidad fiscal. La administración de los fondos del
sistema no podrá afectar el flujo de recursos del mismo.
• TRANSPARENCIA. Las condiciones de prestación de los servicios, la
relación entre los distintos actores del Sistema General de Seguridad
Social y la definición de políticas públicas en materia de seguridad social,
deberán ser públicas, claras y visibles.
• DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA. En la organización del
Sistema General de Seguridad Social en Salud la gestión será
descentralizada y de ella harán parte las direcciones territoriales de salud.
• COMPLEMENTARIEDAD y CONCURRENCIA. Se propiciará que los
actores del sistema en los distintos niveles territoriales se complementen
con acciones y recursos en el logro de los fines del Sistema General de
Seguridad Social en Salud.
• CORRESPONSABILIDAD. Toda persona debe propender por su
autocuidado, por el cuidado de la salud de su familia y de la comunidad,
un ambiente sano, el uso racional y adecuado de los recursos el Sistema
General de Seguridad Social en Salud y cumplir con los deberes de
solidaridad, participación y colaboración. Las instituciones públicas y
privadas promoverán la apropiación y el cumplimiento de este principio.
• IRRENUNCIABILIDAD. El derecho a la seguridad social en salud es
irrenunciable, no puede renunciarse a él ni total ni pardalmente.
• INTERSECTORIALIDAD. Es la acción conjunta y coordinada de los
diferentes sectores y organizaciones que, de manera directa o indirecta,
en forma integrada y continua, afectan los determinantes y el estado de
salud de la población.
• PREVENCIÓN. Es el enfoque de precaución que se aplica a la gestión
del riesgo, a la evaluación de los procedimientos y la prestación de los
servicios de salud.
• CONTINUIDAD. Toda persona que habiendo ingresado al Sistema
General de Seguridad Social en Salud tiene vocación de permanencia y
no debe, en principio, ser separado del mismo cuando esté en peligro su
calidad de vida e integridad.
Para los efectos de esta providencia es importante señalar, que el principio
de solidaridad implica que todos los que participan en el sistema, es decir,
instituciones públicas y privadas, y por supuesto los afiliados, tienen el
deber de contribuir a su sostenibilidad, equidad y eficiencia, lo cual
explica que los afiliados con capacidad de pago deban, en general, cotizar,
no solo para poder recibir los distintos beneficios, sino para preservar el
sistema en su conjunto.9 El principio de solidaridad aparece enunciado en el
artículo 1.° de la Constitución Política como uno de aquellos que son
fundamentales a la organización social. Su consagración como tal fija un
9 Ver Sentencia C-126 del 16 de febrero de 2000.
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derrotero a la acción tanto estatal, como de los ciudadanos, e implica «un
deber, impuesto a toda persona por el sólo hecho de su pertenencia al
conglomerado social, consistente en la vinculación del propio esfuerzo y actividad
en beneficio o apoyo de otros asociados o en interés colectivo»10.
En este sentido, el artículo 95 superior consagra el deber personal que se
deriva del principio de solidaridad, prescribiendo que cada persona tiene que
«obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones
humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las
personas.».
Ahora bien, no puede perderse de vista, que el Estado Social de Derecho,
parte del supuesto según el cual la realización del interés colectivo
presupone la existencia de mecanismos de redistribución de los ingresos, a
fin de que los menos favorecidos tengan acceso a la satisfacción de las
necesidades básicas, asociadas con la efectividad de los derechos
fundamentales. Uno de estos mecanismos es la organización de los sistemas
de seguridad social, que pretenden conseguir la satisfacción universal de las
necesidades básicas de la población en materia de salud y de previsión de
los riesgos de merma de la capacidad laboral por invalidez, vejez o muerte.
El funcionamiento de tales sistemas solo se hace posible gracias al esfuerzo
mancomunado del Estado y los particulares, y mediante la implementación
de medidas que hagan viable la redistribución de los ingresos disponibles
para estos propósitos. Por esta razón, el artículo 48 superior define la
Seguridad Social como «un servicio público de carácter obligatorio que se
prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca
la Ley.».
También la jurisprudencia constitucional ha explicado las consecuencias del
principio de solidaridad en el campo de la seguridad social, señalando que en
esta materia tal principio «implica que todos los partícipes de este sistema deben
contribuir a su sostenibilidad, equidad y eficiencia, lo cual explica que sus miembros
deban en general cotizar, no sólo para poder recibir los distintos beneficios, sino
además para preservar el sistema en su conjunto»11 y que «la ley puede, dentro de
determinados límites, estructurar la forma cómo los distintos agentes deben cumplir
con su deber de solidaridad.»12.
De acuerdo con lo anterior, es claro que el principio de solidaridad tiene su
origen en la Constitución Política de 1991 y su vigencia y aplicación en el
Sistema General de Seguridad Social se deriva del artículo 48 Superior, por
lo que a partir de esa disposición todos los partícipes del sistema deben
contribuir solidariamente a la sostenibilidad del mismo, con el fin de
garantizar el acceso de todos los habitantes del territorio.
En esta medida, la solidaridad no se encuentra solo en cabeza del Estado
sino que también los particulares tienen una carga al respecto. Además,
según la filosofía del sistema, los aportes no tienen que verse
necesariamente reflejados en las prestaciones, pues estos aportes tienen
finalidades que sobrepasan el interés individual del afiliado y apuntan a la
protección del sistema considerado como un conjunto dirigido a proteger a
toda la población.
10 Sentencia T-550 de 94.
11 Sentencia C-126 de 2000.
12 Ibidem.
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De la sostenibilidad fiscal del Sistema General de Seguridad
Social
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional13, la sostenibilidad fiscal es
«[…] un instrumento que busca regularizar la brecha existente entre ingresos y
gastos, cuando la misma pueda afectar la salud financiera de un Estado y los
compromisos que le asisten con miras a garantizar la efectividad de los principios y
derechos consagrados en la Constitución […]».
Ahora, toda vez que la sostenibilidad fiscal es una herramienta para alcanzar
de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho, en materia
de seguridad social, dicha herramienta busca garantizar el financiamiento
del sistema, compuesto por los aportes de los afiliados, procurando dar un
manejo razonable de los recursos, sin importar la naturaleza de los
aportantes bien de origen público o privado, por lo que es una obligación del
Estado asegurar el cumplimiento de las obligaciones sociales de los
particulares, para evitar la evasión y la elusión al mismo por parte de quienes
se encuentran obligados a contribuir a él.
En este sentido, por virtud del principio de solidaridad, todos los afiliados
deben contribuir al sistema para su sostenibilidad, equidad y eficiencia, con
el objeto de preservarlo, además de recibir los beneficios individuales
correspondientes.
Del Sistema General de Seguridad Social en Salud
El Sistema General de Seguridad Social en Salud se desarrolla en el libro
segundo de la Ley 100 de 1993, por lo que a partir del artículo 152 de dicha
norma se definió los objetivos del sistema de seguridad social en salud, en
los siguientes términos:
«ARTICULO. 152.-Objeto. La presente ley establece el sistema general de
seguridad social en salud, desarrolla los fundamentos que lo rigen, determina su
dirección, organización y funcionamiento, sus normas administrativas,
financieras y de control y las obligaciones que se derivan de su aplicación.
Los objetivos del sistema general de seguridad social en salud son regular el
servicio público esencial de salud y crear condiciones de acceso de toda la
población al servicio en todos los niveles de atención.
Las competencias para prestación pública de los servicios de salud y la
organización de la atención en salud en los aspectos no cobijados en la presente
ley se regirán por las disposiciones legales vigentes, en especial por la Ley 10 de
1990 y la Ley 60 de 1993. Las actividades y competencias de salud pública se
regirán por las disposiciones vigentes en la materia, especialmente la Ley 9ª de
1979 y la Ley 60 de 1993, excepto la regulación de medicamentos que se regirá
por lo dispuesto en la presente ley.».
En virtud de lo regulado en el artículo 153 de la Ley 100 de 1993, el Estado
intervendrá en el servicio público de seguridad social en salud, para
garantizar la observancia de los principios consagrados en la Constitución y
en los artículos 2.º y 153 de la ley, asegurar su carácter obligatorio por su
naturaleza de derecho social para todos los habitantes de Colombia y lograr
la ampliación progresiva de la cobertura, entre otros.
En aras de cumplir con dichos mandatos constitucionales y legales, el
artículo 155 de la Ley 100 de 1993 prevé que el sistema general de
seguridad social en salud está integrado por: «1. Organismos de dirección,
vigilancia y control; 2. Los organismos de administración y financiación; 3.
13
Corte Constitucional, Sentencia C-288 de 2012.
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Las instituciones prestadoras de servicios de salud, públicas, mixtas o
privadas; 4. Las demás entidades de salud que, al entrar en vigencia la
presente ley, estén adscritas a los Ministerios de Salud y Trabajo; 5. Los
empleadores, los trabajadores y sus organizaciones y los trabajadores
independientes que cotizan al sistema contributivo y los pensionados; 6. Los
beneficiarios del sistema general de seguridad social en salud en todas sus
modalidades; 7. Los comités de participación comunitaria ‘Copacos’ creados
por la Ley 10 de 1990 y las organizaciones comunales que participen en los
subsidios de salud», quienes se encargarán de garantizar la prestación del
servicio y velarán porque toda la población pueda tener acceso a aquel.
De la obligatoriedad de los pensionados de cotizar en el sistema
de salud
Para determinada parte de la población la cotización en salud es obligatoria,
como es el caso de los pensionados, a quienes al tener capacidad de pago,
se les impuso el deber de afiliarse al sistema y asumir el 100% de los
aportes.
En efecto, el artículo 157 de la Ley 100 de 1993, en relación con los afiliados
al Sistema de Seguridad Social en Salud, determinó lo siguiente:
«ARTICULO 157. Tipos de participantes en el Sistema General de Seguridad
Social en Salud. A partir de la sanción de la presente Ley, todo colombiano
participará en el servicio esencial de salud que permite el Sistema General de
Seguridad Social en Salud. Unos lo harán en su condición de afiliados al
régimen contributivo o subsidiado y otros lo harán en forma temporal como
participantes vinculados.
A. Afiliados al Sistema de Seguridad Social.
Existirán dos tipos de afiliados al Sistema General de Seguridad Social en salud:
1. Los afiliados al Sistema mediante el régimen contributivo son las
personas vinculadas a través de contrato de trabajo, los servidores públicos, los
pensionados y jubilados y los trabajadores independientes con capacidad de
pago. Estas personas deberán afiliarse al Sistema mediante las normas del
régimen contributivo de que trata el Capítulo I del Título III de la presente Ley.».
(Negrillas agregadas).
En los mismos términos, la regla general aplicable a las personas que gozan
de pensión, es que la cotización de salud está en su totalidad a su cargo.
Sobre este particular, el artículo 143 de la Ley 100 de 1993, previó:
«Artículo. 143. Reajuste pensional para los actuales pensionados. A quienes con
anterioridad al 1º de enero de 1994 se les hubiere reconocido la pensión de
vejez o jubilación, invalidez o muerte, tendrán derecho, a partir de dicha fecha, a
un reajuste mensual equivalente a la elevación en la cotización para salud que
resulte de la aplicación de la presente ley.
La cotización para salud establecida en el sistema general de salud para
los pensionados está, en su totalidad, a cargo de éstos, quienes podrán
cancelarla mediante una cotización complementaria durante su período de
vinculación laboral.
El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud podrá reducir el monto de la
cotización de los pensionados en proporción al menor número de beneficiarios y
para pensiones cuyo monto no exceda de tres (3) salarios mínimos legales.
Parágrafo transitorio.- Sólo por el año de 1993, los gastos de salud de los
actuales pensionados del ISS se atenderá con cargo al seguro de IVM y hasta el
monto de la cuota patronal.». (Negrilla fuera del texto original).
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Adviértase entonces que el inicial artículo 204 de la Ley 100 de 1993
señalaba que, toda persona afiliada al régimen contributivo en salud
(vinculada mediante contrato de trabajo, los servidores públicos, los
pensionados y jubilados y los trabajadores independientes con capacidad de
pago), debían pagar una cotización obligatoria del 12% del salario base de
cotización. En el caso de los particulares contratistas y servidores públicos,
el antiguo artículo 204 de la Ley 100 de 1993, disponía que dicho porcentaje
se repartiría de la siguiente manera: 2/3 partes a cargo del empleador (8%) y
1/3 (4%), a cargo del trabajador. Por el contrario, en el caso de los
pensionados y de los trabajadores independientes, al carecer evidentemente
de empleador, debían asumir la totalidad del pago de la cotización, es decir,
el 12%.
Más adelante, el artículo 10 de la Ley 1122 de 2007 14 incrementó, a partir
del 1.º de enero de 2007, el monto de la cotización en salud del 12% al
12.5% del ingreso o salario base de cotización. En cuanto a la distribución
de la cotización, la norma regula que el empleador asumirá el 8.5% de la
misma, es decir, se le incrementó en 0.5%, en tanto que aquella a cargo del
trabajador se mantuvo en un 4%.
Posteriormente, en la Ley 1250 de 200815 se introdujo una modificación al
artículo 1.° de la Ley 1122 de 2007, que exoneró a toda la población
pensionada de la obligación de contribuir con un 0.5% adicional del ingreso
base de cotización, por lo que quedó en un 12% del ingreso de la respectiva
mesada pensional.
En concordancia con lo anterior, el artículo 42 del Decreto 692 de 1994, que
reglamentó parcialmente la Ley 100 de 1993, reguló lo siguiente:
«Artículo 42. Reajuste pensional por incremento de aportes en salud. A quienes
con anterioridad al 1º de enero de 1994 se les hubiere reconocido la pensión de
vejez o jubilación, invalidez, o sobrevivientes, y a quienes sin haberles efectuado
el reconocimiento tuvieran causada la correspondiente pensión con los requisitos
formales completos, tendrán derecho a partir de dicha fecha a que con la
mesada mensual se incluya un reajuste equivalente a la elevación en la
cotización para salud prevista en la Ley 100 de 1993.
[…]
Las entidades pagadoras deberán descontar la cotización para salud, y
transferirlo a la EPS o entidad a la cual esté afiliado el pensionado en
salud. Igualmente deberán girar un punto porcentual de la cotización al
fondo de solidaridad y garantía en salud.
[…]». (Resaltado intencional).
Sobre el punto, esta Subsección señaló que «conforme el artículo 143 de la Ley
100 de 1993 la cotización para salud establecida en el sistema general de salud
para los pensionados está, en su totalidad, a cargo de éstos, quienes podrán
cancelarla mediante una cotización complementaria durante su período de
vinculación laboral y que las entidades pagadoras deberán descontar la cotización
para salud y transferido a la EPS o entidad a la cual esté afiliado el pensionado en
salud. Igualmente deberán girar un punto porcentual de la cotización al fondo de
14 «Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social
en Salud y se dictan otras disposiciones».
15
«Por la cual se adiciona un inciso al artículo 204 de la Ley 100 de 1993 modificado por el
artículo 10 de la Ley 1122 de 2007 y un parágrafo al artículo 19 de la Ley 100 de 1993
modificado por el artículo 6° de la Ley 797 de 2003».
Al respecto se resalta que parágrafo 5.° del artículo 204 fue adicionado por el artículo 142 de
la Ley 2010 de 2019 que previó un monto de cotización del 12% para los pensionados que
perciban entre y 8 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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solidaridad y garantía en salud, ello conforme al artículo 43 del Decreto 692 de
1994»16.
En cuanto al deber que tienen los pensionados de cotizar en materia de
salud, la Corte Constitucional17 ha estimado que (i) es un desarrollo natural
de los preceptos constitucionales que la ley ordene brindar asistencia
médica a los pensionados y que prevea que éstos paguen una cotización
para tal efecto, ya que la seguridad social no es gratuita sino que se financia,
en parte, con los mismos aportes de los beneficiados, de conformidad con
los principios de eficiencia, solidaridad y universalidad; y (ii) no viola la
Constitución que el legislador establezca que los pensionados deben cotizar
en materia de salud.
De lo expuesto se puede concluir que todo pensionado debe contribuir a la
sostenibilidad y eficiencia del sistema General de Salud, no solo para recibir
los distintos beneficios, sino para financiar el sistema en su conjunto,
colaborando con sus aportes a la prestación de la asistencia médica de
todas las personas que pertenecen al régimen subsidiado, en desarrollo del
principio de solidaridad consagrado en la Constitución.
De este modo, la entidad pagadora de la prestación tiene el deber de
descontar de la mesada pensional la respectiva cotización y trasladarla a la
EPS o entidad de salud a la cual esté afiliado el pensionado, asimismo,
trasladará un porcentaje al fondo de solidaridad y garantía de salud.
Por otra parte, en cuanto a la naturaleza jurídica de las cotizaciones en
salud, la jurisprudencia Constitucional ha sido constante en afirmar que:
(i) se trata de rentas parafiscales que constituyen un instrumento para la
generación de ingresos públicos, representadas en forma de gravamen que
se establece con carácter impositivo por la ley para afectar a un determinado
y único grupo social o económico, y que debe utilizarse en beneficio del
propio grupo gravado18;
(ii) es un gravamen que se cobra a un grupo de personas afiliadas al
Sistema de Seguridad Social en Salud, cuya destinación específica es
financiar ese mismo Sistema19, con fundamento en los principios de
solidaridad, eficiencia y universalidad;
(iii) se caracteriza, a su vez, por su obligatoriedad, en cuanto se exigen como
los demás tributos en ejercicio del poder coercitivo del Estado; su
determinación o singularidad, pues solo grava a un grupo, sector o gremio
económico o social; su destinación específica, «toda vez que redunda en
beneficio exclusivo del grupo, sector o gremio que los tributa; su condición de
contribución, teniendo en cuenta que no comportan una contraprestación
equivalente al monto de la tarifa fijada, su naturaleza pública, en la medida en que
pertenecen al Estado aun cuando no comportan ingresos de la Nación y por ello no
ingresan al presupuesto nacional; su regulación excepcional, en cuanto así lo
consagra el numeral 12 del artículo 150 de la Carta;»20.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia
de 22 de septiembre de 2010. Radicación número: 11001-03-25-000-2006-00049-00(1067-
06)
17 Sentencia C- 126 del 16 de febrero de 2000. Demanda de inconstitucionalidad contra el
artículo 143 (parcial) de la Ley 100 de 1993. Referencia: expediente D-2456.
18 Sentencia C- 655 de 2003.
19 Ver las sentencias C-490 de 1993, C-308 de 1994, C-253 de 1995, C-273 de 1996 y C-152
de 1997, entre otras.
20 Entre otras, se pueden consultar las sentencias C-577 de 1995; C-828 de 2001, C-791 de
2002 y .C-100 de 2007.
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En igual sentido, se ha pronunciado esta Subsección21 al señalar: «En
conclusión, se puede decir que las cotizaciones efectuadas por los cotizantes –
afiliados-, se convierte en un tributo con destinación específica, cuyos ingresos no
entran a engrosar el Presupuesto Nacional, porque son contribuciones que tienen
como sujeto pasivo un sector específico de la población y se destinan para su
beneficio, y conforme al principio de solidaridad, se establecen para aumentar la
cobertura en la prestación del servicio de salud.».
El demandante debe contribuir con las cotizaciones al Sistema de
Seguridad Social en Salud a partir del momento en que adquirió
el estatus de pensionado
De conformidad con el marco legal y jurisprudencial descrito, la Sala advierte
que en atención al material probatorio recaudado y practicado a lo largo del
proceso, se encuentran demostrados los siguientes hechos:
Con ocasión del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho incoado por el señor Edburn Newball Robinson en contra de
la extinta Caja Nacional de Previsión Social (hoy UGPP), con el fin de
le fuera reconocida pensión de vejez, el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, profirió sentencia el 9 de abril de 2014 (folios
18 a 33), en la cual decidió lo que continuación se inserta:
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 19 de febrero de
2015. Radicación número: 25000-23-25-000-2003-01047-01(0983-10), en concordancia con
la sentencia del 21 de junio de 2018, proferida por esta Sala de Decisión. Radicación
número: 25000-23-42-000-2014-02587-01(3756-16).
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La UGPP por medio de Resolución RDP 035857 del 26 de noviembre
de 2014, dio cumplimiento a la anterior providencia (folios 35 a 41),
reconoció la prestación y realizó la liquidación entre el 22 de diciembre
de 2004 y el 31 de enero de 2015, así:
«[…] ARTÍCULO PRIMERO: Dar cumplimiento al fallo judicial proferido por
el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCION (SIC) SEGUNDA SUBSECCION (SIC) A el 9
de abril de 2014 y en consecuencia, reconocer y ordenar el pago a favor
del (la) señor (a) NEWBALL ROBINSON EDBURN, ya identificado (a), de
una pensión mensual vitalicia de VEJEZ, en cuantía de $4.127.198
(CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y
OCHO PESOS M/CTE), efectiva a partir del 21 de noviembre de 2004, pero
con efectos fiscales una vez demuestre el retiro definitivo del servicio.
ARTÍCULO SEGUNDO: El Fondo de Pensiones Públicas del Nivel
Nacional pagará al interesado (a) la suma a que se refiere el artículo
anterior, con los reajustes correspondientes, previas las deducciones
ordenadas por la ley, con observancia del turno respectivo.
ARTÍCULO TERCERO: Esta pensión estará a cargo de:
ENTIDAD DÍAS VALOR
CUOTA
COLPENSIONES 1140 $585,637,00
DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN 1175 $603.617,00
ANDRÉS PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
MINISTERIO D DEFENSA NACIONAL 1416 $727.423,00
FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS 4303 $2.210.521,00
ARTÍCULO CUARTO: La presente pensión estará sujeta a todas las
incompatibilidades legales.
ARTÍCULO QUINTO: Se le advierte al interesado (a) que para el efecto de
incluir en nómina el retroactivo, si a ello hubiere lugar en virtud del
cumplimiento del fallo al (sic) de que trata esta resolución, previamente el
area (sic) de nómina deberá validar con la Dirección Jurídica que no existan
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pagos efectuados como consecuencia de un proceso ejecutivo, ni que se
encuentra en curso proceso ejecutivo alguno por este mismo concepto,
caso en el cual deberá efectuar las compensaciones necesarias.
ARTÍCULO SEXTO: Descontar de las mesadas atrasadas a las que tiene
derecho el (la) señor (a) NEWBALL ROBINSON EDBURN, la suma de UN
MILLON (SIC) OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA
pesos ($1.862.130.00 m/cte) por concepto de aportes para pensión de
factores de salario no efectuados. Lo anterior, sin perjuicio de que con
posterioridad se determine que el pensionado adeuda valores adicionales o
superiores por el referido concepto, o se establezca que los aportes
inicialmente descontados deben ser objeto de aplicación de algún tipo de
actualización o ajuste en su valor y en consecuencia, se proceda a
actualizar su cobro, para lo cual se deberá enviar una copia de la presente
resolución al área competente. […]». (Mayúsculas y negrillas conforme a
la transcripción, subrayas de la Sala).
El anterior acto administrativo fue modificado a través de Resolución
RDP 004497 del 4 de febrero de 2015 (folios 43 a 44), en relación con
los intereses moratorios, conforme se observa a continuación:
«[…] ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR la Resolución No. RDP 35857 de
fecha 26 de noviembre de 2014, en el artículo NOVENO de la parte
resolutiva el cual quedará así
(…) ARTÍCULO NOVENO: En cumplimiento del fallo del presente acto
administrativo, se ordena pagar los intereses moratorios en los términos del
artículo 177 del CCA a cargo de la UNIDAD DE GESTION (SIC) DE
PENSIONES Y PARAFISCALES UGPP, y 178 del CCA que estará a cargo
del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, a favor del interesado
(a).
PARAGRAFO (SIC): El área de nómina efectuará la liquidación de los
intereses moratorios conforme se señala en el fallo y en el presente acto
administrativo, respecto del artículo 177 CCA, siendo parte integral de esta
resolución la liquidación respectiva. […]”
ARTÍUCLO SEGUNDO: Anexar copia de la presente Resolución No. RDP
35857 de fecha 26 de noviembre de 2014 y a la Resolución RDP 038471
de 19 de diciembre de 2014. […]». (Negrillas y mayúsculas del texto
original).
El señor Edburn Newball Robinson fue incluido en nómina en febrero
de 2015, según se advierte de la «hoja de cálculo de fallos» expedido
por la UGPP (folios 12 a 13 vuelto) y en la parte motiva de la
Resolución RDP 035857 del 26 de noviembre de 2014 (folios 35 a 41).
En la hoja de «cálculo de fallos» que liquidó la prestación a favor del
libelista, incluye los ítems de: i) valores de liquidación; ii) indexación; y
iii) descuentos. De ello, se observa que se le reconoció al demandante
el total de $871.349.752,90 por concepto de retroactivo pensional, de
dicha suma se efectuaron deducciones de la siguiente manera:
$90.499.513,62 por concepto de aportes a salud y $1.862.130,00 de
aportes a pensión, con un neto a pagar de $780.850.240 (folios 12 a
13 vuelto).
Según el «cupón de pago» expedido por la entidad financiera
Bancolombia se le consignó al libelista el 25 de febrero de 2015, la
suma de $776.002.798,23 por concepto de retroactivo pensional, se le
descontaron los siguientes valores: i) aportes a salud por $91.268.100;
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ii) fondo de solidaridad por la suma de $8.630.600 y; iii) por aportes
$1.862.130 (folio14), conforme se inserta a continuación:
Mediante petición del 6 de febrero de 2017 (folio 15), el demandante
solicitó ante el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, lo
siguiente:
«[…] Al revisar la liquidación de mi pensión ordenado (sic) por el honorable
por el Consejo de Estado en la fecha 9 de abril de 2014, y reconocida por
la UGPP mediante RESOLUCIÓN No. RDP 035857 del 26 de noviembre
de 2014, me he dado cuenta que al realizar el pago efectivo el día 25 de
febrero de 2015, esta entidad descontó la suma de NOVENTA MILLONES
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TRECE pesos
con 62 CENTAVOS (90.499.513,62), correspondiente a los aportes de
salud desde el año 2004 hasta la fecha cuando se efectuó el pago.
Dicho descuento no se hallaba autorizado ni consignado en la resolución
ni en la sentencia. A continuación, cito el artículo sexto de la resolución en
comento: […].
Como se observa no se autorizó ningún otro descuento por aportes
retroactivos para pensión. Por tal motivo, FOPEP solo debía haber hecho el
descuento a partir de mi afiliación al sistema de salud, es decir, desde el
mes de FEBRERO DE 2015.
Por lo anterior, solicito se me reintegre la totalidad de lo descontado hasta
el mes de ENERO DEL 2015; ya que FOPEP no tiene la facultad de
modificar lo ordenado por la Resolución ni por la Sentencia del Consejo de
Estado.». (Mayúsculas y negrillas del texto original).
La auxiliar operativo del FOPEP dio respuesta de forma negativa a la
referida petición, mediante Oficio RAD – 2017005106 del 13 de
febrero de 2017 (folio 8), ello conforme a los siguientes argumentos:
«[…] le informamos que de acuerdo a lo establecido en el Concepto N° 4
del Comité Jurídico Consultor de la Superintendencia Nacional de Salud, la
liquidación retroactiva de aportes al SGSSS de los pre pensionados al
momento de serles reconocida la pensión, corresponde a cotizaciones ya
causadas que adquieren el carácter de parafiscales, y en consecuencia no
son de libre disposición ya que pertenecen desde ese mismo momento al
SGSSS.
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En virtud de lo anterior y en relación al Fondo de Pensiones Públicas del
Nivel Nacional, no es procedente hacer la devolución de los aportes
cancelados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, ya que los
mismos fueron girados oportunamente e ingresaron al sistema como
recursos parafiscales.
De otra parte, le aclaramos que la Unidad de Gestión Pensional y
Parafiscal (UGPP), es la entidad encargada del reporte de novedades para
el pago de la nómina y el Consorcio FOPEP es la entidad netamente
pagadora; por tanto, si presenta alguna inconformidad referente a este
tema, debe comunicarse directamente con la UGPP a la línea nacional
018000423423 o al conmutador 4926090 en Bogotá. […]». (Mayúsculas
conforme la transcripción).
Posteriormente, el pensionado elevó petición ante la UGPP el 29 de
marzo de 2017 tendiente al reintegro de la suma descontada del
retroactivo pensional por concepto de aportes a salud (folios 16 a 17),
el siguiente sentido:
«[…] Mediante el presente, el suscrito se dirige a ustedes con el fin de
solicitar el reintegro de la totalidad de lo descontado del retroactivo
pensional efectuado hasta el mes de enero del año 2015 en la suma de
NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS TRECE PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS
($90.499.513,62); lo anterior, teniendo en cuenta que en lo ordenado
mediante la sentencia de 9 de abril de 2014 proferida por el Consejo de
Estado, así como en la Resolución No. RDP 035857 del 26 de noviembre
de 2014 que se expidió en cumplimiento de la providencia, no se halla
consagrado ni estipulado en ninguna parte de los actos, mucho menos el
concepto o motivo de la deducción, razón por la cual, al no estar autorizado
u ordenado, no se (sic) existía fundamento para haber realizado el
respectivo descuento de las mesadas atrasadas; pues para proceder de tal
manera y realizar actuaciones como estas, deben estar debidamente
fundamentadas con sustento legal y previamente ordenadas en un acto
administrativo, lo que en presente caso no ocurrió, pues si observamos el
artículo sexto de la resolución en mención, señala expresamente lo
siguiente:
[…].
Por consiguiente, elevo la presente solicitud en los mismos términos
iniciales ante el FOPEP, bajo el mismo argumento y fundamento, en la
medida que no se observa que (sic) UGPP haya actuado conforme lo
estipulado en la resolución de reconocimiento de pensión en mención que
expidió, lo cual resultaba obligatorio en respeto al debido proceso, pues ha
debido informar y comunicar al interesado todas las deducciones y
actuaciones que efectuaría con el respectivo fundamento jurídico. […]».
(Mayúsculas y negrillas del texto original).
La subdirectora de nómina de pensionados de la UGGPP negó lo
peticionado por medio de Oficio 201714001009371 del 4 de abril de
2017 (folios 10 a 11), en el cual señaló:
«[…] Mediante Resolución RDP038471 del 19 de diciembre de 2014 se
modificó la resolución (sic) RDP35857 de noviembre de 2014, que dio
cumplimiento a fallo judicial proferido por el Consejo de Estado Sala de lo
Contencioso Administrativo y ordenó reconocer pensión de vejez,
modificándola en los siguientes términos:
[…]
La mencionada resolución fue reportada en nómina de febrero de 2015,
con pago de retroactivo del periodo comprendido entre el 22 de diciembre
de 2004 al 31 de enero de 2015.
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Igualmente se efectuaron descuentos por concepto de aportes para
pensión de factores de salario no efectuados en cuantía de $1.862.130.
Así mismo se descontó para salud la suma de $90.499.513, tal como se
evidencia en al (sic) liquidación detallada y cupón de pago adjuntos.
En lo referente a los descuentos en salud, la Sala de Casación Laboral de
la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 6 de marzo de 2012, Rad.
47528, M.P. Dr. Rigoberto Echeverry Bueno indicó sobre la no aplicación
de descuentos por salud: […].
Dado lo anterior, los descuentos en salud aplicados a conceptos generados
por pago de retroactivo pensional están legitimados por la Ley 100 de 1993
y la Sentencia del 6 de marzo de 2012, Rad. 47528 emitida por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, así las cosas, la
UNIDAD no tiene competencia en la administración de los descuentos por
salud aplicados por el Consorcio Fopep a la mesada pensional (12%), por
cuanto estos se encuentran reportados al Sistema General de Seguridad
Social en Salud – SGSSS con destino al Fondo de Solidaridad y Garantía –
FOSYGA, por lo tanto su solicitud no es procedente.
En virtud de lo indicado, su solicitud no es procedente.». (Mayúsculas
conforme la transcripción).
Acorde con lo evidenciado previamente, se encuentra que:
• Con ocasión del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado,
mediante sentencia del 9 de abril de 2014, ordenó a la extinta Cajanal (hoy
UGPP), el reconocimiento de la pensión de vejez a favor del señor Edburn
Newball Robinson, a partir del 22 de diciembre de 2004 con la inclusión de
todos los factores devengados en el último año de servicio (folios 18 a 33).
• La entidad condenada con el fin de dar cumplimiento al anterior fallo,
expidió la Resolución RDP 035857 del 26 de noviembre de 2014, y reconoció
la prestación entre el 22 de diciembre de 2004 y el 31 de enero de 2015, en
cuantía equivalente a $4.127.198. En el artículo segundo del mentado acto
administrativo ordenó los reajustes correspondientes, previas las
deducciones ordenadas por la ley. Aunado a ello autorizó la deducción de las
mesadas atrasadas a las que tenía derecho el libelista de la suma de
$1.862.130.00 por concepto de aportes para pensión de factores de salario
(folios 35 a 41).
• El señor Edburn Newball Robinson fue incluido en nómina en febrero de
2015, (folios 12 a 13 vuelto y 35 a 41), hecho que es aceptado por el
demandante en el libelo introductor (folio 2 vuelto).
• La UGPP en la hoja de «cálculo de fallos» a través de la cual liquidó el
retroactivo pensional del interesado a enero de 2015, ordenó el pago de la
suma de $871.349.752,90, monto del cual descontó $90.499.513,62 por
concepto de cotizaciones a salud y $1.862.130,00 de aportes a pensión, con
un neto a pagar de $780.850.240 (folios 12 a 13 vuelto).
• Según el «cupón de pago» expedido por la entidad financiera Bancolombia
se le consignó al libelista el 25 de febrero de 2015, la suma de
$776.002.798,23, por cuanto se le efectuaron deducciones de los siguientes
valores: i) cotizaciones a salud por $91.268.100 a febrero del año
mencionado; ii) fondo de solidaridad por la suma de $8.630.600 y; iii)
aportes por $1.862.130.
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• En virtud de lo anterior, el libelista elevó petición el 6 de febrero de 2017
ante el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional y el 29 de marzo de
2017 a la UGPP, respectivamente, tendiente al reintegro de la suma
descontada del retroactivo pensional por concepto de aportes a salud a
enero de 2015, esto es, 90.499.513,62, ello, por cuanto consideró que dicho
valor no se había autorizado ni consignado en la sentencia que ordenó el
reconocimiento de su prestación como tampoco en el acto administrativo que
le dio cumplimiento (folios 15 a 17).
• Tanto la UGPP como el Consorcio FOPEP negaron lo solicitado a través de
los Oficios RAD – 2017005106 del 13 de febrero de 2017 y
201714001009371 del 4 de abril de 2017 (folios 8 y 10 a 11).
Ahora bien, tal como quedó analizado en acápites anteriores, de
conformidad con el inciso 2.° del artículo 143 de la Ley 100 de 1993, los
pensionados en su condición de afiliados obligatorios al régimen contributivo
del Sistema de Seguridad Social en Salud, deben asumir en su totalidad el
valor de la cotización, pues al contar con capacidad de pago están llamados
a contribuir con el financiamiento de aquel.
En esta medida, dado que al aquí demandante se le liquidó y pagó el
retroactivo de la prestación a partir del 22 de diciembre de 2004, consignada
en su entidad bancaria el 25 de febrero de 2015, es desde dicha fecha (22
de diciembre de 2004) que procede el descuento a salud, toda vez que en
esa fecha se causó el derecho pensional y por tanto la obligación en cabeza
del beneficiario de aportar a la sostenibilidad del sistema.
En relación con la procedencia del descuento por cotización para el sistema
de salud, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia22 ha sido enfática
en aseverar que la misma debe realizarse desde la fecha en que se causa la
prestación, pues no otra puede ser la interpretación que se deriva
sistemáticamente de las disposiciones citadas de la Ley 100 de 1993, al
haberse determinado que las cotizaciones de los afiliados son obligatorias,
tal como se observa:
«[…] Del conjunto de estas disposiciones, se entiende con facilidad que todos
los pensionados en el país, sin excepción alguna, al tener capacidad de pago,
están llamados a cotizar y, por ende, financiar el régimen contributivo del
Sistema de Seguridad Social en Salud, siendo de cargo de los mismos la
totalidad de la cotización, pues no de otra manera podría sostenerse
económicamente el mismo, ni, menos, otorgar las diferentes prestaciones
asistenciales y económicas, tales como las indicadas en los artículos 206 y 207
de la pluricitada Ley 100, además que, bien es sabido, de los aportes de los
cotizantes al régimen contributivo, como es el caso de los pensionados, se
descuenta un punto porcentual para la subcuenta de solidaridad del FOSYGA,
encargada de cofinanciar, junto con los entes territoriales el régimen subsidiado,
cuya destinación es la prestación del servicio de salud de la población
colombiana sin capacidad de pago alguna, por lo que, en consecuencia, las
cotizaciones de los pensionados resultan vitales para el financiamiento del
sistema en salud.
En virtud de esta finalidad y para proteger los recursos provenientes de las
cotizaciones de los afiliados obligatorios al sistema en mención, el artículo 161
de la Ley 100 de 1993 consagró, dentro de las obligaciones de los empleadores,
la de girar oportunamente los aportes y cotizaciones a la entidad promotora de
salud, de acuerdo con la reglamentación vigente, pues de lo contrario, aquéllos
serían sujetos de las sanciones previstas en los artículos 22 y 23 del Libro
Primero de la citada ley, es decir, los intereses moratorios por el no pago de las
cotizaciones, dentro de las fechas establecidas para tal efecto.
22 Sentencia SL4948-2017 del 29 de marzo de 2017. Radicación: 66436.
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Demandante: Edburn Newball Robinson
De lo dicho hasta el momento, se entiende no solo que todos los
pensionados del país están llamados a cotizar al Sistema de Seguridad
Social en Salud, quienes deben asumir en su totalidad el valor de la
cotización, sino que, además, la misma debe hacerse desde la fecha en que
se causa el derecho pensional, pues no otra puede ser la interpretación
que se deriva sistemáticamente de las disposiciones citadas de la Ley 100
de 1993, al haberse establecido las cotizaciones de los afiliados
obligatorios, tal como es el caso de los pensionados, como parte esencial
del financiamiento del sistema, además que, encuentra la Sala, éstas
constituyen un requisito de los afiliados a la hora de acceder a las
diferentes prestaciones económicas, como las contempladas en los artículos
206 y 207 de la Ley 100 de 1993, reglamentados en varias oportunidades
posteriores, por lo que el hecho de no descontarse las mismas desde la
causación de la pensión devendría en detrimento de los posibles derechos
derivados de este sistema a favor de los pensionados cotizantes. […]».
(Resaltado intencional).
Acorde con las disposiciones legales y jurisprudenciales citadas en
precedencia, resulta evidente para esta Sala que la obligación de efectuar
las cotizaciones por concepto de salud nace a partir de que se adquiere el
estatus de pensionado y se realizan por todas las mesadas pensionales
reconocidas, ello, toda vez que dichos recursos hacen parte del sistema y
con los cuales se financia aquel, con el fin de materializar los principios de
solidaridad y universalidad, circunstancia que permite a su vez, que la
población sin capacidad de pago pueda beneficiarse de los servicios que
ofrece el Sistema General de Seguridad Social en Salud de forma eficiente y
oportuna.
De esta forma, es claro que los descuentos realizados al demandante
respecto de su retroactivo pensional no tenían que ordenarse en la sentencia
que reconoció su prestación ni tampoco en el acto administrativo que le dio
cumplimiento, habida cuenta de que es una obligación legal, en virtud del
deber que tienen las personas con capacidad de pago de contribuir con el
funcionamiento del sistema, a la luz de artículo 143 de la Ley 100 de 1993 y
el inciso 3.° del artículo 42 del Decreto 692 de 1994.
En todo caso, se advierte que en el artículo segundo de la Resolución RDP
035857 del 26 de noviembre de 2014, se autorizó el pago de las mesadas
atrasadas con las respectivas deducciones de ley, entre las cuales se
encuentran, las correspondientes a salud, de manera que la UGPP solo dio
cumplimiento a la normativa aplicable.
Para la Sala no es de recibo el argumento esgrimido por el demandante en el
recurso de alzada en el sentido de que al no haber tenido la posibilidad de
acceder a los servicios de salud durante la época en que no recibió pensión,
es improcedente que la UGPP realice el cobro, pues ello constituye «un
cobro de lo no debido y un enriquecimiento sin causa». Lo anterior, toda vez
que, si bien durante los años 2004 a 2015 época en la que estuvo en
discusión su derecho hasta que fue incluido en nómina, no tuvo acceso a los
servicios médico asistenciales como pensionado, sí se garantiza el tiempo
cotizado desde el momento en que adquirió el estatus de pensionado, con la
finalidad de que pueda acceder a aquellos servicios que requieren una
permanencia en el sistema.
En esa medida, tampoco se presenta un enriquecimiento sin causa, pues a
pesar de que durante esas anualidades no tuvo acceso a tales servicios, lo
cierto es que sí cuenta el tiempo de cotización para atender cualquier
contingencia de salud que se pueda presentar a futuro y que requiera de un
tiempo mínimo de aportes, aunado a ello, se insiste, dado que desde esa
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época adquirió el derecho de pensionado, se encuentra en el deber de
participar de forma solidaria con el sistema y de esta forma éste puede
sostenerse económicamente.
Ahora, estimar adecuada la mentada afirmación como lo insta el apelante,
sería tanto como asumir que en realidad debe presumirse la ilegalidad de los
actos administrativos demandados, al considerar que si bien desde el año
2004 adquirió la calidad de pensionado, su afiliación obligatoria solo podría
darse a partir de febrero de 2015 cuando fue incluido en nómina, lo que a
todas luces desdibuja los principios de la seguridad social, pues permitiría de
un lado, que adquiera todos los beneficios que trae el sistema, pero por otro,
que se le exima de su deber de efectuar los aportes para el sostenimiento de
aquel, situación que es inconcebible bajo los presupuestos de un Estado
Social de Derecho como el nuestro que propende por satisfacer las
necesidades básicas de los ciudadanos, tanto económicas como sociales, y
que se prevean los mecanismos socioeconómicos efectivos que permitan la
realización material de estos.
Lo anterior, se traduce en que si el señor Edburn Newball Robinson percibió
una suma de dinero como consecuencia de las mesadas atrasadas por
concepto de pensión, lo cierto es que desde el mismo momento que obtuvo
dicho beneficio, debe contribuir al sistema, más aun cuando en virtud del
principio de solidaridad, los aportes efectuados por quienes cuentan con una
capacidad de pago, ayudan a financiar a las personas más vulnerables y que
no cuentan con recursos para satisfacer sus carencias más apremiantes,
como en este caso, tener acceso a la salud a través del régimen subsidiado,
y de esta forma evitar que se pongan en riesgo los recursos necesarios para
la atención del resto de la población.
De otro lado, no tiene fundamento la aseveración realizada por la parte
activa, al considerar que con el descuento realizado se le trasgredió el
debido proceso en virtud del principio de confianza legítima que le asiste, al
no ser informado respecto de la deducción que se efectuó, habida cuenta de
que, tal como se analizó en apartes anteriores, las cotizaciones a salud
tienen sustento legal, motivo por el cual, era obligación de UGPP como
entidad pagadora descontar el monto respectivo.
En relación con la apreciación del demandante en su alzada, en cuanto a
que la Ley 100 de 1993 no consagra el deber de los colombianos
pensionados que residen fuera del país a realizar cotizaciones al sistema de
salud, la Subsección observa que, si bien el artículo 59 del Decreto 806 de
199823 (vigente para la época en que se le liquidó la prestación), preveía la
interrupción de la afiliación sin pérdida de la antigüedad ni pago de los
periodos por los cuales se interrumpe la cotización, cuando el afiliado
cotizante o pensionado y sus beneficiarios residan temporalmente en el
exterior y reanuden el pago de sus aportes dentro del mes siguiente a su
regreso al país, lo cierto es que dicha circunstancia no se demostró.
23 «Por el cual se reglamenta la afiliación al Régimen de Seguridad Social en Salud y la
prestación de los beneficios del servicio público esencial de Seguridad Social en Salud y
como servicio de interés general, en todo el territorio nacional». Dicha normativa fue
derogada expresamente por el artículo 89 del Decreto 2353 de 2015. Posteriormente, el
numeral 5.° del artículo 2.1.3.17 Decreto 780 de 2016, estableció como una de las causales
de terminación de la inscripción en la EPS «Cuando el afiliado cotizante y su núcleo familiar
fijen su residencia fuera del país y reporte la novedad correspondiente a la EPS; no obstante
suprimió la obligación de aportar el punto de solidaridad de que trata el artículo 204 de la Ley
100 de 1993, como lo preveía el artículo 59 del Decreto 806 de 1998, siempre y cuando
hubiera reportado a la EPS la novedad de terminación de la inscripción».
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Demandante: Edburn Newball Robinson
Por el contrario, conforme a las peticiones realizadas en los años 2007 y
2010 ante la extinta Cajanal (hoy UGPP) de reconocimiento de la pensión, se
advierte que fueron suscritas por el demandante, que aquel indicó como
lugar de residencia para notificaciones la ciudad San Andrés (documentos 4
y 36 del cd contentivo del expediente de antecedentes administrativos visible
a folio 121). En este sentido no fue portado medio probatorio alguno que dé
cuenta de vivía fuera del país
Por lo expuesto, la Sala advierte que no fue desvirtuada la presunción de
legalidad de los actos demandados, en la medida en que la UGPP tenía el
deber de efectuar las deducciones concernientes a las cotizaciones a salud
respecto de las mesadas atrasadas que fueron liquidadas al demandante.
En conclusión: era procedente el descuento de los aportes
correspondientes al Sistema General de Seguridad Social en Salud respecto
del retroactivo pensional pagado al demandante entre el 22 de diciembre de
2004 y enero de 2015, por así autorizarlo los artículos 157 y 203 de la Ley
100 de 1993, en concordancia con el inciso 3.° del artículo 42 del Decreto
692 de 1994, en la medida en que los pensionados son afiliados obligatorios
al sistema y tienen el deber de contribuir con el funcionamiento y
sostenimiento de aquel, en virtud de los principios de solidaridad y
universalidad.
Segundo problema jurídico
¿Procedía la condena en costas de primera instancia impuesta al
demandante?
Frente a este interrogante la Subsección tendrá la tesis de que: sí resultaba
procedente la aludida condena en primera instancia en contra del libelista, tal
como se sustenta a continuación:
De la condena en costas
Al respecto esta Subsección24 sentó posición en vigencia del CPACA, en
aquella oportunidad se determinó el criterio objetivo-valorativo para la
imposición de condena en costas por lo siguiente:
a) «El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo valorativo»
–CPACA-.
b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá»
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos
ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente
realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la
mala fe o temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se
fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea
la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más
vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e
24Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, Expedientes: 4492-2013, Demandante:
María del Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, Demandante: José Francisco Guerrero
Bardi.
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intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado
por éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP25, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.»
De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración
objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la
temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que
tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en
la sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto,
con excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público 26.
Así mismo, de la lectura del artículo 365 del Código General del Proceso, se
observa que varias de las situaciones por las que se impone el pago de las
costas del proceso, están relacionadas con el hecho de que una de las
partes resultó vencida en el juicio, sin que para tal efecto se indique que
adicionalmente debe verificarse mala fe o temeridad.
En el caso de marras, el a quo condenó en costas al demandante, por
considerar que fue vencido en el proceso a la luz de lo preceptuado en el
CPACA y en el CGP, en virtud a que se denegaron las pretensiones (folio
368).
Al respecto, resulta claro que contrario a lo aludido por el libelista las costas
sí se causaron, dado que en primera instancia se negaron las pretensiones
encaminadas a la devolución de los descuentos realizados por aportes en
salud del retroactivo pensional, aunado a ello, las entidades demandadas
debieron acudir a una defensa a través de apoderado, para contestar la
demanda, asistir a las audiencias del proceso y presentar alegatos, aspectos
que, bajo el criterio objetivo valorativo enunciado, hacen necesaria la
condena en costas en su contra, por cuanto dicho supuesto se enmarca en el
previsto por el artículo 365, numeral 1.° del CGP 27, esto es, incurrió en
gastos en la defensa técnica asignada para este asunto.
Conforme a lo anterior, y contrario a lo reseñado por el demandante no es
necesario para su causación que se demuestre la mala fe o conducta
temeraria, toda vez que se debe advertir que existió una parte vencida y que
la contraparte incurrió en gastos procesales para la respectiva condena,
como ocurrió en el sub lite.
25 «ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de
manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única
instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o
notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las
siguientes reglas: […]»
26 Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil […].»
27
«ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones
posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las
siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión
que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código. […]».
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Demandante: Edburn Newball Robinson
En conclusión: sí resultaba procedente la condena en costas en primera
instancia en contra del señor Edburn Newball Robinnson, en tanto resultó
vencido en el presente proceso, y las entidades demandadas debieron
acudir a la defensa técnica durante el curso del proceso, lo cual se ajusta al
criterio objetivo valorativo requerido para su imposición, luego de verificar
que tal circunstancia se encuentra prevista en el artículo 365, numeral 1.° del
CGP.
Decisión de segunda instancia
Según se ha expuesto, se impone confirmar la sentencia apelada que
denegó las pretensiones de la demanda, habida cuenta de que no prosperan
los argumentos del recurso de apelación formulado por el libelista.
De la condena en costas en segunda instancia
De conformidad con lo señalado en acápite anterior, bajo el hilo
argumentativo, se condenará en costas al demandante, toda vez que resultó
vencido, pues no prosperaron los argumentos del recurso de alzada, y la
Nación, Ministerio de la Protección Social, Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales, UGPP y el Consorcio
Fondo de Pensionados Públicos, FOPEP, presentaron alegatos de
conclusión en esta instancia, conforme constancia secretarial visible a folio
473 del expediente. Las costas serán liquidadas por el a quo acorde con lo
regulado en el artículo 366 del Código General del Proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia proferida el 28 de junio de 2018, por el
Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que
denegó las pretensiones de la demanda, en el proceso que, en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, promovió el
señor Edburn Newball Robinson contra la Nación, Ministerio de la Protección
Social, Consorcio Fondo de Pensionados Públicos, FOPEP Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales,
UGPP, y Entidad Promotora de Salud SANITAS S.A.
Segundo: Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante
y a favor de la Nación, Ministerio de la Protección Social, Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales,
UGPP y el Consorcio Fondo de Pensionados Públicos, FOPEP, las cuales
serán liquidadas por el a quo.
Tercero: Reconocer personería adjetiva al abogado Nicolás Felipe Mendoza
Cerquera identificado con cédula de ciudadanía 1.019.071.630 y portador de
la tarjeta profesional 297.115 del Consejo Superior de la Judicatura como
apoderado de la Nación, Ministerio del Trabajo, conforme al poder a él
conferido visible a folio 447.
Asimismo, reconocer personería adjetiva al abogado Andrés Brandt Mcnish
identificado con cédula de ciudadanía 15.240.880 y portador de la tarjeta
profesional 70.146 del Consejo Superior de la Judicatura como apoderado de
la parte demandante, según documento obrante en folio 458.
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Demandante: Edburn Newball Robinson
Cuarto: Aceptar la renuncia de la abogada María Nidya Salazar de Medina
identificada con cédula de ciudadanía 34.531.982 y portadora de la tarjeta
profesional 116.154 del Consejo Superior de la Judicatura como apoderada
de la UGPP, acorde con escrito visible a folio 483.
Quinto: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en la plataforma SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la
sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
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