Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 88001-23-33-000-2017-00063-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Improcedencia de la acción de tutela en concurso de méritos
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 88001-23-33-000-2017-00063-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 88001-23-33-000-2017-00063-01
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
7 de marzo de 2018
IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA EN CONCURSO DE MÉRITOS / INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD - Existencia de otro medio de defensa judicial / MEDIDAS CAUTELARES EN PROCESO ORDINARIO - Mecanismo de defensa provisional, idóneo y eficaz / PERJUICIO IRREMEDIABLE - Inexistencia
[E]l accionante puede controvertir el acto administrativo que negó su confirmación en el cargo, a través de medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA, dentro del cual puede invocar las medidas cautelares previstas en el artículo 230 y siguientes del Código del mismo estatuto procesal, incluidas las de urgencia , las cuales tienen la misma eficacia de la acción de tutela. (...) no se observa que el acto administrativo que negó el nombramiento en propiedad, genere una situación que revista tal gravedad que configure un perjuicio irremediable, en los términos establecidos por la jurisprudencia precitada. Además, (i) el actor en la actualidad se encuentra trabajando en la ciudad de Cartagena y (ii) no demostró su calidad de padre cabeza de familia, lo que de ocurrir habilitaría el estudio constitucional de la solicitud de amparo como mecanismo transitorio.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 75 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 138 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 230 / DECRETO 2591 DE 1991 ARTÍCULO 7 / DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 32 / DECRETO 1069 DE 2015
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejera ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá, D.C., siete (7) de marzo de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 88001-23-33-000-2017-00063-01(AC)
Actor: ENRIQUE DE JESÚS GECHEN HERNÁNDEZ
Demandado: JUZGADO ÚNICO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE SAN ANDRÉS PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada por el accionante, contra la sentencia dictada el 5 de septiembre de 2017, por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que rechazó por improcedente el amparo constitucional por no cumplir con el requisito de subsidiariedad.
ANTECEDENTES
Hechos
Del expediente, se destaca la siguiente información relevante:
El accionante manifestó que el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, Sala Administrativa, mediante Acuerdo Nº 195 de 29 de noviembre de 2013, convocó a concurso de méritos para la provisión de cargos en carrera administrativa de los tribunales, juzgados y centros de servicios en los Distritos Judiciales de Cartagena y San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por lo que se inscribió para aspirar al cargo de profesional universitario grado 16 de juzgados administrativos.
Indicó que luego de superar las etapas del proceso de selección fue incluido en el registro seccional de elegibles mediante Resolución Nº 028 de 16 de febrero de 2016.
Aseveró que el 7 de marzo de 2017, la entidad encargada del concurso publicó las vacantes correspondientes al cargo para el cual aspiró, razón por la cual diligenció y remitió el formulario de opción de sede escogiendo la correspondiente al Juzgado Único Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Agregó que el 14 del mismo mes y año fue publicada la lista de elegibles, dentro de la cual quedó incluido.
Advirtió que mediante la Resolución Nº 17 del 14 de julio de 2017, fue nombrado en propiedad en el cargo de profesional universitario grado 16, razón por la cual la autoridad judicial accionada en oficio Nº JCA/00401-17 de 17 de julio de 2017 informó que, en virtud de lo establecido en el artículo 133 de la Ley 270 de 1996, se encontraba en la obligación de aceptar o rehusar el nombramiento efectuado dentro de los ocho (8) días siguientes al recibido de la comunicación. En ese documento, también advirtió que en caso de aceptarlo debía allegar los documentos requeridos para la confirmación y posesión del cargo, en especial los referidos a la acreditación de la calidad de residente en el territorio insular y el dominio del idioma inglés.
Relató que el 27 de julio de 2017, vía correo electrónico, informó que aceptaba el nombramiento, por lo que el Juzgado accionado mediante oficio JCA/00401-17 de 28 de julio siguiente, puso en conocimiento los documentos necesarios para la confirmación del cargo, esto es: i) copia de la cédula de ciudadanía; ii) certificación expedida por la Secretaría de Educación del Archipiélago de San Andrés en la que se acredite el dominio del idioma inglés; iii) certificados de antecedentes judiciales, de la Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría General de la República y iv) tarjeta de residencia (OCCRE). Frente a este último requisito arguyó que la autoridad judicial adicionó, respecto del anterior oficio, que la calidad de residente en el territorio insular debía estar acreditada con anterioridad al nombramiento.
Señaló que a la fecha de la interposición del recurso de amparo no ostentaba la calidad de residente porque, en su sentir, y de conformidad con la normativa vigente, dicho requisito no es un impedimento para efectos del nombramiento, conformación y posesión del cargo.
2. Fundamentos de la acción
El accionante instauró acción de tutela con el fin de obtener la protección de los derechos fundamentales al trabajo, debido proceso, mérito e igualdad que considera vulnerados por parte de la autoridad judicial accionada con la exigencia de la acreditación de residente en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Agregó que la falta de residencia no es un impedimento para tomar posesión del cargo, por cuanto la Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad del Decreto 2762 de 1991, “por medio del cual se adoptan medidas para controlar la densidad poblacional en el departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”, sostuvo en la sentencia C-530 de 1993, que la tarjeta de residente temporal para los servidores públicos del nivel nacional era necesaria pero con fines de registro más no de control, tesis que, a juicio del actor, fue confirmada en sentencia T-1117 de 2002.
Añadió que esa postura también fue acogida por la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante providencia de 22 de mayo de 2008, en la que señaló que para quienes aspiren a ocupar un cargo de carrera administrativa de una entidad del orden nacional deberán tramitar una tarjeta de residencia temporal, pero con fines de mero registro, cuya obtención no requiere el cumplimiento de los requisitos contenidos en el Decreto 2762 de 1991.
Precisó que de conformidad con el antecedente jurisprudencial descrito, la tarjeta de residencia temporal no puede ser exigida antes de la toma de posesión del cargo dado que “no tiene lógica que se diga que se debe solicitar primero la tarjeta de residencia temporal y luego sí tomar posesión del respectivo cargo, pues si aún no se ostenta la titularidad del cargo, por cuanto ello sólo se logra a partir de la posesión, entonces, con fundamento en qué se solicita la residencia temporal, máxime si se tiene en cuenta que pueden presentarse eventualidades tales como la de revocarse el nombramiento, no aceptarse el cargo, etc”.
Afirmó que el Acuerdo 574 de 1999, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, no resulta aplicable en virtud del principio de jerarquía normativa ya que desconoce la sentencia C-530 de 1993 y el Decreto 2762 de 1991, por lo que, en su sentir, debe aplicarse la excepción de inconstitucionalidad.
Por último, aseveró que de conformidad con lo establecido en el Decreto 2762 de 1991, la carga para tramitar la residencia temporal para la contratación de empleados no residentes en el Archipiélago se encuentra en cabeza del empleador, por lo que, en su concepto, la exigencia por parte de la autoridad judicial accionada no tiene fundamento alguno, pues es a ésta a quien le corresponde solicitar la mencionada tarjeta ante la Oficina de Control de Circulación de Residencia (OCCRE).
3. Pretensiones
En el escrito de tutela se formularon las siguientes peticiones:
“- Declarar inconstitucional, en buen uso de la excepción de inconstitucionalidad, la exigencia de acreditar el requisito de residencia en el archipiélago con la presentación del formato de opción de sede.
• Ordenar al Juzgado Único Administrativo del Circuito de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, confirmar al suscrito en el cargo sin exigir la acreditación de residencia alguna.
• Ordenar al Juzgado Único Administrativo del Circuito de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, permitir al suscrito tomar posesión en el cargo sin exigir la acreditación de residencia alguna.
• Ordenar al Juzgado Único Administrativo del Circuito de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, solicitar y tramitar, en los términos que establece el Decreto 2762 de 1991, en armonía con la sentencia C-530 de 1993, la tarjeta de residencia temporal para fines de registro”.
Pruebas relevantes
Con la solicitud de tutela se aportaron los siguientes documentos:
Copia de la Resolución Nº 028 de 16 de febrero de 2016, por medio de la cual el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, Sala Administrativa, conformó el registro de elegibles para el cargo de profesional universitario de juzgado administrativo grado 16 de los distritos judiciales de Cartagena y San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Islas, dentro del concurso de méritos convocado mediante Acuerdo Nº 195 de 2013, en el cual aparece el actor (Folios 31 a 33).
Copia de la Resolución Nº 17 de 14 de julio de 2017, mediante la cual se nombró en propiedad al actor en el cargo de profesional universitario grado 16 del Juzgado Único Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Folio 27).
Copia del Oficio Nº JCA/00401-17 de 17 de julio de 2017, por medio del cual el Juzgado accionado puso en conocimiento al accionante la resolución de nombramiento e informó que en caso de aceptar el cargo debía allegar los documentos exigidos en la ley para efectos de la posesión, en especial los referidos a la calidad de residente del territorio insular y el dominio del idioma inglés (Folio 28).
Copia de la comunicación de 27 de julio de 2017, suscrita por el actor en la que aceptó el nombramiento en el cargo de profesional universitario grado 16. Dicha manifestación fue enviada a la dirección de buzón electrónico del juzgado accionado (folio 29).
Copia del Oficio Nº JCA/0433-17 de 28 de julio de 2017, a través del cual la autoridad judicial accionada informó al señor Gechen Hernández los documentos que debía allegar para la confirmación y posesión (Folio 30).
Copia de la Resolución Nº 024 de 29 de agosto de 2017, expedida por el Juzgado Administrativo Único de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en la que negó la confirmación del nombramiento del accionante, por cuanto no acreditó la calidad de residente del territorio insular (Folios 79 y 80).
Oposición
5.1. Respuesta del Juzgado Único Administrativo del Circuito de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Islas
En escrito presentado el 25 de agosto de 2017, el juez a cargo del despacho judicial en mención solicitó que se declare improcedente la acción de tutela, porque la comunicación contenida en el oficio Nº JCA/0433-17 de 28 de julio de 2017, no comporta la negativa de la confirmación del cargo, sino un requerimiento respecto de los documentos que debían aportarse para ello. Añadió que en caso de considerarse que el referido oficio negó la confirmación del cargo del accionante, el recurso de amparo también se torna improcedente porque tal situación debe ser controvertida a través del medio de control de “nulidad electoral”.
Señaló que las decisiones adoptadas por el despacho judicial estuvieron soportadas en el ordenamiento jurídico, con plena observancia de la normativa especial para los empleados de la Rama Judicial en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, esto es, en el Decreto Ley 2762 de 1991, la sentencia C-530 de 1993, que declaró exequible la Ley 47 de 1993 y el Acuerdo 574 de 1999, normas que fueron incorporadas de manera expresa en las reglas del concurso público convocado mediante Acuerdo 195 de 2013, las cuales son ley para las partes.
Precisó que no es posible aplicar las excepciones al control poblacional previstas en la sentencia C-530 de 1993, ya que éstas solo son aplicables a “los servidores públicos nacionales que ejercen jurisdicción o autoridad política, judicial, civil, administrativa o militar”. Es decir que, a su juicio, solo cobija a los fiscales, jueces y magistrados.
Finalmente, indicó que la afirmación del accionante según la cual la actuación del juzgado “en realidad, no viene a ser más que una triste práctica enquistada en el país, en donde el abrigo del ‘clientelismo judicial’, se eternizan nombramientos en provisionalidad dentro de la respectiva circunscripción judicial”, es desafortunada porque las decisiones frente a los requisitos exigidos para la posesión del cargo fueron adoptadas conforme a la normativa vigente y aplicable al caso concreto.
6. Sentencia de tutela impugnada
El Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, mediante sentencia de 5 de septiembre de 2017, declaró improcedente la solicitud de amparo, al considerar que el accionante puede atacar la legalidad de la Resolución Nº 24 de 29 de agosto de 2017, que negó la confirmación en el cargo de profesional universitario grado 16, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contemplado en el artículo 138 del CPACA, proceso en el que además puede solicitar las medidas cautelares respectivas, las cuales constituyen un mecanismo eficaz para lograr una verdadera tutela judicial, sin que sea necesaria la intervención del juez constitucional para para la protección transitoria de los derechos fundamentales reclamados.
Agregó que previo a la expedición de la resolución mencionada, resultaba predicable por el accionante la ausencia del procedimiento impugnativo, por lo que, en principio, la acción de tutela resultaba procedente en procura de la protección al debido proceso dentro del trámite de nombramiento y posesión en el cargo; sin embargo, el nacimiento de una decisión de fondo releva la procedibilidad del amparo constitucional.
7. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el accionante manifestó su desacuerdo respecto a la decisión de primera instancia en memorial visible a folios 98 y 113 a 133, por las razones que se resumen a continuación:
Aseveró que de conformidad con la jurisprudencia constitucional, la tutela judicial efectiva no puede ser entendida a partir de la existencia de mecanismos que permitan hacer exigibles los derechos sustanciales de que son titulares los ciudadanos, pues, en su criterio, no basta con que dichas prerrogativas se encuentren consignadas en los textos normativos.
A su juicio, las autoridades judiciales están obligadas a evitar acciones o decisiones que impidan el acceso a la administración de justicia, razón por la cual el recurso de amparo no debió ser rechazo por improcedente.
Consideró que las actuaciones desplegadas por los operadores judiciales en el presente asunto no han sido adecuadas. En primer lugar, indicó que al tener su domicilio en Cartagena, interpuso la tutela en dicha ciudad, pero el Tribunal Administrativo de Bolívar mediante auto de 9 de agosto de 2017, la remitió por competencia al Tribunal Administrativo de San Andrés, eludiendo la responsabilidad de asumir el conocimiento de la controversia. Lo anterior, sostuvo, por cuanto el artículo 86 superior establece que la acción de tutela puede ser interpuesta ante cualquier juez de la República y el Decreto 1382 de 2000, preceptúa reglas de reparto y no de competencia.
En segundo lugar, reseñó que en el libelo introductorio solicitó medidas cautelares las cuales fueron negadas sin fundamento alguno, pues según el demandante, el a quo teniendo potestades para actuar de manera oficiosa, dio la espalda a una situación de vulneración de garantías fundamentales y “se sirvió hacer nada”. Advirtió, que contra esa decisión interpuso recurso de reposición el cual fue despachado de manera desfavorable, lo que demuestra una actitud renuente por parte del Tribunal Administrativo de San Andrés de acceder al amparo solicitado.
En tercer lugar, consideró que la sentencia impugnada incurre en dos (2) “falsedades”, la primera, por cuanto sostuvo que la acción de tutela había sido impuesta contra la Resolución Nº 24 de 29 de agosto de 2017, que negó la confirmación del cargo, cuando lo cierto es que esa circunstancia no era siquiera posible dado que el mencionado acto administrativo no existía al momento de la interposición de la tutela (8 de agosto de 2017). Además, el recurso de amparo fue interpuesto contra los oficios proferidos por el Juzgado accionado mediante los cuales se comunicó la necesidad del requisito de residencia, circunstancia que, en su sentir, hace procedente la acción de tutela, ya que fue interpuesta contra actos de trámite, que por su naturaleza no resultan demandables, es decir, respeto de los cuales no existe posibilidad de defesa ordinaria.
Finalmente, plasmó un acápite denominado “ampliación de los argumentos de la tutela inicial” y expuso unos asuntos accesorios relacionados con las pruebas que fueron negadas por el fallador de primera instancia, garantías de imparcialidad, responsabilidades disciplinarias y violación de los derechos a la honra y al buen nombre.
Con fundamento en lo anterior, solicitó: i) que se revoque la decisión de primera instancia y, en su lugar, se profiera una sentencia de fondo “pronunciándose respecto de la legalidad de la resolución 024 de 29 de agosto de 2017, mediante la cual se negó la confirmación del suscrito en el cargo de Profesional Universitario Grado 16”; ii) que “se declare la nulidad de la resolución 024 de 29 de agosto de 2017 y, en consecuencia, se concedan las pretensiones de la tutela, sea de manera definitiva o, subsidiariamente, como mecanismo transitorio, tal cual se haría en los casos en los que se verifica la existencia de un perjuicio irremediable” y iii) “se compulsen copias para que se investigue la comisión de conductas constitutivas de faltas disciplinarias o a las que hubiere lugar”, entre otros.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y el 13 del acuerdo 58 de 1999 y el literal c del artículo 2º del acuerdo 055 de 2003 (reglamento interno), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de impugnación.
2. Cuestión previa
La Sala observa que el actor presentó pretensiones y hechos nuevos en el escrito de impugnación, los cuales no fueron sometidos al debate constitucional de primera instancia, por lo que en esta ocasión, el estudio se circunscribirá a los asuntos propuestos en la solicitud de tutela. Lo anterior, teniendo en cuenta que de pronunciarse sobre ellos, se estaría vulnerando el derecho de defensa de la autoridad judicial accionada.
Se aúna a ello, que el accionante en el escrito de impugnación también cuestionó el trámite otorgado al trámite constitucional, de un lado, porque no estuvo de acuerdo con que la acción de tutela fuera remitida por competencia por parte del Tribunal Administrativo de Bolívar al de San Andrés, Islas, de otro lado, por cuanto, en el auto admisorio fueron negadas las medidas cautelares solicitadas.
Al respecto, es preciso señalar que el señor Gechen Hernández interpuso la acción de tutela el 8 de agosto de 2017, ante el Tribunal Administrativo de Bolívar, dado que en la actualidad trabaja en la ciudad de Cartagena. No obstante, la autoridad judicial mediante auto de 9 del mismo mes y año remitió por competencia (factor territorial) el asunto al Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Lo anterior, por cuanto el recurso de amparo fue interpuesto contra el Juzgado Único de ese territorio insular. Contra esa decisión, el actor interpuso recurso de reposición, el cual fue rechazado por improcedente mediante proveído de 10 de agosto de 2017.
Posteriormente, en auto de 23 de agosto de 2017, el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina admitió la solicitud de amparo y negó medidas provisionales contempladas en el artículo 7º del Decreto 2591 de 19991, en razón a que no había lugar a ello, dado que el actor no demostró la configuración de un perjuicio irremediable. También negó la práctica de la prueba documental solicitada por no ser conducente y pertinente. Contra ese auto, observa la Sala que el demandante interpuso reposición, la cual desatada de manera desfavorable mediante providencia de 25 de agosto de 2017.
Lo anterior, demuestra que en el presente asunto, al actor se le han respetado todas y cada una de las garantías procesales, razón por la cual no son de recibo los argumentos expuestos en el escrito de impugnación, pues además de no ser la instancia procesal para manifestar desacuerdos respecto de estos temas, tuvo la oportunidad de ejercer el derecho de defensa y contradicción, así como interponer recursos, los cuales fueron resueltos, en la etapa procesal correspondiente.
3. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar si la decisión emanada del Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, fue acertada en el sentido de declarar improcedente la solicitud de amparo con fundamento en que el actor cuenta con otro mecanismo de defensa judicial para atacar la legalidad del acto administrativo por medio del cual fue negada la confirmación para ocupar el cargo de profesional universitario grado 16 por no allegar la totalidad de los documentos exigidos para la posesión . De no ser así, debe establecer, si le asiste razón al demandante al considerar que dicha entidad debe posesionarlo en el referido cargo, pues según afirma, la tarjeta de residente temporal en el territorio insular, no resulta exigible con anterioridad a la posesión del cargo.
4. De la acción de tutela contra actos administrativos dictados en los concursos de méritos
La Sala estima pertinente precisar que, por lo general, las decisiones que se dictan en los concursos son actos administrativos de trámite, expedidos justamente para impulsar y dar continuidad a la convocatoria. Contra ese tipo de actos, en principio, no proceden los recursos de la vía gubernativa ni las acciones contencioso administrativas (artículo 75 CPACA). Por lo tanto, cuando el concurso se encuentra en las etapas anteriores a la publicación de la lista de elegibles, la tutela procede como el medio judicial idóneo y eficaz para la protección de los derechos fundamentales de los concursantes.
La doctrina constitucional ha reiterado que al estar en juego la protección de los derechos fundamentales al trabajo, la igualdad y el debido proceso de quienes participaron en un concurso de méritos y fueron debidamente seleccionados, el juez de tutela asume competencia plena y directa, para la protección de estos derechos.
En materia de concursos de méritos para la provisión de cargos de carrera, se ha comprobado que no se encuentra solución efectiva ni oportuna acudiendo a un proceso ordinario o contencioso, en la medida en que su trámite llevaría a extender en el tiempo de manera injustificada la vulneración de derechos fundamentales que requieren de protección inmediata. Por tal razón, la jurisprudencia ha expresado que para excluir la viabilidad de la tutela en estos casos, el medio judicial debe ser eficaz y conducente, pues se trata nada menos que de la defensa y realización de derechos fundamentales, ya que no tendría objeto alguno enervar el mecanismo de tutela para sustituirlo por un instrumento previsto en el ordenamiento legal que no garantice la supremacía de la Constitución en el caso particular.
5. Estudio y solución del caso concreto
El señor Enrique de Jesús Gechen Hernández interpuso acción de tutela con la finalidad de que se ordene al Juzgado Único Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina que lo confirme en el cargo de profesional universitario grado 16 de ese juzgado sin exigir la calidad de residente del territorio insular. Lo anterior, toda vez que a pesar de superar todas las etapas del concurso, el juzgado a través de los oficios enjuiciados informó que debía acreditar para la confirmación y posterior posesión del cargo dicha calidad con anterioridad al nombramiento, lo cual, en su sentir, no es necesario y por el contrario bloquea la provisión de cargos de carrera.
Por su parte el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, consideró que la acción de tutela se torna improcedente por cuanto el actor tiene a su alcance otros mecanismos de defensa judicial para obtener la protección de los derechos fundamentales que considera conculcados.
Inconforme con la decisión, el actor presentó escrito de impugnación en el además de exponer las razones por las cuales considera debe ser posesionado en el cargo sin necesidad de acreditar la calidad de residente del territorio insular, propuso asuntos distintos que desbordan el alcance y finalidad del recurso de impugnación. Que se declare la nulidad de la Resolución Nº 024 de 29 de agosto de 2017, y la compulsa de copias por presuntas irregularidades y comisión de conductas constitutivas de faltas disciplinarias, son pretensiones, que como se explicó en líneas anteriores, no fueron propuestas ni abordadas en el escrito de tutela, por lo que la Sala no hará un pronunciamiento de fondo al respecto.
Ahora bien, la Sala encuentra que el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, Sala Administrativa, mediante Acuerdo Nº 195 de 29 de noviembre de 2013, convocó a concurso de méritos para la provisión de cargos en carrera administrativa de los tribunales, juzgados y centros de servicios en los Distritos Judiciales de Cartagena y San Andrés, Providencia y Santa Catalina, disponiendo en el artículo 1º “convocar a todos los interesados para que se inscriban en el concurso de méritos destinado a la conformación del Registro Seccional de Elegibles para la provisión de los cargos de empleados de carrera de Tribunales, Juzgados y Centros de Servicios, con base en el cual esta Sala elaborará las correspondientes Listas de Elegibles para la provisión de los mismos en los Distritos Judiciales de Cartagena, Administrativo de Bolívar y los Distritos Judicial y Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Islas”.
Así las cosas, mediante Resolución Nº 028 del 16 de febrero de 2016, el actor fue incluido en el registro de elegibles para ese cargo, con un puntaje total de 556,63.
Siguiendo las reglas del concurso, los aspirantes tenían la opción de escoger la sede, bien el Distrito judicial de Cartagena o en el de San Andrés Providencia y Santa Catalina. El actor, escogió esta última y, en tal sentido, debía “acreditar el cumplimiento de lo previsto en la Ley 47 de 1993, junto con los demás requisitos legales, a efectos de obtener la posesión por el correspondiente nominador”.
Una vez culminadas todas la etapas del concurso, el accionante fue nombrado en propiedad en el cargo de profesional universitario grado 16 del juzgado Único Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina mediante Resolución Nº 017 de 14 de julio de 2017, razón por la cual la autoridad judicial accionada mediante los oficios Nº JCA/00401-17 y JCA/0433-17 de 17 y 28 de julio de ese año, respectivamente, informó sobre su nombramiento, así como los documentos exigidos para la correspondiente confirmación y posesión del cargo.
Al no tener la calidad de residente del Archipiélago, el accionante instauró la presente acción de tutela, la cual en su sentir, era procedente en razón a que los oficios de comunicación son meros actos de trámite. Sin embargo, dentro del trámite constitucional el juzgado accionado negó la confirmación del señor Gechen Hernández en el cargo de profesional universitario grado 16, a través de la Resolución 024 de 29 de agosto de 2017.
Para resolver dicha controversia, es necesario precisar, como en anteriores ocasiones, que la acción de tutela, en principio, es improcedente porque “en los concursos de méritos también se expiden actos administrativos definitivos, como ocurre en los casos en los que han culminado las etapas del concurso y existe un acto que establece la lista de elegibles para proveer los cargos ofertados. En ese caso, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho sí se erige como el mecanismo judicial procedente para la protección de los derechos de las personas que participan en un concurso de méritos, pues se trata de un acto administrativo definitivo de contenido particular que fija el número de plazas a ocupar y el orden de elegibilidad, según el puntaje. Por lo tanto, en ese evento, la tutela es improcedente, habida cuenta de que existe otro medio para la protección de los derechos fundamentales violados o en situación de amenaza, a menos que se configure un perjuicio irremediable”.
Quiere decir lo anterior, como quedó reseñado en la parte considerativa de esta providencia, que cuando el concurso se encuentra en las etapas anteriores a la publicación de la lista de elegibles, la tutela procede como el medio judicial idóneo y eficaz para la protección de los derechos fundamentales de los concursantes.
Así las cosas, la afirmación del actor, según la cual la tutela es procedente en la medida que se está cuestionado un acto de trámite dentro del concurso de méritos no es de recibo porque el concurso finalizó cuando el demandante fue incluido en la lista de elegibles. En ese sentido, las actuaciones que se profieren con posterioridad ya no las realiza la entidad encargada del concurso sino la autoridad en la cual se encuentran vacantes los cargos, en este caso el Juzgado Único Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Al respecto, esta corporación en un caso de similares contornos fácticos y jurídicos al presente señaló que “la decisión que negó la confirmación del nombramiento del actor, lejos de ser un acto proferido por la autoridad que organiza y adelanta el concurso de méritos por el cual lo excluye de dicho trámite, fue dictado por el Tribunal en ejercicio de sus funciones administrativas laborales como nominador”.
Bajo ese contexto, esta Sección encuentra que el accionante puede controvertir el acto administrativo que negó su confirmación en el cargo, a través de medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA, dentro del cual puede invocar las medidas cautelares previstas en el artículo 230 y siguientes del Código del mismo estatuto procesal, incluidas las de urgencia, las cuales tienen la misma eficacia de la acción de tutela.
Lo anterior, teniendo en cuenta que de conformidad con lo precisado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, “la acción de tutela es improcedente como mecanismo principal para proteger derechos de rango constitucional o legal que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos”, toda vez que para controvertir su legalidad, el legislador estableció diferentes medios de control en la jurisdicción contencioso administrativa, que se presumen idóneos para restablecer el derecho conculcado.
No obstante, esta Corporación y la Corte Constitucional han admitido que en los casos en que se acredite un perjuicio irremediable, la tutela se torna procedente como mecanismo transitorio de amparo y, en consecuencia, habilita al juez constitucional para suspender la aplicación del acto administrativo u ordenar que el mismo no se ejecute, mientras se surte el respectivo proceso.
Respecto del perjuicio irremediable como una causal que habilita la procedencia excepcional de la acción de tutela como mecanismo transitorio, la Corte Constitucional ha reiterado que tratándose de la provisión de cargos públicos mediante el sistema de concurso de méritos, el único perjuicio que habilita el amparo es aquel que cumple con las siguientes condiciones: “(i) se produce de manera cierta y evidente sobre un derecho fundamental; (ii) de ocurrir no existiría forma de reparar el daño producido; (iii) su ocurrencia es inminente; (iv) resulta urgente la medida de protección para que el sujeto supere la condición de amenaza en la que se encuentra; y, (v) la gravedad de los hechos, es de tal magnitud que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales”. Así mismo, agrega que cuando el accionante no demuestre que el perjuicio se enmarca en las anteriores condiciones, la tutela se torna improcedente por lo que deberá acudir a la jurisdicción contencioso administrativa.
En el asunto bajo estudio, no se observa que el acto administrativo que negó el nombramiento en propiedad, genere una situación que revista tal gravedad que configure un perjuicio irremediable, en los términos establecidos por la jurisprudencia precitada. Además, (i) el actor en la actualidad se encuentra trabajando en la ciudad de Cartagena y (ii) no demostró su calidad de padre cabeza de familia, lo que de ocurrir habilitaría el estudio constitucional de la solicitud de amparo como mecanismo transitorio.
En este orden de ideas, la Sala concluye que no se produjo de manera cierta y evidente la afectación sobre ningún derecho fundamental, por lo que la acción de tutela no resulta procedente para la protección de los mismos, pudiendo entonces acudir a la jurisdicción contencioso administrativa.
Finalmente, frente a la petición que realizó el accionante en el escrito de impugnación de que se evalúe la necesidad de decretar la prueba consistente en oficiar al Consejo Seccional de Bolívar, con el fin de que remita la lista de personas que integran el registro seccional de elegibles que manifestaron tener domicilio o residencia temporal o permanente en el Archipiélago de San Andrés, según la documentación aportada para efectos de la participación en el concurso de méritos convocado mediante acuerdo 195 de 2013, es preciso advertir que la misma no es pertinente, porque la acción de tutela fue interpuesta únicamente contra el Juzgado Único Administrativo de San Andrés, autoridad judicial que profirió la resolución y oficios cuestionados. Se aúna a ello, que el actor tiene a su alcance otro mecanismo de defensa judicial, con todas las garantías procesales a su alcance, en el que puede solicitar el decreto y práctica de las pruebas que considere necesarias.
En consecuencia, se impone confirmar la decisión de primera instancia de 5 de septiembre de 2017, proferida por Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por las razones expuestas.
7. Razón de la decisión
La Sala confirmará el fallo de primera instancia, en razón a que no es procedente el estudio de fondo de la acción de tutela porque no se cumple con el requisito de subsidiaridad, teniendo en cuenta que el actor tiene a su alcance otro mecanismo de defensa judicial para obtener la protección de los derechos reclamados ni demostró la configuración de un perjuicio irremediable.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- CONFÍRMASE el fallo de 5 de septiembre de 2017, proferido por Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por las razones expuestas en esta providencia.
Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Cópiese, notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente de la Sección
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Consejera
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Consejero
AUSENTE CON EXCUSA-
JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
Consejero
Consejo de Estado, Sección Primera, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno. Expediente Nº 88001-23-31-000-2002-00093-01. Actor: Omar Alfredo Ramírez Piña y Gustavo Armando Castro Cárdenas. Demandado: Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Folios 66 a 69.
Folios 83 a 93.
Corte Constitucional, sentencia C-159 de 2016.
Folios 123 y 133.
Folio 46.
Folio 37.
Folios 44a -45
Folios 50 y 51.
Folios 62 y 63.
Así lo sostuvo la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, en sentencia AC-00698. La providencia dice: “las decisiones dictadas durante un concurso docente son actos de trámite, expedidos dentro de la actuación propia del mismo y las determinaciones que en ellos se adoptan se hacen justamente para impulsar y dar continuidad al proceso de las convocatorias, en cumplimiento de los deberes legales de las entidades involucradas. Contra los actos de trámite no proceden los recursos de la vía gubernativa ni las acciones contencioso-administrativas, por lo tanto, en el caso objeto de estudio, la actora no cuenta con otros medios de defensa para lograr la continuidad en el concurso docente y las acciones de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho, no son eficaces para lograr la protección a los derechos fundamentales invocados”.
Sentencia SU-961 de 1999. MP. Vladimiro Naranjo Mesa.
Sentencia T-175 de 1997 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
Folios 31 a 33.
Artículo 2º del Acuerdo Nº 195 de 29 de 2013, ordinal 8: “OPCIÓN DE SEDES. Esta se realizará de conformidad con el parágrafo del artículo 162 y 165 de la Ley 270 de 1996 y el reglamento vigente. Para quienes aspiren a vacantes en San Andrés Isla, deberán acreditar el cumplimiento de lo previsto en la Ley 47 de 1993, junto con los demás requisitos legales, a efectos de obtener la posesión por el correspondiente nominador.
Artículo 2º ibídem.
Sentencia de 24 de agosto de 2017. Actor: MARLON ANDRÉS HERNÁNDEZ GÓMEZ. Demandado: Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar, Sala Administrativa y Tribunal Administrativo del Cesar. M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
Al respecto, ver, entre otras, las sentencias del 10 de junio de 2010. M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Expedientes No. 2010-00475-01, 2010-00496-01 y 2010-00583-01.
Sentencia de 16 de noviembre de 2016. Expediente Nº 11001-03-15-000-2016-02120-00. M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. En dicha decisión, también se sostuvo que “si la tutela deviene improcedente para cuestionar el acto de conformación del registro de elegibles, con mayores veras lo será para atacar el acto que niega la confirmación del nombramiento en propiedad, que es un acto administrativo definitivo de contenido particular y concreto, en cuanto excluye al aspirante del proceso de selección y le impide posesionarse en el cargo para el cual participó”.
Sentencia de 2 de febrero de 2017 Expediente Nº 11001-03-15-000-2016-02120-01. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
Artículo 234 ibídem.
Sentencias T-514 de 2003, T-435 de 2005 y T-368 de 2008.
En sentencia T-629 de 2008, la Corte Constitucional, al referirse a la improcedencia general de la acción de tutela como mecanismo para impugnar o controvertir los actos administrativos, sostuvo que “ciertamente, el interés que tiene la Corte en preservar el carácter subsidiario y residual de la tutela radica fundamentalmente en el respeto o independencia que tienen las diferentes jurisdicciones y la competencia exclusiva que éstas mismas tienen para resolver los conflictos propios de sus materias, en un claro afán de evitar la paulatina desarticulación de su organismos y de asegurar el principio de seguridad jurídica”.
Artículo 7° del Decreto 2591 de 1991.
Artículo 8° ibídem.
Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-716 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
Folio 46.
Corte Constitucional, Sentencia SU-377 de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
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