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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 88001-23-33-000-2017-00086-01

Fecha
5 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 88001-23-33-000-2017-00086-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida, en primera instancia, por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina el 24 de enero de 2019, en primera instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 18 Núm. único de radicación: 880012333000201700086-01 Demandante: TOUR VACATION HOTELES AZUL S.A.S. SEGUNDO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 88001-23-33-000-2017-00086-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

5 de diciembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Número único de radicación: 880012333000201700086-01
Demandante: Tour Vacation Hoteles AZUL S.A.S.
Demandada: Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina - CORALINA1

Asunto: Integración normativa en materia sancionatoria ambiental respecto al
contenido del acto de formulación de cargos. Reiteración jurisprudencial.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida en primera instancia, el 24 de enero de 2019 por el Tribunal
Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES
La demanda2

1. Tour Vacation Hoteles Azul S.A.S.3, en adelante la parte demandante,
presentó demanda contra la Corporación para el Desarrollo Sostenible del
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en adelante la parte

1 Cfr. índice 15 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado “[…] ED_C02_01 OTROS-
CUADERNO 02 PRINCIPAL(.pdf) NroActua 15 […]”.
2 Cfr. índice 15 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…] ED_C01_01 OTROS-

CUADERNO 01 PRINCIPAL(.pdf) NroActua 15 […]”.
3 Por intermedio de apoderado

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2

Núm. único de radicación: 880012333000201700086-01
Demandante: TOUR VACATION HOTELES AZUL S.A.S.

demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20114.

Pretensiones

2. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones5:

“[…]" PRIMERO: Declarar la nulidad de las resoluciones 092 del 28 de febrero de
2017 y la resolución No. 330 del 19 de mayo de 2017.

SEGUNDO. Declarar que el procedimiento administrativo se adelantó con violación
ostensible del debido proceso incluyendo los informes técnicos, por Io cual, no es
viable determinar la responsabilidad de la sociedad TOUR VACATION HOTELES
AZUL SAS por las conductas e infracciones que se le imputan.

[…]

CUARTO: DECLARAR que la Corporación para el Desarrollo Sostenible del
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina -Coralina, causó daños
materiales a la sociedad TOUR VACATION HOTELES AZUL, como consecuencia
de la divulgación dolosa de la sanción en medios de comunicación.

[…]

PRETENSIÓN SUBSIDIARIA

PRIMERA. En el evento en que el Honorable Tribunal Contencioso Administrativo
considere que la resolución 092 de 2017 y la resolución 330 del 19 de mayo de 2017,
no deban ser anuladas en su totalidad, respetuosamente solicito que se declare la
nulidad del articulo SEGUNDO de la resolución 092 del 28 de febrero de 2017, por
medio del cual se dispuso SANCIONAR a la compañía TOUR VACATION HOTELES
AZUL S.A.S. identificada con NIT 900.304.940-9, propietaria del HOTEL BLUE COVE,
identificada con Matrícula 00031066 con multa por valor de SEISCIENTOS SESENTA
Y OCHO MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE
PESOS ($668,094,567.00).

SEGUNDA. Que como consecuencia de la anterior declaración y en ejercicio de las
facultades establecidas en el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, se proceda a
modificar el monto de la multa dando aplicación a los principios de proporcionalidad y
dosificación punitiva establecidos en la Constitución, el artículo 44 de la Ley 1437 de
2011, la Ley 1333 de 2009, el Decreto 3678 de 2010 y el Manual Conceptual y
Procedimental - Metodológico para el cálculo de multas por infracción ambiental del
Ministerio del medio ambiente (sic), Vivienda y Desarrollo Territorial hoy Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible […]”.

3. A título de restablecimiento del derecho solicitó6:

“[…] TERCERO. Que a título de restablecimiento del derecho, se DECLARE que
como consecuencia de la nulidad de las resoluciones 092 del 28 de febrero de 2017

4 “[…] Por el cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.

5 Cfr. índice 15 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…] ED_C01_01 OTROS-
CUADERNO 01 PRINCIPAL(.pdf) NroActua 15 […]”.
6 Cfr. índice 15 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…] ED_C01_01 OTROS-

CUADERNO 01 PRINCIPAL(.pdf) NroActua 15 […]”.

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3

Núm. único de radicación: 880012333000201700086-01
Demandante: TOUR VACATION HOTELES AZUL S.A.S.

y de la resolución 330 del 19 de mayo de 2017, la sociedad TOUR VACATION
HOTELES AZUL SAS, no adeuda ninguna suma de dinero por concepto de las multas
contenidas en la resolución 092 del 28 de febrero de 2017.

[…]

QUINTO: Que a título de restablecimiento del derecho, se CONDENE a la
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina Coralina a pagar a la sociedad TOUR VACATION
HOTELES AZUL SAS NIT 900304940-9, la suma de DOS MIL MILLONES DE
PESOS ($2.000.000.000.oo) por concepto del daño a la imagen de la compañía en
detrimento del valor comercial de la empresa y la disminución de los ingresos
proyectados durante el año […]”.

Presupuestos fácticos

4. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para
fundamentar sus pretensiones:

4.1. El 30 de septiembre de 2014 la Corporación para el Desarrollo Sostenible del
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina – CORALINA recibió
denuncia sobre la presunta tala de individuos arbóreos, sin el permiso requerido, en
el predio donde funciona el Hotel Blue Cove, situado en la Avenida Circunvalar de
la Isla de San Andrés, propiedad de Tour Vacation Hoteles Azul S.A.S.

4.2. La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina – CORALINA realizó inspección ocular en la que
evidenció la tala de 8 individuos arbóreos, por lo que ordenó iniciar investigación
preliminar.

5. La autoridad ambiental expidió el auto núm. 605 de 19 de noviembre de 2015,
mediante el cual inició el proceso administrativo sancionatorio y formuló cargos
contra la sociedad Tour Vacation Hoteles Azul S.A.S.

6. La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina – CORALINA, luego de tramitar el proceso
administrativo sancionatorio ambiental identificado con número PM-RAA-02-004-
2016, expidió la Resolución núm. 092 de 28 de febrero de 2017, mediante la cual
impuso sanción a la parte demandante,

7. La sociedad Tour Vacation Hoteles Azul S.A.S. presentó recurso de
reposición contra el precitado acto, el cual fue resuelto mediante la Resolución núm.
330 de 19 de mayo de 2017, en el sentido de confirmar en todas sus partes el acto
recurrido.

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Núm. único de radicación: 880012333000201700086-01
Demandante: TOUR VACATION HOTELES AZUL S.A.S.

Normas violadas7

8. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:

• Artículo 29 de la Constitución Política.
• Artículo 40 de la Ley 1333 de 21 de julio de 20098
• Artículo 4 y 5 del Decreto 3676 de 2010.
• Ley 872 de 30 de diciembre de 20039.
• Artículos 228 y 238 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201210.
• Artículos 3, en especial los numerales 1, 9, 11, 12, 13, 47, 48 y 50 de la Ley
1437 de 2011.

Concepto de violación

9. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de
violación, así:

Primer cargo: Infracción de las normas en que deberían fundarse

10. La parte demandante fundamentó este cargo, así:

11. No se tuvo en consideración la Ley 872 de 2003 para la producción de
informes técnicos que determinaron la iniciación del proceso administrativo
sancionatorio y la imposición de la sanción.

12. Se vulneraron los artículos 47, 48 y 50 de la Ley 1437 de 2011, que regulan
el procedimiento sancionatorio general.

13. Desconoció el principio de proporcionalidad previsto en la Ley 1333 de 2009
y lo regulado en el Decreto 3676 de 2010, por cuanto la metodología para la
imposición de infracciones fue inaplicada o aplicada de manera general y formal.

7 Cfr. índice 15 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…] ED_C01_01 OTROS-
CUADERNO 01 PRINCIPAL(.pdf) NroActua 15 […]”.
8 “[…] Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones […]”.

Norma vigente al momento de presentación de la demanda y de la sentencia proferida, en primera instancia.
Sin la modificación introducida por la Ley 2387 de 25 de julio de 2024 “Por medio del cual se modifica el
procedimiento sancionatorio ambiental, Ley 1333 de 2009, con el propósito de otorgar herramientas efectivas
para prevenir y sancionar a los infractores y se dictan otras disposiciones […]”.
9 “[…] Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras

entidades prestadoras de servicios […]”.
10
“[…] Por medio del cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”.

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Núm. único de radicación: 880012333000201700086-01
Demandante: TOUR VACATION HOTELES AZUL S.A.S.

14. No se probó la magnitud del daño ni se usaron instrumentos científicos de
verificación con los respectivos certificados de calibración.

15. Cuestionó la calidad profesional de los funcionarios de la Corporación que
realizaron visita ocular al predio, advirtiendo que no coinciden con los funcionarios
que elaboraron el Informe Técnico núm. 389 de 23 de octubre de 2014, en el que
se sustentó la medida sancionatoria.

16. El precitado Informe Técnico carece de soporte científico arribando a una
conclusión in genere y sin distingo de las indagaciones preliminares frente a
cualquier denuncia que conlleve poda o tala de árboles.

17. A través de la Resolución núm. 942 de 27 de octubre de 2014 le fue impuesta
a la parte actora medida de reforestación de los individuos arbóreos talados sin
indicarse el lugar de adquisición, lo que, a juicio de la parte demandante, impone
una carga de imposible cumplimiento.

Segundo cargo: Expedición irregular

18. La Resolución núm. 092 de 28 de febrero de 2017 fue expedida de forma
irregular, por cuanto el auto en el que se formularon cargos dentro del proceso
sancionatorio ambiental en el que se expidió la precitada resolución, no indicó las
posibles sanciones que podrían ser impuestas a Tour Vacation Hoteles Azul S.A.S.,
por lo que transgredió el inciso 2 del artículo 47 de la Ley 1437 de 2011.

Tercer cargo. Expedición con desconocimiento del derecho de audiencia y
defensa

19. El acto acusado desconoció el principio de publicidad contenido en los
capítulos IV y V de la Ley 1437 de 2011, además fueron negadas las pruebas con
las que se pretendía ejercer la defensa, dándose aplicación errónea de la confesión
ficta.

Cuarto cargo: Falsa motivación

20. La Resolución núm. 092 de 28 de febrero de 2017 contiene extensas
transcripciones normativas con las que se pretende cumplir con el requisito de
motivación del acto.

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Demandante: TOUR VACATION HOTELES AZUL S.A.S.

21. La enunciación de los daños se hace de manera genérica citando otro
proceso administrativo sancionatorio y presentando una matriz ambiental que no
corresponde al lugar donde se ubica el Hotel Blue Cove.

22. Concluyó que el acto reproduce de manera general conceptos de daño
ambiental para todas las actuaciones que adelanta la autoridad ambiental,
vulnerando los principios de seguridad jurídica, imparcialidad y debido proceso.

Contestación de la demanda

23. La parte demandada11 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones
formuladas, así12:

24. Los actos acusados gozan de presunción de legalidad y para su expedición
se siguió lo previsto en los artículos 17 a 31 de la Ley 1333 de 2009, respetando el
debido proceso de la sociedad sancionada.

25. Las notificaciones en el trámite del proceso administrativo sancionatorio se
hicieron en debida forma, de acuerdo con la información suministrada por la
apoderada judicial de la sociedad, quien autorizó la notificación electrónica.

26. No cumplió con la totalidad de las medidas de mitigación ordenadas en la
Resolución 942 de 27 de octubre de 2014, por lo que no es procedente entender
que los hechos en que se sustentaron los actos acusados sean inexistentes.

27. Tour Vacation Hoteles Azul S.A.S. causó un daño ambiental consistente en
la pérdida de cobertura vegetal como consecuencia de la tala de árboles, lo que
generó un desequilibrio en el ecosistema sin que se lograra desvirtuar la presunción
de que trata el parágrafo 1.º del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009.

28. Formuló las excepciones de “legalidad del acto administrativo”, “cumplimiento
de un deber legal”, “inexistencia de violación del debido proceso alegada por el
actor”, “vulneración de normas ambientales”, “resarcimiento del medio ambiente”,
“inexistencia del daño pretendido”, “garantías de derechos fundamentales”, “certeza
en los criterios de evaluación al momento de imponer la sanción”, “falta de
agotamiento de la vía administrativa respecto de los fundamentos de hecho y las

11 Por intermedio de apoderado
12 Cfr. índice 15 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado “[…] ED_C02_01 OTROS-

CUADERNO 02 PRINCIPAL(.pdf) NroActua 15 […]”.

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Núm. único de radicación: 880012333000201700086-01
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pretensiones formuladas en la demanda”, “reconocimiento del daño ambiental”,
“incumplimiento de las medidas compensatorias del medio ambiente”, “vulneración
del derecho del medio ambiente” y “excepción genérica”.

Alegatos de conclusión

29. El Magistrado sustanciador, vencido el término probatorio y mediante el auto
proferido el 3 de agosto de 201813, resolvió correr traslado común a las partes por
el término de diez (10) días para que alegaran de conclusión y le informó al Agente
del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de
conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo.

30. La parte demandante reiteró los argumentos expuestos en la demanda.
Adicionalmente, señaló que los dictámenes allegados al expediente conservan
plena validez al no haber sido objetados. Respecto de la dosimetría de la sanción,
sostuvo que el único elemento que tuvo en consideración la Corporación fue la
capacidad socioeconómica de la empresa Tour Vacation Hoteles Azul S.A.S.,
ignorando la ausencia del daño y la falta de certeza científica de su ocurrencia.

31. La parte demandada reiteró los argumentos señalados en la contestación de
la demanda. Adicionalmente, cuestionó la objetividad e imparcialidad del dictamen
pericial.

Concepto del Ministerio Público

32. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.

Sentencia proferida, en primera instancia14

33. El Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,
mediante sentencia proferida el 24 de enero de 2019, resolvió:

“[…] PRIMERO: DECLÁRASE la nulidad de las Resoluciones 092 del 27 de octubre
de 2014 (sic) y 330 del 19 de mayo de 2017, proferidas por la Corporación para el
Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina -
Coralina, conforme a los motivos que reposan en esta providencia.

SEGUNDO: NIÉGUENSE las demás pretensiones de la demanda.

13 Cfr. índice 15 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado “[…] ED_C02_01 OTROS-

CUADERNO 02 PRINCIPAL(.pdf) NroActua 15 […]”.
14 Cfr. índice 15 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado “[…] ED_C02_01 OTROS-

CUADERNO 02 PRINCIPAL(.pdf) NroActua 15 […]”.

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TERCERO: SIN condena en costas.

CUARTO: Acéptese el impedimento elevado por la Honorable Magistrada Noemí
Carreño Corpus […]”.

Consideraciones del Tribunal

34. El Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
consideró lo siguiente:

35. En relación con la formulación de cargos realizada mediante auto 605 de 19
de noviembre de 2015, señaló que la Ley 1437 integra elementos y principios
normativos complementarios a los provistos en la Ley 1333, específicamente, en
referencia a la protección del derecho de defensa y contradicción del sujeto
sancionable, por lo que concluyó que le asiste razón a la sociedad demandante,
toda vez que el pliego de cargos omitió aplicar el artículo 47 de la Ley 1437, al no
indicar de forma precisa y clara las sanciones o medidas procedentes de cara a la
infracción ambiental.

36. Al respecto, consideró que “[…] esta omisión, impide al presunto infractor
tener la información suficiente para planificar su defensa jurídica y examinar si
pueden existir visos de proporcionalidad y razonabilidad en las consideraciones
iniciales que haga la autoridad ambiental, situación que viola el debido proceso y
ostenta la relevancia suficiente que controvierte la legalidad de los actos
administrativos demandados […]”15.

37. Respecto al restablecimiento del derecho, consideró que el Informe Contable
no permite concluir la efectiva materialización de un perjuicio adicional a aquel
contenido en el monto mismo de la sanción impuesta a la sociedad demandante
por parte de la autoridad ambiental. Asimismo, no se demostró el nexo causal entre
la multa y la supuesta disminución de la imagen comercial de la empresa, toda vez
que quedó demostrado en el proceso que la cadena hotelera demandante ofrece
un turismo de bajo costo y no uno que busque en el hotel un atractivo de ecoturismo,
por lo que la noticia de la sanción ambiental no tenía el potencial de afectar la
disminución del número de clientes que visitan el hotel.

15
Cfr. índice 15 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado “[…] ED_C02_01 OTROS-
CUADERNO 02 PRINCIPAL(.pdf) NroActua 15 […]”.

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Núm. único de radicación: 880012333000201700086-01
Demandante: TOUR VACATION HOTELES AZUL S.A.S.

38. El Tribunal consideró que se tuvo en cuenta el resultado de distintos motores
de búsqueda virtuales sin tener en cuenta otras variables que podrían explicar la
desviación en la intención de selección hotelera. Tampoco se demostró con la
prueba pericial que la noticia sancionatoria tuviera la connotación que pretende
darle la parte demandante.

Recurso de apelación16

39. La parte demandada interpuso y sustentó oportunamente, recurso de
apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia, con base en los
siguientes argumentos:

40. El Tribunal no tuvo en cuenta que la Ley 1333 es una norma especial que
reguló de manera integral el procedimiento sancionatorio ambiental y, solamente,
ante vacíos debe remitirse a otras normas. En el mismo sentido, el procedimiento
administrativo sancionatorio regulado en la Ley 1437, se aplica únicamente en
casos en que el procedimiento no esté regulado en leyes especiales.

41. El artículo 24 de la Ley 1333 regula la formulación de cargos y los requisitos
que debe contener, por lo que no existe vacío que deba llenarse remitiéndose a la
normativa prevista en la Ley 1437, debiendo darse prevalencia a la norma especial
sobre la general.

42. Concluyó que los actos acusados fueron expedidos de conformidad con la
normativa aplicable, esto es la Ley 1333, por ser norma especial y, adicionalmente,
se garantizó el debido proceso a la sociedad sancionada y se expidió en ejercicio
de las funcione propias de la autoridad ambiental con el objeto de proteger el medio
ambiente.

Actuación en segunda instancia

43. El Despacho sustanciador, mediante auto de 17 de julio de 201917, admitió el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia
proferida, en primera instancia, el 24 de enero de 2019 por el Tribunal Administrativo
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

16 Cfr. índice 15 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…] ED_C03_01 OTROS -

CUADERNO 03 PRINCIPAL(.pdf) NroActua 15 […]”.
17 Cfr. índice 15 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…] ED_C05_01 OTROS-

CUADERNO 05 APELACIÓN SENTENCIA.(.pdf) NroActua 15 […]”.

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Núm. único de radicación: 880012333000201700086-01
Demandante: TOUR VACATION HOTELES AZUL S.A.S.

Alegatos de conclusión en segunda instancia

44. Atendiendo a que no se solicitaron pruebas, en segunda instancia, mediante
auto de 23 de agosto de 2019, se corrió traslado por el término de diez (10) días
para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera su concepto.

Parte demandante18

45. La parte demandante guardó silencio en esta oportunidad procesal.

Parte demandada

46. La parte demandada reiteró los argumentos expuestos en el recurso de
apelación.

Concepto del Ministerio Público

47. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES

48. La Sala procederá al estudio de las consideraciones en las siguientes partes:
i) competencia i) los actos acusados; ii) el problema jurídico; iii) el marco normativo
y desarrollo jurisprudencial sobre la integración normativa en el procedimiento
sancionatorio ambiental; y, iv) el análisis del caso concreto.

Competencia

49. Vistos los artículos 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, sobre la competencia del Consejo de Estado en
segunda instancia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019,
expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de
Estado es competente para conocer del presente asunto, en segunda instancia.

50. Agotados los procedimientos inherentes al proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho sin que se observe vicio o causal de nulidad que

18 Cfr. folios 10 a 19 del cuaderno de apelación de sentencia.

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11

Núm. único de radicación: 880012333000201700086-01
Demandante: TOUR VACATION HOTELES AZUL S.A.S.

puedan invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada.

51. La Sala procederá a examinar y a pronunciarse sobre los argumentos
expuestos por la parte demandada en el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia proferida el 24 de enero de 2019 por el Tribunal Administrativo de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, de conformidad con los artículos 320 y 328
de la Ley 1564 de 2012.

Actos acusados

52. Los actos acusados son los siguientes:

53. Resolución núm. 092 de 28 de febrero de 2017 “[…] Por medio de la cual se
resuelve un proceso administrativo sancionatorio ambiental PM-RAA-02-004-2016
[…]”, expedida por el Director General de la Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina –
CORALINA, que resolvió:

“[…] ARTICULO PRIMERO. Declarar probado los cargos formulados mediante auto
No. 605 del 19 de noviembre de 2015 y en consecuencia declarar responsable a la
compañía Tour Vacation Hoteles Azul S.A.S identificada con NIT 900.304.940-9
representado legalmente por CAMILO MARINO HILDEBRAND identificado con
cedula de ciudadanía […], propietario del hotel BLUE COVE, identificado con
matrícula 00031066, por el incumplimiento de normas protectoras de los recursos
naturales y el ambiente, de conformidad con Io expuesto en la parte motiva de este
proveído.

ARTICULO SEGUNDO: SANCIONAR a la compañía TOUR VACATION HOTELES
AZUL S.A.S, identificada con Nit 900.304.940-9 representada legalmente por
CAMILO MARINO HILDEBRAND identificado con cédula de ciudadanía […]
propietario del hotel BLUE COVE, identificado con matrícula 00031066 con multa por
valor de SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($668.094.567) […]".

54. Resolución núm. 330 de 19 de mayo de 2017 “[…] Por medio de la cual se
resuelve un recurso de reposición dentro del procedimiento administrativo
sancionatorio radicado bajo el No. 004 de 2016 […]”, expedida por el Director
General (e) de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina – CORALINA, que resolvió:

“[…] ARTICULO PRIMERO: No reponer la Resolución No. 092 del 28 de febrero de
2017, de conformidad con la parte motiva del presente proveído.

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ARTICULO SEGUNDO: Confirmar en todas sus partes Io dispuesto en la Resolución
No.092 del 28 de febrero de 2017 dadas las razones expuestas en la parte motiva de
este proveído […]”.

Problema jurídico

55. Corresponde a la Sala, con fundamento en los argumentos del recurso de
apelación, interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 24
de enero de 2019 por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, determinar:

56. Si los actos acusados que resolvieron un proceso sancionatorio ambiental,
fueron expedidos de manera irregular, al omitir establecer en el acto de formulación
de cargos, de forma precisa y clara, las sanciones o medidas procedentes en caso
de incurrir en la infracción ambiental.

57. En consecuencia, se determinará si hay lugar a confirmar, modificar o revocar
la sentencia proferida, en primera instancia.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre la integración normativa
en el procedimiento sancionatorio ambiental

58. Visto el artículo 2419 de la Ley 1333 de 2009, que dispone lo siguiente:

“[…] Artículo 24. Formulación de cargos. Cuando exista mérito para continuar con
la investigación, la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo
debidamente motivado, procederá a formular cargos contra el presunto infractor de la
normatividad ambiental o causante del daño ambiental. En el pliego de cargos deben
estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la
infracción e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o el
daño causado. El acto administrativo que contenga el pliego de cargos deberá ser
notificado al presunto infractor en forma personal o mediante edicto. Si la autoridad
ambiental no cuenta con un medio eficaz para efectuar la notificación personal dentro
de los cinco (5) días siguientes a la formulación del pliego de cargos, procederá de
acuerdo con el procedimiento consagrado en el artículo 44 del Código Contencioso
Administrativo. El edicto permanecerá fijado en la Secretaría Legal o la dependencia
que haga sus veces en la respectiva entidad por el término de cinco (5) días
calendario. Si el presunto infractor se presentare a notificarse personalmente dentro
del término de fijación del edicto, se le entregará copia simple del acto administrativo,
se dejará constancia de dicha situación en el expediente y el edicto se mantendrá
fijado hasta el vencimiento del término anterior. Este último aspecto deberá ser
cumplido para todos los efectos en que se efectúe notificación por edicto dentro del
proceso sancionatorio ambiental.

19 Artículo modificado por el artículo 16 de la Ley 2387 de 25 de julio de 2024 “[…] Por medio del cual se modifica

el procedimiento sancionatorio ambiental, Ley 1333 de 2009, con el propósito de otorgar herramientas efectivas
para prevenir y sancionar a los infractores y se dictan otras disposiciones […]”. Se transcribe la norma sin la
modificación introducida por la Ley 2387, toda vez que era la norma vigente al momento en que se expidieron
los actos acusados.

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Para todos los efectos, el recurso de reposición dentro del procedimiento
sancionatorio ambiental se concederá en el efecto devolutivo […]”.

59. Visto el artículo 47 de la Ley 1437 que dispone lo siguiente:

“[…] Artículo 47. Procedimiento administrativo sancionatorio. Los procedimientos
administrativos de carácter sancionatorio no regulados por leyes especiales o por el
Código Disciplinario Único se sujetarán a las disposiciones de esta Parte Primera del
Código. Los preceptos de este Código se aplicarán también en lo no previsto
por dichas leyes.

Las actuaciones administrativas de naturaleza sancionatoria podrán iniciarse de oficio
o por solicitud de cualquier persona. Cuando como resultado de averiguaciones
preliminares, la autoridad establezca que existen méritos para adelantar un
procedimiento sancionatorio, así lo comunicará al interesado.

Concluidas las averiguaciones preliminares, si fuere del caso, formulará cargos
mediante acto administrativo en el que señalará, con precisión y claridad, los
hechos que lo originan, las personas naturales o jurídicas objeto de la investigación,
las disposiciones presuntamente vulneradas y las sanciones o medidas que serían
procedentes. Este acto administrativo deberá ser notificado personalmente a los
investigados. Contra esta decisión no procede recurso.

Los investigados podrán, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de
la formulación de cargos, presentar los descargos y solicitar o aportar las pruebas que
pretendan hacer valer. Serán rechazadas de manera motivada, las inconducentes,
las impertinentes y las superfluas y no se atenderán las practicadas ilegalmente.

Parágrafo. Las actuaciones administrativas contractuales sancionatorias, incluyendo
los recursos, se regirán por lo dispuesto en las normas especiales sobre la materia
[…]”. (Destacado fuera de texto).

60. La Sección Primera de esta Corporación ha considerado, sobre la integración
normativa entre la Ley 1333 de 2009 y la Ley 1437 de 2011 en los procesos
sancionatorios ambientales, lo siguiente20:

“[…] De otra parte, también se evidencian reparos de la actora en lo que hace al
pliego de cargos, por cuanto allí no se indicó la sanción procedente; punto sobre el
cual reclama la anotada integración.

En efecto, al revisar lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, lo que
encuentra la Sala es que el Legislador previó que, cuando la autoridad ambiental
determine que existe mérito para continuar con la investigación, esto es, luego de
verificar los hechos u omisiones que dieron lugar a la apertura de la misma y a la
determinación de la conducta objeto de reproche, a través de acto administrativo
motivado, debe formular cargos en contra del presunto infractor o causante del daño
ambiental:

“Artículo 24. Formulación de cargos. Cuando exista mérito para continuar con
la investigación, la autoridad ambiental competente, mediante acto
administrativo debidamente motivado, procederá a formular cargos contra

20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de septiembre

de 2024, CP. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación: 190012333003201500138-01.

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el presunto infractor de la normatividad ambiental o causante del daño
ambiental. En el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas
las acciones u omisiones que constituyen la infracción e individualizadas
las normas ambientales que se estiman violadas o el daño causado. El acto
administrativo que contenga el pliego de cargos deberá ser notificado al
presunto infractor en forma personal o mediante edicto. Si la autoridad
ambiental no cuenta con un medio eficaz para efectuar la notificación personal
dentro de los cinco (5) días siguientes a la formulación del pliego de cargos,
procederá de acuerdo con el procedimiento consagrado en el artículo 44 del
Código Contencioso Administrativo. El edicto permanecerá fijado en la
Secretaría Legal o la dependencia que haga sus veces en la respectiva entidad
por el término de cinco (5) días calendario. Si el presunto infractor se presentare
a notificarse personalmente dentro del término de fijación del edicto, se le
entregará copia simple del acto administrativo, se dejará constancia de dicha
situación en el expediente y el edicto se mantendrá fijado hasta el vencimiento
del término anterior. Este último aspecto deberá ser cumplido para todos los
efectos en que se efectúe notificación por edicto dentro del proceso
sancionatorio ambiental.

Para todos los efectos, el recurso de reposición dentro del procedimiento
sancionatorio ambiental se concederá en el efecto devolutivo”.

De lo anterior se desprende que, a efectos de formular cargos, es necesario que
exista “mérito” para ello, lo cual indica que el presupuesto exigido por la norma es que
se encuentren verificados los hechos u omisiones que dieron lugar a esa actuación
administrativa y que ellos queden plasmados debidamente en el respectivo acto, lo
cual se traduce, nuevamente, en el deber de motivar la decisión, dando cuenta
además las normas ambientales trasgredidas.

Nótese que la normativa no alude a la necesidad de incluir las sanciones en que
podría incurrir de advertirse que se ha infringido el orden jurídico en la materia.

[…]

En esa línea, también resulta procedente advertir que en los procedimientos
sancionatorios ambientales es pertinente la aplicación de lo definido en el
CPACA, puntualmente la indicación de las sanciones viables ante la atribución
de una infracción definida también en el pliego de cargos, habida cuenta de que
se trata de un vacío de la Ley 1333 de 2009, que sí se haya regulado en la Ley
1437 de 2011 y que por demás, tiene una carga axiológica constitucional
relevante, en tanto que permite al investigado tener certeza del orden
sancionatorio concreto del que puede ser destinatario y en esa medida, enfilar
su defensa sobre argumentos sólidos, sobre todo en materia de dosificación y
proporcionalidad. Esa óptica también fue fijada por esta Sección en el mencionado
auto del 17 de noviembre de 201721, en los términos que se anuncian a continuación:

“[…] Tal y como lo indicó el Tribunal Administrativo de Córdoba, la aplicación
del artículo 47 del CPACA permite proteger las garantías del debido proceso
administrativo ante el vacío de la Ley 1333, en particular aquellas referidas: […]
(vii) al ejercicio del derecho de defensa y contradicción […] 23, el cual no
se encuentra plenamente protegido al no establecerse, con precisión y
claridad, las sanciones o medidas que serían procedentes dentro del
catálogo previsto en el artículo 40 de la Ley 1333 puesto que, como lo
señaló la primera instancia, esto impide al presunto infractor […] tener la
información suficiente para planificar su defensa jurídica y examinar si

21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 17 de noviembre 2017,

CP. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación: 230012333000201400188-01.

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puede existir visos de proporcionalidad y razonabilidad en las
consideraciones iniciales que hagan la autoridad ambiental […].

La interpretación prohijada por la Sala lo único que hace es aplicar una
regla de reenvío que se encuentra en el CPACA que tiene como único
objetivo completar los vacíos existentes en la Ley 1333, sin quebrantar de
modo alguno la naturaleza especial del procedimiento sancionatorio
ambiental, como lo sugiere el actor […]”. (Destacado fuera de texto).

Acervo probatorio

61. La Sala advierte que los argumentos contenidos en el recurso de apelación,
presentado por la parte demandada, giran en torno a un punto de derecho,
relacionado con la aplicación de una norma especial sobre una general, en
consecuencia, la Sala se abstendrá de realizar un análisis de las pruebas allegadas
al proceso.

Análisis del caso en concreto

62. De conformidad con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales
indicados supra, la Sala procede a resolver el caso sub examine.

De la omisión en señalar en el acto de formulación de cargos las sanciones o
medidas procedentes como consecuencia de la infracción ambiental

63. La parte demandada en el recurso de apelación presentado contra la
sentencia proferida, en primera instancia, señaló que el Tribunal no debió aplicar el
artículo 47 de la Ley 1437, por ser una norma general y, por el contrario, a su juicio,
debió aplicarse el artículo 24 de la Ley 1333, que es la norma especial que regula
la formulación de cargos en el procedimiento sancionatorio ambiental.

64. El Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en la
sentencia proferida, en primera instancia, consideró que debía aplicarse la Ley 1437
en materia del contenido del auto de formulación de cargos, toda vez que esa
normativa integra elementos y principios que complementan la Ley 1333,
concretamente, precisó que la remisión al artículo 47 de la Ley 1437 garantizaba el
derecho de defensa y contradicción del sujeto sancionable, en el entendido que le
permite “[…] tener información suficiente para planificar su defensa jurídica y
examinar si pueden existir visos de proporcionalidad y razonabilidad en las
consideraciones iniciales que haga la autoridad ambiental […]”.

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65. La Sala destaca que el auto núm. 605 de 19 de noviembre de 2015, expedido
por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina – CORALINA, entre otras cosas, resolvió lo
siguiente22:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar procedimiento sancionatorio en contra de la
SOCIEDAD TOUR VACATION HOTELES AZUL SAS identificada con el NIT No-
900304940-9, quien a su vez es propietaria del establecimiento de comercio
denominado HOTEL BLUE COVE, representada legalmente por la señora CECILIA
CRUZ QUINTERO y/o quien haga sus veces al momento de la notificación por
presunta infracción de normas protectoras de los recursos naturales renovables y el
ambiente, dada las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

ARTÍCULO SEGUNDO: formular el siguiente cargo al encartado:

Realizar, autorizar, facilitar y/o permitir, la tala de ocho (08) individuos arbóreos de
distintas especies que se encontraban ubicados en predio del Hotel Blue Cove,
situado en la AV. Circunvalar de la Isla, sin la respective autorización de la autoridad
ambiental, violando con esto las siguientes disposiciones:

Artículo 2.2.1.1.7.1, sección 7, capitulo 1, titulo 2, parte 2 , libro 2 del Decreto 1076 de
2015, que consagra que toda persona natural o jurídica que pretenda realizar
aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre ubicados en
terrenos de dominio público o privado, deberá presentar a la Corporación competente
una solicitud.

Artículo 2.2.1.1.9.4, sección 9, capitulo 1, titulo 2, parte 2, libro 2 del Decreto 1076 de
2015 que establece que cuando se requiera talar, trasplantar o reubicar arboles
aislados localizados en centros urbanos para la realización, remodelación o
ampliación de obras públicas o privadas de infraestructura, construcciones,
instalaciones y similares, se solicitara autorización ante la Corporación respectiva,
ante las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o ante las
autoridades municipales, según el caso, las cuales tramitarán la solicitud, previa visita
realizada por un funcionario competente, quien verificará la necesidad de tala o
reubicación aducida por el interesado, para Io cual emitirá concepto técnico […]”.

66. La Sala considera que la jurisprudencia de esta Sección ha sido pacífica en
precisar que en los procedimientos sancionatorios ambientales es pertinente aplicar
la Ley 1437, que es norma general, en aquellos aspectos en los que la Ley 1333,
que es norma especial, tenga vacíos que deban ser llenados con las reglas que
regulan el procedimiento administrativo sancionatorio establecido en la Ley 1437,
como sucede en el caso sub examine, en donde la Ley 1333 guardó silencio sobre
la necesidad de incluir las sanciones en que podría incurrirse si se comprueba que
se ha infringido el orden jurídico en materia ambiental.

22 Cfr. Índice 15 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…] ED_C04_01 OTROS -

CUADERNO 04 PRUEBAS Y ANEXOS-CUADERNO DE PRUEBAS PARTE DEMANDANTE.(.pdf) NroActua
15 […]”.

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67. La Sala considera que en el caso concreto, el Tribunal aplicó la regla de
remisión normativa prevista en el inciso primero del artículo 47 de la Ley 1437, toda
vez que existe un vacío en el procedimiento regulado en la Ley 1333, en referencia
al contenido del acto de formulación de cargos, el cual, debe ser llenado con la
remisión al artículo 47 de la Ley 1437, con el propósito de que el acto mediante el
cual se formulen cargos señale, con precisión y claridad, las sanciones o medidas
que serían procedentes.

68. Por las razones expuestas anteriormente, el cargo no está llamado a
prosperar.

Conclusión de la Sala

69. La Sala considera que, en el caso sub examine, hay lugar a confirmar la
sentencia apelada, en razón a que los actos acusados que resolvieron un proceso
sancionatorio ambiental, fueron expedidos de manera irregular, por haber omitido
establecer en el acto de formulación de cargos, de forma precisa y clara, las
sanciones o medidas procedentes en caso de incurrir en la infracción ambiental, tal
como lo ha reiterado la jurisprudencia de esta Sección.

Condena en costas

70. Visto el numeral 8 del artículo 365 de la Ley 1564 de 2012, el artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011, sobre condena en costas, y atendiendo criterio objetivo
valorativo de las mismas y que en el expediente no aparecen causadas ni probadas;
la Sala considera que no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por
lo que no condenará en costas a la parte demandada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley

III. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida, en primera instancia, por el Tribunal
Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina el 24 de enero de 2019, en
primera instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

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SEGUNDO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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