Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 88001-23-33-000-2018-00011-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 88001-23-33-000-2018-00011-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 88001-23-33-000-2018-00011-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 88001-23-33-000-2018-00011-01
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas
28 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicado número: 88001-23-33-000-2018-00011-00 (64011)
Demandante: Sociedad Portuaria de San Andrés S.A.
Demandado: Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina.
Referencia: Medio de control de controversias contractuales
Tema: Desequilibrio de la ecuación financiera de un contrato estatal. Subtema 1. Requisitos o
condiciones para la procedencia de la “teoría de la imprevisión”. Subtema 2. Carga de la prueba –
definición– presupuestos–obligaciones de las partes dentro del proceso- facultad oficiosa del juez.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección resuelve el recurso de apelación formulado por la parte demandante
contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el catorce (14) de marzo
de dos mil diecinueve (2019), que negó las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La Sociedad Portuaria de San Andrés S.A. [en adelante el Concesionario] celebró el
cinco (5) de noviembre de dos mil cuatro (2004) con el Departamento Archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina [en adelante el Departamento], el contrato
de Concesión Portuaria No. 1891, cuyo objeto consistía en la concesión para la
explotación por el término de veinte (20) años del muelle departamental y la zona
accesoria de uso público a cambio de una contraprestación consistente en el pago de
un millón ciento ochenta y un mil veinticuatro dólares con veintinueve centavos
($1.181.024,29) y la realización de inversiones en el recinto portuario por valor de un
millón ciento cincuenta y un mil novecientos sesenta y cinco dólares ($1.151.965)
destinados al mejoramiento, rehabilitación, mantenimiento y conservación de los
bienes entregados en concesión.
Durante la ejecución del contrato, el Gobierno nacional expidió el Decreto 2155 del 25
de octubre de 20142 con el que reglamentó el parágrafo 2 del artículo 88 de la Ley
1450 de 2011 a efecto de definir los estándares unificados de tecnología de los
equipos de inspección no intrusiva que debían implementarse a nivel nacional para su
operación en todos los nodos de transferencia de comercio exterior, para la detección
del contrabando, el tráfico de divisas, estupefacientes y el comercio ilegal de armas.
En este marco, la Comisión Intersectorial para la implementación y seguimiento de los
Sistemas de Inspección No Intrusiva expidió la Resolución No. 01692 del 9 de marzo
de 2015 “Por la cual se establecen los requisitos mínimos en cuanto a tipo y cantidad
de equipos de inspección no intrusiva para San Andrés Port Society S.A. Sociedad
Portuaria de San Andrés S.A.” 3 acto administrativo que impuso al concesionario el
deber de implementar en sus instalaciones “Escanerés de Pallets y Paquetes”;
1 Folios 18 a 33 del cuaderno 1.
2 Folios 34 a 54 del cuaderno 1.
3 Folios 55 a 57 del cuaderno 1.
Radicado: 88001-23-33-000-2018-00011-00 (64011)
Actor: Sociedad Portuaria de San Andrés S.A.
“Dispositivos Portátiles para la detección de sustancias químicas, explosivos y
narcóticos” y “Equipos de cómputo para todas las soluciones”.
A efecto de cumplir con la normatividad aplicable, el Concesionario solicitó al
Departamento la modificación del contrato para contar con los recursos necesarios
para la adquisición de los citados equipos. Con oficios 4286 del 11 de mayo4 y 10069
del 23 de junio de 20165, respectivamente, el departamento respondió que conforme
a las cláusulas del contrato corresponde a la Sociedad asumir la inversión por su
cuenta y riesgo.
El 31 de julio de 2017, el Concesionario solicitó sin éxito al Departamento el
restablecimiento del equilibrio económico del contrato, en razón a que a pesar de
haber excedido el plan de inversiones del contrato de concesión, asumió los costos
para la adquisición de los equipos que fueron puestos en funcionamiento a partir de
abril de 2017 y la reparación de la loza de concreto del patio de contenedores cuyo
valor ascendió a “5.379.845.403”.
El Concesionario instauró el medio de control de controversias contractuales con la
pretensión de que se declarara que el Departamento está obligado a restablecer el
equilibrio económico del contrato 189 de 2004 mediante la ampliación del plazo de la
concesión por quince (15) años adicionales, con fundamento en lo establecido en el
artículo 9 del Decreto 2155 de 2014, y, en subsidio, con la devolución del valor de las
inversiones realizadas por valor de “5.379.845.403” debidamente indexada y con los
intereses.
El Tribunal Administrativo de San Andrés negó las pretensiones de la demanda, en
razón a que no encontró fundamento probatorio que diera cuenta que el tiempo
restante para la ejecución del contrato resultaba insuficiente para el retorno de la
inversión realizada por el concesionario, pues las pretensiones se sustentaron en
simples afirmaciones subjetivas que impidieron una proyección futura, comoquiera
que no se basaron en documentos contables que pudieran acreditar un análisis de la
ejecución financiera del contrato. Inconforme con el fallo, la parte actora apeló la
sentencia.
II. ANTECEDENTES
2.1. El veintidós (22) de marzo de dos mil dieciocho (2018)6 la Sociedad Portuaria de
San Andrés S.A., con NIT 827.000.189.3, presentó medio de control de
controversias contractuales contra el Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, con las siguientes pretensiones:
“1. Que EL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y
SANTA CATALINA está obligado a restablecer el equilibrio económico del contrato de
concesión portuaria 189 de 2004, celebrado con la Sociedad Portuaria de San Andrés
S.A., mediante la ampliación del plazo, por quince (15) años adicionales, con
fundamento en lo establecido por el artículo 9 del Decreto 2155 de 2014.
2. Subsidiariamente, que EL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS,
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA restablezca el equilibrio económico del contrato
de concesión portuaria 189 de 2004, devolviendo a la Sociedad Portuaria de San
Andrés S.A., el valor de las inversiones extraordinarias en cuantía de
$5.379.845.403.00., indexada y con los intereses corrientes pertinentes.
4 Folios 167 a 168 del cuaderno 1.
5 Folios 165 a 166 del cuaderno 1.
6 Folios 1 a 16 del cuaderno 1.
2
Radicado: 88001-23-33-000-2018-00011-00 (64011)
Actor: Sociedad Portuaria de San Andrés S.A.
3. Se condene a la demandada al pago de las Costas y Agencias en Derecho.”
2.1.1. En el acápite de Fundamentos de derecho, la parte actora desarrolló lo atinente
al equilibrio económico del Contrato, al efecto citó apartes de las sentencias C-892 de
2001, y 32796 de 2014, 15119 de 2003 y 14043 de 2004 de esta Corporación a efecto
de remarcar que esta figura tiene por objeto garantizar la equivalencia de condiciones
durante la ejecución del contrato y como en caso de su alteración debe restablecerse
la ecuación económica. Al punto señaló que el contrato 189 de 2009 es conmutativo,
de suerte que su ecuación económico – financiera puede verse afectada i) por actos
o hechos del contratante -ius variandi-; ii) Por actos generales de la administración -
hecho del príncipe o, por iii) factores exógenos a las partes del negocio – teoría de la
imprevisión” o “sujeciones materiales imprevistas”.
Con base en ello señala que en este caso existió: a) imprevisibilidad, pues las partes
no previeron en el contrato ni la adquisición de equipos para la inspección no intrusiva,
ni la construcción de 2.170 metros cuadrados de pavimento en el patio del muelle
departamental. b) Alteración extraordinaria, por cuanto el concesionario “ha
invertido más del doble de la suma a la cual se obligó (…) ocasionando una alteración
económica en cuantía de (…) ($5.379.845.403) demostrados con los contratos, SAPS
001-2016, SAPS 003-2017” y otros documentos aportados con la demanda, entre
ellos “el estudio económico-financiero, que no indica que para la recuperación de esa
inversión, se requieren 15 años adicionales al plazo”. Señala que el Decreto 2155 del
25 de octubre de 2014 y las resoluciones 1692 de 2015 y 5165 de 2015 son
manifestaciones del imperium del Estado y por ende de traducen en la “teoría del
hecho del príncipe”, en tanto impusieron una carga que el concesionario no está
obligado a soportar, al punto que el propio Decreto autorizó a modificar los contratos
vigentes para restablecer el equilibrio económico que se vio afectado con esta
obligación extraordinaria. De otra parte, considera que la autorización que dio el
departamento para “la construcción de 2.170 metros de pavimento, adicional al plan
de inversiones pactado, no es otra cosa que una circunstancia atribuible o imputable
a la administración contratante a partir de potestades derivadas del propio contrato”,
que al impactar la ecuación financiera del contrato obliga a su reequilibrio.
Para mejor explicación de los términos en que quedó establecida la ecuación
económico-financiera inicial del contrato, incluyó el gráfico que la sala encuentra
pertinente traer textualmente:
Y que después de realizar las inversiones varió a favor del Departamento así:
3
Radicado: 88001-23-33-000-2018-00011-00 (64011)
Actor: Sociedad Portuaria de San Andrés S.A.
2.2. El veintisiete (27) de abril de dos mil dieciocho (2018)7, el Tribunal admitió la
demanda y, luego, notificó el auto admisorio en debida forma8.
2.3. El veintiuno (21) de junio de dos mil dieciocho (2018)9, el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público contestó la demanda, y como argumentos defensivos propuso y
sustentó las excepciones de: falta de legitimación en la causa por pasiva, en tanto
no intervino en la celebración del contrato de concesión 189 de 2004 y, por ende, no
está llamado a responder por las pretensiones de la demanda; cobro de lo no debido
y enriquecimiento sin causa.
2.4. veintiuno (21) de junio de dos mil dieciocho (2018)10, el Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina contestó la demanda, y
como argumentos defensivos planteó las excepciones de mérito la de FALTA DE
PRUEBA, arguyó que para demostrar el desequilibrio “anexa los contratos y
comprobantes de pago de las obras adicionales y los equipos de escáner comprados
(…) Sin embargo, NO SE DEMUESTRA UN DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL
CONTRATO”, pues, para ello, es menester “conocer las bases sobre las cuales se
estableció o se determinó que la contraprestación que habría de pagar el
concesionario correspondía en exacta medida al valor del bien entregado en
concesión, para luego establecer si la compra de los equipos afectó negativamente el
excedente que la SAPS había previsto inicialmente.” Al punto, transcribió apartes de
los términos de referencia y de la Resolución 2656 de 2004 con la que se otorgó una
concesión portuaria en el departamento de San Andrés. De los primeros, remarcó, que
en ellos se determinó que la contraprestación a cargo del concesionario “por concepto
de infraestructura y por el uso y goce de la zona de uso público y por la zona accesoria.
La contraprestación se fijará con base a la metodología que consagre el plan de
expansión portuaria que expida el Gobierno nacional y se encuentre vigente en la
fecha de celebración del contrato.” De la segunda, transcribió el considerando que
señala que: “(…) se calculó el valor de la contraprestación que dicha sociedad debe
pagar (…) de acuerdo con la metodología establecida en el documento CONPES-
7 Folio 215 y 216 del cuaderno 1.
8 Folios 217 a 222 del cuaderno 1.
9 Folios 236 a 242 del cuaderno 1.
10 Folios 246 a 267 del cuaderno 1.
4
Radicado: 88001-23-33-000-2018-00011-00 (64011)
Actor: Sociedad Portuaria de San Andrés S.A.
DNP-2680 DEL 2680-MINTRANSPORTE UNIF DEL 11 DE NOVIEMBRE E
1993(…)”, que transcribió en lo pertinente, junto con el anexo C, referido a la formula
general contentiva de la metodología de la contraprestación [C=(aR)-(bI)] 11
Con sustento en lo anterior, advirtió que la contraprestación consta de tres
componentes: i) Por utilización y ocupación en forma temporal y exclusiva del terreno
donde se ubica el muelle departamental y su zona accesoria y por toda la
infraestructura allí construida; ii) Por infraestructura portuaria y iii) Inversión en obras.
Frente al primero, señaló que era imposible hablar de desequilibrio contractual a
consecuencia de la compra de equipos sin demostrar, con arreglo a datos y cifras
reales, cuál fue la variable de la fórmula de contraprestación que se vio afectada a
efecto de acreditar la utilidad dejada de percibir por los diferentes conceptos (ingresos
por tarifa granel; capacidad y tarifa contenedores y carga general, capacidad de
atraque, entre otros), pues solo bajo la comparación de los ingresos calculados al
momento de suscribir el contrato con los recibidos con posterioridad a la compra de
los equipos, se podía determinar sí se afectaron o no las utilidades esperadas, que en
la demanda, se dice, bajó del 25% al 18% sin prueba ni explicación técnica de cómo
se calcularon tales porcentajes.
Frente al segundo componente, afirma que no se probó ningún desequilibrio, en tanto
conforme a la Resolución 2656 el valor por uso de infraestructura portuaria se calculó
con los avalúos comerciales, monto que no confiere utilidad alguna en tanto se trata
de un valor fijo.
Por último, en lo que atañe al componente de inversión en obras, destacó que si bien
se pactó un monto por inversiones necesarias para la operación del muelle, ello, en
modo alguno, las limitó sólo a ellas, comoquiera que al tratarse de una concesión de
20 años, durante ese lapso es apenas natural que se presenten deterioros en la
infraestructura portuaria, ora por el mero paso del tiempo o por razones que conforme
a lo pactado en el contrato de concesión 189 de 2004, corresponde asumir
directamente al concesionario; en sustento, trajo a colación las cláusulas: primera,
destacó que el objeto de la concesión implica también ejecutar todas las actividades
accesorias, conexas, complementarias, o necesarias para su cabal desarrollo,
conforme los términos de referencia , la propuesta presentada y la Resolución 2656;
de la cuarta, indicó que sus numerales 11 y 12 prevén las obras de construcción,
rehabilitación y mantenimiento que se entienden incluidas en la concesión y, que el
numeral 2 ibidem, establece que corresponde al operador portuario garantizar la
calidad, eficiencia, productividad, regularidad y continuidad en la operación del muelle
departamental. De la novena, destaca que las obras adicionales que se autoricen y
ejecuten dentro de las zonas entregadas en concesión, deberán revertirse
gratuitamente al departamento conforme lo previsto en el artículo 8 de la Ley 1 de
1991 y que las obras e inversiones adicionales serán asumidas por el concesionario,
como lo prevé el numeral 10, de la cláusula décima del contrato, al decir que es
obligación del concesionario conservar en buen estado de operación y mantenimiento
las construcciones e inmuebles por destinación que habitualmente se encuentren
instalados en la zona otorgada en concesión y comprometerse a entregar al
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina las
construcciones e inmuebles correspondientes, de conformidad con el artículo 8 de la
ley 1 de 1991 y con el presente contrato.
11 Explicada en el Folio 254 del cuaderno 1.
5
Radicado: 88001-23-33-000-2018-00011-00 (64011)
Actor: Sociedad Portuaria de San Andrés S.A.
De esta recensión colige que no puede la parte actora limitar sus obligaciones
contractuales, únicamente al valor pactado anticipadamente en el contrato,
desconociendo los riesgos previsibles de la concesión por espacio de 20 años.
Como segunda excepción propuso la de “INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO”
pues, afirma que no es cierto que el Departamento “hubiese autorizado la construcción
de 2.170 mts cuadrados de loza y pavimento”, pues solo pidió autorización y esta le
fue conferida “para la reconstrucción de 1.800 mts cuadrados de loza o piso del patio
de contenedores”, “lo cual no ocurrió frente a 370 mts cuadrados”, de modo que al no
contar con la autorización previa y escrita no está obligado el departamento a
reconocer valor alguno por este concepto.
La última excepción planteada fue la de “Falta de certeza del valor invertido por el
concesionario”, que estructuró a partir de la confusión que advierte frente a los
cambios en el valor de las inversiones adicionales cuyo reconocimiento pretende la
parte actora, pues no indicó la tasa de cambio con la que calculó las inversiones, en
unos casos habla de dólares y en otros de pesos, lo que torna “imposible hacer un
reconocimiento”.
2.5. De las excepciones se corrió traslado12 a la parte actora, que lo descorrió13
señalando que el Ministerio de Hacienda sí está legitimado en la causa, en tanto fue
quien expidió “el decreto 2155 de 2014 y las resoluciones 01692 del 09 de marzo de
2015 y 5165 del 03 de junio de 2015” que dieron lugar a las inversiones extraordinarias,
de forma que le asistió la razón al Tribunal al haberlo vinculado de oficio. En cuanto a
las excepciones propuestas por el departamento se opuso a todas ellas, pues
consideró que sí aportó la prueba de la autorización para la construcción de los 2.170
mts cuadrados de pavimento rígido en el patio de contenedores y, que si bien
inicialmente la autorización se pidió solo por 1.800 se advirtió que se trataba de una
cantidad superior de 2.170 y sobre ese total se obtuvo el concepto de viabilidad. En
cuanto a la falta de certeza del valor invertido señaló que con la prueba allegada da
cuenta del costo de las inversiones extraordinarias que derivaron en el rompimiento
del equilibrio económico del contrato, cuyo restablecimiento reclama.
2.6. Previa citación14, el veintiséis (26) de septiembre de dos mil dieciocho (2018)15,
el órgano judicial de primer grado celebró audiencia inicial, en la que, entre otras
decisiones: (i) declaró saneada la actuación procesal; (ii) resolvió la excepción
previa de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, que declaró probada y por ende excluyó a la entidad
del proceso; (iii) fijó el litigio, para lo cual analizó los hechos de la litis y, con base
en ellos, estableció como problema jurídico a resolver, el siguiente:
“el núcleo esencial o materia del conflicto suscitado entre las partes radica en el
determinar si dentro del término de ejecución del Contrato de Concesión No. 189 de
2004, se ha presentado un desequilibrio en la ecuación económica debido a ciertas
cargas de orden monetario destinadas a un conjunto de equipos y obras de
infraestructura para la prestación del servicio, derivada de la exigencia por parte del
ente territorial cuya justificación se dio al amparo de las previsiones del D. 2155/2014
y Resoluciones No. 01692 del 9 de marzo de 2015 y No. 5165 del 3 de junio de 2015.
Evento que ha puesto al concesionario en desventaja económica frente a las cargas
contractuales inicialmente establecidas en el acuerdo de voluntades, ello determina
la necesidad de considerar el incumplimiento de lo pactado, por lo que ha de
verificarse un hecho sobreviniente diferente al contrato denominado por la doctrina
12 Fijación en lista de traslado del 01 de agosto de 2018, que obra a folio 273 del cuaderno 1.
13 Escrito del 06 de agosto de 2018, que obra a folios 274 a 276 del cuaderno 1.
14 Folios 283 a 289 del cuaderno 1.
15 Folios 296 a 303 del cuaderno 2 y CD anexo a folio 305 del mismo cuaderno.
6
Radicado: 88001-23-33-000-2018-00011-00 (64011)
Actor: Sociedad Portuaria de San Andrés S.A.
el hecho del príncipe y si dicha situación incide de manera inevitable en la ecuación
económica de la relación contractual.”
(iv) declaró agotada la etapa de conciliación judicial, por ausencia de ánimo
conciliatorio de los extremos procesales; (iv) dispuso tener como pruebas las
documentales aportadas con la demanda y con la contestación, y, al no haber más
pruebas que practicar, declaró cerrada esta etapa procesal y, tras prescindir de la
audiencia de alegaciones y juzgamiento, corrió traslado a las partes y al Ministerio
Público, para que aquellas alegaran de conclusión y este rindiera concepto de mérito.
2.7. Dentro del término de traslado, la Sociedad Portuaria de San Andrés S.A.16 y el
departamento17 alegaron de conclusión, con reiteración de lo argumentado como
fundamento de la causa y la contradicción. Por su parte, el Ministerio Público guardó
silencio18.
2.8. El catorce (14) de marzo de dos mil diecinueve (2019)19, el Tribunal Administrativo
del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina dictó
sentencia de primera instancia, en la que resolvió denegar las pretensiones de la
demanda, sin condena en costas. El fallador de primera instancia arribó a esta
conclusión a partir del análisis de los siguientes asuntos:
2.8.1 La pretensión del desequilibrio económico del contrato
Señaló que los artículos 5, 27 y 28 de la ley 80 de 1993, son las normas sobre las que
descansa esta figura en materia de contratación estatal, y que a partir de su
interpretación la jurisprudencia del Consejo de Estado ha identificado sus causas y
requisitos, entre estos: i) el hecho del príncipe (acto o hecho del Estado); ii) el ius
variandi (modificación unilateral de las condiciones contractuales); iii) la teoría de la
imprevisión (ocurrencia de circunstancias imprevisibles) y iv) el defecto en la formación
del precio contractual imputable a la entidad contratante (afectación del valor
intrínseco de la remuneración).
2.8.2 Cuestión de método para esclarecer el desequilibrio contractual
Advirtió que en cada caso concreto el Estado está obligado a restablecer el equilibrio
económico en el marco de la distribución de riesgos y cargas del respectivo contrato
y que para acceder a la condena es menester “probar el impacto nocivo en la
afectación de la ecuación económica (…), dado que no siempre que se presenta una
de las causas referidas en la jurisprudencia, se configura el desequilibrio real y
materialmente”. De modo que, en estos casos, el juez del contrato no debe limitarse
al estudio de los conceptos de equilibrio, conmutatividad prestacional y sinalagma
funcional, ni revisar de manera aislada la evidencia de una causa típica de desbalance,
sino que debe analizar la asignación de riesgos y la ejecución del contrato en el caso
concreto; pues “no todo sobrecosto ni toda pérdida implica necesariamente la ruptura
del balance financiero del contrato, toda vez que ello depende de la ecuación
contractual y en esta suele incorporarse un alea o riesgo propio de la ejecución del
contrato.”
Señaló que, pese a que la causa alegada en este caso fue el hecho del príncipe, se
analizará el asunto bajo el marco de la teoría de la imprevisión, atendiendo a que la
inversión ordenada por el Decreto 2155 de 2014, y definida en las Resoluciones 1692
16 Folios 307 a 315 del cuaderno 2.
17 Folios 316 a 322 del cuaderno 2.
18 Folio 323 del cuaderno 2.
19 Folios 329 a 338 del cuaderno principal.
7
Radicado: 88001-23-33-000-2018-00011-00 (64011)
Actor: Sociedad Portuaria de San Andrés S.A.
y 5165, no obedeció a la voluntad de la entidad contratante, sino al cumplimiento de
los mentados actos administrativos de carácter general; señaló que aun cuando su
acatamiento “desdibujó la carga prestacional y condiciones contractuales originales,
del esfuerzo probatorio desplegado por el accionante no se evidencia el
comportamiento financiero o demostración de los efectos adversos del alegado
desequilibrio económico”. Bajo esta cuerda, realizó la siguiente ponderación:
Esclarecimiento de la ecuación económica del contrato 189 de 2004
Objeto Cláusula 1. Concesión portuaria, otorga “el derecho a ocupar y
utilizar en forma temporal y exclusiva el área del predio donde se
encuentra el muelle departamental y su zona accesoria, así como
la infraestructura que allí se encuentra, (…)”
Plazo de Ejecución 20 años conforme lo dispuesto en el Art. 8 Ley 01 de 1991
Contraprestación Cláusula 5. A favor del departamento la suma de “UN MILLÓN
CIENTO OCHENTA Y UN MIL VEINTICUATRO DÓLARES CON
VEINTINUEVE CENTAVOS ($1.181.024,29). 20
Inversiones Cláusula 12. A cargo del contratista por en el recinto portuario por
valor de un millón ciento cincuenta y un mil novecientos sesenta y
cinco dólares ($1.151.965).
Conclusión
La ecuación contractual estaba fundada en la conmutatividad entre el uso del espacio e
infraestructura portuaria y el valor a pagar por la concesión y las inversiones para el
mejoramiento, rehabilitación, mantenimiento y conservación de los bienes entregados en
concesión.
2.8.3 Análisis de las causas del desequilibrio económico alegado
Advierte el fallo que la parte actora fincó el pretendido desequilibrio del contrato en dos
causas: i) la Imposición de adquisición de equipos de inspección no intrusiva – Decreto
2155 de 2014 y ii) la reparación y/o construcción de 2170 m2 de placas de concreto
reforzado del patio de operaciones del puerto.
La segunda fue descartada como causa válida, en tanto el a quo consideró que la
cláusula cuarta del contrato incluyó dentro de las inversiones a realizar la recuperación
2715 m2 de lozas, sin que exista prueba que excluya la construcción de los 2170m2
alegados de esta obligación, al punto señala que el formato del contrato de obra [f.91]
incluye en el objeto “obras civiles de construcción de 2170 m2 de placas en concreto
reforzado de 30 cms de espesor y 4.000 PSI, del patio de operaciones en la sociedad
portuaria de San Andrés SA.”, obras necesarias para el soporte de la maquinaria
pesada y mercancías que para el Tribunal “conforman el sostenimiento de los bienes
necesarios para el desarrollo normal de la concesión” pues “están situadas en el patio
de operaciones del muelle departamental (…) mantenimiento lógico de la cosa
entregada en concesión.”
De esta forma, contrajo el análisis a la primera causa, derivada de la fuerte inversión,
“(US$ 1.197.000) pagables durante el lapso de 5 años contados a partir del
perfeccionamiento del contrato”, que hubo que realizar para la adquisición y puesta en
funcionamiento de los equipos de inspección no intrusiva, respecto de la que concluyó
que “de cara al precio estático del valor de la contraprestación pactada, resulta lógico
suponer que el retorno o utilidad esperada por el contratista tuvo en cuenta las tarifas
portuarias de la época de la suscripción, su proyección en el tiempo de la contratación
20Agregó que del clausulado del contrato 189 y del oficio SAPS 166 de 2016 [Folios 165 a 166 del cuaderno 1]
se colige que “el valor de la contraprestación establecida es de carácter estático, de manera que bajo dicha
fórmula de equilibrio prestacional, el concesionario no estaba obligado a soportar un incremento de las
prestaciones inicialmente pactadas, como específicamente ocurrió con ocasión de la adquisición e
implementación de equipos de inspección no intrusiva.”
8
Radicado: 88001-23-33-000-2018-00011-00 (64011)
Actor: Sociedad Portuaria de San Andrés S.A.
y el costo tanto de la contraprestación y las respectivas inversiones obligatorias
pactadas”. De esta forma, tras citar los presupuestos requeridos para que proceda el
restablecimiento judicial de la ecuación financiera del contrato, consideró que, en este
caso, se debe determinar si se acreditó o no su configuración durante la ejecución del
contrato.
2.8.4 De la ejecución del contrato
Destacó el fallo que la parte actora señaló que las inversiones adicionales por más de
cinco mil millones de pesos que sufragó la Sociedad Portuaria le causaron un
desequilibrio económico que debe ser restablecido y que el estudio económico-
financiero21 realizado indica que el retorno de esa inversión amerita 15 años
adicionales de plazo.
En lo atinente a la prueba, destacó el fallador de primera instancia que no todo
desequilibrio económico debe ser restablecido, pues si bien la perturbación de la
ecuación es una condición necesaria no es exclusiva en aras del pretendido
restablecimiento. Respecto al estudio aportado, puntualizó que los valores descritos
“padecen un reproche insalvable que desdice de la validez probatoria de las
proyecciones arrimadas, así, no se vislumbra en ningún aparte soporte probatorio
valido que de fe sobre los valores base eventualmente llevados al futuro”. Pues, “pese
a que jurídicamente no existe duda del desfase prestacional entre las partes del
contrato de concesión portuaria 189 de 2004 con ocasión del valor de las inversiones
extraordinarias en equipos de inspección no intrusiva, no existe al plenario
verificación financiera que dé cuenta de una anomalía en cuanto a su ejecución
hasta tal punto se entienda que el tiempo restante de ejecución del mismo no
sea suficiente para el retorno de los dineros invertidos, esto es así por cuanto los
valores base no tienen soporte en documentos de contabilidad de la empresa
demandante”, de modo que se trata de “afirmaciones subjetivas sin fuerza
probatoria” que hacen imposible una proyección futura convincente, razón por la
que denegó las pretensiones de la demanda “en atención al deficiente material
probatorio con relación del análisis de la ejecución financiera del contrato”.
2.9. El veintinueve (29) de marzo de dos mil diecinueve (2019)22, la parte
demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia referida en
precedencia, solicitando su revocación, para que, en su lugar, se acceda a las
pretensiones de la demanda. Como argumentos de alzada adujo:
2.9.1. Respecto a la construcción adicional de 2.170 m2 de pavimento rígido,
cuestionó la decisión del Tribunal, en tanto consideró que “a la Sociedad Portuaria no
le correspondía otra cosa que probar la ejecución de dichas obras y su calidad de
extraordinarias, situación ampliamente demostrada en el expediente”. Remarcó que
no es válido confundirlos con los 2.715 m2 de que habla la cláusula 4 del contrato,
pues para la fecha en que se solicitó la autorización ya habían transcurrido doce (12)
años del término de la concesión, de suerte que los compromisos de inversión de que
tratan las cláusulas 4 y 12 del contrato ya se habían realizado en su totalidad, pues el
tiempo de ejecución era de cuatro (4) años; señala que tan enterado estaba el
Departamento de ello, que en el escrito en que autorizó realizarlas indicó que
posteriormente se buscaría mecanismos para restablecer el equilibrio del contrato.
2.9.2 En cuanto a los equipos de inspección no intrusiva, señaló que el a quo se
equivocó, puesto que: i) su adquisición no fue contemplada en el plan inicial de
21 CD obrante a folio 199A del cuaderno 1.
22 Folios 342 a 355 del cuaderno principal.
9
Radicado: 88001-23-33-000-2018-00011-00 (64011)
Actor: Sociedad Portuaria de San Andrés S.A.
inversiones; ii) el propio Decreto 2155 de 2014 facultó para la modificación de los
contratos consciente de las consecuencias económicas adversas que su
implementación causaría a los concesionarios, pues prohibió cobrar tarifa alguna por
su uso; iii) La Sociedad Portuaria no asumió por su cuenta y riesgo la compra de estos
equipos, pues manifestó no contar con los recursos para ello y por tratarse de una
inversión extraordinaria solicitó autorización al departamento para realizarla. Por lo
anotado considera palmario que en este caso “se rompió por completo el esquema
económico del y financiero inicial, pues la concesionaria ha invertido más del doble del
compromiso de inversiones y eso no requiere del aporte de más pruebas que las
arrimadas al expediente en su oportunidad procesal”.
Finalmente, frente al estudio financiero presentado como prueba y las consideraciones
que realizó el Tribunal sobre el particular, argumentó lo que sigue:
1. La reclamación de la Sociedad Portuaria de San Andrés S.A. no se dirigía a pedir
el resarcimiento por gastos de mantenimiento y rehabilitación, sino por la inversión
en obra civil adicional al compromiso inicial que no pudo ser prevista y que de
ninguna manera correspondía a gastos derivados del desgaste natural de la
instalación.
2. Los equipos de inspección no intrusiva no constituyen inversiones destinadas a
mejorar la rentabilidad del negocio de la actividad portuaria, que es el objeto del
contrato de concesión 189 de 2004, pues se adquirieron para que el Estado ejecute
funciones de inspección, vigilancia, control de aduanas, y otras asignadas a la
policía antinarcóticos, por lo que en nada benefician al concesionario.
3. La prueba aportada es suficiente para acreditar el desequilibrio del contrato, y
considera que debe valorarse con apego a lo dispuesto por el CONPES 3744 de
2013. Acusa al Departamento de desconocer las normas que gobiernan los
contratos de concesión portuaria, pues cita un Conpes que no es no es el que
corresponde implementar para efectos de determinar la alteración de la balanza
de cargos a favor y en contra del concedente. Apuntala que este error hizo que la
Gobernación desconociera que “la sociedad portuaria había probado con soportes,
la ejecución de inversiones adicionales exorbitantes y ajenas al acuerdo inicial,
acudiendo al modelo del CONPES 2680 de 1993, para reflejar la imposibilidad de
obtener un retorno cuando menos positivo en el plazo que vence en el año 2024”.
4. Acusa al Tribunal de incurrir en el mismo yerro conceptual de la Gobernación, al
dar por no probada la magnitud del daño y la alteración de la rentabilidad pactada
con los inversionistas, lo que atribuye a que no comprendió que el modelo
financiero era el vehículo a través del cual se cumplían dos finalidades: i) acreditar
la rentabilidad negativa que se generaba sin la extensión del plazo y ii) El plazo de
15 años como forma alternativa que permitía una tasa interna de retorno. Resalta
que la rentabilidad mínima en las concesiones portuarias es del 12%, misma que
se soslayó con el fallo “a pesar de tener plena facultad de acudir a un peritaje
financiero, para identificar si asistía razón para alegar un desequilibrio
financiero”. Señala que si el Tribunal “no contaba con la formación académica
requerida para analizar el soporte de uno de los medios de resarcimiento
propuestos”, debió decretar de oficio un peritaje o cualquier prueba técnica
que “hubiera aportado el análisis del ejercicio financiero para obtener un
fallo en estricto apego a la norma”, pero al no haber realizado la “revisión con
pleno conocimiento de lo estipulado en la Ley 1ª de 1991, del documento CONPES
2680 de 1993, de la Resolución 596 de 1994 y 873 de 1994, el Tribunal ignoró
algo que juzgó como ausente única y exclusivamente por falta de
10
Radicado: 88001-23-33-000-2018-00011-00 (64011)
Actor: Sociedad Portuaria de San Andrés S.A.
conocimiento y falta de diligencia para contar con el apoyo que el caso
requería.”
5. Insiste en que el flujo de caja aportado se ajusta a la norma y al esquema tarifario
aplicable, que no se realizó ninguna observación objetiva sobre esa herramienta,
pero sí se dijo que no probaba el desequilibrio, por lo que itera que “el hecho de
ignorar lo que procedía analizar, no era excusa para decir que no se había
presentado prueba respecto de la gravedad del desequilibrio.”
6. Echa en falta un análisis sobre la asignación de riesgos y la ejecución del contrato
de concesión, y considera que los requisitos para la procedencia del desequilibrio
del contrato, que citó el a quo, sí se cumplieron así:
i. Que la ruptura sea grave: El modelo Excel formulado evidencia que en el
horizonte restante hasta 2024 de la concesión arroja una tasa interna de retorno
negativa del -26.19%.
ii. Que se encuentre acreditada la relación fáctica alegada como desequilibrante
y la ruptura grave del equilibrio con un medio probatorio idóneo: Afirma que el
flujo de caja refleja que le tiempo restante es insuficiente para el retorno de las
inversiones realizadas en equipos de inspección no intrusiva y refleja la
alteración (reducción) gravísima de la rentabilidad en caso no ampliar el plazo
de la concesión.
iii. Que el hecho desequilibrante no corresponda a un riesgo propio de la actividad
que debe ser asumido por uno de los contratantes: La adquisición de equipos
diferentes a los destinados para la prestación del servicio de la concesión
portuaria no era un riesgo propio del contrato.
iv. Que una vez ocurrido el hecho se realicen las solicitudes, reclamaciones o
salvedades conforme a la buena fe objetiva o contractual. Afirma que se
realizaron diligentemente las solicitudes de ampliación de plazo como medio
para subsanar el daño y que se realizaron reuniones con representantes del
departamento sin que se hubiera aceptado el trámite, por lo que se acudió a
esta demanda para el restablecimiento del equilibrio del contrato.
v. Que las reclamaciones se realicen de manera específica y concreta en términos
de tiempo y valor, que no sean generales ni abstractas. Considera que el
modelo financiero, basado en proyecciones, cumple con indicar las variables
de proyección y si las estimaciones “datos históricos de la sociedad portuaria
son insuficientes y sin validez, era pertinente haber llevado a cabo los ajustes
al modelo, por unas variables que a juicio del perito o del juez, describieran de
mejor modo el desempeño esperado de las variables que la norma define como
necesarias para el flujo de caja proyectado.”
Culmina la argumentación del recurso recalcando que “en la hoja denominada
"premisas" y en el escrito de modificación, se citan las fuentes oficiales utilizadas para
llevar a cabo las proyecciones según la naturaleza de las variables que componían
la proyección, igualmente la carga estimada proyectada partió de los datos
históricos que incluso se identifica en una de las hojas del modelo financiero
incluía desde el año 2011 y hasta 2016 susceptibles de ser verificadas en las
estadísticas del terminal portuario; de otro lado los egresos proyectados partieron
de estados financieros cerrados al año 2016, de tal manera que si la información
contable y fuentes oficiales no fueron aceptadas como soporte válido, no fue con base
en argumentos objetivos que se cuestionaron, pues se limitó el juez a descalificar
con base en afirmaciones no sustentadas en errores identificados o
consideraciones sobre los datos históricos y contables que sirvieron como
datos de origen para el ejercicio regulado por la norma aplicable.
11
Radicado: 88001-23-33-000-2018-00011-00 (64011)
Actor: Sociedad Portuaria de San Andrés S.A.
Por las razones expuestas a lo largo de este documento, se ha dejado claro que es
evidente la falta de la rigurosidad en el análisis que de manera soportada llevara
a conclusiones que descalificaran el ejercicio financiero presentado, por lo cual
la conclusión que descalifica el medio probatorio, a todas luces denota que se basa
en un juicio subjetivo sin carácter técnico y por lo mismo insuficiente, dejando como
resultado un pronunciamiento final a favor del demandado pese a su desacertada
contestación.”
2.9. El tres (3) de mayo de dos mil diecinueve (2019)23, el Tribunal concedió el
recurso de apelación.
2.10. El ocho (8) de julio de dos mil diecinueve (2019)24, esta Corporación admitió el
recurso formulado y, luego, corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para
que aquellas alegaran y este conceptuara en esta instancia25.
2.11. Dentro del término de traslado tanto las partes como el Ministerio Público
guardaron silencio26.
III. PROBLEMA JURÍDICO Y RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL
CONTRATO BAJO CONTROVERSIA
3.1. De acuerdo con el artículo 320 del Código General del Proceso (CGP) —aplicable
en esta instancia conforme al artículo 40 de la Ley 153 de 188727-28— el “recurso de
apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente
en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior
revoque o reforme la decisión”. En razón a ello, la competencia funcional de la Sala,
como juzgador de segunda instancia, se limita a “pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley”, como lo establece el artículo 328
del CGP. Sin embargo, como lo prevé la misma norma, “cuando ambas partes hayan
apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones”.
3.2. En el sub examine, el recurso de alzada fue interpuesto únicamente por la parte
actora, quien insistió en la procedencia de las pretensiones formuladas en la
demanda29. Ahora bien, comoquiera que la carga argumentativa del recurso gravita
en esencia sobre la suficiencia probatoria de la demanda a efecto de acreditar, con
arreglo a la ejecución financiera del contrato, el impacto que las inversiones realizadas
generó en la ecuación económica del contrato, corresponde a esta Subsección dar
respuesta al siguiente interrogante:
23 Folio 357 del cuaderno principal.
24 Folio 365 del cuaderno principal.
25 Folio 368 del cuaderno principal.
26 Folio 370 del cuaderno principal.
27 LEY 153 de 1887. “Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen
sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. || Sin embargo, los recursos interpuestos,
la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por
las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias
o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las
notificaciones. […]” (subrayado fuera del texto original).
28 Cfr. CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación del 25 de junio
de 2014, exp. 25000-23-36-000-2012-00395-01(IJ).
29 Apartado 2.1.
12
Radicado: 88001-23-33-000-2018-00011-00 (64011)
Actor: Sociedad Portuaria de San Andrés S.A.
¿La Sociedad Portuaria de San Andrés S.A. acreditó el impacto negativo
en la ejecución financiera del contrato de concesión portuaria 189 del
2004, a efecto de acceder al restablecimiento económico que reclama?
3.3. El cuestionamiento anterior será analizado conforme al régimen sustantivo del
contrato 189 de 2004, es decir, el del Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública, vigente para la fecha de la celebración del negocio jurídico
(Ley 80 de 1993)30, toda vez que el Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina es una entidad estatal31 y, por ese motivo, le son
aplicables las disposiciones contenidas en dicha normativa, conforme lo estableció
el propio contrato.32
IV. CONSIDERACIONES
La Sala resolverá el problema atinente al fondo de la litis, habida consideración de la
competencia que le asiste para ello, en atención a lo establecido en los artículos 15033
y 152.534-35 del CPACA, y al ejercicio oportuno que del medio de control de
controversias contractuales realizó la parte actora, de conformidad con lo dispuesto
en el literal j del artículo 164.2 ejusdem36-37. Aparte, se constató que tanto el
Concesionario38 como el Departamento están legitimados en la causa por activa y
por pasiva, respectivamente, comoquiera que se constituyeron como partes en el
contrato 189 de 200439, cuyo reajuste del equilibrio de la ecuación prestacional se
pretende.
No pasa por alto la Sala que la impugnante, echa en falta el ejercicio de la facultad
oficiosa del juez frente a la prueba científica o técnica del impacto financiero del
desequilibrio económico del contrato, asunto que será de cardinal relevancia para
resolver el problema jurídico, para lo cual resulta necesario realizar las siguientes
precisiones conceptuales.
Consideraciones relativas al problema jurídico planteado
4.1. La carga de la prueba y la facultad oficiosa del juez
El artículo 167 del Código General del Proceso prevé sobre la carga de la prueba que:
30 Cfr. LEY 153 DE 1887 – Artículo 38.
31 ARTÍCULO 2.- De la Definición de Entidades, Servidores y Servicios Públicos. Para los solos efectos de
esta Ley: 1o. Se denominan entidades estatales: a) La Nación, las regiones, los departamentos, (…)”
32 Cláusula décima séptima contrato 189 de 2009. Folio 30 C.1.
33 CPACA. “Artículo 150. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos”.
34 CPACA. “Artículo 152. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes
asuntos: […] 5. De los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en que sea parte una entidad
pública en sus distintos órdenes o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado […], cuando la
cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
35 En el presente asunto, el accionante presentó la demanda en el 2018, época para la cual el salario mínimo
legal mensual ascendía a $ 781,242, por lo tanto, los 500 salarios mínimos equivalían a $390.621.000, lo que
supone que el quantum pretendido en el libelo introductorio, calculado en $5.379.845.403, excede el monto
legalmente exigido.
36 CPACA. “Artículo 164, La demanda deberá ser presentada: […]. 2. En los siguientes términos, so pena de
que opere la caducidad: […] j) En las relativas a contratos el término para demandar será de dos (2) años que
se contará a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirva de
fundamento […] // En los siguientes contratos, el término de dos (2) años se contará así: […] iii) en los que
requieran liquidación, desde el día siguiente al de la terminación del contrato por cualquier causa”.
37 En el sub lite, se encuentra acreditado que para la fecha en que se presentó la demanda, 22 de marzo de
2018, el contrato 189 de 2004 se encontraba vigente, con lo que resulta forzoso concluir que la acción fue
incoada oportunamente.
38 Folios 196 a 198 del cuaderno 1. Certificado de Existencia y Representación Legal de “SAN ANDRES PORT
SOCIETY S.A. (SOCIEDAD PORTUARIA DE SAN ANDRES S.A.)”
39 Folios 18 a 33 del cuaderno 1.
13
Radicado: 88001-23-33-000-2018-00011-00 (64011)
Actor: Sociedad Portuaria de San Andrés S.A.
“Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran
el efecto jurídico que ellas persiguen. (…)”
Al punto, esta corporación ha manifestado de manera reiterada y pacífica que:
“La carga de la prueba es una regla procesal que impone a las partes y al juzgador un
papel en el proceso judicial. Con la dialéctica se busca la comprensión de un problema
a partir de la tesis y su antítesis, cuyo éxito depende, en parte, de una construcción
adecuada de cada uno de eso extremos. Si bien no es este el único método cognitivo,
ha sido adoptado en el proceso judicial adversarial desde tiempos remotos, por
ajustarse a la naturaleza del conflicto en el que una parte depreca algo a otra que se
opone. Este sistema depende, en buena medida, de la labor activa que en la defensa
de los intereses en litigio asuman las partes procesales, lo que, en el plano fáctico,
implica desplegar el poder de probar derivado del debido proceso. Deben las partes,
por virtud del principio de la carga de la prueba que rige en materia contencioso-
administrativa, solicitar y facilitar la práctica de la prueba de los hechos que
esgrimen como fundamento de su posición. Como regla procesal, la carga de la
prueba impone también un rol al juzgador que, como tal, es una regla de juicio que
determina el sentido de una decisión ante la incertidumbre sobre los hechos en
contienda y, de esa forma, permite zanjar un conflicto jurídico evitando el non liquet.
Así, en razón al principio de la carga de la prueba, le corresponde al juzgador
adoptar una decisión desfavorable a aquel que no haya conseguido acreditar con
certeza los hechos que esgrimió.”40 (Resaltado fuera de texto).
Es del caso mencionar que el artículo 90 de la Constitución Política, que también
gobierna la responsabilidad contractual del Estado41, en tanto cláusula general de
responsabilidad estatal, tiene unos supuestos fácticos a los que se le imputa un
consecuente jurídico, por lo que de conformidad con lo previsto en el art. 174 del
C.G.P., toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente
allegadas al proceso. Es pues, por la estructura misma de la norma jurídica y por
virtud del principio de necesidad de la prueba, que se impone una sentencia
desestimatoria para el demandante que no haya acreditado los hechos previstos en
las normas jurídicas sobre las que erige sus pretensiones.
Sobre este particular, en sentencia C-099 de 2022, la Corte Constitucional precisó:
“Las normas acusadas se inscriben dentro de las llamadas cargas procesales
que aluden a la organización de un proceso judicial con carácter dispositivo, de
tal manera que garantice la igualdad de las partes, la lealtad procesal, sin
afectar la imparcialidad e independencia del juez. De este modo como desarrollo
del principio de igualdad material del Artículo 13 superior, los jueces tienen la
obligación de garantizar el equilibrio de armas entre las partes enfrentadas ante
un proceso y el uso de las facultades oficiosas de la prueba no puede implicar
corregir la inactividad probatoria de apoderados negligentes, ni agudizar la
asimetría entre las partes. Los principios de independencia, autonomía e
imparcialidad frente a las partes, se sostienen en su función primordial de resolver la
disputa, y por ello el legislador ha optado por prescribir que la parte debe aportar
los medios de prueba que permitan llevar al juez el conocimiento sobre su
pretensión. No obstante, con base en este propósito primordial el juez puede exigir
también que alguna de las partes allegue el medio de prueba en los casos en que
40Consejo de Estado. Sección tercera, Subsección C, fallo del 7 de octubre de 2020 Radicación número: 66001-
23-31-000-2010-00425-01(50160). NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, cita Corte Constitucional, sentencias
C-640 de 2002; C-331 de 2012; C-146 de 2015 y T-733 de 2013. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia
de 4 de febrero de 2019, exp. 17720 y Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 25 de mayo
de 2010, rad. núm. 23001-31-10-002-1998-00467-01.
41 CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-333 de 1996.
14
Radicado: 88001-23-33-000-2018-00011-00 (64011)
Actor: Sociedad Portuaria de San Andrés S.A.
busque determinar la verdad de los hechos, y realizar la igualdad material entre las
partes.” (Resaltado fuera de texto).
Por otro lado, merced a los principios de congruencia y dispositivo, aplicables en
materia contencioso administrativa, corresponde al juez resolver la litis con arreglo
a las pruebas legal y oportunamente aportadas al proceso, sin intervenir
proactivamente más allá de lo que es menester para garantía del debido proceso.
4.2. Sobre el equilibrio financiero o económico del contrato
Esta corporación ha manifestado al respecto:
“El principio del equilibrio financiero del contrato, medular en el régimen jurídico de la
contratación pública, consiste, entonces, en garantizar el mantenimiento de la igualdad
o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de
contratar, según el caso, de manera que si se rompe por causas sobrevinientes,
imprevisibles y no imputables a quien resulte afectado, las partes adoptarán las medidas
necesarias para su restablecimiento, so pena de incurrir en una responsabilidad
contractual tendiente a restituir tal equilibrio. (…) ante la ruptura del equilibrio económico
del contrato, el contratista tiene derecho a exigir su restablecimiento, pues no obstante
que debe asumir el riesgo normal y propio de cualquier negocio, ello no incluye el deber
de soportar un comportamiento del contratante o circunstancias ajenas que lo priven de
los ingresos y las ganancias razonables que podría haber obtenido, si la relación
contractual se hubiese ejecutado en las condiciones inicialmente convenidas. Ahora
bien, no cualquier trastorno o variación de las expectativas que tenía el contratista
respecto de los resultados económicos del contrato, constituyen rompimiento del
equilibrio económico del mismo, existiendo siempre unos riesgos inherentes a la
misma actividad contractual, que deben ser asumidos por él.
De acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia, la ecuación económico financiera del
contrato puede verse afectada o sufrir menoscabo, por: a) Actos o hechos de la entidad
administrativa contratante, como cuando no cumple con las obligaciones derivadas del
contrato o introduce modificaciones al mismo -ius variandi-, sean éstas abusivas o no.
b) Actos generales de la administración como Estado, o “teoría del hecho del príncipe”,
como cuando en ejercicio de sus potestades constitucionales y legales, cuya voluntad
se manifiesta mediante leyes o actos administrativos de carácter general, afecta
negativamente el contrato. c) Factores exógenos a las partes del negocio, o “teoría de
la imprevisión”, o “sujeciones materiales imprevistas”, que involucran circunstancias no
imputables al Estado y externas al contrato pero con incidencia en él.
En todos estos eventos surge la obligación de la administración contratante de auxiliar
al contratista colaborador mediante una compensación llevarlo hasta el punto de no
pérdida- o nace el deber de indemnizarlo integralmente, según el caso y si se cumplen
los requisitos señalados para cada figura. (...) con independencia de la causa que se
invoque como factor de desequilibrio económico y financiero del contrato estatal,
dentro de los requisitos necesarios para su reconocimiento y el consecuente
restablecimiento de la ecuación contractual, existen unos elementos comunes
que deben acreditarse en forma concurrente tales como la imprevisibilidad, la
alteración extraordinaria y fundamentalmente la demostración o prueba de una
pérdida real, grave y anormal en la economía del contrato, pues no es viable inferir
a priori que acontecido el hecho del príncipe o el hecho de imprevisión haya
necesariamente rompimiento del equilibrio contractual y surja el deber de
reparar.”42 (Resaltado fuera de texto).
42 Consejo de Estado. Sección Tercera, fallo del 28 de junio de 2012. Radicación número: 13001-23-31-000-
1996-01233-01(21990)
15
Radicado: 88001-23-33-000-2018-00011-00 (64011)
Actor: Sociedad Portuaria de San Andrés S.A.
4.3 Respuesta al problema jurídico consistente en determinar si la Sociedad
Portuaria de San Andrés S.A. acreditó el presupuesto de impacto negativo en la
ejecución financiera del contrato de concesión portuaria 189 del 2004, a efecto
de acceder al restablecimiento económico que reclama.
Como quedó dicho en precedencia, al margen de la causa invocada, para que se
configure el desequilibrio económico del contrato es necesario demostrar, además
de la alteración extraordinaria e imprevisible, ajena a las partes y acaecida durante
la ejecución del contrato, la pérdida real, grave y anormal de la economía del
contrato, en tanto no cualquier sobre costo que a consecuencia de esta clase de
hechos se presente, supone necesariamente la ruptura de la ecuación contractual
y su condigna reparación.
La Sala compendia a continuación, de manera sucinta y separada, las razones de
inconformidad del recurrente frente a lo que tuvo por establecido el Tribunal en
relación con las dos causas del pretendido restablecimiento económico del contrato:
i) Reparación y/o construcción de 2170 m2 de placas de concreto reforzado
del patio de operaciones del puerto.
Decisión Consideró el Tribunal que la cláusula cuarta del contrato incluyó
dentro de las inversiones a realizar la recuperación 2715 m2 de
lozas, sin que exista prueba que excluya la construcción de los
2170m2 alegados de esta obligación. Sumado a que “conforman el
sostenimiento de los bienes necesarios para el desarrollo normal de
la concesión” pues “están situadas en el patio de operaciones del
muelle departamental (…) mantenimiento lógico de la cosa
entregada en concesión.”
Tesis recurso Cuestionó la decisión del Tribunal, en tanto consideró que “a la
Sociedad Portuaria no le correspondía otra cosa que probar la
ejecución de dichas obras y su calidad de extraordinarias, situación
ampliamente demostrada en el expediente”. Remarcó que no es
válido confundirlos con los 2.715 m2 de que habla la cláusula 4 del
contrato, pues para la fecha en que se solicitó la autorización ya
habían transcurrido doce (12) años del término de la concesión, de
suerte que los compromisos de inversión de que tratan las cláusulas
4 y 12 del contrato ya se habían realizado en su totalidad, pues el
tiempo de ejecución era de cuatro (4) años.
ii) Adquisición de equipos de inspección no intrusiva en cumplimiento del
Decreto 2155 de 2014 y la resolución 1692 de 2015
Decisión 1ra “pese a que jurídicamente no existe duda del desfase prestacional
entre las partes del contrato de concesión portuaria 189 de 2004 con
ocasión del valor de las inversiones extraordinarias en equipos de
inspección no intrusiva, no existe al plenario verificación
financiera que dé cuenta de una anomalía en cuanto a su
ejecución hasta tal punto se entienda que el tiempo restante de
ejecución del mismo no sea suficiente para el retorno de los
dineros invertidos, esto es así por cuanto los valores base no
tienen soporte en documentos de contabilidad de la empresa
demandante”, de modo que se trata de “afirmaciones subjetivas sin
fuerza probatoria” que hacen imposible una proyección futura
convincente, razón por la que denegó las pretensiones de la
demanda “en atención al deficiente material probatorio con relación
del análisis de la ejecución financiera del contrato”.
Tesis recurso Acusa al Tribunal de cometer un error conceptual similar al de la
Gobernación al considerar que no se probó la magnitud del daño y
la alteración de la ejecución financiera del contrato con el modelo
financiero aportado en Excel, que, afirma, cumplía con las
16
Radicado: 88001-23-33-000-2018-00011-00 (64011)
Actor: Sociedad Portuaria de San Andrés S.A.
proyecciones necesarias para demostrar el desequilibrio, pues se
ajustó a la normatividad aplicable. Advierte que la falta de rigurosidad
en el análisis de esta prueba llevó a conclusiones desacertadas y
critica la falta de sustento técnico en la descalificación del medio
probatorio presentado. Afirma que el Tribunal “ignoró algo que juzgó
como ausente única y exclusivamente por falta de conocimiento y
falta de diligencia para contar con el apoyo que el caso requería.” “a
pesar de tener plena facultad de acudir a un peritaje financiero, para
identificar si asistía razón para alegar un desequilibrio financiero”.
En resumen, sostiene que el Tribunal no consideró adecuadamente
la evidencia presentada y basó su decisión en juicios subjetivos sin
fundamentos técnicos sólidos, lo que resultó en un fallo a favor del
demandado a pesar de los argumentos presentados en contra.
Precisado lo anterior, se tiene que en uno y otro caso, la conclusión tiene raigambre
puramente probatoria, pues en el primero, consideró la parte actora que su carga
demostrativa se limitaba a “probar la ejecución de dichas obras y su calidad de
extraordinarias”, misma que consideró cumplida con los documentos aportados con la
demanda43. En el segundo, dio por sentado que el documento que aportó en formato
digital en un disco compacto, que obra a folio 199 A del expediente, denominado
“MODELO FINANCIERO SOCIEDAD PORTUARIA”, cumplía las condiciones de
idoneidad a efecto de acreditar el impacto económico que la inversión realizada tuvo
en la ejecución financiera del contrato 189 de 2004.
Pues bien, de acuerdo con el derrotero fáctico expuesto y bajo el cauce de la “teoría
de la imprevisión” o de la “excesiva onerosidad sobrevenida”44, esta Subsección ha
precisado lo siguiente:
“para que se estructure la teoría de la imprevisión, se requiere: (i) que el contrato sea
bilateral, conmutativo y de ejecución sucesiva, periódica o diferida; (ii) que se presenten
circunstancias extraordinarias, imprevistas posteriores a la celebración del contrato; (iii)
que estas circunstancias alteren o agraven la prestación a cargo de una de las
partes, en grado tal que le resulte excesivamente onerosa; y (iv) que el
acontecimiento sea ajeno a las partes y no corresponda a un riesgo asumido en el
contrato.
Para la prosperidad de las pretensiones fundadas en la teoría de la imprevisión
los anteriores presupuestos, que son concurrentes, deben encontrarse
plenamente acreditados, carga probatoria que recae en el demandante, a quien le
corresponde demostrar el rompimiento de la equivalencia contractual a causa de un
hecho imprevisto e imprevisible, ajeno a las partes y que se produjo con posterioridad
a la celebración del contrato, así como probar los sobrecostos extraordinarios derivados
del mismo.”45 (Resaltado fuera de texto).
Repárese que se trata de requisitos concurrentes, lo que supone que todos ellos
deben estar debidamente probados. En el caso sub examine, no prosperó la
43 Documentales aportadas en copia y que se enlistan en 30 numerales del capítulo V del texto de la demanda,
obrante a folios 12 al 14 del cuaderno 1.
44 JEZE, Gastón. Principios Generales del Derecho Administrativo, Edit. Depalma, Buenos Aires, 1950, p. 288.
“La imprevisión supone circunstancias imprevistas y completamente imprevisibles, pero que no hacen
totalmente imposible la ejecución de la obligación: dichas circunstancias entrañan únicamente una alteración
en la economía del contrato. La imprevisión, así entendida, puede invocarse para reclamar un reajuste de los
precios, de las condiciones financieras del contrato, pero no para justificar una modificación de los plazos de
ejecución. Tiene por finalidad asegurar al contratante el mantenimiento del equilibrio financiero del contrato, a
fin de mantener la continuidad del funcionamiento del servicio público; la teoría de la imprevisión se ha dado
para evitar las interrupciones en el funcionamiento del servicio público”.
45
Consejo de Estado, sección tercera, sentencia 53814 del 19 de julio de 2022.
17
Radicado: 88001-23-33-000-2018-00011-00 (64011)
Actor: Sociedad Portuaria de San Andrés S.A.
pretensión de restablecimiento de la ecuación económica a consecuencia de las
deficiencias que el Tribunal de primera instancia advirtió en punto del presupuesto de
afectación o perturbación de la ejecución financiera del contrato, por las razones
señaladas en precedencia.
Sobre este particular, esta subsección ha puntualizado:
“En efecto, no es correcto estimar que la simple mención de la situación perturbadora
de la economía contractual en el texto de una comunicación, negociación o acuerdo
sobrevenidos durante ejecución del contrato den, por sí solos, al traste con la posible
implementación de medidas de restablecimiento de la ecuación prestacional, pues tales
acercamientos lo que muestran es la necesidad de que sean primordialmente las partes
quienes observen y corrijan las posibles alteraciones a las cargas y ventajas
proyectadas al momento de asumir el compromiso contractual, como expresión de un
derecho jurídicamente tutelado al deudor: el respeto material de las condiciones tenidas
en cuenta al contraer obligaciones como expresión de la buena fe y de la equidad que
deben guiar la ejecución contractual, y del deber de restaurar las bases económicas
sobre las cuales se construyó el negocio cuando estas hayan sido gravemente
trastornadas (…) Como la identificación y calificación de la ocurrencia alegada
como evento extraordinario, imprevisto o imprevisible depende del análisis del
caso concreto, la jurisprudencia de esta Corporación no ha negado que la
imposición de un nuevo tributo o la modificación de los existentes puedan incidir
gravemente en la economía contractual ocasionando su quebranto, aunque sí ha
advertido que los tributos no significan per se el rompimiento del equilibrio
económico del contrato, sino que es necesario que se demuestre su incidencia
en la economía del mismo y en el cumplimiento de las obligaciones del
contratista"46 (Resaltado fuera de texto).
Al extrapolar los requisitos o condiciones referidas en precedencia al caso sub
examine, debe concluirse que no es procedente el reajuste del equilibrio de la
ecuación prestacional pretendido por la sociedad accionante, conforme a la teoría de
la imprevisión, toda vez que, tanto en lo referido a la construcción de 2170 m2 de
placas de concreto reforzado del patio de operaciones del puerto, como en lo
concerniente a la adquisición de equipos de inspección no intrusiva, en cumplimiento
del Decreto 2155 de 2014 y la Resolución 1692 de 2015, lo cierto es que con la prueba
documental aportada47 se acreditaron las causas e inversiones realizadas para tales
efectos, pero no se cumplió la carga de probar el presupuesto consistente la incidencia
que tales erogaciones causaron a la economía del contrato de concesión portuaria
189 de 2004. Lo que enerva por completo la pretensión reclamada, en tanto:
“La ruptura del equilibrio económico del contrato debe probarse por la parte que
la alega, demostrando: i) las causas y ii) el efecto económico correspondiente.
Por ello, el análisis de la prueba del desequilibrio pasa por identificar la ecuación
económica que gobernó el contrato, el factor de desfase en su ejecución y la
causalidad entre los hechos que originan las alteraciones y el efectivo desbalance
de las prestaciones a cargo de las partes, representadas en la ecuación
económica.
Se agrega que para salir avante con las pretensiones por concepto
de desequilibrio económico del contrato es preciso probar: iii) la imputación del
46 Consejo de Estado, sección tercera, sentencia 49840 del 18 de Diciembre de 2020.
47 Contrato de concesión 189 de 2004, el certificado de cumplimiento de inversiones firmado por el contador y
revisor fiscal del Concesionario, el texto del Decreto 2155 de 2014 y de las resoluciones 001692 y 5165 de
2015, contratos de adquisición de equipos, de construcción de pavimento y de interventoría, así como con los
comprobantes de egreso de los dineros correspondientes.
18
Radicado: 88001-23-33-000-2018-00011-00 (64011)
Actor: Sociedad Portuaria de San Andrés S.A.
desbalance financiero a las conductas o cargas de la parte contra la que se
pretende la condena correspondiente”.48 (Resaltado fuera de texto).
La prueba que se aportó para acreditar el efecto económico como presupuesto
concurrente y necesario para la prosperidad de la pretensión al amparo de la teoría
de la imprevisión, fue la hoja de cálculo en formato digital denominada “MODELO
FINANCIERO SOCIEDAD PORTUARIA”, que si bien contiene varias pestañas con
información detallada sobre carga movilizada, escenarios macroeconómicos, datos
de crecimiento, inversión-depreciación, carga de tráfico internacional, egresos, flujo
de caja entre otros; no revela información que cumpla con las condiciones de
idoneidad y eficacia necesarias a efecto de acreditar plena y válidamente el impacto
económico que la inversión realizada tuvo en la ejecución financiera del contrato 189
de 2004.
Esto es así, por cuanto demostrar que un gasto extraordinario afecta objetivamente la
ecuación económica en un contrato de concesión, implica una combinación de
análisis financieros detallados, documentación precisa, y propuestas de ajuste
razonables que permitan evaluar si el impacto alegado justifica ajustar los términos
del contrato para restablecer el equilibrio que se acusa perturbado. Es esencial
entonces proporcionar una evidencia sólida para tales efectos.
Bajo esta cuerda, la complejidad de la prueba en el análisis de la ejecución financiera
del contrato de concesión portuaria, a efecto de acreditar el desequilibrio económico
pretendido, necesariamente requiere de conocimientos profesionales, técnicos y
especializados que están más allá del alcance normal del conocimiento general que
sobre la materia pueda tener un juez, o los sujetos procesales involucrados. Situación
que, como es natural, imponía a la parte demandante, a quien corresponde la carga
de acreditar el pretendido desequilibrio, aportar la prueba técnica idónea para ello,
contentiva de evidencia científica especializada y proporcionada por un experto en
finanzas, contabilidad, auditoría u otra área que suponga avezados y específicos
conocimientos en las áreas del saber a qué se contrae el thema probandum.
En casos como este, aunque no exista tarifa legal, se estila, entre otras opciones,
aportar o solicitar la práctica de un dictamen pericial claro, objetivo y fundamentado
en datos y métodos financieros reconocidos y comúnmente aceptados conforme a las
normas financieras, nacionales e internacionales, aplicables al estado del arte objeto
de estudio, acompañado de la explicación técnica de los métodos, análisis,
documentación, fuentes, memorias, auditorías, revisiones de transacciones, etc., que
permitan revelar y explicar de manera comprensible cómo y con qué metodología
utilizada, el perito llegó a los hallazgos y conclusiones en él contenidas, a efecto de
resolver las específicas cuestiones en disputa sometidas a su experticia técnica o
profesional. Sin dejar de lado que esta clase de pruebas se someten a contradicción
conforme la rituación de la norma procesal aplicable.
Condiciones de idoneidad técnica que claramente no pueden predicarse de una hoja
de cálculo contenida en un soporte digital, pues no es posible conocer con claridad
quién fue su autor49, qué validez tiene la información en ella contenida, qué
metodología y cómo se realizaron los cálculos, cómo se interpretan las fórmulas en
ella utilizadas, qué objetividad y solvencia tienen las fuentes de información y los datos
en ella introducidos y cómo y de qué fuente éstos se obtuvieron; lo que aunado le
resta cualquier grado de eficacia suasoria.
48 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de abril de 2018, exp. 54590.
49 Artículo 244 CGP. “Documento auténtico. Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona
que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a quien se atribuya
el documento.”
19
Radicado: 88001-23-33-000-2018-00011-00 (64011)
Actor: Sociedad Portuaria de San Andrés S.A.
En cuanto al reproche del recurrente en punto de que en ausencia del conocimiento
adecuado para interpretar el modelo financiero aportado como prueba, ha debido el
Tribunal echar mano de su facultad oficiosa para decretar una prueba pericial, baste
con señalar que, amén de lo dicho con antelación respecto a que la hoja de cálculo no
es una prueba idónea para los efectos pretendidos, lo cierto es que la lealtad e
imparcialidad del juez impone al administrador de justicia el irrestricto respeto por las
cargas procesales, asegurando así el equilibrio de armas entre los extremos del
proceso. Una cosa es aclarar puntos aún oscuros en la controversia pese a la honra
de las cargas que soportaban las partes, y otra, auxiliar el déficit de su cumplimiento.
En definitiva, esta Colegiatura confirmará el fallo proferido por el Tribunal de
primera instancia, que negó las pretensiones de la demanda, puesto que en las
condiciones en las que la sociedad actora enmarcó su pedimento no es posible arribar
a un pronunciamiento positivo al respecto.
V. COSTAS
5.1. El artículo 361 del CGP prevé que “las costas están integradas por la totalidad
de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias
en derecho”. A su turno, los artículos 365.150 y 36651 ejusdem, aplicables a los
procesos contenciosos administrativos por remisión expresa del artículo 188 del
CPACA52, establecen que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o
a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación. Su liquidación se
realizará de manera concentrada por la secretaría del a quo, correspondiéndole a este
juzgador la fijación de las agencias en derecho de segunda instancia, de acuerdo con
las tarifas fijadas por el Consejo Superior de la Judicatura.
5.2. Bajo tales previsiones, la Sala condenará en costas a la parte accionante, dado
que interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia y
este no prosperó. Para tal efecto, el Tribunal de origen efectuará la correspondiente
liquidación y tasación, considerando que en esta instancia se fijan agencias en
derecho por el 0,1% de las pretensiones de la demanda. Lo anterior, con fundamento
en las tarifas fijadas en el acuerdo 1887 de 2003 expedido por el Consejo Superior de
la Judicatura53.
50 CGP. “Artículo 365. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la
condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el
proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, suplica, anulación
o revisión que haya propuesto […]”.
51 CGP. ““Artículo 366. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado
que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia
que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a
las siguientes reglas: […] 3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia, los
demás gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados,
hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho que fije el
magistrado sustanciador o el juez, aunque se litigue sin apoderado. […] 6. Para la fijación de agencias en
derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas
establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad
y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso
y otras circunstancias especiales, sin que pueda excederse el máximo de dichas tarifas” (subrayado añadido).
52 CPACA. “Artículo 188. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá
sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del CPC”.
53 ACUERDO 1887 de 2003. El artículo 6 numeral 3.1.3 establece que, para los medios de control promovidos
en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la tarifa en segunda instancia será “hasta del (5) por ciento del
valor de las pretensiones reconocidas o negadas”.
20
Radicado: 88001-23-33-000-2018-00011-00 (64011)
Actor: Sociedad Portuaria de San Andrés S.A.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por por el Tribunal Administrativo del
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el catorce
(14) de marzo de dos mil diecinueve (2019), que negó las súplicas de la demanda, de
conformidad con las consideraciones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la sociedad actora, las cuales serán liquidadas
de manera concentrada por el Tribunal Administrativo del Departamento Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, debiendo considerar que en esta
instancia se fijaron agencias en derecho por el 0,1% del monto de las pretensiones de
la demanda, conforme lo precisado en la parte motiva.
TERCERO: En firme este fallo, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente
Firmado electrónicamente
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
VF
FSR
21
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.