Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 88001-23-33-000-2020-00071-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 88001-23-33-000-2020-00071-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 88001-23-33-000-2020-00071-01
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
26 de enero de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés (2023)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 88001-23-33-000-2020-00071-01 (149-2022)1
Demandante : Diego Alvarado Livingston Pomare y Sharina
Yulieth Livingston Pérez
Demandada : Nación – Procuraduría General de la Nación
Tema : Sanción disciplinaria de suspensión
Actuación : Decide apelación de sentencia – Ley 1437 de 2011
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia de 23 de julio de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,
mediante la cual negó las súplicas de la demanda dentro del proceso del
epígrafe.
I. ANTECEDENTES
1.1 El medio de control. El señor Diego Alvarado Livingston Pomare y su hija
Sharina Yulieth Livingston Pérez, a través de apoderado, ocurren ante la
jurisdicción de lo contencioso-administrativo a incoar medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho conforme al artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
contra la Nación – Procuraduría General de la Nación, para que se acojan las
pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.
1.2 Pretensiones. Se declaren nulos: (i) el acto administrativo de 4 (sic)2 de
septiembre de 2018, proferido por la procuradora regional de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, mediante el cual sancionó al señor Diego
Alvarado Livingston Pomare, como registrador especial del estado civil de ese
departamento, con suspensión en el ejercicio del cargo por dos (2) meses; y (ii)
la decisión de 12 de septiembre de 2019, con la que la procuradora primera
delegada para la vigilancia administrativa confirmó la sanción.
A título de restablecimiento del derecho, solicitan se condene a la Procuraduría
General de la Nación (PGN) a que: (i) elimine de sus registros los antecedentes
1
Las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la herramienta electrónica Samai del
Consejo de Estado.
2
La fecha correcta del acto administrativo de primera instancia demandado es 27 de septiembre de 2018, que
reposa en el expediente digital, aplicativo Samai del Consejo de Estado.
Expediente: 88001-23-33-000-2020-00071-01 (149-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho de Diego Alvarado Livingston Pomare y Sharina
Yulieth Livingston Pérez contra la Nación – Procuraduría
General de la Nación
disciplinarios originados en la sanción demandada; (ii) pague, en forma
actualizada, «[…] los perjuicios materiales y morales causados […]», así como
«[…] la cifra que resultare probada […] por el lucro cesante, presente y futuro
[…]», con intereses moratorios; y (iii) sufrague costas procesales y cumpla la
sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA.
1.3 Fundamentos fácticos. En la demanda, relata el señor Diego Alvarado
Livingston Pomare que ha laborado 12 años como funcionario de la
Registraduría Nacional del Estado Civil; que su hija Sharina Yulieth Livingston
Pérez, de 22 años de edad, depende económicamente él y cursa estudios
universitarios.
Afirma que, mediante memorando DSSA-315 de 28 de abril de 2016, el señor
Gustavo Antonio Hernández Pomares, delegado departamental de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, le puso en conocimiento presuntas
irregularidades en que incurrió la funcionaria de ese ente estatal Roquelina
Bryan Edén, por no tramitar una «[…] comisión enviada desde la Delegación
de Nariño para la notificación de un fallo disciplinario de segunda instancia
en contra del servidor Dagoberto Whitaker Henry […]».
Acota el actor que, en ejercicio de sus competencias funcionales y como
registrador especial de San Andrés (isla), el 28 de abril de 2016 abrió
investigación disciplinaria y dentro de ella suspendió provisionalmente a la
empleada Roquelina Bryan Edén; el 2 de mayo siguiente manifestó al superior
que estaba impedido para conocer de ese asunto, por hallarse en la causal
prevista en el artículo 84 (numeral 8) de la Ley 734 de 5 de febrero de 20023.
Que los delegados departamentales de la Registraduría, mediante acto de 5 de
mayo de 2016, al resolver el grado de consulta, confirmaron en todas sus partes
la decisión de 28 de abril de ese año, y el 6 siguiente le aceptaron el
impedimento.
Asegura que el 25 de mayo de 2016 la investigada Roquelina Bryan Edén
presentó queja en su contra ante la procuraduría regional de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, por presunta «[…] violación del régimen de
impedimentos y recusaciones […]», procedimiento que culminó con la
expedición de los actos sancionatorios aquí acusados.
3
«[…] Estar o haber estado vinculado legalmente a una investigación penal o disciplinaria en la que se le
hubiere proferido resolución de acusación o formulado cargos, por denuncia o queja instaurada por cualquiera
de los sujetos procesales».
2
Expediente: 88001-23-33-000-2020-00071-01 (149-2022)
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1.3.1 Síntesis de las circunstancias que generaron la investigación
disciplinaria y la sanción. Las procuradoras regional de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina y la delegada para la vigilancia administrativa
sancionaron al demandante en primera y segunda instancias, en su orden, con
suspensión en el ejercicio del cargo por dos (2) meses, como registrador especial
del estado civil de ese departamento.
Lo anterior, en razón a que lo hallaron disciplinariamente responsable por no
declararse impedido, de manera oportuna, para conocer de la investigación
sancionatoria 056-001-00-2016, que abrió el 28 de abril de 2016 y adelantó
contra su subalterna Roquelina Bryan Edén, pese a que, con ocasión de queja
de esta misma funcionaria, se encontraba vinculado, de ante mano, al
procedimiento disciplinario 2014-237272, tramitado por la procuraduría
regional de San Andrés (isla), dentro de la que se le impuso, en primera
instancia, sanción de suspensión en el ejercicio del empleo por dos meses el 29
de los mismos mes y año, confirmada el 13 de diciembre siguiente.
No obstante, en forma simultánea, el actor, como autoridad disciplinaria, abrió
investigación y suspendió en el ejercicio del empleo por tres meses a la
funcionaria Roquelina Bryan Edén4 mediante acto de 28 de abril de 2016,
después de lo cual sí manifestó su impedimento frente a este procedimiento
sancionatorio el 2 de mayo siguiente, fecha para la que estaba pendiente de
resolverse el recurso de apelación que el aquí accionante había interpuesto
contra la sanción que le impuso la Procuraduría a instancia de queja de la misma
señora.
La Procuraduría tipificó la conducta en la falta descrita en el artículo 48
(numeral 46) del CDU, esto es, por «No declararse impedido oportunamente,
cuando exista la obligación de hacerlo, demorar el trámite de las recusaciones,
o actuar después de separado del asunto», en armonía con el 84 ibidem, según
el cual «[…] Son causales de impedimento y recusación, para los servidores
públicos que ejerzan la acción disciplinaria, las siguientes: […] 8. Estar o
haber estado vinculado legalmente a una investigación penal o disciplinaria en
la que se le hubiere proferido resolución de acusación o formulado cargos, por
denuncia o queja instaurada por cualquiera de los sujetos procesales».
La accionada calificó y sancionó la falta como grave, a título de culpa grave,
con sustento en el artículo 43 del CDU.
4
Desempeñaba el empleo de auxiliar administrativo, grado 5120-04 de la registraduría especial de San Andrés
(isla).
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1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
vulneradas por los actos administrativos demandados los artículos 2 y 90 de la
Constitución Política; 6, 85 y 142 de la Ley 734 de 200; y 137 y 138 del
CPACA.
Para sustentarlo, formula el cargo de falsa motivación de las decisiones
acusadas, por: (i) indebida amplificación del tipo disciplinario, toda vez que el
deber de declararse impedido surge cuando sea advertida la causal por el
servidor y, en ese sentido, el «[…] legislador en la descripción del deber
funcional incluyó un elemento normativo de carácter subjetivo que la
Procuraduría dejó de lado para reemplazarlo por presunciones y
consideraciones ajenas al contenido legal […]»; (ii) deficiencia probatoria,
puesto que «[…] en ningún aparte de los actos acusados se expuso el valor o
mérito de las pruebas para dar como cierto el aspecto subjetivo […]», esto es,
cuándo advirtió que el funcionario estaba incurso en la causal de impedimento,
y por qué los supuestos de hecho esgrimidos por el ente de control son contrarios
a la realidad; y (iii) declarar responsabilidad objetiva, en razón a que el ente
disciplinario se limitó a probar la existencia de la causal de impedimento, pese
a que acepta que se declaró impedido para seguir la actuación, lo cual solo se
tuvo en cuenta para disminuir el grado de culpabilidad.
1.5 Contestación de la demanda. La PGN, por medio de apoderado, asegura
que los actos acusados se expidieron con apego a las normas superiores y
respeto de los derechos y garantías del demandante.
Aduce que «[…] se respetaron las garantías fundamentales al debido proceso
y defensa, en tanto: i) el trámite administrativo se adelantó de cara a lo
dispuesto en la Ley 734 de 2002; ii) se le permitió al disciplinado ejercer sus
derechos de contradicción formulando versión libre, descargos, alegando de
conclusión, apelando el fallo de primera instancia, es decir, permitiendo su
participación activa ante el operador disciplinario; iii) se efectuó una
adecuada individualización de la conducta objeto de reproche, y, iv) la sanción
impuesta al actor atendió a los principios de proporcionalidad y razonabilidad
[…]», de modo que la actuación disciplinaria no comportó inobservancia de las
garantías sustanciales del actor.
Se opone al cargo de falsa motivación, toda vez que se demostró que el
demandante, pese a que lo había advertido desde antes, solo se declaró impedido
para actuar como autoridad disciplinaria después de que profirió los actos de
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apertura de investigación y de suspensión provisional de la empleada de la
Registraduría Roquelina Bryan Edén, por lo que la conducta es típica.
Agrega que por las facultades disciplinarias que ejercía el actor, tenía
conocimiento de ese régimen legal, dado que «[…] en los lugares en los cuales
no existe oficina de control interno, el superior jerárquico del disciplinado debe
adelantar el procedimiento […] según las propias reglas del CDU […]», y, en
ejercicio de esas atribuciones, emitió los aludidos actos de apertura de
investigación y de suspensión provisional de la empleada bajo su mando, pese
a estar impedido.
Por último, sobre la valoración probatoria, dice que no fue realizada por los
funcionarios disciplinarios de manera caprichosa o arbitraria, sino que se
siguieron los cánones básicos de la lógica y la experiencia.
1.6 La providencia apelada. El Tribunal Administrativo del Archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en fallo de 23 de julio de 2021,
concluyó que la actuación del ente accionado se ajustó a derecho, por
consiguiente, negó las súplicas de la demanda y se abstuvo de condenar en
costas al actor.
Estimó que el accionante, pese a hallarse incurso en investigación disciplinaria
en su contra, durante la que fue llamado a audiencia el 31 de julio de 2015 por
la procuraduría regional de San Andrés (isla) dentro del expediente IUS 2014-
237272 IUC D-2016-99-700852, con ocasión de queja formulada el 9 de julio
de 2014 por la señora Roquelina Bryan Edén (auxiliar administrativa de la
registraduría especial del estado civil de ese departamento), en otro
procedimiento disciplinario, el 28 de abril de 2016, abrió investigación contra
la aludida empleada y la suspendió del cargo por tres meses, después de lo cual
sí se declaró impedido para adelantar la actuación sancionatoria contra ella.
Consideró el Tribunal que el demandante al «encontrase vinculado
disciplinariamente por queja instaurada por la señora Roquelina Bryan Edén
en su contra, se entendía sin mayor esfuerzo que existía un impedimento para
continuar conociendo de un tema que tuviera que ver con la misma persona».
En ese contexto, determinó la Corporación que la conducta del actor se tipifica
en el artículo 48 (numeral 46) del CDU, por cuanto «[…] estar vinculado
legalmente en una investigación disciplinaria, en la que se hubiere formulado
cargos por queja instaurada por cualquiera de los sujetos procesales, es una
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causal de impedimento […]»; asimismo, «[…] el no declararse impedido
oportunamente cuando exista la obligación de hacerlo, resulta ser una falta
gravísima […]», conforme al artículo 84 (numeral 8) ibidem.
Para el Tribunal, el actor conocía plenamente la normativa disciplinaria,
comoquiera que, en el procedimiento que abrió contra la empleada Roquelina
Bryan Edén, señaló que el artículo 2 de la Resolución 1950 de 21 de mayo de
20025 le otorgaba competencia para desarrollarlo, de modo que «[…] si sabía
que era competente para surtir un trámite disciplinario, difícil resulta creer que
no supiera o mínimamente sospechara que se pudiera encontrar en un eventual
impedimento […]».
Que la conducta del accionante comportó afectación a los deberes de
imparcialidad y transparencia, así como al derecho fundamental del debido
proceso, pues si bien es cierto que expresó el impedimento en forma tardía,
también lo es que ya había decretado la suspensión provisional del cargo de la
servidora Roquelina Bryan Edén.
Por último, precisó que, pese a que el auto con el que ordenó abrir la
investigación disciplinaria y suspender provisionalmente a la quejosa fue
confirmado en grado de consulta, lo que se reprocha es la actuación del señor
Diego Alvarado Livingston Pomare, en su condición de autoridad disciplinaria,
no la decisión del superior.
1.7 El recurso de apelación. El demandante, por medio de apoderado, solicita
se revoque el fallo del Tribunal, por las siguientes razones:
(i) La Procuraduría incurrió en indebida ampliación del tipo disciplinario para
sancionarlo, toda vez que «[…] Mientras el legislador dispuso que el
impedimento debe declararse de manera inmediata una vez este se “advierta”,
la procuraduría en el cargo introdujo el elemento “oportunamente”, concepto
jurídico indeterminado que como se dijo, permitió la ampliación del tipo
disciplinario en detrimento del debido proceso y del principio de legalidad,
ambos, rectores del derecho disciplinario. Esta irregularidad fue utilizada por
la Procuraduría como un comodín para endilgar responsabilidad disciplinaria,
a pesar de que en el expediente se encuentra probado que el señor Livingston
Pomare en fecha 2 de mayo de 2016 se declaró impedido para seguir
conociendo del proceso disciplinario iniciado en contra de la funcionaria
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Por la cual se fijan competencias en materia disciplinaria, de conformidad a la Ley 734 de 2002.
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Roquelina Bryan Edén […] La ambigüedad del concepto “oportunamente”
abrió el camino para que la procuraduría reprochara […] no declararse
impedido desde el mismo momento en que recibió la noticia disciplinaria por
parte de los delegados departamentales. De esta manera, en su afán por emitir
una sanción se apartó de los elementos normativos del tipo disciplinario y los
reemplazó por conceptos ajenos a la redacción legal» (sic).
Reitera que «[…] el argumento de respaldo a la pretensión de nulidad de los
fallos acusados radica en que la Procuraduría presume de manera infundada
que el señor Diego Livigston desde el momento mismo en que recibió la noticia
disciplinaria era consciente de la causal de impedimento que sobre él pesaba,
no existiendo en el expediente prueba que así lo respalde».
(ii) Ausencia de ilicitud sustancial de la conducta reprochada, puesto que los
actos de apertura de investigación disciplinaria y suspensión provisional, que
profirió contra la subalterna Roquelina Bryan Edén, no quebrantaron los
principios de imparcialidad y objetividad, en razón a que esas medidas fueron
confirmadas por el superior jerárquico.
Agrega que «[…] dentro del ámbito disciplinario no es ajustado a derecho
analizar la ilicitud sustancial desde la óptica de la culpabilidad, se desconoce
toda la estructura del derecho disciplinario al abordar sus elementos
estructurales de la manera como lo hizo la regional de San Andrés,
dependencia que al final de cuentas dentro del fallo censurado nunca explicó
con razones jurídicas para declarar probada la existencia de ilicitud sustancial,
mucho menos, logró demostrar la vulneración sustancial de los principios de
rigen la función administrativa».
II. TRÁMITE PROCESAL
El recurso de apelación fue concedido mediante proveído de 1º de septiembre
de 2021 y admitido por esta Corporación a través de auto de 20 de mayo de
2022, en el que se dispuso la notificación personal al correspondiente agente del
Ministerio Público y a las partes por estado, en cumplimiento de los artículos
198 (numeral 3) y 201 del CPACA.
2.1 Alegatos de conclusión. Admitido el recurso de apelación y comoquiera
que el presente asunto se rige por la Ley 2080 de 25 de enero de 20216, se
6
«ARTÍCULO 86. RÉGIMEN DE VIGENCIA Y TRANSICIÓN NORMATIVA. La presente ley rige a partir de
su publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias de los juzgados y tribunales
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advirtió a las partes que, de conformidad con el artículo 247 (numeral 4) del
CPACA (modificado por la aludida Ley), desde la notificación del auto que
concede el recurso de apelación7 y hasta la ejecutoria de este proveído, podían
formular sus alegatos de conclusión, oportunidad que aprovecharon la parte
actora para reiterar los argumentos que planteó en el escrito de alzada y la
accionada en el de contestación de la demanda.
Asimismo, se informó al agente del Ministerio Público que, acorde con el citado
artículo 247(numeral 6), desde la notificación del auto que admitió el recurso
de apelación y hasta antes de que entrara el proceso al despacho para proferir
sentencia, podía rendir concepto, sin que lo haya hecho.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA8, a
esta Corporación le corresponde conocer del presente litigio, en segunda
instancia.
3.2 Actos acusados.
3.2.1 Decisión administrativa de primera instancia de 27 de septiembre de 2018,
expedida por la procuraduría regional de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, a través de la cual sancionó al actor con suspensión en el ejercicio del
cargo por dos (2) meses.
3.2.2 Acto administrativo de segundo grado de 12 de septiembre de 2019, con
el que la procuraduría primera delegada para la vigilancia administrativa
confirmó la decisión.
administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las demandas que se presenten
un año después de publicada esta ley.
[…]
En estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso
y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los
recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos,
se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones» (se destaca).
7
Proveído de 1º de septiembre de 2021.
8
«COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA Y CAMBIO DE
RADICACIÓN. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos
y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja
cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que
corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia […]».
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3.3 Problema jurídico. La Sala debe resolver si la sentencia apelada fue
ajustada a derecho, en cuanto negó las pretensiones de la demanda. Para tal
propósito, examinará si la entidad accionada incurrió en falsa motivación de los
actos acusados por: (i) indebida ampliación del tipo disciplinario para imponer
la sanción y (ii) ausencia de ilicitud sustancial de la conducta reprochada, según
lo plantea el recurrente en su memorial de alzada; o si las decisiones son legales,
como lo concluyó el a quo.
3.4 Pruebas relevantes. Se hará referencia a las pruebas que guardan relación
con los problemas jurídicos derivados de las causales de nulidad invocadas en
escrito de apelación, que reposan en el expediente digital, así:
1. El señor Diego Alvarado Livingston Pomare, para la época de los hechos
sancionados (abril de 2016), se desempeñaba como registrador especial del
estado civil de San Andrés (isla), según lo reconoce en la demanda y lo certificó
la Registraduría Nacional del Estado Civil. La señorita Sharina Yulieth
Livingston Pérez es su hija y no tenía ninguna relación laboral con el organismo
accionado.
2. La procuraduría regional de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
investigó y sancionó disciplinariamente al actor dentro del expediente
administrativo 2014-237272 (no es del que se ocupa el presente proceso), con
fundamento en queja de 9 de junio de 2014, formulada por la señora Roquelina
Bryan Edén, empleada de la registraduría especial del estado civil de ese
departamento, por no haber dado trámite a una queja por acoso laboral contra
otra empleada. La sanción al accionante fue impuesta mediante acto de 29 de
abril de 2016, confirmada por decisión de 13 de diciembre siguiente.
3. Mientras la aludida procuraduría regional adelantaba la anterior investigación
disciplinaria contra el hoy demandante, este, por su parte, abrió una contra su
denunciante Roquelina Bryan Edén el 28 de abril de 2016 y la suspendió en el
ejercicio del empleo por tres meses, por otros hechos, esto es, por no haber dado
trámite a un despacho comisorio que procedía de la oficina de control interno
disciplinario de la delegación departamental de Nariño de la Registraduría
Nacional del Estado Civil.
4. El actor manifestó su impedimento para conocer del procedimiento
sancionatorio contra su subalterna y denunciante Roquelina Bryan Edén solo
hasta el 2 de mayo de 2016, después de que le abriera investigación
administrativa, la suspendiera en el ejercicio del cargo por tres meses y le
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notificara esta determinación, cuando a la par estaba pendiente de resolverse el
recurso de apelación que el aquí accionante había interpuesto contra la sanción
que le impuso la Procuraduría a instancia de queja de la misma señora, sanción
que fue confirmada el 13 de diciembre de ese año.
5. El 2 de mayo de 2016 la empleada Roquelina Bryan Edén formuló otra queja
disciplinaria contra el señor Diego Alvarado Livingston Pomare ante la
procuraduría regional de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, esta vez por
presuntas irregularidades en el trámite del procedimiento disciplinario
adelantado contra ella por él. La nueva actuación administrativa culminó con
expedición de los actos administrativos aquí demandados, mediante los cuales
el mencionado órgano de control impuso sanción de suspensión en el ejercicio
del cargo al actor por dos meses, al no declararse impedido, en forma oportuna,
para actuar como investigador disciplinario de la aludida funcionaria.
A las demás pruebas, en particular, hará referencia la Sala en el momento de
resolver cada uno de los cargos planteados en el recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia que nos ocupa.
3.5 Debido proceso en el procedimiento disciplinario. Los artículos 29 de la
Constitución Política y 6 de la Ley 734 de 2002 establecen la garantía del debido
proceso, que comprende un conjunto de principios materiales y formales de
obligatoria observancia por parte de las autoridades disciplinarias, en cuanto
constituyen derechos de los sujetos disciplinables, que se traducen, entre otras
cosas, en la posibilidad de defenderse, presentar y controvertir pruebas e
impugnar las decisiones que los afecten; cuando ello no ocurre, el sancionado
puede acudir ante el juez de lo contencioso-administrativo en demanda de
nulidad de las decisiones adoptadas por los funcionarios administrativos, si se
evidencia violación del debido proceso.
Congruente con lo anterior, también la jurisprudencia constitucional ha sido
particularmente reiterativa en que, en todos los trámites de naturaleza
disciplinaria, los respectivos funcionarios deberán observar y aplicar de manera
rigurosa el derecho fundamental al debido proceso, lo que incluye, además de
aquellas garantías que, según se explicó, conforman su contenido básico
aplicable en todos los casos, las que la jurisprudencia ha señalado como propias
de este tipo de procedimientos:
A partir de lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha señalado
desde sus inicios el mínimo de aspectos inherentes a la noción de debido
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Expediente: 88001-23-33-000-2020-00071-01 (149-2022)
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proceso, cuya vigencia es indispensable en todo tipo de actuación
disciplinaria. Esos criterios, que se traducen en deberes de la autoridad
disciplinaria, son los siguientes9:
“i) La comunicación formal de la apertura del proceso
disciplinario a la persona a quien se imputan las conductas
pasibles de sanción;
ii) La formulación de los cargos imputados, que puede ser verbal
o escrita, siempre y cuando en ella consten de manera clara y
precisa las conductas, las faltas disciplinarias a que esas
conductas dan lugar y la calificación provisional de las conductas
como faltas disciplinarias;
iii) El traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas que
fundamentan los cargos formulados;
iv) La indicación de un término durante el cual el acusado pueda
formular sus descargos, controvertir las pruebas en su contra y
allegar las que considere necesarias para sustentar sus descargos;
v) El pronunciamiento definitivo de las autoridades competentes
mediante un acto motivado y congruente;
vi) La imposición de una sanción proporcional a los hechos que la
motivaron; y
vii) La posibilidad de que el encartado pueda controvertir,
mediante los recursos pertinentes, todas y cada una de las
decisiones.”
En la misma línea, la jurisprudencia se ha referido también a los
siguientes elementos o principios, derivados del artículo 29 superior y
aplicables a todas las actuaciones disciplinarias10: “(i) el principio de
legalidad de la falta y de la sanción disciplinaria, (ii) el principio de
publicidad, (iii) el derecho de defensa y especialmente el derecho de
contradicción y de controversia de la prueba, (iv) el principio de la
doble instancia, (v) la presunción de inocencia, (vi) el principio de
imparcialidad, (vii) el principio de non bis in idem, (viii) el principio de
cosa juzgada y (ix) la prohibición de la reformatio in pejus” 11.
3.6 Caso concreto relativo a los problemas jurídicos derivados de las
causales de nulidad invocadas en el escrito de apelación. La Sala confirmará
la sentencia impugnada, que negó las súplicas de la demanda, por las siguientes
razones:
9
Sobre este tema ver especialmente la sentencia T-301 de 1996 (M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz), reiterada en
otras posteriores, entre ellas T-433 de 1998 (M. P. Alfredo Beltrán Sierra), T-561 de 2005 (M. P. Marco Gerardo
Monroy Cabra), T-1034 de 2006 y C-213 de 2007 (en estas dos M. P. Humberto Antonio Sierra Porto) y C-542
de 2010 (M. P. Jorge Iván Palacio Palacio).
10
Cfr. especialmente la sentencia C-555 de 2001 (M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra), además de las ya
citadas T-1034 de 2006, C-213 de 2007 y C-542 de 2010.
11
Sentencia T-429 de 2014, M. P. Andrés Mutis Vanegas.
11
Expediente: 88001-23-33-000-2020-00071-01 (149-2022)
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3.6.1 De antemano, reitera esta Corporación que si bien la garantía del debido
proceso abarca un conjunto de principios materiales y formales de obligatorio
acatamiento por parte de las autoridades disciplinarias, que a la vez constituyen
derechos de los sujetos disciplinables, tampoco se debe desconocer que los
actos de la administración gozan de la presunción de legalidad, hoy por expresa
disposición del artículo 88 del CPACA12, indemnidad que adquiere mayor
connotación cuando se trata de decisiones sancionatorias de carácter
disciplinario, en virtud de que su formación estuvo precedida de la participación
activa del investigado y/o de su apoderado, mediante defensa material, con
ejercicio de los derechos de contradicción y defensa. De ahí que en sede judicial
se realice un juicio de validez de la actuación disciplinaria, no de corrección, y
por ello, no cualquier defecto procesal tiene el poder de afectar la presunción de
legalidad que ampara tales actos administrativos.
3.6.2 La autoridad disciplinaria respetó y aplicó de manera correcta el
artículo 48 (numeral 46) del Código Disciplinario Único (CDU), según el
cual constituye falta gravísima «No declararse impedido oportunamente,
cuando exista la obligación de hacerlo», en la que incurrió el demandante.
Aduce el actor que la Procuraduría amplió de manera indebida el tipo
disciplinario consagrado en el artículo 85 de dicho Código, al adicionarle el
elemento «oportunamente» para justificar la sanción.
Para decidir, la Sala evidencia que la autoridad disciplinaria formuló al
accionante pliego de cargos, así:
Usted, doctor DIEGO ALVARADO LIVINGSTON POMARE, estuvo
vinculado legalmente a la investigación disciplinaria del radicado
número IUS 2014-237272 IUC D-2016-99-700852 que adelantó la
Procuraduría Regional de San Andrés islas, donde le formularon pliego
de cargos en auto de citación a audiencia del 31 de julio de 2015, con
fundamento en la queja instaurada el 09 de julio de 2014 por Roquelina
Bryan Edén. Sin embargo, conociendo su situación jurídico
disciplinaria, probablemente incurre en falta disciplinaria por no
declararse impedido oportunamente cuando tenía la obligación de
hacerlo, habida cuenta que como Registrador Especial del Estado Civil
de San Andrés, islas, el 28 de abril de 2016, profiere auto de apertura de
investigación y suspensión provisional contra la quejosa Bryan Edén,
auxiliar administrativo de la Registraduría Especial del Estado Civil de
San Andrés, en el expediente radicado bajo el número 056- 001-001-
12
«Artículo 88. Presunción de legalidad del acto administrativo. Los actos administrativos se presumen legales
mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción Contencioso Administrativa […]»
12
Expediente: 88001-23-33-000-2020-00071-01 (149-2022)
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2016.
Fundamentó la imputación jurídica en las siguientes disposiciones del CDU:
ARTÍCULO 48. FALTAS GRAVÍSIMAS. Son faltas gravísimas las
siguientes: […]
46. No declararse impedido oportunamente, cuando exista la obligación
de hacerlo, demorar el trámite de las recusaciones, o actuar después de
separado del asunto. […]
ARTÍCULO 84. CAUSALES DE IMPEDIMENTO Y RECUSACIÓN.
Son causales de impedimento y recusación, para los servidores públicos
que ejerzan la acción disciplinaria, las siguientes: […]
8. Estar o haber estado vinculado legalmente a una investigación penal
o disciplinaria en la que se le hubiere proferido resolución de acusación
o formulado cargos, por denuncia o queja instaurada por cualquiera de
los sujetos procesales.
Sin embargo, el apelante alega que «El artículo 85 de la Ley 734 de 2002 es
claro en establecer bajo qué circunstancias un servidor público debe
declararse impedido. La exigibilidad de este deber se encuentra condicionada
a un elemento de corte subjetivo, ya que primero la situación de
incompatibilidad debe ser advertida por el servidor y a partir de ahí, es su
obligación declararse impedido de manera inmediata».
Agrega que la Procuraduría incurrió en indebida ampliación de este tipo
disciplinario para justificar la sanción, pues «[…] Mientras el legislador
dispuso que el impedimento debe declararse de manera inmediata una vez este
se “advierta”, la procuraduría en el cargo introdujo el elemento
“oportunamente”, concepto jurídico indeterminado que como se dijo, permitió
la ampliación del tipo disciplinario en detrimento del debido proceso y del
principio de legalidad, ambos, rectores del derecho disciplinario» (sic).
El argumento del actor no está llamado a prosperar, puesto que parte de dos
premisas falsas:
• La primera, afirmar que el ente de control amplió, en forma indebida, el tipo
disciplinario consagrado en el artículo 85 del CDU, al adicionarle la expresión
«oportunamente», para justificar la ilegal suspensión del cargo, cuando lo cierto
es que el pliego de cargos y la sanción impuesta no se fundaron en tal
13
Expediente: 88001-23-33-000-2020-00071-01 (149-2022)
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disposición, sino, de manera específica, en los artículos 48 (numeral 46) y 84
(numeral 8) de esa codificación, como ya se anotó. Así, en el acto sancionatorio
de primera instancia, la Procuraduría corroboró que «[…] es posible determinar
que la conducta objeto de reproche al disciplinado, doctor DIEGO ALVARADO
LIVINGSTON POMARE encuadra en las siguientes disposiciones
disciplinarias: Artículo 84 numeral 8 en concordancia con lo dispuesto en el
numeral 46 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 […]»; obsérvese que no se
refirió al aludido artículo 85 ibidem13; en consecuencia, por sustracción de
materia, el ente de control no pudo haber incurrido en desconfiguración de esta
última disposición, como, desatinadamente, lo plantea el apelante. En
consecuencia, el reproche no prospera, por carencia de fundamento material y
jurídico.
• La segunda, al aseverar que la expresión «oportunamente» es extraña a la
normativa disciplinaria que se le atribuyó como inobservada y que «De esta
manera, en su afán por emitir una sanción [la demandada] se apartó de los
elementos normativos del tipo disciplinario y los reemplazó por conceptos
ajenos a la redacción legal» (se destaca), reparo que resulta contrario a la
verdad, toda vez que el artículo 48 de la Ley 734 de 2002, que sirvió de marco
de imputación del cargo y de la sanción impuesta al señor Diego Alvarado
Livingston Pomare, se itera, es diáfano en establecer que «Son faltas gravísimas
las siguientes: […] 46. No declararse impedido oportunamente, cuando exista
la obligación de hacerlo, […]» (negrilla de la Sala), que, en últimas, constituyó
el centro de reproche y motivo de la suspensión del cargo impuesta al actor, sin
que se advierta irregularidad alguna. De modo que este cargo tampoco prospera,
por ausencia de motivo.
3.6.3 Se estableció la comisión de la falta disciplinaria, la ilicitud sustancial
de la conducta que motivó la sanción y la responsabilidad del demandante.
Para el actor, no existió ilicitud sustancial de la conducta por la cual fue
sancionado, en razón a que los actos de apertura de investigación disciplinaria
y suspensión provisional que profirió contra la subalterna Roquelina Bryan
Edén, mientras él era investigado por la PGN por queja de esa misma
funcionaria, no quebrantaron los principios de imparcialidad y objetividad, dado
que fueron confirmados por el superior jerárquico, en sede de consulta.
Sostiene que «[…] dentro del ámbito disciplinario no es ajustado a derecho
13
El citado artículo 85 dice: «El servidor público en quien concurra cualquiera de las anteriores causales debe
declararse inmediatamente impedido, una vez la advierta, mediante escrito en el que exprese las razones,
señale la causal y si fuere posible aporte las pruebas pertinentes».
14
Expediente: 88001-23-33-000-2020-00071-01 (149-2022)
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analizar la ilicitud sustancial desde la óptica de la culpabilidad, se desconoce
toda la estructura del derecho disciplinario al abordar sus elementos
estructurales de la manera como lo hizo la regional de San Andrés,
dependencia que al final de cuentas dentro del fallo censurado nunca explicó
con razones jurídicas para declarar probada la existencia de ilicitud sustancial,
mucho menos, logró demostrar la vulneración sustancial de los principios de
rigen la función administrativa».
Revisado el expediente administrativo, encuentra esta Corporación que durante
la actuación administrativa se demostró, con certeza, que, en efecto, el señor
Diego Alvarado Livingston Pomare, como registrador especial del estado civil
de San Andrés (isla), no se declaró oportunamente impedido para conocer de la
investigación sancionatoria 056-001-00-2016, que abrió el 28 de abril de 2016
y adelantó contra su subalterna Roquelina Bryan Edén, pese a que, con ocasión
de queja de esta misma funcionaria, se hallaba vinculado, de ante mano, a la
investigación disciplinaria IUS2014-237272, desarrollada por la procuraduría
regional de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, dentro de la que le
impuso, en primera instancia, sanción de suspensión en el ejercicio del cargo
por dos meses el 29 de los mismos mes y año, confirmada el 13 de diciembre
siguiente.
En ese interregno, el actor, como autoridad disciplinaria, suspendió
provisionalmente en el ejercicio del empleo por tres meses a la funcionaria
Roquelina Bryan Edén14, mediante acto de 28 de abril de 2016, y solo manifestó
su impedimento para conocer de este procedimiento sancionatorio el 2 de mayo
siguiente, fecha para la que estaba pendiente de resolverse el recurso de
apelación que el aquí accionante había interpuesto contra la sanción que le
impuso la Procuraduría a instancia de queja de la misma señora.
Está acreditado también que el 5 de mayo de 2016 los delegados del registrador
nacional del estado civil declararon fundado el impedimento expresado por el
señor Diego Alvarado Livingston Pomare y se lo comunicaron el día siguiente.
Para esta Corporación, los hechos expuestos se avienen plenamente al artículo
84 (numeral 8) del CDU, según el cual constituye causal de impedimento para
los servidores públicos que ejerzan la acción disciplinaria, «Estar o haber
estado vinculado legalmente a una investigación […] disciplinaria en la que se
le hubiere proferido resolución de acusación o formulado cargos, por denuncia
14
Desempeñaba el empleo de auxiliar administrativo, grado 5120-04 de la registraduría especial de San Andrés
(isla).
15
Expediente: 88001-23-33-000-2020-00071-01 (149-2022)
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o queja instaurada por cualquiera de los sujetos procesales», y al no haberse
separado oportunamente el actor de la actuación sancionatoria que abrió contra
la subalterna Roquelina Bryan Edén, incurrió en la falta gravísima consagrada
en el artículo 48 (numeral 46) de la misma codificación, esto es, por «No
declararse impedido oportunamente, cuando exista la obligación de hacerlo»,
tal como lo concluyeron la autoridad disciplinaria en los actos acusados y el
Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, en fallo de primera instancia de 23 de julio de 2021, objeto de
apelación.
Ahora bien, el hecho de que el superior del actor, en sede de consulta, haya
confirmado la medida de suspensión provisional contra la subalterna Roquelina
Bryan Edén, que expidió durante el lapso que estaba impedido para dictarla, no
lo exime de responsabilidad disciplinaria, toda vez que esta circunstancia no se
adecúa a ninguna de las casuales de exclusión previstas en el artículo 28 del
CDU15.
La Sala reitera que las faltas disciplinarias no son de resultado, sino de conducta;
sobre la noción de ellas, la jurisprudencia constitucional también ha sido
enfática en precisar que «Lo que genera el reproche de la administración al
agente estatal o al particular que ejerce función pública no es propiamente la
voluntad de lesionar los intereses protegidos de la función pública sino los
comportamientos que impliquen cumplimiento incompleto o defectuoso de los
deberes de cuidado y eficiencia que se le encomiendan»16 (se destaca).
De igual forma, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que el Código
Disciplinario Único consagra para todos los servidores públicos un deber
general afirmativo, relativo al cumplimiento del servicio que le haya sido
encomendado con las exigencias de diligencia, eficiencia e imparcialidad; otro
deber general negativo, referido a la abstención de cualquier clase de acto u
15
«ARTÍCULO 28. CAUSALES DE EXCLUSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA. Está
exento de responsabilidad disciplinaria quien realice la conducta:
1. Por fuerza mayor o caso fortuito.
2. En estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor importancia que el sacrificado.
3. En cumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida con las formalidades legales.
4. Por salvar un derecho propio o ajeno al cual deba ceder el cumplimiento del deber, en razón de la necesidad,
adecuación, proporcionalidad y razonabilidad.
5. Por insuperable coacción ajena o miedo insuperable.
6. Con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria.
7. En situación de inimputabilidad. En tales eventos se dará inmediata aplicación, por el competente, a los
mecanismos administrativos que permitan el reconocimiento de las inhabilidades sobrevinientes.
No habrá lugar al reconocimiento de inimputabilidad cuando el sujeto disciplinable hubiere preordenado su
comportamiento».
16
Sentencia C- 181 de 2002, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra
16
Expediente: 88001-23-33-000-2020-00071-01 (149-2022)
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omisión que origine la suspensión o perturbación injustificada de un servicio
esencial o el abuso indebido del cargo o de las funciones encomendadas; y una
obligación de carácter general de comportarse con respeto, imparcialidad y
rectitud en las relaciones interpersonales en razón al servicio público que le haya
sido encomendado17.
Recuérdese que la finalidad del régimen disciplinario «es la de salvaguardar la
obediencia, la disciplina, la rectitud y la eficiencia de los servidores públicos,
y es precisamente allí, en la realización del citado fin, en donde se encuentra el
fundamento para la responsabilidad disciplinaria, la cual supone la
inobservancia de los deberes funcionales de los servidores públicos o de los
particulares que ejercen funciones públicas, en los términos previstos en la
Constitución, las leyes y los reglamentos que resulten aplicables» (Corte
Constitucional, sentencia C-30 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva).
En tal sentido, resulta extraña al ordenamiento jurídico la afirmación del
apelante, de que «[…] dentro del ámbito disciplinario no es ajustado a derecho
analizar la ilicitud sustancial desde la óptica de la culpabilidad», puesto que la
falta, que no es otra cosa que inobservancia del deber funcional por el servidor
estatal, expresa su antijuridicidad cuando se comete «sin justificación alguna»
y, para ello, es indispensable examinar la culpabilidad a modo de dolo, culpa o
si, a pesar de todo, si esta última se halla dentro alguna causal de exclusión de
responsabilidad disciplinaria de las consagradas en el artículo 28 del CDU, que
no es el caso del actor.
Así las cosas, fue material y jurídicamente correcto el juicio efectuado por la
autoridad disciplinaria en el acto sancionatorio de primera instancia, en el
sentido de que «El disciplinado, en su condición de Registrador, adelantó
proceso disciplinario en contra de la señora ROQUELINA BRYAN EDEN,
Auxiliar Administrativo de la Registraduría Especial de San Andrés Isla,
profiriendo auto de investigación y suspensión provisional el 28 de abril de
2016, notificado el 2 de mayo del mismo año, desconociendo que tenía el deber
funcional de declararse impedido para ejercer acción disciplinaria contra la
quejosa; toda vez que en otro proceso disciplinario, ella fungió como quejosa
en su contra, razón por la que fue sancionado disciplinariamente; sin embargo,
se itera, siguió actuando, dado que citó a la implicada para la notificación
personal de la providencia, suscribió oficios comunicando su actuación a los
delegados departamentales y con posterioridad se declaró impedido» (sic).
17
Sentencia C-30 de 2012.
17
Expediente: 88001-23-33-000-2020-00071-01 (149-2022)
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De igual modo, resulta razonada y sensata la conclusión a la que, por su parte,
llegó la autoridad disciplinaria en el acto administrativo de segundo grado, de
que «[…] el señor DIEGO ALVARADO LIVINGSTON, sabía desde antes de
iniciada la investigación disciplinaria contra la servidora ROQUELINA
BRYAN EDÉN que existía una causal de impedimento para tener conocimiento
de cualquier procedimiento disciplinario en el que ella figurar como sujeto
procesal. Pese a lo anterior, de manera injustificada, no solo le inició a la
señora ROQUELINA BRYAN EDÉN investigación disciplinaria, sino que
procedió a declarar la suspensión provisional por el término de tres (3) meses,
todo ello a sabiendas de que no tenía la competencia para hacerlo al
encontrarse inhabilitado para ello a la luz del numeral 8° del artículo 84, pero
una vez logrado lo anterior, tardíamente se declaró impedido pero solo cuando
se aseguró que la medida cautelar estuviera notificada y cursara el grado de
consulta ante su superior jerárquico» (sic).
Ahora bien, pese a que la Procuraduría le imputó la falta disciplinaria del
artículo 49 (numeral 46) de la Ley 734 de 2002, calificada por el legislador
como gravísima, a título de dolo, a la que, por disposición legal, correspondería
aplicar la sanción de destitución18, al final le impuso suspensión en el ejercicio
del cargo por dos meses, que resulta menos lesiva al demandante, puesto que
concluyó que realizó la conducta con culpa grave.
Todo lo anterior demuestra que el comportamiento irregular atribuido al actor
tuvo ocurrencia, que constituyó incumplimiento de los deberes funcionales
imputados en el pliego de cargos y que corresponde a la descripción típica de
carácter grave y culposo, que motivó la sanción de suspensión en el ejercicio
del cargo, razón suficiente para confirmar el fallo apelado.
En suma, la Sala arriba a la convicción de que la actuación disciplinaria objeto
de examen se ajustó a derecho y no se comprobó la existencia de irregularidades
medulares que infringieran el debido proceso y el derecho de defensa o las
demás prerrogativas del investigado. Esta Colegiatura ha reiterado que «[…] no
cualquier motivo de desavenencia que se plantee puede tener el alcance para
configurar la nulidad de los actos impugnados, debe tratarse de supuestos que
sean posibles de demostrarse y que además resulten relevantes jurídicamente
con los que se pueda vislumbrar una vulneración protuberante a los derechos
fundamentales de los disciplinados, no puede convertirse en un nuevo examen
18
«ARTÍCULO 44. CLASES DE SANCIONES. El servidor público está sometido a las siguientes sanciones:
1. Destitución e inhabilidad general, para las faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima».
18
Expediente: 88001-23-33-000-2020-00071-01 (149-2022)
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de la prueba, como si se tratara de una tercera instancia, en donde se debatan
nuevamente las pruebas»19.
De modo que la sanción demandada está provista de justificación legal; tal
como se explicó en apartados anteriores de esta providencia, fue razonada y
razonable, motivada en lo que objetivamente se demostró durante la
investigación administrativa, con sujeción a las previsiones del artículo 170 de
la Ley 734 de 2002, en el sentido de que «el fallo» disciplinario «debe ser
motivado y contener el análisis de las pruebas en que se basa y el análisis y
valoración jurídica de los cargos, de los descargos y de las alegaciones»,
requisito formal y sustancial que fue satisfecho a cabalidad, es decir, que las
acusaciones de ausencia de ilicitud sustancial de la conducta, falsa motivación
de los actos acusados e indebida apreciación de pruebas opuestas por el
apelante carecen de fundamento.
Lo expuesto permite a esta Corporación inferir que en el caso sub examine, la
autoridad disciplinaria utilizó adecuadamente sus atribuciones legales para
suspender del servicio a un empleado público que con su comportamiento
inobservó los deberes funcionales a los que hemos hecho referencia.
Por otra parte, evidencia la Sala que durante el curso de la actuación
administrativa al actor se le respetaron todas las garantías procesales y
sustanciales para ejercer los derechos de contradicción y defensa técnica, así,
durante el curso de la investigación disciplinaria fue escuchado, tuvo la
oportunidad de solicitar y aportar pruebas, presentar descargos y alegaciones
finales e interponer recursos, etc., por mencionar algunas. Es decir, que no se
afectó su participación en el procedimiento, ni sus prerrogativas
iusfundamentales.
La Corporación tampoco echa de menos en los actos demandados ninguno de
los requisitos formales y sustanciales previstos en el artículo 170 20 de la Ley
19
Sentencia de 18 de febrero de 2016, C. P. Gabriel Valbuena Hernández, expediente 11001-03-25-000-2011-
00276-00(0986-11)
20
ARTÍCULO 170. CONTENIDO DEL FALLO. El fallo debe ser motivado y contener:
1. La identidad del investigado.
2. Un resumen de los hechos.
3. El análisis de las pruebas en que se basa.
4. El análisis y la valoración jurídica de los cargos, de los descargos y de las alegaciones que hubieren sido
presentadas.
5. La fundamentación de la calificación de la falta.
6. El análisis de culpabilidad.
7. Las razones de la sanción o de la absolución, y
8. La exposición fundamentada de los criterios tenidos en cuenta para la graduación de la sanción y la decisión
en la parte resolutiva.
19
Expediente: 88001-23-33-000-2020-00071-01 (149-2022)
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734 de 2002, alusivos a los presupuestos que debe contener el «fallo»
disciplinario, puesto que si se examinan las decisiones acusadas, se verifica que
el ente investigador analizó las pruebas en conjunto, valoró los cargos, los
descargos y las alegaciones presentadas, relacionó las normas legales y
reglamentarias concernientes al deber funcional desconocido, fundamentó la
calificación de la falta y la culpabilidad, y, en fin, expuso claramente las razones
de la sanción y los criterios de su gradación, se insiste, como se evidencia en
los folios 260 a 313 del expediente administrativo.
Sin más disquisiciones sobre el particular y a partir de una sana hermenéutica
jurídica, la Sala arriba a la convicción de que los actos administrativos
demandados conservan su validez y eficacia al no haber sido desvirtuada la
presunción de legalidad que los ampara, por tanto, se confirmará el fallo
apelado, que negó las súplicas de la demanda.
3.7 Otros aspectos procesales.
3.7.1 Condena en costas. No se procederá a ello en esta instancia respecto de
la parte vencida, dado que en el prisma del artículo 188 del CPACA no se
advierte, en síntesis, abuso en la actuación, en la medida en que, como lo ha
sostenido esta Corporación21, la demanda carece de temeridad porque quien la
presentó le asiste un fundamento razonable. Tampoco se detecta una
injustificada falta de colaboración o proceder con interés meramente dilatorio
que conduzca a considerar que incurrió en una conducta reprochable que la
obligue a correr con los gastos realizados por la otra parte para obtener un
pronunciamiento judicial.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1°. Confírmase la sentencia de 23 de julio de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,
que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho incoada por el señor Diego Alvarado Livingston Pomare y su hija
Sharina Yulieth Livingston Pérez contra la Nación – Procuraduría General de
21
Sentencia de 18 de febrero de 1999; radicación 10775, M.P. Ricardo Hoyos Duque.
20
Expediente: 88001-23-33-000-2020-00071-01 (149-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho de Diego Alvarado Livingston Pomare y Sharina
Yulieth Livingston Pérez contra la Nación – Procuraduría
General de la Nación
la Nación, conforme a la parte motiva.
2º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmada electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Ausente con excusa Firmada electrónicamente
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ (E) CÉSAR PALOMINO CORTÉS
21
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