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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 88001-23-33-000-2023-00019-01

Fecha
22 de agosto de 2023
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 88001-23-33-000-2023-00019-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia dictada el 26 de junio de 2023, por el Tribunal Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión. 16 Radicación: 88001-23-33-000-2023-00019-01 Accionante: Alberto Gordon May Accionado: Nación – Congreso de la República y otros Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 88001-23-33-000-2023-00019-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

22 de agosto de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., veintidós (22) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 88001-23-33-000-2023-00019-01
Accionante: Alberto Gordon May
Accionado: Nación – Congreso de la República y otros
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA – Niega amparo.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por Alberto Gordon May en
contra de la sentencia proferida el 26 de junio de 2023, por el Tribunal Administrativo
del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,
mediante la cual se resolvió:

<< PRIMERO: NIÉGUENSE el amparo de los derechos a la participación -elegir y
ser elegido-, igualdad, consulta previa, invocados por el actor, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLÁRESE IMPROCEDENTE el amparo del derecho a la paz, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. (...) >>.

I. ANTECEDENTES

A. Demanda y sus fundamentos

1.- El 8 de julio de 2023, Alberto Gordon May, presentó demanda de tutela en
calidad de presidente de Raizal Council (Autoridad Raizal), contra la Nación –
Congreso de la República, Ministerio del Interior, Consejo Nacional Electoral,
Registraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Instituto Geográfico
Agustín Codazzi, Departamento Nacional de Planeación, con el fin de obtener la
protección de los derechos fundamentales del pueblo raizal a la participación,
consulta previa, a la vida y a la paz. Considera que tales prerrogativas fueron
vulneradas por las autoridades accionadas al no determinar los círculos electorales
para la elección de los diputados de la Asamblea Departamental, garantizando la
representación de las comunidades de North End, La Loma, San Luis y Providencia
y Santa Catalina, obligación consagrada en el inciso 2° del artículo 9 de la Ley 47 de
1993 en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 299 de la Constitución Política.

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Radicación: 88001-23-33-000-2023-00019-01
Accionante: Alberto Gordon May
Accionado: Nación – Congreso de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

2.- Según se ilustra en la demanda, las pretensiones en ella contenidas se contraen
a lo siguiente:

<< 1.-. TUTELAR los derechos fundamentales constitucionales invocados por
medio de la presente acción de tutela (…).

(…)

2.-. ORDENAR a las corporaciones y entidades accionadas a que efectúen dentro
del ámbito de sus competencias los actos que garanticen la protección y ejercicio
de los derechos fundamentales a elegir y ser elegido del Grupo Étnico Raizal del
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así:

2.1.- A la corporación de elección popular, Congreso de la República de
Colombia – Senado de la Republica y Cámara de Representantes,
representados respectivamente por los doctores ALEXANDER LÓPEZ MAYA
y DAVID RACERO o quien haga sus veces al momento ritual pertinente, para
que en término improrrogable que establezca el despacho, proceda a proveer
un medio o figura jurídica que garantice los derechos fundamentales del
Grupo Étnico Raizal a participar en la conformación, ejercicio y control del
poder político dentro de su territorio ancestral y, consecuencialmente, ejercer
sus derechos de elegir y ser elegido diputado de la asamblea departamental
en las elecciones territoriales del 29 de octubre de 2023.

2.2.- Al Ministerio del Interior, representado por el doctor LUIS FERNANDO
VELASCO o quien haga sus veces en la oportunidad ritual pertinente, para
que fundado en el principio de inmediatez, promueva ante las entidades
accionadas el reconocimiento a la diversidad étnica y cultural del Grupo Étnico
Raizal del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, y garantizar el ejercicio efectivo de los Derechos Humanos y
fundamentales de las comunidades de North End, La Loma y San Luis de la
isla de San Andrés, y las comunidades de Providencia y Santa Catalina, para
elegir y ser elegido diputado de la Asamblea Departamental en las elecciones
del 29 de octubre de 2023.

2.3- Al Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil,
representados respectivamente por la Dra., FABIOLA MENDEZ GRISALES y
ALEXANDER VEGA ROCHA, o quien haga sus veces al momento ritual
pertinente, para que dentro del ámbito de sus competencias garanticen el
derecho de participación en la conformación, ejercicio y control del poder
político de las comunidades de North End, La Loma, San Luis de la Isla de
San Andrés, y las comunidades de Providencia y Santa Catalina, en ejercicio
de sus derechos fundamentales a elegir y ser elegido diputado del
departamento Insular en las elecciones territoriales del 29 de octubre de 2023.

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Radicación: 88001-23-33-000-2023-00019-01
Accionante: Alberto Gordon May
Accionado: Nación – Congreso de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

2.4.- A la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo,
representados respectivamente por la Dra. Margarita Cabello Blanco y el Dr.
Carlos Ernesto Camargo Assis, para que dentro del ámbito de sus
competencias, protejan los derechos fundamentales de participación en la
conformación, ejercicio y control del poder político de las comunidades
Raizales de North End, La Loma y San Luis de la isla de San Andrés, y las
comunidades de Providencia y Santa Catalina, mediante la vigilancia del
cumplimiento de los preceptos constitucionales, legales Convenios
ratificados por Colombia que garanticen los derechos fundamentales de elegir
y ser elegidos diputado a la Asamblea Departamental de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina.

2.5.- Al Departamento Nacional de Planeación y al Instituto Geográfico
Agustín Codazzi, IGAC, para que dentro del ámbito de sus competencias y en
aplicación del principio de colaboración armónica con las entidades obligadas,
diseñe las políticas públicas orientadas a la acción para lograr objetivos
prioritarios para garantizar los derechos fundamentales vulnerados y
amenazados del grupo étnico Raizal, produzca los mapas oficiales y la
cartografía básica de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,
determinando en las mismas la extensión de los espacios geográficos o
circuitos para la elección de los Diputados a la Asamblea Departamental, que
garantice la representación de las comunidades de North End, La Loma y San
Luis en la Isla de San Andrés, y de Providencia y Santa Catalina de
conformidad con lo previsto en la Ley 47 de 1993 y demás previsiones legales
que sustentan los derechos fundamentales del grupo Étnico Raizal.

3.- Conminar a las entidades accionadas, para que, en lo sucesivo, actuaciones u
omisiones de vulneración de los derechos fundamentales del Grupo étnico Raizal
no se vuelvan a presentar.>>1 (negrilla propia del texto)

3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada y
de las pruebas allegadas se tiene, que:

4.- El 10 de marzo de 2020, Alberto Gordon May, presidente del Raizal Council
(Autoridad Raizal) de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, solicitó
al Ministerio del Interior la expedición de concepto previo previsto en inciso 2° del
artículo 9 de la ley 47 de 1993 2 , con el objeto de que la entidad competente
determinara los círculos para la elección de diputados de la Asamblea Departamental
con representación de los sectores de North End, la Loma y San Luis, en las islas de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

1 Expediente digital, folios 22 – 25 del escrito de tutela.
2 “Artículo
9° Asamblea Departamental. La Asamblea Departamental es una corporación administrativa de
elección popular dentro del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

El Consejo Nacional Electoral, previo el concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial,
determinará círculos para la elección de los Diputados de la Asamblea Departamental, garantizando la
representación de las comunidades de North End, La Loma, San Luis, Providencia y Santa Catalina, en
desarrollo de lo dispuesto por el artículo 299 de la Constitución Política”.
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Radicación: 88001-23-33-000-2023-00019-01
Accionante: Alberto Gordon May
Accionado: Nación – Congreso de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

5.- El 23 de marzo de 2020, el Ministerio del Interior remitió la solicitud elevada por
el presidente del Raizal Council, a la Subdirección de Ordenamiento y Desarrollo
Territorial, del Departamento Nacional de Planeación, entidad a cargo de la
Secretaría Técnica de la Comisión de Ordenamiento Territorial (en adelante COT),
con el fin de que dicha entidad diera inicio al trámite del proceso de expedición del
concepto previo exigido en el inciso 2° del artículo 9 de la ley 47 de 1993, para que
el Consejo Nacional Electoral determinara los referidos círculos electorales.

6.- En Sesión Extraordinaria No. 19 de 02 de junio de 2021, la COT emitió el
concepto solicitado por el Raizal Council. En el Acta de la sesión extraordinaria COT
No. 19 de 2021 y su anexo la entidad indicó, entre otras consideraciones, que:

7.- La expedición del concepto previo a cargo de la COT y la obligación del Consejo
Nacional Electoral (en adelante CNE) de conformar círculos electorales, previstas en
el inciso 2° del artículo 9 de la Ley 47 de 1993, se establecieron en virtud del texto
inicial del artículo 299 de la CP3 por lo que a partir de la entrada en vigencia de los
Actos Legislativos No. 1 de 19964, 1 de 20035 y 1 de 20076, las referidas obligaciones

3 “Artículo
299. En cada departamento habrá una corporación administrativa de elección popular que se
denominará asamblea departamental, la cual estará integrada por no menos de once miembros ni más de treinta
y uno.

El Consejo Nacional Electoral podrá formar dentro de los límites de cada departamento, con base en su
población, círculos para la elección de diputados, previo concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial.
El régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados será fijado por la ley. No podrá ser menos
estricto que el señalado para los congresistas en lo que corresponda. Los diputados no tendrán la calidad de
funcionados públicos El período de los diputados será de tres años, con las limitaciones que establezca la ley,
tendrán derecho a honorarios con su asistencia a las sesiones correspondientes.

Para ser elegido diputado se requiere ser ciudadano en ejercicio, tener más de veintiún años de edad, no haber
sido condenado a pena privativa de la libertad, con excepción de los delitos políticos o culposos y haber residido
en la respectiva circunscripción electoral durante el año inmediatamente anterior a la fecha de elección”.
4 “Artículo
299. En cada Departamento habrá una Corporación Administrativa de elección popular que se
denominará Asamblea Departamental, la cual estará integrada por no menos de once miembros ni más de treinta
y uno. Dicha corporación gozará de autonomía administrativa y presupuesto propio.

El régimen dé inhabilidades e incompatibilidades de los diputados será fijado por la Ley. No podrá ser menos
estricto que el señalado para los congresistas en lo que corresponda. El período de los diputados será de tres
(3) años y tendrán la calidad de servidores públicos.

Para ser elegido diputado se requiere ser ciudadano en ejercicio, no haber sido condenado a pena privativa de
la libertad, con excepción de los delitos políticos o culposos y haber residido en la respectiva circunscripción
electoral durante el año inmediatamente anterior a la fecha de la elección.

Los miembros de la Asamblea Departamental tendrán derecho a una remuneración durante las sesiones
correspondientes y estarán amparados por un régimen de prestaciones y seguridad social, en los términos que
fije la Ley” (subrayas propias).
5 Inicialmente el mencionado acto legislativo modificó el inciso 1° del artículo 299, sin embargo, dicha

modificación fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-668 de 2004.
6 “Artículo
299. <Artículo modificado por el artículo 1o. del Acto Legislativo No. 1 de 1996. El nuevo texto es el
siguiente:>

En cada Departamento habrá una Corporación administrativa de elección popular que se denominará Asamblea
Departamental, la cual estará integrada por no menos de once miembros ni más de treinta y uno. Dicha
corporación gozará de autonomía administrativa y presupuesto propio.

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Radicación: 88001-23-33-000-2023-00019-01
Accionante: Alberto Gordon May
Accionado: Nación – Congreso de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

a cargo de la COT y del Consejo Nacional Electoral desaparecieron del sistema
jurídico colombiano. Esto debido a que actualmente el artículo 299 de la CP no prevé,
la expedición del concepto previo por parte de la COT, ni el procedimiento para
determinar círculos electorales por parte del CNE, para la elección de los Diputados
de la Asamblea Departamental.

8.- La parte accionante sostuvo que las autoridades judiciales accionadas
vulneraron los derechos fundamentales invocados, debido a que el pueblo raizal es
un grupo étnico afrocaribeño originario del Archipiélago de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina, el cual desde el año 1993 es considerado por la Corte
Constitucional, mediante Sentencia C-530 de 1993, como minoría en su territorio
ancestral.

9.- Por lo anterior, manifestó que el colombiano de origen Raizal tiene derecho a
elegir y ser elegido diputado de la Asamblea Departamental de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, sin embargo, al ser un grupo poblacional minoritario
en su territorio, sus integrantes no tienen la posibilidad acceder a dicha corporación
sin la concurrencia de electores que no pertenecen al mencionado grupo étnico, por
lo que resaltó que el Pueblo Raizal no cuenta con la protección necesaria para
garantizar sus derechos fundamentales de participación en la conformación, ejercicio
y control del poder político en su territorio, por lo que al negarse a cumplir con las
disposiciones establecidas en el inciso 2° del artículo 9° de la Ley 47 de 1993, las
autoridades accionadas incurrieron en la vulneración de los derechos fundamentales
conjurados en el recurso de amparo.

10.- Asimismo, indicó que mediante el Acto Legislativo No. 01 de 1996, el Congreso
de la República modificó el artículo 299 de la CP, sin efectuar la consulta previa
obligatoria al Pueblo Raizal y actuando en contravía de las disposiciones
consagradas en el artículo 93 de la CP y el Convenio 169 de la OIT, que fue aprobado
por Colombia mediante la Ley 21 del 4 de marzo de 1991, situación que a su parecer
se traduce en un vicio de procedimiento, puesto que la referida reforma se hizo con
posterioridad a la promulgación de la Ley 47 de 1993, sin proveer otro medio para
garantizar los derechos fundamentales del referido grupo étnico a participar en la
conformación, ejercicio y control del poder político dentro de su territorio y, en

<Inciso 2o. modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo No. 2 de 2002. El nuevo texto es el siguiente:> El
régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados será fijado por la ley. No podrá ser menos estricto
que el señalado para los congresistas en lo que corresponda. El período de los diputados será de cuatro años y
tendrán la calidad de servidores públicos.

Para ser elegido diputado se requiere ser ciudadano en ejercicio, no haber sido condenado a pena privativa de
la libertad, con excepción de los delitos políticos o culposos y haber residido en la respectiva circunscripción
electoral durante el año inmediatamente anterior a la fecha de la elección.

Los miembros de la Asamblea Departamental tendrán derecho a una remuneración durante las sesiones
correspondientes y estarán amparados por un régimen de prestaciones y seguridad social, en los términos que
fija la Ley” (subrayas propias).
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Radicación: 88001-23-33-000-2023-00019-01
Accionante: Alberto Gordon May
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

consecuencia, para ejercer los derechos de sus integrantes a elegir y ser elegidos
diputados de la Asamblea Departamental.

11.- Por lo anterior, adujo que la Nación – Congreso de la República y el Ministerio
del Interior están obligados a establecer o proveer medios que garanticen los
derechos fundamentales del Grupo Étnico Raizal consagrados en el inciso 2° del
artículo 9° de la ley 47 de 1993, pues considera que la situación desfavorable que
generó la promulgación del Acto Legislativo No. 1 de 1996 permanece en el tiempo,
impidiendo que las comunidades afectadas puedan elegir diputados de la asamblea
departamental de su territorio en las elecciones territoriales del 29 de octubre de
2023.

12.- Finalmente, señaló que el Acto Legislativo 01 de 1996 se expidió en contravía
de la Constitución Política de Colombia, la Ley 21 de 1991 y el Convenio 169 de la
OIT, por tal razón adujo que la obligación del Consejo Nacional Electoral de
determinar los círculos electorales conforme al inciso 2° del artículo 9° de la Ley 47
de 1993, ratificada en el artículo 38 de la Ley 1454 de 2011, sigue vigente.

B. Sentencia de primera instancia

13.- Mediante providencia del 26 de junio de 2023, el Tribunal Administrativo del
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, negó el amparo de los
derechos a la participación -elegir y ser elegido-, igualdad, consulta previa, invocados
por el actor y declaró improcedente el amparo del derecho a la paz.

14.- Consideró que con la promulgación de la Constitución de 1991, la división
política de Colombia se transformó demarcando los círculos electorales de acuerdo
a las circunscripciones territoriales del país, esto es, regiones, departamentos y
municipios, lo que llevó a la supresión, a través del Acto Legislativo 01 de 1996, del
aparte normativo del artículo 299 de la CP que contenía la facultad del Consejo
Nacional Electoral para la creación de círculos en la elección de diputados.

15.- A su vez, precisó que al haberse expedido el Acto Legislativo 1 de 1996 con
posterioridad a la Ley 47 de 1993 y no contemplar éste, ni los siguientes Actos
Legislativos que modificaron el artículo 299 de la Constitución, el aparte normativo
que asignaba la facultad al Consejo Nacional Electoral para formar dentro de los
límites de cada departamento, con base en su población, círculos para la elección
de diputados, debía entenderse que la regulación inicialmente contemplada para la
conformación de los círculos de elección mencionados se removió del ordenamiento
jurídico, quedando sin sustento constitucional el desarrollo del mandato previsto en
el inciso 2° del artículo 9° de la Ley 47 de 1993.

16.- Por último, indicó que la competencia para decidir sobre la inconstitucionalidad
de los actos que reforman la Constitución, cualquiera que sea su origen, por vicios
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Radicación: 88001-23-33-000-2023-00019-01
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de fondo o de procedimiento en su formación, es exclusiva de la Corte Constitucional,
por tanto, escapa del resorte del juez de tutela, emitir un pronunciamiento sobre
cualquier expresión del legislador dirigida a interpretar, modificar o reformar
contenidos en la norma de rango constitucional.

C. La impugnación

17.- En desacuerdo con la decisión de primera instancia, el accionante interpuso
impugnación. Para tal efecto, adujo que el a quo no analizó los anexos de la demanda
y fundamentó su decisión en: (i) la improcedencia, (ii) la falta de legitimación en la
causa por pasiva y (iii) en el desconocimiento generalizado de la importancia de la
consulta previa.

18.- Sobre la improcedencia del recurso de amparo manifestó que: “si se declara
improcedente, significa que no procedía la acción de tutela (y ante[s] debió de
haberse inadmitido) para que si se solicitaba insistencia se cumplieran con ciertas y
determinadas exigencias especiales se subsanara y con nuevos argumentos y
facticidad, se pidiera por el accionante que se admita”. Además, señaló que la
improcedencia se traduce en una decisión “inhibitoria” del juzgador, en tanto no se
satisfacen las condiciones procedimentales o sustantivas de la acción para su
esclarecimiento en sede constitucional y precisó que las decisiones “inhibitorias”, son
excepcionales en sede constitucional, pues debido a su especialidad y al principio
de informalidad, estas niegan el acceso a la justicia, por lo que en contraposición a
los pronunciamientos de fondo, en los que se valoran los elementos materiales y de
contexto del proceso, la improcedencia reviste una ausencia de decisión sobre la
controversia.

19.- En consecuencia, adujo que una decisión improcedente, como la del fallo
proferido en primera instancia, “es una respuesta EN NEGATIVO a una decisión que
no logra alcanzar a ser justa” en tanto dicha figura “supone elementos formales
incumplidos, (…) y en éste caso, todos los requisitos formales fueron cabalmente
cumplidos”.

20.- Por último, sostuvo que el gobierno central y las entidades accionadas, no
tuvieron en cuenta la complejidad de problemáticas que aquejan al pueblo raizal,
acrecentadas por el cambio climático y por la gran distancia física entre el continente
y las islas. Además, afirmó que “las innumerables leyes que se vienen dictando
(también en materia electoral) provenientes de la lejana sede del gobierno central,
se realizan a espaldas de nuestra colectividad étnica, soslayando la consulta previa,
que emerge como un derecho sustantivo de nuestro pueblo secular”, por lo que adujo
que, como pueblo originario los raizales no solo deben gozar de prerrogativas de un
trato diferencial, en el entendido de su diversidad étnica lengua y cultura diversa,
sino que además, en las decisiones que los afecten y los temas que los atañen
“deben ser encaminados según la sentencia C-054 de 2023 a una progresiva
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autonomía territorial que aunque incipiente, se someta a una consulta previa libre e
informada”.

II. CONSIDERACIONES

D. Competencia

21.- La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto-Ley 2591 de 19917.

E. Análisis del caso concreto

22.- En el caso objeto de estudio, la parte actora le atribuye la vulneración de los
derechos fundamentales del pueblo raizal a las autoridades demandadas debido a
que en el Acta de la sesión extraordinaria No. 19 de 2021, la COT se negó a acceder
a su solicitud de expedir el concepto previo requerido para que el CNE conformara
los círculos electorales previstos en el inciso 2° del artículo 9 de la Ley 47 de 1993,
en tanto la entidad le indicó que a partir de la entrada en vigencia de los Actos
Legislativos No. 1 de 1996, 1 de 2003 y 1 de 2007, las obligaciones objeto de la
solicitud desaparecieron del sistema jurídico colombiano. Esto, debido a que
actualmente el artículo 299 de la CP no prevé para la elección de los Diputados de
la Asamblea Departamental, la expedición de un concepto previo por parte de la COT
ni la conformación de círculos electorales por parte del CNE.

23.- En primer lugar, es necesario señalar que las disposiciones previstas en el
inciso 2° del artículo 9 de la Ley 47 de 1993, tienen su origen en la Constitución
Política de Colombia de 1986, y en los preceptos consagrados en el Código de
Régimen Departamental adoptado con el Decreto 1222 de 1986, cuyo espíritu fue
parcialmente recogido en el texto original del artículo 299 de la actual Carta Política,
en los que la integración de los comicios estaba supeditada al número de habitantes
por circunscripción territorial para garantizar la participación eficaz de un grupo
poblacional determinado; así, el Constituyente estableció que por cada
departamento o distrito electoral se escogería a un representante y en aquellos
municipios donde la población excediera de cincuenta mil habitantes, se conformaría
un círculo electoral cuyos intereses serían defendidos por el candidato con mayor
votación, tal como lo señalaba el artículo 178 de la Constitución Política de 1986,
según el cual:

“Artículo 178.- Para las elecciones de Representantes cada Departamento se dividirá
en tantos distritos electorales cuantos le correspondan para que cada uno de estos
elija un Representante.

7 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

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Compete a la ley, o, a falta de esta, al Gobierno, hacer la demarcación a que se
refiere el párrafo anterior.

Los distritos municipales cuya población exceda de cincuenta mil almas
formarán distritos electorales y votarán por uno o más Representantes con
arreglo a su población.

Las fracciones sobrantes de población que sumadas excedan de veinticinco
mil habitantes, añadirán un Representante a los que por cada cincuenta mil
elige el Departamento. La ley fijará las reglas de esta elección adicional”.

24.- Sumado a lo anterior, el artículo 27 del Decreto 1222 de 1986, establecía que:
“[p]ara determinar el número de diputados de que se componen las asambleas
departamentales, dentro de los límites señalados por el artículo 185 de la
Constitución, se aplicarán las reglas siguientes: los departamentos que no lleguen
actualmente a 300.000 habitantes, tendrán asambleas de 15 diputados y aquellos
que pasen de dicha población, elegirán uno más por cada 150.000 habitantes
adicionales o fracción no inferior a los 75.000 hasta completar el máximo de 30”.

25.- Posteriormente el texto original del artículo 299 de la constitución Política de
1991, señalaba que:

“Artículo 299. En cada departamento habrá una Corporación administrativa de elección
popular que se denominará Asamblea Departamental, la cual estará integrada por no
menos de once miembros ni más de treinta y uno.

El Consejo Nacional Electoral podrá formar dentro de los límites de cada
departamento, con base en su población, círculos para la elección de diputados,
previo concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial. El régimen de
inhabilidades e incompatibilidades de los diputados será fijado por la ley. No podrá ser
menos estricto que el señalado para los congresistas en lo que corresponda. Los
diputados no tendrán la calidad de funcionarios públicos.

El período de los diputados será de tres años. Con las limitaciones que establezca la
ley, tendrán derecho a honorarios por su asistencia a las sesiones correspondientes.

Para ser elegido diputado se requiere ser ciudadano en ejercicio, tener más de veintiún
años de edad, no haber sido condenado a pena privativa de la libertad, con excepción
de los delitos políticos o culposos y haber residido en la respectiva circunscripción
electoral durante el año inmediatamente anterior a la fecha de la elección”. (Subrayado
propio)

26.- En virtud de lo anterior, el artículo 9 de la Ley 47 de 1993 establece que “[l]a
Asamblea Departamental es una corporación administrativa de elección popular
dentro del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
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Catalina (…) El Consejo Nacional Electoral, previo el concepto de la
Comisión de Ordenamiento Territorial, determinará círculos para la elección
de los Diputados de la Asamblea Departamental, garantizando la
representación de las comunidades de North End, La Loma, San Luis,
Providencia y Santa Catalina, en desarrollo de lo dispuesto por el artículo
299 de la Constitución Política”.

27.- En segundo lugar, es necesario poner de presente que a través del Acto
Legislativo 01 de 1996, el Congreso de la República, modificó el artículo 299 de
la CP, suprimiendo el aparte del inciso segundo que hacía referencia a la facultad
que tenía el CNE para formar dentro de los límites de cada departamento, con
base en su población, círculos para la elección de diputados, previo concepto de
la COT y adicionando los aspectos relacionados con la remuneración y el régimen
prestacional de los miembros de la Asamblea Departamental. Por lo que en el
texto final del precitado artículo se consagró que:

“Artículo 299. En cada Departamento habrá una Corporación Administrativa de
elección popular que se denominará Asamblea Departamental, la cual estará integrada
por no menos de once miembros ni más de treinta y uno. Dicha corporación gozará de
autonomía administrativa y presupuesto propio.

El régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados será fijado
por la Ley. No podrá ser menos estricto que el señalado para los congresistas
en lo que corresponda. El período de los diputados será de tres (3) años y
tendrán la calidad de servidores públicos.

Para ser elegido diputado se requiere ser ciudadano en ejercicio, no haber sido
condenado a pena privativa de la libertad, con excepción de los delitos políticos o
culposos y haber residido en la respectiva circunscripción electoral durante el año
inmediatamente anterior a la fecha de la elección.

Los miembros de la Asamblea Departamental tendrán derecho a una
remuneración durante las sesiones correspondientes y estarán amparados por
un régimen de prestaciones y seguridad social, en los términos que fije la Ley”.

28.- La mencionada reforma fue objeto de control por parte de la Corte
Constitucional, en la sentencia C-222 de 1997. En dicha ocasión los ciudadanos
Orlando Fals Borda y Adalberto Carvajal Salcedo, solicitaron que se declarara la
inexequibilidad del Acto Legislativo 01 de 1996, aduciendo que en los proyectos
originales, presentados al Congreso por los representantes Martha Luna Morales y
Adalberto E. Jaimes Ochoa, aparecía el segundo inciso del texto original del artículo
299 de la CP, aparte que a su parecer inexplicablemente fue suprimido en el texto
definitivo que reformó la Carta Política.

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Radicación: 88001-23-33-000-2023-00019-01
Accionante: Alberto Gordon May
Accionado: Nación – Congreso de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

29.- Al analizar los alegatos propuestos en la referida demanda, la Corte declaró
exequible el acto legislativo demandada tras considerar: (i) tanto los proyectos de ley
como los de Acto Legislativo se llevan al Congreso de la República para que éste
debata acerca de su contenido, examine en profundidad el alcance y los propósitos
de la propuesta y adopte de manera autónoma una decisión, según lo que estime
conveniente en la materia de la cual se ocupa; (ii) es inherente a la función legislativa,
y a la constituyente derivada, en su caso, la atribución de modificar e incluso suprimir,
total o parcialmente, el texto sometido a la consideración de las cámaras; (iii) el
artículo 160 de la Carta, aplicable en ese punto a los proyectos de Acto Legislativo,
establece que durante el segundo debate cada cámara "podrá introducir al proyecto
las modificaciones, adiciones y supresiones que juzgue necesarias"; (iv) al realizar
un examen sistemático del artículo 160 con el inciso 3° el artículo 375 de la CP, las
modificaciones o supresiones provenientes del primer período ordinario de sesiones
inciden de manera definitiva en el segundo período, pues en este sólo pueden ser
considerados los textos que resulten aprobados, después de los cuatro debates
correspondientes, debidamente votados, en primera vuelta; (v) el artículo 154 de la
CP señala que, inclusive en el caso de los proyectos confiados a la iniciativa
exclusiva del Gobierno, las cámaras están facultadas para realizar las
modificaciones que estimen pertinentes.

30.- Con fundamento en lo anterior, estimó que el texto que llega al siguiente debate,
y sobre el cual debe recaer la decisión que en él se adopte, es el que se aprobó en
las instancias anteriores, de modo que los textos o los fragmentos de estos que se
aprueben en los primeros debates son excluidos del proyecto, a menos que se
decida, con las mayorías correspondientes, volverlos a incorporar al mismo,
aclarando que esto sólo es posible en el primer período y sobre el supuesto de que
se vuelvan a surtir los debates que hayan faltado al texto suprimido y reincorporado.

31.- En el contexto descrito, la Corte encontró que a través de la Gaceta del
Congreso número 375 del 3 de noviembre de 1995, era posible establecer que el
“texto definitivo aprobado en sesión ordinaria de la Comisión Primera de la Cámara
de Representantes el 24 de octubre de 1995 y llevado a segundo debate en la
segunda vuelta, correspondiente al artículo 299 de la Constitución Política, no incluía
el inciso segundo de la versión original de la Carta y del proyecto, a cuyo tenor ‘el
Consejo Nacional Electoral podrá formar dentro de los límites de cada departamento,
con base en su población, círculos para la elección de diputados, previo concepto de
la Comisión de Ordenamiento Territorial’", lo que sumado a la emisión del Decreto
1136 del 30 de junio de 1995, publicado en el Diario Oficial No. 41912 de la misma
fecha, por medio del cual el Gobierno Nacional ordenó la publicación del texto de
reforma constitucional aprobado en el primer período en su versión definitiva, en el
cual no aparecía el inciso que los demandantes sostenían debía incluirse en el Acto
Legislativo, permitía deducir que el Congreso de manera consciente y voluntaria,
quiso suprimir parte del texto original del artículo 299 de la CP, lo cual podía hacer,
en ejercicio de su función constituyente derivada, a la luz del artículo 375 de la CP.
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Radicación: 88001-23-33-000-2023-00019-01
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

32.- En este punto es importante precisar que, como se indicó con anterioridad, en el
escrito de demanda la parte actora adujo que la vulneración a los derechos
fundamentales del pueblo raizal a la participación, consulta previa, a la vida y a la
paz se dio a causa del concepto emitido en el Acta de la sesión extraordinaria COT
No. 19 de 202, en la que la entidad accionada se limitó a señalar que era imposible
acceder a la solicitud elevada por la parte actora debido a que las facultades
otorgadas, en el inciso 2° del artículo 9 de la Ley 47 de 1993 a la COT y al CNE,
desaparecieron del ordenamiento jurídico. En consecuencia, el accionante
fundamentó la vulneración de los precitados derechos a partir de tres argumentos
principales: (i) al negarse a cumplir con las disposiciones establecidas en el inciso 2°
del artículo 9° de la Ley 47 de 1993, las autoridades accionadas incurrieron en la
vulneración de los derechos fundamentales del pueblo raizal; (ii) el Acto Legislativo
01 de 1996 se expidió en contravía de la Constitución Política de Colombia, la Ley
21 de 1991 y el Convenio 169 de la OIT, al no llevar a cabo la consulta previa
obligatoria al Pueblo Raizal, situación que a su parecer se traduce en un vicio de
procedimiento, puesto que la referida reforma se hizo con posterioridad a la
promulgación de la Ley 47 de 1993, sin proveer otro medio para garantizar los
derechos fundamentales del referido grupo étnico a participar en la conformación,
ejercicio y control del poder político dentro de su territorio; y, (iii) la Nación – Congreso
de la Republica y el Ministerio del Interior están obligados a establecer o proveer
medios que garanticen los derechos fundamentales del Grupo Étnico Raizal
consagrados en el inciso 2° del artículo 9° de la ley 47 de 1993, pues considera que
la situación desfavorable que generó la promulgación del Acto Legislativo No. 1 de
1996 permanece en el tiempo, impide que las comunidades afectadas puedan elegir
diputados de la asamblea departamental de su territorio en las elecciones territoriales
del 29 de octubre de 2023.

33.- Para dar respuesta al primer alegato propuesto por la parte actora, debe
señalarse que la Corte Constitucional ha establecido que “(…) un tránsito
constitucional no implica que las normas expedidas con anterioridad al nuevo texto
constitucional resulten derogadas, salvo que resulten notoriamente contrarias a los
contenidos constitucionales que entran a regir”8. Por lo anterior, ha desarrollado el
concepto de derogatoria tácita por constitucionalidad sobreviniente y ha señalado
que esta figura se materializa en aquellos casos en los que una norma se expide con
anterioridad a una reforma constitucional resulta abiertamente contraria a los
principios del nuevo texto constitucional, lo que da lugar a su desaparición del
ordenamiento jurídico9.

34.- La jurisprudencia constitucional ha precisado que en este tipo de casos “no es
suficiente con que exista una simple diferencia entre la disposición preconstitucional

8 Corte Constitucional, Sentencia C-014 de 1993.
9 Corte Constitucional, Sentencia C-155 de 1999.

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y los fundamentos del nuevo Estatuto Superior, sino que es necesario que se trate
de proposiciones antinómicas e irreconciliables para que se entienda que el texto
legal ha desaparecido del ordenamiento o debe desaparecer”10. Por consiguiente,
para la Corte “cuando se genera un conflicto entre normas de distinto rango, siendo
la norma superior también la posterior, en estricto sentido no se está en presencia
de un caso de derogatoria tácita, sino de invalidez sobrevenida de la preceptiva
inferior. Es claro que, aun cuando para resolver tal incompatibilidad convergen los
dos principios lex posterior derogat prior y lex superior derogat inferior, como se
anotó, razones de seguridad jurídica impone que tal antinomia se resuelva aplicando
preferentemente el criterio jerárquico sobre el temporal, debiendo el intérprete
autorizado proceder a declarar la invalidez de la norma que genera el conflicto”11.

35.- En ese sentido la Corte Constitucional ha señalado que para determinar la
existencia de una derogatoria tácita por constitucionalidad sobreviniente no solo es
necesario determinar si la norma está vigente, sino que también debe analizarse si
a pesar de estar derogada, esta continúa produciendo efectos jurídicos.

36.- Con fundamento en las consideraciones expuestas en sede de control
abstracto de constitucionalidad, la Corte ha establecido que este tipo de conflictos
normativos pueden traducirse en dos situaciones diferentes. En la primera, la norma
de menor jerarquía que fue proferida con anterioridad a la reforma constitucional,
resulta abiertamente contraria al texto reformado y no continúa produciendo efectos
jurídicos, por lo que en estos casos la Corte se inhibe de dictar un fallo de fondo en
relación a la constitucional de la disposición, debido a la carencia actual de objeto
ante la presunta ocurrencia del fenómeno jurídico de la derogatoria tácita12.

37.- En la segunda situación, la norma de mayor jerarquía “contienen conceptos
demasiado abiertos y generalmente imprecisos en su estructura técnica y en su
eficacia normativa directa (como ocurre por ejemplo con la igualdad, la autonomía
de las entidades territoriales o la libertad, entre otros)” 13 , lo cual hace que su
significado jurídico no sea fácilmente detectable por los distintos operadores y
oponible a las disposiciones legales precedentes, que por lo general suelen regular
de manera más específica y explícita una determinada. En estos casos la Corte ha
hecho énfasis en la necesidad de realizar un pronunciamiento de fondo en relación
a la constitucionalidad del precepto normativo, ya que debido a: (i) la ausencia de la
derogatoria expresa del texto el precepto sigue amparado por una presunción de
validez (específicamente tratándose de aquellas situaciones ocurridas bajo su
vigencia y hasta tanto no exista pronunciamiento por vía de autoridad que avale su
derogatoria); (ii) la discrecionalidad judicial; y (ii) la ausencia de mecanismos de

10 Corte Constitucional, Sentencia C-571 de 2004.
11 Corte Constitucional, Sentencia C-571 de 2004.
12 Corte Constitucional, Sentencia C-539 de 2019.
13 Corte Constitucional, Sentencia C-571 de 2004.

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unificación de jurisprudencia, es posible que al momento de determinar su utilización,
se produzcan consecuencias muy diversas respecto de casos idénticos14.

38.- De conformidad con las consideraciones expuestas, la Sala considera que para
resolver el debate propuesto en el escrito de demanda es necesario establecer si en
efecto los preceptos que la parte actora alega como desconocidos fueron objeto de
una derogatoria tácita por constitucionalidad sobreviniente y si estos: (i) resultan
abiertamente contrarios al texto actual del artículo 299 de la CP y (ii) no continúan
produciendo efectos jurídicos. Esto se debe a que, a juicio de esta Sala, solo es
posible hacer uso de la figura de la derogatoria tácita por constitucionalidad
sobreviniente, en sede de control concreto de constitucionalidad, en aquellos casos
en los que el juez de tutela pueda detectar con un alto grado de certeza que en el
caso objeto de estudio: (i) existe una contradicción manifiesta entre el contenido
material o el espíritu de ambas normas y (ii) que en efecto la norma derogada no
sigue produciendo efectos jurídicos. Lo anterior, se fundamenta en la necesidad de
preservar el esquema de control constitucional previsto en los artículos 237 y 241 de
la Constitución Política, pues en caso de verse obligado a realizar un ejercicio
interpretativo de mayor complejidad en sede de control concreto de
constitucionalidad, el juez de tutela se vería obligado a invadir el ámbito de las
competencias asignadas de manera exclusiva a la Corte Constitucional y al Consejo
de Estado.

39.- Además, al tratarse de manera evidente de una derogatoria tácita en los
términos expuestos, el juez de tutela no se estaría invadiendo las referidas
competencias pues tal y como lo ha indicado la Corte Constitucional una demanda
contra una norma implícitamente sustraída del ordenamiento por su incompatibilidad
ostensible con el nuevo texto superior, genera de parte de la Corte una decisión
inhibitoria por carencia de objeto. De modo que solo las normas que sean
notoriamente opuestas al texto fundamental pueden considerarse como tácitamente
derogadas; al tiempo que la exclusión de otras, que carezcan de tal notoriedad, debe
ser judicialmente ordenada15.

40.- Visto lo anterior, la Sala advierte que en el presente asunto operó el fenómeno
de derogatoria tácita por constitucionalidad sobreviniente. Esto se debe a que si bien
el texto del inciso 2° del artículo 9° de la Ley 47 de 1993 confiere al CNE, previo el
concepto de la COT, la facultad de determinar círculos para la elección de los
Diputados de la Asamblea Departamental, para garantizar la representación de las
comunidades de North End, La Loma, San Luis, Providencia y Santa Catalina, esta

14 La Corte ha señalado que en estos casos es posible que “mientras un operador jurídico detecta la
incompatibilidad normativa y opta por inaplicar el texto que considera sin efectos, el otro intérprete puede llegar
a concluir lo contrario, es decir, que dicha incompatibilidad no tiene lugar, procediendo a aplicar la misma norma
para definir una situación fáctica similar a la anterior” (sentencia C-571 de 2004).
15 Corte Constitucional, Sentencia C-110 de 2023.

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facultad es otorgada en el mencionado artículo en desarrollo de lo dispuesto por el
artículo 299 de la CP.

41.- En efecto, mientras la norma preexistente a la reforma constitucional
introducida por el Acto Legislativo 1 de 1996, indicaba que era posible que el CNE
realizara la conformación de círculos electorales previó concepto de la COT de
conformidad con el artículo 299 de la CP, el mencionado Acto Legislativo suprimió
dicha facultad del texto constitucional, Así mismo, se advierte que al analizar la
constitucionalidad del referido acto, la Corte Constitucional aclaró que la supresión
de las facultades otorgadas al COT y al CNE del artículo 299 de la CP se dio en
función de las facultades otorgadas al Congreso de la República los artículos 154,
160 y 375 de la CP.

42.- En consecuencia, ante la manifiesta incompatibilidad del inciso 2° del artículo
9° de la Ley 47 de 1993 con el Acto Legislativo 1 de 1996, la Sala considera que, de
acuerdo a la jurisprudencia constitucional, en este caso se está en presencia de una
derogatoria tácita por inconstitucionalidad sobreviniente. Esto debido a que la norma
en la que la parte actora fundamentó la solicitud que fue resuelta a través del Acta
de la sesión extraordinaria No. 19 de 2021, resulta abierta y manifiestamente
contraria al texto actual del artículo 299 de la CP, que dista de ser abierto e impreciso,
pues tal y como se indicó este ya no contempla las facultades que inicialmente fueron
asignadas al CNE y a la COT, por lo que no es posible afirmar que dicha supresión
pueda generar múltiples interpretaciones al respecto.

43.- Sumado a lo anterior, debe señalarse que la Sala no cuenta con ningún indicio
de que la norma objeto de debate continúe produciendo algún efecto jurídico, pues
en el expediente no obra prueba de que las mencionadas facultades hayan sido
ejercidas por la COT o por el CNE desde que perdieron su vigencia o que la
comunidad raizal se haya visto beneficiada por la conformación de círculos
electorales a partir de la expedición del texto original del artículo 299 de la CP.

44.- En consecuencia, al verificarse que la norma objeto de debate fue derogada y
que esta no continúa produciendo efectos jurídicos, la Sala procederá a negar el
amparo solicitado. Esto, bajo el entendido que no es posible predicar la vulneración
de derechos fundamentales ante el incumplimiento de una disposición legal que no
hace parte del ordenamiento jurídico.

45.- Por último, la Sala considera que los cargos propuestos por la parte actora
según los cuales: el Acto Legislativo 01 de 1996 se expidió en contravía de la
Constitución Política de Colombia, la Ley 21 de 1991 y el Convenio 169 de la OIT, al
no llevar a cabo la consulta previa obligatoria al Pueblo Raizal y el Congreso de la
República y el Ministerio del Interior están obligados a establecer o proveer medios
que garanticen los derechos fundamentales del Grupo Étnico Raizal a causa de la

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situación desfavorable que generó la promulgación del Acto Legislativo No. 1 de
1996, son improcedentes debido a que carecen del requisito de subsidiariedad.

46.- Lo anterior, se debe a que la competencia para decidir sobre la
constitucionalidad de los actos reformatorios de la Constitución, cualquiera que sea
su origen, es exclusiva de la Corte Constitucional; por tanto, escapa del resorte del
juez de tutela, emitir un pronunciamiento sobre cualquier expresión del legislador
dirigida a interpretar, modificar o reformar contenidos de rango constitucional.

47.- Y en cuanto a los reproches relacionados con la presunta omisión legislativa en
la que incurrió el Congreso de la República y el Ministerio del Interior, debe
precisarse que la acción de tutela no fue instituida como un mecanismo para activar
el aparato legislativo, ya que de conformidad con las consideraciones expuestas por
la Corte Constitucional en la Sentencia C-031 de 2017, en el caso colombiano la
iniciativa legislativa solo puede manifestarse a partir de cuatro mecanismos: (i) a
través de los miembros del Congreso, (ii) por iniciativa popular y (iii) por iniciativa
funcional. Por lo que los artículos 150, 154 y 156 de la Constitución Política, así como
las Leyes 5 de 1992 y 134 de 1994, solo confieren la facultad discrecional de
proponer proyectos de ley a los parlamentarios, a un número significativo de
ciudadanos, al Gobierno nacional, y a los principales órganos de la Rama Judicial,
así como a los organismos electorales y de control en materias relacionadas con su
función.

48.- Así las cosas, esta Sala, basado en las razones expuestas, habrá de confirmar
la sentencia el 26 de junio de 2023, por el Tribunal Administrativo del Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

49.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia dictada el 26 de junio de 2023, por el Tribunal
Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, pero, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de la presente
sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.

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Accionante: Alberto Gordon May
Accionado: Nación – Congreso de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE16
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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