Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 88001-23-33-000-2024-00002-01
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 88001-23-33-000-2024-00002-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 88001-23-33-000-2024-00002-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
9 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D. C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 88001-23-33-000-2024-00002-01 (2499-2025)
Demandantes: Cristian Alexander Dilicio Tello
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional
Tema: Marco jurisprudencial aplicable al análisis de los actos
administrativos que imponen sanciones disciplinarias. Estructura
de la responsabilidad disciplinaria. Antijuridicidad. Valoración
probatoria en la actuación sancionatoria. REVOCA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante en contra de
la sentencia proferida el dieciséis (16) de julio de dos mil veinticinco (2025) por el
Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, por medio de la cual se negaron las pretensiones.
ANTECEDENTES
1. El señor Cristian Alexander Dilicio Tello instauró demanda en contra de la
Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el
fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad de las decisiones disciplinarias expedidas el 4 de
enero y el 11 de noviembre de 2021 por la Oficina de Control Interno Disciplinario
de la Policía Metropolitana de San Andrés y Providencia y por la Inspección
Delegada Regional nro. 1, respectivamente, mediante las cuales fue sancionado
con destitución e inhabilidad general por el término de diez (10) años; y de la
Resolución 00551 del 9 de marzo de 2022, que ejecutó el correctivo.
3. Como restablecimiento del derecho, solicitó ser exonerado de la sanción
impuesta y que se ordene su reintegro al escalafón, cargo o función que
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desempeñaba al momento de su retiro, junto con el pago de las acreencias laborales
dejadas de percibir, con sus respectivos intereses.
HECHOS
4. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
5. Que se inició una actuación disciplinaria en su contra con fundamento en el
informe elaborado el 26 de septiembre de 2020 por parte del capitán Jhon Sebastián
Alonso Ferreira, quien relató que ese día, sobre las 4:00 horas, lo encontró dormido
en una colchoneta en el CAI Casa Baja, mientras se encontraba de servicio como
cuadrante 2.
6. Que por lo anterior se calificó el comportamiento como constitutivo de una falta
disciplinaria gravísima, consistente en realizar una conducta descrita en la ley como
delito, a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como
consecuente de la función o cargo, en los términos del artículo 34.9 de la Ley 1015
de 2006; lo que, pese a las distintas irregularidades que alegó su defensa durante
la actuación sancionatoria, culminó con la expedición de los actos demandados.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
7. Constitución Política: artículos 2, 6, 13, 25 y 29; Ley 734 de 2002: artículos 128
y 129 y siguientes; Ley 1437 de 2011: artículos 5, 9, 34 y 40 y siguientes; Ley 1564
de 2012: artículos 6, 14, 164 y siguientes.
8. Considera que los actos demandados se expidieron sin tener en cuenta los
errores de hecho y de derecho que oportunamente fueron alegados por su defensa
y se fundaron únicamente en la manifestación del capitán Alonso Ferreira.
9. Que las pruebas se valoraron de forma indebida, porque en el trámite
disciplinario se insistió en la ilegalidad de la actuación del capitán informante, quien
para la fecha de los hechos se encontraba vestido de civil y, junto con un intendente,
se desplazaban en una motocicleta de la seccional de investigación, sin los cascos
reglamentarios; situación respecto de la cual la demandada guardó silencio; a lo
que se suma que, en términos de la defensa de otro de los implicados, el video que
se empleó como prueba para sancionarlos no cumplía con las reglas para ser
admitido como medio de convicción y, en consecuencia, devenía en inexistente en
los términos del artículo 140 de la Ley 734 de 2002.
10. Que en el recurso de apelación insistió en la solicitud de escuchar los
testimonios de los funcionarios que presenciaron los hechos ocurridos, pero esta se
despachó de manera desfavorable, para lo cual se invocó el derecho a no
autoincriminarse, aunque la decisión sancionatoria se fundó en el contenido de las
versiones libres de los inculpados.
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11. Agregó que la segunda instancia disciplinaria no realizó una debida
interpretación de su recurso, pues lo trató como una solicitud de nulidad, que calificó
de extemporánea y dejó de lado la obligación de la autoridad de pronunciarse
inclusive de manera oficiosa sobre las irregularidades de este tipo.
12. Que se desconoció el derecho al debido proceso, porque la decisión
sancionatoria se expidió sin otorgarle ningún mérito a sus alegaciones y actuaciones
y sin que la demandada demostrara con pruebas ciertas y convincentes la
ocurrencia del comportamiento reprochable, de tal manera que se quebrantó la
presunción de inocencia, lo que se concretó al valorar como prueba irrefutable el
dicho del informante.
13. Agregó que de conformidad con el artículo 128 de la Ley 734 de 2002 la
decisión debió fundarse en pruebas legalmente producidas y aportadas al proceso
y que la carga probatoria corresponde al Estado. Además, el artículo 129 del mismo
estatuto exige a la autoridad disciplinaria que sea imparcial y el artículo 142 dice
que debe obrar prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y
de la responsabilidad del investigado; presupuestos que, en suma, no se cumplieron
en el trámite seguido en su contra.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
14. La demanda fue admitida el 2 de febrero de 2023 por el Juzgado Único
Contencioso Administrativo de San Andrés1. La demandada se opuso a las
pretensiones por considerar que los actos cuestionados fueron expedidos con
estricto apego a la Constitución y la ley y que el procedimiento aplicado se sujetó a
lo dispuesto en la Ley 734 de 2002, con la plena garantía de los derechos del
demandante.
15. Que las pruebas se valoraron de manera integral y el investigado estuvo
representado por su apoderado de confianza, de tal manera que pudo ejercer su
derecho de defensa y contradicción; además, las circunstancias fácticas y jurídicas
que llevaron a la expedición de los actos contaron con el respaldo en pruebas
legalmente aportadas a la actuación.
16. Agregó que el demandante pretende plantear un nuevo debate probatorio ante
la jurisdicción de lo contencioso administrativo y que no puede perderse de vista
que al señor Dilicio Tello, como servidor de la Policía Nacional, le era exigible un
comportamiento cuyo desconocimiento implicó la afectación del servicio y la lesión
del deber funcional, pues conductas como la reprochada no pueden tolerarse por
parte de dicha entidad.
17. Que, en suma, el demandante no cumplió con la carga de probar que en la
expedición de las decisiones disciplinarias se hubiese incurrido en alguna causal de
1 Véase archivo «018.AUTO ADMISORIO -NYR- EXP-2022-128» del expediente digital.
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nulidad. Propuso como excepciones la caducidad del medio de control y la
inexistencia de vicios de nulidad2.
18. Por auto del 2 de febrero de 20233 se adecuó el proceso al trámite de la
sentencia anticipada. En consecuencia, se fijó el litigio, se resolvió sobre el decreto
de pruebas y se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al
Ministerio Público para que presentara su concepto.
19. En providencia del 14 de diciembre del mismo año, el Juzgado Único declaró
la falta de competencia y ordenó la remisión del proceso al Tribunal Administrativo
del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 4; Corporación que,
por auto del 28 de febrero de 2024, avocó conocimiento 5, luego de lo cual dictó
sentencia, que fue apelada en el plazo oportuno por el demandante.
SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN
20. El Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, mediante sentencia del dieciséis (16) de julio de dos mil veinticinco
(2025)6, negó las pretensiones, tras concluir que el demandante no logró desvirtuar
la presunción de legalidad de los actos mediante los cuales se impuso el correctivo
disciplinario.
21. De forma preliminar precisó que la Resolución 00551 del 9 de marzo de 2022,
mediante la cual se hizo efectiva la sanción disciplinaria, correspondía a un acto de
ejecución, que no resultaba demandable ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, por lo que no sería objeto de control.
22. En relación con el mérito probatorio del video aportado por el quejoso y que
resultó determinante en la decisión de sancionar al demandante, la sentencia se
refirió a la jurisprudencia en materia de autenticidad de estos medios de prueba y
destacó que se presumen auténticos mientras no sean tachados de falsos o
desconocidos; cosa que no ocurrió en el trámite disciplinario, pues ni el investigado
ni su defensa calificaron como falso el video que se aportó como soporte de la
conducta atribuida.
23. Que, en ese orden, no resultaba de recibo que en sede judicial se pretendiera
desvirtuar tal medio de prueba, pues la competencia para decidir sobre su mérito
demostrativo era de la autoridad disciplinaria. Que el investigado tenía la carga de
controvertirla y en la oportunidad procesal respectiva no lo hizo, inclusive, su
concepto de violación se fundó en argumentos presentados por la defensa de otro
investigado.
24. Agregó que, contrario a lo manifestado en la demanda, lo cierto es que el
2 Véase archivo «021. CONTESTACION 2022-0128-CRISTIAN ALEXANDER DILICIO TELLO» del expediente
digital.
3 Véase archivo «029. AUTO FIJA LITIGIO 2022 - 128NYR CRISTIAN VD POLICIA», del expediente digital.
4 Véase archivo «036.880013333001202200128001AUTOREMITEPORREMITEPOR20231214090539» del
expediente digital.
5 Véase índice 00004 de SAMAI-Tribunales, radicado 88001-23-33-000-2024-00002-00.
6 Véase índice 00010 de SAMAI-Tribunales, radicado 88001-23-33-000-2024-00002-00.
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entonces investigado no presentó descargos y, pese a que en la audiencia de
práctica de pruebas se brindó a los sujetos procesales una nueva oportunidad para
que solicitaran las que consideraran pertinentes, estos no formularon objeciones ni
elevaron solicitudes de este tipo. En ese orden, en la actuación sancionatoria se
contó con pruebas que daban cuenta de la ocurrencia de los hechos, mientras que
los argumentos que el entonces disciplinado expuso en sus alegatos de conclusión
resultaron insuficientes para exonerarlo de responsabilidad.
25. Que, en suma, no se desconoció el debido proceso, pues la valoración de
pruebas documentales y testimoniales se realizó de manera integral, conforme a las
reglas de la sana crítica, sumado a que en ninguna de las etapas del trámite
sancionatorio se desconoció el derecho de defensa ni las garantías procesales del
señor Dilicio Tello.
26. Se abstuvo de condenar en costas.
RECURSO DE APELACIÓN
27. El demandante7 interpuso recurso de apelación, en el cual señaló que el
Tribunal no tuvo en cuenta aspectos relevantes en su análisis. Pues sus reproches
en relación con la valoración del video aportado como prueba se fundaron en la
jurisprudencia relacionada con el control que el juez de lo contencioso administrativo
debe realizar sobre los actos de carácter disciplinario según la tesis vigente,
contenida en la sentencia del 9 de agosto de 2016 y, en ese orden, se acudió a la
jurisdicción para que «se ejerza un control a las extralimitaciones que los
funcionarios cometen en las decisiones que adoptan», pues la legalidad de los actos
o la posibilidad de ejercer la defensa dentro del trámite sancionatorio no garantiza
una actuación «proba» por parte de la demandada.
28. Que en la sentencia se desconocieron los principios que rigen la actuación
disciplinaria, en especial, que la carga probatoria la tenía la autoridad y no el
investigado y que el pluricitado video no se incorporó de manera regular al
procedimiento, pese a lo cual fue utilizado como prueba en contra de todos los
investigados, pese a que en sus intervenciones advirtieron sobre su ilegalidad.
Además, «el hecho que (sic) el demandante o haya presentado versión libre como
lo arguye el Aquo (sic), no desvirtúa los argumentos de la demanda», porque en
materia de pruebas el artículo 128 de la Ley 734 de 2002 es claro.
29. Agregó que el Tribunal no analizó los argumentos relacionados con la
vulneración del derecho a la defensa, pues en los hechos y en el concepto de
violación se dijo que la demandada negó la práctica de pruebas testimoniales
relevantes en ambas instancias, pese a que la jurisprudencia constitucional admite
que un acusado sea testigo en el proceso y que puede renunciar al derecho a
guardar silencio; tampoco contiene un pronunciamiento sobre el tratamiento
indebido que se le dio a su recurso de apelación en sede disciplinaria, pues la
segunda instancia lo trató como una solicitud de nulidad y que, en todo caso, la
7 Véase índice 00014 de SAMAI-Tribunales, radicado 88001-23-33-000-2024-00002-00.
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autoridad no tuvo en cuenta que podía, de forma oficiosa, declarar una nulidad.
30. Concluyó que en la actuación disciplinaria fue solo un asistente, no un actor y,
con ello, se desconoció por completo su derecho a la defensa; no obstante, el
Tribunal no estudió este asunto, porque se limitó a señalar que el investigado contó
con un defensor y participó en las diferentes etapas procesales, lo que no garantiza
en modo alguno la imparcialidad de la autoridad disciplinaria en la apreciación de
las pruebas ni en la adopción de decisiones que afectan el proyecto de vida de un
funcionario y su familia.
TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
31. El 19 de septiembre de 20258 fue admitido el recurso de apelación. En esta
providencia se dispuso que dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de la
decisión el proceso ingresaría a Despacho para sentencia y se indicó que el
Ministerio Público podía emitir su concepto hasta antes de que el proceso ingresara
al Despacho.
32. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.
33. Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
34. Corresponde a la Sala determinar si la sentencia apelada debe revocarse,
porque, en los términos del recurso de apelación, no se ejerció un control integral
sobre la actuación disciplinaria, pues en aquella se desconoció el derecho
fundamental al debido proceso en la valoración de las pruebas que soportaron la
decisión sancionatoria.
35. Con este propósito, la sentencia se referirá al marco jurisprudencial aplicable
al análisis de los actos administrativos que imponen sanciones disciplinarias, a la
estructura de la responsabilidad disciplinaria, a la valoración probatoria en el trámite
sancionatorio y abordará el caso concreto.
Marco jurisprudencial aplicable al análisis de los actos administrativos que
imponen sanciones disciplinarias
36. La actividad administrativa disciplinaria se caracteriza porque comprende una
función especializada, la cual contiene un componente preventivo y correctivo que
busca garantizar, por un lado, la efectividad de los principios de moralidad, eficacia,
economía y celeridad; y, por otro, el buen desempeño y gestión transparente de la
función pública.
37. De ahí que la respectiva actuación esté regida por normas y procedimientos
propios, en la que los principios que informan el derecho al debido proceso y a la
8 Véase índice 00004 de SAMAI.
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defensa cobran significativa importancia. Sin embargo, no ha sido pacífica la
posición de la jurisprudencia respecto al alcance del control jurisdiccional de esta
clase de actos, tal como pasa a exponerse.
38. Una primera posición jurisprudencial se inclinó por sostener que el control del
juez de lo contencioso administrativo estaba limitado a los derechos que invocaba
el demandante, lo que se denominó como «intangibilidad relativa» de los actos
sancionatorios, en la medida que el alcance de dicho control era restrictivo porque
se consideraba que las decisiones tomadas en virtud de la acción disciplinaria
tenían cierto grado de autonomía valorativa de los hechos y de las normas
disciplinarias9.
39. Luego, la jurisprudencia adoptó la posición en la que incluso en los casos en
que la demanda no cumpliera con el requisito de señalar las normas violadas y el
concepto de violación, si el juez advertía la trasgresión de un derecho fundamental
de aplicación inmediata, oficiosamente, debía proveer la tutela judicial efectiva, lo
que se denominó como «intangibilidad relativa explícita y deferencia especial»10.
40. Al existir diversas posturas jurisprudenciales sobre la materia, en el 2016 se
unificó jurisprudencia respecto al control judicial de las decisiones adoptadas por los
titulares de la acción disciplinaria, manifestando que se adoptaría la perspectiva del
«control judicial integral» por cuanto «(…) la actividad del juez de lo contencioso
administrativo supera el denominado control de legalidad, para en su lugar hacer un
juicio sustancial sobre el acto administrativo sancionador, el cual se realiza a la luz
del ordenamiento constitucional y legal, orientado por el prisma de los derechos
fundamentales»11, y se indicó además que:
i) La competencia del juez administrativo es plena, sin «deferencia especial» respecto
de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria.
ii) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a la de
cualquier acto administrativo.
iii) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por la ley,
de ningún modo restringe el control judicial.
iv) La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede disciplinaria,
es controlable judicialmente en el marco que impone la Constitución y la ley.
v) Las irregularidades del trámite procesal serán valoradas por el juez de lo
contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e imparcialidad que
lo caracteriza.
vi) El juez de lo contencioso administrativo no sólo es de control de la legalidad, sino
también garante de los derechos.
vii) El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción
disciplinaria.
viii) El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial efectiva.
9 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 29 de mayo de 1992. Exp. 834. C.P. Diego Younes
Moreno.
10 Véanse: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 30 de marzo de 2011. Exp.
05001-23-31-000-1998-02823-01 (2060-2010). C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; y Consejo de Estado.
Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 09 de febrero de 2012. Exp. 11001-03-25-000-2009-00140-00
(2038-2009). C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez.
11 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 09 de agosto de 2016. Exp.
11001-03-25-000-2011-00316-00 (1210-2011). C.P. William Hernández Gómez (E).
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Estructura de la responsabilidad disciplinaria
41. De conformidad con el artículo 27 de la Ley 734 de 2002, «las faltas
disciplinarias se realizan por acción u omisión en el cumplimiento de los deberes
propios del cargo o función, o con ocasión de ellos, o por extralimitación de sus
funciones». La disposición también prevé que «[c]uando se tiene el deber jurídico
de impedir un resultado, no evitarlo, pudiendo hacerlo, equivale a producirlo». De
esta forma, el alcance disciplinario de un comportamiento puede provenir, en
términos amplios (i) de una conducta positiva, (ii) de una abstención o (iii) de la
extralimitación en el ejercicio de las funciones12.
42. Advertido pues, que, bajo alguna de las formas señaladas –aplicables al
régimen disciplinario de los servidores de la Policía Nacional en virtud de la
integración normativa de que trata el artículo 20 de la Ley 1015 de 2006– se ha
incurrido en un comportamiento con incidencia disciplinaria, a continuación, el
régimen normativo exige el examen de tres elementos: la tipicidad, la antijuridicidad
y la culpabilidad.
43. El primero se refiere a que el comportamiento efectivamente se consagre en
las disposiciones aplicables como una falta disciplinaria; el segundo exige que se
evalúe si la conducta afecta el deber funcional sin justificación alguna, lo que para
el caso bajo estudio corresponde al alcance del artículo 4 de la Ley 1015 de 200613;
el tercero tiene que ver con la proscripción de responsabilidad objetiva en materia
disciplinaria14 y se concreta en la exigencia, para el operador disciplinario, de
analizar si ese comportamiento que la norma aplicable consagra como falta
disciplinaria, con el cual se lesionó un deber funcional sin justificación alguna, se
ejecutó de manera dolosa o culposa.
44. Si bien las disposiciones disciplinarias del régimen aplicable al demandante no
contienen una noción de dolo, en virtud del principio de integración normativa
previamente referenciado, es posible acudir al sentido de dolo consagrado en el
artículo 22 de la Ley 599 de 2000, según el cual «[l]a conducta es dolosa cuando el
agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal [entiéndase
disciplinaria] y quiere su realización. También será dolosa la conducta cuando la
realización de la infracción penal [entiéndase disciplinaria] ha sido prevista como
probable y su no producción se deja librada al azar» (corchetes fuera del texto
original).
45. Por su parte, el artículo 39 de la Ley 1015 de 2006 contiene un sentido para la
culpa en sus formas gravísima y grave. Según esta disposición, la culpa es
gravísima cuando «(…) se incurra en falta disciplinaria por ignorancia supina,
12 Al respecto, cfr. Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Providencia del 28 de septiembre de
2006. Radicado 11001-03-06-000-2006-00105-00 (C). Consejero Ponente: Luis Fernando Álvarez Jaramillo: «El
legislador identificó los tipos de conducta que pueden llevar a un servidor público a incurrir en faltas
disciplinarias, al señalar en el artículo 27 de la Ley 734 de 2002, que éstas se presentan por acción u omisión
en el cumplimiento de los deberes propios del cargo o función, o con ocasión de ellos, o por extralimitación de
sus funciones».
13 Ley 1015 de 2006. «Artículo 4. Ilicitud sustancial. La conducta de la persona destinataria de esta ley será
contraria a derecho cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna».
14 Ley 1015 de 2006. «Artículo 11. Culpabilidad. En materia disciplina queda proscrita toda forma de
responsabilidad objetiva y las faltas son sancionables a título de dolo o culpa».
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Radicado: 88001-23-33-000-2024-00002-01 (2499-2025)
desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento»
y es grave «(…) cuando se incurra en falta disciplinaria por inobservancia del
cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones».
46. En términos generales, ambas formas de culpabilidad requieren, para su
configuración, del conocimiento que el servidor público tiene acerca de cumplir
adecuadamente sus funciones y de aquellas actuaciones que le están proscritas.
Ahora, para concluir que un comportamiento es doloso, hay que sumar a ese
conocimiento un elemento volitivo, que tiene que ver con un direccionamiento
consciente a la obtención de un resultado que contraríe los deberes o configure una
prohibición o, con la decisión de dejar librado al azar la producción de un resultado
contrario a derecho.
47. Por su parte, para concluir que un comportamiento es culposo es necesario
validar que con la actuación se desatendió el deber objetivo de cuidado, esto es,
que, estando un servidor público en posibilidad de conocer los deberes y
prohibiciones propios de su cargo o función, actuó de manera negligente y, en
consecuencia, se configuró la conducta disciplinable15.
Valoración probatoria en la actuación sancionatoria disciplinaria
48. El artículo 29 de la Constitución Política dispone que el debido proceso se
aplica tanto a las actuaciones judiciales como a las de carácter administrativo, e
implica que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto
que se le imputa, ante el juez competente y con observancia de las formas propias
de cada juicio.
49. Bajo la forma de la lesión al debido proceso, esta Corporación se ha referido
a los distintos defectos que, en términos de la Corte Constitucional, pueden
examinarse tanto al referirse a providencias judiciales como a actos administrativos
y que, en definitiva, representan el desconocimiento de las distintas dimensiones de
dicha garantía constitucional (defecto orgánico, defecto procedimental absoluto,
defecto fáctico, defecto material, error inducido, falta de motivación,
desconocimiento del precedente constitucional vinculante).
50. De ellos, bajo el defecto fáctico se han analizado aquellas «(…) fallas
sustanciales en la decisión, que sean atribuibles a deficiencias probatorias del
proceso”16 y que pueden generarse como consecuencia: (i) de una omisión, que
ocurre cuando se niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional o
caprichosa o puede ser por falta de práctica y decreto de pruebas conducentes para
el caso debatido, lo que implica una insuficiencia probatoria; (ii) de una acción
positiva, que tiene lugar cuando se aprecian pruebas esenciales y determinantes de
lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque,
por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas y al hacerlo se desconoce la
15 Sobre el análisis del dolo y la culpa disciplinarias, cfr. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A.
Sentencia del 24 de enero de 2019. Radicado 11001-03-25-000-2012-00340-00 (1338-2012). Consejero
Ponente: William Hernández Gómez.
16 Corte Constitucional. Sentencia T-419 de 2011. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Cfr. también Corte
Constitucional. Sentencia T-190 de 2018. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Constitución, o por la valoración de pruebas que son nulas de pleno derecho o que
son totalmente inconducentes al caso concreto17; o (iii) del desconocimiento de las
reglas de la sana crítica18.
51. En este caso, interesan las subcategorías (ii) y (iii); la primera, porque el
apelante insistió en que hubo un medio de prueba que no debió valorarse por la
autoridad disciplinaria, en la medida en que se incorporó a la actuación de manera
irregular; la segunda, referida al desconocimiento de las reglas de la sana crítica,
porque resulta relevante a la luz del deber de apreciación integral de las pruebas y
de la aplicación del principio in dubio pro disciplinado, como manifestación de la
presunción de inocencia.
52. En la aplicación de las reglas de la sana crítica -que, por demás, corresponde
a un concepto jurídico indeterminado- intervienen aquellos elementos que provienen
de la lógica y de la experiencia del operador administrativo o judicial y que confluyen
para que este analice las pruebas que se le presentan apoyado tanto en la razón
como en el conocimiento experimental de las cosas19. De allí que su uso guarde
estrecha relación con el principio de valoración integral de la prueba, pues solo
cuando los elementos de prueba son analizados en su conjunto es posible
determinar si se satisface el estándar probatorio, esto es, si el operador logra la
convicción más allá de toda duda razonable.
53. De otro modo, lo esperado es que se aplique el principio in dubio pro
disciplinado, que materializa la idea según la cual toda duda que surja en la
actuación disciplinaria debe resolverse en favor del servidor implicado; lo que, a su
vez, es consecuencia de que la carga probatoria en los procedimientos de esta
naturaleza le corresponda al Estado.
54. Lo anterior se encuentra directamente relacionado con la presunción de
inocencia, arista del derecho al debido proceso según la cual «[t]oda persona se
presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable»20 y de
17 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-803 de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
18 Corte Constitucional. Sentencia T-117 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada.
19 En la Sentencia C-202 de 2005 (M.P. Jaime Araujo Rentería), al examinar la constitucionalidad del numeral
2 del artículo 216 del entonces Código de Procedimiento Civil, según el cual resultaban inhábiles para
testimoniar aquellas personas que el juez considerara en un momento determinado, de acuerdo con las reglas
de la sana critica, la Corte Constitucional, destacó que el sistema probatorio basado en la aplicación de las
reglas de la sana crítica constituye un punto intermedio entre aquel basado en la prueba legal y aquel que se
estructura en la libre convicción “(…) sin la excesiva rigidez de la primera y sin la excesiva incertidumbre de la
última, configura una feliz fórmula, elogiada alguna vez por la doctrina, de regular la actividad intelectual del
juez frente a la prueba” y agregó “Las reglas de la sana crítica son, ante todo, las reglas del correcto
entendimiento humano. En ellas interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del juez.
Unas y otras contribuyen de igual manera a que el magistrado pueda analizar la prueba (ya sea de testigos,
peritos, de inspección judicial, de confesión en los casos en que no es lisa y llana) con arreglo a la sana razón
y a un conocimiento experimental de las cosas.
“El juez que debe decidir con arreglo a la sana crítica, no es libre de razonar a voluntad, discrecionalmente,
arbitrariamente. Esta manera de actuar no sería sana crítica, sino libre convicción. La sana crítica es la unión
de la lógica y de la experiencia, sin excesivas abstracciones de orden intelectual, pero también sin olvidar esos
preceptos que los filósofos llaman de higiene mental, tendientes a asegurar el más certero y eficaz
razonamiento” (Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-202 de 2005 M.P. Rodrigo Araujo Rentería; Sentencia C-
622 de 1998, M. P. Fabio Morón Díaz, Salvamento Parcial de Voto de Eduardo Cifuentes Muñoz y Couture,
Eduardo J., Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1962; estos últimos,
citados en la C-202 de 2005).
20 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-289 de 2012. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. En relación con la
presunción de inocencia, señaló: «[s]ignifica que cualquier persona es inicial y esencialmente inocente,
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la que hace eco la normativa disciplinaria aplicable al demandante, pues el artículo
7 de la Ley 1015 de 2006 dispone que «[e]l destinatario de esta ley a quien se le
atribuya una falta disciplinaria se presume inocente mientras no se declare
legalmente su responsabilidad en fallo ejecutoriado», en tanto el artículo 142 de la
Ley 734 de 2002 –norma procedimental aplicable por remisión expresa del artículo
58 de la Ley 1015 de 2006– señala que «[n]o se podrá proferir fallo sancionatorio
sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de
la falta y de la responsabilidad del investigado».
55. En otras palabras: en materia sancionatoria disciplinaria la presunción de
inocencia tiene influencia directa en la carga de la prueba e impacta el principio in
dubio pro disciplinado, pues corresponde a quien ostenta el poder punitivo
encaminar su despliegue probatorio a desvirtuar la presunción y si, examinadas las
pruebas existen dudas sobre la responsabilidad, la decisión solo puede ser
absolutoria21.
Caso concreto
56. Del análisis del expediente de la actuación disciplinaria 22, la Sala destaca que:
• Por auto del 23 de octubre de 2020 se adoptó el procedimiento verbal y se citó
a audiencia a varios uniformados, entre ellos el demandante, tras considerar
satisfecho el presupuesto del artículo 57 de la Ley 1474 de 2011, según el cual,
«[e]n todo caso, y cualquiera que fuere el sujeto disciplinable, si al momento de
valorar sobre la decisión de apertura de investigación estuvieren dados los
requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos se citará a audiencia».
En este acto se formuló al señor Dilicio Tello el siguiente cargo:
«ÚNICO CARGO
Ley: 1015 del 07 de febrero de 2006
Título VI: De las Faltas y de las Sanciones Disciplinarias
Capítulo I: Clasificación y descripción de las faltas
Artículo 34: de las Faltas Gravísimas
Numeral 9: “Realizar una conducta descrita en la ley como delito, a título
de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de
la función o cargo”. (Subrayado y negrilla el Despacho aplicable al caso en
estudio).
Dejando la adecuación típica de la falta de la siguiente manera:
partiendo del supuesto de que sólo se puede declarar responsable al acusado al término de un proceso en el
que deba estar rodeado de las plenas garantías procesales y se le haya demostrado su culpabilidad».
21
Sobre el alcance de la presunción de inocencia, cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-289-2012. M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto: «La presunción de inocencia ‘se constituye en regla básica sobre la carga de la
prueba’ de acuerdo con la cual ‘corresponde siempre a la organización estatal la carga de probar que una
persona es responsable de un delito (…) lo que se conoce como principio onus probandi incumbit actori. La
actividad probatoria que despliegue el organismo investigador debe entonces encaminarse a destruir la
presunción de inocencia de que goza el acusado, a producir una prueba que respete las exigencias legales para
su producción, de manera suficiente y racional, en el sentido de acomodarse a la experiencia y la sana crítica.
Así pues, no le incumbe al acusado desplegar ninguna actividad a fin de demostrar su inocencia, lo que
conduciría a exigirle la demostración de un hecho negativo, pues por el contrario es el acusador el que debe
demostrarle su culpabilidad’».
22 Disponible en el índice 00010 de SAMAI. En adelante, las referencias al expediente disciplinario se realizarán
a partir de considerar que se incluye esta ruta de acceso.
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“Realizar una conducta descrita en la ley como delito, a título de dolo, cuando
se cometa con ocasión a la función”.
(…)
La presente conducta al parecer se ajusta a la falta subrayada por el despacho,
pues una vez otorgado el valor probatorio a los antecedentes obrantes dentro
del expediente, se infiere que al parecer se cumple con los presupuestos
exigidos en el tipo disciplinario, toda vez que se observa que el investigado
señor Patrullero CRISTIAN ALEXANDER DILICIO TELLO para el día 26 de
septiembre de 2020 siendo aproximadamente las 04:00 horas, se encontraba
en las instalaciones del Centro de Atención Inmediata CAI Casa Baja en la isla
de Providencia, donde presuntamente se encontraba dormido en el alojamiento
del CAI casa baja, encontrándose de servicio como integrante de Patrulla del
cuadrante numero (sic) dos (2).
En ese orden de ideas, el despacho encuentra que (…) Aparentemente incurrió
en una conducta que afecta el deber funcional descrita en la Ley 1015 de 2006
en la cual el despacho complementa la misma con la siguiente:
Ley 1407 de 2010: Código Penal Militar Colombia
Título II: Delitos contra el servicio
Capítulo I: Del abandono del comando y del puesto
Artículo 105: Abandono del puesto – el que estando de fracción o de servicio
abandone el puesto por cualquier tiempo, se duerma, se embriague o se ponga
bajo los efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, incurrirá en
prisión de uno (1) a tres (3) años
Adecuación normativa para el presunto delito:
“ARTÍCULO 105. “El que estando de servicio se duerma”, incurrirá en prisión de
uno (1) a tres (3) años”» (negrillas, subrayas y mayúsculas en el texto original).
La conducta se calificó provisionalmente como constitutiva de falta disciplinaria
gravísima, en la modalidad de omisión y a título de dolo23.
• En audiencia del 4 de enero de 2021 se expidió la decisión disciplinaria de
primera instancia. En esta se ratificó el cargo formulado, la calificación de la falta
y el grado de culpabilidad. En consecuencia, se sancionó al disciplinado con
destitución e inhabilidad general por el término de diez (10) años.
Se dijo que, según las pruebas recaudadas, se acreditó que el 26 de septiembre
de 2020, aproximadamente a las 4:00 a.m., el señor Dilicio Tello, quien hacía
parte de la patrulla 2 del CAI Casa Baja de Providencia para el turno
comprendido entre las 22:00 horas del 25 de septiembre de 2020 hasta las 07:00
horas del 26 del mismo mes y año, fue encontrado por los uniformados John
Sebastián Alonso Ferreira y Herman Alonso Grajales Grajales mientras dormía
sobre una colchoneta, sin armamento y mal uniformado. Al ser abordado por
ambos funcionarios, manifestó que le dolía la cabeza, no obstante el capitán
Alonso Ferreira indicó que el patrullero no informó, ni en la formación para salida
del turno, ni durante el transcurso del mismo, que tuviera algún malestar que le
impidiera y/o dificultara el cumplimiento del mismo.
Que la ocurrencia del comportamiento quedó acreditada con el video aportado
por el informante, en el que podía observarse la posición en la que el investigado
23 Véanse páginas 37 a 75 del archivo «20SEAGREGAALEX_DESAP202043PARTE1(.pdf)». La formulación
de cargos al demandante en las páginas 45 a 47; el análisis de las pruebas que fundamentaron el cargo, en las
páginas 55-56; análisis de la ilicitud sustancial en las páginas 60-61; estudio de la culpabilidad en las páginas
69-70.
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fue encontrado; situación que se ratificó con las declaraciones del capitán Alonso
Ferreira y el intendente Grajales Grajales y el contenido del reporte que sobre el
suceso se dejó consignado en la minuta de servicios del CAI.
Que tales medios daban cuenta de la voluntad del uniformado de incurrir en la
referida conducta, pues los argumentos que brindó para justificar su acción no
resultaban valederos, en la medida en que, al encontrarse en servicio, debió
informar a su jefe inmediato si presentaba alguna dolencia.
Se dijo que el comportamiento resultó antijurídico en la medida en que el
patrullero dejó la jurisdicción en la cual debía realizar patrullaje durante su turno
«a merced de los delincuentes», sin que se advirtiera la configuración de alguna
causal de exclusión de la responsabilidad disciplinaria24.
• La anterior decisión se confirmó el 11 de noviembre de 2021. En esta
oportunidad se despacharon de manera desfavorable los argumentos de la
defensa, relacionados con la exclusión de responsabilidad disciplinara por fuerza
mayor, se enfatizó en que ni el investigado ni su defensa intervinieron con la
presentación de descargos o, el primero, con su versión libre y, por tanto, no
existió solicitud probatoria que se debiera analizar por parte de la primera
instancia.
Reiteró, sobre la ingesta de un medicamento como explicación para encontrarse
dormido durante el servicio, que no existía reporte alguno en la central de radio
sobre alguna condición médica, ni lo informó a sus compañeros ni a su jefe
inmediato y que los posibles problemas familiares o personales del uniformado
podían canalizarse a través de las herramientas dispuestas por la entidad.
En relación con el decreto de los testimonios de los demás uniformados que se
encontraban en el CAI, se destacó su condición de sujetos disciplinados, quienes
se encontraban amparados por la garantía del artículo 33 constitucional y, en
esa medida, no resultaba pertinente acceder a la recepción de sus
declaraciones.
Por lo demás, señaló que en el expediente obraban pruebas suficientes sobre la
ocurrencia del comportamiento reprochado, mismas que permitían ratificar que
la conducta se ejecutó de manera dolosa, porque se incurrió en ella pese a tener
conocimiento sobre su ilicitud25.
57. Para el demandante, la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
San Andrés debe revocarse, porque en ella no se realizó un control integral de la
actuación disciplinaria y, en consecuencia, las irregularidades relacionadas con la
indebida valoración probatoria no se analizaron en línea con la tesis jurisprudencial
vigente; además, se dejaron de lado argumentos plasmados en la demanda que
apuntaban al desconocimiento del debido proceso por esta misma cuestión.
58. La Sala encuentra que el análisis que contiene la sentencia apelada incluyó
los elementos propios del control judicial integral de la actuación sancionatoria, de
manera que la decisión de no declarar la nulidad de los actos cuestionados no se
adoptó al margen de la tesis jurisprudencial vigente.
24 Véanse páginas 1 a 45 del archivo «21SEAGREGAALEX_DESAP202043PARTE2(.pdf)».
25 Véanse páginas 93 a 133 del archivo «21SEAGREGAALEX_DESAP202043PARTE2(.pdf)».
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59. No obstante, al aplicar ese mismo control en esta instancia, la conclusión es
distinta: En el trámite que concluyó con la sanción de destitución e inhabilidad
general, impuesta al señor Dilicio Tello, no se satisfizo la exigencia de
antijuridicidad; en otros términos, de la valoración probatoria no se encuentra que,
más allá de toda duda razonable, el entonces patrullero hubiese lesionado de
manera sustancial su deber funcional.
60. Analizado el contenido de la actuación disciplinaria, para la Sala es claro que
a la demandada le fue puesta en conocimiento una situación que podía constituir
falta disciplinaria. En efecto, el informe elaborado por el capitán Jhon Sebastián
Alonso Ferreira dio cuenta de que el 26 de septiembre de 2020, sobre las 4:00 a.m.,
se dirigió al CAI Casa Baja de Providencia y, entre otras presuntas irregularidades,
encontró al patrullero Cristian Alexander Dilicio Tello dormido sobre una colchoneta,
al parecer sin armamento y «mal uniformado», ante lo cual el funcionario informante
procedió a dejar registro del suceso en un video26.
61. Dicho informe se acompañó de (i) una copia del libro de guardia del CAI Casa
Baja27; (ii) una copia del libro de minuta de servicios28; (iii) copia del libro de
población29; (iv) el acta nro. 24, «que trata de la socialización al personal de la
Estación de Policía Providencia del Departamento de Policía San Andrés, sobre
consignas varias en pro del servicio policial y la convivencia»30 y (v) un video,
aportado en un CD31.
62. Respecto del referido video, lo primero que cabe precisar es que, contrario a
lo sostenido por el apelante, fue incorporado a la actuación disciplinaria con estricto
apego a la ritualidad probatoria, de tal manera que hay constancia de la forma de
su conservación, se tiene conocimiento de su autoría y estuvo a disposición de los
sujetos procesales para que se pronunciaran sobre su contenido, en ejercicio del
derecho de defensa y contradicción y, por tanto, no era procedente su exclusión,
máxime que, como bien se advirtió en la sentencia apelada, ni el señor Dilicio Tello
ni los demás investigados tacharon dicho medio de prueba ni realizaron
manifestaciones que llevaran a la autoridad disciplinaria, al Tribunal o a esta Sala a
dudar respecto de lo allí registrado.
63. El video en cuestión da cuenta, en un lapso de 00:01:22, de que en las
instalaciones del CAI había una colchoneta a rayas y, sobre esta, un uniformado al
parecer dormido, quien se cubría un poco con un chaleco reflectivo. Sobre el
segundo 00:00:19 quien graba pregunta «¿qué hacen durmiendo?», ante lo cual el
policía que se encontraba acostado, y quien luego se identificaría como el patrullero
Dilicio Tello, se incorporó, mientras el informante preguntaba «¿no está de servicio,
amigo?», de lo cual obtuvo como respuesta, «tengo dolor de cabeza» (segundo
00:00:24).
26 El informe suscrito por el capitán Alonso Ferreira, visible en las páginas 5-6 del archivo
«20SEAGREGAALEX_DESAP202043PARTE1(.pdf)».
27 Véanse páginas 7 a 9 del archivo «20SEAGREGAALEX_DESAP202043PARTE1(.pdf)».
28 Véanse páginas 10-11 del archivo «20SEAGREGAALEX_DESAP202043PARTE1(.pdf)».
29 Véanse páginas 12-13 del archivo «20SEAGREGAALEX_DESAP202043PARTE1(.pdf)».
30 Véanse páginas 14 a 28 del archivo «20SEAGREGAALEX_DESAP202043PARTE1(.pdf)».
31 Según el testigo documental de la página 29 y el registro de cadena de custodia de la páginas 31-32, del
archivo «20SEAGREGAALEX_DESAP202043PARTE1(.pdf)».
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64. Sobre el minuto 00:01:09 los funcionarios se ubicaron en la parte externa del
CAI y, mientras el capitán Alonso Ferreira comentó que por eso era «bueno pasar
revista acá», el patrullero Dilicio Tello insistía en que tenía jaqueca y se refirió a un
informe relacionado con su familia que le «pasó» a su jefe32.
65. En ese sentido, cuando la demandada optó por adoptar el procedimiento
verbal y citar a audiencia al entonces investigado, contaba con los elementos que
la normativa exigía para la formulación de un pliego de cargos: tenía conocimiento
del posible comportamiento reprochable y los medios de prueba le proporcionaban
la identidad del presunto autor.
66. Por esa vía, el hecho con relevancia disciplinaria podía adecuarse a la falta
gravísima referenciada por la autoridad en el juicio de adecuación típica, pues, en
efecto, en los términos del artículo 34, numeral 9, de la Ley 1015 de 2006, a esta
clase de faltas corresponde aquella consistente en «[r]ealizar una conducta descrita
en la ley como delito, a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o
como consecuencia de la función o cargo»; concretamente, el tipo consagrado en
el Código Penal Militar, artículo 105, referido al abandono del puesto, según el cual
«[e]l que estando de fracción o de servicio abandone el puesto por cualquier tiempo,
se duerma, se embriague o se ponga bajo los efectos de sustancias estupefacientes
o psicotrópicas, incurrirá, en prisión de uno (1) a tres (3) años» (subrayas de la
Sala).
67. Lo anterior significa que el señor Dilicio Tello, el 26 de septiembre de 2020,
habría incurrido en la falta gravísima descrita, pues del contenido del informe, del
video y del relato del capitán Alonso Ferreira se podía concluir de manera razonable
que, mientras se encontraba en servicio, se quedó dormido en las instalaciones del
CAI Casa Baja; comportamiento que, como se vio, la normativa penal militar tipifica
como delito contra el servicio (Título II de la Ley 1407 de 2010).
68. Pero el análisis de la responsabilidad disciplinaria no culmina allí; este es solo
el primer paso, que se centra en la constatación de que, objetivamente, un
comportamiento está previsto en la ley como falta. Lo que a continuación se exige
a la autoridad es el juicio de antijuridicidad, pues una conducta, aun siendo típica,
solo es sancionable cuando con ella se afecta de manera sustancial e injustificada
el deber funcional. Este presupuesto exige, entonces, la concreción de dos
elementos: un deber funcional sustancialmente afectado y la ausencia de una
justificación para ello.
69. Respecto de este elemento de la responsabilidad disciplinaria, la Corte
Constitucional ha precisado:
«14. Como se observa, el concepto de ilicitud sustancial de la falta disciplinaria
concuerda con el criterio de afectación del deber funcional, antes explicado.
Esto quiere decir que, desde la perspectiva constitucional, solamente podrán
ser clasificadas como faltas disciplinarias aquellas conductas u omisiones que
interfieran en el adecuado ejercicio de la función asignada por el ordenamiento
32 Véase archivo «19SEAGREGAALEX_VID20200926WA0018mp4(.mp4)», en el índice 00010 de SAMAI.
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jurídico al servidor público respectivo. En términos de la sentencia en comento
y a partir de la reiteración de decisiones sobre el mismo tópico “‘[l]as conductas
que pertenecen al ámbito del derecho disciplinario, en general, son aquellas que
comportan quebrantamiento del deber funcional por parte del servidor público.
En cuanto al contenido del deber funcional, la jurisprudencia33 ha señalado que
se encuentra integrado por (i) el cumplimiento estricto de las funciones propias
del cargo, (ii) la obligación de actuar acorde a la Constitución y a la ley; (iii)
garantizando una adecuada representación del Estado en el cumplimiento de
los deberes funcionales. Se infringe el deber funcional si se incurre en
comportamiento capaz de afectar la función pública en cualquiera de esas
dimensiones. El incumplimiento al deber funcional, es lo que configura la ilicitud
sustancial que circunscribe la libertad configurativa del legislador, al momento
de definir las faltas disciplinarias.”
Adicionalmente, para la Sala no puede perderse de vista que la existencia de
ilicitud sustancial es adoptada legalmente tanto por el Código Disciplinario
Único, como por la Ley 1015 de 2006, que fija el régimen disciplinario de la
Policía Nacional. En efecto, el artículo 4º de dicha Ley identifica este principio
como la necesidad que “la conducta de la persona destinataria de esta ley será
contraria a derecho cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna.”
Por ende, este concepto opera no solo como una limitación constitucional del
derecho disciplinario, sino también como una exigencia prevista por el legislador
como presupuesto para la justificación de la falta disciplinaria. En ese sentido,
lo que se exige es que la conducta de la cual se predique ese juicio de desvalor
deba estar necesariamente vinculada con la afectación del deber funcional. Así,
en caso que (sic) esa relación no se acredite, se estará ante un exceso en el
ejercicio del poder disciplinario y, por la misma razón, ante la
inconstitucionalidad de la norma legal correspondiente, al mostrarse contraria
con el principio de proporcionalidad aplicable a las diferentes manifestaciones
del ius puniendi del Estado»34.
70. Por su parte, la jurisprudencia de esta Corporación ha destacado que el
principio de ilicitud sustancial es presupuesto de la antijuridicidad disciplinaria y
consiste en la afectación de deberes funcionales –capacidad de afectación de la
función pública35– sin ninguna justificación. También se ha precisado que el
concepto de deber funcional se compone de tres elementos: las funciones propias
del cargo, la obligación de actuar conforme a la Constitución y la ley; y la garantía
de una adecuada representación del Estado, por lo cual la infracción que demanda
la normativa disciplinaria solo tiene lugar cuando se ejecuta un comportamiento
capaz de menoscabar cualquiera de esas dimensiones36.
71. En las decisiones disciplinarias, la autoridad encontró satisfecha la exigencia
de antijuridicidad tras considerar que el señor Dilicio Tello obró de forma contraria a
33 Corte Constitucional. Sentencias C- 712 de 20001 y C- 252 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño; C- 431 de
2004, MP, Marco Gerardo Monroy Cabra.
34
Corte Constitucional. Sentencia C-452 de 2016. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
35 Así se entendió, por ejemplo, en: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 27 de
octubre de 2016. Exp. 11001-03-25-000-2011-00368-00 (1381-2011). C.P. Gabriel Valbuena Hernández: «La
ilicitud sustancial consiste precisamente en la afectación de los deberes funcionales sin ninguna justificación.
En consecuencia, dado que debe ser entendida como la capacidad de afectación de la función pública, para
determinar si se estructuró la falta desde el punto de vista de la ilicitud sustancial, deben analizarse dos
componentes dentro de los deberes funcionales del servidor público, esto es, el conjunto de derechos, deberes
y prohibiciones y, el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses (…)».
36 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 31 de enero de 2018. Exp. 11001-03-25-
000-2012-00679-00 (2360-2012). C.P. Cesar Palomino Cortés. En similar sentido: Consejo de Estado. Sección
Segunda. Subsección A. Sentencia del 12 de mayo de 2014. Exp. 11001-03-25-000-2011-00268-00 (0947-
2011). C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
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sus deberes funcionales, pues tenía la obligación de velar por la seguridad y
convivencia ciudadana de quienes habitan Providencia y Santa Catalina, en la
medida en que la presencia de los uniformados en sus respectivos cuadrantes
buscaba la prevención de conductas punibles y contravencionales que afectaran a
la comunidad. Contrario a ello, se dijo que el uniformado dejó a la deriva la misión
constitucional que como integrante de la Policía Nacional se le había encomendado.
72. Para la Sala, si bien es cierto la incursión en el ya referido comportamiento
típico representó el desconocimiento de un deber funcional, representado en el
servicio de patrullaje que el demandante debía prestar, las pruebas valoradas por
la autoridad disciplinaria no dan cuenta de la sustancialidad que exige un reproche
de esta naturaleza y no brindan el grado de certeza que se exige por la normativa
acerca de la ausencia de una justificación.
73. La ausencia de prueba de lo sustancial de la afectación al deber deviene de
que, en últimas, los medios legalmente incorporados a la actuación llevan a la
certeza de que, para el momento en que el capitán Alonso Ferreira ingresó al CAI,
el patrullero Dilicio Tello dormía. Pero como la normativa disciplinaria no sanciona
el incumplimiento del deber por el deber mismo, la Sala echa de menos la
acreditación de los extremos temporales del turno del servicio y del momento a partir
del cual el funcionario ingresó a las instalaciones del CAI, fundamentalmente porque
si sus funciones el 26 de septiembre de 2020 consistían en la realización de
patrullajes junto con su compañero de cuadrante, lo sustancial de su infracción
tendría que haberse determinado tras considerar el lapso entre su turno en el cual
el comportamiento con incidencia disciplinaria derivó en una puesta en riesgo de la
misión constitucional propia de su cargo.
74. Lo anterior es relevante para el contexto disciplinario porque el tipo penal que
se endilgó como falta gravísima objetivamente castiga el hecho de dormirse
mientras se está en servicio activo; pero el juicio que correspondía realizar a la
demandada no podía agotarse allí, porque en este ámbito lo que se reprocha es el
alcance que ese comportamiento tiene de cara a los deberes funcionales y, por eso,
en este escenario, el descuido de la función encomendada solo tiene alcance
sancionatorio cuando se acredita, más allá de toda duda razonable, que fue de tipo
sustancial.
75. Las pruebas con las que contaba la autoridad disciplinaria resultaban
insuficientes para acreditar esta circunstancia, porque desde la apreciación del
capitán Alonso Ferreira, vertida en su informe y en su declaración, el
comportamiento del patrullero resultaba absolutamente contrario al cumplimiento de
sus deberes y porque el registro fílmico solo daba cuenta del episodio en el cual el
funcionario informante ingresó al CAI y encontró dormido al señor Dilicio Tello.
76. Allí, los dichos de otros testigos o el recaudo de otros medios documentales
habrían contribuido a precisar el contenido sustancial de la afectación del deber
funcional, porque lo cierto es que, más allá de las manifestaciones del señor Alonso
Ferreira, no hay medio de prueba que dé certeza respecto del lapso durante el cual
el entonces investigado se encontraba en servicio. Sumado a ello, ni el citado
declarante ni el intendente Herman Alonso Grajales Grajales (quien acompañaba al
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primero mientras «pasaba revista») estaban en la capacidad de precisar durante
cuánto tiempo permaneció el patrullero dentro de las instalaciones del CAI y, en ese
orden, lo mismo pudo tratarse de los 10 minutos que el capitán indicó que tenían
permitido ingresar37, que de una fracción importante del turno de servicio.
77. De otro lado, los medios valorados tampoco dan cuenta, con el grado de
certeza exigido por la normativa disciplinaria, de la ausencia de una justificación,
parte de que, aun si se aceptara que la lesión del deber funcional fue sustancial, la
demandada contaba con elementos para poner en duda la ausencia de una
situación que explicara el comportamiento del patrullero, pues tenía por lo menos
tres manifestaciones del funcionario sobre esta cuestión: el 26 de septiembre de
2020, mientras el capitán Alonso Ferreira realizaba el registro fílmico, el señor Dilicio
Tello dijo que le dolía la cabeza y, luego, en la parte externa del CAI, le puso de
presente al informante un informe sobre alguna situación familiar (minuto 00:01:09
del video); y, de manera posterior, remitió un escrito a su jefe en el cual presentó
excusas por su comportamiento, en el cual reiteró tener algunos problemas
familiares y haber consumido un medicamento relajante antes de salir al servicio 38.
78. La suficiencia o no de sus explicaciones, a las que se sumaron las
manifestaciones contenidas en los alegatos de conclusión y en el recurso de
apelación, debieron analizarse por parte de la demandada con apego a la sana
crítica y las reglas de la experiencia, de allí habría advertido que resultaba posible
padecer un episodio de cefalea, en el que podían influir múltiples factores y, en ese
caso, la infracción en el sentido en que fue estudiada podría haberse descartado
desde el ámbito de la antijuridicidad y, en su lugar, encauzar el comportamiento en
otra conducta con incidencia disciplinaria.
79. Para la Sala, en suma, los actos demandados no contienen un estudio de la
antijuridicidad que probatoriamente permita concluir, más allá de toda duda
razonable, que el comportamiento desplegado por el señor Dilicio Tello afectó de
manera sustancial e injustificada el deber funcional, lo que significa que no se
satisfizo la exigencia de antijuridicidad de la conducta. En ese escenario, lo
procedente es revocar la sentencia apelada y, en su lugar, declarar la nulidad de las
decisiones disciplinarias cuestionadas y adoptar las medidas de restablecimiento
del derecho que se desarrollan a continuación.
Del restablecimiento del derecho
80. El demandante solicitó, a título de restablecimiento del derecho, el reintegro al
grado que ocupaba al momento de hacerse efectivo el correctivo disciplinario, junto
con el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir.
81. Según lo acreditado en el expediente, el señor Cristian Alexander Dilicio Tello
37 Así se plasmó al registrar la novedad en el libro minuta de información del CAI Casa Baja: «(…) también se
le hace el llamado de atención al Jefe (sic) de información por permitir que el personal entre a dormir sin informar
nada, haciendo caso omiso a la orden impartirá por este comando de no permitir el ingreso al CAI de los
patrulleros en servicio si no tienen algo urgente que (sic) hacer y durar menos de 10 minutos si fuese una
necesidad fisiológica» (véase página 9 del archivo «20SEAGREGAALEX_DESAP202043PARTE1(.pdf)».
Subrayas de la Sala).
38 Véanse páginas 33-34 del archivo «20SEAGREGAALEX_DESAP202043PARTE1(.pdf)».
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ostentaba el grado de patrullero cuando fue retirado del servicio y se encontraba
adscrito al Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 39.
82. En ese sentido, resulta procedente ordenar, como medida de restablecimiento
del derecho, que el demandante sea reintegrado al servicio activo al grado que
ostentaba para el 17 de marzo de 2022, fecha en que fue notificado del contenido
de la Resolución nro. 00551 del 9 del mismo mes y año, mediante la cual se ejecutó
la sanción disciplinaria40.
83. Para el cumplimiento de esta orden, la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-
Policía Nacional deberá verificar que el señor Dilicio Tello no se encuentre incurso
en alguna de las restantes causales de retiro del servicio que consagra el artículo
55 del Decreto 1791 de 2000.
84. También se ordenará a la demandada que reconozca y pague al demandante
los salarios y prestaciones sociales que dejó de percibir desde el momento en que
fue retirado del servicio y hasta el momento en que (i) sea reintegrado al cargo; o
(ii) se consolide una situación que haga imposible su reintegro, incluidas las demás
causales legales de retiro del servicio del artículo 55 del Decreto 1791 de 2000.
85. Sobre este punto, cabe destacar que si bien la Sección Segunda de esta
Corporación en previos pronunciamientos ha acogido la línea jurisprudencial según
la cual de dichos valores se debe descontar lo que el demandante hubiese percibido
por concepto de salarios, honorarios y, en general, lo devengado en el sector público
como dependiente o de manera independiente41, en esta oportunidad la orden de
pagar los emolumentos que se dejaron de percibir no contemplará estas
deducciones, en la medida en que en el expediente no se encuentra acreditado que
el señor Dilicio Tello hubiese recibido alguna asignación de este tipo.
86. Las sumas cuyo reconocimiento se ordena serán ajustadas de conformidad
con la fórmula que se transcribe a continuación:
R= Rh x índice final
Índice inicial
87. En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico
(Rh), por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor
39 Véase página 282 del archivo «022. HISTORIA LABORAL- DILICIO TELLO CRISTIAN ALEXANDER» del
expediente digital.
40 Según consta en la página 2 del archivo «007. RESOLUCION DE RETIRO» del expediente digital.
41 Al respecto ver sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”. Sentencia del 2 de
febrero de 2023. Exp. 08001 23 31 000 2004 01443 01 (2138-16). C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
Sentencia del 17 de noviembre de 2022. Exp. 13001-23-33-000-2014-00217-01 (4175-2017). C.P. William
Hernández Gómez; y de la Subsección “B”, sentencia del 23 de junio de 2022. Exp. 25000-23-42-000-2016-
03086-01 (2771-2020). C.P. Carmelo Perdomo Cuéter. En estas providencias se ha autorizado a la demandada
para que efectúe los descuentos sobre el monto de la condena, de las sumas de dinero que el demandante
hubiese recibido a título de haberes laborales derivados de un vínculo con el sector público, motivado en la
expresa prohibición del artículo 128 superior. En este punto, se ha aplicado por extensión la regla de unificación
fijada en la sentencia del 9 de agosto de 2022, en el radicado 11001-03-25-000-2017-00151-00 (0892-2017)
C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, al tiempo que ha representado un apartamiento de lo dispuesto en la sentencia
SU-354 de 2017 (M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo), que se advierte con mayor claridad en: Consejo de
Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 17 de noviembre de 2022. Exp. 13001-23-33-000-2014-
00217-01 (4175-2017). C.P. William Hernández Gómez.
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certificado por el DANE, vigente en la fecha de ejecutoria de esta providencia, por
el índice vigente en la fecha en que debió realizarse el pago correspondiente. Por
tratarse de pagos de tracto sucesivo la fórmula se aplicará separadamente, mes por
mes, respecto de cada obligación teniendo en cuenta que el índice inicial es el
vigente al momento en que se causó cada uno de ellos.
88. Ahora bien, en relación con el pago de aportes al sistema general de seguridad
social, cabe destacar que en la sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-025-
CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 202142, proferida a propósito de los eventos de
reconocimiento de una relación laboral encubierta, esta Corporación precisó que
por su naturaleza parafiscal no constituyen ingresos ni beneficios económicos para
el demandante.
89. En lo que corresponde a los aportes en salud, se advirtió que estos tienen
destinación específica para cubrir los servicios para los dos regímenes que integran
el subsistema y aseguran un riesgo que, para el caso concreto, ya se superó, por lo
que no hay lugar a reconocer este concepto.
90. En lo relacionado con el sistema de pensiones, se ordenará a la demandada
que, sobre las sumas a pagar, realice los descuentos correspondientes a lo que al
señor Dilicio Tello le hubiese correspondido aportar a la Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional; valores que deberán consignarse en dicho fondo.
91. Finalmente, como medida de restablecimiento automática, se ordenará que se
oficie a la Procuraduría General de la Nación, con la finalidad de retirar del registro
de antecedentes la anotación realizada en cumplimiento de la decisión disciplinaria,
al quedar desvirtuada su presunción de legalidad y que se retire de la hoja de vida
del demandante y de las bases de datos de la entidad los registros que de la misma
se hubiesen efectuado.
De la condena en costas en ambas instancias
92. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
93. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
42 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 9 de septiembre de 2021. Exp. 05001-23-33-000-2013-
01143-01 (1317-2016). C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.
94. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
95. En consecuencia, se impondrán costas, en ambas instancias, a la parte
demandada, por cuanto se revoca la sentencia apelada y, en su lugar, se declara la
nulidad de los actos demandados. Para el efecto, de conformidad con el artículo
366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de
la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,
FALLA
Primero. REVOCAR la sentencia proferida el dieciséis (16) de julio de dos mil
veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, por medio de la cual se negaron las pretensiones. En
su lugar:
Segundo. DECLARAR la nulidad de las decisiones disciplinarias expedidas el 4 de
enero y el 11 de noviembre de 2021 por la Oficina de Control Interno Disciplinario
de la Policía Metropolitana de San Andrés y Providencia y por la Inspección
Delegada Regional nro. 1, respectivamente, mediante las cuales el señor Cristian
Alexander Dilicio Tello fue sancionado con destitución e inhabilidad general por el
término de diez (10) años.
Tercero. A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la Nación-Ministerio
de Defensa Nacional-Policía Nacional que reintegre al señor Cristian Alexander
Dilicio Tello al grado que ostentaba para el 17 de marzo de 2022, fecha en que fue
notificado del acto que ejecutó el correctivo disciplinario.
Para el cumplimiento de esta orden, la demandada deberá verificar que el señor
Dilicio Tello no se encuentre incurso en alguna de las restantes causales de retiro
del servicio que consagra el artículo 55 del Decreto 1791 de 2000.
Cuarto. A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la Nación-Ministerio
de Defensa Nacional-Policía Nacional que pague al demandante los salarios y
prestaciones sociales que dejó de percibir desde el momento de retiro y hasta tanto
(i) sea reintegrado al servicio activo o (ii) se consolide una situación que haga
imposible su reintegro, incluidas las demás causales de retiro consagradas en el
artículo 55 del Decreto 1791 de 2000.
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Quinto. A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la Nación-Ministerio
de Defensa Nacional-Policía Nacional que, sobre las sumas a pagar, realice los
descuentos correspondientes a lo que al señor Dilicio Tello le hubiese correspondido
aportar a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional; valores que deberán
consignarse en dicho fondo.
Sexto. Como medida de restablecimiento del derecho automática, ORDENAR a la
demandada que oficie a la Procuraduría General de la Nación, con la finalidad de
retirar del registro de antecedentes del demandante la anotación realizada en
cumplimiento de la decisión disciplinaria, al quedar desvirtuada su presunción de
legalidad. Además, deberá retirar de la hoja de vida del demandante y de las bases
de datos de la entidad los registros que de la misma se hubiesen efectuado.
Séptimo. CONDENAR en costas, en ambas instancias, a la parte demandada. Para
el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Octavo. RECONCER personería al abogado David Nicolás Achicanoy Caicedo,
identificado con cédula de ciudadanía nro. 1.085.305.872 y portador de la tarjeta
profesional nro. 283.255 del C.S. de la J., para representar los intereses de La
Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional, conforme al poder que
obra en el índice 00009 de SAMAI.
Noveno. Devolver el expediente al Tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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