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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 88001-23-33-000-2024-00039-01

Fecha
11 de octubre de 2024
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 88001-23-33-000-2024-00039-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE MODIFICAR la sentencia de 10 de septiembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la cual quedará así: PRIMERO: NEGAR el amparo del derecho fundamental de petición solicitado por el señor Richard Nicolas Martínez Olivera, conforme las razones expuestas en esta sentencia. 6 Artículo 238. Registro de sanciones. Las sanciones penales y disciplinarias, las inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el Estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía con fines de repetición y de las provenientes del ejercicio de profesiones liberales, deberán ser registradas en la División de Registro y Control y Correspondencia de la Procuraduría General de la Nación, para efectos de la expedición del certificado de antecedentes. (…) 7 Artículo 109. Sujetos procesales en la actuación disciplinaria. Podrán intervenir en la actuación disciplinaria, como sujetos procesales, el investigado y su defensor, el Ministerio Público, cuando la actuación se adelante en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, o quienes hagan sus veces, o en el Congreso de la República contra los funcionarios a que se refiere el artículo 174 de la Constitución Política. Esta misma condición la ostentarán las víctimas de conductas violatorias de derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, así como de acoso laboral. || En ejercicio del poder de supervigilancia administrativa y cuando no se ejerza el poder preferente por la Procuraduría General de la Nación, esta podrá intervenir en calidad de sujeto procesal. || Artículo 110. Facultades de los sujetos procesales. Los sujetos procesales podrán: || 1. Solicitar, aportar y controvertir pruebas e intervenir en la práctica de las mismas. || 2. Interponer los recursos de ley. || 3. Presentar las solicitudes que consideren necesarias para garantizar la legalidad de la actuación disciplinaria y el cumplimiento de los […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 88001-23-33-000-2024-00039-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

11 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., once (11) de octubre de dos mil veinticuatro (2024).

Radicado: 88001-23-33-000-2024-00039-01

Accionante: RICHARD NICOLÁS MARTÍNEZ OLIVERA

Accionado: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN – garantías que comprende.
LEGITIMIDAD EN LA ACCIÓN DE TUTELA. Se declara improcedente la acción formulada
por el actor, en tanto no le asiste un interés jurídico subjetivo en la protección del derecho
fundamental al debido proceso en un juicio disciplinario en el que no figura como quejoso o
como sujeto procesal.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Corresponde a la Sala resolver la impugnación interpuesta por la parte accionante
contra la sentencia del 10 de septiembre de 2024, mediante la cual el Tribunal
Contencioso Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina negó las
pretensiones de la acción de tutela de la referencia1.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda2

1. El 29 de agosto de 2024 el señor Richard Nicolás Martínez Olivera, actuando en
su condición de representante legal de MISIÓN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRES,
entidad sin ánimo de lucro, presentó acción de tutela en contra de la Procuraduría
General de la Nación con el fin de obtener la protección de los derechos
fundamentales de petición y al debido proceso con ocasión de la falta de ejecución
y publicación de la sanción disciplinaria impuesta al exgobernador del departamento
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Everth Julio Hawkins Sjogreen, pese
a pedir su cumplimiento en varias oportunidades con peticiones directas dirigidas a
la accionada.

1 Que ingresó para fallo el 24 de septiembre de 2024.
2 Índice electrónico No. 02 de SAMAI.

1

Radicación número: 88001-23-33-000-2024-00039-01
Accionante: Richard Martínez Olivera
Accionado: Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

Hechos relevantes

2. La Misión Archipiélago de San Andrés presentó varias denuncias en contra del
entonces gobernador Everth Julio Hawkins Sjogreen ante la Procuraduría y la
Fiscalía General de la Nación, por los presuntos hechos de corrupción en los que
incurrió en la época de la pandemia del COVID-19.

3. También advirtió el accionante que el proceso penal se estaba tramitando en la
Corte Suprema de Justicia y se esperaban las sanciones correspondientes.

4. Indicó que la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, “no
ha querido sancionar al exgobernador de San Andrés” y se limitó a responder que
hay varias indagaciones abiertas en contra del mencionado señor.

5. Señaló que en la página Web de la Procuraduría se anunció la sanción impuesta
a exgobernador de San Andrés, Providencia y santa Catalina, pero que esta
información resulta engañosa a la sociedad, como quiera que al descargarse el
certificado de antecedentes disciplinarios que expide el ente de control no aparece
ese registro.

6. Manifestó que el señor Everth Julio Hawkins Sjogreen pretendió cuestionar la
sanción disciplinaria impuesta en su contra con una demanda de tutela, la cual le
fue resuelta de manera desfavorable.

Pretensiones

7. El señor Richard Nicolás Martínez Olivera solicita lo siguiente:

“Se pretende que en el fallo de esta acción de tutela, se dé cumplimiento a las
sanciones impuestas por la PROCURADURÍA al ex el Señor Ex gobernador del
Departamento de San Andres, Providencia y Santa Catalina, Everth Julio
Hawkins Sjoegreen, por conductas relacionadas con hechos de corrupción en
especial a la que se le impuso de TRECE AÑOS por unos hechos de corrupción
cometidos en pandemia.

Se pretende igualmente y en este orden de ideas, que se cumplimiento a unas
noticias publicadas en medios Nacionales y Locales, acá accionados, donde se
nos manifiesta a los lectores, que el Señor Ex gobernador del Departamento de
San Andres, Providencia y Santa Catalina, Everth Julio Hawkins Sjoegreen, fue
sancionado por TRECE AÑOS POR HECHOS DE CORRUPCIÓN.

Con base en la sanción recibida por parte de la Accionada, Procuraduría, contra
el señor EVERTH JULIO HAWKINS SJOGREEN y que esta misma entidad
anuncia y otros medios de comunicación también lo anuncian, se pide actualizar
la información sobre la sanción que recibió este ciudadano, en la base de datos
de la PROCURADURIA a fin de que se haga justicia y en este orden de ideas
se haga efectiva la inhabilidad contra EVERTH JULIO HAWKINS SJOEGREEN
por TRECE AÑOS, Y ESTA SE REFLEJE en la página de la Procuraduría y no
se engañe al público por parte de la Accionada, al publicar y dar a conocer a los
medios de comunicación y a través de su propia página, una información que
se niega a que en la práctica sea una realidad y no un engaño”.

2

Radicación número: 88001-23-33-000-2024-00039-01
Accionante: Richard Martínez Olivera
Accionado: Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

Fundamentos de la demanda de tutela

8. El demandante expone que no tiene otra vía judicial o administrativa para exigir
a la accionada el cumplimiento de las normas y en este sentido, la solicitud de que
se actualice la base de datos de la Procuraduría frente a la sanción impuesta al
señor Everth Julio Hawkins Sjogreen se realiza dado que existe un riesgo inminente
de que se violen otros derechos fundamentales, en tanto que hasta que no se
publique esa sanción el exgobernador puede seguir ocupando cargos públicos y
esa situación contraviene el Estado de Derecho y atenta contra los derechos de la
sociedad.

9. Al negar la petición de ejecución de la sanción disciplinaria impuesta al señor
Everth Julio Hawkins Sjogreen, la entidad accionada violó lo previsto en los artículos
29 y 277 de la Constitución.

Trámite de primera instancia

10. Mediante auto del 2 de septiembre de 2024, el Tribunal Administrativo de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina advirtió que, si bien por las reglas de reparto
no le correspondería conocer del asunto, como juez constitucional, tenía la
competencia para resolver la demanda de tutela, por lo que la admitió y ordenó
notificar a la Procuraduría General de la Nación y al Procurador No. 54 Judicial II
delegado ante ese Tribunal.

Intervenciones

11. La Procuraduría General de la Nación solicitó que se declarara improcedente el
amparo solicitado, debido a que existía una falta de legitimación en la causa por
activa, dado que el demandante no hizo parte del proceso disciplinario en contra del
señor Everth Julio Hawkins Sjogreen, ni como quejoso ni como tercero interviniente.

12. Indicó que no existía una vulneración del derecho al debido proceso, dado que
esa entidad profirió fallo disciplinario de primera instancia el 31 de enero de 2024,
mediante el cual se declaró la responsabilidad de los procesados, entre ellos el
exgobernador, al cual le impuso una sanción consistente en destitución e inhabilidad
general por el término de 13 años. Esta decisión fue apelada por los sancionados y
el recurso se concedió el 12 de marzo de 2024, por lo que la impugnación se
encontraba en trámite para ser resuelta en la Sala disciplinaria, por consiguiente, no
era posible incorporar esa actualización en el certificado de antecedentes
disciplinarios hasta que no se resolviera la segunda instancia.

13.También advirtió que la solicitud elevada por el accionante, el 8 de agosto de
2024, en ejercicio del derecho de petición, con el fin de que se hiciera efectiva la
sanción impuesta, se respondió el 26 de agosto de la misma anualidad, en el sentido
de informar que se encontraba en trámite la impugnación del fallo disciplinario de
primera instancia y que la decisión final se le daría a conocer a los sujetos
procesales oportunamente, de conformidad con el turno asignado para resolver ese
3

Radicación número: 88001-23-33-000-2024-00039-01
Accionante: Richard Martínez Olivera
Accionado: Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

recurso, por lo que, a su juicio, tampoco existía una vulneración del derecho de
petición.

14.Finalmente, expuso que la acción de tutela era improcedente para controvertir
actuaciones proferidas o por proferir en el marco de un proceso en curso, dado que
con ello se desconocería el principio de subsidiariedad.

La sentencia de primera instancia

15. El Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina negó el
amparo solicitado. Indicó que la acción de tutela fue interpuesta por el señor Richard
Nicolás Martínez Olivera, quien manifestó actuar en representación de Misión
Archipiélago San Andrés y que se le han vulnerado los derechos fundamentales por
la Procuraduría General de la Nación, sin que en el proceso repose el certificado de
existencia y representación legal donde se puede constatar como representante
legal de la organización. De otra parte, advirtió que la Procuraduría General de la
Nación en la contestación de la tutela, alegó la falta de legitimación por activa del
accionante, por cuanto este no es sujeto procesal ni quejoso de conformidad con
los artículos 89 y 90 de la Ley 734 de 2002, para debatir las actuaciones y decisiones
sancionatorias disciplinarias.

16. Con todo, el Tribunal indicó que en aras de garantizar el derecho al acceso a la
justicia, se tomará la interposición de tutela en su propio nombre y que la pretensión
del accionante con la tutela, es que se informe la razón por la cual no se ha publicado
la sanción disciplinaria proferida en contra exgobernador Everth Hawkins Sjogreen
en el certificado de antecedentes disciplinarios del portal de la Procuraduría General
de la Nación y no atacar las actuaciones realizadas dentro del proceso disciplinario
en su contra, en razón de lo cual, para es claro que el accionante sí ostenta
legitimación por activa, dado que afirma no se le dio respuesta a la petición que fue
elevada.

17. En cuanto al fondo del asunto, el a quo indicó que la entidad accionada
respondió de forma íntegra, coherente y oportuna la petición invocada por el señor
Richard Nicolás Martínez Olivera y, de otra parte, porque consideró que la acción
de tutela no era el recurso procesal adecuado para pretender el cumplimiento de un
fallo disciplinario de primera instancia frente al que se encontraba en trámite la
apelación interpuesta por los sujetos disciplinables, lo que la hacía improcedente.

La impugnación

18. La parte actora indicó que “por ser un fallo de primera instancia y estando en el
término legal se presenta RECURSO DE ALZADA por no estar de acuerdo con el
fallo proferido, por lo que se pide enviar el expediente al H. CONSEJO DE ESTADO,
para trámite de la SEGUNDA INSTANCIA”.

4

Radicación número: 88001-23-33-000-2024-00039-01
Accionante: Richard Martínez Olivera
Accionado: Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

II. C O N S I D E R A C I O N E S

19. La Sala evidencia que en la impugnación, la parte actora manifiesta su
desacuerdo con el fallo de primera instancia proferido por el a quo, pero no
establece cuáles son los reparos específicos en contra de los argumentos que
sustentaron esa decisión; no obstante, en virtud del principio de informalidad que
rige la acción de tutela3, se le dará trámite a la impugnación, dado que se presentó
oportunamente.

20. Las pretensiones de la acción de tutela de la referencia están encaminadas a
que se inscriban las sanciones impuestas por la Procuraduría al exgobernador de
San Andrés, Everth Julio Hawkins Sjoegreen quien, según el actor, recibió una
sanción de trece años por presuntos hechos de corrupción durante la pandemia.
Además, solicita la actualización de esta información en la base de datos de la
Procuraduría para garantizar que la inhabilidad del Gobernador sea reconocida
públicamente y se evite cualquier confusión o engaño sobre la situación legal del
encartado en los medios de comunicación.

21. El accionante aduce, en primer término, que se le vulneró el derecho
fundamental de petición por cuanto formuló una solicitud a la autoridad accionada
el 8 de agosto de 2024, con el fin de que se incorporara la sanción impuesta al ex
gobernador del departamento de San Andrés Providencia y Santa Catalina en el
certificado de antecedentes disciplinarios, sin obtener una respuesta adecuada a lo
pedido. No obstante, la Sala advierte que la Procuraduría General de la Nación le
dio trámite a ese requerimiento y mediante oficio SDJ-SEP-780 del 26 de agosto de
la misma anualidad le informó al peticionario lo siguiente:

“Bogotá, D.C., 26 de agosto de 2024
Oficio SDJ-SEP- 780

SEÑORES
MISIÓN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS
RICHARD MARTÍNEZ OLIVERA
rimaro1964@gmail.com
Asunto: Respuesta a su petición
Radicado SIGDEA E-2024-515196
IUS E-2020-198778 IUC D-2020-1494773

Me refiero a su petición del asunto, que fue trasladada el pasado 23 de agosto
a esta Sala Disciplinaria de Juzgamiento, en la que pide hacer efectiva la

3 En sentencia T 538 de 2017 la Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Luis Guillermo
Guerrero Pérez, precisó lo siguiente: “En aplicación del principio de informalidad que rige a la acción
de tutela y con fundamento en la normatividad antes señalada, esta Corporación ha sostenido que
el aludido término de tres días es, en realidad, el único requisito que debe observarse para su
presentación, sin que sea exigible ningún otro tipo de formalidad, como por ejemplo la sustentación
del recurso. En este sentido, el juez de tutela debe verificar si la impugnación fue presentada en el
término de rigor y, de ser así, deberá darle el trámite que corresponde”. Criterio establecido entre
otros, en los autos No. 045 de 1998 y 114 de 2008.
5

Radicación número: 88001-23-33-000-2024-00039-01
Accionante: Richard Martínez Olivera
Accionado: Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

sanción impuesta al señor Everth Julio Hawkins Sjogreen en su calidad de
Gobernador del Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
para la época de los hechos, por conductas ocurridas con ocasión de la
Pandemia y que suscitaron destitución; lo anterior con el fin de que se vea
reflejada la sanción en el certificado de antecedentes disciplinarios del
disciplinable.

Al respecto, entendemos que la decisión a que alude en su escrito fue la
proferida por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2, el 31 de
enero de 2024, que impuso sanción de destitución de trece (13) años al
exgobernador de la época antes citado y al Secretario de salud del mismo
Departamento.

El expediente fue remitido a esta Sala Disciplinaria de Juzgamiento el 15 de
marzo de 2024, con el fin de resolver el recurso de apelación, comoquiera que
los procesados ejercieron el derecho de impugnar la decisión de primera
instancia, como lo establecen las Leyes 1952 de 2019 y 2094 de 2021. En ese
sentido, la decisión que en derecho se profiera será puesta en conocimiento de
los sujetos procesales, una vez valorado el expediente disciplinario, conforme
con los argumentos de la apelación y atendiendo, entre otros aspectos, el orden
en que fue allegado el expediente a esta Sala”4.

22. En ese orden de ideas, resulta evidente que la solicitud presentada en ejercicio
del derecho de petición por parte del demandante fue abordada de forma íntegra
por la Procuraduría General de la Nación, al informar el estado del proceso
disciplinario y al indicar que solo hasta que se resolviera la impugnación de la
decisión sería posible poner en conocimiento, en principio de las partes, si la
sanción se mantenía o no. En otras palabras, la Sala no evidencia una vulneración
del derecho invocado, por cuanto la Procuraduría dio una respuesta de fondo a la
solicitud presentada por el directamente interesado, incluso antes de que éste
presentara la demanda de tutela.

23. Es preciso recordar que, al tenor de lo previsto en el artículo 23 Superior, toda
persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por
motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. De acuerdo
con la jurisprudencia constitucional5, este derecho fundamental tiene cuatro
elementos esenciales (i) la formulación de la petición, (ii) la pronta resolución, (iii) la
respuesta de fondo y (iv) la notificación de la decisión. De conformidad con la prueba
documental, ninguno de esos elementos del núcleo esencial del derecho fue
vulnerado por el ente demandado, pues más allá de que la respuesta no accediera
a lo pedido por el actor, lo cierto es que abordó las cuestiones medulares que
impedían acceder a la inscripción de la sanción disciplinaria impuesta en primera
instancia, por no encontrarse aún en firme.

4 Índice electrónico No. 2 de SAMAI. Se precisa que la respuesta a la petición fue allegada por el
accionante, como anexo de la demanda, y por la accionada, en el informe que presentó a solicitud
del juez de primera instancia.
5 Ver, entre otras, la sentencia T-272 de 2023. MP. Juan Carlos Cortés González.

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Radicación número: 88001-23-33-000-2024-00039-01
Accionante: Richard Martínez Olivera
Accionado: Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

24. Ahora bien, en cuanto a la protección del derecho fundamental al debido proceso
que, según el interesado, se garantiza con la inscripción de la sanción disciplinaria
en contra del ex Gobernador en las bases de datos que lleva Procuraduría General
de la Nación, la Sala estima que el accionante carece de legitimación en la causa
por activa para pedir la protección del derecho en cuestión.

25. Recordemos que el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, referido a la
legitimidad o interés en el ejercicio de la acción de tutela, establece lo siguiente:

“ARTÍCULO 10. LEGITIMIDAD E INTERÉS. La acción de tutela podrá ser
ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o
amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí
misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.

También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos
no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.

También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros
municipales”.

26. De acuerdo con la anterior previsión normativa, la acción de tutela puede ser
ejercida (i) bien sea en forma directa por el directo afectado; (ii) por intermedio de
un representante legal (caso de los menores de edad, incapaces absolutos,
interdictos y personas jurídicas), (iii) mediante apoderado judicial (abogado titulado
con poder judicial o mandato expreso), (iv) así como a través de agente oficioso
(cuando el titular del derecho no esté en condiciones de promover su propia
defensa). De igual manera, según se dispone en la ley, se encuentran legitimados
para ejercer esta acción, (v) tanto el Defensor del Pueblo como (vi) los personeros
municipales (facultados para intervenir en representación de terceras personas,
siempre que el titular de los derechos haya autorizado).

27. De las anteriores normas se desprende que uno de los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela es que quien la instaure se encuentre legitimado
en la causa por activa para buscar la protección de sus derechos fundamentales.
Es decir, este presupuesto exige que los derechos objeto de protección estén en
cabeza del accionante y no, en principio, de otra persona.

28. De acuerdo con lo anterior y contrario a la conclusión a la que arribó el Tribunal,
la Sala considera que el demandante no se encuentra legitimado para solicitar,
puntualmente, la protección del derecho fundamental al debido proceso.

29. Al respecto, esta Corporación constata que la Procuraduría General de la Nación
fue contundente en señalar que el señor Richard Nicolás Martínez Olivera no
intervino como quejoso en el proceso disciplinario radicado No. IUS-E-2020-
198778/ IUC D-2020- 1494773 seguido en contra de Everth Julio Hawkins Sjogreen
y Julián Roberto Davis Robinson (Exgobernador de San Andrés Providencia y Santa
Catalina y Secretario de Salud, respectivamente), de suerte que mal podría
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Accionante: Richard Martínez Olivera
Accionado: Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

considerarse la presunta violación al derecho fundamental del artículo 29
Constitucional respecto de una persona que no tiene una relación jurídica subjetiva
con el juicio disciplinario que se le sigue al ex Gobernador del archipiélago, inclusive
para solicitar el registro de la sanción de que trata el artículo 238 de la Ley 1952 de
20196, pues esa y otras prerrogativas solo le asisten a los sujetos señalados en los
artículos 109 y 110 ibidem7.

30. Por consiguiente, la Sala modificará el fallo de primera instancia por cuanto se
concluye que la decisión de primera instancia según la cual se negó la protección
del derecho fundamental de petición resulta acertada. Se declarará improcedente la
solicitud de protección del derecho fundamental al debido proceso ante la falta de
legitimación en la causa por activa del demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

MODIFICAR la sentencia de 10 de septiembre de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la cual quedará así:

PRIMERO: NEGAR el amparo del derecho fundamental de petición solicitado por
el señor Richard Nicolas Martínez Olivera, conforme las razones expuestas en esta
sentencia.

6 Artículo 238. Registro de sanciones. Las sanciones penales y disciplinarias, las inhabilidades que
se deriven de las relaciones contractuales con el Estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de
las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas en ejercicio de la acción de
repetición o llamamiento en garantía con fines de repetición y de las provenientes del ejercicio de
profesiones liberales, deberán ser registradas en la División de Registro y Control y Correspondencia
de la Procuraduría General de la Nación, para efectos de la expedición del certificado de
antecedentes. (…)
7 Artículo 109. Sujetos procesales en la actuación disciplinaria. Podrán intervenir en la actuación
disciplinaria, como sujetos procesales, el investigado y su defensor, el Ministerio Público, cuando la
actuación se adelante en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales
de Disciplina Judicial, o quienes hagan sus veces, o en el Congreso de la República contra los
funcionarios a que se refiere el artículo 174 de la Constitución Política. Esta misma condición la
ostentarán las víctimas de conductas violatorias de derechos humanos y el Derecho Internacional
Humanitario, así como de acoso laboral. || En ejercicio del poder de supervigilancia administrativa y
cuando no se ejerza el poder preferente por la Procuraduría General de la Nación, esta podrá
intervenir en calidad de sujeto procesal. || Artículo 110. Facultades de los sujetos procesales. Los
sujetos procesales podrán: || 1. Solicitar, aportar y controvertir pruebas e intervenir en la práctica de
las mismas. || 2. Interponer los recursos de ley. || 3. Presentar las solicitudes que consideren
necesarias para garantizar la legalidad de la actuación disciplinaria y el cumplimiento de los
fines de la misma, y || 4. Obtener copias de la actuación, salvo que por mandato constitucional o
legal esta tenga carácter reservado. || Parágrafo 1°. La intervención del quejoso, que no es sujeto
procesal, a excepción de lo establecido en el artículo anterior, se limita únicamente a presentar y
ampliar la queja bajo la gravedad del juramento, a aportar las pruebas que tenga en su poder y a
recurrir la decisión de archivo y el fallo absolutorio. Para estos precisos efectos podrá conocer el
expediente en la Secretaría del Despacho que profirió la decisión. || Parágrafo 2°. Las víctimas o
perjudicados, cuando se trate de investigaciones por violaciones a los derechos humanos,
infracciones al Derecho Internacional Humanitario o actos constitutivos de acoso laboral, tienen la
facultad de designar apoderado.”
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Radicación número: 88001-23-33-000-2024-00039-01
Accionante: Richard Martínez Olivera
Accionado: Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo del derecho fundamental al
debido proceso reclamado por el actor, de acuerdo con lo expresado en esta
decisión.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

CUARTO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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