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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 88001-23-33-000-2024-00051-01

Fecha
23 de octubre de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 88001-23-33-000-2024-00051-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 16 de octubre de 2024 proferida por la Sala Unitaria del Tribunal Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de Hábeas Corpus presentada por Glenn Ross, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: ORDENAR a la Secretaría General de esta Corporación NOTIFICAR Id Documento: 88001233300020240005101270111200025 esta providencia por el medio más expedito. CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REMITIR el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 88001-23-33-000-2024-00051-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

23 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de hábeas corpus
Número único de radicación: 880012333000202400051-01
Actor: Glenn Ross
Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad – EPMSC San Andrés

Tema: Impugnación contra la sentencia que negó la acción de Hábeas Corpus para
la concesión de la libertad

Id Documento: 88001233300020240005101270111200025
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Unitaria resuelve la impugnación interpuesta contra la sentencia de 16 de
octubre de 2024 proferida por la Sala Unitaria del Tribunal Administrativo del
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, mediante
la cual negó la acción de Hábeas Corpus.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes, ii)
Consideraciones y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. Glenn Ross1 instauró acción de Hábeas Corpus contra el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario INPEC– - Establecimiento Penitenciario y Carcelario de
Mediana Seguridad – EPMSC San Andrés, con el fin de que se ordene de forma
inmediata la libertad de “[…] quien se encuentre en dicho centro de detención por
haber sido imputado por una conducta descrita en la Ley 599 de 2000 […]”.

1 Actuando en nombre propio.

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Número único de radicación: 880012333000202400051-01

2. Para el efecto, formuló las siguientes pretensiones:

“[…] Cualquier recluso que se encuentre detenido en la instalación conocida como
EPMSC San Andrés ubicado en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Republic
of Colombia y quien se encuentra en dicho centro de detención por haber sido
imputado por una conducta descrita en la Ley 599 de 2000 se encuentra detenido
ilegalmente y en nombre de todos y cada uno de dichos reclusos respetuosamente
solicito a Su Señoría conceda alivio de su detención ilegal en forma de una Orden
firmada por usted que obligue a los funcionarios responsables del INPEC a
restablecer de manera inmediata e incondicional el derecho a la libertad personal de
cada uno de dichos reclusos que se encuentran bajo su cuidado y control en el
mencionado centro […]”2 (Destacados y subrayas originales del texto).

Fundamentos fácticos

3. Los hechos en los que se fundamentó la acción de Hábeas Corpus son, en
síntesis, los siguientes3:

3.1. Señaló que, si bien, en su solicitud no identifica a un detenido en particular, sí
proporciona información sobre el lugar de detención. Agregó, por un lado, que en

Id Documento: 88001233300020240005101270111200025
Colombia hay cerca de 100.000 personas afectadas por la situación que pone de
presente y que se trata de un “[…] abuso universal y sistemático de los poderes
públicos […] desde al menos el 24 de julio de 2001, con el resultado de que todos
los detenidos actualmente bajo el control del INPEC están siendo privados
ilegalmente del goce de su derecho a la libertad personal […]”; y, por el otro, que por
ello presentó una acción por centro de reclusión y no una por persona.

3.2. Manifestó que los detenidos están encarcelados porque una o más
autoridades del Estado le imputaron una conducta descrita en uno o más artículos
de la Ley 599 de 24 de julio de 20004.

3.3. Argumentó que la precitada Ley 599 “[…] nunca ha sido ejecutable […]”
porque, si bien, “[…] [e]l pueblo colombiano fue notificado oficialmente el 24 de julio
de 2000 de las disposiciones de la LEY 599 de 2000 cuando se publicó en el Diario
Oficial #44097 […]”, tras revisar el precitado Diario Oficial se evidencia un “vicio obvio
de forma” relativo a que “[…] no hay firma en tinta húmeda, ni facsímil de una firma
en tinta húmeda, ni una indicación de una firma electrónica válida de algún
funcionario del gobierno que apruebe la LEY 599 […]” y agregó que ello se puede
verificar: i) al revisar el Diario oficial núm. 44.097; ii) leer una copia de cualquier

2 Cfr. Índice 2 de SAMAI. Documento denominado “004ED_SolicitudeHabeascorp”.
3 Cfr. Índice 2 de SAMAI. Documento denominado “004ED_SolicitudeHabeascorp”.
4 “Por la cual se expide el Código Penal”.

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edición del Código Penal; o iii) acudir a la fuente oficial de documentos del Gobierno
contenida en el siguiente enlace electrónico: https:// www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1663230.

3.4. Afirmó que el vicio de forma indicado anteriormente no se corrigió y que por
ello la Ley 599 es inaplicable porque la publicación “[…] no incluía evidencia de la
aprobación del gobierno de esas disposiciones, no incluía evidencia de la
autenticidad de esas disposiciones, no incluía evidencia de que las disposiciones
siquiera existieran, no incluía evidencia de que el Presidente de la República
obedeciera su juramento de garantizar que las leyes se obedecieran fielmente […]”.

3.5. Por último, adujo que en el marco de lo planteado y de los principios de
legalidad, de nulla poena sine lege y del derecho a una defensa técnica y apropiada,
ninguna sentencia condenatoria proferida con fundamento en conductas previstas
en esa Ley es aplicable y, por ende, “[…] ningún recluso de esta prisión está detenido
legalmente […]”.

Id Documento: 88001233300020240005101270111200025
Actuación procesal

4. El actor presentó la acción de Hábeas Corpus el 15 de octubre de 20245, la cual
le fue asignada, por reparto, al Tribunal Administrativo del Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ese mismo día.

5. El Tribunal, mediante el auto de 15 de octubre de 20246: i) avocó el conocimiento
de la acción de Hábeas Corpus; ii) requirió al Solicitante para que, en cumplimiento
a lo previsto en el artículo 4.° de la Ley 1095 de 2 de noviembre de 20067,
suministrara la información necesaria para resolver de fondo la solicitud, en especial,
nombre de la persona en cuyo favor instauraba la acción; razones por las cuales
consideraba que la privación de la libertad era ilegal o arbitraria; la fecha de reclusión
de la persona privada de la libertad; y si conoce el nombre y cargo del funcionario
que ordenó la privación; y iii) ordenó la notificación del Director del Centro
Penitenciario y Carcelario de San Andrés, Isla y lo requirió para que rindiera informe.

5 Cfr. Índice 2 de SAMAI.
6 Cfr. Índice 2 de SAMAI. Documento denominado: “014ED_06AutoAvocaConocimie”.
7 “Por la cual se reglamenta el artículo 30 de la Constitución Política”.

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Informe del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – Establecimiento
Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de San Andrés

6. La Directora del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y
Carcelario de San Andrés rindió informe8 en el sentido de solicitar que se declare
“[…] IMPROCEDENTE la acción constitucional de HABEAS CORPUS incoada por
el señor Glenn Ross […]” con fundamento en que, por un lado, “[…] [e]l
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad Carcelario de San Andrés Islas
actualmente cuenta con 193 personas privadas de la libertad, cobijadas con medida
de aseguramiento intramural y a cargo de autoridad judicial penal competente […]”;
y por el otro, que “[…] [h]asta el momento (fecha y hora ) de dar respuesta a esta
acción constitucional se desconoce por parte de esta Servidora Pública, emisión de
boleta de libertad por algún Despacho judicial a nombre de alguna persona privada
de la libertad en este Establecimiento Penitenciario […]”.

La providencia impugnada y sus fundamentos

Id Documento: 88001233300020240005101270111200025
7. El Tribunal Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, mediante sentencia de 16 de octubre de 20249,
resolvió:

“[…] PRIMERO: NEGAR el amparo de hábeas corpus presentado por el señor Glenn
Ross identificado con Pasaporte de Canadá […], de conformidad con lo razonado en
la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR al accionante y a la Directora del Centro Penitenciario y
Carcelario de San Andrés Isla, por el medio más expedito […]”.

Consideraciones del Tribunal

8. El Tribunal consideró que, conforme a la normativa y los criterios
jurisprudenciales, el Hábeas Corpus procede en dos situaciones: i) cuando la
privación de la libertad se produce con violación de las garantías constitucionales y
legales; y ii) cuando de manera ilegal se prolonga la privación de la libertad.

9. Consideró que la acción de Hábeas Corpus no puede reemplazar los
mecanismos ordinarios previstos por el legislador para la protección del derecho a
la libertad y, mucho menos, que constituya el medio idóneo para controvertir todas

8 Cfr. Índice 2 de SAMAI. Documento denominado “[...] 018ED_10InformeEPCSanAndre [...]”.
9Cfr. Índice 2 de SAMAI. Documento denominado “005ED_SentenciaPrimeraInst”.

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las decisiones judiciales que restringen dicho derecho a modo de una tercera
instancia. En especial, explicó que no puede emplearse con el fin de: i) sustituir los
procedimientos judiciales ordinarios de petición de libertad; ii) reemplazar los
recursos ordinarios de reposición y apelación contra las decisiones que vulneren el
mencionado derecho; iii) desplazar al funcionario judicial competente; ni iv) obtener
una opinión diversa a la del juez natural del asunto.

10. Explicó posteriormente que, aun cuando la solicitud de Hábeas Corpus se
caracteriza por la informalidad, por lo menos debe contener la siguiente información:

“[…]
• Nombre de la persona privada de la libertad en cuyo favor se instaura la acción.
• Las razones por las cuales la persona privada de la libertad considera que la
privación de la libertad es ilegal o arbitraria.
• Una detención es ilegal cuando la comete un funcionario con competencia para
detener en ejercicio de sus funciones, pero fuera de los casos permitidos por la
ley. Una detención es arbitraria cuando se lleva a cabo desconociendo lo
dispuesto en los artículos 28 y 29 de la Constitución Política.
• Fecha de la privación de libertad y lugar donde se encuentra la persona privada

Id Documento: 88001233300020240005101270111200025
de la libertad. Este dato es importante porque el juez podrá visitarlo u ordenar que
se presente ante él, con el objeto de entrevistarla y verificar los hechos
consignados en la petición.
• Si se conoce, nombre y cargo del funcionario que ordenó la privación de la libertad
de la persona o personas en cuyo favor se actúa.
• Nombre, documento de identidad y lugar de residencia del solicitante.
• Afirmación, bajo la gravedad del juramento (que se considerará prestado por la
presentación de la petición), que ningún otro juez ha asumido el conocimiento de
la solicitud de habeas corpus o decidido sobre la misma […]”.

11. Teniendo en cuenta lo anterior, al abordar el estudio del caso concreto, el
Tribunal consideró que el escrito presentado no cumple los requisitos previstos en
el artículo 4 de la Ley 1095 y precisó que, si bien, la falta de alguno de estos
requisitos no es óbice para que el juez tramite la acción constitucional, “[…] no es
menos cierto que tal como lo dispone la norma en comento, la información
suministrada por el o la solicitante, debe ser suficiente para ello, es decir, los datos
mínimos para efectuar el análisis sobre la procedencia de la solicitud deben estar
contenidos en su escrito o ser expuestos de manera verbal en los casos que así se
presente […]”.

12. Explicó que, mediante auto, impartió trámite a la solicitud y requirió a Glenn
Ross para que aportara la información necesaria que permitiera resolver de fondo
la solicitud, en los términos del artículo 4 de la Ley 1095, pero que, pese a haber
sido notificado, guardó silencio.

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13. Consideró que el accionante reconoce en su solicitud que es su deber
individualizar a las personas que se encuentran privadas de la libertad y en cuyo
beneficio ejerce la acción constitucional pero que, no obstante, omite presentarlas
bajo la convicción que todas las personas privadas de la libertad bajo la Ley 599 se
encuentran en situación de detención ilegal.

14. Explicó que, en el caso concreto, ninguno de los requisitos fue cumplido por el
accionante al momento de presentar la acción constitucional porque se omitió la
información necesaria que el juez constitucional requería para decidir sobre la
procedencia o no de la acción de Hábeas Corpus y que, con fundamento en ello, se
debía negar la solicitud ante la falta de requisitos en el contenido, que no solo deben
entenderse como requisitos formales, sino como la información básica que requiere
el juez constitucional para emitir un pronunciamiento de fondo sobre la procedencia
de la orden de libertad pedida, máxime si se tenía en consideración que la entidad
accionada asevera que en la actualidad el Centro Carcelario de San Andrés cuenta

Id Documento: 88001233300020240005101270111200025
con 193 internos, lo cual presupone la individualización de la información de cada
caso.

La impugnación

15. Glenn Ross impugnó10 la sentencia de 16 de octubre de 2024 con fundamento
en los siguientes argumentos:

15.1. Manifestó que “[…] [p]ara que se convierta en ley la propuesta debe ser
válidamente elaborada por el Congreso y válidamente sancionada por el gobierno
[…]” y que “[…] [e]so no ocurrió con la LEY 599 de 2000 […]”.

15.2. Explicó que en esta acción el foco de sus argumentos se centra en la Ley 599
y que impugnó “[…] la validez de toda la Ley 599 de 2000, argumentando que no
hay prueba de que dicha ley haya sido válidamente sancionada […]”; e indicó que
“[…] [l]a corte ignoró el hecho de que el Presidente de la República innegablemente
abusó de sus poderes (para sancionar) cuando no objetó que el legislador
ORDINARIO usurpara poderes, reserva exclusiva, del legislador ESTATUTARIO
[…]” que, en su criterio, se relacionan con la potestad de “[…] privar coercitivamente
a una persona de su libertad personal […]”.

10 Cfr. Índice núm. 2 de Samai. Archivo electrónico denominado “003ED_ImpugnacionHabeasCor”.

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15.3. Agregó que el Tribunal “[…] ignoró el hecho de que el Congreso no tiene
competencia para DEROGAR un Código […]” que, según señala, fue lo que ocurrió
con la Ley 599 en relación con el Decreto Presidencial 100 de 1980 y que ya la Corte
Constitucional ha considerado que la “[…] sanción de la LEY 599 de 2000 no se
realizó en pleno cumplimiento de los términos y condiciones de la Constitución (no
hay sanción válida, no hay ley válida) […]”.

16. Señaló, por último, que el Tribunal “[…] no quiere defender la Constitución […]”;
que la sentencia evidencia “[…] intereses y deseos personales […]”; que la decisión
es “[…] arbitraria […]”; y que no hubo “[…] declaración de que no tiene conflictos de
interés por su participación pasada con uno o más de los reclusos […]” y que se trata
de una declaración relevante porque “[…] si tiene conflictos de interés, entonces
debería haberse recusado de esta acción legal […]”.

II. CONSIDERACIONES

Id Documento: 88001233300020240005101270111200025
17. La Sala Unitaria abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes
partes: i) la competencia de la Sala Unitaria; ii) el problema jurídico; iii) la naturaleza
de la acción de Hábeas Corpus; iv) el acervo y análisis probatorio; v) el análisis del
caso concreto; y vi) las conclusiones.

Competencia de la Sala Unitaria

18. Visto el artículo 7.° de la Ley 1095 de 2 de noviembre de 2006 11, sobre la
impugnación de la providencia que niegue el Hábeas Corpus, esta Sala Unitaria es
competente para conocer de la impugnación presentada por el actor contra la
sentencia de 16 de octubre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Problema jurídico

19. Corresponde a esta Sala Unitaria determinar si la acción de Hábeas Corpus
presentada por Glenn Ross es o no procedente y, en consecuencia, si se debe
confirmar, modificar o revocar la sentencia de 16 de octubre de 2024 proferida por
el Tribunal Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés,

11 Por la cual se reglamenta el artículo 30 de la Constitución Política.

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Providencia y Santa Catalina, mediante la cual negó la acción de Hábeas Corpus.

Naturaleza de la acción de Hábeas Corpus

20. Visto el artículo 30 de la Constitución Política, el derecho a la libertad personal
goza de un mecanismo especial de protección a nivel constitucional, en los
siguientes términos:

“[…] Artículo 30. Quien estuviere privado de su libertad, y creyere estarlo
ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo,
por sí o por interpuesta persona, el Hábeas Corpus, el cual debe resolverse en el
término de treinta y seis horas […]”.

21. Este derecho constitucional fue desarrollado por la Ley 1095, que en su artículo
1.° lo definió en los siguientes términos:

“[…] Artículo 1°. Definición. El Hábeas corpus es un derecho fundamental y, a la
vez, una acción constitucional que tutela la libertad personal cuando alguien es
privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, o esta

Id Documento: 88001233300020240005101270111200025
se prolongue ilegalmente. Esta acción únicamente podrá invocarse o incoarse por
una sola vez y para su decisión se aplicará el principio pro homine.

El Hábeas corpus no se suspenderá, aun en los Estados de Excepción […]”.

22. De acuerdo con la definición citada supra, se considera que el Hábeas Corpus
tiene una doble connotación; por un lado, es un derecho fundamental y, por el otro,
es una acción para garantizar el derecho a la libertad personal. Asimismo, según la
transcripción normativa, se observa que son dos los presupuestos fácticos que
conducen a la procedencia de la acción constitucional de Hábeas Corpus, a saber:
i) cuando la aprehensión de una persona se realiza con violación de las garantías
constitucionales o legales; o ii) cuando se ha prolongado ilegalmente la privación de
la libertad de una persona.

23. La Corte Constitucional, en relación con los presupuestos de procedencia de la
acción de Hábeas Corpus, ha considerado12:

“[…] De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, el Hábeas corpus
además de ser un derecho fundamental, es al mismo tiempo, la acción tutelar de la
libertad.

“El derecho consagrado en el artículo 30 de la Constitución puede también
interpretarse como una acción, de igual naturaleza a la acción de tutela de que trata
el artículo 86 superior, que tiene toda persona contra cualquier acto expedido por
autoridad judicial, sea este auto o inclusive sentencia, pudiendo ser esta última de

12 Corte Constitucional, sentencia C-620 de 2001, M.P.: Jaime Araujo Rentería

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cualquier instancia, para pedir su libertad en aquellos casos en que creyere estar
ilegalmente privado de ésta. Se puede afirmar, en otros términos, que se trata de
una “acción de tutela de la libertad”, con el fin de hacer efectivo este derecho […]”.

24. Por último, no puede perderse de vista que el derecho al Hábeas Corpus ha
sido reconocido y regulado en diferentes instrumentos internacionales que se aplican
al Estado Colombiano, entre ellos, en el orden internacional, la Declaración Universal
de los Derechos Humanos13 y el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y
Políticos14, que forman parte de la denominada Constitución Internacional de los
Derechos Humanos; y, en el orden regional, la Convención Americana sobre
Derechos Humanos15 y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre16.

Sobre el requisito de individualización

25. Visto el artículo 4.° de la Ley 1095, sobre contenido de la petición, el cual
establece que “[l]a petición de Hábeas Corpus deberá contener […]”: i) “[…] [e]l

Id Documento: 88001233300020240005101270111200025
nombre de la persona en cuyo favor se instaura la acción […]”; ii) “[…] [l]as

13 Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículos 8 y 9: “[…] 8. Toda persona tiene derecho a un

recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley […]” “[…] 9. Nadie podrá se arbitrariamente detenido,
preso ni desterrado […]”.
14 Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, aprobado mediante la ley 74 de 1968, así:

“[…] Artículo 9. 1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie podrá ser sometido
a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y
con arreglo al procedimiento establecido en ésta.
2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y
notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella.
3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro
funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un
plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no
debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia
del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la
ejecución del fallo.
4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un
tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la
prisión fuera ilegal.
5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación
[…]”.
15 Convención Americana sobre Derechos Humanos –Pacto de San José de Costa Rica-, aprobada mediante la

ley 16 de 1972, artículo 7º:
“Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal
1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal.
2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano
por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.3. Nadie puede
ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.
4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora,
del cargo o cargos formulados contra ella.
5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por
la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser
puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que
aseguren su comparecencia en el juicio”.
16 La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Aprobada en la Novena Conferencia

Internacional Americana realizada en Bogotá, en el año 1948.

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razones por las cuales se considera que la privación de su libertad es ilegal o
arbitraria […]”; iii) “[…] [l]a fecha de reclusión y el lugar donde se encuentra la
persona privada de la libertad […]”; iv) “[…] [s]i se conoce el nombre y cargo del
funcionario que ha ordenado la privación de la libertad de la persona o personas en
cuyo favor se actúa […]”; v) “[…] [e]l nombre, documento de identidad y lugar de
residencia del solicitante […]”; y vi) “[…] [l]a afirmación, bajo la gravedad del
juramento; que se considerará prestado por la presentación de la petición, de que
ningún otro juez ha asumido el conocimiento de la solicitud de Hábeas Corpus o
decidido sobre la misma […]”. La norma establece, además, que “[…] [l]a ausencia
de uno de estos requisitos no impedirá que se adelante el trámite del Hábeas
Corpus, si la información que se suministra es suficiente para ello […]” (Destacado
fuera de texto).

26. La Corte Constitucional, mediante sentencia C-187 de 15 de marzo de 200617,
en relación con la constitucionalidad del artículo 4.° indicado supra, consideró que

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los “[…] requisitos que el legislador pretende establecer para el caso en que la
petición sea presentada por escrito o verbalmente se avienen, de manera general,
a lo dispuesto en el artículo 30 de la Constitución Política, por cuanto si bien se
trata de una solicitud caracterizada por la informalidad, ello no obsta para que
sea preciso contar con una información mínima indispensable para que el
mecanismo de habeas corpus pueda funcionar en forma oportuna y eficaz […]”
(Destacado fuera de texto).

27. Asimismo, en relación con los requisitos previstos en los numerales 1.° y 2.°
del artículo 4, la Corte Constitucional consideró, por un lado, que “[…] resulta
necesario que al invocar el hábeas corpus se identifique con el nombre a la
persona en cuyo favor se actúa, a efecto de establecer la veracidad de los
hechos que a continuación deberá narrar el accionante […]”; y, por el otro, sobre
el numeral 2, consideró que se “[…] refiere a la necesidad de expresar las razones
por las cuales se considera que la privación de la libertad es ilegal o arbitraria,
a lo cual se agrega la segunda hipótesis prevista en el artículo 1º. del proyecto de
ley, según la cual el derecho también puede ser ejercido ante casos de prolongación
ilegal de la privación de la libertad. Es decir, en este último caso el accionante
también deberá expresar las razones por las cuales estima que tal prolongación es

17 M.P. doctora Clara Inés Vargas Hernández.

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contraria al orden jurídico […]” (Destacado fuera de texto).

28. Por último, la Corte consideró que “[…] dada la prevalencia de la garantía
constitucional del hábeas corpus, es acorde con la misma Constitución que el
legislador disponga que la ausencia de uno de los requisitos señalados, no impide
que se adelante el trámite del hábeas corpus, si la información que se suministra
es suficiente para ello […]” (Destacado fuera de texto).

Acervo y análisis probatorios

29. La Sala Unitaria procederá a apreciar y valorar los documentos aportados, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 de la
Ley 1564 de 12 de julio de 201218, aplicando para ello las reglas de la lógica y la
certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que
en derecho corresponda, en relación con la impugnación interpuesta contra la
providencia proferida por el Tribunal Administrativo del Departamento Archipiélago

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de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en primera instancia.

30. En ese orden de ideas, los documentos relevantes para resolver el caso
concreto son los siguientes:

31. Oficio 318-EPMSCSA-AJUR- de 16 de octubre de 2024 suscrito por la Directora
de la EPMSCSAI, mediante la cual informó:

“[…] El Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad Carcelario de San Andrés
Islas actualmente cuenta con 193 personas privadas de la libertad, cobijadas con
medida de aseguramiento intramural y a cargo de autoridad judicial penal
competente.

Hasta el momento (fecha y hora ) de dar respuesta a esta acción constitucional
se desconoce por parte de esta Servidora Pública, emisión de boleta de libertad
por algún Despacho judicial a nombre de alguna persona privada de la libertad
en este Establecimiento Penitenciario […]” (Destacado fuera de texto).

Análisis del caso concreto

32. De conformidad con el marco normativo y los criterios jurisprudenciales
indicados supra, esta Sala Unitaria procede a determinar si la acción de Hábeas
Corpus presentada por Glenn Ross es o no procedente.

18 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”

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33. En el caso sub examine, Glenn Ross instauró acción de Hábeas Corpus contra
el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – EPMSC San Andrés, con el fin de
que se ordene en forma inmediata la libertad de “[…] quien se encuentre en dicho
centro de detención por haber sido imputado por una conducta descrita en la Ley
599 de 2000 […]” y, como fundamento de la solicitud, manifestó que los detenidos
están encarcelados porque una o más autoridades del Estado le imputaron una
conducta descrita en uno o más artículos de la Ley 599 y que dicha norma evidencia
un “vicio formal” relativo a que “[…] no hay firma en tinta húmeda, ni facsímil de una
firma en tinta húmeda, ni una indicación de una firma electrónica válida de algún
funcionario del gobierno que apruebe la LEY 599 […]”.

34. En su solicitud manifestó que reconoce que es su deber individualizar a las
personas que se encuentran privadas de la libertad y en cuyo beneficio ejerce la
acción constitucional pero que, no obstante, omite presentarlas bajo la convicción

Id Documento: 88001233300020240005101270111200025
que todas las personas privadas de la libertad bajo la Ley 599 se encuentran en
situación de detención ilegal.

35. El accionante manifestó en la impugnación que “[…] [p]ara que se convierta en
ley la propuesta debe ser válidamente elaborada por el Congreso y válidamente
sancionada por el gobierno […]” y que “[…] [e]so no ocurrió con la LEY 599 […]” y
que el foco de sus argumentos se centra en “[…] la validez de toda la Ley 599 de
2000, argumentando que no hay prueba de que dicha ley haya sido válidamente
sancionada […]” y que el Congreso de la República no tiene competencia para
derogar códigos.

36. Esta Sala Unitaria considera que el actor, una vez fue requerido, no
individualizó a “[…] la persona en cuyo favor se instaura la acción […]” en los
términos del artículo 4.° de la Ley 1095, requisito indispensable, conforme lo explicó
la Corte Constitucional en la sentencia C-187 de 2006, “[…] a efecto de establecer
la veracidad de los hechos […]” que fundamentan la acción constitucional y, en
consecuencia, establecer las situaciones particulares del caso con miras a
determinar si es o no procedente la concesión del Hábeas Corpus por encontrarse
probada la aprehensión de una persona con violación de las garantías
constitucionales o legales o por prolongación ilegal de la privación de la libertad.

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37. Tampoco se encuentra probado que alguna persona recluida en el
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de San Andrés se
encuentre dentro de los supuestos de procedencia de la presente acción
constitucional y, por el contrario, conforme lo indicó la Directora del precitado
establecimiento, en este se encuentran “[…] 193 personas privadas de la libertad,
cobijadas con medida de aseguramiento intramural y a cargo de autoridad judicial
penal competente […]” y, que a la fecha del Informe, no se ha emitido “[…] boleta de
libertad por algún Despacho judicial a nombre de alguna persona privada de la
libertad en este Establecimiento Penitenciario […]”.

38. Asimismo, que la acción de Hábeas Corpus no es el escenario para debatir ni
el trámite ni la vigencia ni la constitucionalidad de las normas que rigen los procesos
penales19, como ocurre en el caso concreto, porque, de conformidad con lo previsto
en la Ley 1095, se reitera, la finalidad de esta acción constitucional es la de identificar
si una persona debidamente individualizada se encuentra o no privada de la libertad

Id Documento: 88001233300020240005101270111200025
con violación de las garantías constitucionales o legales, o si dicha privación de la
libertad se está prolongando ilegalmente.

39. Por lo expuesto anteriormente, la Sala considera que, en este caso concreto,
no se encuentra probado que haya una persona privada de la libertad con violación
de las garantías constitucionales o legales, o que la privación de la libertad se esté
prolongando ilegalmente, con fundamento en los argumentos expuestos en la
solicitud presentada por el actor; y que la acción de Hábeas Corpus no es el
escenario para debatir el trámite, vigencia o la constitucionalidad de las normas que
rigen los procesos penales, razón por la cual se revocará la sentencia 16 de octubre
de 2024, proferida por la Sala Unitaria del Tribunal Administrativo del Departamento
Archipiélago de San Andrés, para, en su lugar, declararla improcedente.

Conclusión de la Sala Unitaria

40. La Sala Unitaria revocará la sentencia 16 de octubre de 2024 proferida por la
Sala Unitaria del Tribunal Administrativo del Departamento Archipiélago de San
Andrés, que negó la acción de Hábeas Corpus, para, en su lugar, declarar su
improcedencia.

19 Además, la Corte Constitucional, en el marco de la acción pública de inconstitucionalidad, ha estudiado la

exequibilidad de la Ley 599, en especial, en la sentencia C-646 de 20 de junio de 2001.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera en Sala Unitaria, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 16 de octubre de 2024 proferida por la Sala
Unitaria del Tribunal Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de Hábeas Corpus
presentada por Glenn Ross, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría General de esta Corporación NOTIFICAR

Id Documento: 88001233300020240005101270111200025
esta providencia por el medio más expedito.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REMITIR el expediente al
Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado

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