Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 88001-23-33-000-2024-00060-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 88001-23-33-000-2024-00060-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 88001-23-33-000-2024-00060-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
30 de enero de 2025
Radicado: 88001-23-33-000-2024-00060-01
Demandante: Anderson López Archbold
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 88001-23-33-000-2024-00060-01
Demandante: ANDERSON LÓPEZ ACHBOLD
Demandados: DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL DE CARTAGENA Y OTROS
Tema: Acción de tutela para pago de salario. Inclusión en nómina de servidor
judicial que cubrió vacaciones
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Cartagena contra la sentencia del 4 de diciembre de 2024,
mediante la cual el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,
dispuso:
PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al mínimo vital, dignidad humana, trabajo, igualdad
y debido proceso vulnerados al accionante Anderson López Archbold por parte de la Unidad de Talento
Humano de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena – Bolívar.
SEGUNDO: ORDENAR a la Unidad de Talento Humano de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial Seccional Bolívar para que dentro de las cuarenta y ocho (48) siguientes a la notificación de la
presente providencia, proceda a incluir de manera inmediata en nómina adicional del mes de noviembre
al señor Anderson López Archbold, quien se desempeñó como Juez Promiscuo de Familia de San
Andrés isla, sin solución de continuidad.
TERCERO: LEVANTAR la medida provisional decretada mediante Auto 171 del 26 de noviembre de
2024.
CUARTO: DESVINCULAR de la presente acción de tutela a Andrea Carolina Hernández Mejía e Iveth
Blanco Galeano, servidoras de la Dirección Seccional de la Coordinación Administrativa y Judicial de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por las razones expuestas.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 25 de noviembre de 20241, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, el
señor Anderson López Archbold pidió la protección de sus derechos fundamentales al
mínimo vital, a la dignidad humana, al trabajo, a la igualdad y al debido proceso.
A juicio del demandante, la vulneración de sus garantías superiores se presenta con
ocasión de la omisión de incluirlo en nómina en el lapso en el que se desempeñó como
juez primero promiscuo de familia de San Andrés, en reemplazo de la juez titular de ese
despacho mientras disfrutó de sus vacaciones.
1 Índice 1 de Samai, bajo el radicado 88001-23-33-000-2024-00060-00.
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2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERO: Se tutele los derechos fundamentales invocados A LA DIGNIDAD HUMANA, AL
TRABAJO, AL MÍNIMO VITAL, A LA IGUALDAD, […], DEBIDO PROCESO Y A LA CORRECTA
ADMINISTRACIÓN DE
LA JUSTICIA.
SEGUNDO: Se ordene a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena Bolívar, me
vinculen en la nómina de la entidad, paguen mis salarios y prestaciones sociales como Juez Primero
Promiscuo de Familia de esta ínsula desde el 5 de noviembre de 2024, por existir disponibilidad
presupuestal según el CDP No. 45824 del 17 de octubre de 2024.
3. Hechos
Del expediente la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
La señora Irina Margarita Díaz Oviedo se desempeña como juez primera promiscua de
familia de San Andrés y el 11 de octubre de 2024 le informó a la Unidad de Recursos
Humanos de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cartagena su
deseo de disfrutar vacaciones entre el 4 y el 28 de noviembre de 2024, dependencia que
el 17 de octubre de ese año emitió el certificado de disponibilidad presupuestal 45824.
El Tribunal Superior de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a través del Acuerdo
5 del 23 de octubre de 2024, le concedió vacaciones a la señora Irina Margarita Díaz
Oviedo entre el 4 y el 28 de noviembre de 2024 (correspondientes al período laborado
entre el 1º de agosto de 2022 y el 31 de julio de 2023), decisión que fue notificada el 30
de octubre de ese año a la Unidad de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Cartagena.
Por Acuerdo 053 del 28 de octubre de 2024, el Tribunal Superior de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina designó como reemplazo de la señora Díaz Oviedo al
demandante, quien fungía en provisionalidad como secretario del Juzgado Único Penal
del Circuito de esa ciudad y renunció a ese cargo el 1º de noviembre de esa anualidad.
Ese día el actor se posesionó ante el gobernador del departamento como juez primero
promiscuo de familia, con efectos fiscales a partir del 5 de noviembre de 2024.
Mediante comunicación del 13 de noviembre de 2024, la Unidad de Recursos Humanos
de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cartagena le informó al
Tribunal Superior de San Andrés, Providencia y Santa Catalina que no era posible
concederle las vacaciones a la señora Irina Margarita Díaz Oviedo, porque la Ley 2430
de 2024 había establecido que los juzgados promiscuos de familia tenían vacaciones
colectivas y no individuales.
El 21 de noviembre de 2024, el tutelante le informó a la Oficina de Talento Humano de la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cartagena que se había
percatado de que no estaba activo en el aplicativo Efinomina, pese a que había sido
nombrado y posesionado como juez primero promiscuo de familia de San Andrés, por lo
que solicitó adelantar los trámites pertinentes para que fuera ingresado a nómina.
A través de correo electrónico del 21 de noviembre de 2024, esa dependencia le
comunicó al accionante que no era dable incluirlo en nómina porque la Ley 2430 de 2024
dispuso que el juzgado que ahora dirigía tenía vacaciones colectivas y no individuales,
en consecuencia, a la señora Irina Margarita Díaz Oviedo no le asistía al derecho a
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Demandante: Anderson López Archbold
disfrutar las concedidas en octubre de 2024.
4. Fundamentos de la acción de tutela
La parte demandante adujo que a pesar de que el 1º de noviembre de 2024 se posesionó
como juez primero promiscuo de familia de San Andrés2, con el fin de reemplazar a la
señora Irina Margarita Díaz Oviedo, a quien se le concedieron vacaciones individuales,
no había sido incluido en nómina, lo que le impide acceder al salario indispensable para
atender sus necesidades básicas y las de sus 3 hijos menores y su esposa y cumplir sus
compromisos económicos (pago de colegios, obligaciones crediticias, tratamientos
médicos, etc.).
Que la omisión de pagarle el salario afecta sus derechos fundamentales y comporta una
omisión de las autoridades accionadas de cumplir en debida forma sus deberes, lo que
hacía necesario acceder al amparo, máxime cuando los recursos para cubrir las
vacaciones de Irina Margarita Díaz Oviedo estaban disponibles, pues para ello se emitió
el certificado de disponibilidad presupuestal 45824.
5. Intervenciones
La señora Iveth Blanco Galeano, en su condición de técnica, grado 11, de la Oficina de
Coordinación Administrativa y de Servicios Judiciales de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina (contra la cual también se promovió la acción de tutela de la referencia),
pidió su desvinculación de este trámite constitucional, comoquiera que (i) la dependencia
que integra carece de competencia para desatar discusiones sobre el nombramiento de
jueces y el otorgamiento de vacaciones, ya que ello le correspondía a los Tribunales
Superiores; y (ii) el pago de la nómina le concierne a la Oficina de Recursos Humanos de
la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cartagena.
La señora Andrea Carolina Hernández Mejía, en su condición de jefe de la Coordinación
Administrativa y de Servicios Judiciales de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, adujo que no tiene incidencia en la controversia ventilada en este trámite
constitucional, ya que no le competía decidir sobre el otorgamiento de vacaciones, el pago
de estas e inclusiones en nómina de los reemplazos de quienes disfrutan de los descansos
remunerados.
El Tribunal Superior de San Andrés, Providencia y Santa Catalina afirmó que carece
de legitimación en la causa por pasiva, dado que no tiene competencia para incluir al
demandante en la nómina de la Rama Judicial y disponer sobre el pago de su salario y
prestaciones. Asimismo, señaló que los actos administrativos que profirió, relacionados con
las vacaciones de Irina Margarita Díaz Oviedo, se presumen legales, por ende, son de
obligatorio cumplimiento.
La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cartagena afirmó que
no era dable incluir en nómina al demandante, porque la Ley 2430 del 2024 estableció que
los juzgados promiscuos de familia pasarían de vacaciones individuales a colectivas, por
ende, la señora Irina Margarita Díaz Oviedo no podía acceder al descanso remunerado
que le autorizó el Tribunal Superior del aludido ente territorial, a través del Acuerdo 5 de
23 de octubre de 2023 y, aunque se haya emitido el respectivo certificado de
disponibilidad presupuestal, no era procedente utilizar los recursos en cuestiones que
contrariaban el ordenamiento jurídico.
2 Con efectos fiscales desde el 5 de noviembre de 2024.
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La señora Irina Margarita Díaz Oviedo guardó silencio, pese a que fue notificada del
auto admisorio de la acción de tutela de la referencia.
6. Sentencia impugnada
El Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, mediante
sentencia del 4 de diciembre de 2024, (i) tuteló los derechos fundamentales al mínimo
vital, dignidad humana, trabajo, igualdad y debido proceso del accionante, (ii) ordenó a la
Unidad de Talento Humano de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Cartagena que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la decisión,
incluyera en nómina adicional al demandante; (iii) levantó la medida provisional decretada
en el auto admisorio de este trámite constitucional3, y (iv) desvinculó a Iveth Blanco
Galeano y Andrea Carolina Hernández Mejía, servidoras de la Coordinación Administrativa
de la Oficina de Coordinación Administrativa y de Servicios Judiciales de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, por cuanto no tenían incidencia en la controversia.
Explicó que aunque el sistema normativo prevé otros instrumentos4 para exigir el pago
de los emolumentos reclamados por el demandante, la tutela era procedente para que
este reclamara su inclusión en nómina y la cancelación del salario y las prestaciones que
le correspondían por reemplazar a Irina Margarita Díaz Oviedo, pues tiene 3 hijos, su
esposa no labora y es quien asume toda la carga económica de su familia, circunstancias
de las que se infería que resultaba urgente decidir la controversia con el fin de evitar un
perjuicio irremediable.
Que a la señora Irina Margarita Díaz Oviedo le asistía el derecho de disfrutar vacaciones
por laborar entre el 1º de agosto de 2022 y el 30 de julio de 2023, y como en ese año se
consolidó esa prerrogativa y no se había emitido la Ley 2430 de 2024, debían
concedérsele de manera individual, para lo cual se requería la expedición del certificado
de disponibilidad presupuestal y la designación de un reemplazo, tal como aconteció, por
ende, a este se le debía asegurar su salario y prestaciones.
Que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cartagena debió
incluir en nómina al accionante y pagarle su salario y sus prestaciones, pues para ello se
había expedido el certificado de disponibilidad presupuestal 45824 y nombrado como juez
primero promiscuo de familia de San Andrés, pero como eso no aconteció, se imponía
acceder a las pretensiones de la tutela.
7. Impugnación
La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cartagena impugnó el fallo
de primera instancia, con el argumento de que cuando se concedieron las vacaciones a la
señora Irina Margarita Díaz Oviedo ya estaba en vigencia la Ley 2430 de 20245, en
consecuencia, a ella no le asistía el derecho de disfrutar las individuales por cuanto esa
norma estipuló que eran colectivas, situación por la que designación del actor como su
reemplazo contrariaba el sistema normativo, de ahí que no fuera posible incluirlo en
nómina y pagarle el salario y prestaciones.
3 Consistente en ordenarle a la mencionada dependencia que preparara la nómina adicional para que, en caso de
accederse al amparo deprecado, el pago del salario y prestaciones al actor fuere inmediato.
4 No señala cuáles.
5 Entró en vigor el 9 de octubre de 2024.
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II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia
de primera instancia, dictada por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina, que accedió a las pretensiones del tutelante.
La Sala anticipa que confirmará el fallo impugnado, porque la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Cartagena vulneró los derechos fundamentales
invocados por el actor al no pagarle el salario, las prestaciones sociales y cotizaciones a
seguridad social por el período comprendido entre el 5 y el 28 de noviembre de 2024,
lapso en el que se desempeñó como juez primero promiscuo de familia de San Andrés,
en reemplazo de la señora Irina Margarita Díaz Oviedo, a quien se le concedieron
vacaciones individuales en dicho interregno.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá (i) a las generalidades de la acción de
tutela; (ii) a la procedencia de la acción de tutela para el cobro de salarios, (iii) al mínimo
vital y, por último, (iv) analizará el caso concreto.
2. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y desarrollada
por el Decreto 2591 de 1991, es una acción residual que permite a todas las personas
reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales que sean
vulnerados o amenazados, por la acción o la omisión de cualquier autoridad o de los
particulares, en el último caso, cuando así lo permita expresamente la ley.
La acción procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo caso,
el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho fundamental
vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá determinar si
existe perjuicio irremediable y, de existir, debe examinar de fondo los argumentos que
proponga el demandante.
3. Procedencia de la acción de tutela para el cobro de salarios
El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela «solo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable». Eso quiere decir que la
subsidiariedad es un pilar fundamental que busca preservar la naturaleza excepcional de
este mecanismo de protección de derechos fundamentales. La acción de tutela debe ser
el último recurso, no el primero.
La subsidiariedad de la acción de tutela tiene como objetivo principal resguardar la
eficacia y efectividad de esta herramienta en situaciones en las cuales no exista otro
recurso judicial disponible o, incluso en presencia de otros medios, se demuestre la
existencia de un perjuicio irremediable. Este requisito busca, en última instancia, asegurar
que la acción de tutela sea un mecanismo ágil y eficaz para la protección de derechos
fundamentales en circunstancias excepcionales.
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Ahora, específicamente, sobre la procedencia de la acción de tutela para el cobro de
salarios la Corte Constitucional, en sentencia de unificación6, señaló que:
a. En primer lugar, tiene que reiterarse, la acción de tutela es procedente cuando se invoca por el
particular como remedio pronto y eficaz contra la violación de uno de sus derechos fundamentales. En
el asunto que ocupa a la Corte, no cabe duda, tal y como ya se consideró, el no pago o el pago tardío
del salario genera la violación de múltiples derechos fundamentales, y hace precisa la pronta
intervención del funcionario judicial para poner término al abuso del empleador y restituir las garantías
del trabajador.
Obviamente, no se trata de usar la tutela para el reconocimiento, liquidación o reliquidación de
obligaciones de origen laboral -aunque en casos excepcionales esta Corporación ha dado la orden de
proceder a ello en lapsos perentorios-, sino para proteger derechos indiscutibles, reconocidos por el
empleador, ordenados por las normas laborales, o declarados por medio de providencia judicial en firme.
b. La acción de tutela sólo procederá como mecanismo para evitar que el trabajador sufra una situación
crítica económica y psicológica. Con esta referencia se busca dejar intacta la competencia de la
jurisdicción laboral ordinaria, cuando no se trate de situaciones injustificadas, inminentes y graves que
hacen urgente la intervención del juez de amparo.
[…]
c. En principio, la no cancelación de los salarios a un trabajador por parte de su empleador, configura
un perjuicio irremediable que, como se ha anotado, pone en peligro el derecho fundamental a la
subsistencia y los demás derechos conexos, en todos los casos en los que no se encuentre
debidamente acreditado que el trabajador cuenta con rentas suficientes y distintas de las que provienen
de su trabajo.
En sentencia T-157 de 2014, la Corte Constitucional reiteró que «cuando se solicite el pago
de acreencias laborales y quede demostrado que las acciones correspondientes no brindan la
protección requerida a los derechos fundamentales en juego, o cuando se demuestre la inminente
ocurrencia de un perjuicio irremediable, debe entrar el juez de tutela a resolver el conflicto»7.
También en sentencia T-1087 de 2002, esa Corporación insistió en que «de manera
excepcional puede acudirse a ella -la tutela-»8.
4. El mínimo vital
El derecho al mínimo vital ha sido definido por la Corte Constitucional como «la porción de
los ingresos del trabajador o pensionado que están destinados a la financiación de sus
necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda, el vestido, el acceso a los servicios
públicos domiciliarios, la recreación, la atención en salud, prerrogativas cuya titularidad es
indispensable para hacer efectivo el derecho a la dignidad humana, valor fundante del
ordenamiento jurídico constitucional»9.
De la garantía del mínimo vital depende el ejercicio y goce de los demás derechos
fundamentales, pues permite llevar una vida con las condiciones materiales mínimas que
aseguran la dignidad humana y la materialización del proyecto de vida.
Sobre el alcance de ese derecho, la Corte Constitucional ha señalado que « las
necesidades básicas que requiere suplir cualquier persona, y que se constituyen en su mínimo
vital, no pueden verse restringidas a la simple subsistencia biológica del ser humano, pues es
lógico pretender la satisfacción, de las aspiraciones, necesidades y obligaciones propias del
demandante y su grupo familiar»10. Es decir, esa garantía abarca, además, un aspecto
6 Sentencia SU-995 de 1999.
7 Sentencia T-157 de 2014.
8 Sentencia T-1087 de 2002.
9 Ver sentencias SU-995 de 1999 y T-678 de 2017.
10 Ver sentencia T-084 de 2007.
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cualitativo que «debe tener la virtualidad de producir efectos reales en las condiciones de la
persona, de tal manera que no solo le garantice vivir dignamente sino también desarrollarse como
individuo en una sociedad»11.
5. Análisis del caso concreto
5.1 Procedencia de la acción de tutela
Como se expuso en precedencia, el señor Anderson López Archbold promovió acción de
tutela para que le pagaran el salario y las respectivas prestaciones comprendidas entre
el 5 y el 28 de noviembre de 2024, lapso en el que se desempeñó como juez primero
promiscuo de familia de San Andrés, en reemplazo de Irina Margarita Díaz Oviedo, a
quien se le concedieron vacaciones individuales en ese interregno.
El demandante considera que la falta de inclusión en nómina y, por ende, de pago de su
salario y prestaciones vulnera sus derechos fundamentales invocados, pues la
remuneración por su trabajo es su única fuente de ingreso, tiene 3 hijos menores, su
esposa no trabaja y asume la carga económica de su familia.
Por su parte, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cartagena
indicó que no era dable incluir en nómina al demandante y cancelarle el salario y las
prestaciones por el lapso en que se desempeñó como juez primero promiscuo de familia
de San Andrés, en reemplazo de Irina Margarita Díaz Oviedo, porque a ella no le asistía
derecho a disfrutar de las vacaciones individuales, ya que la Ley 2430 de 2024 estableció
que los juzgados promiscuos de familia tendrían vacaciones colectivas.
Como se evidencia, no hay debate sobre si el demandante trabajó durante el 4 y el 28 de
noviembre de 2024, pues fue nombrado por el Tribunal Superior de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, a través del Acuerdo 053 del 28 de octubre de 2024, y se
posesionó ante el gobernador el 1º de noviembre de ese año (con efectos fiscales desde
el 5 de ese mes). Además, así da cuenta la certificación emitida por la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Cartagena allegada a este trámite constitucional,
que dice:
11 Ver sentencia T-891 de 2013.
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En ese orden de ideas, la controversia surge debido a la omisión en el pago del salario y
prestaciones correspondientes a los días laborados por el demandante como juez
primero promiscuo de familia de San Andrés.
Esta omisión podría poner en riesgo el mínimo vital del demandante y, por ende, según
los criterios establecidos por la Corte Constitucional, habilita la procedencia de la acción
de tutela.
De hecho, en casos similares12, en los que también se pretendía el pago de salarios vía
acción de tutela, la Sala señaló «no es válido dilatar ni poner en funcionamiento el poder
judicial, con todos los términos legales que ello representa, para obtener la resolución de una
controversia en la que se encuentra demostrado que existió una omisión en expedir de manera
oportuna la disponibilidad presupuestal requerida para efectuar el pago de los tres días de
noviembre que hoy generan la presente controversia. Lo anterior, además, le impone al trabajador
una carga adicional que no le corresponde soportar […]».
5.2 Estudio de fondo
Como se indicó en precedencia, el Tribunal Superior de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, a través del Acuerdo 5 del 23 de octubre de 2024, le concedió vacaciones a la
señora Irina Margarita Díaz Oviedo entre el 4 y el 28 de noviembre de 2024
(correspondientes al período laborado entre el 1º de agosto de 2022 y el 31 de julio de
2023).
En reemplazo de la señora Díaz Oviedo, la mencionada Corporación designó al tutelante,
a través del Acuerdo 053 del 28 de octubre de 2024, quien se posesionó el 1º de
noviembre siguiente ante el gobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,
con efectos fiscales a partir del 5 de los mismos mes y año.
El 21 de noviembre de 2024 el tutelante le comunicó a la Oficina de Talento Humano de
la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cartagena que no había
sido incluido en nómina porque no aparecía el respectivo comprobante en el aplicativo
Efinomina, ante lo cual la dependencia le contestó que no podía reconocérsele el salario
y prestacione, ya que la titular del Juzgado Primero Promiscuo de Familia de San Andrés
no podía disfrutar de sus vacaciones individuales, ya que con la Ley 2430 de 2024
pasaron a ser colectivas.
Con la finalidad de decidir este trámite constitucional, debe advertirse que el artículo 146
de la Ley 270 de 1996 (antes de la expedición de la Ley 2430 de 2024), preveía sobre
las vacaciones de los servidores judiciales lo siguiente:
Las vacaciones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial serán colectivas, salvo las de los
de la Sala Administrativa de los Consejos Superiores y Seccionales de la Judicatura, las de los Tribunal
Nacional, las de los Juzgados Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia,
Penales Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las necesidades del servicio por la Sala
Administrativa del Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura por la Sala de Gobierno del
respectivo Tribunal a los Jueces y por el respectivo nominador en los demás casos, por un término de
veintidós días continuos por cada año de servicio.
12 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencias de tutela del 6 de julio de 2016, Exp. 25000234200020160074101,
C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia y del 8 de febrero de 2024, Exp. 11001031500020230745000, C.P. Wilson
Ramos Girón.
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Demandante: Anderson López Archbold
Por su parte, la Circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011, emitida por el
Consejo Superior de la Judicatura, establecía el procedimiento que debía surtirse para
conceder vacaciones a los funcionarios judiciales sujetos a las individuales, que
consistía en pedirlas, tramitar el certificado de disponibilidad presupuestal para contar
«con la asignación de recursos que permita efectuar el nombramiento en provisionalidad de
sus reemplazos» y nombrar a estos.
En virtud de lo anterior, la Sala constata que el mencionado procedimiento se surtió en
relación con las vacaciones de la señora Irina Margarita Díaz Oviedo, concedidas entre
el 5 y 28 de noviembre de 2024, pues se emitió el certificado de disponibilidad
presupuestal 45824 y se designó como su reemplazo al demandante, motivo por el cual
la Sala no evidencia irregularidad alguna que impida incluir en nómina a aquel y
cancelarle su salario y prestaciones pertinentes.
Ahora bien, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cartagena
señaló que no es dable cancelarle al actor los emolumentos que aquí reclama, toda vez
que la Ley 2430 de 2024 estableció que los juzgados promiscuos de familia estaban
sujetos a vacaciones colectivas, por tanto, no se le podían conceder las individuales a
la señora Irina Margarita Díaz Oviedo entre el 5 y 28 de noviembre de 2024, argumento
que para la Sala no es de recibo, pues esa norma no estaba vigente para el momento
en que la mencionada funcionaria cumplió el año de servicio que derivó en el descanso
remunerado, es decir, cuando se causó el derecho (1º de agosto de 202313), de manera
que no le resultaba aplicable.
Además, no es dable que la discusión de si la señora Díaz Oviedo le asistía o no el
derecho a disfrutar las vacaciones individuales repercuta negativamente en el actor,
quien laboró durante el lapso en que aquella las disfrutó, de ahí que deba acceder a los
emolumentos que reclama, tal como lo exigen los principios que rigen las relaciones
laborales, como el de trabajo igual salario igual y el de primacía de la realidad sobre las
formalidades, máxime cuando se cuentan con los recursos para ello, pues la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cartagena emitió el certificado de
disponibilidad presupuestal 45824.
Sumado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que la afirmación de la mencionada
Dirección, de que no era dable pagarle al demandante porque la funcionaria Irina
Margarita Díaz Oviedo no le asistía derecho a disfrutar las vacaciones individuales,
desconoce la presunción de legalidad 14 de los actos administrativos que se las
concedieron y que designaron al actor como juez primero promiscuo de familia de San
Andrés, dado que son de obligatorio cumplimiento por cuanto sus efectos no han sido
suspendidos y tampoco se han anulado en sede contencioso-administrativa, premisa
en virtud de la cual debía pagarle al demandante los emolumentos que aquí reclama.
La Sala encuentra desproporcionado que por la discusión sobre si a la titular del
despacho judicial le asistía o no el derecho a disfrutar de vacaciones individuales, se
prive al trabajador de la remuneración por los días laborados y de los aportes a la
seguridad social correspondientes. La remuneración por el trabajo realizado es esencial
para garantizar el mínimo vital de la persona y su dignidad humana. Privar al señor
13 Pues el año de trabajo comprendió entre el 1o de agosto de 2022 al 31 de julio de 2023, como quedó consignado
en el Acuerdo 5 de 23 de octubre de 2024, dictado por el Tribunal Superior de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina.
14 Artículo 88 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA): «Los actos
administrativos se presumen legales mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo. Cuando fueren suspendidos, no podrán ejecutarse hasta tanto se resuelva definitivamente sobre su
legalidad o se levante dicha medida cautelar».
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Radicado: 88001-23-33-000-2024-00060-01
Demandante: Anderson López Archbold
Anderson López Archbold de la remuneración por el tiempo que laboró impacta
directamente su capacidad para satisfacer sus necesidades básicas.
Así las cosas, la mencionada Dirección vulneró los derechos fundamentales del
demandante al omitir incluirlo en nómina y, por ende, no pagarle el salario y
prestaciones correspondientes, situación que imponía acceder al amparo deprecado,
tal como lo hizo el a quo en la sentencia impugnada, motivo por el cual se confirmará.
De igual manera, se remitirá copia de esta providencia al Consejo Superior de la
Judicatura, para su conocimiento y fines que estime pertinentes.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,
III. FALLA
1. Confirmar la sentencia impugnada, conforme a la parte motiva.
2. Remitir copia de esta providencia al Consejo Superior de la Judicatura, para su
conocimiento y fines que estime pertinentes.
3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
4. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
5. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
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