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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 88001-23-33-000-2024-00061-01

Fecha
27 de marzo de 2025
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 88001-23-33-000-2024-00061-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia del 4 de diciembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, dadas las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 88001-23-33-000-2024-00061-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

27 de marzo de 2025

Radicado: 88001-23-33-000-2024-00061-01
Demandante: Carolina Victoria Williams Escalona

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia Acción de tutela
Radicación 88001-23-33-000-2024-00061-01
Demandante CAROLINA VICTORIA WILLIAMS ESCALONA
Demandado DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
SECCIONAL CARTAGENA
Temas Derecho de petición. Certificación electrónica de tiempos laborados
CETIL. Carencia actual de objeto por hecho superado.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante contra la
sentencia del 4 de diciembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que
dispuso:
“PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado, dentro de la
presente acción de tutela interpuesta por la señora Carolina Victoria Williams Escalona,
conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. […]” 1

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 25 de noviembre de 20242, la señora Carolina Victoria Williams Escalona
interpuso acción de tutela contra la Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, Distrito del Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina por considerar vulnerado su derecho fundamental de
petición en razón a que, en su concepto, la autoridad accionada le brindó una
respuesta parcial a sus reiteradas solicitudes de expedición del certificado
electrónico de tiempos laborados CETIL.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«Que se ordene a la Rama Judicial dar respuesta inmediata y de fondo a la petición
presentada el 19 de octubre de 2024, expidiendo el Certificado Electrónico de Tiempos
Laborados (CETIL). Este certificado debe incluir el total el periodo completo laborado desde
el 20 de enero de 1993 hasta el 13 de agosto de 1998.
La urgencia de obtener o acceder el certificado es para ser aportado al trámite del beneficio
pensional que inicié ante el fondo de pensiones PORVENIR, específicamente para la
devolución de aportes, derecho que me asiste conforme a la normativa vigente.
Asimismo adviertese a la DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
DISTRITO DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y
SANTA CATALINA - RAMA JUDICIAL, que en tratándose de una solicitud relacionada con la

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Samai, índice 2.
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Demandante: Carolina Victoria Williams Escalona

expedición de una certificación laboral, deberá tener en cuenta los pronunciamientos
efectuados por la H. Corte Constitucional en sentencias T-111 de 2002 y T-163 de 2002, con
el fin de garantizar de manera efectiva los derechos fundamentales vulnerados.
Que se adopten las medidas necesarias para garantizar la protección de mi derecho de
petición y se eviten futuras vulneraciones.» (Sic a toda la cita)

2. Hechos

Del estudio del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. La señora Carolina Victoria Williams Escalona afirma que laboró en la Rama
Judicial, en los cargos de citador y notificador en el «Juzgado Promiscuo Territorial
y en el Tribunal Superior de la Judicatura, respectivamente entidades bajo la jurisdicción de
Cartagena», entre el 20 de enero de 1993 y el 13 de agosto de 1998, tiempo
durante el cual se le realizaron los descuentos de ley para salud y pensión.

2.2. La accionante señala que, al intentar tramitar su pensión se le informó que
ciertos aportes no estaban registrados y que debía solicitar a su empleador
una certificación electrónica de tiempos laborados CETIL para actualizar su
historia laboral.

2.3. La señora Williams Escalona manifestó que desde enero de 2024 ha
presentado las siguientes peticiones, así:

(i) Petición del 29 de enero de 2024, dirigida a la Oficina de Coordinación
de Servicios Judiciales de San Andrés en donde solicitó «[…] expedición de
comprobante de pago a pensión a fin de solicitar trámite de pago pensional». Para ello
anexó copia de su cédula de ciudadanía y de un certificado laboral que
le fue expedido en 2007.

El 31 de enero de 2024, la Oficina de Talento Humano de la Seccional
Bolívar le pidió que aportara «[…] la historia laboral de la entidad donde esta (sic)
gestionando su pensión.». La actora atendió el requerimiento ese mismo día.

El 16 de mayo de 2024, la Oficina de Talento Humano de la Seccional
Bolívar le solicitó a la señora Williams copia de cédula de ciudadanía
«[…]con el fin de poder realizar certificado de tiempos de servicio CETIL […]».

La actora aseguró que el 14 de agosto de 2024, recibió comunicación en
la que se le informaba que en el certificado laboral que aportó no se
especificaba el cargo que desempeñó y que esa información era
necesaria para la elaboración del certificado CETIL.

La señora Williams manifestó que el 27 de agosto de 2024, le volvieron
a solicitar el certificado laboral, a lo que informó que aún estaba a la
espera de que la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Cartagena se lo expidiera.

El 1 de noviembre de 2024, la señora Carolina Victoria Williams Escalona
recibió un correo electrónico remitido por la Dirección Seccional de
Administración judicial de Cartagena en el que se le adjuntaba el
Certificado CETIL, en el cual se validaba el periodo comprendido entre el
20 de enero de 1993 hasta el 31 de agosto de 1996, pero señala que no
se le certificó «[…] el periodo laborado desde el mes de septiembre de 1996 hasta

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agosto de 1997.». En la respuesta dada a su petición se le indicó que
«Desafortunadamente para los años 1997 y 1998 se necesita el acto administrativo,
acta de posesión o certificado del nominador donde se evidencie, fechas, cargo, […]
tener carpetas de despacho y eso hace que no tengamos como evidenciar su periodo
laborado, en auditora (sic) nos dejaron claro que no podemos emitir certificado sin […]»
esos documentos.

(ii) El 16 de agosto de 2024, la accionante remitió una nueva solicitud que
dirigió a la Oficina de Coordinación Administrativa de Servicios Judiciales
de San Andrés en la que solicitó un certificado laboral en el cual
constaran el tiempo, cargo y salario devengado. Petición que fue remitida
a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena.

(iii) El 19 de octubre de 2024, la señora Williams volvió a presentar la solicitud
que había radicado el 16 de agosto de 2024 en esta oportunidad a la
siguiente dirección electrónica: nsabogan@cendoj.ramajudicial.gov.co,
indicando: «La presente es con el fin de re-enviar la solicitud de certificado laboral en
el cual conste cargo, tiempo laborado y salario devengado, para gestionar el certificado
Cetil ante la misma Rama hasta la fecha, no he recibido respuesta de la solicitud
presentada el 16 de agosto del cursante año.».

3. Fundamentos de la acción

La señora Carolina Victoria Williams Escalona manifestó que se está vulnerando su
derecho de petición, pues si bien el 1 de noviembre de 2024 la Dirección Seccional
de Administración Judicial de Bolívar le dio respuesta a su solicitud remitiéndole el
Certificado CETIL, en su concepto, este se encuentra incompleto pues no se le
certificó el periodo laborado desde 6 de septiembre de 1996 hasta el 31 de agosto
de 1997, situación que manifiesta le causa un perjuicio irreparable en la medida que
se afecta de manera significativa su solicitud pensional que se encuentra en trámite
en Porvenir. Finalmente, añadió que en su historia laboral de Porvenir aparecen
registrados pagos pensionales desde septiembre de 1997 hasta agosto de 1998.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. En providencia del 26 de noviembre de 20243, el despacho ponente admitió
la acción de tutela presentada por la señora Carolina Victoria Williams
Escalona contra la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial Seccional Cartagena; y se dispuso a efectuar las
notificaciones correspondientes.

4.2. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Cartagena4 rindió
informe en el que puso de presente que el área encargada de custodiar esa
información ya atendió de fondo la petición presentada por la accionante,
emitiendo un nuevo Certificado CETIL en el que se adicionó el año 1998,
respuesta que le fue comunicada a la señora Williams.

Señaló que acudió al Tribunal de San Andrés para solicitar la información
necesaria para expedir el documento solicitado y le suministraron los actos
administrativos de ese año, pero no fue posible obtener la evidencia del año
1997, por lo que, manifestó que no es posible certificar un año distinto al de la
información que se recibió, esto de conformidad con la auditoría realizada por

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Documento consultado en TYBA. Expediente Nro. 88001-23-33-000-2024-00061-00.
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Documento consultado en TYBA. Expediente Nro. 88001-23-33-000-2024-00061-00.

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el Ministerio de Hacienda y Crédito Público que exige los actos administrativos
para poder expedir CETILES. Dado lo anterior, esta autoridad señaló que se
configuró una carencia de objeto por hecho superado pues ya le dio respuesta
de fondo a la solicitud de la actora.

5. Providencia impugnada

En sentencia del 4 de diciembre de 20245, el Tribunal Administrativo del
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina declaró
la carencia actual de objeto por hecho superado, en razón a que la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Cartagena ya había resuelto la
petición que motivó la acción de tutela.

Afirmó que de las pruebas obrantes en el expediente se podía determinar que la
accionante elevó en varias ocasiones (29 de enero y 16 de agosto de 2024) peticiones
dirigidas a la Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Seccional Cartagena con la finalidad de obtener el Certificado Electrónico de
Tiempos Laborados (CETIL) del periodo comprendido entre el 20 de enero de 1993
al 13 de agosto de 1998, frente a lo cual la entidad accionada habría brindado una
respuesta incompleta en razón a que sólo se certificó del 20 de enero de 1993 al 5
de septiembre de 1996, a pesar de que con posterioridad la accionada le remitió a
la señora Williams una nueva respuesta en la que se le puso de presente que se
adicionó el año de 1998 y precisando que no se encontró evidencia del año 1997,
por lo que no era posible certificarlo.

A juicio del Tribunal Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina el derecho de petición fue satisfecho de forma
completa, pues se emitió el certificado CETIL de los tiempos de los cuales se cuenta
con soporte, tan es así que la autoridad accionada acudió al nominador de la
accionante para la época de los hechos con la finalidad de obtener la información
necesaria para la expedición correcta del certificado y con fundamento en ella
profirió el certificado CETIL. Ahora bien, frente al periodo 1997 la entidad accionada
manifestó la imposibilidad de obtener evidencia.

De otra parte, frente al certificado laboral que la señora Carolina Victoria Williams
Escalona consideró que era insuficiente para acreditar su vinculación laboral en el
periodo mencionado razón por la cual no puede esa Corporación ordenar la
certificación de un periodo de servicio respecto del cual no se cuenta con soportes
documentales, menos aun cuando no hay coincidencias entre los datos informados
y los certificados, pues «[…] la certificación suscrita por el entonces Jefe de Recursos Humanos
de Administración Judicial de Cartagena señala que la señora Carolina V. Williams Escalona laboró
desde el 20 de enero de 1993 hasta el 13 de agosto de 1998. No obstante, el certificado CETIL
expedido da cuenta que la accionante laboró en el periodo comprendido entre el 20 de enero de
1993 al cinco de septiembre de 1996 y del 13 de febrero de 1998 al 27 de octubre de 1998», dado
que un certificado da a entender que la accionante laboró sin solución de
continuidad entre enero de 1993 hasta agosto de 1998, mientras que el CETIL
indica que laboró entre el 20 de enero de 1993 al 5 de septiembre de 1996 y del 13
de febrero de 1998 al 27 de octubre de 1998.

Añadió que, si bien la actora manifestó en su escrito de tutela que tenía evidencia
de los aportes referentes al año 1997, lo cierto es que al plenario no se aportó
prueba alguna de esa afirmación.

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Adicionalmente manifestó que, si bien la entidad accionada no dio respuesta
completa en término a la solicitud que se le presentó, pues la fecha de presentación
de la tutela no se había recibido respuesta total, el 28 de noviembre de 2024 sí se
atendió de forma completa a pesar de que no se incluyeron todos los periodos
pretendidos por la accionante. De ahí que el motivo por el cual se interpuso la
presente tutela fue satisfecho, configurándose la carencia actual de objeto por
hecho superado.

Finalmente, indicó que a pesar de que existe carencia de objeto era necesario
llamar la atención a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional
Bolívar a fin de que en próximas oportunidades diligencie de forma oportuna y
completa las peticiones, más aún cuando se trata de personas que están
gestionando su reconocimiento pensional. Y precisó que si la actora consideraba
que la información que aportó el nominador (Tribunal Superior del Distrito Judicial de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina) fue imprecisa le correspondía a ella
adelantar las gestiones ante esta autoridad, pues no se advirtió que hubiera elevado
petición ante ellos, por lo que no se le vinculó a este proceso.

6. Impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la
accionante6 interpuso escrito de impugnación contra el fallo de primera instancia.

Como sustento expuso que no se configuró el hecho superado pues para que ello
fuera así se debió realizar la conducta pedida siendo en este caso «[…] se expida
certificación que incluyera el tiempo laboral correspondiente al periodo entre el 6 de septiembre de
1996 y el 12 de febrero de 1998 […]», pues asegura que existe un certificado laboral
expedido por el jefe de recursos humanos en el cual se le incluía el periodo
mencionado, y el juez de primera instancia no lo tiene en cuenta dado que se
perjudica la devolución efectiva de sus aportes «[…] ya que estos fueron descontados de
mi salario durante ese tiempo, reflejando un total de 17 meses y 6 días […]», pues se estaría
configurando una omisión por parte del empleador en el pago de las cotizaciones al
sistema de seguridad social en pensiones, lo cual no puede ser imputado al
trabajador.

Manifiesta su inconformidad en que le sean pedidos los actos administrativos de
nombramiento o posesión, pues es la entidad accionada la única responsable de
conservar y custodiar todos los documentos que respaldan los datos personales de
sus trabajadores, porque no hay otra entidad que pueda evidenciar el tiempo
laborado que falta en el certificado expedido, específicamente el periodo
comprendido entre el 6 de septiembre de 1996 y el 12 de febrero de 1998. Añadió
que, no hay otra entidad que sea responsable de conservar los soportes de los actos
administrativos de nombramiento y posesión que evidencien la certificación
expedida por el jefe de recursos humanos, documento que no fue tachado de falso
y adicionalmente mencionó que no existe otro procedimiento por medio del cual
logre levantar los actos administrativos.

Por último, manifestó que le correspondía al juez de primera instancia vincular a
Porvenir para que aportara la historia laboral, la cual omitió anexar por error.

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CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19917, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Planteamiento del problema jurídico

Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos y el escrito de impugnación, le
corresponde a la Sala establecer si le asistió razón al juez de tutela de primera
instancia al declarar la carencia actual de objeto por hecho superado.

Solo en caso de desestimar lo anterior, la Sala analizará de fondo la posible
vulneración de los derechos fundamentales de la señora Carolina Victoria Williams
Escalona por parte de la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial Seccional Cartagena.

3. Carencia actual de objeto por hecho superado

La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata,
oportuna y adecuada de derechos fundamentales ante situaciones de amenaza o
vulneración, por la acción u omisión de las autoridades o de los particulares. Su
finalidad, entonces, es evitar que una amenaza a un derecho fundamental se
materialice, o una vez la vulneración ya se ha producido hacer que cese.

Por ende, cuando los hechos que motivaron la acción desaparecen o cuando no
hay forma de resarcir el daño ya producido, la tutela pierde su razón de ser.
Cualquier pronunciamiento al respecto carecería de fundamento. Este fenómeno ha
sido denominado por la jurisprudencia constitucional como carencia actual de objeto
dividido en tres escenarios: (i) hecho superado8; (ii) daño consumado9 y (iii) situación
sobreviniente10.

Sobre esta clasificación, desde sus inicios la Corte Constitucional en Sentencia T-
494 de 1993, precisó lo siguiente:
“(…) la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la “carencia actual de objeto”
para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la imposibilidad material en la que se
encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden que permita salvaguardar los
intereses jurídicos que le han sido encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se
constituye en el género que comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede
materializarse a través de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii) “daño

7
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad o de los particulares en los casos que señala este decreto».
8
Cfr. Corte Constitucional, Sentencias: SU 540 de 2007, T-678 de 2011 T-597 de 2015, T-669 de 2016 y T-624 de 2016
T-021 de 2017.
9
Cfr. Corte Constitucional, Sentencias: SU 225 de 2013, T-011 de 2016 y T-082 de 2006.
10
Cfr. Corte Constitucional, sentencias: T-988 de 2007, T-585 de 2010, T-200 de 2013, T-481 de 2016 y T-158 de 2017.

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consumado” o (iii) de aquella que se ha empezado a desarrollar por la jurisprudencia
denominada como el acaecimiento de una “situación sobreviniente”.
La primera de estas figuras, regulada en el artículo 26 del decreto 2591 de 1991, comprende
el supuesto de hecho en el que, entre el momento en que se interpone la demanda de
amparo y el fallo, se evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se
eliminó la vulneración a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta
solicitada (ya sea por acción o abstención) y, por tanto, (i) se superó la afectación
y (ii) resulta inocua cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela para lograr la
protección de unos derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer.
La segunda de las figuras referenciadas consiste en que a partir de la vulneración
iusfundamental que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la
acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la
vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela imparta
una orden al respecto.
Para finalizar, se ha empezado a diferenciar por la jurisprudencia una tercera modalidad de
eventos en los que la protección pretendida del juez de tutela termina por carecer por
completo de objeto y es en aquellos casos en que, como producto del acaecimiento de una
“situación sobreviniente” que no tiene origen en el obrar de la entidad accionada, la
vulneración predicada ya no tiene lugar, sea porque el actor mismo asumió una carga que
no le correspondía, o porque, a raíz de dicha situación, perdió interés en el resultado de
la litis.” (Subrayas fuera del texto)

Así pues, la carencia actual de objeto por hecho superado se configura en los casos
en que, en el lapso transcurrido entre la radicación de la acción de tutela y la
expedición de la sentencia, la entidad demandada adelantó las acciones tendientes
a cesar la vulneración de los derechos fundamentales, lo que por sustracción de
materia hace inocuo cualquier pronunciamiento u orden del juez de tutela para lograr
el amparo de los derechos.

Como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia SU-274 de 2019 “ante la
alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración
de los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud pierde su eficacia y sustento,
así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de protección judicial”.

De allí que, una vez desaparece el supuesto de hecho que motivó la presentación
de la solicitud de amparo, sería inocua cualquier determinación del juez
constitucional, ya que “la materia o amenaza cesa porque ha tenido lugar un evento que
conlleva a la conjuración del daño, la satisfacción del derecho o la inocuidad de las
pretensiones”.

4. Análisis del caso concreto

4.1. Como se indicó previamente, la señora Carolina Victoria Williams Escalona
cuestionó que en el fallo impugnado se determinó la existencia de la figura de
carencia actual de objeto por hecho superado, pues en su concepto, para que
se configurara se debió realizar la conducta pedida siendo en este caso «se
expida certificación que incluyera el tiempo laboral correspondiente al periodo entre el 6 de
septiembre de 1996 y el 12 de febrero de 1998», conforme al certificado laboral
proferido por el jefe de recursos humanos, pues esto le causa un perjuicio en
razón a que, en su concepto, el dinero de los aportes fue descontado de su
salario y sería una omisión por parte del empleador.

Frente a este aspecto la Sala reitera que de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional la carencia actual de objeto causa la extinción del objeto jurídico
de la tutela, trayendo como consecuencia que cualquier orden que diera el juez
caería en el vacío. Para realizar el estudio de este cargo, es necesario analizar
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las peticiones que presentó la accionante y las correspondientes respuestas
que se le brindaron.

Así pues, de la revisión del expediente y de los documentos obrantes en el
Sistema de Gestión TYBA, fue posible advertir que la actora presentó tres
solicitudes durante el año 2024.

La primera de ellas el 29 de enero de 2024, la cual fue remitida desde el correo
electrónico: jwejuridico14@gmail.com a la Oficina de Coordinación Administrativa
de Servicios Judiciales de San Andrés, en donde solicitaba una certificación
en los siguientes términos: «[…] anexo presento solicitud de expedición de comprobante
de pago a pensión a fin de solicitar trámite de pago pensional». En esa misma fecha, la
petición fue trasladada por la autoridad que la recibió inicialmente a la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena.

En razón a esta solicitud, se advierten múltiples requerimientos realizados
durante el primer semestre del 2024 por parte de la Oficina de Talento Humano
de la Seccional Bolívar (historia laboral de Provenir y copia de la cédula), los cuales
fueron atendidos por la peticionaria con la finalidad de que le expidiera la
certificación electrónica de tiempos laborados CETIL. Sin embargo, esa
Oficina le informó a la señora Williams Escalona que para efectos de expedir
el CETIL se requería un certificado laboral que incluyera los cargos que
desempeñó, el tiempo laborado y el salario, lo que condujo a que la accionante
presentara la segunda petición (16 de agosto de 2024).

No obstante, para el 1 de noviembre de 2024 le fue remitido un certificado
CETIL en el cual se validaba el periodo comprendido entre el 20 de enero de
1993 hasta el 31 de agosto de 1996, pues «Desafortunadamente para los años 1997
y 1998 se necesita el acto administrativo, acta de posesión o certificado del nominador donde
se evidencie, fechas, cargo, […] tener carpetas de despacho y eso hace que no tengamos
como evidenciar su periodo laborado, en auditora nos dejaron claro que no podemos emitir
certificado sin […]» esos documentos.

De conformidad con lo anterior la accionante presentó su segunda petición el
16 de agosto de 2024, esta fue remitida a la dirección electrónica de la Oficina
de Coordinación Administrativa de Servicios Judiciales de San Andrés, en
donde indicó que adjuntaba un documento con una solicitud y «Anexo a la
presente solicitud de certificado laboral y copia de mi documento de identidad», petición que
fue redirigida por esa autoridad, ese mismo día, a la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Cartagena.

Y el 19 de octubre de 2024, la peticionaria envió una tercera petición a la
dirección: nsabogan@cendoj.ramajudicial.gov.co11, indicando: «La presente es con
el fin de re-enviar la solicitud de certificado laboral en el cual conste cargo, tiempo laborado y
salario devengado, para gestionar el certificado Cetil ante la misma Rama hasta la fecha, no
he recibido respuesta de la solicitud presentada el 16 de agosto del cursante año.», petición
que fue redirigida por esa autoridad, a la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Cartagena.

Lo que quiere decir que la accionante con la finalidad de satisfacer uno de los
requerimientos que se le había hecho en el trámite de la primera petición,
respecto de los documentos que se necesitaban para poder expedir el

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Dirección electrónica perteneciente a la Coordinadora Administrativa y de Servicios Judiciales de San Andrés.

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certificado CETIL procedió a presentar las peticiones del 16 de agosto y 19 de
octubre de 2024 ante la Oficina de Coordinación Administrativa de Servicios
Judiciales de San Andrés, en la que pedía le fuera certificado los cargos que
desempeñó, el tiempo laborado y el salario, para poder aportar esta
información y que le fueran expedido el CETIL.

Sin embargo, ambas peticiones fueron remitidas por competencia a la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena, misma autoridad
que le había solicitado los certificados y constancias para expedir el CETIL. De
ahí que, si bien es cierto que las peticiones Nro. 2 y 3 fue remitidas a la
autoridad competente, no es menos cierto que esta misma autoridad manifestó
no tener esa documentación para poder expedir el certificado CETIL con la
totalidad de los años solicitados, razón por la cual le invirtió la carga a la
peticionaria para que esta recolectara las pruebas necesarias ( actos de
nombramiento, posesión y otras evidencias).

Tan es así que, cuando la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Cartagena le envió a la señora Williams el primer certificado CETIL (20 de enero
de 1993 hasta el 31 de agosto de 1996), le informó que desafortunadamente no
podían certificar los años 1997 y 1998 pues se requerían los actos
administrativos de nombramiento y posesión en los que se evidenciara fechas
cargos y demás. Y a pesar de ello, durante el trámite de la primera instancia
de esta acción (28 de noviembre de 2024), se le expidió a la peticionaria un
nuevo certificado CETIL adicionando el año 1998 (13 de febrero de 1998 a 27 de
octubre de 1998), y se precisó que esa autoridad «acudió al TRIBUNAL en san Andrés
y nos suministraron actos administrativos de este año, no se logró tener evidencia de 1997 y
en esa medida no es posible certificar ese año, de acuerdo a auditoría realizada por el
ministerio de hacienda donde nos exigieron que para poder emitir estos CETILES debemos
tener actos administrativos.».

Por lo que, de acuerdo con el recuento realizado esta Sala determina que, en
efecto, tal como lo mencionó el Tribunal Administrativo del Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, las tres peticiones
que fueron presentadas por la señora Williams Escalona fueron resueltas y
atendidas en su totalidad por la Dirección Seccional de Administración Judicial
de Cartagena - Bolívar, pues si bien en apariencia pareciera que la segunda y
tercera petición no fueron resueltas, lo cierto es que sí se atendieron al
indicarle a la peticionaria que no contaban con los actos administrativos que
requería para expedir el certificado CETIL, de ahí que en efecto se dio
respuesta a la primera petición expidiendo los certificados CETILES de
acuerdo con los documentos obrantes en sus archivos, y los que pudieron
recolectar. Por lo que, se confirmará la carencia actual de objeto por hecho
superado.

Se debe recordar que en lo relacionado con el derecho de petición la autoridad
encargada de responder la solicitud debe dar una respuesta pronta, oportuna,
clara, de fondo, suficiente, efectiva y congruente, teniendo en cuenta que la
satisfacción de este derecho no depende de la respuesta favorable a lo
solicitado, como en efecto lo manifiesta la actora en la impugnación, sino que
incluso se entiende que existe respuesta cuando el sentido es negativo, como
ocurrió en este caso frente al periodo de 1997, siempre que se precisen los
motivos para ello. Tal aspecto se menciona porque no se debe confundir el
«derecho de petición» con el «derecho a lo pedido», pues en ningún caso el ejercicio

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de este derecho fundamental implica el deber de otorgar lo pedido dado que
su ámbito de aplicación se circunscribe a presentar solicitudes respetuosas y
a obtener respuesta de fondo a las mismas.

4.2. Adicionalmente, la eventual mora en la que pudiera haber incurrido el
empleador no es asunto de debate en esta acción constitucional, pues la
actora tiene mecanismos ordinarios para poder adelantar las reclamaciones
que considere pertinente, dado que en este asunto se estaba discutiendo la
posible vulneración de su derecho de petición.

4.3. A su vez, se debe reiterar lo manifestado por el juez de primera instancia
cuando indicó que si la accionante consideraba que el nominador ( Tribunal
Superior del Distrito Judicial de San Andrés, Providencia y Santa Catalina) incurrió
en alguna imprecisión en la información que remitió a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial de Cartagena le correspondía adelantar el
procedimiento administrativo ante aquel, pues si bien la accionante manifiesta
que «La entidad accionada es la única responsable de conservar y custodiar todos los
documentos que respaldan los datos personales de sus trabajadores.», lo cierto es que
como se evidenció ellos no contaban con los actos administrativos de sus
nombramiento y de oficio acudieron en su búsqueda ante quien consideraban
el nominador de la señora Williams Escalona (labor que no se menciona que la
accionante hubiera adelantado), sin embargo la actora en la narración de sus
hechos manifestó que se desempeñó en el cargo de «[…] Citador del Juzgado
Promiscuo Territorial y Notificador del Tribunal Superior de la Judicatura […]» por lo que
tendría a cargo la búsqueda de los actos administrativos ante quienes fueron
sus nominadores, o quienes hagan sus veces, con la finalidad de obtener la
documentación requerida para realizar nuevamente la solicitud de la
certificación CETIL del año 1997 ante Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial de Cartagena.

4.4. Por último, la actora consideró que el juez de primera instancia debió vincular
en calidad de tercero con interés al Fondo de Pensiones Porvenir, para que
este aportara como prueba la historia laboral que por error ella no anexó, sin
embargo, esta Sala advierte que no era necesaria tal vinculación en este caso
pues lo que pretendía probar la actora con ese historial era que «Mientras que en
la historia laboral de Porvenir se encuentran registrados pagos pensionales desde septiembre
de 1997 hasta agosto de 1998, pero el periodo entre el 6 de septiembre de 1996 hasta el 31
de agosto de 1997, no aparece.» (Énfasis propio), por lo que, este último período aún
sigue ausente como lo menciona la accionante y tal historial laboral no
demostraría que existieron aportes en ese periodo que sería el que no le
aparece a la señora Williams, como ella misma afirma.

Sin embargo, si ese historial demuestra aportes a partir del 1 de septiembre
de 1997 hasta el 12 de febrero de 1998, debe aportarlo junto con los actos
administrativos de nombramiento y posesión ante la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial de Cartagena para solicitar nuevamente su certificado
CETIL.

5. Conclusión
En consecuencia, se confirmará la sentencia del 4 de diciembre de 2024 proferida
por el Tribunal Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, al haberse configurado la carencia actual de objeto

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por hecho superado en la acción de tutela presentada por la señora Carolina Victoria
Williams Escalona.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia del 4 de diciembre de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina, dadas las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de
la siguiente dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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