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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 88001-23-33-000-2026-00010-01

Fecha
3 de agosto de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 88001-23-33-000-2026-00010-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

3 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., tres (3) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 88001-23-33-000-2026-00010-01 (4514)
Accionante: César Augusto Pizarro Barcasnegras
Accionados: Consejo Nacional Electoral y otros

Tema: tutela contra acto administrativo. Subtema 1: curul de la Cámara de
Representantes por la comunidad raizal del departamento de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina. Subtema 2: Subsidiariedad. Subtema 3:
improcedencia

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la impugnación interpuesta por César Augusto Pizarro Barcasnegras contra la
sentencia del 18 de junio de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina.

1. Síntesis del caso

El señor César Augusto Pizarro Barcasnegras, por conducto de apoderado,
presentó acción de tutela con la pretensión de amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso y a elegir y ser elegido, que consideró vulnerados
por el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la
Comisión Escrutadora de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con ocasión
de la asignación de las curules para el departamento de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina en la Cámara de Representantes del Congreso de la República, en
atención al resultado electoral del 8 de marzo de 2026.

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1.
A partir del escrito de tutela y los demás elementos aportados por las partes en
el trámite constitucional, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:

1

Radicado: 88001-23-33-000-2026-00010-01 (4514)
Accionante: César Augusto Pizarro Barcasnegras
Accionados: Consejo Nacional Electoral y otros

2.
El señor César Augusto Pizarro Barcasnegras es residente de la isla de San
Andrés y ejerció su derecho al voto en las elecciones del 8 de marzo de 2026 por el
candidato 1021 del partido liberal colombiano a la Cámara de Representantes por el
departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, para el periodo 2026
— 2030, con el fin de que se representara los intereses de la comunidad raizal del
territorio.

3.
El día 8 de marzo de 2026 se realizaron en el territorio nacional las elecciones
al Congreso de la República y, en el boletín oficial de resultados para el
departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se registraron 26.021
votos válidos, los cuales se distribuyeron entre las listas así:

Partido Votos
Partido Liberal 10.164
Cambio Radical 4.413
Partido La Fuerza 3.476
Partido de la U 3.369
Pacto Histórico 2.334
Otros 1.265
Total, votos válidos 26.021

4.
El sistema informático de escrutinio utilizado por la Registraduría Nacional del
Estado Civil aplicó el sistema de cociente electoral, por lo que estableció un umbral
del 30%. Bajo este criterio, se asignaron dos curules a la circunscripción territorial
del departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina para su ejercicio
político en la Cámara de Representantes.

5.
La Comisión Escrutadora Departamental de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, a través del Formulario E-26-CAM del 15 de marzo de 2026, declaró
elector como representantes a la Cámara por el departamento de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina a los candidatos Elizabeth Jay-Pang del partido Liberal
y Jorge Méndez por Cambio Radical

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

6.
La parte actora solicitó en el escrito de tutela2 lo siguiente:

1. TUTELAR en favor del señor CÉSAR AUGUSTO PIZARRO BARCASNEGRAS los
derechos Fundamentales, al Debido Proceso, y a Elegir y Ser Elegido, consagrados
en la Constitución Política.

2. Ordenar al Consejo Nacional Electoral, a la Registraduría Nacional del Estado Civil
y a la Comisión Escrutadora Departamental el saneamiento del escrutinio que

1
El señor Luis Telisford.
2
Samai, exp. 88001-23-33-000-2026-00010-01, índice 11, certificado núm. F068C87FDFCC3CD9 29AA314D5F5673D0
4C849D43D0DED15F F6EE635716EEE465.
2

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Accionante: César Augusto Pizarro Barcasnegras
Accionados: Consejo Nacional Electoral y otros

adelanta la Comisión Escrutadora Departamental del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina para la circunscripción territorial de la cámara de
representantes periodo 2026-2030, mediante la aplicación correcta del sistema
constitucional de asignación de escaños.

3. Ordenar al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado
Civil que actualicen el Software para la asignación de curules con la aplicación del
método de la cifra repartidora y no por el cociente electoral.

4. Ordenar al Consejo Nacional Electoral, a la Registraduría Nacional del Estado Civil
y a la Comisión escrutadora Departamental, que apliquen la cifra repartidora para la
asignación de curules de la Cámara de Representantes en la circunscripción territorial
del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

5. Se sirva Ordenar la Comisión Escrutadora Departamental del Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, la suspensión de la declaratoria de elección,
decretar la elección y la expedición de credenciales de la cámara de representantes
del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, hasta
tanto no se actualice el software en el cual se ordene que la asignación de curules se
realice por el método de la cifra repartidora y no por el cociente electoral, y se efectúe
el escrutinio conforme al orden constitucional, teniendo en cuenta los lineamientos
establecidos por la Constitución Nacional que versa sobre la presente litis […]3.

7.
Como fundamento de sus pretensiones, la parte tutelante manifestó que las
autoridades accionadas vulneraron sus derechos fundamentales, porque se
limitaron a reconocer dos curules para el departamento de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina sin tener en cuenta que el artículo 176 de la Constitución Política,
modificado por el artículo 6 del Acto Legislativo 2 de 2015, establece que además
de las 2 referidos escaños, «La circunscripción territorial conformada por el
departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, elegirá adicionalmente
un (1) Representante por la comunidad raizal de dicho departamento, de
conformidad con la ley».

8.
Así pues, indicó que, de acuerdo con lo expuesto en la norma referida, las
accionadas debían reconocer la elección de un tercer candidato por el departamento
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, para que ejerciera la representación
de la comunidad raizal del territorio.

9.
Agregó que las entidades demandadas dieron aplicación al sistema de cociente
electoral; sin embargo, desconocieron que el inciso primero del artículo 263 de la
Constitución, modificado por el artículo 21 del Acto Legislativo 2 de 2015, establece
que: «Para garantizar la equitativa representación de los Partidos y Movimientos
Políticos y grupos significativos de ciudadanos, las curules de las Corporaciones
Públicas se distribuirán mediante el sistema de cifra repartidora entre las listas de
candidatos que superen un mínimo de votos que no podrá ser inferior al tres por
ciento (3%) de los votos válidos para Senado de la República o al cincuenta por

3
Se transcribe incluso con errores
3

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Accionados: Consejo Nacional Electoral y otros

ciento (50%) del cociente electoral en el caso de las demás Corporaciones,
conforme lo establezcan la Constitución y la ley».

10.
En este sentido explicó que por mandato constitucional en la circunscripción
territorial del departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se eligen
a 3 representantes y no 2 «como erradamente lo incluye el software de Escrutinios
de la Comisión Escrutadora Departamental, entregado por la Registraduría Nacional
del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral».

11.
Asimismo, resaltó que, en atención al principio de supremacía constitucional,
previsto en el artículo 4 superior, las autoridades administrativas están obligadas a
aplicar directamente la Constitución, incluso en ausencia de normas reglamentarias
o de desarrollo legal, con mayor razón cuando se trata de asuntos electorales.

12.
De igual manera, expuso que el Acto Legislativo 2 de 2015 introdujo
modificaciones estructurales en el sistema político colombiano y, dentro de ellas, la
representación del departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en
la Cámara de Representantes, por lo que su aplicación era de obligatorio
cumplimiento.

13.
Afirmó que «La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reiterado que las
reformas constitucionales adoptadas mediante acto legislativo entran en vigor
desde su promulgación y producen efectos jurídicos obligatorios, sin que sea
necesaria una reglamentación posterior (Sentencias C-1042 de 2005, C-957 de
1999, C-461 de 2010, C-013 de 2014, y C-332 de 2017)».

2.3. Trámite procesal

14.
El despacho ponente del Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina, mediante auto del 16 de marzo de 20264, admitió la solicitud de
amparo, ordenó la notificación al Consejo Nacional Electoral, a la Registraduría
Nacional del Estado Civil y a la Comisión escrutadora del departamento de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, en su condición de autoridades accionadas.

15.
Posteriormente, el referido Tribunal profirió sentencia el 26 de marzo de 2026.
Dicha decisión fue impugnada por la parte actora. En sede de segunda instancia, el
despacho ponente de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, por auto del 15 de mayo de 2026, decretó la nulidad de lo actuado, al no
haberse vinculado a los terceros interesados.

16.
En cumplimiento de lo anterior, el Tribunal Administrativo de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, mediante autos del 20 de mayo y del 4 de junio de
2026, dispuso la vinculación de los candidatos a la Cámara de Representantes por

4
Samai, exp. 88001-23-33-000-2026-00010-01, índice 11, certificado núm. F068C87FDFCC3CD9 29AA314D5F5673D0
4C849D43D0DED15F F6EE635716EEE465.
4

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Accionante: César Augusto Pizarro Barcasnegras
Accionados: Consejo Nacional Electoral y otros

la circunscripción electoral de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en su
calidad de terceros con interés.

2.4. Intervenciones

17.
La Registraduría Nacional del Estado Civil5 indicó que el artículo 176 de la
Constitución a partir de su modificación con el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de
2013 y el artículo 6 del Acto Legislativo 2 de 2015 «La circunscripción territorial
conformada por el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,
elegirá adicionalmente un (1) Representante por la comunidad raizal de dicho
departamento, de conformidad con la ley».

18.
Asimismo, indicó que el artículo 211 del Decreto-Ley 2241 de 1986, Código
Electoral, estableció que el Gobierno publicará oportunamente el número de
Representantes a la Cámara que se elegirán por las diferentes circunscripciones
territoriales y especiales.

19.
Con base en lo anterior, explicó que el Gobierno nacional, en ejercicio de las
facultades conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y
el artículo 211 del Decreto-Ley 2241 de 1986, expidió el Decreto 0719 del 25 de
junio de 2025, mediante el cual estableció el número de curules a elegir en la
Cámara de Representantes para el periodo 2026 — 2030. En consecuencia, el
artículo 2.3.1.3.1. dispuso que se debían elegir a 2 representantes a la Cámara por
circunscripción territorial.

20.
Agregó que el mencionado decreto, en su parte considerativa se pronunció
sobre la curul por la comunidad raizal en el sentido de indicar que, debido a «la falta
de reglamentación, para el periodo constitucional 2026 — 2030 no será posible
elegir un representante a la Cámara por la comunidad raizal del departamento de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, [l]a elección solo podrá realizarse una
vez se expida la ley que reglamente esta curul, estableciendo los requisitos
fundamentales para ello».

21.
De este modo, expuso que no era dable elegir la curul de la etnia raizal, por
cuanto esa situación no había sido regulada mediante ley estatutaria, de
conformidad con lo dispuesto en el parágrafo mismo del acto legislativo 2 de 2015.
Entonces al haberse elegido a 2 representantes a la cámara por la circunscripción
territorial del departamento archipiélago, la fórmula para la asignación de curules
correspondía aquella del cociente electoral según lo dispuesto en el artículo 263 de
la Constitución, tal y como ocurrió.

22.
En este sentido, afirmó que la tutela es improcedente, porque la entidad dio
cumplimiento al Decreto 0719 de 2025. Además, su función dentro del proceso de
escrutinio se limitó a ejercer la calidad de secretaría, siendo los actos de declaración

5
Samai, exp. 88001-23-33-000-2026-00010-01, índice 11, certificado núm. F068C87FDFCC3CD9 29AA314D5F5673D0
4C849D43D0DED15F F6EE635716EEE465.
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Accionante: César Augusto Pizarro Barcasnegras
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electoral propios del Consejo Nacional Electoral, por lo que la inconformidad del
actor debe dirigirse contra dichas actuaciones administrativas en los escenarios
judiciales correspondientes.

23.
Así pues, resaltó que a partir de la expedición del formulario E-26 del 15 de
marzo de la presente anualidad, la acción de tutela se tornó en improcedente, pues
el medio de control idóneo para la controversia de los resultados es la nulidad
electoral.

24.
El señor Luis Edward Telisford Chow6 manifestó que la solicitud de amparo es
procedente, pues, consideró que era necesaria «[…] la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso de elegir y ser elegido violados por los accionados
en el presente asunto por la no aplicación del método de la cifra repartidora y el
desconocimiento de los tres curules con las que cuenta la circunscripción territorial
del departamento archipiélago; por consiguiente se hace necesario el saneamiento
del escrutinio realizado por la Comisión Departamental del archipiélago y la
Registraduría Nacional del Estado Civil en las elecciones a la Cámara de
Representantes periodo 2026-2030».

25.
La señora Elizabeth Jay Pang Díaz se opuso a las pretensiones de la tutela, al
considerar que la interpretación que hizo el accionante del texto constitucional
desconoce su alcance sistemático para la regulación histórica de la conformación,
integración y elección de la cámara de representantes.

26.
Adujo que, «si bien es cierto que el Acto Legislativo 02 de 2015 dispuso que el
departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina elegiría
adicionalmente un (1) representante por la comunidad raizal, no es menos cierto
que dicha previsión constitucional exigía un desarrollo normativo que permitiera
determinar las condiciones de elección, inscripción de candidatos, conformación del
censo electoral, requisitos de pertenencia a la comunidad beneficiaria y demás
aspectos indispensables para hacer efectiva dicha representación especial».

27.
Así pues, precisó que no se puede desconocer que «la propia disposición
constitucional señala que dicho representante será elegido “de conformidad con la
ley”, expresión que evidencia la voluntad del constituyente derivado de supeditar la
materialización de dicha representación a la expedición de las normas que
reglamentaran su implementación».

28.
En tal sentido, concluyó que «resulta equivocado concluir que la sola entrada
en vigor del Acto Legislativo 02 de 2015 modificó automáticamente la estructura de
asignación de curules de la circunscripción territorial ordinaria de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina o que transformó de manera inmediata el sistema
electoral aplicable para la elección de representantes a la Cámara».

29.
La Procuraduría Judicial II para la conciliación administrativa de Bogotá, en su

6
Ibidem.
6

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Accionante: César Augusto Pizarro Barcasnegras
Accionados: Consejo Nacional Electoral y otros

condición de representante del Ministerio Público7, expuso que la falta de
reconocimiento de la curul raizal configura una omisión constitucional prolongada,
sistemática e injustificada. En su criterio existe un derecho fundamental a la
participación política reconocido en la Constitución desde el año 2015, pero que 11
años después no se ha materializado para el pueblo raizal de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina.

30.
Asimismo, consideró que los medios de nulidad simple o la nulidad electoral no
son idóneos o suficientes para la protección de los derechos vulnerados, pues estos
mecanismos procesales no tendrían la capacidad suficiente para obligar al
Congreso de la República a legislar ni puede ordenar al Ministerio del Interior
adelantar la consulta previa ni puede fijar un cronograma para la realización de las
elecciones.

31.
En suma, afirmó que la acción de tutela es el medio idóneo para superar la
omisión legislativa que desconoce el derecho a ser elegido de los miembros de la
comunidad raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

32.
Los demás sujetos vinculados a la acción constitucional guardaron silencio.

2.5. Sentencia de primera instancia

33.
El Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,
mediante sentencia del 18 de junio de 20268 declaró improcedente la tutela por no
cumplir con el requisito de subsidiariedad.

34.
Al respecto, indicó que el acto definitivo por medio del cual se determinó los
integrantes de la Cámara de Representantes por el departamento de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina ya había sido expedido mediante el formulario E-26
CAM del 15 de marzo de 2026, en el cual se declaró electos a Elizabeth Jay-Pang
y Jorge Méndez. Por tanto, no era posible, a través de la acción de tutela cuestionar
trámites previos del escrutinio ni suspender efectos para modificar el sistema de
asignación de curules.

35.
Bajo este contexto, advirtió que el tutelante podía acudir al medio de control de
nulidad electoral, con el fin de cuestionar la legalidad de los representantes electos.

36.
Asimismo, refirió que el Decreto 719 de 2025 fijó dos curules para el
departamento y en su contenido se explicó que la curul raizal no puede elegirse por
falta de regulación legal. En consecuencia, si el actor consideraba contrario a la
Constitución ese decreto, debió acudir a los medios judiciales ordinarios (nulidad
simple), para exponer y desarrollar el debate jurídico respectivo. Esto por cuanto el
referido acto administrativo definió de manera sustancial la situación que alegó el
accionante como vulneradora de sus derechos fundamentales.

7
Ibidem.
8
Ibidem.
7

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Accionante: César Augusto Pizarro Barcasnegras
Accionados: Consejo Nacional Electoral y otros

37.
Por otro lado, advirtió que la tutela no es el mecanismo para ordenar al
Congreso legislar ni al Ministerio del Interior realizar consulta previa, como lo
pretendía la Procuraduría General de la Nación, pues para ello es procedente la
acción de cumplimiento en los términos de la Ley 393 de 1997.

38.
Agregó que, si bien la curul raizal no se ha materializado, ello no habilita la tutela
en este caso, pues el actor no busca la reglamentación de la curul sino modificar el
sistema de asignación de escaños.

2.6. Impugnación

39.
La parte actora presentó impugnación9 contra la sentencia del Tribunal
Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En su escrito, indicó
que la providencia impugnada no tuvo en cuenta que según el artículo 176 de la
Constitución, al departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina le
corresponden tres representantes a la Cámara (dos por circunscripción territorial
ordinaria más uno adicional por la comunidad raizal). De modo que no es
procedente aceptar solo a dos integrantes de la corporación, como lo aplicó el
software de escrutinios de la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo
Nacional Electoral.

40.
Manifestó que mantener el conteo en dos curules podría configurar falsedad
ideológica y falsedad en documento público, pues la Comisión Escrutadora
carecería de competencia para aplicar un método distinto a la cifra repartidora
constitucional.

41.
Adicionalmente, expuso que la tutela es un mecanismo idóneo para solicitar la
protección de los derechos alegados, por cuanto el medio de control de nulidad
simple solo puede anular el acto que fijó en dos las curules, pero no crea la
circunscripción raizal ni obliga al Congreso a legislar ni al Ministerio del Interior a
adelantar la consulta previa.

42.
Agregó que el mecanismo de nulidad electoral solo controla vicios de legalidad
del acto de elección ya expedido, no suple omisiones normativas estructurales. Por
ello, sostuvo que el juez de tutela puede dictar órdenes estructurales dirigidas a
varias autoridades (Congreso, Gobierno, organismos electorales) para remediar
una omisión legislativa o administrativa prolongada.

43.
De otro lado, argumentó que, por el carácter perentorio y preclusivo de las
etapas electorales, la vulneración no podría repararse por las vías ordinarias, razón
por la cual consideró que se requiere la intervención urgente del juez constitucional.

44.
Por lo expuesto, solicitó que se revoque el fallo de primera instancia y, en su
lugar, se acceda a las pretensiones de la tutela.

9
Ibidem.
8

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Accionante: César Augusto Pizarro Barcasnegras
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3. Consideraciones

3.1. Competencia

45.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y
el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, la impugnación interpuesta en contra de la sentencia del 18 de
junio de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina.

3.2. Legitimación en la causa

46.
La legitimación en la causa por activa del señor César Augusto Pizarro
Barcasnegras está acreditada, porque en su condición de residente de la isla de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, sus derechos fundamentales
posiblemente resultaron afectados con las actuaciones adelantadas por las
entidades accionadas para determinar el número de curules asignadas a dicha
circunscripción electoral en la Cámara de Representantes del Congreso de la
República.

47.
También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Consejo
Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Comisión
Escrutadora de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, debido a que fueron las
autoridades que desarrollaron el proceso electoral cuestionado por el actor en dicho
territorio.

3.3. Problema jurídico

48.
La Sala debe determinar lo siguiente: El Consejo Nacional Electoral, la
Registraduría Nacional del Estado Civil y la Comisión Escrutadora de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, ¿al reconocer únicamente a dos representantes a la
Cámara por la circunscripción territorial ordinaria del departamento de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina vulneraron los derechos al debido proceso y a elegir y
ser elegido del accionante?

49.
Previo a resolver lo anterior, es necesario establecer si el escrito de amparo
supera el requisito de subsidiariedad.

50.
Para el efecto, se estudiará: i) las generalidades de procedibilidad de la acción
de tutela; y ii) el caso concreto.

3.4. Procedencia de la acción de tutela

51.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, toda
persona cuenta con la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección
inmediata de sus derechos fundamentales cuando sean violados o amenazados por

9

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la acción o la omisión de las autoridades, o de particulares en los casos que señala
la ley. Este mecanismo constitucional tiene dos requisitos de procedencia: la
subsidiariedad y la inmediatez10.

52.
El primero, exige que el interesado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que busque evitar un perjuicio irremediable11; y el segundo, consiste
en que se acuda ante el juez constitucional dentro de un plazo razonable, pues de
lo contrario, «[…] la necesidad de la protección constitucional por vía de tutela
queda en entredicho […]»12.

3.4.1. Análisis del requisito de subsidiariedad en el caso concreto

53.
El señor César Augusto Pizarro Barcasnegras presentó tutela con la pretensión
principal de que i) se ordene al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría y a
la Comisión Escrutadora Departamental sanear el escrutinio de la Cámara de
Representantes, para el periodo 2026 — 2030, en el departamento de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina para que la asignación de escaños se haga conforme
lo previsto en el artículo 176 de la Constitución; ii) se requiera a las accionadas para
actualizar el software electoral para que la determinación de curules en dicha
circunscripción se realice mediante la cifra repartidora y no por el cociente electoral;
y iii) se suspenda la declaratoria de elección y de la expedición de credenciales en
el territorio hasta que se efectúen las actualizaciones y se aplique el método
correspondiente.

54.
En lo que respecta a la composición, conformación y el sistema de elección de
la Cámara de Representantes, el inciso segundo del artículo 176 de la Constitución
modificado por el artículo 6 del Acto Legislativo 2 de 2015, establece que: «Cada
departamento y el Distrito capital de Bogotá, conformará una circunscripción
territorial. Habrá dos representantes por cada circunscripción territorial y uno más
por cada 365.000 habitantes o fracción mayor de 182.500 que tengan en exceso
sobre los primeros 365.000. La circunscripción territorial conformada por el
departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina elegirá adicionalmente
un (1) Representante por la comunidad raizal de dicho departamento, de
conformidad con la ley».

55.
El contenido de la norma permite advertir que al departamento de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina le corresponden tres representantes a la Cámara, es
decir, dos por circunscripción territorial ordinaria y uno adicional por la comunidad
raizal.

56.
No obstante, la norma permite inferir que las condiciones del procedimiento y
modalidad para la elección de este último servidor estaría sujeto a la regulación que
expida el Congreso de la República en el marco de su función legislativa.

10
Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2024.
11
Corte Constitucional, sentencia T-400 de 2017.
12
Corte Constitucional, sentencia T-879 de 2012, criterio reiterado en la sentencia SU-084 de 2019.
10

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Accionante: César Augusto Pizarro Barcasnegras
Accionados: Consejo Nacional Electoral y otros

57.
En este punto, conviene mencionar que en la comisión primera constitucional
permanente de la Cámara de Representantes13 se tramitó el proyecto de ley
estatutaria 501 de 2025 «Por medio del cual se desarrolla la curul adicional a la
Cámara de Representantes por el pueblo raizal que se elegirá en la circunscripción
territorial conformada por el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina». No obstante, este fue archivado por vencimiento de términos,
razón por la cual el asunto debe someterse nuevamente a estudio del Congreso de
la República en la siguiente legislatura.

58.
De la lectura del proyecto legislativo puesto a consideración de la Cámara de
Representantes era posible advertir la existencia de un articulado dirigido a definir
las condiciones para la elección de la curul adicional para la comunidad raizal del
departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En dicho documento
se precisaban las cualidades del candidato, el procedimiento para la inscripción, la
asignación de curules y la forma de elegir la persona que ocupará la curul.

59.
Esto resulta relevante, en el entendido que el Congreso de la República es el
escenario institucional para deliberar y definir el marco normativo destinado a
regular la situación jurídica prevista en el artículo 6 del Acto Legislativo 2 de 2015,
así como a establecer de manera clara las condiciones y procedimientos aplicables
para la asignación de la curul adicional allí descrita.

60.
Conforme lo anterior, es evidente que la discusión sobre la regulación del
escaño adicional asignado a la circunscripción territorial por el departamento de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina debe desarrollarse al interior de la Cámara de
Representantes, tal y como lo dispuso el Acto Legislativo 2 de 2015. De esta
manera, no es dable para el juez de tutela, a través de este mecanismo
constitucional, suplir la función del Congreso de la República para establecer y
definir aspectos regulatorios sobre la forma y método para la asignación de la curul
reclamada por el tutelante.

61.
Dicho esto, es importante precisar que la inconformidad de la parte actora se
centra en la cantidad de curules asignadas para el departamento de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina en las elecciones que se realizaron el 8 de marzo de
2026 para el periodo constitucional 2026 — 2030, pues, en su criterio solo se
otorgaron 2 correspondientes a la circunscripción ordinaria, sin incluir la relativa a la
comunidad raizal.

62.
Al respecto, es pertinente mencionar que el Gobierno nacional en ejercicio de
las facultades conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución y el
artículo 211 del Decreto Ley 2241 de 1986 (Código Electoral), expidió el Decreto
0719 del 25 de junio de 2025 mediante el cual estableció el número de curules a
elegir en la Cámara de Representantes para el periodo 2026 – 2030.

13
Información verificada en la página web de la Cámara de Representantes, disponible en el siguiente enlace:
«https://www.camara.gov.co/curul-raizal-adicional-en-la-camara-de-representantes/». También se puede ver el asunto en el
enlace: https://congresovisible.uniandes.edu.co/proyectos-de-ley/perfil/15000/.
11

Radicado: 88001-23-33-000-2026-00010-01 (4514)
Accionante: César Augusto Pizarro Barcasnegras
Accionados: Consejo Nacional Electoral y otros

63.
El referido decreto en su artículo 1 sustituyó el artículo 2.3.1.3.1 del
Capítulo 3 del Título 1, de la Parte 3, del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, Único
Reglamentario del Sector Administrativo del Interior, en cuanto definió el número de
representantes a la Cámara por cada uno de los departamentos. En este sentido
precisó que para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina le
correspondían dos curules.

64.
Lo anterior permite advertir que el acto jurídico que, de manera directa, pudo
incidir en la situación que el accionante consideró vulneradora de sus derechos
fundamentales fue el Decreto 0719 del 25 de junio de 2025, en cuanto fijó el número
de curules correspondientes al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina para el periodo 2026 — 2030.

65.
Bajo ese contexto, es preciso tener en cuenta que el requisito de subsidiariedad
exige, en los términos del artículo 86 constitucional y 6 del Decreto 2591 de 199114
que el juez constitucional, por un lado, verifique que el accionante no cuente con
otros mecanismos judiciales de protección de sus derechos fundamentales; y, por
otro lado, valore si dichos mecanismos resultan idóneos y eficaces para garantizar
de forma oportuna el amparo solicitado, de acuerdo con las particularidades de cada
caso15.

66.
En el evento de que existan otros medios de defensa judicial pero que estos no
sean idóneos o eficaces, procede la tutela como mecanismo de protección de
derechos fundamentales, así como en los eventos en que se configura un perjuicio
irremediable, el cual debe ser inminente y grave, y sus medidas de protección
impostergables16.

67.
En el caso bajo estudio, la Sala observa que el señor César Augusto Pizarro
Barcasnegras puede acudir a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo en
ejercicio del medio de control de nulidad para controvertir el Decreto 0719 del 25 de
junio de 2025, que fijó el número de curules correspondientes al archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina para el periodo 2026 — 2030 y que, en su
criterio, no asignó la totalidad de los escaños en la Cámara de Representantes para
el referido territorio. Acto que, a su juicio, vulneró sus derechos fundamentales.

68.
Sin embargo, al revisar el contenido del expediente de tutela, se observa que
no ha hecho uso del referido mecanismo judicial, por lo que, dada naturaleza de
este aun cuenta con la oportunidad procesal idónea para solicitar la protección de
las garantías constitucionales y proponer los argumentos de legalidad que plantea
en este escenario judicial.

14
Artículo 6o. causales de improcedencia de la tutela
«La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada, en concreto, en
[…]».
15
Corte Constitucional, sentencia T-397 de 2017.
16
Corte Constitucional, sentencia T-471 de 2017.
12

Radicado: 88001-23-33-000-2026-00010-01 (4514)
Accionante: César Augusto Pizarro Barcasnegras
Accionados: Consejo Nacional Electoral y otros

69.
En efecto, el medio de control de nulidad es el idóneo, puesto que, de acuerdo
con el artículo 13717 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), el tutelante puede solicitar
que se deje sin efecto el referido acto administrativo.

70.
Ciertamente este escenario judicial es el espacio adecuado para resolver lo
solicitado por el actor vía de tutela, en la medida en que lo pretendido se dirige a
cuestionar los motivos y razones de orden constitucional, legal y reglamentario en
los que se fundamentó el ejecutivo para limitar la cantidad de curules asignadas
para el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y excluir el
escaño correspondiente a la comunidad raizal.

71.
Con relación a la idoneidad y eficacia del medio de control de nulidad, la Corte
Constitucional18 ha expuesto lo siguiente:

En esta medida, el medio de nulidad simple es idóneo para adelantar las pretensiones
de la accionante. En concreto, ella discute que se produjeron diferentes
arbitrariedades en el trámite. Dicho supuesto se enmarca de manera clara en las
causales del inciso segundo del artículo 137 del CPACA. Este hace referencia a
situaciones como la irregularidad, [la infracción de las normas en que deberían
fundarse] la desviación de funciones o la omisión del derecho de audiencia y defensa,
circunstancias que fueron puestas de presente por la actora en la acción de tutela.

Además, frente a la eficacia del medio, la accionante tiene la posibilidad de solicitar
el decreto de medidas cautelares que, como se señaló en las consideraciones, ha
implicado que la Corte considere que el medio pueda resultar eficaz para la protección
de los derechos19.

72.
Así pues, se debe advertir que el juez de lo contencioso-administrativo tiene la
competencia suficiente, para decidir acerca de la validez y eficacia del acto
administrativo cuestionado.

73.
La Sala advierte que los argumentos planteados por el accionante para justificar
la procedencia excepcional de la tutela, ante una eventual amenaza de sus
derechos al debido proceso y a elegir y ser elegido, con ocasión del acto
administrativo acusado, hacen referencia a una posible infracción de las normas en
que deberían fundarse el decreto cuestionado, lo cual involucra una discusión
jurídica sobre los efectos y la aplicación inmediata del artículo 6 del Acto Legislativo
2 de 2015, sin que se surta el trámite legal, como lo propone el tutelante en este
asunto.

74.
Asimismo, se debe advertir que las circunstancias expuestas por el actor no
evidencian la existencia de un riesgo real, grave e inminente que constituya un
perjuicio irremediable y, que requiera la intervención del juez de tutela, toda vez que

17
ARTÍCULO 137. Nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de
los actos administrativos de carácter general.
Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en
forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de
las atribuciones propias de quien los profirió.
También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación y registro.
18
Corte Constitucional, sentencia T-392 de 2025.
19
Sentencias T-381 de 2022 y SU-691 de 2017.
13

Radicado: 88001-23-33-000-2026-00010-01 (4514)
Accionante: César Augusto Pizarro Barcasnegras
Accionados: Consejo Nacional Electoral y otros

no se observa un hecho concreto que pueda afectar su derecho a elegir sus
representantes políticos en la Cámara de Representantes por el departamento de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

75.
En este punto de la providencia, conviene destacar que el principio de
subsidiariedad de la tutela exige que los conflictos jurídicos relacionados con los
derechos fundamentales deben resolverse por las vías jurisdiccionales
correspondientes, y solo ante la ausencia de dichas vías o cuando estas no sean
idóneas para evitar un perjuicio irremediable, resulta admisible acudir a la acción de
amparo constitucional.

76.
Por lo anterior, la Sala considera que la acción objeto de estudio es
improcedente en el entendido de que el agotamiento efectivo de los instrumentos
de defensa judicial, no sólo es un acto de diligencia exigible a los ciudadanos frente
a sus propios asuntos procesales, sino un requisito necesario para la procedencia
de la acción de tutela como mecanismo de defensa, por lo que no puede ser ejercida
como un medio para subsanar la falta de actividad del tutelante.

4. Conclusión

77.
La Sala concluye que la solicitud de amparo no superó el requisito de
subsidiariedad, en la medida en que el accionante tiene a su alcance el medio de
control de nulidad previsto en el CPACA para pedir la protección de los derechos
fundamentales que, en su criterio, fueron vulnerados por el Consejo Nacional
Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Comisión Escrutadora de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

78.
En virtud de lo anterior, la Subsección confirmará la sentencia del 18 de junio
de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina, que declaró improcedente la acción de tutela promovida por el señor
César Augusto Pizarro Barcasnegras.

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Confirmar la sentencia del 18 de junio de 2026, proferida por el Tribunal
Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

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Radicado: 88001-23-33-000-2026-00010-01 (4514)
Accionante: César Augusto Pizarro Barcasnegras
Accionados: Consejo Nacional Electoral y otros

Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

15

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