Ficha de la providencia
Sentencia SC10300-2017
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Civil
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Civil
Ficha de la providencia
Sentencia SC10300-2017
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Civil
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Civil
Sentencia SC10300-2017
Magistrado ponente: Aroldo Wilson Quiróz Monsalvo
18 de julio de 2017
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado Ponente
SC10300-2017
Radicación n° 76001-31-03-001-2001-00192-01
(Aprobada en sesión de siete de junio de dos mil diecisiete)
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil diecisiete (2017).
Decídese la Corte el recurso de casación interpuesto por Fiduciaria del Pacífico S.A. «Fidupacífico» en liquidación, frente a la sentencia de 3 de agosto de 2012, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en el proceso que instauró contra la Interamericana Compañía de Seguros Generales S.A., hoy AIG Colombia Seguros Generales S.A.
ANTECEDENTES
1.- Con demanda que correspondió al Juzgado Primero Civil del Circuito de Cali, la actora, como administradora y representante legal del Fondo Común Especial Superrenta, solicitó se condene a la demandada compañía aseguradora al pago de dos sumas de $4.486’398.740 cada una, más intereses moratorios, la primera desde el 19 de mayo de 1999, y la segunda a partir de la fecha en que fue realizada la provisión por dicho monto.
2.- Las peticiones anteriores tuvieron como sustrato fáctico lo que a continuación se resume:
2.1. Interamericana Compañía de Seguros Generales S.A., hoy AIG Colombia Seguros Generales S.A., celebró con la Corporación Financiera del Pacífico S.A., Fiduciaria del Pacífico S.A. y Pacífico Compañía de Financiamiento Comercial S.A., el contrato de seguro de responsabilidad civil nº D&A-0301 de 17 de julio de 1998, para directores y administradores, con vigencia entre el 3 de junio del citado año y el 3 de junio de 1999.
2.2. De conformidad con la condición primera de la póliza citada, la accionada se obligó a indemnizar los perjuicios causados a terceros -concepto dentro del cual quedan inmersos los fideicomitentes y los adherentes al Fondo Común Especial Superrenta- provenientes de la responsabilidad civil de los directores o administradores de las entidades aseguradas, con ocasión de actos culposos, reales o presuntos, cometidos en el desempeño de sus funciones.
2.3. El funcionamiento del Fondo Común Especial Superrenta fue autorizado por la Superintendencia Bancaria el 28 de febrero de 1995, para que fuera administrado por Fiduciaria del Pacífico, según misiva nº 95002419-3.
2.4. Pacífico Compañía de Financiamiento Comercial S.A. es matriz de Fidupacífico S.A.
2.5. Corfipacífico S.A. es accionista en un 35% de Pacífico Compañía de Financiamiento Comercial S.A., con lo cual aquella se convierte en matriz indirecta de Fidupacífico.
2.6. Aconteció que los directivos de Fidupacífico, como administradores del FCE Superrenta, entre 14 y 19 de mayo de 1999, invirtieron $4.486’398.740 en la compra de pagarés propiedad de la Corporación Financiera del Pacífico, hoy en liquidación, según certificación expedida el 30 de marzo de 2001 por el revisor fiscal de la fiduciaria, a pesar que el artículo 119, numeral 2, literal c) del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y la Circular Básica Jurídica 007 de 1996 de la Superintendencia Bancaria, prohíben adquirir o negociar títulos emitidos, avalados, aceptados o cuya emisión sea administrada por la matriz, sus filiales o subsidiarias.
2.7. Tal adquisición produjo una concentración del 94.8% de los activos del FCE Superrenta en un solo tipo de inversión, en contravención de las normas que regulan la actividad, lo que condujo a la liquidación del Fondo, con un correlativo beneficio a favor de Corfipacífico.
Las citadas operaciones, adicionalmente, desatendieron los principios orientadores de la actividad fiduciaria, al igual que las obligaciones y deberes profesionales de los directivos y administradores del fondo; causaron a los fideicomitentes y adherentes, la pérdida de su inversión y sus eventuales rendimientos. Además, generaron la obligación de asumir las provisiones ordenadas por la citada Superintendencia, quien consideró que con tales conductas se vulneraron varias normas jurídicas, pues el factoring o compra de cartera es una operación principal, autorizada exclusivamente a los establecimientos de crédito.
2.8. Sostuvo que los administradores de la Fiduciaria, desconociendo sus deberes y responsabilidades legales, de manera negligente e imprudente omitieron verificar la capacidad de pago de cada uno de los suscriptores de los pagarés, así como la ausencia de codeudores o avalistas. Tampoco notaron que las garantías recibidas no eran eficaces ni eficientes, al estar soportadas por mandamientos de pago dictados en distintos pleitos a favor de ex-trabajadores de Puertos de Colombia y a cargo de la Nación, a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sumas que no sólo estaban pendientes de solución sino en entredicho, en razón de las investigaciones que recaían sobre esos mandamientos de pago.
2.9. Los mencionados actos realizados por los directores de Fidupacífico, prosiguió, desconocieron el reglamento del FCE Superrenta, que establece sus políticas de inversión y estructura de liquidez, configurándose como eventos típicos de responsabilidad de los directores y administradores de esa Fiduciaria en su condición de administradores del Fondo, toda vez que las operaciones descritas fueron realizadas con clara violación de la ley.
2.10. Tampoco actuaron con diligencia, profesionalismo, lealtad, ni con una seria e informada evaluación sobre el valor real de los derechos recibidos y del riesgo de inversión, lo que derivó los inversionistas fideicomitentes o adherentes tuvieran que provisionar el 100% de su aporte, causando un fuerte impacto sobre al patrimonio, liquidez y estado de resultados del fondo.
2.11. Afirmó que en casos como el presente se presume la culpa de los administradores, porque sus decisiones deben consultar los mejores intereses de la «sociedad», por lo que la responsabilidad no se puede desvirtuar salvo prueba de una causa extraña. Por ende, nació para la Interamericana Compañía de Seguros Generales S.A. la obligación como aseguradora de indemnizar al FCE Superrenta.
2.12. A pesar del requerimiento efectuado a los anteriores directivos de la Fiduciaria para que pagaran los perjuicios causados, no se dio ninguna respuesta, como tampoco lo hizo la Interamericana Compañía de Seguros Generales S.A. frente a la reclamación directa que se le formuló.
3.- La entidad convocada se opuso a las pretensiones y adujo como excepciones de mérito, además de la genérica, las siguientes:
3.1. «Prescripción» fundada en que, según la demanda, los hechos imputables a los asegurados ocurrieron entre el 14 y el 19 de mayo de 1999, momento en que los representantes legales, tanto de Corfipacífico S.A., como de Fidupacífico S.A., conocieron los sucesos fundamento de la reclamación. Como el libelo iniciador se presentó el 11 de mayo de 2001, notificándose a la accionada el 1º de marzo de 2002, cuando había vencido el término previsto en el artículo 90 del C. de P.C., operó el aludido fenómeno extintivo.
3.2. «Inexistencia del siniestro y de la obligación que se reclama», porque aún no se ha declarado la responsabilidad civil de los directores y administradores de la demandante.
3.3. «Falta de amparo», pues frente a los precisos y restringidos términos de la cobertura pactada aquel no se estructura, toda vez que en las condiciones particulares de la póliza se pactó que operaba bajo el sistema «claims made», es decir, que las reclamaciones tendrían que radicarse durante su vigencia, lo que en el sub lite no ocurrió.
3.4. «Falta de legitimación en causa por activa», comoquiera que los llamados a demandar la indemnización de perjuicios son los fideicomitentes y adherentes al Fondo Común Especial Superrenta, no la promotora.
3.5. «Inexistencia de la obligación por falta de reclamación formal», en razón a que la actora no ha efectuado la petición resarcitoria de conformidad con lo previsto en los artículos 1053, 1077 y 1080 del C. de Co.
4. La primera instancia culminó con sentencia desestimatoria, proferida el 27 de julio de 2011, al advertir que la acción derivada del contrato de seguro prescribió.
5. Apelado el fallo por la compañía accionante, el Tribunal lo confirmó, aunque con otras motivaciones.
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
1. El ad quem, después de resumir el trámite del litigio, sintetizar la decisión apelada, puntualizar los motivos de la alzada, así como aludir a las operaciones de fideicomiso de inversión, consideró viable que las entidades sometidas a vigilancia de la Superintendencia Financiera contrataran pólizas de seguro para precaver eventuales perjuicios causados a terceros, a los socios o a la sociedad, provenientes de la inobservancia del especialísimo régimen de responsabilidad profesional de sus directores y administradores.
2. Precisó que la demandada expidió una póliza de responsabilidad civil para directores y administradores, en la cual intervinieron como tomadora y beneficiaria la Corporación Financiera del Pacífico (matriz de Fidupacífico), como asegurados los directores y administradores de la tomadora y sus empresas subordinadas.
Señaló que, en consecuencia, se encuentran legitimados para demandar a la aseguradora, otorgante de un seguro de responsabilidad contractual, el tomador-asegurado (a través de la acción ordinaria contractual o de la ejecutiva, según sea el caso), la víctima del daño indemnizable (a través de acción directa), sus socios o terceros a quienes por la gestión de los directores y administradores asegurados se les causó un perjuicio patrimonial.
3. Así las cosas, estableció que el accionante es el FCE Superrenta, administrado por Fidupacífico S.A., el que pretende hacer valer un derecho íntimamente ligado con el cumplimiento de su finalidad como vehículo de captación de recursos para realizar inversiones.
Aseveró que, por el especialísimo régimen de responsabilidad profesional, las entidades fiduciarias pueden ejercer todas las acciones a su alcance para cumplir su objetivo fiduciario, dentro de ellas, reclamar un seguro para cubrir o paliar el detrimento generado a un fondo común o a una cartera colectiva, debido al actuar negligente de sus directivos o administradores. Negarle esa facultad le impediría el ejercicio correcto de su actividad y el cumplimiento de sus obligaciones de trustee. Además es razonable, casi exigible, a un administrador diligente (calidad que tiene Fidupacífico frente al FCE Superrenta), acudir a la jurisdicción pretendiendo el reintegro dinerario, a través de la indemnización.
Con base en lo anterior, anotó, Fidupacífico, en su condición de administrador del FCE Superrenta, podía accionar procurando obtener un resarcimiento dirigido a reconstituir dicho Fondo y deshacer los efectos negativos que, según la demanda, habría recibido por el actuar de sus directivos y administradores de la sociedad administradora, reflejado en el patrimonio de los ciudadanos que allí invirtieron sus ahorros.
4. En relación con la excepción de prescripción de la acción derivada del contrato de seguro, concluyó que el a quo se equivocó al declararla fundada, pues contra quien reclama el pago de un seguro de responsabilidad civil en calidad de víctima, el término del cual dispone es el de cinco años consagrado para la prescripción extraordinaria, no el de dos acogido por ese estrado judicial.
5. No obstante lo anterior, lo pretendido no puede prosperar, porque la póliza fue contratada bajo la modalidad «claims made», según se desprende de su cláusula 14, en donde se previó que cubre todas las reclamaciones presentadas por primera vez durante su vigencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4º de la ley 389 de 1997.
Para el Tribunal, según la doctrina, dicha modalidad aseguradora exige que la formulación del reclamo se produzca en vigencia de la póliza, lo cual denota una restricción pactada de tipo temporal.
Así las cosas, concluyó, aunque la póliza de seguros contratada por Corfipacífico (matriz de Fidupacífico) se encontraba vigente entre el 3 de junio de 1998 y el 3 de junio de 1999, la reclamación sólo fue presentada por el FCE Superrenta el 25 de abril de 2001, esto es, mucho después de haber fenecido su vigencia. En esas condiciones y respetando las estipulaciones contractuales –adoptadas en desarrollo del principio de autonomía de la voluntad- no hay lugar a la reparación del siniestro, «aún de suponerse su verificación».
LA DEMANDA DE CASACIÓN
Contiene dos reproches fundados en el inicial motivo de casación, por agravio directo de la ley sustancial, el primero como «principal» y el restante denominado «subsidiario», los que serán estudiados de manera conjunta, al basarse en similares argumentos y, por ende, servirse de consideraciones comunes para su resolución.
CARGO «PRINCIPAL»
1. Con respaldo en la primera causal prevista en el precepto 368 del Código de Procedimiento Civil, se denunció el quebranto recto de los artículos 1054, 1127 y 1131 del Código de Comercio.
2. En sustento de la acusación, la entidad recurrente consignó que este caso tiene como base una póliza de responsabilidad civil, cuyo propósito esencial es amparar los perjuicios causados con una actuación antijurídica.
A partir de la ley 389 de 1997 se incluyó la modalidad de aseguramiento denominada «claims made», conforme a la cual la póliza cubre todas las reclamaciones presentadas por primera vez durante su vigencia; empero, que la interpretación de ese pacto debe realizarse sistemáticamente con las normas que regulan el contrato de seguro en general y específicamente el de responsabilidad civil.
Entonces, una correcta hermenéutica, implica tener en cuenta como premisas que: (i) el objeto del seguro de responsabilidad civil es indemnizar los daños causados por el asegurado; (ii) ha sido previsto en favor de la víctima, quien adquiere la calidad de beneficiaria y; (iii) en Colombia el riesgo se define como el suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurado o del beneficiario, y cuya realización da origen a la obligación del asegurador.
Partiendo de que el seguro de responsabilidad civil ampara los daños sufridos por terceros y se consagra en favor de ellos, debe dilucidarse el alcance de la cobertura del seguro de responsabilidad civil bajo la modalidad «claims made».
Para esto afirmó que es necesario distinguir si quien exige el pago de la indemnización es el asegurado o la víctima directamente: en el primer evento, aquel sólo tiene derecho a reclamar cuando ésta le haya exigido la reparación, de lo contrario su patrimonio nunca se vería expuesto a una merma. En la segunda hipótesis, el derecho a reclamar nace con el perjuicio que el asegurado le ocasionó a la víctima, en la medida en que el derecho de esta a la reparación deviene por ministerio de la ley, simplemente por sufrir un daño antijurídico, sin que pueda afirmarse que ese detrimento está supeditado a elevar una solicitud de pago, menos cuando esa condición se pacta en un negocio en donde no es parte.
En ello, añadió, radica el problema de las pólizas «claims made», en razón de que aun cuando el legislador estableció que el seguro podía ser tomado a favor de un tercero, esto no puede significar que sea él quien configure el siniestro con su reclamación. Por ende, para preservar el objeto y la finalidad del seguro de responsabilidad civil, al intérprete le corresponde diferenciar si quien reclama al asegurador es el asegurado o el beneficiario.
Así las cosas, la interpretación del Tribunal sobre el alcance de la póliza desconoció su naturaleza, como es amparar los daños sufridos por terceros y que la configuración del siniestro no puede quedar sujeta a una actuación exclusivamente voluntaria de quien reclama. Si es el asegurado, es necesario un requerimiento previo del tercero; pero sí es la víctima, su reclamo no configura el siniestro.
Por tanto, es de rigor precisar el concepto de siniestro, para concluir que en ambas modalidades aseguradoras se configura con el daño causado por el asegurado a la víctima y que la reclamación de esta última no es elemento esencial para que se entienda ocurrido el siniestro, sino como un requisito necesario para que el asegurado le reclame, a su vez, al asegurador; que evidentemente no se tiene que cumplir cuando quien pide la indemnización a la compañía de seguros es la víctima, de acuerdo con el artículo 1072 del Código de Comercio, a cuyo tenor el siniestro es la realización del riesgo asegurado, que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador, asegurado o beneficiario.
Agregó que el dolo, la culpa grave y los actos meramente potestativos de las citadas personas son inasegurables, como lo dispone el precepto 1055 ibídem; que según el canon 1127 de la misma obra, el siniestro se da con ocasión del daño antijurídico sufrido por el tercero, al margen de que en el contrato se pacten requisitos para su pago, los cuales no son determinantes del siniestro, menos cuando son puramente potestativos para quien tiene derecho al reclamo.
Reforzó su interpretación al argüir que, si para la víctima, el siniestro se configura con su reclamación al asegurado, la prescripción de la acción comenzaría a correr a partir del momento en que solicite el resarcimiento del daño, lo cual violaría el mandato contenido en el artículo 1131 del Código de Comercio, pues implicaría conferirle a quién se va a perjudicar con la prescripción la facultad de disponer desde cuándo inicia la contabilización de ese término.
CARGO «SUBSIDIARIO»
1. Con base en la primera causal de casación, denunció la sentencia por quebrantar directamente los artículos 1073, 1054 y 1127 del Código de Comercio.
2. Como fundamento de la acusación expresó que, las razones del Tribunal para negar las súplicas de la demanda, se redujeron a señalar que la reclamación se produjo con posterioridad a la expiración de la vigencia de la póliza, lo cual restringe el siniestro a dicho requerimiento, a pesar de que tratándose de una póliza de responsabilidad civil la mirada debe centrarse en la fecha en que fueron causados los perjuicios, provenientes de una actuación antijurídica.
Dentro de las principales formas de aseguramiento de responsabilidad civil se halla: i) la que entiende ocurrido el siniestro cuando acaezca el hecho externo imputable al asegurado -denominada doctrinalmente como la modalidad ocurrencia-, prevista en el artículo 1131 del estatuto mercantil; ii) así como la que lo circunscribe a la reclamación formulada por el damnificado al asegurado -modalidad claims made-, consagrada en el artículo 4º de la ley 389 de 1997.
Pero en ésta última no es suficiente la presentación de cualquier tipo de pretensión para entenderlo configurado, sino que la correcta interpretación implica la existencia de un daño causado por una responsabilidad civil del asegurado, a ese tercero.
El error del Tribunal consistió en restringir el concepto de riesgo asegurado exclusivamente la existencia de una reclamación, cuando también debió tener en cuenta los otros elementos que conforme a la ley lo integran; de lo contrario, se desconocería la definición prevista en el artículo 1054 del mismo ordenamiento, al aceptar su configuración con un acto meramente potestativo del beneficiario.
Por ello, para que proceda la indemnización se requiere, además de la reclamación del tercero al asegurado, que éste haya generado un daño que comprometa su responsabilidad civil, porque de bastar lo primero, sería suficiente que el asegurado recibiera el requerimiento para que la aseguradora tuviera que pagar, lo cual es inconcebible, dado que vulnera el principio indemnizatorio previsto en el canon 1088 ibídem.
Por lo tanto, el siniestro en las pólizas «claims made» no puede entenderse como hecho único y aislado circunscrito a la pretensión de pago de un tercero, sino que es un acto complejo compuesto por varios elementos que termina de configurarse con la presentación de un reclamo por la víctima, pero que se inicia con una actuación antijurídica del asegurado que le causó daños a esta.
De lo anterior, coligió que el juez ad-quem se equivocó al inaplicar el artículo 1127 del Código de Comercio, pues convirtió el seguro de responsabilidad civil en una póliza que sólo cubre un reclamo, sin que tenga relevancia el fundamento y la causa del mismo.
También transgredió el precepto 1073 de ese estatuto, conforme al cual, iniciado el siniestro antes de vencido el término del seguro, queda cubierto dentro del seguro.
De aceptarse la interpretación del fallador de segunda instancia, los daños causados en los últimos días de vigencia del seguro sólo serían amparados si la víctima reclama en el instante mismo de su producción. Adicionalmente, la cobertura no se daría si el perjuicio se presenta en la hora final del último día de vigencia del contrato y éste no es renovado.
CONSIDERACIONES
1.- Preliminarmente es de rigor señalar que, no obstante haber entrado en vigencia de manera íntegra el Código General del Proceso, a partir del 1º de enero de 2016, no resulta aplicable al sub judice porque los artículos 624 y 625 numeral 5º establecieron que los recursos, entre otras actuaciones, deberán surtirse bajo «las leyes vigentes cuando se interpusieron».
Y como la casación que ahora ocupa la atención de la Sala fue interpuesta estando en vigor el Código de Procedimiento Civil, será este ordenamiento el que siga aplicándose, por el principio de la ultractividad de la vigencia de la ley en el tiempo.
2.- De otro lado, forzoso es recordar que a pesar de la proposición de un cargo principal y otro subsidiario, la Corte asume su análisis en conjunto habida cuenta que, como se anotó, al estar edificados en argumentos similares su decisión también se sirve de consideraciones iguales; y porque no es admisible tal subsidiaridad por la naturaleza del recurso de casación.
Respecto de esto último la Sala ha considerado:
Con relación al llamado ‘cargo subsidiario’, dada la imposibilidad jurídica de la formulación bajo esa modalidad, se toma como si fuera un… ataque, pues al respecto la Corte ha dicho, ‘(…), que en el recurso extraordinario que ocupa su atención, es improcedente plantear cargos de manera subsidiaria, ya que compete a esta Corporación el estudio de la integridad de las acusaciones formuladas cuando no prospera ninguna de ellas, o cuando su éxito sólo determina la infirmación parcial del fallo impugnado. Dicho en otras palabras, la Corte sólo queda relevada de estudiar todos los cargos, en el evento de que prospere alguno de ellos con la fuerza suficiente para la casación total de las resoluciones impugnadas, porque el examen de las acusaciones no depende de ninguna condición como ocurre con las pretensiones que se plantean de manera subsidiaria en la demanda, pues la única limitación que tiene la Corte, es la establecida por el artículo 375 del Código de Procedimiento Civil, que impone que los cargos sean resueltos en el orden lógico’. (…). (CSJ SC8410-2014, rad. 2005-00304-01).
3. Según se desprende del compendio realizado a la sentencia del Tribunal, en esencia, se negaron las aspiraciones de la demandante porque, habiéndose contratado la póliza bajo la modalidad «claims made», la reclamación no se hizo dentro de su vigencia, de donde el siniestro no es indemnizable «aun de suponerse su verificación».
Para el censor, el ad quem se equivocó al no tener en cuenta que el presente asunto correspondía a un seguro de responsabilidad civil cuya finalidad es amparar los daños sufridos por terceros y que, en tal virtud -agregó- el siniestro se configura con el perjuicio causado por el asegurado a la víctima, no con la reclamación, como desacertadamente lo sostuvo el fallo atacado.
Tal exposición deja al descubierto que la censura no está orientada a discutir las razones de la sentencia cuestionada, pues analizó el tema del siniestro y su configuración -respecto de lo cual el Tribunal omitió pronunciarse-, olvidando el tema del alcance temporal de la cobertura, razón suficiente para tornar imprósperos los cargos bajo estudio.
Efectivamente, se tiene sabido que, por la naturaleza eminentemente restringida de esta vía extraordinaria, es necesario que la persona que acude a la misma, oriente acertadamente sus críticas, lo que implica cuestionar las bases de la resolución, centrándose en los aspectos que constituyen su fundamento y sin separarse de ellos.
De allí que si la crítica se dirige hacia consideraciones ajenas a la providencia, por una incorrecta o incompleta asunción de lo realmente plasmado en ella, la recriminación no puede salir avante, por ser ajena al ámbito de conocimiento de la casación.
Sobre tal tema esta Corporación ha establecido lo siguiente:
Debe tenerse en cuenta, además, que, habida cuenta del carácter eminentemente dispositivo y restringido de la casación, anteriormente advertido, cuando el cargo se construye con base en el quebranto de la ley sustancial, se torna indispensable para el recurrente, por una parte, enfocar acertadamente las acusaciones que formule, con lo que se quiere significar que ellas deben combatir las genuinas razones, jurídicas o fácticas, que soportan el fallo impugnado, y no unas extrañas a él, fruto del incorrecto o incompleto entendimiento que de la sentencia haya hecho el censor, o de su imaginación, o inventiva; y, por la otra, que su actividad impugnaticia tiene que estar dirigida a derruir la totalidad de esos argumentos esenciales de la sentencia, pues si el laborío del acusador no los comprende a cabalidad, al margen de que el juzgador de instancia hubiere podido incurrir en las falencias denunciadas, su sentencia no podría quebrarse en virtud del recurso extraordinario.
Sobre estos aspectos, la Sala ha expuesto que ‘el ordinal 3º del artículo 374 del C. de P.C., establece como requisito formal de la demanda que sustenta el recurso extraordinario de casación, la formulación ‘de los cargos contra la sentencia recurrida... en forma clara y precisa’, es decir, con estricto ceñimiento a las razones o fundamentos del fallo impugnado, porque lógica y jurídicamente debe existir cohesión entre el ataque o ataques contenidos en la demanda de casación y la sentencia del ad quem (…), pues no de otra manera puede llegar a desvirtuarse, según el caso, la acerada presunción de legalidad y acierto con que llega amparada -a esta Corporación- la sentencia recurrida. (…). El recurso de casación -ha dicho la Corte- ‘ha de ser en últimas y ante la sentencia impugnada, una crítica simétrica de consistencia tal que, por mérito de la tesis expuesta por el recurrente de manera precisa, y no por intuición oficiosa de la Corte, forzoso sea en términos de legalidad aceptar dicha tesis en vez de las apreciaciones decisorias en que el fallo se apoya…’ (Cas. civ. de 10 de septiembre de 1991). (…). La simetría de la acusación referida por la Sala en el aparte anterior, debe entenderse no solo como armonía de la demanda de casación con la sentencia en cuanto a la plenitud del ataque, sino también como coherencia lógica y jurídica, según se dejó visto, entre las razones expuestas por el juzgador y las propuestas por el impugnante, pues en vano resulta para el éxito del recurso hacer planteamientos que se dicen impugnativos, por pertinentes o depurados que resulten, si ellos son realmente extraños al discurso argumentativo de la sentencia, por desatinada que sea, según el caso. No en balde, como se ha acotado insistentemente, el blanco privativo del recurso de casación es la sentencia de segundo grado, salvo tratándose de la casación per saltum, situación en la cual dicho blanco estribará en la sentencia de primera instancia (…)’ (Cas. Civ., sentencia de 10 de diciembre de 1999, expediente No. 5294).
En pocas palabras: el cargo fundado en el numeral 1º del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil debe estar debidamente enfocado y ser completo o, lo que es lo mismo, debe controvertir directamente la totalidad de los auténticos argumentos que respaldan la decisión combatida. (CSJ, SC18555 de 2016, rad. 2005-00757-01; se subraya).
Justamente en ese desacierto incurre la recurrente, porque desaprueba al Tribunal por concluir que el siniestro se concretó con la reclamación hecha por la demandante a la aseguradora. Empero, el juzgador no desestimó las pretensiones por ese motivo, sino por cuanto la reclamación no fue radicada dentro del lapso de cobertura de la póliza, con independencia del siniestro amparado y la fecha en que se concretó.
Con otras palabras, el juez ad-quem no indagó si ocurrió o no el siniestro, ni mucho menos la data de su causación; simplemente centró su mirada en la fecha de la reclamación, a partir de lo cual concluyó que ha debido presentarse dentro del periodo de cobertura, en atención a la naturaleza del seguro, lo que fue desatendido por la peticionaria.
Efectivamente, esa Colegiatura tras afirmar que la demandante tenía legitimación por activa y que no estaba prescrita la acción, consideró:
Descendiendo al caso sub lite, memórese que las coberturas contratadas en la póliza de seguro de responsabilidad civil para directores y administradores por la Corporación Financiera del Pacífico se circunscribían a ‘…’
Tal redacción, por supuesto, se muestra fiel de que la póliza en referencia se contrató bajo la modalidad ‘claims made’, aserto que cobra pleno vigor al escudriñar las ‘condiciones’ de dicha póliza, en cuyo numeral decimocuarto se señaló, expresamente, que ‘la póliza opera bajo el sistema de aseguramiento base reclamación, es decir, se cubren todas las reclamaciones presentadas por primera vez durante la vigencia de la póliza, en un todo de acuerdo con lo establecido en el artículo 4º de la Ley 389 de 1997’.
5.3. Precisado lo anterior, reliévase que aunque la póliza de seguros contratada por Corfipacífico S.A. (matriz de Fidupacífico S.A.) se encontraba vigente entre el 3 de junio de 1998 y el 3 de junio de 1999, la reclamación correspondiente sólo vino a presentarse por parte del FCE Superrrenta el día 25 de abril de 2001, según puede observarse del radicado del documento obrante a folios 93 a 97 del cuaderno principal, probanza que aportó el actor junto con su demanda.
Así las cosas, y dado que la reclamación en comento se efectuó con bastante posterioridad a la fecha en la que expiró la vigencia de la póliza de la que pretende beneficiarse el fondo común demandante, fuerza concluir, en concordancia con la doctrina expuesta en líneas precedentes, -y, por supuesto, respetando las estipulaciones contractuales que recoge el mencionado negocio aseguraticio, a las cuales habrá que atenerse en obedecimiento del principio de autonomía de la voluntad privada- que el siniestro al que alude el FCE Superrenta en el libelo incoativo de esta tramitación (aun de suponerse su verificación) no estaba llamado a ser reparado por la entidad demandada. Y, por supuesto, en tal virtud, la acción en estudio no puede abrirse paso. (Folios 46 a 47, cuaderno 7)
Como se observa de la precedente transcripción, el Tribunal no se detuvo en el siniestro. Sólo dedujo que la reclamación debía ser presentada ante la aseguradora dentro del periodo de cobertura de la póliza, por pacto de las partes, presupuesto que en el caso de autos no fue cumplido, lo que, sin más, generaba la improsperidad de la acción.
En consecuencia, es claro que el reparo bajo estudio fue desenfocado, al no dirigirse a enjuiciar las verdaderas bases del fallo de segundo grado, por lo que no puede abrirse paso.
4. En todo caso, si en gracia de discusión se aceptara que los cargos estuvieron bien dirigidos, tampoco serían prósperos, como a continuación se anota.
4.1. La vulneración recta de una norma de derecho sustancial acaece por falta de aplicación, en cuanto en el asunto debatido no se empleó la disposición jurídica pertinente; por su utilización indebida, en la medida en que, a pesar de su correcta comprensión, se usó en la definición del caso sin ser la que lo gobernaba; y por interpretación errónea, cuando, no obstante su acertada escogencia, se aplicó con un entendimiento que no tiene.
Al respecto la Sala, en sentencia SC de 7 dic. 2012, rad. 2006-00017-01, recalcó:
Como se sabe, las acusaciones propuestas por la vía directa de la causal primera de casación se encuentran encaminadas a establecer que el sentenciador infringió una norma de derecho sustancial, sin que hayan mediado errores en la contemplación material de los hechos y pruebas, por lo que se trata de un reproche que se desarrolla en un campo estrictamente jurídico, cuya prosperidad depende de que el impugnador consiga demostrar la falta de aplicación de los preceptos llamados a gobernar el caso, la actuación de los que no resultan pertinentes, o la incorrecta interpretación de aquéllos (…)
4.2. Para desatar la impugnación extraordinaria conviene acotar que la Corporación Financiera del Pacífico S.A., como tomadora, contrató con la Interamericana Compañía de Seguros Generales S.A., una «póliza de seguro de responsabilidad civil para directores y administradores», siendo asegurados la «Corporación Financiera del Pacífico / Fiduciaria del Pacífico / Pacífico Cia. de Financiamiento Comercial / C.I. Pacífico S.A.» (Folios 8 a 10).
En la condición particular 14 se convino que «[l]a póliza opera bajo el sistema de aseguramiento base de reclamación ‘Claims Made’, es decir, se cubren todas las reclamaciones presentadas por primera vez durante la vigencia de la póliza, en un todo de acuerdo con lo establecido en el artículo cuarto de la Ley 389 de 1997».
A su vez, en las condiciones generales y respecto del amparo, se pactó: «Cobertura 1.1 para directores y administradores. La Interamericana se compromete a indemnizar los perjuicios causados a terceros, a los socios y a la sociedad, provenientes de la responsabilidad civil de los asegurados originados en cualquier reclamación iniciada por primera vez contra los asegurados durante la vigencia de la póliza, por todo acto culposo real o presunto cometido por los asegurados en el desempeño de sus respectivas funciones como directores o administradores de la sociedad (…)» (Folio 11).
Así las cosas, la modalidad aseguradora pactada correspondió a la prevista en el supracitado canon 4º de la ley 389 de 1997, a cuyo tenor:
En el seguro de manejo y riesgos financieros y en el de responsabilidad la cobertura podrá circunscribirse al descubrimiento de pérdidas durante la vigencia, en el primero, y a las reclamaciones formuladas por el damnificado al asegurado o a la compañía durante la vigencia, en el segundo, así se trate de hechos ocurridos con anterioridad a su iniciación.»
Así mismo, se podrá definir como cubiertos los hechos que acaezcan durante la vigencia del seguro de responsabilidad siempre que la reclamación del damnificado al asegurado o al asegurador se efectúe dentro del término estipulado en el contrato, el cual no será inferior a dos años.
Con antelación a esta última reforma, el artículo 1131 del Código de Comercio era claro en señalar que, en materia de seguro de responsabilidad, el siniestro se entendía ocurrido en el momento de acaecimiento del hecho externo imputable al asegurado, quedando cubierto por la póliza vigente para dicho momento.
Sin embargo, a partir de la citada ley, se consagró la posibilidad de que, por un pacto expreso entre los contratantes, se límite temporalmente la cobertura, o incluso, se extienda a hechos anteriores a su vigencia, siempre que ambos casos se cumpla con la exigencia de que la reclamación se haga dentro del lapso de vigencia de la convención.
Se permitió, entonces, no sólo los seguros basados en la ocurrencia del daño (losses ocurrence), que constituyen la regla general en el derecho continental, sino también los que se fundamentan en la reclamación (claims made), caracterizados porque el amparo únicamente se activa si, durante la vigencia del seguro, se hace el reclamo, de suerte que cesa el deber indemnizatorio después de extinguido.
Esto no significa que el requerimiento sea requisito para que se configure el siniestro, como lo aduce la recurrente, sino que, por el acuerdo de las partes -prevalido de la legislación sobre la materia-, la aseguradora únicamente pagará aquellos cuya reclamación sea realizada en el decurso de la póliza, siempre y cuando se haya configurado la situación originadora de la responsabilidad cubierta.
En efecto, la adopción de las cláusulas «claims made» en nuestro ordenamiento, fue justificada de la siguiente manera en la «ponencia para segundo debate al proyecto de ley número 65 de 1995» surtido en el Senado de la República:
«6. Modernización de las normas para ciertas coberturas de riesgos.
Se propone una nueva norma en el artículo 4º con el propósito de actualizar la legislación colombiana y acoger las nuevas tendencias del mercado mundial de reaseguros para la cobertura de los seguros de manejo y de responsabilidad civil.
Este artículo posibilita que las compañías cubran en este tipo de ramos hechos ocurridos antes del contrato, que produzcan pérdidas que se descubran o reclamaciones que se formulen en la vigencia de la póliza. Igualmente, se permite precisar la cobertura de responsabilidad civil frente a reclamaciones tardías.
Con lo anterior, el sector asegurador colombiano podrá contar con un adecuado apoyo internacional de reaseguros para el otorgamiento de mejores coberturas a precios mucho más atractivos en favor de los asegurados, atendiendo necesidades sentidas en el país, tales como las coberturas en materia ambiental y de contaminación, en cuanto a la elaboración de productos defectuosos, en relación con actividades profesionales, etc.
Se contempla, por último, la posibilidad para que el gobierno nacional haga aplicable estas disposiciones a otros ramos que, de acuerdo con la evolución de los mercados, requieran este tratamiento específico». (Resaltado ajeno).
Así las cosas, la intención de dicha modificación obedeció a que estaban tornándose inviables las pólizas de responsabilidad así como las de manejo y riesgos financieros, con el consecuente retraso en el desarrollo del ramo.
Todo porque la expedición de dichas pólizas implicaba para el mercado asegurador un riesgo desmesurado, al concederle al asegurado amparos extensos temporalmente, pues nada impedía que los perjuicios causados fueran descubiertos tiempo después de finalizada la vigencia del contrato, siendo viable su reclamo mientras no se configuraran los términos de prescripción, que son de largo aliento para las actuaciones adelantadas directamente por la víctima. Por ende, era obligación para la compañía de seguros hacer las provisiones de rigor, también extensas en el tiempo.
A esto se sumaba la imposibilidad de reaseguramiento, porque el mercado internacional no lo suministraba con una vida tan prolongada, salvo que se estuviera dispuesto a pagar altos costos, haciendo poco competitivo el sector.
De allí que el sector asegurador debía optar por expedir la póliza asumiendo los referidos riesgos o negarla, en el primer evento irradiando la prima de seguros, lo que deja ver la situación complicada del mercado hasta ese entonces.
La solución adoptada, que buscó un equilibrio entre la necesidad de cobertura para los asegurados –integrados por los administradores de una persona jurídica, por esta misma, por sus socios e incluso terceros que pueden verse afectados- y la imposibilidad de alcanzar un pacto con una prima competitiva, fue la de permitir las denominadas cláusulas Claims made o Reclamación hecha, a través de las cuales, a bajos costos para los tomadores, es viable amparar la responsabilidad de administradores, incluso por el manejo y riesgos financieros, siempre condicionado a que dentro de la vigencia del contrato o, en su defecto, en un lapso convenido, se haga la reclamación por parte de la víctima.
En esa medida ha de entenderse, acorde con el artículo 4º de la ley 389 de 1997, que como efecto de la incorporación al ordenamiento jurídico patrio de estos pactos, la ausencia de un requerimiento tempestivo, hace inane el daño originado en la actuación de los administradores o equivalentes, pues impide el surgimiento de la obligación indemnizatoria a cargo de la empresa aseguradora.
Luego, con independencia de los elementos requeridos para la configuración del siniestro -concebido en el precepto 1072 del estatuto mercantil como la realización del riesgo asegurado-, lo cierto es que se consagró una formalidad adicional, a efectos de que la aseguradora quede obligada a su pago, itérese, la radicación de la reclamación dentro del espacio temporal de cobertura.
Entonces, la ocurrencia del suceso perjudicial que consagra el artículo 1131 ejusdem es suficiente para la configuración del siniestro, empero, si se ha pactado la modalidad de reclamación hecha (claims made), también se exige el reclamo judicial o extrajudicial en el término de vigencia pactado o en el plazo ulterior convenido, hecho por la víctima al asegurado, o al asegurador en ejercicio de la acción directa, el que demarca la obligación indemnizatoria a cargo de éste, pudiendo involucrar, incluso sucesos pretéritos e ignorados por el asegurado, es decir, ocurridos con anterioridad a la iniciación de la vigencia de la póliza -de existir acuerdo contractual.
Esta doble exigencia consagrada en la ley 389 de 1997 (siniestro y reclamación dentro del término específico), no admitida en el sistema tradicional de suceso dañoso imputable al asegurado, a que se refiere el precepto 1131 de la codificación mercantil, deberá agotarse en todos los casos para el nacimiento de la obligación resarcitoria del asegurador.
En efecto, en el esquema basado en la ocurrencia, el débito surge de la configuración del hecho dañoso en vigencia del contrato de seguro, sin consideración a que la reclamación se surta luego de la expiración del respectivo pacto.
Por su parte, las cláusulas «claims made» o «reclamo hecho» constituyen una limitación temporal al cubrimiento, porque no basta que los sucesos generadores de responsabilidad civil ocurran, sino que también es menester que la reclamación por parte del damnificado se materialice durante la vigencia de la póliza o en el periodo adicional y específico estipulado, de tal suerte que si esta no se presenta oportunamente, se excluye el referido débito a cargo del asegurador, a pesar de presentarse el hecho dañoso.
Respecto de dicho tema, esta Corporación en fallo CSJ SC 18 dic. 2013, rad. 2000-01098-01, expuso:
A pesar de que en términos del artículo 1131 del Código de Comercio, modificado por el 86 de la Ley 45 de 1990, en ‘el seguro de responsabilidad se entenderá ocurrido el siniestro en el momento en que acaezca el hecho externo imputable al asegurado’, cuando la responsabilidad se predica de directores o funcionarios, la póliza que la cobija suele contar con la particularidad de ser por reclamación o ‘claims made’, por cuanto la cobertura está delimitada temporalmente por distintas modalidades y combinación de cláusulas.
(…)
De conformidad con dicho precepto [4° de la Ley 389 de 1997], pueden presentarse las siguientes situaciones:
Que coincidan dentro de la vigencia tanto el hecho dañoso, como la reclamación de la víctima al asegurado o la aseguradora.
Que el hecho dañoso sea anterior a la vigencia, pero el reclamo se presente dentro de ésta.
Que se cubran sucesos acaecidos durante la vigencia, pero el reclamo se haga por fuera de la misma, en un plazo preestablecido para notificaciones.
El primer caso es connatural al convenio, pero los otros dos requieren de pactos expresos, claramente delimitados, cuya interpretación exige del fallador un examen estricto y restringido, que impida extender los amparos a riesgos no cubiertos o dejar por fuera aquellos que sí lo están.
En esa medida, es claro que el Tribunal no se equivocó al decidir en la forma como lo hizo, porque una interpretación finalista del canon 4º de la Ley 389 de 1997, imponía que la reclamación se surtiera dentro de la vigencia de la póliza que rigió entre el 3 de junio de 1998 y el 3 de junio de 1999, lo cual significa que aun cuando el siniestro ocurrió, no hay lugar a su pago por incumplimiento de una estipulación contractual.
Por contera, se descarta el error endilgado al juez ad-quem y la tesis del impugnante según la cual, tanto en el esquema de «ocurrencia» como en el de «reclamación», el siniestro «se configura con el daño causado por el asegurado a la víctima (…)», pues ese razonamiento desconoce el propósito legislativo que llevó a la modificación aludida, esto es, que la solicitud resarcitoria al asegurado o al asegurador, durante la vigencia del pacto o dentro del término adicional igualmente convenido, es una exigencia contractual adicional para que la compañía de seguros cubra los perjuicios ocasionados.
También se descarta el planteamiento desarrollado en el segundo cargo, según el cual el siniestro es un acto complejo compuesto por varios elementos: el daño, como actuación antijurídica del asegurado, la responsabilidad, y la presentación de una reclamación por la víctima.
Todo porque la modalidad de contratación del seguro desarrollada bajo el artículo 4º de la ley 389 de 1997, impone una restricción temporal a la cobertura, «(…) a las reclamaciones formuladas por el damnificado al asegurado o a la compañía durante la vigencia, (…)» de la póliza, sin que pueda pretermitirse el argumento de que la fecha del daño es suficiente para activar el amparo, pues, insístese, la reclamación oportuna se constituye en una condición adicional, cuya ausencia, lleva al traste el deber resarcitorio.
Traduce lo dicho que no se presentó el yerro endilgado al Tribunal, porque no «restringió de manera muy simplista el siniestro al hecho exclusivo de la reclamación».
Por el contrario, esa Colegiatura dio el alcance que correspondía al pacto, comoquiera que, al margen de la ocurrencia del hecho dañoso, por haberse pactado el seguro de responsabilidad civil bajo la modalidad por reclamación o «claims made», no había lugar a la reparación por haberse deprecado ésta con «posterioridad a la fecha en la que expiró la vigencia de la póliza de la que pretende beneficiarse el Fondo común demandante».
De igual forma, el ad quem no desconoció que se trata de un seguro de responsabilidad civil, en donde se amparan los daños sufridos por terceros. Simplemente, se reitera, negó lo pretendido por la actora, basado en que de manera expresa se convino acoger el sistema de «reclamación hecha», y la misma se hizo por fuera del interregno en que era procedente su realización, según el artículo 4º de la ley 389 de 1997.
Obsérvese al respecto, que el fallo cuestionado expresamente arguyó que «(…) las coberturas contratadas en la póliza de seguro de responsabilidad civil para directores y administradores por la Corporación Financiera del Pacífico se circunscribían a la ‘indemnización de los perjuicios causados a terceros, a los socios y a la sociedad, provenientes de la responsabilidad civil de los asegurados’ y ‘el reembolso a la sociedad de los perjuicios causados a terceros, a los socios y a la sociedad, provenientes de la responsabilidad civil de los asegurados’, siempre y cuando una y otra se hubieren originado en cualquier reclamación iniciada por primera vez contra los asegurados durante la vigencia de la póliza, por todo acto culposo real o presunto cometido por los asegurados en el desempeño sus respectivas funciones como directores o administradores de la sociedad».
En síntesis, la elaborada argumentación que envuelven los cargos, se decanta en un esfuerzo por obtener los mismos efectos contemplados en el inciso final del artículo 4º de la ley 389 de 1997, formulado en el sentido de que «(…) se podrá definir como cubiertos los hechos que acaezcan durante la vigencia del seguro de responsabilidad siempre que la reclamación del damnificado al asegurado o al asegurador se efectúe dentro del término estipulado en el contrato, el cual no será inferior a dos años», lo que no fue pactado y, por ende, no determinó el valor de la prima liquidada, por lo que mal podría aprovecharse de esta situación para obtener un beneficio extraño a la convención que celebraron las partes.
5. De lo analizado emerge que el ad quem no incurrió en los yerros enrostrados, circunstancia que conlleva a la frustración de la impugnación extraordinaria, la imposición de costas a su proponente, según lo previsto en el inciso final del artículo 375 del Código de Procedimiento Civil, y al señalamiento de agencias en derecho como lo dispone el precepto 392 ibídem, modificado por el 19 de la Ley 1395 de 2010, para lo cual se tendrá en cuenta que la parte opositora replicó la demanda de casación.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 3 de agosto de 2012 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en el proceso que instauró Fiduciaria del Pacífico S.A. «Fidupacífico» en liquidación contra la Interamericana Compañía de Seguros Generales S.A., hoy AIG Colombia Seguros Generales S.A.
Se condena en costas a la recurrente en casación. Por secretaría inclúyase en la liquidación la suma de $6.000.000, por concepto de agencias en derecho.
Cumplido lo anterior devuélvase la actuación surtida al Tribunal de origen.
Cópiese y notifíquese
LUIS ALONSO RICO PUERTA
Presidente de la Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
SALVAMENTO DE VOTO
Con el mayor respeto hacia los magistrados que suscribieron la providencia, me permito tomar distancia de la decisión que adoptó la Sala en el sentido de negar la casación de la sentencia del Tribunal, por considerar que la parte recurrente demostró los errores evidentes y trascendentes en que incurrió el sentenciador de segunda instancia, los cuales hacían necesario el quiebre del fallo por ser violatorio de la ley sustancial.
Para negar la casación de la sentencia proferida por el ad quem, la Sala Civil esgrimió un curioso razonamiento según el cual el reparo del recurrente fue “desenfocado”, dado que atribuyó al Tribunal haber circunscrito el siniestro a la reclamación que elevó la demandante a la aseguradora, cuando la razón del juzgador de segundo grado para desestimar las pretensiones consistió en que la reclamación no se radicó dentro del lapso de cobertura de la póliza: «Con otras palabras, el juez ad quem no indagó si ocurrió o no el siniestro, ni mucho menos la data de su causación; simplemente centró su mirada en la fecha de la reclamación, a partir de lo cual concluyó que ha debido presentarse dentro del período de cobertura, en atención a la naturaleza del seguro, lo que fue desatendido por la peticionaria». [Folio 69]
De admitirse el anterior razonamiento cualquier reproche luciría “desenfocado”, pues se estaría tomando como inatinente un argumento que no es más que el complemento antecedente del raciocinio del sentenciador. En efecto, si el Tribunal centró su motivación en la extemporaneidad de la reclamación, ello sólo fue posible porque consideró, así fuera tácitamente, que el hecho que daba origen al pago del seguro (siniestro) se concretaba en la reclamación dentro del término de vigencia de la póliza (claims made), es decir que al fin de cuentas la sentencia se fundamentó en la admisibilidad de las cláusulas de “reclamación hecha”, que fue precisamente la interpretación que el casacionista estimó errónea. Luego, mal podría tildarse de “desenfocado” un argumento que se encaminó a desvirtuar la razón principal que llevó al Tribunal a adoptar su decisión.
Respecto de las razones “de fondo” que esgrimió la Corte para negar los cargos, hay que advertir que no fueron en sentido estricto una refutación de las acusaciones, sino una simple exposición doctrinal de las cláusulas “claims made”, sin contestar los reparos del casacionista sobre la inaplicabilidad de esa figura en el ordenamiento jurídico nacional por desnaturalizar la institución del seguro y por violar los derechos de los consumidores de seguros, frente a lo cual, en mi criterio, le asiste la razón como se explica a continuación.
1. De conformidad con el artículo 1127 del Código de Comercio, el seguro de responsabilidad impone a cargo del asegurador la obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado con motivo de una determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley, teniendo como propósito el resarcimiento de la víctima, la cual se constituye en beneficiaria de la indemnización.
Este contrato tiene, entonces, una doble finalidad: i) proteger al asegurado de los efectos nocivos que sufra su patrimonio por incurrir en responsabilidad; y ii) resarcir a las víctimas por el perjuicio que sufren.
Admitir la validez de las cláusulas “claims made” supondría desconocer la finalidad del seguro respecto del asegurado y el beneficiario, por cuanto este último tendría que asumir las consecuencias nocivas de un convenio en el que no participó; y el asegurado vería afectado su patrimonio ante una situación que no le es atribuible, como lo es el reclamo extemporáneo de la víctima. De ese modo, al desaparecer el propósito de este contrato según lo establecido por el artículo 1127 del Código de Comercio, faltaría uno de sus elementos esenciales, lo que lo haría ineficaz en los términos del artículo 898 ibidem, pues toda cláusula que tienda a aminorar la función del contrato de seguro o a reducir la duración de la cobertura de la responsabilidad civil carece de causa, es ilícita y debe reputarse como no escrita.
2. Ahora bien, el siniestro es la realización del riesgo asegurado. Es el suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurado o del beneficiario (art. 1054). Según el artículo 1131 del Código de Comercio, en el seguro de responsabilidad civil se entenderá ocurrido el siniestro en el momento en que acaezca el hecho externo imputable al asegurado.
Por consiguiente, incorporar una cláusula de “reclamo hecho” condicionado al término de vigencia de la póliza, significaría cambiar por completo la definición de “riesgo asegurado”, pues éste ya no sería el hecho externo imputable al asegurado sino, además, la reclamación realizada por el asegurado, es decir un hecho voluntario y no externo; lo que sería tanto como cambiar la naturaleza del contrato de seguro de responsabilidad. Este fue el razonamiento que planteó el recurrente como fundamento de su acusación y que esta Corte, al no comprenderlo, tildó de “desenfocado”.
Según el artículo 1056, el riesgo es asumido por el asegurador; es decir que en virtud del contrato de responsabilidad civil, el riesgo de ocurrencia del siniestro se traslada del asegurado al asegurador.
Por el contrario, si se admite la validez de una cláusula de “reclamo hecho” el riesgo no se trasladaría al asegurador sino al asegurado, en la medida que este último tendría la carga de realizar la reclamación dentro del plazo impuesto por la aseguradora.
3. A lo anterior hay que agregar que la razón práctica para el surgimiento de las cláusulas “claims made” era contrarrestar los términos de prescripción demasiado largos de las acciones civiles. Sin embargo, al haber sido reducidos considerablemente esos términos por la Ley 791 de 2002, la razón de ser de tales cláusulas desapareció.
Las cláusulas de “reclamo hecho” son abusivas, rompen el equilibrio contractual, vulneran los derechos del usuario o consumidor de seguros y lo dejan en estado de indefensión, contraviniendo la tendencia mundial de protección al tomador, el asegurado y el beneficiario, quienes no tienen la posibilidad de oponerse a ellas o no contratarlas por cuanto van incorporadas en el contrato de adhesión; debiendo financiar con su patrimonio los daños que causan a pesar de estar asegurados, bajo el pretexto de que las víctimas tardaron en presentar su reclamación. Las aludidas cláusulas, en fin, constituyen un retroceso en materia de protección al consumidor de seguros y son un obstáculo al principio de reparación de los daños a las víctimas.
Además de ello, alteran el sistema de la responsabilidad civil, en la medida que el responsable (médicos, empresarios, ciudadanos del común) ven afectado injustamente su patrimonio al tener que pagar unas sumas de dinero que aseguraron mediante una póliza completamente ineficaz al propósito del seguro.
En tal sentido, la negación de la casación significó prohijar la aplicación de una norma inadmisible en nuestro sistema jurídico, pues la mencionada modalidad aseguraticia atiende exclusivamente al interés de las aseguradoras porque crean una ventaja ilícita a su favor y se erigen en un instrumento violatorio de los derechos de los asegurados y los perjudicados, dado que acaban con la esencia del contrato de seguro.
En los términos que preceden, expreso mi total desacuerdo con la decisión.
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
Magistrado
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
SALVAMENTO DE VOTO
Radicación n.° 76001-31-03-001-2001-00192-01
Con el acostumbrado respeto por la mayoría de la Sala, enseguida expongo las razones por las cuales salvo el voto. Para tal efecto, en principio presentaré un resumen somero de la causa, posteriormente expondré los puntos centrales de mi disidencia.
1. Causa petendi y petitum
1.1. Entre el 14 y 19 de mayo de 1999 los directivos de Fidupacífico (fiduciaria), como administradores de Superrenta (fideicomitente), efectuaron una inversión por la suma de $4.486’398.740, con los dineros de este Fondo, realizando una operación negligente y transgresora de la normatividad y de la ética propia de la actividad, causando a los fideicomitentes y adherentes, la pérdida de la inversión y los eventuales rendimientos.
1.2. La Corporación Financiera del Pacífico S.A., Fiduciaria del Pacífico S.A. y Pacífico Compañía de Financiamiento Comercial S.A., celebraron el contrato de seguro de responsabilidad civil No. D&A-0301 de 17 de julio de 1998, con Interamericana Compañía de Seguros Generales S.A., hoy AIG Colombia Seguros Generales S.A., para cubrir y asegurar responsabilidades para directores y administradores, con vigencia entre el 3 de junio del citado año y el 3 de junio de 1999.
1.3. En el clausulado general del contrato la accionada se obligó a indemnizar los perjuicios causados a terceros provenientes de la responsabilidad civil de los directores o administradores de las entidades aseguradas, con ocasión de actos culposos, reales o presuntos, cometidos en el desempeño de sus funciones. En lo tocante con las cláusulas claims made, se dijo: “la póliza opera bajo el sistema de aseguramiento base reclamación, es decir se cubren todas las reclamaciones presentadas por primera vez durante la vigencia de la póliza, en un todo de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 389 de 1997”.
1.4. Como capital y rendimientos invertidos se diluyeron por culpa de los administradores, el 25 de abril de 2001 FCE, Superrenta, en su condición de afectado presentó la reclamación a la aseguradora para obtener la indemnización por los perjuicios en el marco del aludido contrato de seguro de responsabilidad civil. La conminada negó la reclamación al amparo de las cláusulas claims made del contrato.
1.5. Con fundamento en lo precedente formuló la parte perjudicada el correspondiente declarativo para obtener el pago de las sumas aseguradas con los intereses. El a quo negó las súplicas, el tribunal confirmó, y el recurso de casación desestimó los cargos, con fundamento en las claims made.
2. La sentencia de esta Corte debió quebrar la decisión recurrida para acceder a las súplicas de la perjudicada con la riesgosa inversión
La inclusión de la cláusulas claims made en un contrato de seguro de responsabilidad civil resulta abusiva e inconstitucional, violenta la buena fe negocial, transgrede los derechos del consumidor y quebranta el mandato constitucional, según el cual, es un fin esencial del Estado, asegurar la vigencia de un orden justo.
2.1. Se trata de cláusulas ineficaces que afectan los derechos de los usuarios y consumidores de seguros, porque erigen una valla de contención para la reclamación de indemnizaciones contra aseguradoras; pero además, son instrumentos de la propia autoprotección (en forma pleonástica por la naturaleza del contrato) del profesional del seguro y de las multinacionales del reaseguro. Según las expresiones del artículo 4 de la Ley 389 de 1997, disposición contentiva de las mismas en nuestro ordenamiento, el resguardo a favor de la víctima reduce restrictivamente como cubiertos, exclusivamente “(…) los hechos que acaezcan durante la vigencia del seguro de responsabilidad siempre que la reclamación del damnificado al asegurado o al asegurador se efectúe dentro del término estipulado en el contrato (…)”.
El asegurador en consecuencia, responde: 1. Únicamente por un hecho (made) ocurrido durante la vigencia de la póliza, y 2. Siempre que se formule el reclamo (claim) durante el período convenido en la misma póliza y durante su vigencia.
2.2. Las cláusulas “claims made”, del todo resultan abusivas con el consumidor de seguros, con los afectados o con los legitimados para reclamar reparaciones a las aseguradoras. Ellos no conocen el contenido, el alcance y los efectos del clausulado del contrato, el cual, por su naturaleza, es de adhesión para el tomador, por regla general; y ajeno del todo para terceros afectados. Esas reglas resultan inequitativas, irrazonables e inconstitucionales, máxime con la ignorancia de los consumidores de seguros sobre las categorías básicas del contrato correspondiente: infraseguro, prorrata, reticencia, riesgo relativo, coaseguro, pérdida por beneficio contingente; “claims made”, período de retroactividad, base de ocurrencia, cobertura, “descubrimiento de pérdidas durante la vigencia”, “hechos ocurridos con anterioridad a su iniciación”, etc.
2.3. La cuestión es más patente, especialmente, frente a tipos de seguros, como los de cola larga (cobertura que se extiende por períodos largos), o donde se amparan riesgos cuyas consecuencias adversas no se presentan inmediatamente o no son perceptibles prontamente o no son reclamables dentro del término estipulado en el contrato entre asegurado y asegurador; por lo tanto, resulta injusto e inequitativo gobernar un problema jurídico con una disposición que tiene aplicación para otros contextos y relaciones jurídicas, pero jamás para los terceros o las víctimas, porque a éstos, en tales condiciones, les resulta inoponible.
2.4. Los problemas de reserva a largo plazo aducidos por los empresarios del seguro para su implementación, hoy de verdad, no son tan largos, por la ostensible disminución de los términos de prescripción (dos y cinco años para prescripción ordinaria y extraordinaria, respectivamente, en materia aseguraticia). Las complicaciones que se reflejen en los estados financieros o el rehusamiento para la constitución de reaseguros frente a los riesgos que engendra para aseguradoras o reaseguradoras un determinado hecho o modalidad de seguro, al estar forzadas a retener el riesgo, no pueden de ninguna manera, reflejarse negativamente contra los beneficiarios o los consumidores de seguros, terceros o víctimas, mucho menos, prohijando una interpretación que no viene al caso.
2.5. Las cláusulas claims made son abusivas. Las cláusulas abusivas son aquellas que de ser aplicadas a propósito de un contrato, afectan la voluntad de la parte débil de la relación negocial, comprometiendo la causa in contrahendo por el menoscabo de la buena fe negocial, porque desconocen los derechos de los contratantes débiles, de terceros o de la víctimas, y en no pocas ocasiones de las propias partes; hallándose, las más de las veces, en contra de los principios, valores y derechos constitucionales que pregona el Estado Constitucional y social de Derecho.
Sobre todo, en las negociaciones aseguraticias, no pueden confundirse los hechos y los derechos de los terceros y los de las víctimas, con las relaciones que surgen entre el asegurado y el asegurador, cuando el tercero o el afectado no han formulado reclamación para el pago de la indemnización al asegurador durante la vigencia del seguro de responsabilidad, para consecuencialmente, desconocer los intereses patrimoniales del damnificado frente al responsable o para limitarlos en materia extintiva.
En el punto es necesario clarificar que la parte demandante es el FCE, Fondo Común Especial Superrenta (Fideicomitentes y adherentes), autorizado por la Superbancaria en 1995, y administrado por Fiduciaria del Pacífico, Fidupacífico. El fondo y sus adherentes son terceros, y como tales no intervinieron directamente en la celebración del contrato del seguro.
2.6 Ofenden los derechos de consumidores y usuarios. No puede ignorarse que la legislación patria propendiendo por los derechos del consumidor, conceptuó sobre las cláusulas abusivas y proscribió su inclusión contractual so pena de ineficacia de pleno derecho, en el artículo 42 de la Ley 1480 de 2011:
“Son cláusulas abusivas aquellas que producen un desequilibrio injustificado en perjuicio del consumidor y las que, en las mismas condiciones, afecten el tiempo, modo o lugar en que el consumidor puede ejercer sus derechos. Para establecer la naturaleza y magnitud del desequilibrio, serán relevantes todas las condiciones particulares de la transacción particular que se analiza.
“Los productores y proveedores no podrán incluir cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores, En caso de ser incluidas serán ineficaces de pleno derecho”.
Codificación similar y equivalente se halla en el derecho de la República Oriental del Uruguay, donde el artículo 30 de la Ley Nº 17.250 de Defensa del Consumidor dispone: “Es abusiva por su contenido o por su forma toda cláusula que determine claros e injustificados desequilibrios entre los derechos y obligaciones de los contratantes en perjuicio de los consumidores, así como toda aquella que viole la obligación de actuar de buena fe. La apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no referirá al producto o servicio ni al precio o contraprestación del contrato, siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible”.
Del discurso normativo se extraen dos premisas que constituyen los pilares de la disposición: quebranto del equilibrio de la negociación y la buena fe contractual.
Ya en materia de casación esta Corte, a propósito de las cláusulas abusivas, resolviendo un recurso extraordinario, en proceso ordinario de responsabilidad civil, respecto de esas cláusulas reiteró:
“(….) son ‘características arquetípicas de las cláusulas abusivas –primordialmente-: a) que su negociación no haya sido individual; b) que lesionen los requerimientos emergentes de la buena fe negocial -vale decir, que se quebrante este postulado rector desde una perspectiva objetiva: buena fe probidad o lealtad-, y c) que genere un desequilibrio significativo de cara a los derechos y las obligaciones que contraen las partes” (cas. civ. de 2 de febrero de 2001; exp: 5670)” (Cas. Civ. del 13 de diciembre de 2002, Exp. 6462)”.
2.7. En precedente no relacionado con esta questio iuris, pero que guarda analogía, abordando una disposición leonina en el contrato de seguro, donde se imponía al asegurado o beneficiario la carga de probar su derecho de una manera específica -o tarifada-, limitando indebidamente los diversos medios de prueba a disposición, la Corte expuso que esa estipulación “ (…) socava el equilibrio prestacional que, en línea de principio, debe existir en todo contrato, en la medida en que agrava -sin contrapartida- las condiciones en que aquellos pueden solicitar del asegurador que cumpla con su obligación de “pagar el siniestro”, concretamente como corolario de la acreditación de la ocurrencia o materialización del riesgo asegurado (onus probandi)”.
Corresponde al juez adoptar un rol garantista frente a los derechos de los consumidores, debiendo excluir las disposiciones contractuales abusivas, teniendo como punto de partida el artículo 871 del Código de Comercio, cimentado con los ineludibles preceptos constitucionales. Desde esta perspectiva, ha de abogar por declarar oficiosamente inválidas, cláusulas contractuales que ofendan los derechos de las víctimas y de los usuarios, si aquéllas abogan por el desequilibrio para hacer justicia contractual entre las partes.
2.8 La autonomía de la voluntad de las partes contratantes caracteriza los contratos de libre discusión, para que concurran con su espontáneo asentimiento a la formación del clausulado respectivo.
No ocurre lo mismo, en los contratos de adhesión, caracterizados precisamente por contener previamente la expresión de la voluntad de la parte que los propone, sin que le sea dado a su contraparte discutirlos, debiendo limitarse simplemente a aceptarlos o no; convenciones, respecto de las cuales la Sala ha pronunciado:
“Deviene de lo expuesto que el desprendimiento de la resolución bien puede acontecer por expresa manifestación ó por el no ejercicio de la acción pertinente; en todo caso, emerge, sin la menor duda, que en los contratos bilaterales de libre discusión, es un derecho susceptible de ser dispuesto por cualquiera de los contratantes, en la medida en que no violenta o desconoce el orden público, empero, en convenios de otra índole, habrá de establecerse si la resignación de una prerrogativa como la mentada, es producto de una cláusula abusiva o reflejo de las condiciones plasmadas en ejercicio de posición dominante, hipótesis ante las cuales, por obvias razones, no puede considerarse tal consagración bajo el amparo de la voluntad de las partes o de la normatividad”.
Son conductas abusivas, las que “lesionan la normatividad vigente, la buena fe o el esmero profesional con que dichas instituciones siempre deben operar en beneficio de sus clientes, puede ser fuente de abuso dada la amplia capacidad de dominio en la negociación con que cuentan” dando “lugar a que el damnificado, aun encontrándose vinculado por el negocio y por fuerza precisamente de las consecuencias que para él acarrea la eficacia que de este último es propia, puede exigir la correspondiente indemnización”.
La protección entonces, frente a esta modalidad contractual, deviene necesaria por la supremacía constitucional que surge de la observancia del artículo 13 Superior, reconocedor de la igualdad, en concordancia con la disposición segunda constitucional que prevé como finalidad estatal la vigencia de un orden justo. Este es un “imperativo para el juzgador, como parte del Estado, (que) lo obliga no sólo a proteger a quienes se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta, por su condición económica, en las relaciones contractuales, como ocurre con los consumidores de las empresas proveedoras de bienes y servicios, las cuales ejercen una posición dominante, sino a sancionar los abusos contra dichas personas”.
2.9. El artículo 78 de la Constitución Política, impone la necesidad de regular la oferta y demanda de bienes y servicios en el mercado y su comercialización. El artículo 83 ibídem otorga al postulado de la buena fe, la máxima jerarquía en el sistema de normas imponiendo su observancia en las actuaciones estatales y de los particulares en general.
Robusta, es entonces, la protección constitucional a los derechos de los sujetos jurídicos, de modo que se presenta como limitante al principio de la autonomía de la voluntad privada, como consecuencia de la progresiva constitucionalización del derecho privado, con asiento en el preámbulo, y difuminada por el efecto pedagógico del artículo 4 de la Carta, según el cual: “La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.
“Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades”.
De tal modo, que el texto fundamental irriga a cabalidad el sistema jurídico colombiano, tanto en la aplicación como en la interpretación de las disposiciones legales, forzando la materialización de los principios, valores y preceptos superiores en todos los escenarios que demanden eliminar discriminaciones o desconocimiento de derechos.
2.10. Cuando se afectan con disposiciones convencionales los derechos de las partes, de los terceros, de las víctimas a quienes directa o indirectamente toca el contrato, tal cual ocurre con la tipología claims made, nos encontramos frente a cláusulas abusivas. Si son impuestas, como ocurre en el asunto juzgado, el principio pacta sunt servanda previsto en el artículo 1602 del Código Civil colombiano, según el cual “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”, surgen incuestionablemente causas constitucionales para predicar la ineficacia de tales cláusulas, desde la hermenéutica sistemática y teleológica del Estado Social de Derecho, “(…) garantía para los asociados, por cuanto permite sentir una mayor seguridad y contar con que los “ideales” de la norma superior están más a su alcance, es decir, que tienen una aplicación más directa y real”. Entonces, en ese contexto, el principio de la autonomía debe ceder ante la prevalencia de la Constitución.
Cuando el consumidor se adhiere a un contrato de seguro preestablecido por el asegurador, parte fuerte o dominante de la relación contractual y el primero partiendo del principio de la buena fe, que lleva implícita la lealtad, resulta sorprendido por disposiciones que rompen la armonía y el equilibrio contractual, se desarticula el objeto del contrato y queda roto, el ultro citroque obligationem, esencia en el sinalagma contractual (do ut des).
El postulado de la buena fe, anclado en el artículo 83 y centenariamente en el art. 1603 del Código Civil, adoptado también en el 871 del Código de Comercio, cimientos de la uberrimae bonae fidei, imponen su observancia puntual por parte de la aseguradora y el máximo respeto a los derechos de los consumidores y usuarios. Las aseguradoras son profesionales especializados, en quienes recae la responsabilidad de lo consignado en las cláusulas contractuales, “en la concepción de la póliza y en la ejecución del contrato, evitando cláusulas lesivas para el asegurado o simplemente obscuras e incompatibles con “la exquisita observancia de la buena fe” por cuanto el papel que viene a desempeñar el tomador del seguro es meramente adherente. Por tanto, se debe aplicar en todo “la bona fides como una realidad y no simplemente como intención de legalidad” a favor de la parte débil.
De antaño esta Sala tiene decantado que la buena fe corresponde a la “(…) ausencia de obras fraudulentas, de engaño, reserva mental, astucia o viveza, en fin, de una conducta lesiva de la buena costumbre que impera en una colectividad”. Por ello, la Corte, con palabras del ponente, el profesor Valencia Zea, en la misma providencia, añade para censurar: “En general, obra de mala fe quien pretende obtener ventajas o beneficios sin una suficiente dosis de probidad o pulcritud”.
La buena fe “constriñe a mantener una promesa, no según la letra, sino según el espíritu del negocio convenido por las partes y, en cuanto tal, a adecuar la propia conducta a la plena realización del acuerdo”.
2.11. Al juez le compete adoptar un rol dinámico, debe trascender de la superficialidad a la esencialidad para desentrañar el móvil de las partes en el contrato, restableciendo el equilibrio, cuando éste se ha roto, porque “la interpretación de los contratos es labor que el legislador tiene librada a la autonomía del juzgador. Sin embargo, para que ella se pueda realizar con el mayor acierto, la propia ley dota al juez de una serie de herramientas o directrices llamadas a guiar su tarea con el objetivo de descubrir el verdadero contenido y alcance de las cláusulas contractuales, la real voluntad de las partes contratantes y los fines buscados por ellas al ajustar el negocio”.
Resulta inconstitucional que en un clausulado de contrato de seguro, caracterizado por su celebración adherente, la parte estipulante y dominante de la relación negocial incluya la lapidaria fórmula: “la póliza opera bajo el sistema de aseguramiento base de reclamación, es decir, se cubren todas las reclamaciones presentadas por primera vez durante la vigencia de la póliza, en un todo de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 389 de 1997”( Resaltado fuera de texto); por cuanto afecta en verdad la igualdad de las partes.
La regla, detonante de mi salvamento, también padece el defecto de la oscuridad, desconoce que no todo efecto dañoso es inmediato, muchos daños son diferidos y al quedar excluidas las reclamaciones de siniestros con origen y causa durante la vigencia del seguro, pero cuyo reflejo y materialización ocurren ulteriormente a la vigencia de la póliza, desnaturalizan el objeto del contrato de seguro, y el principio naeminen laedere.
Tinte oscuro de ilegalidad humedece los derechos fundamentales con la modalidad claims made. Son antijurídicas al plasmar que el “siniestro no llega a producirse hasta que el asegurado no recibe del tercero perjudicado la reclamación judicial o extrajudicial. Si la misma no tiene lugar, para la póliza no hay siniestro, aunque haya acto u omisión responsable y daño”.
Se trata de una situación que anega en la disparidad y en la injusticia al afectado o asegurado frente a la aseguradora al limitar su reclamo (vigencia del contrato); pero también, queda discriminado en comparación con las reglas especiales y generales del daño y su extinción (término de prescripción de la acción de responsabilidad civil); de modo que restringen el sistema de responsabilidad civil y las cláusulas se tornan en claro instrumento que satisface exclusivamente los intereses de las aseguradoras.
2.12. El Tribunal Supremo de España el 20 de marzo de 1991, en su Sala Primera estudiando la aplicabilidad de estas cláusulas en el litigio del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona y Provincia Vs. Aseguradora Central de Seguros S.A, revocó la sentencia del juzgado de primera instancia y la de la Sala 3ª de la Audiencia Territorial de Barcelona, al considerarlas como ilícitas, al limitar los derechos de los asegurados por ser lesivas. Estimó que la aseguradora debía responder por los hechos acaecidos durante la vigencia del contrato al margen de la fecha de reclamación, por cuanto la obligación surge con el nacimiento del riesgo, esto es, desde el acaecimiento del siniestro sin tener en cuenta la fecha cuando el perjudicado formule su reclamación, así sea con posterioridad a la vigencia de la póliza.
Prohijó también esta doctrina en la sentencia de 23 de abril de 1992, reflexionando que las referidas cláusulas limitaban los derechos de los asegurados, al forzar además, a formular la reclamación en la vigencia de la póliza. Reiteró entonces: “En consecuencia, respecto al caso de autos, ocurrido el siniestro dentro de la vigencia de la póliza, aunque las actuaciones iniciales contra los responsables por los perjudicados lo fuesen después de que no estuviese vigente, ha de entenderse que la entidad aseguradora responde frente a éstos. La interpretación contraria no sólo pugnaría con los preceptos legales antedichos, sino que llevaría al absurdo, porque la operación causante de los daños efectuó en fecha muy próxima (el 21-11-1985) a la expiración de la vigencia de la póliza (31-12-1985), y los facultativos demandados no podían comunicar nada a la entidad aseguradora porque nada se les había reprochado ni reclamado en relación con su trabajo; se tendría en consecuencia un contrato de seguro en el que, no obstante el pago de la prima, no tendría eficacia por un tiempo, que es precisamente cuando se produce el acaecer dañoso. Por lo demás, esta Sala ha de reiterar su doctrina expuesta en la S. 20-3-1991 (RJ 1991\2267), en la que declaró no ajustada a derecho la actitud de «Central de Seguros SA» de rechazar al Colegio Oficial de Médicos de Barcelona los siniestros acaecidos por actos médicos realizados durante la vigencia de la póliza cuyo conocimiento ha vuelto en este pleito a la Sala, bajo el pretexto de las mismas condiciones de la póliza que se han expuesto y examinado en este motivo.”
Por supuesto, que ante la fuerte reacción de las compañías aseguradoras el legislador español luego modificó el fundamento legal por disposición adicional de la Ley 30 de 1995, introduciendo algunas leves reformas.
No obstante, la temporalidad de aquélla doctrina ibérica, su pertinencia para el caso es evidente, porque muestra la naturaleza injusta de un clausulado como el autorizado en el derecho nacional que amilana los derechos de asegurados y terceros.
2.12. Ciertamente el término para la prosperidad de la indemnización en el negocio aseguraticio gira en torno a la época del reclamo de la víctima y la ocurrencia del hecho riesgoso. Realmente la obligación surge para el asegurador cuando ocurre el hecho externo que materializa el siniestro, según el art. 1131 del C. de Co. De tal manera que la previsión del art. 4 de la Ley 389 de 1997 restringe el derecho, porque únicamente viabiliza las reclamaciones realizadas por el damnificado durante la vigencia de la póliza, y los siniestros ocurridos antes de la formalización del contrato o durante su vigencia; de tal modo que injustificadamente se excluyen las coberturas de los siniestros respecto de los cuales la reclamación no se realizó en los plazos y condiciones previstas en las claims made o de limitación temporal; es decir, los ulteriores a la vigencia.
En la cuestión era suficiente para la solución jurídica de situaciones problemáticas como las aquí expuestas, el gobierno del artículo 1131 en concordancia con el art. 1081 del Código de Comercio, en materia de prescripción por las imprecisiones que pudo presentar al aprobarse o ponerse en vigencia en 1971 el Código de Comercio Nacional vigente, al distinguir la fecha del siniestro para el asegurado y la víctima como factores detonantes de la prescripción. Ese texto, resulta menos abusivo, menos injusto; amén de que la Ley 45 zanjó todas las dudas o diferencias, en relación con los arts. 1081 del C. de Co. y 2536 del C.C., evaporando todo desequilibrio entre víctima, asegurado y aseguradora en el punto prescriptivo.
2.13. Como ya he señalado esas cláusulas desconocen la existencia de siniestros tardíos, porque el daño en muchas hipótesis se manifiesta luego de largos períodos, traduciendo una ventaja lesiva contra terceros y asegurados; simplemente conducen a una exoneración de responsabilidad de las aseguradoras.
Una cosa es la acción (conducta) y otra el resultado o daño. En efecto, la acción, conducta dañosa o hecho ilícito o dañoso generante de la responsabilidad, necesariamente debe ocurrir antes o durante la vigencia del contrato de seguro; empero, como lo que cuenta es el siniestro o daño, éste, como resultado, como consecuencia de la acción puede manifestarse tardíamente. No necesariamente siempre ocurren acción y resultado, hecho ilícito y daño, causa y consecuencia simultáneamente. Muchas veces el daño es tardío o diferido (ejemplo: daños al paciente en actos médicos, consumidores frente a productos defectuosos, daños estructurales de un edificio).
Si ello es así, resultan vacuas, injustas y abusivas las cláusulas, cuando circunscriben la ocurrencia del riesgo o hecho, y la reclamación misma, hasta la vigencia de la póliza, deviniendo en enriquecimiento injusto para las aseguradoras el valor de las primas pagadas.
En este contexto, los más afectados son los terceros, porque sin conocer de la cláusula quedan sometidos a tan aciagos términos y requisitorias, dejándolos del todo en el desamparo, a pesar de la inoponibilidad de las referidas cláusulas.
Por consiguiente, se itera, la Sala ha debido proceder a casar la sentencia recurrida, aplicando la excepción de inconstitucionalidad y de inconvencionalidad frente a las anunciadas cláusulas claims made.
Dejo así salvado mi voto.
Fecha ut supra,
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Magistrado
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