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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Civil

Sentencia SC11622-2017

Fecha
11 de agosto de 2017
Magistrado ponente
Margarita Cabello Blanco
Citada por
7 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SC11622-2017

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Civil

Parte resolutiva

IV. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE PRIMERO: CONCEDER el exequátur al fallo proferido el 23 de julio de 2009 por el Juzgado de Primera Instancia Número 7 de Mataró con Funciones de Familia e Incapacidades de Barcelona (España), a través del cual se decretó el divorcio promovido por Esperanza Arce Henao y Jhon Jairo Grisales Quintero. SEGUNDO: INSCRIBIR esta decisión, junto con la providencia reconocida, tanto en el folio correspondiente al registro civil de nacimiento como en el de matrimonio de los señores Esperanza Arce Henao y Jhon Jairo Grisales Quintero, para los efectos previstos en los artículos 6º, 106 y 107 del Decreto 1260 de 1970 y de conformidad con el artículo 13 del Decreto 1873 de 1971. TERCERO: LIBRAR, por Secretaría, las comunicaciones pertinentes. CUARTO: NO CONDENAR en costas en la actuación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Civil

Sentencia SC11622-2017

Magistrado ponente: Margarita Cabello Blanco

11 de agosto de 2017

MARGARITA CABELLO BLANCO

Magistrada ponente

SC11622-2017

Radicación n° 11001 02 03 000 2015 00270 00

(Aprobado en sesión de catorce de junio de dos mil diecisiete)

Bogotá, D. C., once (11) de agosto de dos mil diecisiete (2017).

Se decide sobre la solicitud de exequátur presentada por los señores Esperanza Arce Henao y Jhon Jairo Grisales Quintero respecto de la sentencia de divorcio proferida el 23 de julio de 2009 por el Juzgado de Primera Instancia Número 7 de Mataró con Funciones de Familia e Incapacidades de Barcelona (España).

I. ANTECEDENTES

1.- Mediante escrito presentado a través de apoderado judicial especialmente constituido para tal fin, los aludidos demandantes, mayores de edad y de nacionalidad colombiana deprecaron el otorgamiento de efecto jurídico a la providencia extranjera ab initio citada.

2.- Como soporte de su solicitud, la peticionaria narró los siguientes hechos:

2.1.- Que los señores Jhon Jairo Grisales Quintero y Esperanza Arce Henao contrajeron matrimonio por el rito católico en la ciudad de Bogotá, el 19 de marzo 1988; durante el vínculo «nacieron dos hijos».

2.2.- Posteriormente, el cónyuge presentó demanda «con el fin de obtener el divorcio y la custodia de sus hijos menores», trámite que se llevó a cabo ante el Juzgado de Primera Instancia Número 7 de Mataró con Funciones de Familia e Incapacidades de Barcelona –España, quien subsiguientemente decretó el «divorcio del matrimonio celebrado entre las partes y aprobó la homologación judicial del acuerdo alcanzado con fecha de 23 de julio de 2009 […]»; convenio en el que se reguló la patria potestad de los hijos, el régimen de visitas, «las vacaciones de verano», las pensiones y los gastos extraordinarios.

II. EL TRÁMITE OBSERVADO

1.- Cumplidas las exigencias formales previstas en el artículo 695 del C. de P. C., el 29 de mayo de 2015, fue admitida la solicitud y, en el mismo proveído, se dispuso correr traslado al Ministerio Público, entidad que en tiempo, a través de la Delegada para Asuntos Civiles, manifestó que:

“SE OPONE a la petición de exequatur, en consideración a que la causal invocada en la sentencia del 23 de julio de 2009, proferida por el Juzgado de Primera Instancia No. 7 de Mataró con funciones de Familia e Incapacidades de Barcelona, España, no se encuentra prevista como causal válida de divorcio de conformidad con lo previsto en el artículo 6° de la Ley 25 de 1992 (que modificó el artículo 154 del Código Civil Colombiano, reformado por el 4° de la Ley 1ª de 1976), sin que exista prueba alguna del mutuo acuerdo para obtener el divorcio pues el acuerdo que se homologa hace relación al cuidado y custodia de los hijos» (Fls. 43 a 50).

Posteriormente, se llevó a cabo la notificación de la Delegada del Ministerio Público para Asuntos de Familia, quien anotó lo siguiente:

“es de notar que el fallo no se opone a los principios y leyes de orden público del derecho colombiano y presenta razonable consonancia en lo que respecta a las causales para decretar el divorcio por mutuo consentimiento, tal como se infiere del numeral 9° del artículo 154 del Código Civil, modificado por la Ley 25 de 1992, es decir, el divorcio fue el resultado de la mutua petición de las partes”

Además, señaló que:

“existen dos hijos comunes, solo uno menor de edad, respecto del cual los progenitores acordaron guarda y custodia, régimen de visitas, estadía durante las fiestas de fin de año, semana santa y período vacacional y cuota alimentaria con su respectiva cuantía, forma de pago y base de actualización; Convenio Regulador que ampara suficientemente los intereses económicos, educativos, formativos y afectivos-relacionales del hijo”.

2. Dentro de la etapa de ordenación y práctica de pruebas (Fls. 56 a 57), se dispuso tener en cuenta los documentos anexados con la demanda; vencido dicho período, se concedió la oportunidad para alegar de conclusión (Fl. 60), derecho respecto del cual no se hizo uso.

3. El trámite reservado para esta clase de asuntos fue agotado plenamente y por esto, corresponde resolver sobre el fundamento y viabilidad de la petición elevada.

III. CONSIDERACIONES

1. Presentada la solicitud el 6 de febrero de 2015, estando vigente el Código de Procedimiento Civil, su ritualidad sigue el mismo ordenamiento, al tenor de lo previsto en los artículos 624, modificatorio de la regla 40 de la Ley 153 de 1887, y 652, numerales 5º y 6º del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), que rigió de manera integral a partir del 1º de enero de 2016, según el Acuerdo PSAA15-10392 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

En este orden de ideas, respecto de los trámites de exequatur, ha mencionado la Sala

Quiere decir que al no existir una referencia concreta al exequátur en la norma referida -numeral 6 del artículo 625-, queda comprendido dentro de la última regla transcrita, por lo que se tendrán en cuenta las normas que establecía el Código de Procedimiento Civil, por ser las aplicables al momento en que se inició (CSJ SC8655, 29 jun. 2016, rad. n° 2015-01712-00).

2. En línea de principio, en el territorio patrio, sólo las decisiones emitidas por los jueces nacionales o las de los particulares facultados expresamente para ello, producen efectos; por tanto, bajo esa perspectiva, las sentencias de funcionarios extranjeros no podrán hacerse cumplir en el país, habida cuenta que resultaría afectada la soberanía del Estado.

No obstante, por diferentes circunstancias, se ha validado que esos fallos tengan plena aplicación en Colombia, siempre y cuando se sometan al cumplimiento de un mínimo de requisitos, a más de necesitar la autorización que expide la Corte Suprema de Justicia a través del trámite del exequátur.

3. El artículo 693 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, regula esa posibilidad, al ordenar el primero de ellos que «Las sentencias y otras providencias que revistan tal carácter, pronunciadas en un país extranjero en procesos contenciosos o de jurisdicción voluntaria, tendrán en Colombia la fuerza que les concedan los tratados existentes con ese país, y en su defecto la que allí se reconozca a las proferidas en Colombia».

De acuerdo con la norma trascrita, para que produzcan eficacia las providencias y/o sentencias extranjeras en nuestro ordenamiento es menester que, primeramente, el país de donde proviene la decisión objeto de validación, le brinde a las de los jueces nacionales similar tratamiento, ya sea como consecuencia de tratados bilaterales o multilaterales celebrados; o, en defecto de los mismos, por la existencia de reciprocidad legislativa.

Dicha directriz, en variadas ocasiones, ha sido precisada por la Corte en los siguientes términos:

“[…] en primer lugar se atiende a las estipulaciones de los tratados que tenga celebrado Colombia con el Estado de cuyos tribunales emane la sentencia que se pretende ejecutar en el país. Y en segundo lugar, a falta de derecho convencional, se acogen las normas de la respectiva ley extranjera para darle a la sentencia la misma fuerza concedida por esa ley a las proferidas en Colombia […]” (G. J. t. LXXX, pág. 464, CLI, pág. 69, CLVIII, pág. 78 y CLXXVI, pág. 309, reiterada en CSJ SC6143-2014, Rad. 2013-01441-00).

Por su parte, el canon 694 ibídem consagra requerimientos, tanto de forma, que atañen a la correcta incorporación al proceso de la decisión extranjera, la debida autenticación, traducción, legalización y ejecutoria de la misma; como de fondo, los cuales involucran aspectos relacionados con el contenido de la determinación, en la medida en que no pueden contradecir disposiciones de orden público interno, ni comprender asuntos que comprometan derechos reales sobre bienes que se hallen en el país, ni extenderse a conflictos de competencia exclusiva de las autoridades colombianas, como tampoco aquellos sometidos a proceso que se hallen en trámite o con sentencia en firme.

4.- En el expediente contentivo de la petición de exequátur se tiene acreditado lo siguiente:

a.- El registro de matrimonio de los señores Jhon Jairo Grisales Quintero y Esperanza Arce Henao llevado a cabo en la Parroquia San Juan de la Cruz (Bogotá D.C.), el 19 de marzo de 1988 (Fl. 3).

b.- Los registros de nacimiento de Sindy Paola Grisales Arce del 20 de septiembre de 1989 en Bogotá D.C., y de Cristian Camilo Grisales Arce del 5 de febrero de 1998, en la misma ciudad, que dan cuenta que en la actualidad ambos son mayores de edad (Fls. 6 y 7).

c.- Sentencia del 23 de julio de 2009, emitida por el Juzgado de Primera Instancia Número 7 de Mataró con Funciones de Familia e Incapacidades de Barcelona (España) que resolvió que «debo acordar y acuerdo el divorcio entre D. Jhon Jairo Grisales y Dña. María Esperanza Arce Henao con todos los efectos legales. Asimismo debo acordar la homologación judicial del acuerdo alcanzado entre ambos con fecha 23 de julio de 2.009 […]» (Fls. 8 a 10).

d.- Los registros de nacimiento de Sindy Paola Grisales Arce del 20 de septiembre de 1989 en Bogotá D.C., y de Cristian Camilo Grisales Arce del 5 de febrero de 1998, en la misma ciudad, que dan cuenta que en la actualidad ambos son mayores de edad.

e.- Convenio sobre ejecución de sentencias civiles entre España y Colombia del 30 de mayo de 1908, que dispone que las «sentencias civiles pronunciadas por los Tribunales comunes de una de las Altas Partes contratantes, serán ejecutadas en la otra […]» (Fls. 22 a 23).

5.- Así las cosas, como se advierte que existe reciprocidad diplomática entre los dos Estados, por ser ambos integrantes del ya citado cuerpo normativo bilateral, corresponde ahora establecer si en este asunto se satisfacen las exigencias consagradas en el Convenio sobre Ejecución de Sentencia Civiles (Madrid, 30 de mayo de 1908) para que opere la extraterritorialidad de la supracitada decisión judicial.

6.- La Corte encuentra satisfechas las condiciones previstas en el artículo primero del referido acuerdo internacional, toda vez que la sentencia del juzgado español es definitiva y se encuentra ejecutoriada de acuerdo con lo verificado en folio 27; así mismo, la providencia objeto de homologación no se opone a las leyes vigentes en Colombia, por el contrario, lo resuelto es coincidente con lo previsto en el artículo 6° de la Ley 25 de 1992, que modificó el artículo 154 del Código Civil, correspondiente a las causales de divorcio, en específico el numeral 9, que dispone que el «consentimiento de ambos cónyuges manifestado ante juez competente y reconocido por éste mediante sentencia».

Ahora bien, no obstante en sendas órdenes oficiosas (autos de 3 de agosto de 2016, 12 de octubre de 2016 y 24 de enero de 2017) se solicitó a los accionantes arrimar un documento a partir del cual se pueda evidenciar con precisión las causales que tuvieron en cuenta las partes para solicitar el divorcio, dicha disposición no fue cumplida por los actores, pruebas que brindarían al proceso mayores elementos de juicio y contundencia; empero, corresponde a la Sala interpretar razonablemente en aras de cumplir con su misión de resolver los conflictos, el contenido de la sentencia extranjera, entendiendo que el proceso de divorcio en España inició contencioso y, posteriormente, finalizó y fue declarado por mutuo acuerdo.

En ese orden, expresó la sentencia del juzgado español en el numeral segundo de los «ANTECEDENTES DE HECHO», que una vez fue admitida la demanda «se emplazó a la parte demandada y al Ministerio Fiscal en un plazo de veinte días para que pudiera formular contestación a la demanda. Aquellos presentaron escrito oponiéndose a la demanda, alegando los hechos y fundamentos que consideraron oportunos», de lo que de entrada permitiría pensar que el divorcio fue resuelto bajo un trámite estrictamente contencioso.

Sin embargo, subsiguientemente adujo el despacho extranjero que «la unión a los autos de la contestación y teniendo por personada a la parte demandada se convoca a la vista a las partes para el día 23 de julio de 2009 con las prevenciones establecidas en la ley. Encontrándose constituida la sesión de vista, las partes pusieron de manifiesto la existencia de un acuerdo, solicitando la homologación del mismo. El convenio se plasmó en el acta de la vista, preguntándose a las partes si lo comprendían así como las consecuencias del mismo, confirmando estas en el acuerdo».

Así mismo, dentro de los «FUNDAMENTOS DE DERECHO», arguyó el juez extranjero que «las manifestaciones contenidas en el mencionado escrito y la solicitud de homologación de las partes y dado que el contenido del citado acuerdo, no parece afectar el interés de terceros ajenos al pleito, ni afectar a materia de orden público, ni supone infracción del ordenamiento jurídico […]».

Por último, en la «PARTE DISPOSITIVA», estableció que «debo acordar y acuerdo el divorcio entre D. Jhon Grisales y Dña. María Esperanza Arce Henao con todos los efectos legales. Asimismo (sic) debo acordar la homologación judicial del acuerdo alcanzado entre ambos con fecha 23 de julio de 2009 […]».

En ese orden de ideas, itérese, se vislumbra de la providencia judicial que el proceso tuvo su génesis en un juicio contencioso, pero de su integral interpretación refulge que el trámite terminó en un divorcio de mutuo acuerdo, pues la célula judicial foránea lo certificó a través de «la homologación judicial del acuerdo alcanzado entre ambos con fecha de 23 de julio de 2009».

Al respecto ha expresado la Corte que

“A ese propósito, se corrobora que el procedimiento de divorcio fue promovido por el cónyuge de la demandante, en virtud de que los dos llegaron a un «convenio regulador», que elevaron a escritura pública ante el Notario de Madrid (España), según el cual presentarían una demanda para disolver su vínculo por mutuo consenso.

Documento, que el juzgador extranjero tuvo en cuenta al tomar su decisión y luego de constatar dentro del trámite judicial la existencia de la voluntad de ambas partes en no continuar su unión, por lo que accedió a las pretensiones y ordenó que la sentencia se inscribiera en el registro civil correspondiente, lo que guarda consonancia con lo establecido acá en Colombia, cuando el divorcio es de común acuerdo” (SC17371-2014. CSJ 18 de Diciembre de 2014. Rad. 2013-02234-00).

Así mismo, en ese sentido acoge la Sala lo expuesto por la Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia de la Infancia Asuntos, al considerar que “la pieza probatoria Sentencia, mediante la cual se declaró el Divorcio del matrimonio católico de los cónyuges GRISALES-ARCE, ha de interpretarse a la luz de las disposiciones constitucionales y legales vigentes en Colombia. En efecto, en el mencionado documento se hace el siguiente pronunciamiento: “[d]ebo acordar y acuerdo el divorcio entre D. Jhon Grisales y Dña. María Esperanza Arce Henao con todos los efectos legales. Asimismo debo acordar la homologación judicial del acuerdo alcanzado entre ambos con fecha 23 de julio de 2009…””.

Por último, mencionó que por «lo tanto, es de notar que dicho fallo no se opone a los principios y leyes de orden público del derecho colombiano y presenta razonable consonancia en lo que respecta a las causales para decretar el divorcio por mutuo consentimiento, tal como se infiere del numeral 9° del artículo 154 del Código Civil, modificado por la Ley 25 de 1992, es decir, el divorcio fue el resultado de la mutua petición de las partes”

Lo anterior se robustece con el cumplimiento de las exigencias de la disposición 694 del Código de Procedimiento Civil, pues no versa «sobre derechos reales constituidos en bienes que se encontraban en territorio colombiano en el momento de iniciarse el proceso en que la sentencia se profirió», así como no se opone «a leyes u otras disposiciones colombianas de orden público, […]», de la misma manera el asunto sobre el cual recae, no es «de competencia exclusiva de los jueces colombianos», y tampoco se acreditó que en Colombia existe «proceso en curso ni sentencia ejecutoriada de jueces nacionales sobre el mismo asunto» dirimido en el extranjero.

7.- Con base en lo anterior y por hallarse reunidos los presupuestos que determina el artículo 693 ibídem y las demás normas concordantes, es procedente otorgar efecto jurídico a la mencionada determinación de «divorcio», como en casos anteriores lo ha dispuesto la Sala y ordenar su inscripción en el respectivo registro del estado civil.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONCEDER el exequátur al fallo proferido el 23 de julio de 2009 por el Juzgado de Primera Instancia Número 7 de Mataró con Funciones de Familia e Incapacidades de Barcelona (España), a través del cual se decretó el divorcio promovido por Esperanza Arce Henao y Jhon Jairo Grisales Quintero.

SEGUNDO: INSCRIBIR esta decisión, junto con la providencia reconocida, tanto en el folio correspondiente al registro civil de nacimiento como en el de matrimonio de los señores Esperanza Arce Henao y Jhon Jairo Grisales Quintero, para los efectos previstos en los artículos 6º, 106 y 107 del Decreto 1260 de 1970 y de conformidad con el artículo 13 del Decreto 1873 de 1971.

TERCERO: LIBRAR, por Secretaría, las comunicaciones pertinentes.

CUARTO: NO CONDENAR en costas en la actuación.

NOTIFIQUESE

LUIS ALONSO RICO PUERTA

Presidente de Sala

MARGARITA CABELLO BLANCO

ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

ARIEL SALAZAR RAMÍREZ

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

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